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21-06-06
| Los investigadores
relacionan la presencia de dos etarras en la costa
alicantina con inversiones de la banda en bienes
inmobiliarios en la Comunitat
Golpe policial al aparato de extorsión de ETA. Las
policías de Francia y España detuvieron ayer a 12
terroristas del aparato financiero de la banda encargado
de gestionar el ‘impuesto revolucionario’. La
investigación relaciona a los dos etarras detenidos en
Santa Pola con supuestas inversiones inmobiliarias de la
banda en la Comunitat.
|
 Las
policías española y francesa desarticularon la
madrugada de ayer el aparato de extorsión de ETA. En
la operación conjunta, coordinada por el juez de la
Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y la
magistrada gala Laurence Le Vert, fueron detenidas
12 personas. Entre los arrestados figura el
responsable de la red, Ángel Iturbe, y uno de los
fundadores de ETA, Julen Madariaga. Se trata del
mayor golpe asestado a la organización terrorista
desde que declaró el alto el fuego permanente, el
pasado 22 de marzo pasado.
En Francia fueron capturados Ángel Iturbe Abásolo,
hermano del ex número uno de ETA, el fallecido
Txomin Iturbe; el histórico de la organización
terrorista Eloy Uriarte señor Robles antiguo
tesorero y señalado por numerosos empresarios como
responsable de la red de extorsión y que estaba en
paradero desconocido; José Luis Cau Aldanur; Julen
Madariaga, uno de los fundadores de ETA y en la
actualidad militante de Aralar; María Cristina
Larrañaga; María Izaskun Gantxegui; y José Ramón
Badiola.
En España, fueron detenidos Joseba Imanol Elosúa y
su yerno Carmelo Luquin, ambos en la localidad
alicantina de Santa Pola; José Ramón Sagarzazu e
Ignacio Aristizábal en el pueblo guipuzcoano de
Oiartzun; y el francés Jean Pierre Harocarene en el
municipio fronterizo de Irún |
21-06-06
Un
preso de la cárcel salmantina de Topas, al que el
Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció el
derecho a la doble instancia judicial, Joseph Semey,
ha presentado una demanda ante la Sala Civil del
Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de
Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el PSOE por
incumplimiento de promesa escrita, ya que cuando
estaban en la oposición, en diciembre de 2003, le
enviaron una carta en la que se comprometían a
garantizar la revisión de las condenas cuando
estuvieran en el Gobierno. El abogado del
preso, José Luis Mazón, declaró hoy a Europa Press que la
Sala Civil del alto tribunal no puede inadmitir a trámite la
demanda, porque plantea cuestiones jurídicas controvertidas,
como la validez de la promesa de persona, no electoral,
referida a la doble instancia judicial.
La demanda pide que se declare la responsabilidad
civil de los demandados "por incumplimiento de obligación
internacional derivada de tratado válidamente celebrado por
España, y previamente asumida por escrito por los
demandados", así como que se condene al ministro de Justicia
y al presidente del Gobierno a indemnizar a Joseph Semey a
que le indemnicen con 6.000 euros por cada mes transcurrido
entre septiembre de 2005, cuando se le denegó el amparo, y
el día en que sea excarcelado. Como opción subsidiaria
solicita una indemnización de 60.000 euros.
El caso de Semey no es el primero de un preso español
al que el Gobierno deniega el indulto, después de que la ONU
reconozca su derecho a la revisión de su condena por otro
tribunal, pero sí el único que dispone de una carta firmada
por López Aguilar en la que se afirmaba: "Cuando estemos en
el Gobierno de la Nación, legislaremos con el objetivo de
garantizar la revisión de las condenas y el derecho a un
recurso efectivo, adecuando así la legalidad española al
derecho internacional vigente". Por ello, ha sido él quien
ha interpuesto la demanda.
La demanda se dirige contra Zapatero "por infracciones
a los deberes inherentes al cargo como presidente del
Gobierno", ya que como secretario general del PSOE se
comprometió, a través de la carta firmada por López Aguilar
(entonces secretario de Libertades Públicas y Desarrollo
Autonómico del PSOE), a ayudar a Semey y a respetar los
dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El preso esgrime que el indulto de la parte de la
condena que le queda por cumplir era el "único remedio
viable ante la falta de doble instancia del actor",
reconocida el 30 de julio de 2003 por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU. Al serle denegado en septiembre de 2005,
aunque no se le comunicó hasta el pasado 6 de mayo, Semey
considera que el presidente del Gobierno y el ministro de
Justicia incumplieron "el compromiso documentado" que
adquirieron con la carta. |
22-06-06
La AUGC y 7
sindicatos apoyan al agente e instan a los demás a
denunciar
|
Un
guardia civil de Granja de Torrehermosa presentó el
9 de junio en el Juzgado de Llerena una querella
contra el sargento de puesto por "atentar contra su
integridad moral", según manifestó el secretario de
la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)
de Badajoz, Sergio Ramos, en una rueda de prensa con
dirigentes de los sindicatos SUP, CEP, UFP, ACAIP,
UGT, CCOO y CSIF. Todos instaron a "quienes sufren
acoso" a denunciar: "les apoyaremos".
La AUGC anunció que se personará como acusación particular.
Ramos dijo que "la querella recoge cómo el comandante se mete
en la vida privada del agente y su familia", con frases "como:
las mujeres que usan tanga son unas putas, o que las que
trabajan fuera son unas golfas".
Señaló, además, que "no es un caso aislado, tenemos
testimonios de agentes que estuvieron en ese puesto hace 4 o 5
años y muchos estuvieron de baja psicológica hasta ir a otro
destino; aún hay alguna mujer en tratamiento psicológico". Y
añadió el "caso de Tráfico, con 11 agentes de baja, uno acaba
de salir de un psiquiátrico y otro ha tenido un intento de
suicidio".
Ramos afirmó que que "el subdelegado y la delegada del
Gobierno no han hecho nada, y están informados de todo".
Requerida una opinión de esta institución, manifestaron que no
cabe pronunciarse sobre una denuncia pendiente de resolución.
Pedro Espinosa, del SUP, dijo que la situación denunciada
"sin que el poder político cese al sargento de puesto es una
canallada". Y que hace 30 años "nos manifestamos juntos por la
Seguridad Social y los mandos militares dijeron que hundíamos
España. No aceptamos lecciones de quienes confunden la patria
con sus pecheras llenas de medallas y los bolsillos de
dinero". |
23/06/06
Juan Lamas volverá a A
Coruña para la celebración del juicio
La autopsia desveló que no se utilizó ningún arma para
matar al presidario |
El
pasado 23 de mayo murió en la cárcel de Teixeiro
R.?P.?A.?O., un reo que cumplía una condena de 24
años por robos con violencia. El fallecido se
encontraba en una sala de estar, destinada a
encarcelados en régimen especial, acompañado de dos
compañeros, D.?Ch.?M., de 22 años, condenado a tres
años y un mes por delitos de amenazas, resistencia y
robos con violencia, y Juan Ignacio Lamas Fernández,
procesado a 17 años de prisión por un delito de
homicidio y pendiente de la sentencia de asesinato
de un recluso de la prisión de A Lama, en
Pontevedra.
Fuentes próximas a la investigación señalan a Lamas
Fernández como el supuesto autor de la muerte de
R.?P.?A.??O. Siguiendo criterios de seguridad, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
el presunto autor del asesinato fue trasladado a la
prisión de Valladolid. Estas mismas fuentes
indicaron que la decisión se adoptó para tratar de
evitar cualquier «acto de represalia contra Juan
Ignacio Lama». Aseguran que los presos involucrados
en este tipo de acontecimientos son «despreciados y
señalados de manera preocupante, y sobre todo,
amenazante, por los demás reclusos». Por lo tanto,
manifiestan, debe prevalecer la seguridad del reo
que está «en el punto de mira» de los demás
presidiarios y en lograr «la paz en el recinto
carcelario».
Los responsable de las pesquisas indicaron que el
recluso muerto falleció a consecuencia de «la brutal
paliza recibida». Aseguran que la agresión fue de
tal magnitud «digna de una bestia despiadada». La
autopsia reveló, según estas mismas fuentes, que el
hombre no recibió ninguna herida mortal causada por
algún tipo de arma punzante de fabricación
carcelaria, como se había apuntado en un principio:
«El cuerpo tan sólo tenía una lesión superficial
realizada por este tipo de arma que no afectó a
ningún órgano vital». Al mismo tiempo, indican «que
se desconoce» quién de los tres reclusos portaba
este objeto, subrayan.
