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29/10/11 |
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El menor consumo de drogas por vía parenteral redujo
estas infecciones en prisión
La población penitenciaria sigue siendo uno de los
grupos de pacientes con mayor prevalencia de
infección por el virus C de la hepatitis (VHC),
alcanzando cifras en las prisiones españolas de
entre un 20 y un 25 por ciento, frente al 1'5 por
ciento de infectados que existe en el resto del
mundo, según ha señalado la doctora Inmaculada
Faraco, del Centro Penitenciario de Sevilla.
No obstante, según ha señalado esta experta en el
marco de las XV Jornadas de Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria, "el número de pacientes con
hepatitis C entre la población penitenciaria ha
disminuido de forma importante en los últimos años
como consecuencia, fundamentalmente, de la reducción
del porcentaje de internos adictos a las drogas por
vía parenteral".
"Ha pasado de afectar al 48 por ciento de la
población reclusa en los 90, al 22 por ciento del
momento actual", ha precisado Faraco, quien ha
explicado que los pacientes infectados por VHC en
prisión suelen ser hombres de unos 40 años que han
adquirido la enfermedad a edades tempranas por
consumir drogas por vía parenteral.
Según la doctora Faraco, los especialistas pueden
ayudar a que esta cifra siga bajando proporcionando
"información sobre los posibles mecanismos de
transmisión entre los internos, así como indicando
las medidas que pueden evitar el contagio".
"De igual forma, conocer la existencia de un
tratamiento eficaz para combatir la enfermedad
propicia una actitud positiva del enfermo frente a
la decisión de iniciar la medicación, pese a la
existencia de los efectos secundarios adversos",
anota.
En este sentido, el peginterferón es, asegura, "un fármaco
imprescindible para combatir la hepatitis C". "Hasta
la fecha, ha sido la base del tratamiento y, en este
momento, en el que van a aparecer nuevos
medicamentos antivirales de acción directa, continúa
manteniendo su papel fundamental como triple
terapia", indica.
"El uso de las nuevas opciones sin
interferón estará limitada por el riesgo de
aparición de resistencias virales, sobre todo en
aquellos pacientes que no han respondido previamente
al tratamiento", apunta.
PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
675 PACIENTES
Durante estas jornadas se han
presentado los resultados preliminares del primer
análisis de la unificación de las bases de datos de
los dos mayores estudios realizados en el medio
penitenciario sobre el tratamiento de la hepatitis
C: el RibaDOT y el Epiband.
Según el doctor Pablo Saiz de la
Hoya, de Servicios Sanitarios del Centro
Penitenciario de Fontcalent de Alicante, "el motivo
fundamental de esta fusión era poder analizar grupos
de población penitenciaria que no se podían estudiar
de forma individual por el reducido número de
afectados implicados en la muestra".
Con la unión de los pacientes de
ambas investigaciones se han podido reunir datos de
un total de 675 pacientes. "En una primera
valoración, nos hemos encontrado con un perfil de
paciente infectado por el virus C de la hepatitis de
unos 30 años de media y coinfectado con VIH en casi
el 25 por ciento de los casos", expone.
"Además, son usuarios habituales de
drogas intravenosas (70%) y con genotipos mal
respondedores (60%) y respondedores (40%) al
tratamiento con peginterferón + ribavirina", indica
el doctor Saiz de la Hoya.
Así, el resultado preliminar muestra
que más del 60 por ciento de la población
penitenciaria que ha recibido tratamiento estándar
--interferón pegilado a2a + ribavirina-- se cura de
la hepatitis C. "Este porcentaje es muy alto,
teniendo en cuenta los condicionantes que presenta
este tipo de población", señala.
"Además, hemos descubierto que, en el
ámbito penitenciario, los genotipos 4 --de difícil
respuesta-- se curan en un porcentaje bastante más
elevado que en la población general. Lo que será un
motivo de estudio en futuras investigaciones",
añade.
HASTA EL 80%
DE PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA
Cuando se produce el ingreso en
prisión de cualquier recluso, se les ofrece la
posibilidad de realizar una serología que incluye la
determinación de VIH y marcadores de hepatitis B y
hepatitis C.
Aquellos pacientes que presentan una
serología positiva --con anticuerpos anti VHC-- son
estudiados para comprobar si la infección es
crónica, es decir, carga viral de VHC positiva.
Entre el 75 y el 80 por ciento de los pacientes con
anticuerpos presentarán hepatitis C crónica.
La ventaja de los pacientes con
hepatitis C diagnosticados en los centros
penitenciarios es que el control del tratamiento y
de los efectos secundarios es más fácil de realizar,
pues el contacto con el paciente es constante.
"Esto permite un seguimiento médico
más estrecho por parte del facultativo, que puede
valorar la aparición de los efectos secundarios y
calibrar su gravedad, así como evaluar su
repercusión sobre el cumplimiento del tratamiento",
explica.
Los especialistas hospitalarios son
conscientes de la necesidad de tratar la hepatitis C
de los pacientes ingresados en prisión y la mayoría
de los que desarrollan su labor en los hospitales de
referencia de los centros penitenciarios están
implicados en el diagnóstico y tratamiento de estos
enfermos. |
Internos del Centro Penitenciario de Albolote
estrenaron ayer Bajada a los infiernos (Zarzuela
Lorquiana), un musical con el que se pretende
rendir un homenaje a Federico García Lorca
coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte.
Además del elenco completo de actores, el musical
cuenta con el vestuario y los decorados realizados
en su totalidad por internos de la prisión.
"Ya que el tema era el 75 aniversario de la muerte
del poeta, basamos la historia en un hecho, el de la
bajada a los infiernos y la espera del juicio final,
un lugar con personajes surrealistas sacados de las
obras de Lorca y cercano al mundo de los muertos de
la mitología griega", explicó Goyo Rosillo,
coordinador del departamento de audiovisuales de la
prisión y autor del musical, quien apuntó que los
internos han disfrutado mucho con los ensayos y que
han descubierto las enormes posibilidades de la obra
de Lorca. |
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El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros
a un proyecto que estudia cómo puede encarar el
Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder
a los condenados por terrorismo el mismo trato que
reciben los presos comunes con el fin de favorecer
"un clima de paz social". El Ministerio de Ciencia
e Innovación ha subvencionado este proyecto de
investigación que, bajo el título '¿Qué puede
aportar el Derecho Penal para el final del
terrorismo de ETA?', ha reunido a catedráticos,
abogados y jueces, como el magistrado de la
Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez
central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de
Castro.
El equipo de investigación y sus colaboradores
tiene un horizonte de tres años para presentar las
conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a
sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se
desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador,
Antonio Cuerda, ha reconocido que el comunicado de
cese definitivo de la violencia anunciado por ETA
obliga a "trabajar más rápido" a los expertos.
"Se trata de un proyecto para demostrar que no
estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos
preocupamos por los temas candentes y reales de la
sociedad", ha explicado en declaraciones a
Europa Press el catedrático de Derecho Penal de
la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.
La máxima que ha inspirado este proyecto se
sustancia en conceder las mismas medidas --"ni más
perjudiciales ni más beneficiosas"-- al colectivo de
presos de ETA. "El terrorismo ha merecido un trato
mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido
esa mayor dureza, habría que ir a un principio de
mayor igualdad entre delitos comunes y de
terrorismo", ha añadido.
La violencia perpetrada por ETA durante más de
cuatro décadas ha llevado a otorgar medidas más
restrictivas de derechos fundamentales para los
condenados por terrorismo así como a endurecer el
Código Penal en este tipo de delitos, por lo que una
disolución de la banda tendría que ir acompañado
también de medidas legislativas, judiciales,
penitenciarias o de gracia.
El perdón es "discriminatorio"
Así lo piensa el responsable de la investigación
Antonio Cuerda, convencido de que estas actuaciones
facilitarían la reinserción de los presos de ETA y
el logro de la "pacificación social". "Son
delincuentes, eso no lo discutimos, han matado y han
asesinado pero tendrían que recibir el mismo trato,
no hay motivos para beneficiarles ni para
perjudicarles", defiende.
Preguntado sobre la mayor peligrosidad que tienen
estos reclusos --que han estado sujetos a las
directrices de una organización terrorista-- frente
a otros presos comunes, responde que las personas
dedicadas individualmente al tráfico de drogas o a
la trata de blancas también son "muy peligrosas y no
se les pide que se arrepientan" del daño causado
para obtener la libertad condicional.
"¿Por qué el violador no tiene que pedir perdón
para obtener la libertad condicional?", se pregunta
el catedrático, que considera que también existen
"muchos motivos" para que lo manifiesten a las
víctimas y cree que exigir el arrepentimiento sólo a
los terroristas es "desigual" y "discriminatorio".
El proyecto también ve "injustificado" que los
presuntos terroristas puedan permanecer en periodo
de incomunicación hasta un máximo de cinco días o
que se les prive del derecho a nombrar abogado de su
elección. "Los delincuentes comunes no sufren tales
limitaciones", afirma sobre las contempladas en los
artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para estos detenidos, a quienes se les
designa abogado de oficio.
Eliminación de delitos
En política penitenciaria, propone aumentar la
concesión de la libertad condicional para todos los
reclusos que cumplan las condiciones, habida cuenta
de que sólo el 9 por ciento la alcanza, y acercar a
los internos a su lugar habitual de residencia con
el fin de cumplir con los fines de reeducación y
reinserción social previstos en la Constitución.
Aunque considera que una amnistía general --como
piden los simpatizantes de ETA-- es una "línea roja"
que el Estado de Derecho no debe cruzar, sí piensa
que cabría la posibilidad de conceder indultos
individuales en función del recorrido y el
comportamiento de cada interno.
Por otra parte, Cuerda también se muestra
favorable a eliminar el delito de enaltecimiento del
terrorismo del Código Penal. "Celebrar un atentado
es una barbaridad pero no añade gravedad al hecho
delictivo", indica, para explicar que si este
ilícito pretende evitar una incitación al delito se
podría castigar como una forma de proposición o
provocación; mientras que si se trata de proteger el
honor a las víctimas podrían castigarse como un
delito de injurias.
Entre otras medidas, plantea modificar la
legislación vigente para poner fin a la no
prescripción de estos delitos y considera
conveniente revisar la 'doctrina Parot' porque puede
ser "un obstáculo de cara a la reinserción".
Las víctimas: "ni juez ni parte"
Es consciente de que las asociaciones de víctimas
pueden pensar que estas medidas son contrapartidas
al final de ETA pero hace hincapié en que sólo
defiende la concesión de un trato "igualitario", "ni
mejor ni peor" que el de otros reclusos. Las
posturas de los afectados por el terrorismo son
"legítimas y entendibles" pero, ha dicho, "no pueden
dictar las líneas de la política legislativa" porque
"no van a ser imparciales". "No pueden ser juez y
parte".
El equipo investigador pretende dar a conocer sus
conclusiones a los partidos políticos y hacerlas
públicas en un libro y en un congreso que reuniría a
representantes de la Fiscalía y de la Judicatura.
Al ser preguntado sobre su confianza en que el
Gobierno que salga de las urnas las lleve al
Parlamento, el catedrático ha señalado que los
mandatarios políticos "no pueden no hacer nada ni
mirar hacia otro lado" ante el fin de la banda
terrorista, sino que tienen que gestionar este fin. |
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Zaragoza.- Salió y volvió a entrar a la cárcel
zaragozana de Daroca donde estaba internado por un
delito de tráfico de drogas y otro de robo con
violencia e intimidación. Sin embargo, en el acceso
al centro penitenciario, después de disfrutar de un
permiso, a Abderrahim M. le hicieron un cacheo y le
encontraron varias sustancias estupefacientes.
Por este motivo, tendrá que sentarse en el
banquillo de la Audiencia de Zaragoza, enfrentándose
a cuatro años de prisión y al pago de una multa de
2.140 euros.
El representante del Ministerio público entiende
que las sustancias estupefacientes iban destinadas a
la venta en el interior. Concretamente, se le
encontró, tras una exploración radiológica, 105,33
gramos de hachís; 11,10 gramos de heroína, y 1,03
gramos de cocaína.
El abogado de la defensa pide para éste la libre
absolución. |
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Los profesionales de la Justicia coinciden en
denunciar la escasez de centros adecuados en España
para atender a enfermos mentales como José Antonio
C. T., que reconoció haber provocado el sábado un
incendio en un piso cercano al parque de la Paz, en
el que falleció una mujer. «Solo hay dos, Fontcalent,
el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante,
en el que estuvo ingresado este joven, y otro en
Sevilla», explicó ayer una de las especialistas que
ha seguido de cerca este caso.
Los fiscales, jueces y abogados consultados por este
diario coinciden en señalar que no se produjo un
fallo en el sistema judicial pero que el pirómano
debería haber estado controlado y supervisado por
especialistas en enfermedades psiquiátricas. Según
fuentes cercanas al caso, José Antonio C. T., nacido
en Ibiza y de 21 años, sufre una esquizofrenia
paranoide. Además, tiene reconocida una minusvalía
psíquica del 65 por ciento, por lo que recibía una
pensión cercana a los 200 euros al mes.
El magistrado José Espinosa decretó el lunes el
ingreso en prisión incondicional sin fianza del
joven, debido a que dejarle en libertad sería «muy
peligroso», según explicó ayer el titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza.
De hecho, José Antonio C. T. es de sobra conocido
por los profesionales de la Justicia y por la
Policía puesto que tiene un «gran afán de
protagonismo», según las fuentes consultadas. En los
últimos meses acudió al edificio judicial de la
avenida de Isidor Macabich al menos tres veces: la
primera para denunciar un robo, que finalmente había
fingido. En la segunda ocasión que se presentó en el
juzgado de guardia fue para explicar que la
asociación que le atendía le había abandonado y la
tercera para asumir la autoría del incendio de Roca
Llisa del pasado 18 de septiembre (no fue acusado).
Reconoce provocar los incendios
Sin embargo, hasta el 3 de enero de este año no fue
detenido por primera vez. Ese día, José Antonio C.
T. reconoció que el 21 de diciembre de 2010 por la
tarde había provocado un incendio en el piso que
compartía con otros dos jóvenes, en el número 62 de
la calle Madrid de Vila. No hubo heridos pero fue
necesario desalojar a 20 personas.
La juez de guardia decretó entonces su ingreso en
prisión. Al salir del juzgado, camino de la cárcel,
el joven sufrió un ataque epiléptico. A los pocos
días José Antonio C. T. fue trasladado a Fontcalent.
Allí pasó casi medio año. Entre mayo y junio quedó
en libertad aunque una tía suya explicó en una carta
dirigida a este diario que permaneció en el hospital
psiquiátrico hasta agosto.
En cualquier caso, superó con creces el plazo de
prisión preventiva, según fuentes judiciales. La
fiscal instructora del caso solicitó entonces diez
meses de cárcel para José Antonio C. T. por un
delito de daños.
Ha permanecido más de la mitad de ese tiempo en el
centro penitenciario, más del habitual en los casos
de prisión preventiva, según las fuentes judiciales
consultadas, que prefieren no identificarse. «No se
ha cometido ningún error, no podía estar más tiempo
ingresado», explicaron ayer varios funcionarios.
En la fase de investigación de este caso se
descubrió que el joven tenía más antecedentes por
incendios, entre ellos el que supuestamente provocó
en un terreno cerca de la casa de su abuela en
octubre de 2010, en la zona de Can Misses, en el que
no se produjeron heridos ni daños de consideración
(no fue detenido).
En definitiva, José Antonio C. T. llevaba casi medio
año en libertad, a veces durmiendo en hostales,
otras en pisos de alquiler y en algunas ocasiones
incluso en la calle. Todavía no se ha señalado una
fecha para la celebración del juicio por el incendio
de la calle Madrid.
Lo acogió por pena
Victoria Pons sintió lástima de él y le acogió en su
casa, en el apartamento 4º 4ª de la calle Agapito
Llobet. A los pocos días, el pasado sábado, José
Antonio y Victoria se enfadaron, al parecer porque
el joven «molestaba» a la hija de la fallecida. José
Antonio C. T. utilizó, según fuentes de la
investigación, el mismo método que en otro incendio,
un paño, para provocar las llamas. Victoria Pons
falleció debido a la inhalación de humo.
Incendio en la calle agapito llobet. Dejó la
medicación tres días antes
Los médicos del hospital psiquiátrico de Fontcalent
aplicaron a José Antonio C. T. una fuerte
medicación, que tenía que seguir tomando cuando
abandonó la cárcel hace más de seis meses. Sin
embargo, nadie controlaba al joven, que sufre graves
problemas mentales. De hecho, el lunes, en su
declaración en el juzgado de guardia, reconoció que
hacía dos o tres días que no ingería los
medicamentos.
Fuentes judiciales próximas al caso se cuestionan
los motivos por los que este joven estaba en
libertad. Según ha podido saber este diario, la
última declaración de José Antonio C. T. en relación
al incendio de la calle Madrid se produjo en agosto
y las partes implicadas en el proceso todavía no han
recibido un informe psiquiátrico sobre el estado
mental del pirómano confeso.
Sin embargo, el joven no tenía antecedentes penales,
motivo por el que no era posible prolongar el plazo
de prisión preventiva, según fuentes judiciales.
También se han producido críticas contra las
instituciones políticas por permitir que jóvenes
como José Antonio C. T. vivan en pisos que se
realquilan para alojar al mayor número posible de
inquilinos, como al parecer sucedía en el de la
calle Agapito Llobet.
Al parecer, según fuentes de la investigación,
Victoria Pons había instado a José Antonio C. T. a
abandonar la casa antes del 20 de noviembre puesto
que estaba «causando molestias» a su hija, que tiene
13 años y visitaba a la fallecida con frecuencia.
La acusación
Incendio con peligro para la vida en concurso con un
homicidio
La fiscal instructora del caso acusa a José Antonio
C. T. por dos delitos: incendio con peligro para la
vida y la integridad física de las personas en
concurso con un homicidio doloso. El joven, que
reconoció haber provocado el fuego, podría
enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.
El pirómano confeso podría ser acusado de
asesinato
El juez tendrá que tomar declaración a los vecinos
del inmueble afectado por el incendio. Según las
fuentes judiciales consultadas, el pirómano podría
ser acusado de asesinato, puesto que no se descarta
que encerrase a la víctima antes de prender fuego a
la casa. Todavía se desconoce si será un jurado
popular o la Audiencia Provincial de Balears quien
juzgue al joven. |
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Aunque nacido en Cantabria, Ricardo Gutiérrez lleva
más de 25 años en Canarias, donde ha ocupado
distintos puestos como funcionario de Instituciones
Penitenciarias. Entre otros, fue jefe de servicios,
administrador, subdirector de Seguridad y director
de la cárcel de Las Palmas I. Además, entre octubre
de 2005 y agosto de 2009 fue asesor de la Fundación
Ideo, dependiente de la Consejería de Bienestar
Social, para la gestión de centros de menores. Hace
un mes se hizo cargo del centro penitenciario
Tenerife II, un nuevo reto que analiza en esta
entrevista con el DIARIO. -¿En qué
situación se ha encontrado el centro penitenciario?
“Me lo he encontrado en una buena dinámica. Es un
centro vivo, con programas, proyectos y mucha
ilusión por parte de los profesionales del mismo”.
-¿Cuáles son los objetivos que se ha
marcado?
“Lo primero es conocer bien el centro, su
idiosincrasia y funcionamiento. Tengo experiencia en
bastantes recintos penitenciarios, pero cada uno es
diferente, tanto por características físicas y
arquitectónicas, como por la cultura penitenciaria
del lugar. Quiero aprovechar las virtudes que tiene
y cambiar los vicios”.
