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 MÁLAGA.La
prisión provincial de Málaga, ubicada en Alhaurín de
la Torre, es la más masificada de toda España. La
media de presos en los últimos cinco años ha sido de
1.800 reclusos, una cifra que dobla su capacidad, ya
que fue construida para 901. Y esa media es superada
en numerosas ocasiones, como ocurre en la
actualidad, cuando hay 1.874 y hace unos días se
alcanzó el récord histórico: 1.904 personas.
La masificación en la prisión es evidente y tiene
una serie de consecuencias tanto para los propios
reclusos como para el personal funcionario de las
instalaciones. Las agresiones a los trabajadores por
parte de los encarcelados así como entre ellos
mismos son cada vez más frecuentes. Los sindicatos
cifran, como mínimo, en dos agresiones al mes los
ataques a los trabajadores, aunque ese dato aumenta
en diversos meses y llega a la treintena en un solo
año. A ello, hay que añadir las peleas y las
extorsiones entre los reclusos. "El espacio vital
falta y ello se nota mucho", dice uno de los
funcionarios que lo tiene muy claro: "el
hacinamiento implica más nivel de violencia, es una
ecuación que nunca falla", añade.
El miércoles los sindicatos denunciaron la agresión
a un trabajador de la prisión por parte de un preso
que se estaba autolesionando con una lata de
Coca-cola. El empleado público quiso llevarlo a la
enfermería y el interno le dio un puñetazo en la
barbilla. Sólo dos días antes, el lunes, otro
trabajador fue agredido por un ex recluso en la
Sección Abierta, ubicada en Cruz de Humilladero.
Hace 15 días, un interno con desequilibrio agredió a
otro funcionario en el módulo de ingresos y poco
antes un preso de origen nigeriano realizó hasta
tres agresiones en distintos días.
"En junio, coincidiendo con los días que hacíamos
los cursos de defensa personal, otros dos compañeros
fueron agredidos", explica otro trabajador de la
prisión de Alhaurín de la Torre, que denuncia que
carecen de formación suficiente para defenderse.
Tampoco van armados. A veces el incidente llega a su
culmen, como ocurrió en noviembre del año pasado,
cuando un joven interno de 25 años falleció por
sobredosis y los sindicatos denunciaron que se podía
haber evitado con una plantilla mayor. Dos meses
antes, otra persona de origen belga se suicidaba en
su celda con las sábanas de la cama.
El exceso de internos conlleva más problemas fuera
de las habitaciones que dentro. De hecho, muchos de
ellos prefieren tener un compañero para compartirlas
que estar solos, tal y como estaba previsto a la
hora de construir el recinto. Todos los servicios
con los que cuentan están hechos para 900 presos, no
para 1.800. Así, la atención sanitaria, psicológica
o de cualquier aspecto es menor. Y la prisión no
baja del 75 u 80 por ciento de reincidencia
"demostrando que así no cumple su finalidad
legítima, que es la de la reinserción social de los
presos", asegura Valentín Aguilar, de la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Tampoco la convivencia es la óptima. Baste un
ejemplo. En un módulo de 72 celdas, como los cinco
para preventivos, hay el doble de personas. Pero el
comedor sólo tiene 72 puestos. Hay que hacer
entonces dos turnos de almuerzo. ¿Quién va en el
primero? "Pues los más fuertes", responde un
funcionario. "Así se crean tensiones, clases
sociales, intimidaciones y surgen gran cantidad de
conflictos que de otra manera no existirían", añade.
Y la vigilancia sobre ellos es "escasa", concluye
este trabajador.
Las cifras lo avalan. En Málaga en total hay unos
500 funcionarios, pero la mitad son de
administración, médicos, educadores y otras
profesiones. Así, 250 tienen que vigilar la cárcel,
pero se dividen en ocho grupos de 30 personas debido
a los turnos de trabajo: dos días y una noche
completa de jornada laboral y luego cinco días de
descanso. Hay que añadir las vacaciones o las bajas.
"Al final cada módulo es vigilado sólo por dos
funcionarios", dicen los sindicatos. Uno de ellos se
encuentra en la zona de seguridad y otro fuera. "Así
que, cuando hay un problema, sólo puede acudir uno y
encima deja abandonado a su compañero y al resto de
presos", que pueden llegar a ser más de 130 por
módulo.
Los sindicatos cifran en un centenar los empleados
adicionales que harían falta en Alhaurín de la
Torre. Entre otras cuestiones, porque la prisión
apenas tiene servicios automatizados y cada
trabajador debe abrir las 72 cerraduras de las 72
puertas cada día durante varias veces, cuando los
presos salen y entran para comer o realizar
actividades. "Son muchos inconvenientes, por
ejemplo, cuando alguien se queja una noche de
enfermedad es un lío, porque hay que localizar la
celda entre muchas. Otras cárceles cuentan con
videovigilancia de apoyo o aperturas automáticas de
puertas", evitando más trabajo para la escasa
plantilla que apenas puede realizar "en condiciones"
las labores de vigilancia.