Jurado popular
Los miembros del equipo de investigación indicaron
que Juan Ignacio Lamas Fernández volverá a A Coruña.
Su regreso está proyectado para cuando se celebre el
juicio por los hechos ocurridos en la cárcel de
Teixeiro. Apuntan, además, que el proceso se
dirimirá por un jurado popular. Esta situación, así
como las investigaciones que aún se están llevando a
cabo, podrán retrasar la vista durante un largo
período de tiempo.
Los responsables de las pesquisas coinciden en
señalar el carácter «psicópata» del supuesto
asesino. Indican que en ningún momento mostró
señales de arrepentimiento y se comportó hasta su
traslado a Valladolid «como si nada hubiese
ocurrido, ni que tan escabroso tema fuese con él».
Juan Ignacio Lamas Fernández es un asturiano, de 35
años, del que quienes lo conocen dicen que se trata
de una persona dura, gran aficionada al boxeo. De
hecho, fue en el gimnasio de la cárcel de A Lama
donde golpeó repetidamente al argelino Said Hacene.
Cuando éste se quedó inconsciente, lo llevó hasta el
cuarto de baño, donde, supuestamente, le colocó la
cabeza en la taza del inodoro hasta provocarle la
muerte por inmersión.
Lamas se encontraba en la prisión pontevedresa
cumpliendo una condena de 19 años por matar a
puñaladas a un camarero asturiano. |
23/06/06
MADRID.
Trece individuos detenidos en 2003 por su presunta
pertenencia a ETA quedarán hoy en libertad si abonan
30.000 euros de fianza, según informó ayer
Askatasuna, la organización que sustituyó a Gestoras
pro Amnistía .
De acuerdo con la información facilitada por la
ilegal Askatasuna, se trata de Regina Maiztegi,
Carlos Martin, Zugaitz Izagirre, Maider Egiguren,
Goizeder Anton, Ikerne Indakoetxea, Garikoitz
Mendioroz, Ramon Lopez, Jugatx Duñabeitia, Galder
Bilbao, Iker Casanova, Arantza Martin y Javier Gil.
Casanova se encuentra, además, procesado en el
sumario relacionado con la investigación sobre las «herriko
tabernas» de Batasuna. Regina Maiztegi, por su
parte, fue concejal de HB y candidata al Parlamento
de Europa, mientras que Ikerne Indakoetxea se
presentó como candidata de la coalición abertzale
para el ayuntamiento de la localidad navarra de
Barañáin.
Todos ellos fueron detenidos en diferentes
operaciones antiterroristas llevadas a cabo a lo
largo del año 2003, coordinadas por el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los trece
aparecían en la amplia documentación incautada al
entonces dirigente del «aparato militar» de ETA Ibon
Fernández Iradi, «Susper». La lista de «Susper»
permitió, sólo en 2003, la captura de 34 miembros de
la banda terrorista.
La mayoría de ellos hacían labores de captación o
habían sido reclutados por ETA. Las operaciones
policiales evitaron una mayor implicación de todos
ellos en la banda criminal y, también, un deterioro
de la capacidad operativa y de regeneración de la
banda criminal, ya que estaban llamados a sustituir
a los pistoleros y colaboradores que habían sido
puestos a disposición de la justicia en sucesivas
caídas.
Para quedar en libertad, los trece etarras, que en
la actualidad se encuentran recluidos en diferentes
centros penitenciarios, deberán abonar cada uno de
ellos una fianza de 30.000 euros, unos cinco
millones de las antiguas pesetas. |
23/06/06
| Diez funcionarios
redujeron a los reclusos, considerados peligrosos, y los
aislaron |
Ocho
internos de la cárcel de A Lama, considerados muy
peligrosos o problemáticos, protagonizaron ayer por
la tarde un intento de motín que, afortunadamente,
se saldó sin heridos, aunque provocó importantes
destrozos en la sala de televisión donde se
encontraban en ese momento, dentro del módulo 14 del
penal.
Fuentes sindicales consideran que el suceso estaba
preparado por los presos con suficiente antelación,
aprovechando que en estos días el personal ha
comenzado los turnos de vacaciones y hay menor
vigilancia en el centro penitenciario. Prueba de
ello es que uno de los reclusos esgrimió el palo de
una fregona como arma, que supuestamente habría
conseguido con anterioridad.
Las mismas fuentes indicaron que la revuelta se
inició sobre las seis y media de la tarde, cuando
los presos se encontraban en la citada sala común de
televisión. Al parecer, empezaron a ponerse
nerviosos y mencionaron que a uno de ellos le dolía
el estómago. En ese momento había tres funcionarios
realizando las tareas de vigilancia y dos de ellos
lo trasladaron a enfermería, aunque el médico no se
encontraba en las dependencias. Se da la
circunstancia de que también estos días el personal
sanitario de la cárcel se encuentra en huelga de
hambre en protesta por sus condiciones laborales.
Españoles y extranjeros
Fue entonces cuando el grupo, formado por cuatro
españoles, tres musulmanes y un cubano, aprovechó
para rebelarse. Al parecer y, según la misma
versión, supuestamente se armaron con las patas que
arrancaron de mesas y sillas y algún palo de fregona
y destrozaron la sala, incluidas ventanas.
El funcionario que quedaba estaba en una cabina
acristalada y fue quien alertó a sus compañeros.
Aproximadamente unos diez trabajadores se acercaron
al lugar y consiguieron reducir, no sin dificultad,
a los reclusos. Pasadas las siete de la tarde el
intento de motín quedó sofocado y los presos fueron
trasladados a los módulos de aislamiento.
Las mismas fuentes indicaron que en ningún momento
los presos hicieron reclamación alguna y que no se
conocen las causas por las que provocaron el suceso,
que se investigarán una vez que salgan del régimen
de aislamiento.
Los internos que protagonizaron este episodio son de
primer grado, considerados entre los más peligrosos
de la prisión y con delitos muy graves y falta de
convivencia dentro del centro penitenciario. En el
citado módulo conviven internos de todas las
nacionalidades, con fuertes restricciones para su
salida de las celdas. Así, no pueden estar en el
patio más de diez o doce a la vez. Lo más probable,
según diversas fuentes, es que este intento de motín
les acabe suponiendo una regresión en su condición
carcelaria, pasando al régimen de aislamiento. |
24-06-06
| El director niega
escasez de funcionarios cuando ocurrió el incidente El
sindicato Acaip achaca la revuelta a la masificación de
la prisión pontevedresa |
Los
ocho reclusos que el pasado jueves por la tarde
protagonizaron un amago de motín en el módulo 14 del
centro penitenciario de A Lama permanecen aislados.
José Antonio Gómez Novoa, director de la prisión,
aseguró en Radio Voz Pontevedra que «se tomarán las
medidas oportunas». Así, se celebrará una junta de
tratamiento extraordinaria para revisar la situación
de los presos. Esto conllevará que algunos de los
participantes en la revuelta sean trasladados a
otras cárceles españolas.
Gómez Novoa señaló que en el módulo donde se produjo
el incidente hay habitualmente 24 internos, «gente
inadaptada al régimen común y peligrosos», que
«aprovechan cualquier cuestión para manipular y
protagonizar incidentes en este u otro centro».
Tras alabar la labor que llevaron a cabo los
funcionarios penitenciarios para hacer frente a la
situación, el director del centro sostuvo que en el
momento de los hechos había tres trabajadores, «más
uno que estaba en cabina», y que esa es la ratio
adecuada para el módulo.
En tal extremo difieren los sindicatos. Acaip
manifestó ayer que en las dependencias donde se
produjo el suceso «debería haber cinco funcionarios
de servicio y sólo había tres», y también alertó de
que «en los módulos de segundo grado, donde puede
haber hasta 120 internos, está trabajando en la
vigilancia un funcionario».
El sindicato aludió, en este sentido, a que el
módulo 14 es «el que más problemas y más graves está
generando desde su apertura», situación que achacan
a la falta de personal. Para los representantes de
los trabajadores, el amago de motín sólo puede
explicarse como algo derivado de la masificación.