-Tanto por su perfil profesional como por
el modelo que se pretende implantar, el centro
penitenciario de Tenerife está obligado a
redefinirse, ¿no cree?
“Cierto. Es un camino que se emprendió hace unos
años, que trata de dar un cambio a lo que eran las
antiguas prisiones. Se trata de resocializar a los
internos, darles más oportunidades de integrarse en
una vida ordenada en la sociedad”.
-¿Cómo se conjuga el actual régimen
penitenciario con los sucesivos cambios del Código
Penal?
“A nosotros el Código Penal lo único que nos
marca es el artículo por el que están dentro los
reclusos, pero tampoco nos afecta mucho más. Las
leyes y el reglamento penitenciario son las que nos
marcan el camino a seguir, y éstas inciden en la
resocialización y reeducación de los internos y
penados”.
-Una de estas alternativas son los
centros de inserción social…
“Sin duda. Y estamos incidiendo en ellos, para
que sigan creciendo y se conviertan en una verdadera
alternativa a la prisión tradicional. Así, el
sistema funcionará mejor”.
-¿Realmente están dando sus frutos aquí
en Canarias?
“Están dando sus frutos, no sólo aquí, también a
nivel nacional. Como también están funcionando muy
bien las unidades terapéuticas. Hay muchos proyectos
que se están iniciando y están pendientes de
consolidación, pero es un proceso que no tiene
marcha atrás, y le pondremos todo el empeño para que
salga adelante”.
-¿Qué problemas ha detectado?
“La falta de medios económicos, debido al
contexto de crisis en que nos encontramos, para
desarrollar todos los proyectos que tenemos en
mente. Pero el centro está bien, y lo que se trata
ahora es potenciar sus aspectos fuertes y mejorar
los débiles”.
-¿Entre esos puntos débiles está la
masificación de internos?
“El centro ahora tiene 1.036 internos, pero ha
llegado a tener más de 1.400. Hay más huecos, y creo
que estamos en un número con el que podemos
trabajar, una cifra que considero razonable. Es
cierto que si hubiera menos se trabajaría mejor,
pero no estamos en mala situación”.
-Por tanto, el día a día se hace ahora
más llevadero….
“Claro. Hablamos que antes había un 40% más de
reclusos, lo que significaba un 40% menos de espacio
y más roces. Los problemas se multiplican
exponencialmente según el espacio, porque los
profesionales son los mismos que había antes”.
-Ese es, precisamente, otro de los
handicaps que ha tenido el centro de Tenerife en los
últimos años, el déficit de funcionarios…
“Yo diría que ahora mismo no es uno de los
problemas que he detectado, porque estamos
razonablemente bien para el número de internos que
tenemos”.
-Instituciones Penitenciarias ha
manifestado su intención de continuar con su
política de acercamiento de presos canarios a las
Islas. ¿Se está cumpliendo esa promesa en estos
momentos?
“Estamos limitados por el hecho de que los
traslados sólo se pueden hacer por vía aérea, pero
me consta que hay muchos internos canarios que
tienen como destino el centro de Tenerife. Creo que
puede estar al cincuenta por ciento en estos
momentos. Pero, más que un objetivo nuestro, depende
de Madrid, porque son ellos los que realizan los
movimientos y marcan la agenda”.
-¿Cuál es el perfil de recluso que hay en
Tenerife II?
“Es similar al de los últimos años. Son presos
con delitos de robo con fuerza, contra la salud
pública, quebrantamiento de medidas judiciales,
violencia de género y por delitos de tráfico, cuyo
número ha aumentado”.
-¿Ha notado si cada vez hay reclusos más
jóvenes?
“No especialmente. En Tenerife II apenas hay
internos menores de 20 años de edad; no creo que
lleguen a una docena”.
-¿Cree que es posible cambiar la imagen
de las cárceles?
“Creo que esa imagen ha ido cambiando en los
últimos años, a raíz de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica General Penitenciaria. Lo que se trata
es que los internos tengan una oportunidad, mediante
la educación y la convivencia ordenada dentro de los
centros. Que los reclusos tengan mecanismos, se
aprovechen de ellos y salgan más preparados para
vivir en libertad, sin tener que recurrir a la
delincuencia”.
-Eso implica que las direcciones de las
prisiones no sean tan herméticas, ¿no?
“Creo que eso es una leyenda urbana, porque en la
cárcel trabajan cientos de personas de fuera del
centro. Somos una parte más de la sociedad, y no
somos nada herméticos”.
Los módulos de respeto, una “prioridad”
La Unidad Terapéutica Educativa (UTE), la de
Madres y los denominados Módulos de Respeto son tres
de los grandes proyectos de Instituciones
Penitenciarias en las Islas. Según explica Ricardo
Gutiérrez, el objetivo es “crear entornos
normalizados, alejados de lo que es una prisión en
sí”.
En estos momentos, en la cárcel Tenerife II hay
una Unidad Terapéutica Educativa, en la que
participan todo tipo de internos, así como tres
módulos de respeto. Éstos comparten la misma
filosofía, ya que “los internos llevan una
convivencia normalizada, las celdas tienen las
puertas abiertas y hay una cogestión entre
profesionales y reclusos”, subraya Gutiérrez, quien
asegura que en estos módulos hay ya más de 400
internos, en distintos niveles. “Nuestra prioridad
máxima es potenciarlos y que sigan creciendo”,
denota. |
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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a un
acuerdo por el que se realiza una actualización
puntual del Plan de Amortización y Creación de
Centros Penitenciarios, por lo que se excluye como
bien amortizable el antiguo Centro Penitenciario de
Soria.
Según la referencia del Consejo de Ministros, el
Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, aprobado en 1991, se ha ido
actualizando en diversas ocasiones para adaptar las
previsiones y la planificación del mismo a las
necesidades de la Administración Penitenciaria.
De esta manera, el acuerdo aprobado hoy pretende
cumplir con la reivindicación del Ayuntamiento de
Soria para que dicho inmueble le pueda ser cedido
para dedicarlo a fines sociales.
Según la valoración económica efectuada por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios el valor asignado a este Centro
Penitenciario asciende a 672.000 euros.
No obstante, según ha indicado el Ministerio de
Economía y Hacienda, el acuerdo recoge expresamente
que esta exclusión como inmueble a amortizar no
implicará la realización de nuevas aportaciones
económicas o patrimoniales a favor de la mencionada
Sociedad Estatal. EFE
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La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca ha
desarticulado una de las principales bandas
organizadas dedicada al tráfico de hachís en la
provincia, con la detención de nueve de sus
miembros, según confirmaron este sábado fuentes de
la Benemérita. Además de las nueve detenciones, la
Guardia Civil se ha incautado de tres kilos de
hachís, 4.715 euros en metálico, 2.262 gramos de
marihuana, un turismo con habitáculos ocultos y
una pistola modificada para efectuar fuego
real, entre otros enseres. La operación
se desarrolló entre el 25 y el 28 de octubre, tras
descubrir la existencia de una red que adquiría esta
sustancia en diferentes localidades de la costa
andaluza, trasladándola posteriormente a Salamanca
para su distribución entre otros traficantes de
menor nivel. Una parte de esta droga, añadieron,
tenía como destino el Centro Penitenciario
de Topas, donde varios reclusos se
encargaban de su distribución a internos del centro,
y el resto terminaba en manos de pequeños
traficantes que la distribuían en Salamanca y
localidades de sus extrarradios.
La operación, dirigida por el Juzgado de
Instrucción número 4 de esta capital, permitió a
finales del mes de octubre determinar la estructura
que configuraba esta organización, articulada en
varios niveles.
El primero de ellos estaría integrado por
tres súbditos marroquíes, R.G. de 30 años,
M.S. de 43 años, e Y.F. de 32 años, residentes en la
provincia de Almería, que eran los encargados de
negociar la adquisición del hachís en litoral
andaluz y transportarlo hasta esta capital en
vehículos con habitáculos ocultos, así como en
autobuses de línea.
Una vez en Salamanca, otro súbdito marroquí A.R.
de 28 años, recepcionaba la droga en su domicilio de
la calle Velázquez, junto con otro compatriota J.C.,
de 31 años, que se encargaban de contactar con los
diferentes clientes.
En Salamanca, la droga estaría distribuida por
E.G.S., de 19 años, quien apuntaron que estaría
dando sus primeros pasos en el mundo del tráfico de
drogas, y habría formado una organización criminal
de la mano de dos colaboradores; una mujer de 28
años, A.L.G.O., y un varón de 26 años, U.R.A.B.,
residentes en un barrio de Salamanca. En el interior
de la cárcel, la droga era recogida por dos
reclusos, A.C.C., de 27 años, y C.A.U.P.,
de 29, quienes la dispensarían a otros internos.
Otros clientes de la organización, una pareja
formada por M.C.C.R. de 26 años, y J.P.I, de 39 años
de edad, recibía la droga directamente de los
marroquíes detenidos para su distribución
"al menudeo" en varios parques |
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Los funcionarios de prisiones aseguran que no tienen
medios para controlar a los presos en las salidas.
Así lo indican fuentes del sindicato Acaip tras la
fuga de un interno que aprovechó una visita a un
taller textil de Albocàsser para huir por la ventana
de un lavabo y que está siendo buscado. El grupo
estaba formado por ocho internos y un funcionario de
prisiones --un educador-- al que acompañaban 2
trabajadoras sociales y un cura, según las mismas
fuentes, que comentan que “cada año las salidas han
ido en aumento, porque el Gobierno aboga por este
tipo de tratamiento en detrimento de la seguridad”.
Normalmente acompañan al grupo de 15 a 20 presos uno
o dos funcionarios de prisiones, pero estos “no
tienen obligación de salir corriendo si un interno
se escapa, porque no tienen medios materiales para
retenerlo”, exponen. Así, agregan, no salen ni con
armas, ni con esposas ni con walkie talkie, sino de
paisano.
En la prisión de Albocàsser se produce una media
de dos o tres salidas mensuales, según las mismas
fuentes, que califican de “raro” que haya una fuga
porque “normalmente los equipos de tratamiento
seleccionan muy bien a los que salen”. Así, suelen
ser aquellos que han tenido buen comportamiento, con
una condena corta y por hechos de no mucha
trascendencia penal. La directora de la cárcel, Ana
Acosta, concreta: “Nunca se trata de condenados por
delitos graves que hayan generado alarma social y es
imprescindible que la condena sea corta y están
acompañados por profesionales del centro, personal
de vigilancia, tratamiento y organizaciones
colaboradoras”.
UN AÑO // En este caso, se trataba de un preso
marroquí de 23 años que le quedaba un año por
cumplir, por lo que no encaja, ya que por
quebrantamiento de condena le pueden caer de 6 a 12
meses, según las mismas fuentes.
Los presos de Albocàsser han protagonizado
conciertos, actividades deportivas, voluntariado,
visitas a empresas, o al núcleo de Sant Pau. Incluso
un grupo de internos dio dos charlas en el Instituto
de Vall d’Alba, que colabora con la unidad
terapéutica y educativa del penal. El IES tiene
previsto repetir este curso la experiencia porque ha
sido positiva y la dirección no cree que se
replantee a raíz de este suceso. H |
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La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha nombrado a
Francisco Rebollo director del centro penitenciario
de Melilla en sustitución de Emilio Navas, quien ha
dejado el cargo a petición propia.
Según se informa en una nota, Rebollo, nacido en
Campillos (Málaga) en 1972 y licenciado en
Psicología, desempeñaba el puesto de subdirector de
Tratamiento en el centro melillense desde 2007.
El nuevo director del centro melillense es
funcionario de Instituciones Penitenciarias desde
enero de 2005, y ha ejercido como psicólogo en la
cárcel de Melilla, así como en Badajoz
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Serán 69 los presos que hasta ahora cumplían
condena en Mansilla de las Mulas y a partir de hoy
mismo lo harán en el penal Las Palmas II, ubicado en
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Según ha
podido conocer este periódico, a primera hora de
esta mañana 69 presos canarios que estaban en la
cárcel de León han sido desplazados en autobús y
custodiados por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado hasta el aeropuerto de La
Virgen del Camino.
En todo caso, se
trata de un traslado de 69 internos
motivado por la
apertura de esta nueva cárcel en Gran Canaria
que ha permitido que presos de las islas que
tuvieron que ser trasladados en su día a la
Península ahora pueden regresar a su tierra y más
cerca de sus familiares.
Las fuentes consultadas por este periódico indican
que no son internos conflictivos o peligrosos y que
el desplazamiento ha estado rodeado por las medidas
de seguridad habituales en este tipo de situaciones,
si bien el número de agentes ha sido mayor por el
volumen de internos movilizados.
De este modo, la cárcel de Mansilla roza en
la
actualidad los 1.240 presos, cerca de su nivel
óptimo de 1.008, y continúa rebajando el número de
reos, llegando a las cifras de ocupación más bajas
desde 2004.
La última estadística del sindicato Acaip
recoge que a principios de año 1.506 presos estaban
en Villahierro y se ha reducido a los 1.200
actuales. De ellos, 684 son extranjeros (624
hombres) y la inmensa mayoría tienen entre 30 y
40 años.
Hasta la apertura del nuevo centro en Gran Canaria,
muchos de los penados de las islas eran trasladados
a la Península en avión hasta la base área de
Matacán en Salamanca y desde la prisión de Topas se
distribuían a los internos por las diferentes
cárceles. La prisión Las Palmas II fue inaugurada
este verano tras una inversión superior a los 114
millones; cuenta con una capacidad para 1.800 presos
y en la misma trabajan 240 funcionarios. La
intención, a vista de los hechos cumplida, es que
los primeros ‘ocupantes’ fueran las mujeres, los
menores de 25 años y los canarios que estaban en
cárceles de la Península. |
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Alrededor de 3.000 personas, un 4,2 por ciento de
los más de 73.000 reclusos que hay en España, padece
una enfermedad mental grave, más de la mitad son
hombres de entre 30 y 50 años y la mayoría, ocho de
cada diez, no estaba controlado ni seguía un
tratamiento antes de delinquir e ingresar en
prisión.
Es el retrato, a grandes rasgos, de la salud mental
en las prisiones que dibuja el subdirector de
Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel
Arroyo, con motivo de la celebración en Madrid de un
semanario en el que han participado expertos del
ámbito judicial, sanitario y de instituciones
penitenciarias.
El caso del parricida de Girona que el pasado jueves
decapitó a su hija de dos años porque así se lo
había dictado el diablo puede ser uno más de los
crímenes cometidos por un enfermo mental grave,
delitos que, en la mayoría de los casos, "son
incomprensibles e inesperados", asegura a Efe
Arroyo.
El 25 por ciento de la población reclusa tiene
diagnosticado algún transtorno mental. En la mitad
de estos casos se trata de una depresión reactiva
que puede ser pasajera y otro tanto está relacionado
con el consumo de drogas o alcohol.
Además, cuatro de cada cien padece una enfermedad
mental de carácter grave, es decir, sufre una
psicosis esquizofrénica o paranoide, o algún
transtorno bipolar.
La mitad de estos reclusos ha tenido contacto con la
justicia por delitos menores que finalmente le
llevan a prisión, y un 56 por ciento también ha
ingresado previamente en algún hospital por
problemas psiquiátricos.
"El problema surge cuando abandonan el hospital,
vuelven a su entorno, no siguen un tratamiento
ambulatorio y, tiempo después, protagonizan una
agresión -ocurre en un 85 por ciento de los casos- o
cometen un delito más grave como un homicidio",
explica Arroyo.
Basándose en informes médicos es el juez quien
decide si esa persona ingresa en una prisión
convencional y recibe tratamiento o si debe ir a uno
de los dos hospitales penitenciarios psiquiátricos
existentes en Sevilla y Alicante porque es
"inimputable", es decir, no puede ser acusado porque
el delito es consecuencia de una patología mental.
En el primer caso, todos los centros penitenciarios
cuentan desde hace dos años con el programa de
atención integral al enfermo mental que pone a
disposición del recluso todos los recursos
asistenciales para su tratamiento o para la
detección de nuevos casos, ya que hay internos que
desarrollan alguna patología mental ya en la
prisión.
Y aunque una cárcel "no es el mejor lugar para
tratar a un enfermo", Arroyo destaca el avance de la
asistencia sanitaria en los centros penitenciarios
en los últimos años y que ha logrado que España,
subraya, "esté por encima de la media europea en
cuanto a la detección, tratamiento y control de
estos trastornos".
Además, señala que la inmensa mayoría -más de un 90
por ciento- de ese 4,2 por ciento de reclusos que
padece una enfermedad mental grave están inscritos
en este programa.
El problema de estos internos es mayor entre el
alrededor de 600 "pacientes" ingresados en los
hospitales penitenciarios de Alicante o Sevilla,
convertidos en centros psiquiátricos pero sin dejar
de ser prisiones, según critica Araceli Carrillo,
una de las socias fundadoras de la asociación de
familiares del centro alicantino.
"Ningún enfermo mental debe estar en una cárcel
porque, además de no ser considerado responsable del
delito cometido, es imposible que esa persona logre
una recuperación total de su enfermedad, pues en
muchos casos estas personas están alejadas de sus
familias", explica a Efe Carrillo.
El 80 por ciento de estos pacientes estabilizan sus
conductas en los hospitales penitenciarios y un 98
por ciento agota el tiempo estipulado por el juez
como medida de seguridad de privación de libertad, a
pesar de que tres de cada diez podrían estar fuera
del centro.
"Esto es lo verdaderamente injusto", destaca el
subdirector de sanidad penitenciaria, que opina que
es en este punto donde las comunidades autónomas y
los recursos sanitarios deberían prestar su apoyo,
una reclamación que comparte Carrillo, que considera
que la red sanitaria rehuye a estos enfermos porque
en su expediente figura que han cometido un delito.
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La agresión fue brutal y el arma homicida fue una
pala de madera, de las que se usan para jugar al
frontón. El presunto agresor, un interno del centro
penitenciario de Villabona, de origen marroquí,
utilizó esta inusual arma para apalear hasta la
muerte a otro preso, un joven de unos 39 años que
responde a las iniciales J.P.A. Era de Corvera pero
residía en Avilés. Según se informó desde la
dirección del centro, los hechos tuvieron lugar en
la tarde del pasado viernes en el patio de la
prisión. La agresión se produjo entre las 18.00 y
las 19.00 horas y fue todo muy rápido; los
funcionarios, cuando se percataron de lo que estaba
sucediendo, actuaron con rapidez, pero no se pudo
llegar a tiempo para frenar el trágico desenlace.
Ésta es la primera muerte violenta que se produce
dentro de estos muros, se aseguró desde la
dirección.
Ambos, agresor y víctima, eran internos del módulo 8
del centro, donde hay un alto porcentaje de presos
preventivos. El fallecido, de hecho, era un interno
de este tipo, que ingresó en Villabona recientemente
por un presunto robo en Avilés. La razón de la
agresión pudo ser antiguas rencillas entre ellos,
que ya se conocían del exterior, y se indica que los
dos eran presos conflictivos. La Guardia Civil de
Gijón tomó ayer declaración a los funcionarios que
estaban de servicio en el momento de los hechos y,
ya por la tarde, se desplazaron hasta el centro para
interrogar a otros internos testigos de la agresión.
Asimismo, la investigación será llevada a cabo por
el Juzgado de Instrucción número cuatro de Oviedo
que se encuentra esta semana en el turno de guardia.