Un trabajo necesario cada vez más porque el perfil
de preso ha cambiado en los últimos años en Málaga.
Aunque en su mayor parte son drogadictos, en los
últimos años ha aumentado la presencia de personas
pertenecientes a bandas armadas, mafias de todo el
mundo "y gente muy preparada". "No es lo mismo que
te ataque un delincuente común que un ex militar
ruso", explica otro trabajador de la prisión. Una
situación que se complica porque, aunque la teoría
dice que los reclusos están organizados según el
tipo de delito, la saturación de internos "echa por
tierra eso y hace que haya demasiada mezcolanza".
Según explican en los sindicatos, tampoco hay que
olvidar que la de Málaga es una prisión que puede
estar en el objetivo de ETA, porque allí hay varios
de los integrantes de la banda, así como de grupos
islámicos. |
La Generalitat Valenciana e Instituciones
Penitenciarias aplicarán en los próximos meses un
convenio por el que médicos del Hospital General se
desplazarán hasta la prisión de Valencia para
atender a los presos. Según el subdelegado del
Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, de esta
manera se evitarán el 80% de los traslados al centro
sanitario y se reducirá el riesgo de fuga durante
estos traslados, la última de las cuales tuvo lugar
el pasado martes.
Ese día, el recluso Félix Fernández Morcillo, de 28
años de edad y con una condena de tres años por robo
con intimidación, dijo haberse tragado pilas y
cuchillas para forzar su traslado al Hospital
General y una vez allí escapó de la pareja de la
Guardia Civil que lo custodiaba, golpeó a un
vigilante de seguridad y robó un coche sacando por
la fuerza a su conductor.
Ayer, las Fuerzas de seguridad seguían buscando, sin
éxito, al fugado, y las asociaciones de guardias
civiles seguían criticando los riesgos de estos
traslados, riesgos que en los próximos meses podrían
reducirse considerablemente.
Luis Felipe Martínez explicó que próximamente se
ejecutará el convenio firmado con la Generalitat
para que los internos de Valencia puedan recibir
atención sanitaria en el propio establecimiento.
El 80% de las atenciones
Eso significará, dijo, que el 80% de las atenciones
se realizarán en la propia prisión y que las salidas
se reducirán a los casos de imperiosa necesidad. En
este sentido, el subdelegado del Gobierno recordó
que siempre habrá « enfermedades y casos puntuales
que requerirán tratamiento hospitalario, como por
ejemplo un infarto» .
En cuanto a la fuga del interno, Martínez dijo que
el dispositivo de búsqueda se centra en la provincia
de Valencia, aunque se trabaja también en zonas
limítrofes.
El subdelegado calificó de profesionales «
competentes » a los dos agentes de la Guardia Civil
que se encontraban con el preso huido y añadió que
éste « aprovechó la confusión de encontrarse en un
lugar público con gente para escaparse». Aseguró que
en los traslados de presos fuera de la cárcel «
siempre existe riesgo de fuga, aunque esté rodeado
de profesionales de seguridad muy preparados ».
La Unión de Guardias Civiles (UGC) denunció ayer en
un comunicado las « paupérrimas condiciones » en la
que se realizan las conducciones de presos así como
la cifra « insuficiente » de agentes destinados a
estos cometidos, lo que obliga a que efectivos
dedicados a otras tareas se encarguen de estas
custodias |
La posibilidad de que un preso internado en la
cárcel onubense pueda tener algún tipo de relación
con el terrorismo islamista ha hecho saltar todas
las alarmas tanto en la prisión de Huelva como en
todos y cada uno de los centros penitenciarios de
Andalucía.
La voz de alerta la daba ayer mismo la central
sindical CSI-CSIF a través de su presidenta
autonómica, Julia Soto, a raíz de “las recientes
declaraciones aparecidas sobre el material incautado
en el centro penitenciario de Huelva donde se baraja
la posibilidad de que puedan sufrirse atentados en
las cárceles”.
El material al que hace referencia la dirigente
sindicalista son una serie de documentos y cintas
grabadas pertenecientes a un recluso que llegó hace
varios meses a la prisión onubense procedente de
Sevilla. Según ha podido saber este diario, se trata
de un preso común de origen marroquí cuyo ingreso en
la cárcel nada tiene que ver con el terrorismo. Sin
embargo, cuando fue trasladado al centro onubense se
le intervinieron, entre sus pertenencias, varias
cintas que directamente fueron enviadas a Madrid
para que fuera analizadas, y con el paso de las
semanas, el recluso dejó entrever en comportamientos
y expresiones ciertas adhesiones y simpatía hacia
movimientos islamistas.