Actualmente hay 1.511 presos -el penal se concibió
para 1.008-, «debido a las conducciones de internos
de otros centros que no cesan de llegar», por lo que
temen que este verano sea «muy caliente en cuanto a
sucesos de este tipo».
El director de la cárcel, sin embargo, no cree que
se pueda explicar el incidente como algo derivado de
la masificación, y reiteró que fue consecuencia de
la propia conducta de los internos que «aprovechan
cualquier coyuntura [...] A veces estas cuestiones
surgen porque surgen, porque ellos se dicen "pues
ahora vamos a hacer daño" y lo hacen. No hay más
cuestión que esa». También incidió en que, comparada
con la de otros centros, la situación en A Lama es
buena y normalizada. |
24-06-06
Un
informe del sindicato Acaip sitúa a la
prisión de A Lama como la cuarta de España en número
de presos. Los 1.511 reclusos que están ingresados
en el penal pontevedrés sólo son superados por los
1.545 de Mansilla (León), los 1.635 de Algeciras y
los 1.642 de La Moraleja (Palencia).
El sindicato criticó que la dirección hubiera
comunicado, «como solución al problema existente,
que hay algún otro centro en España que está peor.
Pensamos que de continuar esto así, nosotros pronto
llegaremos a la misma situación que estos
"privilegiados" centros».
Por su parte, el director de A Lama, que resaltó que
ningún funcionario sufrió heridas en el motín,
aprovechó para manifestar que «este último año, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
hecho un esfuerzo y hemos aumentado la relación de
empleos del centro». |
24-06-06
Este
verano puede ser ya el momento de algunos
acercamientos de presos de ETA desde las cárceles
más alejadas del País Vasco en el caso de que para
entonces se haya constatado que el alto el fuego de
la banda es definitivo, según apuntó ayer el
portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor.
El diputado autonómico explicó, en unas declaraciones a Efe
que reprodujo después en los pasillos del Parlamento autónomo,
que cuando el presidente del Gobierno comunique al Congreso el
inicio de los contactos con ETA, "lo previsible es que se
empiecen a hacer movimientos" en relación con sus presos. Ello
va a coincidir, sugirió, con los pasos de la izquierda
abertzale para legalizarse como partido y será fruto de la
constatación de que "el alto el fuego es real y serio".
El dirigente socialista precisó que el momento, la
frecuencia y el número de reclusos que puedan acercarse a las
cárceles más próximas a sus domicilios los decidirá el
Gobierno y los tiempos los marcará el presidente Rodríguez
Zapatero. En todo caso, aclaró Pastor, no se tratará de algo
"gratuito", ya que tendrá que responder a la constatación por
el Ejecutivo de que ETA tiene una voluntad "inequívoca" de
avanzar hacia su disolución definitiva.
El portavoz socialista defendió esta previsible actuación
del Gobierno partiendo de la tesis, aceptada también por el
Ejecutivo de José María Aznar, de que la política
penitenciaria es un instrumento y un resorte de la lucha
antiterrorista, defendida y utilizada como tal por los
gobiernos.
Pastor recordó también que la dispersión de los presos
etarras fue una medida "excepcional" que fue adoptada en su
día para facilitar su reinserción. "Si se constata que no
existe terrorismo y que el alto el fuego es definitivo, esa
situación de excepcionalidad no tiene sentido", recalcó. El
dirigente socialista vasco precisó luego en los pasillos del
Parlamento que lo que transmitía era "una impresión personal". |
24-06-06
| Las
prisiones dependientes de la Administración General del
Estado, excluida Cataluña por tener las competencias,
están a casi el 171 por ciento de su capacidad, según un
informe del sindicato ACAIP, que destaca que las
cárceles españolas albergan a un total de 63.582
internos |
El
informe señala que, a 16 de junio de 2006, existían
54.535 internos dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias para 31.992 plazas o
celdas funcionales distribuidas en 66 centros
penitenciarios.
Los centros penitenciarios con
mayor tasa de hacinamiento son los de Ceuta, con un
343,75 por ciento; Santander, con un 333,33 por
ciento; Martutene, en San Sebastián, con un 295,15
por ciento, y Murcia, con un 280,12 por ciento.
El informe resalta que desde el 1
de enero al 23 de junio de 2006, la población
reclusa española ha aumentado en 2.528 presos, lo
que supondría ocupar las celdas de dos cárceles y
media nuevas.
Además, este incremento de presos
durante casi seis meses significa el 150,57 por
ciento del crecimiento total de reclusos que se
produjo en las prisiones españolas durante 2005.
Agrega que sólo en una semana, de
16 al 23 de junio, la población reclusa ha aumentado
en 167 personas.
Respecto de la incidencia de la
población extranjera, el estudio refleja que en el
período 2000 a 2005 el 63,57 por ciento del
incremento se debió a los presos de otras
nacionalidades, mientras que en lo que va de año
(con datos a 5 de mayo), la población reclusa de
otros países ha pasado de 18.616 a 19.099.
Por Comunidades Autónomas,
Andalucía es la que ha experimentado un mayor
incremento de población penitenciaria en lo que va
de año con 740 presos más (pasa de 12.919 a 31 de
diciembre de 2005 a 13.659 a 23 de junio de 2006),
seguida de Cataluña, con 608 más (de 8.307 a 8.915);
y Castilla y León, que ha aumentado en 280 (de 6.540
a 6.820).
Cantabria, por las obras de la
cárcel de El Dueso, en Santoña, y Melilla son las
únicas que experimentan un descenso en la población
penitenciaria, con 110 y 12 presos menos,
respectivamente.
Los centros penitenciarios con un
mayor número de presos son el de Valencia (2.353
internos); Albolote (Granada), con 1.795; Málaga
(1.784), Córdoba (1.771) y Madrid V (Soto del Real,
Madrid), con 1.764, indica el informe de ACAIP. |
25-06-06
|
Las prisiones
dependientes de la Administración General del Estado,
excluida Cataluña -por tener las competencias-, están a
casi el 171 por ciento de su capacidad, según un informe
del sindicato ACAIP según el cual las cárceles españolas
albergan a un total de 63.582 internos. |
El
informe señala que, a 16 de junio de 2006, existían 54.535
internos dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para 31.992 plazas o celdas
funcionales distribuidas en 66 centros penitenciarios.
Los centros penitenciarios con mayor tasa de hacinamiento
son los de Ceuta, con un 343,75 por ciento; Santander, con
un 333,33 por ciento; Martutene, en San Sebastián, con un
295,15 por ciento, y Murcia, con un 280,12 por ciento.
El informe resalta que desde el 1 de enero al 23 de junio de
2006, la población reclusa española ha aumentado en 2.528
presos, lo que supondría ocupar las celdas de dos cárceles y
media nuevas. Además, este incremento de presos durante casi
seis meses significa el 150,57 por ciento del crecimiento
total de reclusos que se produjo en las prisiones españolas
durante 2005, y agrega que sólo en una semana, de 16 al 23
de junio, la población reclusa ha aumentado en 167 personas.
Respecto de la incidencia de la población extranjera, el
estudio refleja que en el período 2000 a 2005 el 63,57 por
ciento del incremento se debió a los presos de otras
nacionalidades, mientras que en lo que va de año -con datos
a 5 de mayo-, la población reclusa de otros países ha pasado
de 18.616 a 19.099.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha
experimentado un mayor incremento de población penitenciaria
en lo que va de año, con 740 presos más -pasa de 12.919 a 31
de diciembre de 2005 a 13.659 a 23 de junio de 2006-,
seguida de Cataluña, con 608 más -de 8.307 a 8.915-, y de
Castilla y León, que ha aumentado en 280 -de 6.540 a 6.820-.
Cantabria, por las obras de la cárcel de El Dueso, en
Santoña, y Melilla son las únicas que experimentan un
descenso en la población penitenciaria, con 110 y 12 presos
menos, respectivamente.
Los centros penitenciarios con mayor número de presos son el
de Valencia, con 2.353 internos; Albolote (Granada), con
1.795; Málaga, con 1.784; Córdoba, con 1.771, y Madrid V
(Soto del Real), con 1.764, según el informe de ACAIP.
|
25-06-06
La
prisión de Albolote (Granada) es el segundo centro
penitenciario español que mayor número de presos alberga, con
1.795, por detrás del de Valencia (2.353), según un informe
elaborado por el sindicato ACAIP.