Se espera que en la mañana de hoy, la jueza titular,
María Luisa Llaneza, tome declaración al presunto
agresor para esclarecer los hechos.
Investigación interna El director del centro
penitenciario, Esteban Suárez, calificó el suceso de
“muy lamentable”. El responsable de Villabona
manifestó a LA VOZ que “siempre se intenta que no se
produzcan este tipo de situaciones, aunque a veces
nos se pueden evitar”. Suárez indicó que es el
segundo hecho de gravedad que se produce en el
interior de la institución y el primero con
resultado de muerte violenta entre internos.
Paralelamente a la investigación judicial, desde
Instituciones Penitenciarias se abrirá otra de
carácter interno, tal y como se establece en los
protocolos de funcionamiento para este tipo de
centros, para determinar, en este caso, la actuación
de los funcionarios que se encontraban de servicio
en el momento de la agresión. No obstante, Suárez
mostró plena confianza en los trabajadores y
adelantó que todo apunta a que los funcionarios
actuaron de forma correcta, con rapidez y conforme a
las normas establecidas para este tipo de
situaciones.
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A falta de unos meses para su inauguración, la nueva
cárcel de Pamplona y el centro de inserción social
están comenzando a equiparse para poder recibir a
los primeros reclusos. Como ya anunció la secretaria
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, en la visita que realizó a las obras que se
ejecutan en la colina de Santa Lucía, entre San
Jorge y Berriozar, el centro penitenciario abrirá
sus puertas en los primeros meses del año que viene
y a él se incorporarán de forma paulatina tanto los
presos como los funcionarios.
Hasta el momento se han adjudicado 19 concursos
por un importe final que supera los 3,4 millones de
euros y que abarcan desde las máquinas de la
lavandería hasta las televisiones de las celdas, los
colchones o las almohadas.
La cocina y la informática
Estos son los apartados más caros del
equipamiento de la nueva cárcel de Pamplona, la
conocida como Norte II. Sólo en mobiliario de
cocina, adjudicado a Fagor, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep),
se va a gastar 732.000 euros. El suministro incluye
aquí desde los abrelatas industriales hasta las
campanas extractoras, microondas, cafeteras o
máquinas amasadoras.
En relación con este apartado está también toda
la maquinaria relacionada con la panadería, ya que
la nueva prisión elaborará su propio pan y bollería
a diario para atender a los reclusos. La cooperativa
Equipos de Panificación se encargará de suministrar
una maquinaria cuyo coste asciende a 148.000 euros.
De todo lo relacionado con la informática del
nuevo centro se va a hacer cargo la firma Agrupación
de empresas, automatismos, montajes y servicios, por
un importe de 384.000 euros. La cárcel de Pamplona
dispondrá, por ejemplo, de 4 escáner, 25 impresoras,
48 ordenadores y uno más portátil, así como todo el
software necesario para el funcionamiento de los
equipos.
Mobiliario interior y de oficina
Por cuantía económica le sigue en importancia
todo el mobiliario interior de la prisión,
adjudicado por 377.000 euros a Montajes Integrales
Valencia, la misma empresa que se va a hacer cargo
de la instalación y el montaje de todo el mobiliario
de la cárcel por un importe de 123.000 euros. El
mobiliario interior de la prisión incluye, por
ejemplo: 1.126 cabeceros para las literas, 192 mesas
circulares, 258 mesas de comedor de 4 plazas, otras
218 mesas de taller, 10 muebles de peluquería, 500
percheros de pared, 2.640 sillas para los internos,
877 taburetes, 55 ceniceros para exterior, 629
tableros de corcho o un tresillo.
El mobiliario de oficina es igualmente una
partida importante en el gasto del equipamiento.
Para la prisión de Pamplona el gasto en este
apartado asciende a casi 330.000 euros y el listado
incluye, entre otras cosas, más de 250 armarios de
diferentes medidas y materiales, 6 armeros para
armas cortas y subfusiles, 282 mesas de oficina, más
de 200 taquillas para los internos, y cientos de
sillas. La adjudicación ha sido para las firmas
Equip Action & Desing Mobiliario y Burodecor.
Hay también un apartado de decoración por importe
de 99.976 euros en el que tienen cabida cerca de
2.000 colchas, 632 cortinas para las duchas de las
celdas, y una bandera de Navarra y otra española .
La empresa encargada del suministro es Confección,
mobiliario y hogar, S.L.
Sonido y zona médica
Todo el equipamiento relacionado con el sonido y
la imagen se ha adjudicado en 132.153,33 euros a una
firma especializada en las instalaciones integrales
de comunicación.
La firma Ruybesa se encargará de suministrar,
entre otro material, los 650 televisores de LCD que
se repartirán por cada una de las celdas de la nueva
prisión, televisores de 19" que deben tener la
fuente de alimentación integrada. Asimismo entregará
otros 12 televisores de 32" y uno más de 37". La
adjudicataria también deberá enviar una cámara de
vídeo, tres de fotografía, cinco DVDs, un equipo de
música compacto con mueble, otro de fotografía
digital, dos pantallas para proyecciones, cinco
aparatos de radio, cinco vídeoproyectores y un juego
de luces para el salón de actos.
El gasto para la seguridad del nuevo centro
penitenciario superará los 244.000 euros. Aquí se
incluyen los arcos detectores de metales, los
aparatos de rayos X para los paquetes que lleguen a
la prisión y los detectores de metales y de
explosivos. La empresa encargada del suministro es
Telecomunicación Electrónica y Conmutación.
El área sanitaria de la cárcel de Pamplona
dispondrá de varios equipos de radiología que van a
costar 158.000 euros y que incluyen un aparato de
rayos X, negatoscopio y un ortopagomógrafo. Los
utensilios sanitarios necesarios para esta zona de
la prisión se han adjudicado en casi 52.000 euros a
Antonio Queralto Rosal, mientras que el equipamiento
de los equipos clínicos lo hará MTB distribuciones
tecnológica por 57.000 euros.
164.846 euros para el equipo de mantenimiento de
la cárcel Norte II
Alicates, andamios, cajas de herramientas y todos
los útiles necesarios para realizar trabajos de
pintura, cerrajería, fontanería o electricidad son
los que conforman el apartado destinado al
mantenimiento de la nueva prisión y en los que Siep
invertirá cerca de 165.000 euros. El gasto incluye
también un vehículo eléctrico multiusos. Algo menos,
128.000 euros, es lo que se va a invertir para poner
en marcha la lavandería de la cárcel y del centro de
inserción, una cifra que engloba 6 lavadoras, 3
secadoras y una veintena de sacos para la ropa. Sólo
en estanterías la inversión supera los 109.000 euros
y en total se colocarán unos 2.000 metros lineales,
la mayoría de acero. Infraestructuras penitenciarias
gastará asimismo algo más de 90.000 euros en dotar
de colchones y almohadas las celdas de la prisión de
Pamplona y del centro de inserción. En total se han
comprado 1.301 almohadas y la misma cantidad de
colchones de diferentes medidas. Por último, en
artículos deportivos la inversión asciende a 73.200
euros entre balones, bicicletas estáticas, juegos de
pesas, esterillas, espalderas, bancos de remos y
abdominales, así como diverso material para su uso
en la piscina cubierta de la prisión: tablas para
nadar, salvavidas, etc. |
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Dos internos del centro penitenciario de Albolote
han fallecido en las dos últimas semanas por causas
que aún se desconocen, aunque todo apunta a que fue
por una sobredosis de medicamentos. La primera
muerte se produjo el pasado 1 de noviembre en el
módulo de ingreso y la segunda se ha registrado esta
misma semana en el módulo cuatro. Los cuerpos sin
vida de estas dos personas fueron descubiertos
durante uno de los recuentos de internos que se
hacen periódicamente en la prisión.
Ambos fallecidos presentaban síntomas de sobredosis
y las mismas fuentes consideran que los internos
pudieron acumular de manera ilegal alguna medicación
que se les estuviera suministrando a causa de una
patología o secuela psicológica. Los trabajadores
del centro controlan minuciosamente la entrada y
salida de los presos y sus familiares para evitar el
intercambio de sustancias estupefacientes o
pastillas, así como la acumulación furtiva de estas
últimas por lo que estos casos suelen ser muy
aislados.
Las mismas fuentes han explicado que en este tiempo
se ha producido un descenso del nivel de presos en
la cárcel granadina gracias a la apertura de nuevos
centros en Murcia y Palma de Mallorca, lo que está
favoreciendo el traslado de internos y una mejor
distribución de los mismos.
El propio director de la cárcel de Albolote, Jaime
Hernández Alonso, reconocía hace unos meses que la
prisión de Granada se concibió para albergar a un
millar de presos y que en la actualidad tiene 1.690
aproximadamente.
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Los dos funcionarios de la prisión de Puerto 3
expedientados por la última muerte acaecida en esta
cárcel a principios de agosto, cuando un interno
supuestamente mató a otro mientras ambos se
encontraban en el departamento de aislamiento, se
enfrentan a una sanción grave. Ésta es la propuesta
que ha realizado el instructor del expediente
abierto a instancias de Instituciones Penitenciarias
en el centro para depurar responsabilidades por el
fallecimiento del preso gallego Jacobo R.R. a manos
del canario Laucin B.E., según denunció ayer Acaip-USO.
La Sección Sindical de estos sindicatos de Puerto 3,
en un comunicado, mostró su total rechazo al
expediente abierto así como a la petición de sanción
grave a unos funcionarios a los que, denunciaron,
"quieren hacerles responsables de los fatales
hechos".
"Debemos denunciar tanto la falta de personal o la
ineficacia en su reparto, como que en dicha zona no
existían cámaras de vigilancia, y transcurridos más
de tres meses, las cámaras siguen sin ser colocadas.
Por contra, sí que se ha agilizado la petición de
sanción a los compañeros que únicamente realizaban
su trabajo y que, aún siendo perseguidos, tuvieron
una brillante actuación posteriormente durante el
incendio acaecido en ese departamento donde le
salvaron la vida a un interno", se agrega en el
comunicado sindical.
Desde Acaip-USO, al tiempo, también han contrapuesto
el expediente a los funcionarios con la medalla de
plata al mérito penitenciario concedida al director
de la prisión. A este respecto, han criticado "la
paradoja de que la secretaria general Mercedes
Gallizo, de la que conocemos sus actuaciones con
respecto a las plantillas y el trabajo de los
funcionarios de distintos centros, hiciera entrega a
su amigo del partido y director de nuestro centro de
la medalla. No entendemos los motivos de esta
concesión cuando desde el inicio de su gestión, y
bajo su responsabilidad en este centro desde mayo de
2009, han existido 21 fallecimientos de internos por
enfermedad, sobredosis, accidente u otros motivos,
así como 38 evasiones bien por escaparse en
excursiones, salidas programadas o simplemente no
regresar de un permiso, de la que son responsables
la cúpula directiva del centro, especialmente los
subdirectores de Seguridad y Tratamiento, cuyos cese
inmediato reclamamos".
El director de Puerto 3 Juan Antonio Carrillo,
cuestionado por este diario por el asunto y por el
funesto balance de muertes y evasiones durante su
gestión que le atribuyen, aseguró primero que las
cifras dadas desde Acaip-USO "son totalmente
falsas", y defendió la "rigurosidad" de la
investigación interna en curso por la muerte del
preso, llevada a cabo por "un instructor objetivo".
Rehusó hablar, "por ser algo personal", de la
medalla recibida, una distinción que, dijo, "me ha
llenado de orgullo". |
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Cuatro presos de la banda terrorista ETA
encarcelados en las cárceles de la provincia de
Castellón forman parte del grupo afectado por la
aplicación de la doctrina Parot, que ha alargado el
tiempo de condena, y que según el colectivo de
Presos Políticos Vascos podría solicitar su puesta
en libertad en los próximos días.
Se trata de Juan José Legorburu Gerediaga y Jesús
Bollada Álvarez, que cumplen condena en la cárcel de
Albocàsser, y Peio Etxeberria Lete y Andoni Cabello
Pérez, que están en la de Castellón.
A Legorburu, detenido el 25 de marzo de 1986 y que
tenía prevista la salida para el 2 de abril del 2009
le aplicaron la doctrina Parot (197/2006) y han
atrasado su excarcelación hasta el 2016.
Por su parte, Jesús Bollada Álvarez debería haber
extinguido su pena el 20 de mayo del 2006, pero han
atrasado su puesta en libertad hasta el 3 de octubre
de 2017, hasta cumplir totalmente la condena de 30
años impuesta, según el colectivo Etxerat.
Mientras, Peio Etxeberria Lete, arrestado en 1989,
debería haber sido liberado el 10 de septiembre del
2006 aunque han atrasado la fecha de salida hasta el
8 de abril del 2019, hasta cumplir totalmente la
condena de 30 años.
A estos se añade Andoni Cabello Pérez. Condenado a
30 años de cárcel, debería haber extinguido su
condena en 2004, pero se le aplicó la doctrina Parot
y su fecha de excarcelación se retrasó diez años,
hasta el año 2014.
LIBERTAD // El colectivo de presos de ETA ha
anunciado que en los próximos días los reclusos
etarras enfermos; los que, según ellos, deberían
estar en libertad condicional y aquellos a los que
se les ha aplicado la doctrina Parot reclamarán su
puesta en libertad.
Fuentes de los sindicatos de prisiones CSIF y ACAIP
indicaron que, por el momento, no ha habido ningún
cambio en la actitud de los presos de ETA, si bien
alguno de ellos no estaba de acuerdo con el anuncio
de cese de la violencia por parte de la banda.
CAAMAÑO // El ministro de Justicia Francisco Caamaño
calificó ayer de un paso en la “buena dirección” el
anuncio de presos de ETA de que presentarán
peticiones individuales para disfrutar de beneficios
penitenciarios, pero advirtió que “hay que ser
cautos” y que “habrá que respetar lo que determinen
los jueces y lo previsto en la legislación”, informó
Efe.
La última excarcelación de un histórico de ETA en
Castellón fue en mayo Estanislao López Agiriano, a
quien también se le aplicó la doctrina Parot. Fue
juzgado en 1986, cuando tenía 19 años, y condenado a
30 años. |
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La muerte de un interno de Corvera tras recibir una
brutal paliza en el patio del módulo 8 de la prisión
de Villabona -un suceso que tuvo lugar el pasado
viernes- ha vuelto a reavivar una polémica que lleva
años coleando. Según sostienen los sindicatos que
representan a los trabajadores del centro
penitenciario, el incidente vuelve a poner de
manifiesto que en Villabona «existen problemas de
seguridad» que podrían solventarse con la
incorporación de más personal de vigilancia. Las
centrales aseguran que, en muchas ocasiones, un solo
funcionario se ve obligado a vigilar módulos en los
que conviven hasta 150 presos. «Si hay un lío gordo
lo único que les queda a los de vigilancia es
correr, no estamos en condiciones de poder hacer
otra cosa», explicaron fuentes sindicales.
La prisión de Villabona está dividida en diez
módulos, nueve para los hombres y uno para las
mujeres. En seis de los nueve destinados a hombres
funcionan las unidades terapéuticas y educacionales,
pero los problemas, según los sindicatos, se
presentan en los tres restantes. «Las instalaciones
están pensadas para un máximo de 90 presos, pero
suele haber entre 140 y 150. Si tenemos en cuenta
que lo más normal es que haya dos funcionarios por
módulo y que uno de ellos siempre está en la garita
o realizando otras labores -papeleo, controlando la
sala de televisión, trasladando presos a ver a sus
abogados...- nos encontramos con que una sola
persona tiene que estar pendiente de un patio con
150 internos», explicó Pompeyo Alegre, de UGT.
CC OO también emitió un comunicado de denuncia tras
el altercado. «Entre los problemas que existen están
los de clasificación, ya que con la actual división
modular en la prisión existe una mayor concentración
de presos conflictivos en pocos módulos. Todo se
agrava por la alta tasa de hacinamiento», sostiene
CC OO, que añade: «Una mayor presencia de
funcionarios en los módulos facilita un clima de
convivencia más tranquilo y con menor número de
incidentes».
El sindicato considera totalmente necesario
«extender la acción de la unidad terapéutica y
educativa a la totalidad del establecimiento
penitenciario» y mantiene que «en esa extensión del
modelo se deben garantizar los recursos materiales y
necesarios para hacer creíble el apoyo». Según CC OO,
«dos modelos, dos velocidades penitenciarias en
Villabona, no son sostenibles y son fuente
permanente de distorsiones y desajustes».
César Esteban Huerga, representante del sindicato
CSIF, también denunció ayer deficiencias en la
prisión. «Esto no es nada nuevo, ya hemos dicho en
muchas ocasiones que hacen falta más trabajadores y
que hay una masificación de presos», señaló el
sindicalista, que también aprovechó para reclamar la
creación de un centro psiquiátrico carcelario en
Asturias. «Pensamos que los enfermos mentales que
ahora están ingresados en Villabona no deberían
estar aquí, no es el mejor sitio para ellos y además
muchos de ellos, a causa de su enfermedad, tienen
problemas de conducta», aseguró César Esteban.
Joaquín Alonso, delegado sindical de
Acaip, sigue la
línea marcada por el resto. «Nosotros hemos
denunciado en infinidad de ocasiones la falta de
personal y el hacinamiento de presos», señaló. No
obstante, Alonso matizó que «en el caso que nos
ocupa, si es cierto que ocurrió tan rápido, no se
hubiera podido hacer nada para evitarlo».
Oviedo
El colectivo de reclusos etarras anunció ayer que en
los próximos días comenzarán a presentar peticiones
individuales de beneficios por parte de los
militantes de la banda que se encuentran
encarcelados, algo que hasta ahora nunca había
ocurrido, ya que durante décadas ETA se ha negado a
que sus miembros soliciten los beneficios previstos
en la ley.
En la cárcel asturiana de Villabona hay actualmente
18 reclusos relacionados con la banda terrorista que
podrían solicitar, entre otras cosas, segundos
grados, libertades condicionales o acercamientos al
País Vasco. Las autoridades tendrán que verificar
que cada preso que lo solicita cumple con los
requisitos para acceder a las condiciones que
soliciten. |
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Un interno del centro penitenciario de Tahíche
agredió el pasado jueves 10 de noviembre a un
funcionario, causándole “laceraciones en el
cuello, contusiones y dolor muscular”. Los
hechos ocurrieron en el departamento de enfermería,
donde R.G.T. solicitó “bastante alterado su
medicación”, según han denunciado desde el
sindicato ACAIP. “Al intentar el funcionario
tranquilizarle, el interno comenzó a
amenazarlo y a lanzarle patadas y golpes”.
Desde el sindicato aseguran que “éste no es el
primer incidente de dicho interno, ya que unos días
atrás había tenido problemas con otro
funcionario”. Además, lamentan que “tampoco
es un hecho aislado”, ya que casos que
“hasta hace no mucho tiempo eran excepcionales”,
como “las amenazas a nuestras personas y
familiares, se han convertido en un hecho
demasiado común”.
Los representantes de USO-ACAIP achacan esta
situación a la falta de personal
para realizar la debida vigilancia y también a los
problemas que aseguran que presenta el centro, pese
a que es “prácticamente nuevo”. Respecto a esto
último, el sindicato afirma que “el sistema de
puertas es tan malo que una noche, un
interno desencajó la puerta de su celda y se paseó
por los pasillos”.
Además, aseguran que también “se está
convirtiendo en habitual que los internos
rompan de un cabezazo, patada o puñetazo los
supuestos cristales de seguridad”.