Las grabaciones llegaron a la Audiencia Nacional, a
manos del juez Baltasar Garzón, que envió un equipo
de la Guardia Civil a la prisión onubense. Durante
dos días consecutivos, los guardias inspeccionaron
la celda y las otras pertenencias del interno ante
la sospecha de su posible pertenencia a una red
islamista, y durante estos dos días, el recluso
estuvo aislado, sin comunicación alguna.
La Audiencia Nacional analizó toda la documentación
y cintas intervenidas y se ordenó el traslado del
referido preso a Madrid el pasado mes de julio. El
recluso del que se sospecha que pueda tener alguna
vinculación con el terrorismo islamista, después de
su traslado desde Huelva para prestar declaración
ante el juez de la Audiencia Nacional, ha quedado
internado en la cárcel de Soto del Real
A raíz de esta evolución de los acontecimientos, la
presidenta de Instituciones Penitenciarias de CSI-CSIF
en Andalucía subrayó que se ha desatado “una
importante preocupación entre los trabajadores
penitenciarios” de Huelva y del resto de centros de
la comunidad.
Ante esta situación, exigió al Ministro del Interior
y a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que “mantenga informados a los
funcionarios sobre las posibilidades de atentar
contra su seguridad”, en lugar de que la
Administración penitenciaria opte por “la política
de oscurantismo que en esta materia se viene
manteniendo”.
Soto matizó que “si bien es cierto” que desde
Instituciones Penitenciarias y desde el departamento
de Interior se ejerce un “control riguroso” sobre
los supuestos miembros o simpatizantes del grupo
terrorista islámico Al Qaeda que cumplen condena en
las cárceles españolas, “no es menos cierto que en
las prisiones andaluzas existe un importante numero
de internos musulmanes considerados presos comunes,
condenados por delitos menores que -subrayó-
mantienen ciertos vínculos con organizaciones de
corte islámico”. Precisamente, éste es el caso que
supuestamente se ha destapado en el centro onubense
a raíz de las intervenciones de sus pertenencias.
Por ello, la presidenta andaluza de la organización
sindical exigió a la Administración “normas claras y
contundentes” para poder controlar estos movimientos
radicales dentro de los centros penitenciarios. |
Según explicó el diputado nacional
del PP Luis de Torres en un comunicado, 'el
ejecutivo de Rodríguez Zapatero vuelve a darle la
espalda a los problemas reales que se plantean en el
día a día y en todos los ámbitos de la sociedad'.
De Torres consideró 'poco serio'
que la Dirección de Instituciones Penitenciarias no
tenga claro si lleva a cabo o no un proyecto que,
eso sí, reconoce como importante para garantizar, en
gran medida, la seguridad de los centros.
El diputado nacional recordó que ha sido el propio
organismo nacional el que ha reconocido que 'algunos
internos se muestran más nerviosos y agresivos bajo
los efectos del tremendo calor que, en buena medida,
padecen en prisiones como Jaén II'.
En este sentido, aseguró que 'ya
va siendo hora de invertir el dinero público en
cosas útiles, en lugar de financiar tanto
observatorio, estudio o programa inútil'.
Para De Torres, 'es preocupante
que los responsables de Instituciones Penitenciarias
descarten así un presupuesto sin ni siquiera
intentar buscar alguna solución o la viabilidad al
proyecto'.
'Esta inoperancia del organismo
responsable de las prisiones es una muestra más de
la política ineficaz, rácana y agotada del gobierno
de Rodríguez Zapatero, que encara la recta final de
la legislatura sin ideas y con demasiados problemas
que sacan a la luz la mala gestión de los
socialistas en La Moncloa', destacó |
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Los juzgados convocaron 750 videoconferencias para
declaración de testigos |
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24-08-07 |
| EN LA
COMUNITAT TAMBIÉN SE UTILIZARON PARA DECLARACIÓN DE PERITOS
Y RUEDAS DE RECONOCIMIENTO
Los juzgados de la Comunitat
Valenciana convocaron durante los cinco primeros meses del
año un total de 747 videoconferencias para declaración de
testigos, peritos, ruedas de reconocimiento y otras
diligencias judiciales sin necesidad de trasladar a presos,
detenidos ni particulares. Con este método, tanto Policía
como Guardia Civil, "evitan la desestabilización que causa
en sus plantillas la pérdida de horas por el continuo
desplazamiento de agentes a los diferentes órganos
judiciales en los que su comparecencia es requerida". |
La mayor parte de estas pruebas fueron conexiones
con especialistas forenses para periciales
psiquiátricas y con miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para pruebas policiales y
testificales.
Este sistema permite desde 2002 -año en el que se
implantó en las tres capitales de provincia, Elche y
los centros penitenciarios de Picasent y Fontcalent-
la conexión entre diferentes órganos judiciales, así
como con prisiones y con otros juzgados, tanto de
España como del extranjero. Se trata de un servicio
que "garantiza la calidad de la comunicación
establecida, la autenticidad de la declaración
prestada y una mayor comodidad para las partes".