Les siguen los centros penitenciarios de Málaga (1.784), Soto
del Real, con 1.764, y Córdoba, con 1.771 internos.
El citado informe indica que las prisiones dependientes de la
Administración General del Estado, excluida Cataluña por tener
las competencias, están a casi el 171 por ciento de su
capacidad y destaca que las prisiones españolas acogen a un
total de 63.582 internos.
El documento señala que, a 16 de junio de 2006, existían
54.535 internos dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para 31.992 plazas o celdas
funcionales distribuidas en 66 centros penitenciarios.
Los centros penitenciarios con mayor tasa de hacinamiento son
los de Ceuta, con un 343,75 por ciento; Santander, con un
333,33 por ciento; Martutene, en San Sebastián, con un 295,15
por ciento, y Murcia, con un 280,12 por ciento.
El informe resalta que desde el 1 de enero al 23 de junio de
2006, la población reclusa española ha aumentado en 2.528
presos, lo que supondría ocupar las celdas de dos cárceles y
media nuevas.
Además, este incremento de presos durante casi seis meses
significa el 150,57 por ciento del crecimiento total de
reclusos que se produjo en las prisiones españolas durante
2005.
Agrega que sólo en una semana, de 16 al 23 de junio, la
población reclusa ha aumentado en 167 personas.
Respecto de la incidencia de la población extranjera, el
estudio refleja que en el período 2000 a 2005 el 63,57 por
ciento del incremento se debió a los presos de otras
nacionalidades, mientras que en lo que va de año (con datos a
5 de mayo), la población reclusa de otros países ha pasado de
18.616 a 19.099.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que ha
experimentado un mayor incremento de población penitenciaria
en lo que va de año con 740 presos más (pasa de 12.919 a 31 de
diciembre de 2005 a 13.659 a 23 de junio de 2006), seguida de
Cataluña, con 608 más (de 8.307 a 8.915); y Castilla y León,
que ha aumentado en 280 (de 6.540 a 6.820).
Cantabria, por las obras de la cárcel de El Dueso, en Santoña,
y Melilla son las únicas que experimentan un descenso en la
población penitenciaria, con 110 y 12 presos menos,
respectivamente. |
DIARIO ADN
25-06-06
| Las cárceles españolas
superan su capacidad en un 70% |
Las
prisiones dependientes de la Administración General
del Estado están a casi el 171% de su capacidad,
según un informe del sindicato ACAIP, que
destaca que las cárceles españolas albergan a un
total de 63.582 internos.
El informe señala que existen 54.535 internos para
31.992 plazas o celdas funcionales distribuidas en
66 centros penitenciarios.
Los centros penitenciarios con mayor tasa de
hacinamiento son los de Ceuta, con un 343,75 por
ciento; Santander, con un 333,33 por ciento;
Martutene, en San Sebastián, con un 295,15 por
ciento, y Murcia, con un 280,12 por ciento.
El informe resalta que desde el 1 de enero al 23 de
junio de 2006, la población reclusa española ha
aumentado en 2.528 presos, lo que supondría ocupar
las celdas de dos cárceles y media nuevas.
Agrega que sólo en una semana la población reclusa
ha aumentado en 167 personas.
Respecto de la incidencia de la población
extranjera, el estudio refleja que en el período
2000 a 2005 el 63,57% del incremento se debió a los
presos de otras nacionalidades, mientras que en lo
que va de año, la población reclusa de otros países
ha pasado de 18.616 a 19.099.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que ha
experimentado un mayor incremento de población
penitenciaria con 740 presos más, seguida de
Cataluña, con 608 más; y Castilla y León, que ha
aumentado en 280.
Cantabria, por las obras de la cárcel de El Dueso,
en Santoña, y Melilla son las únicas que
experimentan un descenso en la población
penitenciaria.
Los centros penitenciarios con un mayor número de
presos son el de Valencia (2.353 internos); Albolote
(Granada), con 1.795; Málaga (1.784), Córdoba
(1.771) y Madrid V (Soto del Real, Madrid), con
1.764, indica el informe de ACAIP. |
25-06-06
| El Plan de Urbanismo
contempla un complejo de instalaciones para las que se
barajan dos alternativas de ubicación, una al norte de
la ciudad y otra al sur |
El
Plan General de Urbanismo cuya modificación tramita
el Ayuntamiento de Zamora incluirá los terrenos
donde se levantará el futuro centro penitenciario.
El municipio dedicará hasta 15 hectáreas a la
construcción de un complejo que incluirá talleres,
áreas de recreo y campo de fútbol entre otros
servicios, tal y como explicó el alcalde, Antonio
Vázquez. El Ayuntamiento tiene en estudio dos
posibles zonas donde ubicar la cárcel: uno al norte
de la ciudad y otro al sur. Vázquez dice esperar a
que Instituciones Penitenciarias «defina las
necesidades y la distribución de espacios» para
fijar tanto el emplazamiento como las dimensiones de
la futura prisión.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior
comunicó el pasado mes de noviembre el encargo de un
estudio para la construcción de un nuevo centro
penitenciario con capacidad para unos 300 reclusos
toxicómanos. Desde el principio se descartó la
reutilización de las instalaciones de la antigua
prisión provincial y se decidió la edificación de
uno nuevo en un solar situado fuera del casco
urbano, pero en sus proximidades, en un radio máximo
de diez kilómetros.
El centro está orientado a la rehabilitación de
toxicómanos, de carácter experimental, que dará
tratamiento a los internos. La iniciativa pretende
implicar, además, al Ministerio de Sanidad, al de
Asuntos Sociales y al Plan Nacional contra la Droga.
Se calcula que podría dar empleo a unas 200
personas.
La nueva prisión será uno de los nuevos aspectos
contemplados en la revisión del Plan General de
Urbanismo (PGOU), que todavía no ha sido aprobado
inicialmente por el Pleno, requisito previo a la
fase de información pública.
La urgencia de la aprobación administrativa es
máxima, tras la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia que anulaba el documento al que se dio el
visto bueno en 2001. Todavía se está pendiente del
recurso presentado ante el Tribunal Supremo, aunque
desde la institución municipal se da por hecho que
el nuevo texto habrá entrado en vigor con
anterioridad. De esta forma, se adaptaría a toda la
normativa y evitaría las nefastas consecuencias que
un nuevo pronunciamiento en contra de los tribunales
podría tener para el desarrollo urbanístico de la
capital. |
26-06-06
|
Dicha integración también
permitiría armonizar las circunstancias concretas del
recluso con los derechos y deberes del paciente en
libertad recogidos en normativas como la Ley de
Autonomía del Paciente o la Ley General de Sanidad |
Redacción/E.P.(23-6-06).-Médicos
de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP),
pertenecientes al Ministerio de Interior, han hecho
público su deseo de ser integrados en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), ya que de este modo
"mejoraría la calidad asistencial y se evitarían
problemas de controles y muchos dilemas
médico-legales en torno a los problemas que se
presentan diariamente en los centros
penitenciarios". Así lo ha expuesto el doctor el
doctor Santiago Rincón, miembro del Centro
Penitenciario de Castellón durante la presentación
del manual "Sanidad Penitenciaria: dilemas
médicos-legales", del que es coordinador.
"Si la Sanidad Penitenciaria estuviera integrada en
el SNS no habría tantos problemas, por ejemplo, a la
hora de que a un preso con alguna patología o
enfermedad le pusieran en libertad, ya que, una vez
fuera de prisión, se le controlaría su medicación y
se conocerían las consecuencias si la abandonara",
detalló Rincón.
Asimismo, la SESP reiteró que el futuro de la
Sanidad penitenciaria debe pasar por una completa
integración con los servicios de salud autónomicos
para que, de esta forma, se armonicen las
circunstancias concretas del recluso con los
derechos y deberes del paciente en libertad
recogidos, entre otros, en la Ley de autonomía del
paciente o la Ley General de Sanidad.