A esto se suma, según el sindicato, el “problema
de la falta de funcionarios”, ya que denuncian que
al terminarse la nueva fase de la prisión, se
abrieron nuevos departamentos y trajeron a más de
cien internos que cumplían condena en la península,
“pero no aumentaron en nada la plantilla, por lo que
ha ido bajando el nivel de vigilancia y
subiendo el de agresividad de los internos
hacia nosotros, agresividad que por desgracia ha
pasado de ser verbal a física, con la agresión a
nuestro compañero”. Y es que aseguran que “al
sentirse menos controlados, los internos tienden a
comportarse mucho peor”.
Un funcionario para 74 internos
Como ejemplo de lo que consideran una “falta de
personal sangrante”, desde el sindicato señalan que
los módulos, que son para 74 internos, “son
controlados por un solo funcionario, que además de
las labores de vigilancia, conocimiento y control,
ha de informatizar todas las peticiones y consultas
de los internos”. Incluso, aseguran que hay áreas
socioculturales que ni siquiera tienen “vigilancia
directa”, por lo que hay “internos que van
de un departamento a otro portando herramientas
potencialmente peligrosas”.
A esto hay que sumar, según el sindicato, que la
prisión “solo cuenta con un médico que se ha de
ocupar de toda la población reclusa las 24 horas del
día”. Y eso pese a que “la mayoría de los internos
han tenido problemas con las drogas, por lo que
requieren muy a menudo atención médica, y cualquier
problema al respecto recae en los funcionarios de
vigilancia”.
Masificación
Desde el sindicato sostienen que este centro “ya
nació con espíritu de estar masificado, de tener más
internos de la cuenta, ya que es el único centro de
toda España en el que se cuentan las plazas
a dos internos por celda en lugar de uno,
como dicta la ley”.
Además, insisten en los problemas que consideran
que tiene el edificio. “Nos resulta incomprensible
que un centro penitenciario que costó tantos
millones de euros y es prácticamente nuevo, tenga
desde el principio tantos fallos, rastrillos de
acceso que fallan a menudo, así como las puertas de
las celdas, lavabos, duchas, agua caliente o los
continuos cortes de agua producidos
porque hay un aljibe demasiado pequeño para la
población reclusa que hay en el centro”, sostienen.
Esto último aseguran que repercute en su carga de
trabajo, ya que “cualquier problema que tiene un
interno recae casi exclusivamente en el funcionario
de vigilancia, da igual que sea médico, de
mantenimiento, familiar o del tipo que sea”, pero
también les afecta personalmente. “Desde que
llegamos a primera hora al centro nos encontramos
con un vestuario ínfimo, sin ni
siquiera espacio para todas las taquillas. Además,
teniendo turnos de 14 horas no disponemos de
un espacio habilitado para poder comer
aquellos que traigan la comida de su casa, teniendo
que comer en la misma mesa donde han estado
trabajando”, señalan, agregando que también les
afectan “los cortes de agua, que impiden que podamos
tirar de la cisterna o lavarnos las manos”. |
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16/11/11 |
Los municipios con prisiones se
unen para reclamar el cobro de tasas y más fondos estatales
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Los cuatro municipios gallegos con prisiones en
sus territorios han hecho un frente común contra el
Ministerio del Interior en busca de una compensación
económica por los gastos que le ocasionan las
instalaciones carcelarias, exentas del Impuesto de
Bienes Inmuebles, con notables retrasos en el pago
de la tasa de basura y donde los reclusos, al no
figurar como población empadronada, tampoco 'ayudan'
a los municipios a recibir del Estado mayores
ingresos por habitantes.
Representantes de los concellos de A Lama
(Pontevedra), Outeiro de Rey (Lugo), Curtis (A
Coruña) y Pereiro de Aguiar (Ourense) se reunieron
este lunes por la tarde en el municipio ourensano
para analizar el impacto que las prisiones suponen
en sus términos municipales y reclamar conjuntamente
al Estado un cambio de actitud hacia estos 'pequeños
municipios'.
Los cuatro consideran una 'carga' la ubicación y,
por tanto, demandan una 'corresponsabilidad' a
Interior por los servicios que prestan y por los
que, en muchos casos, no reciben una
contraprestación. Las demandas, recogidas en un
documento que ya han remitido al Ministerio,
incluyen una prestación económica en función de la
media de población reclusa en la participación de
los municipios en los fondos estatales; otra
compensación por la exención del IBI de la que se
benefician las cárceles y el refuerzo de la
seguridad ciudadana en estos municipios.
Recuerdan estos cuatro concellos que el quebranto,
por no ser incluida la población reclusa a efectos
de participación en los ingresos del Estado, alcanza
en Curtis y A Lama los 267.014 euros, y en Pereiro y
Outeiro de Rei, unos 72.727 euros (siempre para cada
uno de estos dos concellos).
Por la exención del IBI, Pereiro de Aguiar deja de
percibir al año unos 22.000 euros, que serían
135.604 en Curtos y A Lama. Pero, además, la deuda
de Interior con respecto a otras tasas es igual de
'grave', en palabras del teniente de alcalde de
Pereiro, Manuel Doval, porque Interior adeuda a este
municipio ourensano unos 95.000 euros en concepto de
abastecimiento de agua.
Frente a ello, los cuatro concellos tienen que
reforzar sus servicios municipales, como el Registro
Civil, Juzgado de Paz y Servicios Sociales, por
supuesto, sin compensación alguna, y sin
explicaciones por parte de Interior, que tampoco da
cuenta, ni pide permiso, por las obras que realiza
en las prisiones. |
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El sindicato ACAIP-USO, mayoritario entre los
trabajadores del Centro Penitenciario de Melilla, ha
expresado su satisfacción con “el talante
conciliador del nuevo director” de la cárcel,
Francisco Rebollo, en el inicio de relaciones con
“todos los sindicatos representados” en dicho
centro.
De la reunión que mantuvieron el pasado 17 de
noviembre, el sindicato ha valorado positivamente el
hecho de que se abordaran “temas que durante años
habían sido controversia con la anterior dirección”.
Entre las demandas sindicales, destaca la
“rectificación de conductas discriminatorias en la
atribución de servicios, especialmente en aquellas
que impiden que todos los funcionarios participen de
las novedosas técnicas de reinserción y
reeducación”.
Ante la disposición que Rebollo ha mostrado para
“alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes
y redunden en un mejor servicio publico
penitenciario”, ACAIP-USO asegura que dará un plazo
razonable al director de la prisión para que atienda
“las inquietudes y reivindicaciones de los
trabajadores penitenciarios” que le han sido
trasladadas. |
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SANTIAGO José Javier Arizkuren, alias
Kantauri, máximo responsable de ETA entre 1994 y
1999, que ordenó el asesinato del dirigente
socialista Fernando Múgica y planeó atentar contra
Manuel Fraga, fue trasladado el pasado sábado desde
el penal de Sevilla II, en Morón de la Frontera,
hasta la cárcel pontevedresa de A Lama. Junto a él,
el Ministerio de Interior trasladó también a otro
etarra, Jorge Martínez Aedo.
En los últimos años los presos que han ido dando
muestras de su alejamiento hacia ETA han tenido en
las cárceles gallegas de Teixeiro y A Lama un
escalón entre los penales del sur de España y los
centros penitenciarios del País Vasco o cercanos a
esta comunidad autónoma, como la cárcel de Zuera
(Zaragoza) o la de Villabona (Asturias), donde
Instituciones Penitenciarias agrupa a los presos
críticos con la violencia terrorista.
Kantauri había liderado un grupo de 50 presos
enfrentados a los jefes de la banda terrorista por
romper la tregua decretada en 2006 con el atentado
de la T4 en Madrid. Su traslado ahora a Galicia
coincide además con el anuncio de la banda etarra de
poner fin a su actividad terrorista el pasado mes de
octubre.
Segunda vez
Kantauri está en prisión desde que fue entregado por
la justicia francesa a España el 7 de noviembre de
2006. Y no será la primera vez que pise la carcel de
A Lama, puesto que en 2007 ya había sido trasladado
a esta penitenciaría desde el penal de Valdemoro
(Madrid).
Sin embargo, tras una breve estancia en la carcel
pontevedresa fue de nuevo trasladado a
penitenciarías del sur.
Antes de llegar a la cúpula etarra, Kantauri fue
miembro activo de los comandos Araba y Madrid. Ya en
la dirección de ETA, habría jugado un papel clave en
el diseño y promoción de una campaña de atentados
dirigida específicamente a políticos del Partido
Popular.
Kantauri tiene a sus espaldas un largo historial
delictivo que incluye su participación directa, o
como organizador, en una veintena de asesinatos
entre los que se encuentran atentandos contra
policías, el tiroteo que acabó con la vida del
parlamentario popular Gregorio Ordóñez, el intento
de asesinato del Rey Juan Carlos I, el secuestro del
funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y
la muerte del dirigente socialista Fernando Múgica.
Además, este etarra fue el responsable de la
creación del Comando Galicia que tenía entre sus
objetivos asesinar al entonces presidente de la
Xunta, Manuel Fraga. En total, Kantauri acumula
varias condenas que suman más de 410 años de cárcel.
Además de este histórico dirigente etarra y de
Martínez Aedo, en la cárcel de A Lama están
recluidos otros presos pertenecientes a la banda
terrorista. El último en ingresar en este centro
penitenciario fue Asier Carrera Arenzana el pasado
mes de marzo. Este terrorista fue condenado por el
asesinato del político socialista Fernando Buesa y
su traslado a la penitenciaría gallega se inscribe
dentro de la política de Interior de acercamiento de
presos etarras críticos con la violencia a prisiones
más próximas al País Vasco.
Otro histórico cabecilla de la banda terrorista,
José Javier Zabaleta Elosegi, alias Waldo, también
había sido trasladado a la cárcel de A Lama en 2009
desde la cárcel gaditana de alta seguridad Puerto
III.
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El nuevo Centro Penitenciario de la Ciudad Autónoma
de Ceuta tendrá un total de 648 celdas y se
distribuirá en una superficie de casi 33.000 metros
cuadrados situada cerca de la frontera con
Marruecos.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno,
se trata de una pequeña ciudad formada por 12
minicentros que contará con 648 celdas
residenciales, 64 camas en Enfermería, 32 celdas de
Régimen Cerrado, 56 celdas en Ingresos, Salidas y
Tránsitos, 28 locutorios para familias, 1 locutorio
para jueces y 6 locutorios para abogados.
Además, dispone de 16 salas para visitas familiares
y 16 salas de visitas íntimas.
La particular climatología de Ceuta ha condicionado
la adaptación arquitectónica a las condiciones
climáticas ya que el trazado de la Galería de
Instalaciones se define como marquesinas o pasarelas
en la práctica totalidad de la urbanización interior
para permitir que las circulaciones de internos y
funcionarios estén cubiertas.
Respecto a otros centros de reciente construcción,
la cárcel de Ceuta presenta algunas modificaciones,
desde la remodelación total del Módulo
Deportivo-Cultural hasta la introducción de pequeñas
modificaciones consecuencia del desarrollo del
Centro en plataformas a distinto nivel.
El conjunto queda protegido del exterior por tres
cerramientos de seguridad respecto a la
funcionalidad
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Treinta
y siete euros y doce céntimos exactamente es la
cantidad con la que tendrá que indemnizar el
Centro Penitenciario de Albolote al dominio
público y a los propietarios de unas tierras por
los daños causados por las riadas provocadas al
haber sido construido dicho centro en una laguna,
lo que provoca que cada vez que llueva se inunde
la zona y destroce gran parte de la naturaleza que
allí crece. «No nos podíamos creer lo que decía el
expediente sancionador cuando lo leímos. Las
riadas se llevan árboles centenarios, provocan
daños medioambientales irreparables y a nosotros
nos inundan las tierras. ¡Y todo eso vale 37
euros!», dice Antonio Moya, propietario del
cortijo Las Torres, uno de los vecinos perjudicado
por las riadas.
Según Javier Egea, de Ecologistas en Acción, es
una práctica habitual en Medio Ambiente este tipo
de sanciones ridículas por delitos ecológicos,
«porque a veces es más fácil resolver un
expediente que archivarlo. Es una fórmula para
decir que no van a hacer nada más en un
determinado tema».
En el expediente sancionador también se hace
alusión a otra multa incoada al centro por
«vertidos de aguas residuales que superan los
límites establecidos en su autorización». Por ese
concepto, la sanción es de 645,55 euros. Asimismo
se requiere a la prisión para que «cese
inmediatamente en los vertidos denunciados y para
que se cumpla con el condicionado de la
autorización de vertido que tiene otorgada».
Ecologistas en Acción había presentado en Medio
Ambiente un escrito denunciando el hecho de que se
estaban vertiendo aguas residuales sin depurar al
arroyo Juncal y que llegaban al río Colomera, y
que la contaminación del acuífero se había
demostrado por los análisis de aguas de nacimiento
en el citado arroyo. «En el Centro Penitenciario
conviven, entre reclusos y funcionarios, unas
2.000 personas y las depuradoras que se
construyeron no dan abasto ya que no son lo
suficientemente potentes», explican en el escrito.
En espera de la Justicia
Los vecinos afectados de las tierras, situadas en
el término municipal de Colomera, ya saben de lo
que es capaz la Administración, ahora esperan lo
que diga la Justicia. Son ya quince años los que
llevan aguantando una situación que creen que va a
peor y que tiene difícil solución si la Justicia
no da pronto su veredicto. Por lo pronto el tema
está en el Juzgado número 6, donde ocho
propietarios de tierras de Colomera fueron en su
día a denunciar que las aguas fecales de la
prisión de Albolote no solo pasan por sus tierras,
sino que inundan sus canales de riegos y
arrastran, cuando hay crecidas, sus olivos y sus
árboles frutales. Además de que han provocado un
extraordinario movimiento de tierras y una erosión
desmesurada del cauce del primitivo arroyo. «El
juzgado al menos debería ordenar medidas
cautelares hasta que se resolviera el tema, pues
cada vez que llueve fuerte nuestras tierras se
inundan y nos provocan graves daños», dice Antonio
Moya, de la finca La Torres.
Como ya informábamos en otro reportaje sobre este
tema, la raíz del problema hay que buscarlo en el
mismo año en que se construyó la prisión. Según
Antonio Moya, dicha construcción se hizo mal ya
que se levantó encima de la llamada ‘laguna
vieja’, donde iban a parar todas las aguas de la
lluvias de aquellos contornos. Al hacerse la
prisión se hizo un cauce que serviría de desvío.
Actualmente el vertido de aguas tanto torrenciales
como las residuales del centro penitenciario se
hacen progresivamente desde el llamado Arroyo
Juncal al río Colomera mediante una canalización
abierta. Pero dicha canalización es insuficiente y
en caso de lluvias importantes, como las que se
han dado en Granada en los tres o cuatro últimos
años, provoca graves inundaciones en las tierras
de los denunciantes.
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Desde la sección sindical Acaip-Uso del centro
penitenciario Puerto III se manifiesta públicamente
su total rechazo al expediente abierto y la
posterior petición de sanción grave por la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y
la dirección del centro, a los dos compañeros que se
encontraban en el departamento de aislamiento el 2
de agosto cuando un interno mató a otro, queriendo
de esta manera hacerles responsables de los fatales
hechos.
Recuerdan que tanto la falta de personal o la
ineficacia en su reparto como que en dicha zona no
existían cámaras de vigilancia y transcurridos más
de tres meses las cámaras continúan sin ser
colocadas, pero sí se ha agilizado la petición de
sanción a los compañeros que únicamente realizaban
su trabajo y que aún siendo perseguidos, tuvieron
una brillante actuación posteriormente con el
incendio acaecido en ese mismo departamento,
salvándole la vida a un interno.
“Ya conocemos las actuaciones de nuestra secretaria
general, Mercedes Gallizo, con respecto a las
plantillas y el trabajo de los funcionarios, dándose
la paradoja de que dicha secretaria hizo entrega a
su amigo del partido y director de nuestro centro,
Juan Carlos Carrillo, de la medalla de plata al
mérito penitenciario” con motivo de la Festividad de
la Merced, sin que Acaip entienda los motivos de
dicha concesión por los datos de fallecimientos
acaecidos |
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Atrofia de la corteza cerebral, con deterioro de las
funciones cerebrales superiores integradas de
intensidad moderada, y grave trastorno adaptativo
crónico con estado mixto depresivo y ansioso. La
ansiedad se acompaña de crisis nocturnas de
angustia». Son las secuelas que sufre un funcionario
del Centro Penitenciario Tenerife II desde el 23 de
julio de 2006, cuando fue agredido por uno de los
reclusos, que cumplía pena por un delito de tráfico
de drogas. Tras una querella contra la entonces
directora de la cárcel, Ana Isabel Serrano, y una
primera sentencia del Juzgado de lo Penal número 3
de Santa Cruz de Tenerife —a la que seguiría otro
pronunciamiento de la Audiencia Nacional—, la sala
de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha condenado
al Ministerio del Interior a indemnizar con 60.000
euros más intereses al empleado público, quien
necesitó de atención médica durante 183 días, tal
como consta en la resolución judicial, tomada el
pasado 7 de octubre.
Aquel día, el 23 de julio de 2006, poco antes de las
cinco de la tarde, el agresor dio un cabezazo en la
boca y golpeó al funcionario contra la pared, amén
de atacar también a un compañero de este. El relato
oficial de los hechos explica que el preso había
reclamado sus pertenencias: «Son unos abusadores»;
«si no aparecen, las vais a pagar vosotros»; «sois
unos hijos de puta», profirió antes de agredir a
ambos trabajadores. A consecuencia de la embestida,
el empleado público en cuestión sufrió un «hematoma
subgaleal de región frontal izquierda» y un
«hematoma con herida en mucosa de labio inferior»,
además de otras heridas. Requirió hospitalización,
tratamiento médico y psiquiátrico y los susodichos
183 días de curación, aunque acaso lo peor fuesen
las secuelas, entre ellas el deterioro de funciones
cerebrales.
El suceso motivó en su día una querella por un
presunto delito de prevaricación contra la entonces
directora de Tenerife II, Ana Isabel Serrano, quien
más tarde sería relevada de su cargo por decisión de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
apenas dos años y medio después de su nombramiento,
si bien la determinación del organismo dependiente
de Interior no tuvo relación, en principio, con el
suceso.
El 31 de mayo de 2007, el Juzgado de lo Penal número
3 de Santa Cruz de Tenerife condenó al recluso a
tres años más de prisión por dos delitos de atentado
y lesiones y una falta de lesiones y al pago de una
indemnización de 63.394 euros. El 5 de mayo de 2008,
el Gobierno concedió al agredido la jubilación por
incapacidad permanente. El afectado, no obstante,
exigió una indemnización por responsabilidad
patrimonial de la Administración, esto es, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
del Ministerio del Interior, petición que terminó
resolviendo la Audiencia Nacional en una segunda
sentencia del 17 de febrero de 2010. En ella, el
tribunal reconoce el derecho del funcionario a
percibir 30.000 euros, una cantidad que quedaba muy
lejos de los 600.000 euros que reclamaba por las
lesiones y graves secuelas sufridas, motivo este del
recurso de casación interpuesto ante el Supremo.