También supone una "mayor protección de menores y
víctimas del delito, ya que perjudicado y acusado
nunca llegan a encontrarse cara a cara durante el
proceso".
Las nuevas tecnologías permiten de este modo que un
testigo, un detenido, o un perito, sin necesidad de
trasladarse desde su lugar de residencia, puedan
comparecer en el transcurso de un juicio. Además
permite "ahorrar costes a la Administración de
Justicia y molestias a sus usuarios, pues
proporciona seguridad, tranquilidad y celeridad
procesal, así como una optimización de recursos y
una mejor organización del trabajo en el propio
juzgado".
El objetivo es favorecer la actuación de los
tribunales, al no hacerles "depender del
desplazamiento de las personas que intervienen en un
proceso, y evitar aplazamientos motivados por
ausencias imposibles de solucionar".
Distintos órganos
El Decanato de Valencia señaló durante los cinco
primeros meses del año hasta 338 videoconferencias
solicitadas por juzgados de Valencia, la mayoría de
ellos de instrucción, mientras que otras 160 fueron
solicitadas desde otros puntos de España con destino
Valencia, sin que hasta el 31 de mayo se registrara
ninguna con países del extranjero.
Por tipo de diligencia, la mayoría responden a
pruebas policiales y forenses. Así, de ellas, 89
fueron para ruedas de reconocimiento y 251
testificales de policías, así como 29 para
declaraciones de testigos, cinco para indagatorias y
audiencias y 78 conexiones con el centro
penitenciario de Picassent para indagatorias y
declaraciones de imputados.
También se tramitaron 21 conexiones con otros
decanatos, entre ellos los de Sevilla, Málaga,
Alicante, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Segovia,
Sagunto, Zaragoza y Gandia. Las videoconferencias
solicitadas desde el 31 de enero al 31 de diciembre
de 2006 llegaron a 871.
El sistema de videconferencia resultó de "gran
utilidad" durante la celebración del juicio oral por
el contagio masivo de hepatitis C, pues fue el
soporte por el que se practicaron varias pruebas
periciales. De este modo, forenses que debían
valorar el daño corporal de los afectados pudieron
declarar desde Sevilla y Cataluña.
Por lo que se refiere a Alicante, entre enero y mayo
de este año se señalaron un total de 120
videoconferencias, de las que 14 fueron con la
clínica forense, 16 con los Juzgados de Menores, 27
con Policía y Guardia Civil, dos con el hospital
penitenciario para peritaciones psiquiátricas, uno
con centros de menores y 1 con la cárcel de Picasent,
entre otras que incluyen una conexión con Portugal
para una declaración.
La Audiencia de Alicante, concretamente la sala
segunda, fue la que celebró la vista con un mayor
número de declaraciones por este sistema. Un total
de 145 testigos declararon en marzo de 2004 por
videoconferencia desde Burgos, Bilbao y Madrid
durante el juicio oral por una estafa de una
inmobiliaria de Torrevieja entre 1991 y 1993.
Crimen Nou Alacant
Más recientemente, la Audiencia autorizó que varios
testigos declararan por este sistema durante el
juicio por el triple crimen de Nou Alacant, pero
desde otra sede judicial diferente a la que acogió
la vista el pasado mes de junio, después de
solicitarlo expresamente los declarantes por temor
al acusado y sus familiares y evitar así situaciones
de riesgo.
En Castellón fueron 129 las videoconferencias
señaladas, 112 con otros órganos judiciales de
Castellón y 17 con centros penitenciarios. Uno de
los casos más recientes en los que se ha utilizado
el sistema de videoconferencia en Castellón es el
juicio por la muerte del abogado Carlos Reverter,
ocurrida el 20 de diciembre de 2005, donde el único
detenido al que imputan homicidio, robo, detención
ilegal y atentado a la autoridad, declaró en febrero
pasado por este sistema ante el juez instructor.
En la actualidad el servicio de videoconferencia se
halla implantado en un total de 17 partidos
judiciales de la Comunidad Valenciana: en Castellón
y Vinarós en la provincia de Castellón; en Sagunto,
Llíria, Requena, Valencia, Picassent, Alzira, Xàtiva
y Gandía en la provincia de Valencia; y en Dénia,
Benidorm, Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja y
Villena en la provincia de Alicante. |
La
Dirección General de
Instituciones Penitenciarias
planteó ayer adoptar medidas
disciplinarias contra la
Plataforma Femar S.L., con sede
en Sevilla, encargada de
suministrar productos cárnicos
al penal de Botafuegos, en
Algeciras, después de que el
pasado 31 de julio se detectase
una partida de 630 kilogramos de
carne en mal estado.
Fuentes de Instituciones
Penitenciarias explicaron ayer
que, al margen de expedientar a
la empresa, el organismo
autónomo que se encarga del
suministro alimenticio de las
prisiones estudia qué medidas se
podrían adoptar tras el
incidente por la vía
administrativa. Una de las
posibilidades consiste en la
rescisión del contrato, que
Femar S.L. obtuvo el 1 de julio
mediante concurso público por
90.000 euros y seis meses de
vigencia. La plataforma podría
enfrentarse a sanciones
económicas que superan los
350.000 euros.