Dudas sobre el ejercicio “exacto” de su profesión
Precisamente, la publicación presentada, la primera
de estas características en España, según sus
autores, recoge los derechos y deberes del
paciente-recluso y la obligación del profesional
sanitario de "velar por la salud y la integridad
física de sus pacientes, pero, que en muchos casos,
tiene serias dudas sobre el ejercicio exacto de su
profesión y labor penitenciaria", señaló la también
coordinadora del manual, la doctora Cristina Íñigo,
del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
Así, el manual pone de manifiesto que el secreto
profesional médico y el derecho a la intimidad del
paciente están sometidos al derecho a la salud o a
la vida y explica, además, la actuación que debe
seguir el médico cuando su intervención entra en
conflicto con el derecho a la libertad y la
autonomía del paciente.
Los profesionales sanitarios se encuentran, por
tanto, divididos frente a una doble línea de
actuación: la médica-científica, centrada en
controlar o curar una patología y, por otra parte,
saber las consecuencias legales que pueden derivarse
de su actividad profesional.
"Sobre todo nos preocupa el secreto profesional, ya
que no sabemos muchas veces si debemos informar
sobre determinadas características del preso y dar
explicaciones constantemente o si ello traerá
conflictos puesto que necesitas la autorización del
paciente para informar...", tal como concluye
Rincón. |
26-06-06
| La prisión guipuzcoana
alberga en la actualidad a 304 reclusos |
La
cárcel de Martutene es la tercera con mayores
índices de hacinamiento de España, después de
Ceuta y Santander. Los 304 reclusos con los que
cuenta en la actualidad están distribuidos en
103 celdas funcionales.
Así se desprende de un informe realizado por el
sindicato de prisiones Acaip, que no
incluye datos de la cárcel alavesa de Nanclares
de la Oca. Según este estudio, en la actualidad
la tasa de hacinamiento del conjunto de cárceles
españolas es del 170,84%, al haber 54.535
internos en 31.922 plazas. La cárcel que peores
cifras arroja es la de Ceuta, con 275 presos en
80 celdas. En Santander hay 57 plazas para 190
presos.
En Martutene la tasa de hacinamiento es del
295,15%, después de haber aumentado en 12 el
número de presos desde principio de año. La
prisión de Basauri ocupa el décimo puesto,
aumentando también la media nacional. Ofrece una
tasa de hacinamiento del 224,35%, al albergar
258 presos (8 más que hace seis meses) en 115
celdas funcionales.
Incremento
El informe de Acaip revela,
asimismo, que las cárceles españolas han
aumentado en este primer semestre de 2006 en
2.361 el número presos, alcanzando la cifra
total de 63.415 reclusos. El País Vasco ha sido
la séptima comunidad que más ha incrementado el
número de presos. En la actualidad cuenta con
1.278 reclusos, 82 más que hace seis meses.
Andalucía con 715 presos más y Cataluña con 573
encabezan esta tabla. El incremento en 82
reclusos rompe, además, con la tendencia
decreciente que habían marcado las prisiones
vascas en el ejercicio anterior. Si entre 2004 y
2005 se había reducido en 98 el número de
presos, este semestre ya se cambiado la
evolución. Sólo Galicia ofrece peores resultados
en este sentido, después de bajar en 543 el año
pasado y subir en 53 de enero a junio.
|
26/06/06
| La población reclusa
consumidora de heroína, tranquilizantes, éxtasis y
alucinógenos ha disminuido en las prisiones y aumentan
los consumidores de alcohol, según la encuesta del 2006
sobre salud y consumo de drogas entre la población
reclusa presentado hoy en el Ministerio de Sanidad. |
La
ministra de Sanidad, Elena Salgado, apostó hoy por
la extensión de los tratamientos de deshabituación
de drogas en las cárceles y anunció la puesta en
marcha de programas específicos para abordar el
tabaquismo, con motivo de la celebración del Día
Internacional contra las drogas.
Los resultados de la encuesta, que fue presentada
por Salgado, por la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y
por la delegada del Gobierno de Plan Nacional sobre
Drogas, Carmen Moya, sirven para analizar la
situación en las cárceles y contribuir a que los
drogodependientes puedan dejar su hábito en las
cárceles.
Salgado destacó que la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional de Drogas ha destinado 4,5 millones
de euros a la financiación de programas destinados a
mejorar la atención de los drogodependientes en el
ámbito penitenciario.
Mercedes Gallizo, que reconoció que en las cárceles
sigue entrando droga, anunció que se destinarán
900.000 euros con cargo al Fondo de Bienes
Decomisados para reducir la oferta de droga en las
cárceles y precisó que se mejorarán los sistemas
tecnológicos para detectar la entrada de sustancias
ilegales en el interior de las cárceles.
La encuesta se enmarca dentro del protocolo de
colaboración firmado entre los Ministerios de
Sanidad y Consumo e Interior, y se ha realizado con
la colaboración de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y de la Secretaría de
Servicios Penitenciarios de la Generalitat de
Cataluña.
El tamaño de la muestra incluye 4.934 internos en 66
centros penitenciarios, de los que el 83,7% eran
hombres y un 16,3% mujeres, para quienes Salgado
anunció que habrá programas específicos de
integración con perspectiva de género para quienes
tengan problemas con las drogas.
Los datos demuestran que la población penitenciaria
en España presenta un perfil clásico de
marginalidad, en su mayor parte hombres (92,2%), con
un nivel cultural bajo y carencias económicas
superiores a la población general.
El 74% tienen menos de 40 años y el 35% tienen 30 ó
menos, por lo que se observa un envejecimiento
progresivo en los últimos años. Un 30,6% son
extranjeros.
La mayoría, un 53%, lleva más de 6 años recluido en
un centro penitenciario. Entre los hombres
predominan los delitos contra la propiedad y el
patrimonio (42%), y entre las mujeres los delitos
contra la salud pública (57%).
La mayoría de los reclusos consumían drogas antes de
su ingreso en prisión en una proporción mucho más
elevada que el resto de la población general, y se
constata que durante su estancia en prisión consumen
menos drogas y cambian su patrón de consumo, aunque
un pequeño porcentaje se inician en la prisión.
Al comparar los datos con el estudio realizado en el
año 2000, se observa una disminución de la
proporción de consumidores de heroína (que pasa de
un 31,4% en 2000 a un 19,3% en 2006), de éxtasis (un
6,8% frente al 4,8% actual) y de alucinógenos (4,4%
frente al 2,4% actual).
En cambio, aumenta la proporción de consumidores de
alcohol, puesto que en la actualidad lo consumen un
61,7% frente al 43,1% del año 2000.
También se pone de manifiesto una elevada
prevalencia de tabaquismo, que el 74% de los
internos fuma cigarrillos a diario, más del doble
que entre la población general.
Los hombres fuman mucho más que las mujeres y la
proporción de fumadores es también muy superior
entre los reclusos españoles (82%) que entre los de
nacionalidad extranjera (54%).
En cuanto a la nacionalidad, la proporción de
internos españoles que consumen drogas es mucho
mayor que la de los extranjeros.
Hay una elevada frecuencia de enfermedades
infecciosas, un 15% de los reclusos afirman estar
infectados por VIH, frente al 0,3% estimado entre la
población general, porcentaje que se eleva al 39,7%
entre los que se han inyectado drogas.
Los reclusos tienen una percepción de salud menor
que el resto de la sociedad y sus problemas de salud
más importantes son las infecciones de transmisión
sanguínea, sobre todo entre los que se inyectan
drogas, y de transmisión sexual.
Unas 8.500 personas aseguran estar infectadas por el
virus del sida, de las que aproximadamente 7.600
forman parte del colectivo que se ha inyectado
drogas en alguna ocasión. |
27/06/06
|
La policía podrá reducir a
tres agentes por turno el dispositivo que ahora ocupa a
un mínimo de cuarenta efectivos diarios. La constructora
iniciará las obras tras firmar un contrato con el
Sergas. |
La
apertura del módulo de seguridad para presos del
Juan Canalejo por fin tiene fecha. El recinto
específico para la atención a los reclusos que sean
desplazados desde la prisión de Teixeiro estará
finalizado en noviembre. Eso prevé al menos el
Ministerio de Interior, que acaba de adjudicar la
construcción de las habitaciones para reclusos; el
último paso y definitivo para que este recinto que
la policía reclama desde hace veinte años sea una
realidad.