El fin del proceso
Ahora, el Alto Tribunal, en la referida sentencia
del pasado 7 de octubre, acuerda anular la
resolución de la Audiencia Nacional e incrementa la
indemnización a percibir por el agredido, si bien
solo hasta 60.000 euros más los intereses a calcular
desde la fecha de reclamación, cantidad que choca
con las pretensiones del recurrente, quien a raíz de
lo sucedido se ha visto abocado a dejar de trabajar. |
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Los presos de la banda terrorista ETA que están
internos en Botafuegos están más unidos que nunca.
Literalmente. Según fuentes relacionadas con el
ámbito penitenciario consultadas por este diario, en
el último mes se ha estado llevando a cabo una
reagrupación delos reclusos pertenecientes a la
banda terrorista dentro de los módulos del centro
penitenciario de Algeciras.
Esta reordenación, que coincide en el tiempo con el
anuncio del alto el fuego de la banda terrorista, ha
dado lugar a que en un determinado módulo, que no
diremos por razones de seguridad, haya concentrados
cuatro etarras, mientras que en otro, según las
fuentes consultadas, se ha ubicado a tres de estos
internos.
Otra circunstancia que muestra la evidencia de una
posible modificación a nivel general de las pautas a
seguir con los internos de la banda armada es que
los presos de ETA están ocupando módulos que no
coinciden necesariamente con los de los presos más
peligrosos, y que incluso altera esta modalidad
conocida como de módulos de respeto, en la que las
cuestiones de convivencia son gestionadas por los
propios internos.
Al mismo tiempo, las fuentes consultadas resaltan
que los internos cada vez más participan en las
actividades comunes de los presos, lo que contrasta
con la situación de aislamiento que vivían hace poco
más de un año, cuando solían concentrarse en los
módulos considerados más peligrosos.
No obstante, las mismas fuentes comentaron que los
internos de la banda siguen sin bajar al patio por
la tarde en la mayoría de casos, una medida de
autorreclusión que ya practicaban cuando hace poco
más de un año comenzaron a ponerse en marcha estas
prácticas. Como ya adelantó este diario en su
momento, los presos de ETA fueron dispuestos de dos
en dos en los módulos algecireños y las mujeres,
todas juntas, las tres, en una sola unidad del
recinto.
Estos hechos coincidieron en el tiempo con un
momento en que los presos etarras protagonizaban
protestas en todo el país, entre ellas huelgas de
hambre y de higiene, coordinadas entre los internos
de los diferentes centros penitenciarios del país.
En ese momento, desde Instituciones Penitenciarias
se negaba que estas medidas de agrupación de los
presos fueran una consecuencia, y se indicaba que
era por una simple cuestión de integración.
Recuento
La cárcel de Botafuegos cuenta actualmente con un
total de 15 presos de la banda terrorista ETA, del
total de 50 en toda la provincia.
En total, hay 703 etarras en las cárceles
españolas;559 están presos en España (438 cumpliendo
condena y 121 en espera de juicio, según datos de la
Audiencia Nacional a finales del pasado mes de
octubre.
La mayor concentración de presos de esta banda
armada en toda la península la tiene El Puerto de
Santa María con 17 etarras en Puerto I; 4 en Puerto
II y 16 en Puerto III.
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Mejorar la seguridad en la cárcel de Topas es ya una
vieja reivindicación del sindicato de los
funcionarios de Topas (Acaip); en concreto, su
reclamación viene de años atrás, con otra dirección
en la cárcel porque el sistema hidráulico que se usa
para la apertura y cierre de muchas celdas “falla”.
Así lo señalan desde este sindicato y más aún con la
polémica subida de un video a YouTube grabado por
uno de los presos de la cárcel, que dejaba en
entredicho la seguridad de la misma aunque las
suspicacias se han dejado ver y señalan hacia la
búsqueda de otros intereses. Y es que, todo hace
indicar, según otras fuentes consultadas por este
diario, que la segunda vez que se subió a esta red
social, pudo ser intencionada buscando algún tipo de
cambio en la prisión.
No obstante, y retomando el asunto de la seguridad
en las celdas, en ocasiones, y según señalan desde
Acaip, el sistema de cierre de las celdas falla y
las puertas se quedan abiertas entre 20 y 30
centímetros y basta con hacer fuerza para conseguir
abandonar la misma y pasear por alguno de los
módulos, siempre y cuando los funcionario no se
percaten de estos hechos ya que, en ocasiones, no
dan abasto con todo el trabajo a realizar.
Esta reivindicación viene desde hace años atrás, por
lo que el sistema de seguridad de la cárcel no
funciona del modo que debería desde hace mucho
tiempo y la crisis, entre otras cosas, ha paralizado
un poco más las inversiones en la prisión de Topas.
Por tanto, el video subido a YouTube pudo ser
intencionado en la segunda vez que estuvo en esta
red social pero lo que está claro es que la
inversión en las prisiones es necesaria para evitar
que un preso pueda deambular por los módulos y
grabar videos, “quién sabe si con un móvil o una
cámara oculta camuflada en cualquier objeto”,
destacan otras fuentes consultadas por Tribuna. |
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En un comunicado muy duro, dirigido a la prensa pero
con constantes menciones al director de Puerto III,
los sindicatos Acaip -Uso
confirmaron ayer que han convocado para el próximo
viernes un paro de 30 minutos en el centro
penitenciario en defensa de los dos funcionarios
expedientados por la muerte de un interno el pasado
mes de agosto. Los trabajadores tienen previsto
concentrarse en el acceso de la prisión a partir de
las doce del mediodía.
En septiembre, LA VOZ adelantaba que Instituciones
Penitenciarias había iniciado sendos expedientes
sancionadores contra dos empleados de Puerto III por
posible negligencia en la custodia del módulo de
aislamiento donde ocurrieron los hechos. Un preso
canario (Lanzin B. E.), que ya había asesinado a un
compañero en 2009 en la prisión de Fontcalent
(Alicante), volvió a repetir la misma historia en el
centro penitenciario portuense. La víctima le
acompañaba en las horas de patio que tienen
asignadas los internos más peligrosos y en uno de
esos paseos, lo golpeó hasta matarlo.
Al conocerse la apertura del expediente, tanto
Acaip-USO
recordaron que ambos compañeros habían evitado en
septiembre una nueva tragedia en el mismo módulo de
aislamiento. Un interno de nacionalidad marroquí
había provocado un fuego en su celda utilizando un
colchón. Los dos funcionarios entraron en ella para
lograr rescatarlo con vida.
Además de defender su labor, los sindicatos
volvieron a llamar la atención ayer en las
deficiencias que presenta la prisión y que dificulta
las tareas de vigilancia. «En la sala donde
ocurrieron los fatales hechos de la muerte de un
interno a manos de otro, el cual venia de otro
centro por otra muerte parecida, no había cámaras».
Ruego al PP
Los sindicatos cuestionan la capacidad de gestión
del actual director de Puerto III y confirmado ya el
cambio de Gobierno tras las últimas elecciones,
solicitan al PP que lo sustituyan. «El buen
funcionamiento de un centro penitenciario es mérito
de toda la plantilla tanto de funcionarios como
personal laboral y organizaciones externas. Desde su
inauguración, su funcionamiento ha sido ejemplar y
usted -en referencia al director Juan Carlos
Carrillo- solo se ha subido al carro de un centro
que funciona por propia inercia. Eso sí, recordar
que cuando llegó, sustituyó a las dos únicas mujeres
de su equipo directivo. Puerto III es referencia en
algunos aspectos, pero desde antes de que llegara
usted».
Europasur.es 24/11/2011
Los sindicatos de Puerto 3 apoyan a los funcionarios
expedientados
Convocan un paro para el viernes en la entrada
principal del centro penitenciario
Las secciones de todos los sindicatos con
representación en la cárcel de Puerto 3,
Acaip-USO. APFP.
CCOO, CSIF y UGT, han convocado de forma conjunta un
paro de 30 minutos para mañana, viernes, en la
entrada principal del centro penitenciario, para
mostrar su apoyo a los dos funcionarios
expedientados, y propuestos para sanción grave, por
la muerte de un interno a manos de otro en el
departamento de aislamiento el pasado me s de
agosto.
ACAIP-USO,
además, ha replicado a las manifestaciones
realizadas a este diario por el director de la
cárcel , al que acusan de faltar a la verdad en las
cifras facilitadas sobre los presos muertos y los
evadidos en la prisión desde que asumió el mando, en
mayo de 2009. El sindicato, que pide al PP que "en
cuanto pueda, sustituya en el cargo" al responsable
de Puerto 3, reitera que en la sala donde el
interno, que venía de otro centro también por un
fallecimiento, mató a otro, " no había cámara. A
fecha de nuestro comunicado seguía sin colocarse".
La central dice también poder demostrar que, cuando
se produjo la última muerte, "sólo había 5
funcionarios para vigilar y atender a más de 50
internos en un departamento especial con 10 patios
de paseo y sus respectivas salas, en donde existe
una orden escrita de que tenemos que vigilar de
forma directa todos los patios". Además, Acaip-Uso
recuerda al director que tiene los nombres y números
de identificación de "los internos fallecidos tanto
dentro del establecimiento como en la unidad del
Hospital de Puerto Real", así como también de los
internos "que no regresaron de sus permisos como los
que se perdieron en las distintas actividades
celebradas fuera de la cárcel".
"El buen funcionamiento de un centro penitenciario
es mérito de toda la plantilla tanto de funcionarios
como personal laboral y organizaciones externas. Y
excluimos en este caso a parte del equipo directivo
ya que desde su inauguración su funcionamiento ha
sido ejemplar y usted sólo se ha subido al carro",
agregan.
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29/11/11
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| El recluso fue condenado a tres
años de cárcel por obligar a su víctima a hacerle una felación
sujetándole la cabeza · Ambos tienen una minusvalía psíquica |
La
declaración de Miguel A., un recluso del Centro
Penitenciario de Albolote que denunció a su
compañero de celda por haberle obligado una noche
a practicarle una felación, es "firme, sincera y
coincidente", así como suficiente para que el
Tribunal Supremo (TS) haya considerado que los
hechos denunciados sucedieron realmente,
confirmando la pena que la Audiencia Provincial de
Granada impuso a su agresor: tres años de prisión.
Así consta en un auto dictado en octubre por el
Alto Tribunal, en el que los magistrados de Madrid
han acordado no admitir el recurso de casación que
interpuso el acusado, Juan Francisco I.D., contra
la sentencia del tribunal granadino que lo
consideró autor de un delito de agresión sexual y
una falta de lesiones, con la eximente incompleta
de alteración psíquica, pues padece una minusvalía
mental, al igual que la víctima.
Se da la circunstancia de que el recluso acusado
no quiso declarar en el juicio, pero como subraya
el TS, además de que la versión de la víctima sea
totalmente creíble, "existen datos corroboradores
que se extraen del resto de pruebas practicadas,
como es el parte de lesiones y la declaración de
un funcionario de prisiones". Dicho funcionario,
como agrega el auto, "estuvo con la víctima nada
más ocurrir los hechos, y le encontró tembloroso y
con lágrimas en los ojos, contándole -la víctima-
lo ocurrido". En definitiva, a juicio del TS, "la
sala dispuso de prueba suficiente, válidamente
obtenida y racionalmente valorada para sustentar
los cargos". Es más, el auto resalta que la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Granada, a la hora de condenar a Juan Francisco
I., ofreció en su resolución una explicación
"completa y con razonamientos suficientes", por lo
que su fallo fue "razonable" y está
"perfectamente" motivado.
La agresión ocurrió el 1 de junio de 2009, según
los hechos que consideró probados en abril la
Audiencia de Granada. Víctima y agresor compartían
celda en el centro penitenciario de Albolote,
cuando, por la noche, Juan Francisco "golpeó a
Miguel y sujetándole fuertemente la cabeza y el
cuello le obligó a hacerle una felación, hasta que
eyaculó en el interior de su boca".
Miguel A., la víctima, padece un retraso mental
ligero que le hace ser "altamente sugestionable".
Sin embargo, ni la Audiencia ni el TS creen que el
reo pudiera haberse inventado la agresión. Por su
parte, el acusado tiene una minusvalía psíquica
reconocida del 37%, "lo que le produce una
disminución leve de sus capacidades intelectivas y
fundamentalmente volitivas, sin llegar a
anularlas". De ahí a que haya sido apreciada una
eximente incompleta que ha propiciado que sean
menos los años de cárcel fijados en la condena.
Junto a la pena de prisión, el agresor habrá de
indemnizar al otro recluso con 3.000 euros por el
daño moral causado, así como con 57 euros más por
las lesiones que le provocó en codos, cuello y
boca al forzarle.
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El
Ministerio del Interior ha reducido a unos
300.000 euros la deuda que mantiene con la
empresa municipal de aguas, Apemsa. Esta
cantidad corresponde a las facturas acumuladas
desde el pasado mes de marzo, fecha desde la que
el Gobierno central no paga el agua de las tres
prisiones ubicadas en el término municipal de El
Puerto, Puerto I, Puerto II y Puerto III. No
obstante la cuantía de deuda no se encuentra en
su pico más alto, ya que Interior debía más de
500.000 euros el pasado abril, con recibos
atrasados de 2010.
El consejero delegado de Apemsa, Daniel Pérez,
aseguró que esta deuda ya está saldada, pero
ahora se enfrentan a ocho meses de impago. Una
situación que supone una importante merma para
las arcas de la empresa municipal, cuyo
principal cliente es Instituciones
Penitenciarias por el volumen de litros que
consumen las tres prisiones, con una población
reclusa de unas 3.000 personas, según el
sindicato Acaip. «La última noticia que tenemos
es que ya hay un reconocimiento de deuda y que
están por la labor de pagarla». Pérez explicó
que esta novedad fue expuesta en un reciente
consejo de administración de la empresa
municipal. «Ahora nos encontramos a la
expectativa de que se produzca algún ingreso de
dinero». Durante los últimos meses se han
producido varias reuniones entre las partes que
han propiciado un acercamiento de posturas.
Cabe destacar que Apemsa ya advirtió a
principios de año, cuando la deuda estaba
disparada y sin visos de disminuir, que
realizaría cortes puntuales de suministro tanto
a las cárceles como al centenar de viviendas de
los funcionarios de prisiones que residen
enfrente, en el caso de que no existiera ningún
ingreso por parte de Interior. Según dijo en
aquel momento el consejero delegado, el
crecimiento de la deuda estaba comenzando a
afectar seriamente a la liquidez de Apemsa y por
otro lado, a diferencia de lo que sucede con los
ciudadanos de a pie morosos, se seguía prestando
el servicio con normalidad. De ahí la
advertencia de corte, algo que finalmente no se
ejecutó ya que el Gobierno central pagó 174.000
euros de una deuda reconocida de 224.000 euros.
Amenazas de corte
«Esta reacción se produjo cuando amenazamos con
cortar el agua. No sabemos si se debió a eso o
si bien ya tenían previsto liberar esa cantidad
de dinero». El consejero delegado aseguró que el
montante más importante de deuda corresponde a
Puerto I y Puerto II, que poseen un contador
conjunto. Puerto III, por su parte, lleva más al
día el pago de facturas. En otro orden de cosas,
cabe destacar que sigue adelante el proceso para
la venta del 49% de las acciones de Apemsa.
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Aunque le quedan pocos días en el poder, los
dirigentes del Ministerio del Interior quieren
marcharse con el trabajo resuelto. Por ello, en las
últimas semanas Instituciones Penitenciarias,
dependiente del citado departamento, ha
intensificado los movimientos de presos etarras en
las cárceles españolas.
Así, según fuentes de Interior, son ya decenas los
terroristas que han sido trasladados a módulos de
segundo grado, junto a los presos comunes. Algo que
hasta hace poco tiempo, según estas mismas fuentes,
era un comportamiento nada habitual. El anuncio del
“cese definitivo de la actividad armada” que hizo
ETA el pasado 20 de octubre ha acelerado estos
movimientos.
Poco antes de las elecciones generales LA GACETA
denunció el traslado junto a presos comunes de
varios etarras, entre ellos Martín Sarasola, uno de
los condenados a más de 1.000 años de prisión por el
atentado de la T-4 y que cumple condena en la cárcel
de Jaén. Después, también este diario reveló que
esta práctica se estaba llevando a cabo en otras dos
prisiones: la de Córdoba y la de Algeciras. Ahora,
las citadas fuentes aseguran que se trata de una
constante en la mayoría de centros penitenciarios.
Los premios de Interior a presos etarras han sido
una constante en los últimos años. Entre otras
cosas, el departamento que ahora dirige Antonio
Camacho y antes tuvo a Alfredo Pérez Rubalcaba al
frente, ha enviado a sus domicilios a presos etarras
que padecen enfermedades graves. Uno de esos
agraciados es el terrorista confeso Bautista
Barandalla Iriarte, quien ayer mismo pasó por la
Audiencia Nacional. Ni corto ni perezoso, este
personaje acusó a la Policía Nacional de “amenazas”
y “malos tratos” para retractarse de sus
declaraciones ante los agentes con la intención de
exculpar a un presunto terrorista.
Juicio a Recarte
Estas acusaciones del etarras se escucharon durante
el juicio que se celebró contra el presunto
terrorista Juan Carlos Recarte Gutiérrez, acusado de
formar parte del comando Amaiur (denominación cuanto
menos llamativa) que asesinó en Pamplona en 1987 a
María Cruz Yoldi, de 63 años, repartidora de
periódicos y madre de seis hijos. Recarte fue
detenido hace un año en México, adonde había huido
en 1991, cuando supo que las Fuerzas de Seguridad le
buscaban por el asesinato citado. Durante la vista,
el acusado negó cualquier participación en el crimen
y arguyó que se fue de España “por miedo”.
Su defensa pidió la libre absolución, mientras que
la Fiscalía de la Audiencia y la acusación ejercida
por la AVT solicitaron una condena de 43 años de
cárcel. |
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29/11/11 |
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Eneko Aizpuru pasó 24 horas en
aislamiento. Otros dos internos de la banda terrorista fueron
sancionados por exigir a los funcionarios "explicaciones sobre
el hechos" |
Un
preso de la banda terrorista ETA que se encuentra
cumpliendo su pena en el centro penitenciario de
El Acebuche, fue sancionado con 24 horas en
aislamiento, después de protagonizar una pelea en
el patio de las instalaciones carcelarias con un
preso común en el transcurso de una de las
actividades deportivas en la que ambos
participaban. Además, otros dos internos de la
banda exigieron a los funcionarios de prisiones
explicaciones sobre el incidente, por lo que
también fueron sometidos al pertinente expediente.
Según pudo saber Diario de Almería, los
hechos tuvieron lugar el pasado viernes cuando
durante las actividades de recreo que tienen todos
los internos, se desarrollaba una actividad
deportiva en las instalaciones almerienses. En un
momento de la misma, Eneko Aizpuru, el máximo
dirigente de la organización Segi, condenado por
varios actos de kale borroka (violencia
callejera), recibió un pelotazo por parte de otro
interno , identificado por las iniciales O. S. de
procedencia subsahariana.
Aizpuru, quien ha protagonizado numerosos
incidentes durante su instancia en el centro
penitenciario almeriense, se revolvió contra el
autor del hecho y comenzó una pelea que fue
inmediatamente sofocada por la rápida intervención
de los funcionarios que se encontraban de servicio
en el módulo 6 de la prisión almeriense.
Como corresponde en estos casos, al autor del
incidente se le comete a unas medidas de
aislamiento provisional, que consiste en cambiarle
de módulo durante un periodo de tiempo hasta que
la tensión se rebaje y no corran peligro de volver
a encontrarse de nuevo. En este caso concreto, se
le aisló de los demás internos durante un periodo
de 24 horas hasta que pudo regresar a su celda.