Instituciones Penitenciarias
recalcó que el protocolo que se
puso en marcha con el incidente
"funcionó correctamente", tras
la alerta de los trabajadores de
cocina y tras considerar que no
era la primera vez que ocurría,
decidieron informar a la
dirección del penal. Así, se
evitó la entrada de la carne en
el centro y se dio aviso a
Sanidad de la Junta de
Andalucía, que constató que la
partida de carne no era apta
para el consumo y se destruyó.
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La castración química es eficaz para pederastas pero no para
violadores |
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25-08-07 |
| El debate está servido.
Desde que el pasado lunes Sarkozy anunciara medidas más
duras para frenar la pederastia, numerosas voces se han
lanzado a opinar. Los medios han desempolvado sus agendas y
psicólogos, psiquiatras, sexólogos o juristas hacen cola
para opinar acerca de una medida que ha desatado la
controversia. Bajo este universo de expertos poco a poco se
desmarca una conclusión generalizada:
la castración química es
una medida adecuada para un pederasta pero no es
recomendable en el caso de un violador. Y todos nos
preguntamos: ¿por qué? |
La letrada Marta García Lage aporta un poco de luz
en relación a este asunto. Con voz suave y segura,
aplaude la
medida de Sarkozy y
sostiene que la eficacia de este tratamiento para un
pederasta es cuestión de perfiles. "La razón
fundamental estriba en que el perfil del pedófilo es
más homogéneo. En el caso del violador intervienen
una serie de factores de índole familiar, social,
cultural que hace poco recomendable la adopción de
una solución universal".
Para los que este argumento no les convezca la
abogada contraataca con un ejemplo: "en determinadas
culturas algunas conductas, que en nuestro sistema
jurídico serían tipificadas como delito, son
consideradas como un derecho inherente al hombre".
De ahí la ineficacia de optar por un tratamiento
hormonal cuando el motivo que induce a este tipo de
conductas es de índole sociocultural.
Comparar no siempre es malo
En el sistema legislativo español la agresión sexual
sin penetración anal, vaginal o bucal está penada
con 1-4 años de cárcel si la víctima es mayor de
edad, mientras que si el agredido es menor la
privación de libertad asciende de 4-10 años.
En el caso de una violación la pena es de 6-12 años
si el agredido es mayor de edad y de 12-15 años si
el sujeto es menor. Para Marta García Lage los tipos
penales son demasiado suaves. Pero… ¿cómo afrontan
el problema nuestros vecinos de Europa?
El jurista Gustavo López- Muñoz y Larraz, académico
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
ha afirmado que "Reino Unido y Alemania son los
países comunitarios donde se les aplican penas más
duras".
Entre los países que registran sistemas legislativos
más "permisivos con este tipo de delitos" se
encuentra España, Italia, Portugal y Holanda. La
solución sería "fortalecer un régimen de derecho
penitenciario", ya que somos "un país prohibitivo
pero no previsor".
La castración química ya se aplica en EE UU
Este afamado jurista no parece sorprenderse cuando
se le pregunta por una cuestión hasta hace poco
desconocida para la mayoría de españoles centrados
en la última subida del Euribor. Hablamos, pues, de
un tema antiguo rejuvenecido bajo el tamiz de la
polémica.
Pese a que la castración química se aplica desde
hace tiempo en EE UU ─y con resultados muy
positivos─ en España la aplicación de este
tratamiento no es posible si no va precedida de
modificaciones legislativas, ya que la castración es
delito.
Para el experto, la castración química es una medida
que reivindica el derecho a la sexualidad
voluntaria, hablamos pues, "del único medio eficaz".
Con Mercedes Gallizo llegó la revolución
Y es que hasta que Mercedes Gallizo se estrenara en
2006 como la nueva Directora General de
Instituciones Penitenciarias pareciera que en la
anterior legislatura nunca se hizo nada para tratar
a los violadores.
Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, "la
directora ha impulsado los programas de
rehabilitación, antes de ella no había nada".
Gallizo ha introducido programas voluntarios de
tratamiento con talleres, en los que psicólogos
trabajan con violadores y pederastas para lograr su
reinserción. Pese a que se encuentran en fase de
evaluación, se estima que conseguirán reducir de
forma notable la reincidencia en el caso de delitos
sexuales.
Este futuro prometedor, ha llevado a Instituciones
Penitenciarias a no plantearse terapias alternativas
a raíz de la polémica desatada por Sarkozy.
Desde que comenzara el 2007, las cárceles españolas
albergan a más de 1.700 condenados por agresión
sexual y a más de 600 por abusos sexuales. En lo que
llevamos de año, 198 internos se están sometiendo a
un programa de rehabilitación que se imparte en 27
centros penitenciarios, de acuerdo a las mismas
fuentes. |
HUELVA.