La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, que depende del Ministerio de
Interior, resolvió el 5 de mayo adjudicar a la
empresa Ferrovial Servicios las obras para adaptar
la mitad de la novena planta del hospital a las
necesidades de este tipo de recintos. La
constructora tendrá cinco meses para convertir el
espacio reservado por el Servicio Galego de Saúde
(Sergas) en un recinto de máxima seguridad que
permita que dos o tres policías puedan controlar a
la media de ocho presos que cada día ingresan en el
Juan Canalejo; una labor para la que ahora son
necesarios un mínimo de cuarenta agentes cada día.
El inicio de las obras está pendiente de que la
constructora firme un contrato con el Sergas, que es
el titular del hospital. Este último trámite no
debería prolongarse más allá de unas semanas, lo que
unido a los cinco meses de obras que prevé el pliego
de condiciones, situaría el fin de los trabajos en
noviembre.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) demanda
desde hace veinte años la construcción de este
recinto de seguridad que sí existe en los hospitales
de Lugo, Ourense y Pontevedra. A las reclamaciones
del sindicato se unieron pronto las de los
responsables de la Jefatura Superior de Policía de
Galicia y la Federación de Asociaciones Vecinales de
A Coruña y área metropolitana, sobre todo, tras
conocer la dramática situación de la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña, tan mermada
como envejecida.
Ferrovial Servicios dispondrá de un presupuesto de
157.871,94 euros (más IVA) para construir las cuatro
habitaciones con dos camas que Interior tenía
previstas en los planos que aprobó hace ahora nueve
meses y que recogen las más modernas medidas de
seguridad para evitar no sólo las fugas, sino el
consumo de drogas, los intentos de motín o suicidio
que en los últimos años han podido ver los policías
destinados a hacer custodias en el Juan Canalejo. El
proyecto prevé una oficina de control policial con
monitores en los que los agentes podrían ver lo que
ocurre en el interior de cada habitación, a través
de las cámaras de seguridad instaladas en cada
cuarto. Esta sala de control tendrá pegado un cuarto
de baño exclusivo para los agentes y una sala de
cacheos de uso obligado para las visitas. Tanto los
presos como sus familiares tendrán que pasar además
por un arco de metales para entrar en el módulo, que
estará dotado además con medidas para impedir el
acceso a las habitaciones con estupefacientes u
objetos punzantes.
Los diseñadores de aquel proyecto en el que se basó
Instituciones Penitenciarias para contratar las
obras consideraban imposible que el recluso pudiera
saltarse las medidas de seguridad. El módulo estará
situado en la novena planta, lo que pondría en
dificultades a cualquiera que intentase una fuga
descolgándose por la fachada, pero es que, además,
las ventanas no tendrán rejas, sino que dispondrán
de vidrios antimotín, blindados, para evitar que se
puedan romper.
Los tabiques del módulo serán especialmente macizos
y ninguna de las piezas del equipamiento será
desmontable: ni las puertas, ni los desagües ni las
baldas de los armarios. Los accesorios de los baños
serán murales y la grifería será temporizada, de
manera que no se pueda ni provocar inundaciones ni
retirar las piezas.
Las habitaciones también tendrán un sistema especial
para la prevención de incendios y además estarán
separadas del resto del módulo por puertas
blindadas. Los responsables de Instituciones
Penitenciarias consideran que con esta reforma, los
pacientes del Juan Canalejo no tendrán que volver a
compartir habitación con un preso, como ocurre hasta
ahora.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron
que durante el último año, Interior estudió incluso
la posibilidad de realizar un módulo en el Canalejo
y otro en el Materno Infantil, una opción que fue
descartada aún a sabiendas de que en el recinto de
seguridad no se podrá asistir a los quemados ni a
los pacientes de la UCI.
A partir de aquí, será la policía la encargada de
decidir cuántos policías destina a este servicio y
si instala, como creen necesario los sindicatos, un
ordenador conectado con las bases de datos para
localizar a personas en busca y captura entre los
visitantes |
27/06/06
| La ministra de Sanidad
presentó ayer los datos de la Encuesta sobre Salud y
Drogas en las penitenciarías Aumenta la prevalencia del
alcohol, pero ha bajado la de cannabis, tranquilizantes,
heroína y cocaína |
Cinco
mil de las 61.000 personas encarceladas en España
(8,2%) toman drogas con frecuencia, aunque ese
consumo era mucho mayor antes de ingresar en
prisión; de hecho, el 42% había probado ya la
heroína y el 59% la cocaína. Una vez dentro, la
disponibilidad de las sustancias marca la pauta
toxicológica, que se centra en algunas más
accesibles, como el cannabis y los tranquilizantes.
Así se desprende de la Encuesta sobre Salud y Drogas
entre los Internados en Prisión (ESDIP 2006) hecha
pública ayer, y que ofrece varias lecturas pero que
la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, resumió en un
mensaje: «La droga es la peor condena».
Al dibujar el retrato de situación a partir de los
4.934 cuestionarios válidos, la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, insistió en los problemas previos de
drogadicción de los internos. Su consumo desbordaba
ampliamente el de la población general, y de forma
muy significativa en los doce meses anteriores a la
cárcel: el 46,6% había tomado alguna vez cannabis
(frente al 11,3% general), el 44,8% cocaína (2,7%),
el 27,1% heroína (0,1%) y el 18,7% tranquilizantes
sin receta (3,1%).
Cambios desde 2000
La prisión, al dificultar la disponibilidad, cambia
el escenario y, como remarcó Salgado, «se consume
menos y cambian las pautas» hacia las más sustancias
accesibles. En los 30 días anteriores a la encuesta,
los internos admiten haber tomado sobre todo
cannabis (27,6%), tranquilizantes (9,1%), heroína
(4,8%), cocaína (4,3%) o una mezcla de estas dos
(1,6%). Y aparecen datos curiosos sobre las dos
'drogas legales' por excelencia.
El alcohol, consumido por el 61,7% en los 30 días
previos al encarcelamiento, apenas llega al 3,6%
dentro de prisión, donde está absolutamente
prohibido. El tabaco, en cambio, sí está permitido,
y se nota: el 73,8% fuma todos los días, el doble
aproximadamente que la población general. La
ministra anunció a este respecto la inmediata puesta
en marcha de un programa voluntario de
deshabituación tabáquica.
Respecto a 2000, cuando se realizó un estudio
similar, ha habido algunos cambios: sube la
proporción del alcohol (2,6% a 3,6%), mientras baja
la de cannabis (33,7% a 27,6%), tranquilizantes
(14,6 a 9,1), heroína (11,3 a 4,8), cocaína (4,9 a
4,3) y la mezcla de ésta y heroína (3,5 a 1,6). Las
tendencias aparecen claras, aunque puede haber
influido algo la inclusión de Cataluña en la
encuesta de 2006, que no estaba en la de hace seis
años.
Más complejo es el dato de los internos que no las
consumían fuera y que en prisión se han iniciado en
la heroína (4,1%) y la cocaína (3,4%). Podría
tratarse, según Carmen Moya, delegada del Plan
Nacional Sobre Drogas, de personas que habrían
«añadido una sustancia» a otros hábitos adictivos
anteriores.
La realidad de partida es aún más compleja si se
tiene en cuenta que la droga sigue entrando en las
prisiones. «La detectamos y vemos sus efectos», dijo
Gallizo antes de confesar que «me impresionó
bastante la naturalidad con que se asume» ese hecho
y de recalcar la necesidad de impedirlo sin
renunciar a un «sistema humanizado».
Tratamientos
En cuanto a la perspectiva terapéutica, la
responsable de Instituciones Penitenciarias señaló
que los internos arrastran una amplia «historia de
fracasos» en intentos de rehabilitación, con un 32%
que había recibido algún tratamiento en libertad. La
mayoría lo continuó al entrar en la cárcel, donde un
30% de reclusos (unos 19.000) se ha beneficiado de
alguna terapia y un 21% permanece aún en ella; dos
de cada tres (casi 9.000) reciben metadona como
sustitutivo de la heroína, aunque entre los más
jóvenes crece la proporción de tratamientos contra
la cocaína. La misma tendencia de la población
general. |
27-06-06
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias quiere
evitar que cerca de 5.000 de los 61.054 reclusos españoles
(8%) sigan consumiendo drogas, casi diariamente, en las
cárceles. Para ello, entre otras medidas, ha previsto la
instalación de nuevos sistemas tecnológicos que, a través de
métodos de detección de partículas, alerten a los
funcionarios de que un visitante oculta estupefacientes para
entregarlos a un presidiario. La directora general, Mercedes
Gallizo, anunció ayer que destinará a estas nuevas medidas
de control 900.000 euros.