Las mismas fuentes confirmaron a Diario de
Almería que poco después de que Aizpuru fuera
trasladado, otros dos presos de la banda
terrorista ETA entre los que se encontraba Kepa
Arronategui Azurmendi, detenido en 1997 por el
intento de atentado contra el Rey Don Juan Carlos
y por el asesinato del ertzaina José María Aguirre
en Bilbao, exigieron a los funcionarios de
prisiones una explicación sobre lo ocurrido con su
compañero. Estos les replicaron que no tenían que
darles ninguna y que de no deponer su actitud,
iban a tramitar el correspondiente expediente
disciplinario, cosa que al final hicieron.
A pesar de no se frecuente este tipo de
comportamientos, no es la primera vez que presos
de la banda terrorista ETA se ven envueltos en
incidentes con presos comunes. El 7 de octubre de
2004 dos etarras resultaron heridos en el patio de
la prisión almeriense, después de que Jon Koldo
Aguinagalde Urrestarazu y Patxi Ruiz Romero fueran
acuchillados por el interno Juan Amador Romero con
un estilete de fabricación casera. Fueron los
mismos internos y los funcionarios de prisiones
quienes pararon la reyerta que se produjo entre no
menos de diez presos.
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Apenas veinticuatro horas después de que 68 presos
canarios fuesen trasladados desde el centro
penitenciario de A Lama al nuevo penal de Las
Palmas, un interno, también canario, agredió a un
funcionario de la prisión pontevedresa que lo había
requerido para someterlo a un cacheo.
El incidente se produjo, el pasado jueves, en la
sala de día del módulo cuatro de la prisión de A
Lama cuando el recluso "se revolvió" contra la orden
del funcionario y se abalanzó contra él agarrándole
fuertemente por el cuello. Según indicaron fuentes
penitenciarias, fue necesaria la intervención de
otros funcionarios para separarlos.
Al parecer, según ha trascendido, ya había habido
problemas con el interno a primera hora de la mañana
cuando "remoloneó" y se encaró con el funcionario
que le instaba a abandonar la celda. Fue con este
mismo funcionario con el que, un tiempo después, se
enfrentó al separarlo en el espacio común para
hacerle un cacheo.
A consecuencia del ataque, el trabajador del centro
penitenciario recibió asistencia sanitaria en la
enfermería del propio penal y después se reincorporó
a su puesto.
Consecuencias
Por su parte el recluso fue trasladado al módulo de
aislamiento y previsiblemente, en aplicación del
artículo 75 del régimen carcelario, se modificará su
catalogación penitenciaria y se pasará a primer
grado, el más estricto del sistema español.
A pesar de este incidente, los funcionarios
reconocen que la apertura de los módulos de respeto
o convivenciales, unido a una mayor vigilancia y
control sobre el consumo de drogas en el interior de
la cárcel, ha hecho caer de manera significativa el
número de incidentes violentos.
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Los efectos de la crisis en el tema
laboral y los tijeretazos del
Govern también han llegado al centro
penitenciario de Palma. Las consecuencias
de la mala coyuntura económica se traducen en la
pérdida de unos 250 puestos de trabajo procedentes
de empresas externas que daban empleo a los reclusos
y que han cerrado debido a la crisis. Además, la
Pastoral Penitenciaria está “ahogada”
y no puede mantener las ayudas económicas que daba a
los internos más necesitados y la falta de pago por
parte del Govern y del Consell ponen en peligro la
continuidad de los dos pisos tutelados que tiene la
entidad. Asimismo, la población reclusa se ha
quedado sin asistencia jurídica ya que el Ejecutivo
autonómico no ha renovado el convenio con el Colegio
de Abogados de Balears. Las tijeras también han
afectado a los educadores que trabajaban con los
presos. Y el motivo es similar a los anteriores. Las
Administraciones han cortado el grido de las
subvenciones y al no llegar el dinero a las
entidades sociales, sus trabajadores se van al paro.
De hecho, el Grupo de Educadores de Calles y Trabajo
con Menores (Grec) se ha visto obligado a reducir su
presencia en la cárcel de Palma pasado de 13
trabajadores a cuatro por la falta de ayudas.
El director del centro penitenciario de Palma,
Manuel Avilés, cifra en 250 los
puestos de trabajo que han desaparecido debido a que
las empresas externas que daban una oportunidad a
los reclusos han cerrado su producción. Así, su
responsable está buscando trabajo para la población
de la cárcel porque “la peor pena en una prisión es
el aburrimiento”, remarca Avilés. Asimismo, añade,
que no exige un salario de 1.500 euros al mes para
los reclusos. Se conforma en poder tener ocupados a
una parte de la población reclusa que con 200 euros
al mes ya se apañan. Tras el cese de la actividad de
empresas relacionadas con la grifería, ahora hay
contactos para que los presos hagan batas y cobren
por cada pieza elaborada.
El servicio de los dos pisos tutelados de la
Pastoral Penitenciaria también corre el peligro de
no poder continuar si no recibe el dinero prometido
por las instituciones públicas. El coordinador del
Secretariado de Pastoral Penitenciaria,
Jaume Alemany, explica que durante este
ejercicio no han visto ni un euro del Consell ni del
Govern. “Estamos ahogados económicamente”, lamenta y
subsisten de las ayudas de particulares pero los
números no cuadran. Disponen de liquidez para
afrontar los gastos de estos dos pisos hasta finales
de año pero para 2012 la cosa no pinta nada bien.
“Es muy difícil que lo podamos mantener”, avanza
Alemany. Estas dos viviendas se destinan a aquellos
internos que no tienen familia y que se quedan en
estos pisos cuando disfrutan de un permiso de
salida. “Si no hay pisos, no pueden disfrutar de su
derecho de permiso”, advierten Alemany y Avilés.
Ante tal panorama, el responsable de la entidad
reclama que las Administraciones admitan por escrito
la deuda que tienen con la Pastoral Penitenciaria
por las ayudas concertadas. Así, explica, podrían ir
a las entidades bancarias a pedir un préstamo y
evitar el cierre del servicio.
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La polémica sobre el centro penitenciario de Maó ha
dado una nueva vuelta de tuerca. En esta ocasión, la
controversia surgida en relación a la prisión se ha
trasladado a la Comisión de Asuntos Institucionales
y Generales durante la que ayer se aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular a través de la que el
Parlament balear instará al Ministerio de Interior a
suspender el traslado de nuevos presos a la cárcel
mahonesa por razones de seguridad.
La propuesta fue defendida por el diputado popular
Alejandro Sanz, quien hizo hincapié en las denuncias
vertidas por la Unión Federal de la Policía (UFP)
que, el pasado mes de octubre, alertó del incremento
de delitos cometidos por presos de la cárcel de Maó
recién salidos en libertad o de permiso.
Sanz subrayó que el probable aumento de la
inseguridad ciudadana ya fue denunciado por el PP y,
en este sentido, acusó a los anteriores equipos de
gobierno del Consell y del Ayuntamiento de Maó, así
como al director insular de la Administración
General del Estado, Javier Tejero, de hacer caso
omiso las reservas de su formación respecto a la
construcción del centro penitenciario.
“No tomaron en consideración las amenazas que
planteamos y, desgraciadamente, los hechos nos han
dado la razón”, espetó el diputado.
Por otro lado, Sanz acusó al Ministerio de Interior
de “engañar” a los ciudadanos menorquines al
asegurar que la infraestructura ubicada en la
carretera que une Maó y Sant Lluís sería un centro
de reinserción social.
Asimismo, el diputado menorquín remarcó que el
departamento encabezado por el ya exministro Antonio
Camacho indicó en su momento que el centro tan sólo
alojaría a internos vinculados a la Isla, una
promesa que, según Sanz, no se ha cumplido. “En la
práctica no ha sido así ya que muchos reclusos
proceden de la Península”, matizó .
Por todo ello, el diputado instó al Ministerio a
dotar a Maó de las nuevas plazas de cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, así como a
habilitar un módulo para internos de la prisión
dentro del Hospital Mateu Orfila, con el objetivo de
evitar situaciones violentas en el centro
hospitalario.
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Los reclusos de una de las galerías de comunes del
centro penitenciario de Valladolid han tenido que
ser desalojados temporalmente debido al humo causado
cuando uno de ellos ha prendido fuego al colchón de
su habitáculo sin que nadie tuviera que ser
atendido.
Según han informado fuentes de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León, uno de los reclusos
prendió fuego a su colchón que, pese a tener
propiedades ignífugas que impiden que las llamas se
extiendan a otros elementos, sí que genera un
intenso humo.
La Dirección del centro ordenó el desalojo de la
galería, cuyos reclusos fueron desplazados al patio
de la prisión hasta que se sofocó el humo y se
ventilaron los espacios. Según las mismas fuentes,
ninguno de los reclusos tuvo que recibir asistencia
médica o ser trasladado a un centro sanitario.
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Un
funcionario de la cárcel de Villabona (Asturias)
ha sido detenido por la Guardia Civil como
presunto instigador de la agresión sufrida el 11
de noviembre por un interno de la prisión que
falleció a consecuencia de la paliza que le
propinó otro recluso, según informaron fuentes
del Instituto Armado. Según las mismas
fuentes, el funcionario detenido ha pasado esta
mañana a disposición judicial para prestar
declaración después de que varios internos
señalaran durante la investigación del suceso
que habría sido el responsable de haber
provocado la agresión mortal.
Las primeras investigaciones apuntaban a que
ambos presos ya mantenían diferencias antes de
ingresar en prisión, aunque esas rencillas no
habían trascendido dado que en esos casos se
evita que los reos compartan el mismo módulo,
según fuentes penitenciarias.
La agresión se produjo el 11 de noviembre con
gran rapidez y violencia por lo que no pudo ser
evitada por otros presos que había en el patio
ni por los funcionarios de la cárcel.
El fallecido era un hombre de 39 años y
vecino de Avilés mientras que su presunto
agresor es un marroquí de 29 años que ya ha sido
trasladado a otro centro penitenciario.
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El funcionario de la cárcel de Villabona (Asturias)
que fue detenido hoy por la Guardia Civil como
supuesto instigador de una pelea en la que falleció
un recluso ha quedado esta tarde en libertad pero
imputado por esos hechos tras prestar declaración en
un juzgado de Gijón.
Fuentes judiciales han informado de que el
funcionario de prisiones ha sido puesto en libertad,
aunque queda imputado por su supuesta actuación
previa a la agresión sufrida el 11 de noviembre por
un interno de la prisión, que falleció a
consecuencia de la paliza que le propinó otro
recluso.
Según explicó la Guardia Civil, el funcionario fue
puesto a disposición judicial esta mañana para
prestar declaración después de que varios internos
señalaran durante la investigación del suceso que
habría tenido responsabilidad en haber provocado la
agresión mortal.
Las primeras investigaciones apuntaban a que ambos
presos ya mantenían diferencias antes de ingresar en
prisión, aunque esas rencillas no habían trascendido
dado que en esos casos se evita que los reos
compartan el mismo módulo, según fuentes
penitenciarias.
La agresión se produjo el 11 de noviembre con gran
rapidez y violencia, por lo que no pudo ser evitada
por otros presos que había en el patio ni por los
funcionarios de la cárcel.
El fallecido era un hombre de 39 años y vecino de
Avilés mientras que su presunto agresor es un
marroquí de 29 años que ya ha sido trasladado a otro
centro penitenciario.
Ésta fue la primera agresión mortal ocurrida dentro
de los muros de la cárcel asturiana. |
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato
mayoritario en la prisión asturiana de Villabona,
tacha de «incomprensible» la detención del
funcionario acusado de instigar la pelea entre dos
reclusos en la que perdió la vida un interno de
Castrillón. V. A. Ll. pasó una noche en Comisaría y
salió en libertad tras prestar declaración ante la
juez.
«Había comparecido previamente en cuantas ocasiones
fue requerido para la instrucción del procedimiento.
Prueba fehaciente de ello es que la detención se
practica en el propio centro penitenciario, tras
prestar declaración en la investigación interna
abierta por Instituciones Penitenciarias»,
explicaron fuentes del sindicato, que añadieron:
«Resulta incomprensible que la única finalidad de la
detención sea la puesta a disposición judicial en la
misma fecha en la que el funcionario había sido
citado para declarar ante el Juzgado que instruye el
caso, presentación que, en todo caso, se hubiera
producido de forma voluntaria».
Para los responsables da ACAIP, «la profesionalidad
y el buen hacer demostrado durante años por los
trabajadores de Villabona han permitido garantizar
la convivencia y el normal funcionamiento del
centro» a pesar del «incremento de la conflictividad
derivado de la masificación de la población reclusa,
las carencias de personal, el detrimento de
funcionarios en el área de vigilancia destinados a
realizar otras actividades en comisión de servicios
o los protocolos de seguridad que no se ajustan a la
realidad».
El sindicato recuerda, en referencia a su compañero,
que «la presunción de inocencia es uno de los
derechos fundamentales de las personas recogidos en
la Constitución».
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Las declaraciones de los internos del módulo 8 del
centro penitenciario de Villabona implican de lleno
al funcionario V.Á.LL. como presunto instigador de
la paliza que acabó con la vida del corverano Justo
P. A., de 39 años, por los golpes y patadas en la
cabeza que le propinó el recluso J.B.K., apodado
Jomar . En una declaración amplia y prolija en el
juzgado, el recluso C.V. situó al funcionario
imputado el día 11 de noviembre, en el patio del
módulo, contrariamente a la versión que V.Á.
mantiene de que se encontraba “en el comedor”. Según
el relato del interno, V.Á. advirtió a Jomar, que
había sido trasladado apenas dos días antes desde el
módulo 9 al 8 tras un incidente con otro interno,
que a escasos metros de él se encontraba Justo P.
A., quien le había apuñalado ocho años atrás por la
espalda en un bar de Gijón y a quien hasta ese
momento no le había reconocido. “El interno sostiene
que el funcionario estaba en el patio y él oyó cómo
provocaba a Jomar ”, explicaron ayer fuentes
jurídicas al término de la testifical.
Su versión es coincidente con la que
manifestaron, el mismo día de la muerte del recluso,
otra treintena de los 136 internos que estaban
ingresados en el mismo módulo y presenciaron la
escena ante los agentes de la Guardia Civil. En sus
primeros testimonios recogidos poco después del
crimen, “de forma espontánea”, afirmaron que la
actitud del funcionario y su comentario fueron
decisivos para que “Jomar se abalanzara contra
Justo”. Se da la circunstancia de que la víctima no
pudo defenderse en los “tres o cuatro minutos” que
duró la agresión, ya que estaba mermado físicamente
por el disparo que había recibido por parte de un
policía durante el arresto que le condujo a su
encarcelamiento como preso preventivo.
C.V. explicó en su declaración que el
funcionario, una vez que se inició la agresión, “no
hizo nada para evitarla”. Él fue el único de los
tres reclusos citados por la titular del juzgado de
instrucción número 4 de Oviedo, que investiga la
causa, que se personó ayer para declarar en calidad
de testigo. Los otros dos internos, a pesar de estar
localizados en Villabona, no se personaron en el
juzgado. Esta circunstancia motivó la queja de la
abogada de la acusación particular, Concepción
Trabado, que no ocultó su malestar con la dirección
del centro penitenciario por la escasa colaboración
que está encontrando para averiguar “la verdad”. La
letrada incidió en que tanto el funcionario imputado
como la administración penitenciaria pueden incurrir
en una responsabilidad por la muerte de Justo P.A.,
la primera que se registra en el centro
penitenciario asturiano, por no garantizar la
integridad física de los internos que están bajo su
custodia. “No se puede permitir que no envíen las
pruebas o que no lleguen los testigos a pesar de
estar citados”, resaltó.
Concepción Trabado, que ha denunciado que el
centro no hubiera adoptado las medidas necesarias
para que no hubieran coincidido agresor y víctima al
constar en sus expedientes penitenciarios el
incidente de Gijón, mostró su perplejidad por el
hecho de que Jomar estuviera en el módulo 8 “cuando
el módulo 9 y el 8 están separados por una pared que
separa el patio y se pueden comunicar entre ambos
módulos”.
El abogado del funcionario imputado aseguró ayer
que el auto de libertad no contenía “cargos, ni
medida cautelar alguna” contra su representado.
El abogado Washington Jesús Villaverde, que
defiende a Jomar , tampoco tenía constancia oficial
del traslado, el pasado lunes, de su defendido desde
la prisión asturiana a la de Teixeiro, en A Coruña,
como confirmaron fuentes penitenciarias. |
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La población reclusa ha crecido un 28,44 por ciento
en La Rioja entre el año 2000 y el 2011, con datos a
25 de noviembre, según el informe del sindicato de
prisiones (ACAIP) y recogido por Europa Press. En
concreto si en La Rioja había hace once años 288
presos, ahora la prisión riojana acoge 370, 82
reclusos más. También se ha producido un aumento,
aunque en menor medida, de los reclusos entre 2010 y
2011, con un crecimiento de 4, un 1,09 por ciento.
En el informe de ACAIP también se recoge que
mientras hay 370 reclusos en La Rioja, la prisión
cuenta con 225 plazas ó celdas funcionales, lo que
representa una tasa de hacinamiento del 164,44 por
ciento.
A nivel nacional, hay 4.574 presos en las
cárceles españolas entre 2010 y 2011. De 76.919
presos en 2010 se ha pasado a 71.505 en 2011.
A lo largo de este año 2011 el descenso en la
población reclusa ha continuado hasta alcanzar la
cifra de los 71.505 presos en la semana del 25 de
noviembre, lo que significa que hemos vuelto a
índices de los primeros meses del año 2008.
La población penitenciaria extranjera ha
descendido en 2.273 presos, y ha pasado de
representar el 35,70 por ciento al 34,76 por ciento
del total de población.
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El hacinamiento en la cárcel de Burgos que han
denunciado durante años los sindicatos parece haber
llegado a un etapa de cierto respiro, según se
refleja en el último informe sobre población reclusa
elaborado por Acaip. Un estudio que señala que en el
último año se ha registrado un descenso del 7% en el
número de internos.
Según los datos recogidos por este sindicato de
prisiones, en este periodo analizado se ha pasado de
los 539 reclusos contabilizados a 31 de diciembre de
2010 a los 506 a fecha 25 de noviembre. Si se
compara esta cifra con la registrada en enero de
2000, el descenso es mayor, ya que entonces había
545 internos en el centro penitenciario. De hecho,
es la más baja de los últimos años, por debajo de
los 629 que alcanzó el centro en 2008 y los 565 de
2009, lo que dejaba la tasa de hacinamiento por
encima del 200%.
El informe de Acaip, como otros de este tipo que ya
ha realizado, recuerda que la cárcel de Burgos,
construida en 1932, dispone de 282 celdas, de las
que 270 son individuales, tres dobles y hay una
habitación colectiva.
Entre los factores que han influido en este
descenso, desde el sindicato se apuntan cuatro. El
primero está relacionado con las recientes
modificaciones del Código Penal que han acortado las
penas por tráfico de drogas. También se indica un
«uso reducido» de la prisión preventiva, así como la
expulsión de presos extranjeros que tuvieran penas
menores de seis años. El adelanto de la libertad
condicional es el cuarto factor que apuntan desde
Acaip. Aunque en julio del pasado año, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicaba la creación del
Centro de Inserción Social (CIS) en la cárcel de
Burgos, no aparece en el estudio de Acaip. Sí se
mencionan las características de los CIS de Segovia,
Zamora, Salamanca, León y Valladolid.