Un recluso que cumplía condena en el centro
penitenciario de Huelva, un joven de origen marroquí
de 23 años cuya identidad responde a las iniciales
M. E., fue encontrado ahorcado hace dos días en su
celda. No se escuchó ni se sintió nada. Su cadáver
fue encontrado a las 08.00 de la mañana por los
funcionarios que trabajan en el módulo en el que
estaba internado, un módulo cerrado y vigilado.
Según fuentes consultadas por este diario, el
interno pudo haber utilizado un cinturón para acabar
supuestamente con su vida (o con la intención
inicial de llamar la atención), en cualquier caso
una muerte bajo custodia del Estado que ya investiga
el Juzgado de Guardia y por el que Instituciones
Penitenciarias ha abierto un informe interno.
El recluso, que se encontraba en primer grado (al
que se aplican normas de régimen cerrado), había
llegado a la macrocárcel onubense hace varios meses
procedente del centro sevillano con un amplio
historial de sanciones y aquí en Huelva no modificó
su comportamiento, protagonizando numerosos
incidentes y peleas. Desde el centro penitenciario
se dio aviso del suceso a la Guardia Civil y al
juzgado, que investiga el caso.
A lo largo del pasado año, según el informe de la
Coordinadora contra la Tortura, al menos 115
personas murieron en 2006 cuando se encontraban bajo
custodia de funcionarios de policía o de
Instituciones Penitenciarias. En el periodo 2001 a
2006, según la misma asociación al menos habrían
muerto 401 personas cuando se encontraban bajo
custodia del Estado. El caso de fallecimientos bajo
custodia ha de tenerse en cuenta, según la
Coordinadora Contra la Tortura, las dificultades de
la asociación para obtener la información necesaria. |
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Insultó y golpeó en repetidas ocasiones a dos
funcionarios con una silla. La Fiscalía de la
Audiencia Provincial reclama dos años de cárcel para
un interno del Centro Penitenciario de Alcolea por
un supuesto delito de atentado que se remonta al 8
de mayo del año pasado. Según relata el fiscal en su
informe provisional de acusación, el suceso tuvo
lugar cuando los funcionarios procedían al cierre de
las celdas. En ese momento, el procesado se dirigió
a ellos con insultos y amenazas, alentando a los
demás reclusos a montar "un plante y pegar fuego al
módulo".
Tras insultarlos, el acusado cogió una silla y
arremetió contra los funcionarios repetidamente,
llegando incluso a tumbarlos en el suelo, informa el
fiscal. |
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El
Puerto, la ciudad que más incidencias registró |
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26/08/07 |
| Las lluvias comenzaron a
primera hora del día. En la ciudad la media de pluviosidad
superó los 45 litros por metro cuadrado, registrándose el
punto más alto sobre las 9.00 horas, llegándose a recoger
hasta 164 litros por metro cuadrado. Varias barriadas de El
Puerto sufrieron incidencias, como en el barrio de Sudamérica,
donde varias familias tuvieron que achicar agua durante todo
el día. En la Florida dos coches quedaron encayados en un
socavón. |
La mañana de ayer en El Puerto se presentó
complicada desde muy temprano.
Ya a primera hora comenzaron a caer pequeños
chubascos que no parecían tener demasiada
importancia, pero a partir de las 9.00 horas la cosa
empezó a empeorar. Justo en ese momento fue cuando
se registró el índice máximo de pluviosidad.
Concretamente fue a las 9.12 horas, donde se llegó a
recoger 164,6 litros por metro cuadrado.
El centro penitenciario Puerto II también sufrió las
consecuencias del fuerte temporal. La inundación
dentro de la prisión afectó principalmente al
pasillo de entrada al centro y sus instalaciones en
general como la cocina y la enfermería. Una
cuadrilla de internos tuvieron que levantar las
arquetas principales para poder verter las aguas
acumulada.
Varios patios se inundaron llegando el agua a los
pasillos más cercanos. Pero donde más agua se
acumuló fue en los polideportivos, que se encuentran
a un nivel más bajo que el resto de instalaciones,
formando verdaderas piscinas. Los alrededores de los
pabellones también se inundaron, las arquetas
estallaron debido a la presión del agua y todo el
entorno se inundó de aguas fecales. Una denuncia
interpuesta en numerosas ocasiones por
ACAIP.
Cada vez que llueve de una forma importante, la
arqueta de conducción de aguas fecales de Puerto I y
II revienta al principio de las viviendas de
Funcionarios, recorriendo todos los excrementos,
jabones, grasas, etc por todo el complejo
Penitenciario depositándose al final de ellos, pero
como el paso de aguas por debajo de la carretera
A-2.0078 es muy escaso, dichos residuos fecales se
depositan tanto en los jardines como en las
viviendas de los funcionarios mas cercanas a la
carretera, con el consiguiente mal olor y peligro
para contagio de cualquier tipo.
|
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Zaragoza.- La población de las prisiones aragonesas
ha aumentado un 10,92% desde la primera semana de
enero hasta la pasada de este mes de agosto de 2007,
mientras que en el mismo periodo, la media española
ha sido del 3,57%, según datos semanales
proporcionados por el Ministerio del Interior.