La principal vía de acceso de droga a las cárceles son las
comunicaciones «vis-à-vis», y la sustancia más consumida el
cannabis (el 27,6% de los internos aseguran que lo
utilizaron al menos una vez en los treinta últimos días),
seguido por los tranquilizantes (9,1%, en idéntica
proporción), heroína (4,8%) y cocaína (4,3%), según los
datos de una encuesta sobre salud y consumo de drogas
realizada con casi 5.000 presos de 66 centros
penitenciarios. Estas cifras demuestran que al menos un 27%
de los reclusos toman drogas dentro de las cárceles, donde
el policonsumo es práctica habitual.
Uno de los datos más relevantes de este estudio, el segundo
que se realiza en los seis últimos años (el primero no llegó
a presentarse), es que el uso de drogas entre las personas
que posteriormente ingresan en prisión es mucho más elevado
que en el resto de la población. Por ejemplo, el 41,6%
habían consumido heroína en alguna oportunidad, frente al
0,9% de la población en general. Si se toma la cocaína como
referencia, un 58,9% la habían empleado al menos una vez,
frente al 5,9% de la población en general. Ya en prisión,
los reclusos se ven forzados a cambiar sus hábitos,
consumiendo menos drogas y modificando su patrón de consumo.
Tratamientos de deshabituación
La intención de Prisiones y del Ministerio de Sanidad es
conjugar una política represiva (mayor control para reducir
la oferta de drogas) con la extensión de los tratamientos de
deshabituación. En la actualidad, un 21% de los presidiarios
están siendo tratados contra la drogodependencia. Una cuarta
parte de los internos se habían inyectado drogas algunas vez
en su vida y un 11,4% lo hacían de forma habitual a su
ingreso.
El inicio del consumo dentro de la cárcel, según la ministra
Elena Salgado, sólo se produce en el 3% de los casos. Uno de
los métodos más efectivos para abandonar los estupefacientes
son los módulos libres de droga, que existen en la mitad de
los centros penitenciarios y que suponen dejar los tóxicos
sin tratamiento sustitutivo.
La población reclusa está constituida principalmente por
hombres (92,2%), que tienen en el tráfico de drogas el
segundo motivo de encarcelamiento, por detrás de los delitos
contra la propiedad. Sólo un 7,8% son mujeres, de las cuales
el 57% ha delinquido con las drogas.
Al comparar los datos de 2006 con los del estudio precedente
de 2000 se observa una disminución de consumidores de
heroína, pasando de un 31,4% en 2000 a un 19,3% en 2006. El
éxtasis ha retrocedido de un 6,8% a un 4,8%, y los
alucinógenos de un 4,4% a un 2,4%. En cambio, ha aumentado
la proporción de bebedores, puesto que ahora consumen
alcohol un 61,7%, frente al 43,1% de 2000.
8.500 infectados con el VIH
De los 61.054 internos, el 15% (unos 8.500) reconocen que
están infectados por el virus del sida, de los que
aproximadamente 7.600 forman parte del colectivo que se ha
inyectado drogas en prisión o fuera de ella. El porcentaje
de infectados por el VIH entre la población general asciende
en estos momentos a un 0,3%.
|
28-06-06
El
Ministerio del Interior que dirige
Alfredo Pérez
Rubalcaba ha decidido adelantarse al
anuncio de José
Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de
los Diputados sobre el inicio de las negociaciones
con ETA -anuncio previsto para hoy o mañana-, y
ayer dio instrucciones a la directora de la cárcel
salmantina de Topas para que suavice el
régimen penitenciario de aislamiento al que están
sometidos cuatro presos de la banda armada. Así lo
aseguraron a El Confidencial fuentes del
propio centro penitenciario. Sin embargo,
portavoces oficiales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias negaron a este diario
la existencia de dicha directriz: “No se ha dado
ninguna instrucción en este sentido”. Las
fuentes consultadas de la cárcel de Topas añaden
que
dichas
instrucciones no pudieron
ser finalmente aplicadas porque los presos
beneficiados se negaron a ello. Siempre según
estas fuentes, estos cuatro reclusos reclamaron
que dicha medida no se aplicara sólo a ellos, sino
también a los otros tres internos de ETA en
situación de aislamiento en dicha cárcel, y que,
además, todos fueran trasladados a celdas
individuales.
Mikel Intxauspe Villar y
Ricardo Aramburu
fueron, según las fuentes, los dos reclusos que
lideraron el plante de los etarras, los cuales
llegaron a amenazar a los funcionarios que
cumplían las órdenes de la dirección con que, si
intentaban sacar a los cuatro reclusos por la
fuerza del módulo de aislamiento, “la vamos a
montar muy gorda donde nos pongáis”.
Ante la negativa, la dirección decidió aplazar
la aplicación de la medida, por lo que los cuatro
etarras afectados no podrán disfrutar, por el
momento, del régimen de vida ordinario del centro,
lo que se traduciría, entre otras cosas, en más
horas de patio al día y poder comunicar con
cualquier interno sin ninguna limitación. Un
régimen, por otra parte, que en esta misma cárcel
ya disfrutan otros nueve miembros de la
organización.
Los acercamientos, más adelante
La suavización del régimen
penitenciario que supuestamente se piensa aplicar
a los reclusos de ETA -gran parte de los cuales
está en aislamiento- es una medida que el Gobierno
socialista estudió hace meses. De hecho, el
anterior ministro del Interior,
José Antonio
Alonso, cuando aún era titular de la
cartera, ya comentó en privado que antes de
proceder al acercamiento de los presos de la banda
armada a cárceles cercanas al País Vasco el
Ejecutivo aplicaría “otras medidas” con los presos
de la organización terrorista. Entre ellas
mencionó el aumento de horas de patio y del número
de visitas que pueden recibir por parte de
familiares y amigos.
Ya antes, la propia directora general de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo,
decidió antes de la tregua -y tras registrarse dos
muertes de presos etarras en pocos días, uno de
los cuales apareció ahorcado- incluir a un buen
número de los reclusos de la banda en un protocolo
de prevención de suicidios. Ello se tradujo en la
reasignación de algunos de los internos en otros
módulos o cárceles para evitar que estuvieran
aislados, como le ocurría al terrorista fallecido.
El anuncio del PSE
El portavoz del PSE en la Cámara de Vitoria,
José Antonio
Pastor, ya adelantó el pasado viernes en
los pasillos del parlamento vasco que entre los
planes más cercanos del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero se encontraba el acercamiento
de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco
o de provincias cercanas si el proceso de
disolución de la banda “avanza”. Un acercamiento
que se produciría, según el político vasco,
durante este verano.
Fuentes conocedoras del estado actual del
proceso de paz reconocen que ésta no sería la
única medida con los presos que el Gobierno puede
tomar en los próximos meses. El Ejecutivo
socialista se plantea también realizar
progresiones de grado, excarcelaciones de enfermos
y concesiones de libertades condicionales.
No obstante, los interlocutores socialistas en
las conversaciones con Batasuna ya han alertado a
la izquierda abertzale que aplicar otras
medidas es más complicado y que, por ejemplo, la
futura desactivación de la llamada doctrina
Parot -que impide a los presos descontar las
redenciones de pena sobre una refundida de treinta
años y les obliga a hacerlo sobre cada una de las
que la Justicia le haya impuesto- está en manos
del Tribunal Constitucional y no en las de Moncloa.
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28/06/06
| La Fiscalía de la
Audiencia Nacional solicita una condena de 96 años para
el miembro de ETA José Ignacio de Juana Chaos acusado de
amenazar, en artículos publicados en el diario "Gara",
al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y a cinco directores de
prisiones |
L
D (Europa Press) El Ministerio Público pide esta
pena para De Juana Chaos al acusarle de seis delitos
de amenazas terroristas y uno de pertenencia a ETA.