El centro, tal y como disponía el Ministerio de
Interior, estaría integrado en la sección abierta
del centro penitenciario de Burgos, ampliado a
principios de año para incrementar su capacidad de
40 reclusos a 64. El cambio en las infraestructuras
carcelarias burgalesas supuso la construcción y
habilitación de doce nuevas celdas. El CIS es un
centro penitenciario en si mismo, destinado a penas
privativas de libertad en régimen abierto y al
seguimiento de liberados condicionales y de penas
alternativas. |
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El
Juzgado de lo Penal número 2 sentará hoy viernes
en el banquillo de los acusados a un recluso del
centro penitenciario La Torrecica de Albacete, que
se enfrenta a tres años y nueve meses de prisión,
como responsable de un delito contra la salud
pública.
Cabe destacar que el fiscal ha pedido una pena más
alta de la habitual, puesto que el delito de
tráfico de hachís está agravado, ya que se ha
cometido dentro de un establecimiento
penitenciario.
Según se refleja en el escrito de acusación
elaborado por el Ministerio Fiscal, los hechos que
serán enjuiciados hoy se remontan al domingo 7 de
septiembre de 2008, fecha en la que el acusado
había mantenido un encuentro vis a vis con cinco
familiares suyos (inicialmente imputados en esta
causa), en el establecimiento penitenciario La
Torrecica.
Tras el encuentro, al recluso, con antecedentes
penales vigentes y no computables en esta causa,
le fueron hallados y aprehendidos 25,02 gramos de
una sustancia, que posteriormente analizada,
resultó ser hachís. El procesado, para evitar que
fuera descubierta, llevaba oculta la droga debajo
de las suelas de sus zapatillas para distribuirla
en la cárcel.
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El etarra Javier Aguirre permanece en régimen de
aislamiento en una celda en solitario tras apuñalar
el pasado fin de semana a un funcionario de
prisiones en la cárcel de Forest en Bruselas, según
han confirmado fuentes de la Fiscalía Federal belga
a Europa Press.
"Ha sido Aguirre, el más joven", han confirmado
fuentes de la Fiscalía, que han avanzado que el
presunto etarra permanece en una celda de
aislamiento y se le han restringido derechos como el
paseo diario en el patio o acceso a la ducha.
Según informó este lunes el diario belga 'La
Derniere Heure', la agresión se registró el mediodía
del sábado cuando uno de los presos etarras que no
identificó el rotativo pidió a un funcionario
reunirse con la dirección del centro penitenciario.
El presunto etarra sacó un cuchillo según la versión
del diario e hirió en el cuello al funcionario
cuando éste le respondió que no era posible en ese
momento.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Federal han
asegurado que la agresión se produjo "con un tenedor
y no con un cuchillo". El funcionario de prisiones
precisó de varios puntos de sutura, según informó el
diario belga.
"Esto es una señal de lo peligrosos que son", han
asegurado las fuentes fiscales consultadas en
alusión a Aguirre y al etarra Ventura Tomé Queiruga,
que también permanece detenido en el centro
penitenciario de Forest, en Bruselas a la espera de
ser extraditado después de que el Tribunal Supremo
belga respaldara el miércoles pasado su extradición.
La Fiscalía de Bruselas ha abierto una investigación
de la agresión para esclarecer los hechos delictivos
"muy graves", que dependiendo de las circunstancias
podrían castigarse con penas entre dos y diez años
de cárcel.
Esta sería la segunda investigación judicial abierta
en Bélgica contra Aguirre. La Justicia belga debe
decidir todavía si abre un juicio de acuerdo con la
legislación belga por delitos de falsedad documental
y de identidad y por esconder a un terrorista
prófugo, castigados con hasta cinco años de cárcel o
si ejecuta las dos órdenes de arresto europeas en
base a las que España ha solicitado también su
extradición. El Tribunal de Primera Instancia de la
Cámara del Consejo de Bruselas verá su caso el
próximo 21 de diciembre.
Ventura Tome y Javier Aguirre fueron detenidos en
Bruselas el pasado 28 de octubre en un apartamento
de la capital belga que el segundo mantenía
alquilado con documentación e identidad falsa.
Ventura Tomé está pendiente de ser extraditado a
España por una condena a 17 años por intentar
asesinar a dos guardias civiles el 3 de abril de
1985 en Navarra. Vinculado al comando 'Saioa', tiene
además otra condena de 22 años de cárcel por causar
daños terroristas al colocar entre 1983 y 1984
varios artefactos explosivos en las localidades de
Egea de los Caballeros (Zaragoza), Estella y
Sangüesa (Navarra) y una tercera causa abierta en el
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a
banda armada.
Ibáñez está imputado por dos jueces de la Audiencia
Nacional por sendos actos de violencia callejera.
Fernando Andreu le investiga desde 2006 por un
delito de daños terroristas y tenencia de
explosivos, mientras que Eloy Velasco tiene una
causa abierta desde 2000 por daños terroristas y
tenencia de sustancias inflamables e incendiarias.
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Los presos de ETA tienen previsto solicitar
este sábado de forma conjunta
el traslado a cárceles del País
Vasco
y Navarra coincidiendo con el
día internacional de los derechos humanos. La
iniciativa fue
acordada por el aparato de makos de la
banda terrorista y fue comunicada a los
reclusos mediante una circular interna que se hizo
llegar a las prisiones en las últimas semanas.
Esta reclamación conjunta se acompasa con el
escrito que algunos presos encarcelados han
remitido a título individual a
Instituciones Penitenciarias pidiendo
beneficios personales como la libertad condicional
o su excarcelación para sí mismos o para sus
compañeros. La circular enviada a los presos
indica que “la reivindicación general es ir a
Euskal Herria porque es garantía de tomar parte en
el proceso”, además de “ser la referencia de poder
arreglar las situaciones extremas y los derechos
básicos”, informa Vasco Press.
El colectivo que agrupa a los presos de ETA no
arrepentidos asume que su “ida a Euskal Herria”
será gradual “en forma y en tiempo, es decir, que
no será de un golpe”, por lo que aconseja “pedir
condiciones poniendo la misma presión en todas las
cárceles”.
El documento enumera también otras demandas,
como el reagrupamiento en un módulo de los presos
que estén en la misma cárcel, que se les permita
hacer asambleas, tener portavoces reconocidos y no
tener problemas en las comunicaciones postales,
telefónicas o personales. Además, solicitan que se
les permita relacionarse “con los promotores del
exterior”.
El aparato de makos recoge en su notificación
un calendario de actuaciones que deben seguir los
reclusos etarras a título individual, aunque con
una estrategia coordinada por la dirección. El
primer paso consistía en solicitar por escrito
beneficios penitenciarios, como la puesta en
libertad de los reclusos con enfermedades, de
otros que han cumplido tres cuartas partes de la
pena y de los que tienen aplicada la
doctrina Parot.
En las últimas semanas los presos han ido
recibiendo unos modelos de solicitudes para que
los internos pongan sus datos y los envíen a
Instituciones Penitenciarias o al Juzgado Central
de Vigilancia Penitenciaria. En el impreso, cada
preso afectado solicita de manera individual la
libertad condicional —los que han cumplido tres
cuartas partes de la condena— o su excarcelación
—aquellos que dicen estar gravemente enfermos o
siguen en prisión por aplicación de la doctrina
Parot—. En sus escritos, el colectivo no hace
ninguna alusión al arrepentimiento de los etarras
como fórmula para obtener esos beneficios. Muy al
contrario, critica duramente a
la veintena de presos disidentes recluidos en
Nanclares de Oca (Álava) que dieron ese paso.
La petición de un acercamiento generalizado a
las cárceles vascas y navarras coincide con el
anuncio de un acto previsto para el domingo en el
frontón Izarraitz de Azpeitia (Gipuzkoa), en el
que se darán cita 400 ex presos para hacer una
valoración de la actual coyuntura política y de la
política penitenciaria.
Además, los convocantes, que han avisado de que
no contestarán preguntas de los periodistas, harán
también un llamamiento a participar en la
manifestación convocada para el próximo 7 de enero
en Bilbao en apoyo de los presos de ETA y bajo el
lema en euskera Con todos los derechos, los
presos vascos a Euskal Herria.
Para asegurarse una masiva afluencia de
personas a esta marcha, el plan de movilizaciones
diseñado a favor de los reclusos incluye no
realizar visitas a las prisiones durante el fin de
semana del 7 al 8 de enero próximo, con el fin de
facilitar que los familiares y amigos participen
en la manifestación de la capital vizcaína.
Además, los presos de ETA incluyen en su
calendario realizar una semana de movilizaciones
entre el 9 y el 13 de enero próximos. Harán
encarteladas, encierros en las celdas y ayunos.
Los segundos y los últimos viernes de cada mes
realizarán acciones de protesta en las prisiones
para reclamar la puesta en libertad de los
reclusos enfermos y de los que están en prisión
provisional, así como en demanda de la amnistía y
la autodeterminación.
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EL conjunto de hechos acontecidos desde finales de
septiembre del año 2011 en el contexto de la
organización terrorista ETA ha dado lugar a
transformar de forma decisiva -en términos tanto
cuantitativos como cualitativos- la otrora endémica
amenaza proveniente del independentismo vasco
radical, de pasamontañas y txapela. En el
centro del debate de los tres acontecimientos que
han marcado el devenir político del conflicto se han
situado a los miembros y colaboradores de la
organización terrorista que se encuentran
actualmente cumpliendo condena. Efectivamente, tanto
la declaración del Colectivo de Presos y Presas
Políticos Vascos (EPPK), emitida el 23 de septiembre
de 2011, la cínicamente denominada Conferencia
Internacional de Paz, celebrada el pasado 17 de
octubre en San Sebastián, así como la histórica
declaración de 20 de octubre, en la que ETA
anunciaba el "cese definitivo" de su "actividad
armada", hacían referencia explícita a la resolución
"de las consecuencias del conflicto", algo que sin
duda parece referirse al colectivo de presos de la
organización, durante décadas auténticos símbolos
para el espectro sociológico vasco radical.
En este ámbito, lo primero que hay que destacar es
que la decidida orientación del ordenamiento
jurídico español hacia la reeducación y reinserción
social de las penas privativas de libertad presenta
una importante excepción para los delitos de
terrorismo. En estos casos se deja de confiar en la
rehabilitación del penado para pasar a priorizar el
control securitario, es decir, la inocuización del
delincuente. Un punto de inflexión en el tratamiento
penal y penitenciario de los terroristas de ETA
viene constituido por la Ley Orgánica 7/2003, de 30
de junio, de Medidas de Reforma para el Cumplimiento
Íntegro y Efectivo de las Penas.
Mediante dicha ley se persiguieron fundamentalmente
dos objetivos: 1. Elevar el límite máximo de
cumplimiento efectivo de una pena privativa de
libertad a 40 años para aquellos condenados por la
comisión de dos o más delitos de terrorismo; 2.
Evitar que una determinada clase de condenados (y
muy especialmente los autores de delitos de
terrorismo) pudiera disfrutar de los beneficios
penitenciarios propios de un sistema que
teóricamente cree -mejor, creía- en la reinserción.
Así, los terroristas de ETA que quieran acceder al
tercer grado o incluso llegar a disfrutar de
libertad condicional deben mostrar "signos
inequívocos" de haber abandonado tanto los fines
como los medios terroristas, debiendo además no sólo
colaborar activamente con las autoridades, sino
también pedir expresamente perdón a las víctimas de
su delito. Como puede fácilmente deducirse, el
legislador del año 2003 partía del entendimiento de
que la delincuencia terrorista está estrechamente
ligada a la asunción de una determinada ideología,
de forma que, una vez rechazada ésta, el sujeto ya
no es peligroso. Y es que los presos de ETA no sólo
han de rechazar los medios terroristas (básicamente
el empleo de la violencia), sino también los fines
(la independencia de una parte del territorio
nacional); fines que pueden ser perfectamente
legítimos y defendibles en el marco de un Estado de
Derecho siempre y cuando no se utilicen medios
violentos. Con respecto a la obligación de pedir
perdón a las víctimas, no se entiende muy bien por
qué el legislador toma más en consideración los
muertos, lesionados y secuestrados por el fenómeno
terrorista (y a sus familiares) que a los afectados
del mismo modo por la delincuencia común.
Como puede fácilmente deducirse, el ordenamiento
jurídico español prevé un modelo de ejecución de la
pena privativa de libertad tremendamente severo y
excepcional para los individuos terroristas, el cual
convive de manera paralela con el previsto para el
resto de delitos, donde aunque sea en teoría se
sigue creyendo en la reeducación y reinserción
social del delincuente.
Tras producirse el pasado 20 de octubre de 2011 el
anuncio del "cese definitivo de su actividad armada"
por parte de ETA, la cuestión que inmediatamente se
plantea es qué es lo que va a ocurrir con el grueso
de la organización terrorista, a saber, sus miembros
y colaboradores que se encuentran cumpliendo penas
de prisión. Mientras que la posibilidad de amnistías
o indultos se presenta como algo inasumible en el
marco de un Estado de Derecho, otras demandas
resultan en teoría más sencillas de verse
satisfechas. Así, un eventual acercamiento de los
presos de ETA a centros penitenciarios del País
Vasco es una opción factible, ya que la actual
dispersión es una decisión de carácter meramente
político, existiendo además infraestructura
suficiente para asumir la llegada de reclusos a
Euskadi. En cuanto a la eventual derogación de la
doctrina Parot, todo sigue pendiente de la
reactivación del Tribunal Constitucional y de su
decisión sobre la aplicación o no de dicho mecanismo
dirigido a dilatar en lo posible la puesta en
libertad de reclusos con un amplio y sangriento
historial delictivo.
Finalmente, una cuestión a debatir sería la eventual
derogación, o cuanto menos modificación del sistema
establecido mediante la LO 7/2003 para los delitos
de terrorismo, volviéndose de este modo a equiparar
-si es que alguna vez se hizo en el ordenamiento
jurídico español- a los miembros ETA con el resto de
delincuentes. La victoria del Partido Popular en las
recientes elecciones generales celebradas el pasado
20 de noviembre invita a todo menos al optimismo. Y
es que no sólo hay que tener en cuenta que la
controvertida LO 7/2003 se aprobó durante un
Gobierno del Partido Popular. Además, el programa
político presentado recientemente por dicho partido
de centro-derecha contempla modificaciones del
Código Penal (como, por ejemplo, la propuesta de
introducción de la pena de prisión perpetua
revisable), las cuales se inspiran en esa línea
exclusivamente retribucionista que caracterizó el
-en términos jurídico-penales- nefasto año 2003. Por
consiguiente, la más que probable permanencia y
consolidación del actual statu quo
jurídico-penal para los terroristas de ETA va a
conducir a que el Estado español siga cayendo en la
provocación -característica intrínseca al fenómeno
terrorista- de que el fin justifica los medios,
haciéndose cómplice de su propia dinámica con el
mantenimiento de un sistema penal y penitenciario
excepcional para un determinado tipo de
delincuentes. |
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La crisis no ha disparado la tasa de delincuencia.
Al contrario. El número de presos que cumple condena
a día de hoy en las más de 80 cárceles del país —más
de 71.500, de ellos 3.812 en Galicia— ha disminuido
en relación a diciembre de 2008. La progresiva caída
de la población reclusa en Galicia desde el inicio
de la recesión económica, que entonces tenía una de
las tasas de hacinamiento más alta de España, la ha
colocado a la cabeza de las comunidades donde más
cayó el número de reos en los últimos tres años.
Hasta un 25% menos de internos están entre rejas en
Galicia respecto al año 2008, un porcentaje que está
a más de 20 puntos de la media nacional (-2,79%),
según el último informe del sindicato de prisiones
Acaip elaborado a partir de los datos del Ministerio
del Interior.
¿Menos delincuencia o más flexibilidad en las
condenas y el cumplimiento de las penas? Para Acaip,
las reformas penales, la expulsión de presos
extranjeros con el agravamiento de la crisis y el
adelanto de la libertad condicional están detrás de
este descenso de la población reclusa.
Sin embargo, fuentes de Instituciones Penitenciarias
niegan que estos factores sean determinantes y lo
atribuyen a una caída generalizada de la
delincuencia, el descenso de la población extranjera
y en el caso concreto de Galicia, a la apertura de
una nueva prisión en Gran Canaria y la ampliación de
otro centro en Lanzarote que han permitido "aliviar"
la saturación de los penales gallegos. Este último
factor, según Instituciones Penitenciarias es el
"determinante" en el descenso de presos en la
comunidad gallega, donde hasta ahora cumplían
condena un gran número de internos de Canarias que
en los últimos meses fueron trasladados a los nuevos
centros penitenciarios de las Islas.
En cuanto a los reclusos extranjeros, Galicia era
una de las comunidades donde más había crecido la
población reclusa extranjera. En los últimos años,
la mayoría de los nuevos internos que entraban en
las cárceles españoles, y en con más incidencia en
las gallegas, eran extranjeros, un colectivo más
vulnerable que otros en situaciones de crisis y
entre los que se había detectado un aumento de la
delincuencia. Pero el paro y la situación económica
en España han puesto freno a la inmigración. En el
caso concreto de Galicia, la llegada de extranjeros
se redujo a la mitad desde el inicio de la crisis,
situándose a niveles de 2003, un factor que, por
tanto, también ha influido en la caída de la
población reclusa, tal y como apuntan fuentes
penitenciarias. El penal de Teixeiro es un ejemplo
de esta situación: mientras en años anteriores,
según destaca su directora, Carmen Suárez, la tasa
de población reclusa extranjera se situaba en torno
al 35%, en la actualidad no llega al 20%.
Todos estos factores han colocado a Galicia como la
comunidad donde más ha disminuido la población
reclusa desde 2008 (-25%). En cuanto a a tasa de
hacinamiento, que mide el número de reclusos por las
plazas de las cárceles, la evolución de los últimos
años ha permitido salir a los penales gallegos de
los primeros puestos. En la actualidad, está a la
cola. Con una masificación del 122,53%, las
prisiones de Galicia son las tercera con menos
sobrecarga. Las más hacinadas son las de Ceuta y
Melilla, por encima del 250% y Navarra (174,65).
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La coalición independentista Bildu -EA, Alternatiba
y los herederos de Batasuna- va a elevar la presión
para forzar al futuro Gobierno del PP a dar un giro
de 180 grados a la actual política penitenciaria.
Los independentistas han diseñado todo un calendario
de ayunos, concentraciones, mociones en los
Ayuntamientos a favor del fin de la dispersión, y
movilizaciones de todos sus cargos públicos y
afiliados, que llegarán hasta la manifestación
convocada para el próximo 7 de enero por las calles
de Bilbao en demanda del traslado de los presos de
ETA a Euskadi "sin condiciones". Un pronunciamiento
similar se espera que hagan hoy en Azpeitia (Gipuzkoa)
400 expresos de la banda, que han convocado a los
medios de comunicación para una comparecencia sin
preguntas. El desafío al Gobierno se completará
con la hoja de ruta del colectivo oficial de presos
de ETA -que agrupa a unos 550 en las cárceles
españolas-. Los reclusos presentaron ayer
masivamente -entre el 98% y el 100%, según datos de
Instituciones Penitenciarias-, siguiendo el guión
preestablecido, peticiones individuales para que los
trasladen de forma "urgente" a "Euskal Herria".