De los 2.324 presos que habitaban al inicio de 2007
las tres prisiones con las que cuenta Aragón (Daroca,
Zuera y Teruel), en la semana del 17 de agosto se
incrementaron hasta 2.578, lo que suponen 254
presidiarios más, que se traduce en un ritmo tres
veces superior a la media nacional. Esta población
es similar a la de Castilla- La Mancha, Comunidad en
la que, sin embargo, existen seis centros
penitenciarios repartidos entre sus cinco
provincias. Además, el incremento experimentado en
esta región ha sido únicamente de 95 reclusos.
Los porcentajes, sin embargo, no son comparables con
ninguna otra comunidad de España. En Madrid, con el
doble de centros penitenciarios que Aragón, el
incremento en los primeros ocho meses del año ha
sido de 1,12%, prisiones en las que incluso han
logrado reducir sus reos preventivos la proporción a
-7,87%.
Cabe recordar que la prisión preventiva o prisión
provisional es una medida cautelar de carácter
personal que afecta el derecho de libertad personal
durante un lapso de tiempo más o menos prolongado.
Cuando se dicta la prisión preventiva, el imputado o
acusado de un delito es obligado a ingresar en
prisión, durante la investigación criminal, hasta la
celebración del juicio.
Las Comunidades con mayor número de cárceles son
Andalucía y Cataluña, en este segundo caso su
administración es competencia del Departamento de
Justicia de la Generalitat. Ambas disponen de doce
centros penitenciarios en su territorio. En el caso
de Andalucía, se podría pensar que el incremento de
delitos de “guante blanco” que acaparan las primeras
de los medios de comunicación, tiene su reflejo en
un aumento considerable de su población
penitenciaria. Sin embargo, el 4,62% se queda lejos
del 10,92% de Aragón, con nueve cárceles menos.
Masificación
Según el sindicato Acaip, la macrocárcel de
Zuera dispone de 1008 celdas funcionales, pero su
ocupación media real es de 1600. Las celdas
funcionales son todas aquellas donde el interno vive
de forma continuada. Por tanto, no se tienen
computadas las plazas existentes en dependencias
como: enfermería, aislamiento e ingresos y tránsitos
que se ocupan por un periodo determinado. En el caso
de Daroca rondarían las plazas funcionales es de 322
y en Teruel el número de internos ronda los 183.
Desde la puesta en marcha de la macrocárcel de Zuera
en 2001 hasta 2005, el incremento de su población
presa fue del 155,52%, según un informe de esta
asociación. Otro dato que destaca de este estudio es
que el grado de reincidencia de los presos
condenados en las prisiones de Aragón, estaba
entonces 12 puntos porcentuales por encima de la
media a nivel nacional. |
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Gallizo insta a las CCAA a que, antes de pedir la competencia
de Prisiones, colaboren en la ubicación de cárceles |
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27-08-07 |
| La directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reclama a las
comunidades autónomas colaboración para la localización de
espacios y construcción de nuevos centros penitenciarios antes
de exigir la gestión de las prisiones. En una entrevista
concedida a Europa Press, Mercedes Gallizo afirma: 'Si hay
comunidades autónomas que tienen la preocupación de que cada
preso esté ubicado en su territorio, lo primero que deben
hacer es tener una posición colaboradora para que podamos
tener las infraestructuras precisas' |
Consultada por la inclusión en el nuevo Estatuto
canario, ahora en trámite parlamentario, de la
competencia de prisiones, Gallizo reconoce tener
'una espina clavada' dentro de su gestión con esta
comunidad autónoma.
Asegura que se planteó como 'prioritario' al
comienzo de la Legislatura la creación de nuevas
cárceles en el archipiélago y, sin embargo, 'está
resultando extremadamente dificultoso el disponer de
suelos, de ubicaciones donde podamos establecer esas
nuevas infraestructuras'.
En su opinión, una 'tarea previa' a todas las demás,
en este sentido, es que cada CCAA aborde con
'realismo' y con 'sentido de Estado' también la
necesidad de que 'existan estas infraestructuras que
permitan un cumplimiento en su territorio y en
condiciones de mayor dignidad en cuanto a las
instalaciones'. 'Creo que deberíamos centrarnos en
abordar este problema que, desde luego, es superior
a todos los demás'.