Esta nueva imputación evitó que el etarra fuese
excarcelado en febrero de 2005, después de haber
cumplido 18 años de prisión de los casi 3.000 a los
que había sido condenado por once atentados en los
que murieron 25 personas. Además del magistrado
Gómez Bermúdez, la Fiscalía considera que el etarra
amenazó en sus escritos a los directores de
prisiones Antonio Diego Martín, Jesús Eladio del
Rey, Francisco Sanz, Manuel Sebastián Martínez y
Miguel Rodríguez.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la
Fiscalía, en sus escritos "El Escudo" y "Gallizo",
publicados en "Gara", el etarra tenía la "clara
intención" de conseguir, con las amenazas vertidas
contra el colectivo de funcionarios de prisiones,
que éste se convirtiese "en blanco de la
organización criminal (ETA) para lograr que el
Estado cambie su política". El Ministerio Público
también considera que cuando De Juana Chaos ingresó
en prisión, "en vez de desligarse de ETA y
arrepentirse de los múltiples crímenes cometidos en
su nombre, decidió que la prisión era un marco nuevo
en el que poder ejercer su militancia". El procesado
asumió en la cárcel "el protagonismo del colectivo
de presos etarras en los diversos centros
penitenciarios por los que fue pasando".
Entre otras labores que supuestamente realizó en la
cárcel, el acusado se encargó de captar nuevos
integrantes para la banda, como hizo con José Luis
Muñoz Rodríguez, a quien propuso que se informase
sobre el manejo de helicópteros para ayudar a él y
otros cuatro presos etarras a fugarse. De hecho,
Muñoz Rodríguez fue detenido en marzo de 1990
intentando poner en práctica los planes de huida de
De Juana Chaos.
En los textos publicados en "Gara", explica el
fiscal, se podían leer afirmaciones como: "El
enemigo está crecido" o "Hace años le escuché a un
muy apreciado compañero chillar con fuerza: sacad
vuestras sucias manos de Euskal Herria. Sí,
sacadlas, porque otro camino, sólo implica más
sufrimiento. O el futuro terminará demostrando, sin
duda, que os quedasteis sin ellas". Además, en ellos
De Juana Chaos afirmaba que el magistrado Gómez
Bermúdez era una "estrella meteórica labrada sobre
sufrimiento vasco" y le culpaba de impedir su salida
de prisión. En el artículo "Gallizo" (apellido de la
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo), también acusaba a cinco
directores de centros penitenciarios de torturar a
los "presos políticos vascos".
También recuerda que el procesado envió unas cartas
firmadas, que posteriormente fueron publicadas por
la prensa, en las que celebraba "de una manera cruel
e inhumana" el asesinato en enero de 1998 del
concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril
y su mujer Ascensión García Ortiz. También menciona
una carta de De Juana y otros presos de ETA llamado
"Desde Algeciras para Euskal Herria", en el que
denunciaban la situación de los presos etarras y
comunicaban el inicio de un "encierro definitivo".
Considera el Ministerio Público que De Juana realizó
durante su estancia en prisión "labores
propagandísticas y publicitarias a favor de ETA, de
sus denuncias, demandas y posiciones, así como el
desprestigio continuado del Estado español, de sus
dirigentes e instituciones", para que el colectivo
de presos etarras "no acepte las propuestas de
tratamiento penitenciario", haciendo que este grupo
sea "compacto y obediente a la disciplina
terrorista". También señala que el procesado seguía
"la política diseñada y dirigida por la banda
terrorista y criminal ETA", como muestran "los
múltiples expedientes disciplinarios incoados"
contra él por diversos "plantes", incumplimiento de
la normativa penitenciaria y denuncias de torturas a
los presos de la banda.
En enero de 2005, cuando el juez Grande Marlaska le
comunicó su imputación en esta nueva causa, De Juana
reconoció que el tono de sus artículos quizá "no
fuera el más adecuado". Aseguró, además, que había
escrito los textos como "preso escritor" y que su
intención era reflejar el sentir del colectivo de
presos etarras. De no haberse abierto esta nueva
causa, el procesado habría sido excarcelado el mes
siguiente, después de haber cumplido 18 años de los
casi 3.000 a los que había sido condenado, gracias a
las redenciones de condena previstas en el Código
Penal de 1973. |
29/06/06
Madrid-
El etarra José Ignacio de Juana Chaos no sólo no ha
dado muestra del más mínimo arrepentimiento de su
actividad terrorista en los más de 18 años que lleva
en prisión, sino que, además, ha utilizado su
estancia en las distintas cárceles para captar a
nuevos militantes para la banda. «Decidió que la
prisión era un marco nuevo en el que poder ejercer
su militancia». Así lo pone de manifiesto el fiscal
de la Audiencia Nacional en el escrito donde pide
una condena de 96 años de cárcel, por un nuevo
delito de integración en organización terrorista y
las amenazas contra el presidente de la Sala Penal
de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez y cinco
directores de prisiones en dos artículos que publicó
en «Gara».
De Juana Chaos tenía un papel predominante en el
colectivo de presos etarras, para lograr que el
mismo fuese «un grupo compacto y obediente a la
disciplina terrorista» y que sus miembros no
aceptasen las propuestas de tratamiento. En este
sentido, y para lograr esos objetivo, De Juana Chaos,
según el fiscal, y dentro de su papel de
protagonista entre los presos etarras, ha realizado
en las distintas prisiones donde ha estado recluido
«labores propagandísticas y publicitarias a favor de
ETA», así como «el desprestigio continuado del
Estado español, de sus dirigentes e instituciones».
Pero De Juana no se limitó a ejercer su liderazgo
dentro de los presos etarras, sino que, además, se
dedicó también a «funciones de captación de nuevos
militantes, para que desde fuera de la prisión
llevasen a cabo las directrices de la banda
terrorista ETA».
Así, añade al respecto el fiscal, en 1998 captó a
José Luis Muñoz Rodríguez (quien fue condenado en
1996 a seis años de cárcel por el Tribunal Supremo),
a quien propuso que «se informase sobre el manejo de
helicópteros con el fin de utilizar este medio de
transporte como medio de articular su fuga del
Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, junto
con otros cuatro etarras internos en el mismo
centro». En 1990 fue detenido.
Amenazar y amedrentar. Todo ello, asegura el
representante del Ministerio Público, pone de
manifiesto cómo De Juana Chaos ha seguido en prisión
«la política diseñada y dirigida por la banda
terrorista y criminal ETA».
En cuanto a las amenazas, el fiscal alude a dos
artículos en el diario «Gara», los titulados «El
Escudo» y «Gallizo». El objetivo que pretendía era
«amenazar y amedrentar a diversas personas
pertenecientes al colectivo de funcionarios de
prisiones» y citaba de forma expresa a determinados
directores. Por ello, el fiscal le imputa seis
delitos de amenazas.
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29/06/06
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28/06/06
La Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) impartirá 11
cursos de verano en 9 cárceles sobre asuntos como la
violencia de género, el consumo de drogas y la
reinserción social.
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Según
informa hoy la UNED en una nota, el curso sobre
maltrato comenzará en la cárcel de mujeres de Alcalá
(Madrid) el próximo 4 de julio y contará con
ponencias sobre el tráfico de personas, la violencia
hacia y entre los jóvenes y la ley integral contra
la violencia de género.
El seminario sobre drogas, que se impartirá en la
cárcel de Palma de Mallorca entre el 11 y el 17
julio, será impartido por un grupo de investigadores
dirigido por el catedrático de Psicobiología Emilio
Ambrosio, ganador del último Premio a la
Investigación de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid.
En cuanto a la reinserción social, la UNED intentará
preparar a los presos para el momento en que
recuperen su libertad con un curso dirigido por la
profesora de Derecho Penal Alicia Rodríguez que se
celebrará en la prisión de Ceuta entre el 4 y el 6
de julio.
Además, los centros penitenciarios de El Dueso
(Cantabria), Madrid VI (Aranjuez), y Villena
(Alicante) acogerán sendos cursos de habilidades
sociales.
La universidad también pondrá en marcha cursos para
los reclusos que están matriculados en alguna
titulación de la UNED, como los que se celebrarán en
las cárceles de Palma de Mallorca y Madrid VI, donde
les enseñarán a mejorar sus técnicas y metodologías
de estudio.
Por su parte, los reclusos de El Dueso podrán tener
acceso a herramientas informáticas, que normalmente
están limitadas en las instituciones penitenciarias,
entre el 17 y el 20 de julio.
La oferta cultural de los cursos de verano en las
cárceles se centrará en las figuras de Picasso y
Mozart, con seminarios que se celebrarán en Madrid V
(Soto del Real) y Topas (Salamanca),
respectivamente.
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