La sincronía es total entre la presión diseñada
por Bildu para las calles del País Vasco y la de los
presos en las cárceles. El parlamentario navarro
Koldo Amezketa definió ayer el objetivo común de los
dos movimientos: "La política penitenciaria es
prioritaria para avanzar de manera eficaz en el
proceso de normalización y democratización y no se
adivina aún ningún tipo de movimiento en positivo".
Con la respuesta masiva en el interior de las
prisiones, los presos escenifican además que dentro
del colectivo no hay fisuras, que no habrá más casos
como los de los disidentes de la banda recluidos en
Nanclares de Oca, y que actuarán todos juntos
incluso para solicitar medidas individuales. Pero,
al igual que ya ocurrió con las peticiones de
libertad para los reclusos enfermos, los que han
cumplido tres cuartas partes de la condena y
aquellos a quienes se les ha aplicado la doctrina
Parot -que fue el primer paso de la nueva
estrategia-, estas últimas solicitudes de traslado
también tendrán que examinarse individualmente
porque así lo exigen las leyes penitenciarias, que
valoran la evolución personal de cada preso. Las
peticiones conjuntas no tienen ningún efecto legal.
Los textos, escritos por los reclusos de su puño
y letra, son muy parecidos entre sí. Solicitan,
recalcando que el 10 de diciembre es el día de los
derechos humanos, ser reagrupados en prisiones
vascas, y piden de nuevo que se reconozca el derecho
a la autodeterminación y la amnistía para los
presos. No quieren el traslado solo por una cuestión
de derechos individuales, sino para poder tomar
parte en la resolución del conflicto "del que son
consecuencia", según señalan en sus instancias,
utilizando la misma terminología que empleó ETA en
su anuncio de cese definitivo de la violencia el
pasado 20 de octubre.
A través del diario Gara, el colectivo
oficial de presos (EPPK en sus siglas en euskera)
publicó ayer un comunicado en el que ya explicaba el
porqué de la petición: que los reclusos puedan hacer
su "aportación activa y positiva al proceso
político". Sin embargo, los escritos presentados
hasta el momento solicitando beneficios
penitenciarios no cumplen con los requisitos legales
en muchas cuestiones; entre otras, la petición de
perdón a las víctimas. Son una puesta en escena de
cara a los suyos, pero no instancias presentadas
para tener alguna posibilidad de prosperar.
El portavoz parlamentario del PP en el País
Vasco, Anton Damborenea, ya adelantó ayer que el
próximo Gobierno no podrá atender las solicitudes de
los presos precisamente porque han sido ordenadas
por la banda. "ETA quiere demostrar que sigue
mandando en sus presos. ETA está detrás de todo esto
y sus presos le siguen obedeciendo", criticó
Damborenea. La portavoz del Gobierno vasco, la
socialista Idoia Mendia, pidió al colectivo de
presos de la banda terrorista que recuperen "su
propia voz y pidan perdón por el daño causado". |
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Francisco Sanz fue informado este lunes de su cese,
aunque estas mismas fuentes no han podido
especificar el lugar en el que desempeñará sus
funciones.
Según han avanzado algunas informaciones
periodísticas, los inspectores del organismo
abrieron hace algunos meses una investigación
interna que, aunque no se centra únicamente en su
persona, sí ha puesto en entredicho su labor al
frente de la prisión de Huelva.
Asimismo, fuentes cercanas a la investigación
aseguraron que el principal motivo por el que los
inspectores emprendieron las pesquisas está
relacionado con "el posible trato de favor hacia
algunos internos del Centro Penitenciario
Provincial, una selecta lista de privilegiados en la
que se incluye, presuntamente, el nombre el
narcotraficante onubense Anselmo Sevillano, recluido
en Huelva desde que fuera detenido en agosto, en el
marco de la Operación Celeste, llevada a cabo por la
Policía Nacional onubense, en su casa de Estepona
(Málaga)".
Sanz se convirtió en director de la cárcel onubense
en 1997, cuando se inauguró el nuevo centro
penitenciario, que ha dirigido durante estos 14
años, excepto de 2008 a 2009, que se encargó de la
dirección del centro penitenciario Puerto III,
ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz). |
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En declaraciones a Europa Press, González ha
insistido en que no está de acuerdo con que, a
partir de este cese, "se pueda llegar a descalificar
la profesionalidad de los funcionarios".
Del mismo modo, asegura que los trabajadores son los
primeros interesados en que "se depuren
responsabilidades y se tomen las medidas necesarias,
pero sin que quede manchado el nombre de la prisión
ni el de los funcionarios".
Por su parte, desde
el sindicato CSI-F se ha pedido "cautela", mostrando
públicamente su preocupación pero ha instado a "no
realizar juicios apresurados" sobre el trabajo de
los funcionarios de prisiones, un colectivo que
desempeña su labor en unas circunstancias
especialmente complicadas.
En este sentido, CSI-F
pide "respeto, ya que se trata de un caso delicado y
no se puede acusar a nadie sin pruebas", a lo que ha
añadido que "si hay trabajadores que no han cumplido
correctamente con su labor", continúa CSI-F, "habrá
que exigirles explicaciones pero hasta el momento no
se puede señalar a nadie".
En cuanto a la
destitución de Francisco Sanz, el delegado sindical
de CSI-F en la prisión onubense, José Miguel
Huertas, ha apuntado que "antes de realizar
cualquier valoración es fundamental que se
esclarezcan los hechos". En esta misma línea, ha
considerado que "hasta que se demuestre lo contrario
hay que respetar la presunción de inocencia".
INVESTIGACIÓN
ABIERTA
Este lunes
Instituciones Penitenciarias cesó al que ha sido
director de la prisión de Huelva durante 14 años,
Francisco Sanz, por una "pérdida de confianza" en su
persona, según han informado a Europa Press fuentes
del organismo, que no han podido dar más detalles
porque hay una investigación y continúa abierta.
Los inspectores del
organismo abrieron hace algunos meses una
investigación interna que, aunque no se centra
únicamente en su persona, sí ha puesto en entredicho
su labor al frente de la prisión de Huelva.
Asimismo, fuentes
cercanas a la investigación han asegurado a
distintas informaciones periodísticas que el
principal motivo por el que los inspectores
emprendieron las pesquisas está relacionado con "el
posible trato de favor hacia algunos internos del
Centro Penitenciario Provincial, una selecta lista
de privilegiados en la que se incluye,
presuntamente, el nombre el narcotraficante onubense
Anselmo Sevillano, recluido en Huelva desde que
fuera detenido en agosto, en el marco de la
Operación Celeste, llevada a cabo por la Policía
Nacional onubense, en su casa de Estepona (Málaga)".
Sanz se convirtió en
director de la cárcel onubense en 1997, cuando se
inauguró el nuevo centro penitenciario, que ha
dirigido durante estos 14 años, excepto de 2008 a
2009, que se encargó de la dirección del centro
penitenciario Puerto III, ubicado en el Puerto de
Santa María (Cádiz). |
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Los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional buscan a un interno que cumplía condena en
la cárcel de Segovia que se fugó hace ocho días. El
reo huido aprovechó la visita a la biblioteca
pública de la ciudad con el objetivo de participar
en un taller terapéutico de lectura para ejecutar su
plan de evasión y zafarse de la vigilancia.
El preso usó la excusa de ir al baño y en ese
instante, a plena luz del día, salió por la puerta
del histórico edificio ubicado en la céntrica Calle
Real de la capital segoviana. Se da la paradoja de
que el inmueble albergó hace siglos el antiguo
presidio. Después de escabullirse de la biblioteca
se confundió entre los transeúntes que suelen
abarrotar esta arteria comercial, han explicado
fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El fugado
estaba a punto de conseguir el segundo grado
penitenciario, añaden.
El huido participaba con otros condenados en una de
las iniciativas organizadas por el centro
penitenciario para aquellos reclusos que suelen
demostrar más confianza o que cumplen penas de menor
gravedad.
El hombre se encuentra en búsqueda y captura por
quebrantamiento de condena. El prófugo es un
ciudadano extranjero, posiblemente sudamericano, y
se baraja la posibilidad de que se haya trasladado
en Madrid en taxi. |
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha asegurado
que hay una "nueva plagas de ratas" en el Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia), en concreto
en las cocinas del establecimiento. Por ello, ha
formulado la oportuna denuncia ante el Servicio de
Inspección correspondiente de la Generalitat
valenciana, "para que se persone en el Centro y
comprueba la gravedad de la situación".
En un comunicado, el sindicato recuerda que el
pasado mes de julio denunció la existencia de una
plaga de ratas en el centro, que afectaba,
sobretodo, a módulos de la unidad de Preventivos.
En esta ocasión, siempre según Acaip, la presencia
de roedores -que, destacan, tienen un gran tamaño-,
"se está detectando en las cocinas, donde sobre
todo, durante la noche merodean a sus anchas".
Asimismo, la entidad afirma que "se están
incrementando los módulos en los que se está
detectando su presencia".
Acaip sostiene que "se han realizado numerosos
informes por parte de los funcionarios que prestan
servicio en dicho departamento y en ellos se señala
que la presencia de las ratas es especialmente
significativa en el tren de lavado de bandejas donde
se deposita la comida de los internos, en los carros
donde se transportan las bandejas de comida de éstos
a los distintos módulos, donde se han encontrado
numerosos excrementos de las mismas". También son
visibles, añaden las mismas fuentes, en la ventana
de la oficina del funcionario de servicio.
Consecuencias sanitarias
En opinión del sindicato, se trata de "algo que pude
tener consecuencias desde el punto de vista
sanitario, como la propagación de enfermedades e
infecciones".
Acaip dice que ha planteado en diversas ocasiones la
gravedad de la situación ante el Comité de Seguridad
y Salud del Establecimiento Penitenciario de
Valencia, donde algunos de los representantes de la
administración en dicho órgano "se lo han tomado a
risa, pretendiendo despacharlo en cinco minutos".
Desde Acaip apuntan a la posibilidad de que "el
recorte presupuestario que ha sufrido el Centro haya
provocado que los tratamientos de desratización que
se tienen contratados se hayan reducido al mínimo
legal imprescindible, es decir, para cubrir el
expediente, pero se están demostrando de todo punto
insuficientes". |
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Poco a poco, a cuentagotas, se conocen más detalles
del luctuoso suceso que tuvo lugar en la noche del
día de Navidad en el centro penitenciario de
Segovia. La pelea entre dos internos que acabó con
la muerte de uno de ellos se originó por una disputa
por la televisión. Los hechos se produjeron hacia
las 23:00 horas, cuando se dio aviso a los
funcionarios de la prisión. Uno de ellos quería ver
un canal diferente y el otro optó por zanjar la
discusión apagando el aparato, lo que desencadenó la
trifulca que terminó en un nuevo crimen dentro de
los muros de la cárcel de Perogordo, sita en el
barrio incorporado de Torredondo.
Como anticipó El Norte de Castilla, el agresor atacó
a su compañero de celda con un objeto punzante
elaborado de forma artesanal. Así lo han confirmado
fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia.
Las lesiones provocadas con este arma casera son la
causa más probable del fallecimiento del recluso.
Las investigaciones iniciadas después del suceso
tratan ahora de esclarecer cómo el presunto autor
del crimen se hizo con el material para confeccionar
el arma con el que supuestamente apuñaló a su
compañero en el transcurso de esa fatal pelea.
Españoles y de Madrid
También se conocen las identidades de los dos reos.
El fallecido -D. M. M.- es un interno de
nacionalidad española y vecino de Madrid; lo mismo
que su atacante, cuya identidad responde a las
iniciales O. O. O. Ambos, de 37 años de edad. Los
dos cumplían condena en el módulo cinco de la
prisión segoviana. Además, se baraja la posibilidad
de que se conocieran con anterioridad a ingresar en
la cárcel, ya que pidieron compartir la misma celda.
Fuentes consultadas de la Subdelegación del Gobierno
llegan a esta conclusión porque en la actualidad hay
más calabozos libres en el citado módulo donde se
produjo la mortal agresión. Asimismo, apuntan que no
se trataba e internos especialmente problemáticos
Tal y como establece el protocolo de actuación en
estos casos, en un principio el presunto responsable
del crimen fue aislado para prestar declaración. La
Subdelegación del Gobierna en Segovia precisa que el
interno pasó ayer a disposición judicial en el
Juzgado de Instrucción número 1 de la capital
acusado de matar a su compañero. |
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Huelva.- Un dios sin
reino |
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28/12/11 |
| El presunto caso de corrupción
en el penal onubense revela detalles de la personalidad del
hombre fuerte de Instituciones Penitenciarias en Andalucía ·
Duro, recto, altivo y amenazado por ETA, provoca filias y
fobias |
El dios de Huelva ha caído. El dios ya no tiene
reino. Ni el de Oriente, cuya corona lució hace dos
años; ni el de muros y rejas, donde gobernó con mano
dura y control absoluto durante 11 años. Hace una
semana, Francisco Sanz cesó de su cargo de director
del centro penitenciario onubense. Lo hizo por
"pérdida de confianza" de la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, que creía ciegamente
en él. La última decisión de Mercedes Gallizo en el
ministerio fue la más dolorosa; salida obligada a la
traición más inesperada.
Sanz es la primera cara conocida de un presunto caso
de corrupción penitenciaria nunca visto en estos
años. Hay acusaciones de sobornos, irregularidades,
tratos de favor... Todo ello, claro, presuntamente.
Porque hay dos investigaciones abiertas, en los
ministerios ejecutivo y fiscal, y sólo al final de
las mismas se sabrá si las sospechas se tornan en
acusaciones, y si hay delitos que puedan encontrar
culpables.
Estos días se han conocido detalles del caso tras la
sorpresa inicial. La destitución cayó el lunes
pasado como jarro de agua fría. Y con ella llegó el
escándalo. De sorpresa a asombro, que no es lo
mismo. Y de asombro, a decepción. Porque sólo la
posible vinculación de Sanz con hechos turbios ha
dejado en fuera de juego a más de uno.
Francisco Sanz podía presumir (y presumía) de tener
una trayectoria envidiable en Instituciones
Penitenciarias. Más de 23 años de trabajo continuado
le valían para moverse a la perfección en sus
entrañas. O eso creía. Nació en San Fernando (Cádiz)
y se licenció en Derecho por la Complutense. Pronto
ingresó en el mundillo carcelario para acabar siendo
funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias.
Antes empezó desde abajo y fue ascendiendo poco a
poco en el escalafón interno mientras recorría media
España por sus centros. Trabajó en diferentes áreas
en las prisiones de Ceuta y Mallorca y desempeñó los
cargos de administrador en La Coruña y de
subdirector de régimen en Málaga. Antes de llegar a
Huelva dirigió los centros de Salto del Negro (Las
Palmas de Gran Canaria), durante casi tres años, y
de Puerto II, en El Puerto de Santa María, cinco. A
comienzos de 1998 se hizo cargo del onubense, el
mayor de España, que apenas llevaba un año abierto.
Fue precedido de su fama de duro y controlador en el
penal gaditano, donde cuentan que solía subirse a
los tejados para tener una visión completa del
complejo. Pronto implantó en Huelva su política
estricta y férrea, pero estrecha y amistosa con su
personal más cercano y con los internos que se
ganaban su confianza.
Afable en el trato, hablador y encantador en las
distancias cortas, no era raro verle en los medios
de comunicación cantando las excelencias del centro
onubense, que pronto comenzó a destacarse en el
sistema penitenciario español por sus innovadoras
iniciativas de integración. Firme defensor de la
reinserción de los presos, promovió apuestas
llamativas como la peregrinación anual a El Rocío o
la intervención de los internos en el Festival de
Cine, además de otras actividades que han permitido
la participación de reclusos en condiciones de semi-libertad.
Su trato con los terroristas no fue tan cordial. De
hecho, fue uno de los principales objetivos de ETA
durante su etapa de máximo acoso a los funcionarios
de prisiones: información detallada personal
apareció en el zulo de Ortega Lara, su foto empapeló
el País Vasco señalado por los abertzales, y
el etarra Iñaki de Juana Chaos se refirió a él en su
conocido artículo Gallizo publicado en
Gara en diciembre de 2004: "Esa cara la tenemos
marcada en nuestra memoria a golpes de malos tratos
y hambre".
Llegó a Huelva en la primera legislatura de Aznar,
continuó con Zapatero y acabó siendo condecorado por
Rubalcaba en 2007, al recibir la Medalla de Oro al
Mérito Penitenciario por "su capacidad de trabajo y
su larga experiencia en puestos de responsabilidad".
Próximo al partido socialista, se jactaba, sin
embargo, de haber gozado de la plena confianza de
gobiernos de signos políticos distintos. Pero fue en
los últimos siete años cuando consiguió mayor poder,
a través de Mercedes Gallizo, quien le convirtió en
uno de sus más valiosos colaboradores. De esta
estrecha relación salió el encargo especial de poner
en marcha el nuevo centro de Puerto III, que le tuvo
alejado de Huelva entre febrero de 2007 y abril de
2009, en comisión de servicios con reserva de plaza.
Y también su nombramiento como delegado coordinador
de las prisiones de Andalucía, Ceuta y Melilla.
De nuevo en la onubense retomó el control total de
las instalaciones, rodeado de su equipo habitual y
recuperando la proyección social en la ciudad que le
convirtió en rey mago en la cabalgata de 2010.
Pero algunos de quienes han trabajado con él
aseguran que Francisco Sanz tiene doble cara. La
pública y la interna, la que es sólo visible tras
las rejas. Le tachan de déspota, prepotente e
incluso tirano. Capaz de poner una mosca muerta en
un enchufe detrás de un sofá para fiscalizar la
limpieza. También, que es muy recto en el trato pero
que sabe ganarse a su gente y ser generoso.
No todos opinan igual, aunque es unánime la
percepción de su conocimiento extremo de la vida en
el interior del centro. Por eso le llaman "el dios",
una suerte de Rey Sol absolutista, como perciben su
poder cuantos saben del funcionamiento intramuros.
Hay quien no se extraña de las acusaciones que ahora
han acabado con su reinado. Aseguran que eran muchos
los rumores entre internos y funcionarios, aunque
nadie se ha atrevido a hablar hasta ahora. Hay
celebraciones por su caída, pero también lamentos.
Tantos como filias y fobias despertaba más allá de
su imagen pública, libre de cualquier apunte
negativo.
Ahora esa brillante hoja de servicios ha quedado en
entredicho y su futuro está en manos de la justicia,
administrativa y judicial. La divina parece que ya
no está en sus manos. Al menos en su querido reinado
de Huelva. |
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La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias ha encontrado fuera de la cárcel de
Huelva a su nuevo responsable provisional tras la
destitución de Francisco Sanz como director el
pasado lunes. La tarea recaerá en un inspector del
departamento, que compaginará la prisión con la
investigación de la presunta trama de corrupción. El
nuevo cargo llegará a Huelva en los próximos días.
Las pesquisas de Instituciones Penitenciarias han
adoptado ya la figura de proceso de información
reservada. Se están recabando todos los testimonios
posibles dentro del centro para valorar los datos
existentes tras las denuncias realizadas por algunos
internos y que han apuntado directamente a Francisco
Sanz. Aunque se pide cautela al hablar de la posible
implicación de varios cargos, se conoce que la
investigación no se limita a Sanz y que se trata de
profundizar en su círculo de confianza. Este factor
ha pesado para que el director provisional sea ajeno
al centro y a la provincia de Huelva, preservando,
además, la imparcialidad necesaria para el proceso
de información reservada del que también se hará
cargo.
Hasta que el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, no nombre a los nuevos responsables de
Instituciones Penitenciarias no se producirá la
designación del director definitivo. |
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