En cualquier caso, Mercedes Gallizo dejó claro que
el Ejecutivo no tiene ninguna intención prevista de
transferir esta competencia a las CCAA. En este
sentido, admitió que el Estado de las Autonomías
prevé que los estatutos puedan recoger como
competencias de las CCAA una serie de cosas y, en
este caso, 'no es anticonstitucional que una CCAA
quiera ejercer las competencias de las
administración penitenciaria, no de la política
penitenciara, que la establece el Estado, pero sí de
la administración de los centros penitenciarios'.
EL GOBIERNO NO PREVE CEDER LA COMPETENCIA
No obstante, apuntó que esta es una decisión de las
CCAA el incluirlo o no en sus estatutos, pero 'otra
cosa es que el Gobierno tenga la intención de
producir un proceso de transferencias de la
Administración Penitenciaria a las CCAA que no entra
dentro de los planes previsibles del Gobierno'.
Argumentó que, para iniciar un proceso de
transferencias es necesario también que se dé un
proceso negociador que compete a las dos partes y
'por parte del Estado, en este momento, se valora
que es más eficaz y más razonable que esta
competencia la siga administrando la Administración
General del Estado'.
Recordó que la CCAA de Cataluña cuenta con esta
competencia desde hace 20 años y la está
desarrollando con 'total normalidad y eficiencia'.
Pero, matizó, que en este momento el Ejecutivo no
contempla transferir la competencia a otras CCAA.
Así, precisó que en ello se valoran cuestiones como
la situación y la coyuntura, el peso que las
políticas de seguridad tienen en este momento dentro
de la política penitenciara y de otros factores,
como el hecho de que en el mapa de las
infraestructuras penitenciarias no se corresponde
con las necesidades de cada CCAA.
Este último, dijo, es un elemento muy importante,
porque, afirmó, hay CCAA que tienen un número muy
importante de personas condenadas que no pueden
cumplir condena en su CCAA porque no hay
infraestructuras suficientes. |
Instituciones Penitenciarias Españolas ya tiene un
nuevo vestuario corporativo -para acceder al
catálogo completo pinche aquí-, pero el
uniforme no es de la satisfacción de los
funcionarios de prisiones. El motivo es que el
emblema de Instituciones Penitenciarias está bordado
y ello podría poner en peligro la seguridad de los
trabajadores en sus horas extralaborales, advierten.
El nuevo uniforme, aseguran fuentes afectadas a El
Confidencial Digital, “identifica demasiado” a los
funcionarios. A partir de ahora, remarcan, fuera del
trabajo “podremos ser reconocidos fácilmente”. Hasta
ahora, el escudo estaba superpuesto con elementos
adhesivos, por lo que resultaba más sencillo, por
ejemplo, retirarlo cuando se colgaba la ropa en los
tendederos. “Con el nuevo uniforme se compromete
nuestra seguridad”, lamentan.
Respecto a la composición del nuevo equipamiento,
desde Instituciones Penitenciarias se congratulan al
menos de que es “más moderno y cómodo”.
La implantación de este nuevo uniforme será
obligatoria para los funcionarios a partir del
próximo 1 de enero de 2008.
Vea a continuación algunas imágenes del catálogo del
nuevo ‘atrezzo’ que vestirán los funcionarios de
prisiones:
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El Estado tendrá que responder por la
muerte de un preso internado en el centro
penitenciario de Huelva que falleció de sobredosis
después de consumir un cocktail de drogas. La
sentencia de la Sección 5 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
llega después de más de tres largos años de lucha en
los tribunales por parte de la familia del interno,
para conseguir que la Justicia se pronunciara sobre
la responsabilidad de la Administración.
La Audiencia Nacional califica de "antijurídica"
la actuación administrativa en este caso y subraya
que "no se adoptaron medidas de vigilancia respecto
al interno para detectar la posible tenencia de
drogas", teniendo en cuenta -remarca- que sólo
cuatro meses antes del fallecimiento el mismo
interno había sufrido un episodio similar del que
salió con vida.
En la sentencia se detallan las sustancias
encontradas en la sangre del recluso, que se sumaron
con un efecto mortal. Los análisis toxicológicos
detectaron la presencia del "principal componente
activo de la planta cannabis sativa y de su
metabolito", además de metadona (llevaba menos de un
mes en tratamiento) "en concentración superior al
intervalo de concentraciones terapéuticas e inferior
a la concentración más baja capaz de producir la
muerte, en individuos sometidos a tratamiento
sustitutivo al consumo de heroína". El interno había
consumido una tercera sustancia, un fármaco (Alprazolam)
que, según las analíticas, se encontraban dentro del
intervalo de concentraciones terapéuticas en
muestras de sangre.
La Sala señala que la intervención de la propia
víctima para causarse la muerte no es suficiente por
si sola, según la jurisprudencia en la materia, para
excluir la responsabilidad de la Administración
cuando junto con esa conducta existe también una
deficiencia o un cierto elemento de anormalidad en
la actuación administrativa por irregularidades en
el deber de vigilancia de los detenidos o presos,
concurriendo en ese caso -aclara- "la culpa de la
víctima y la responsabilidad de la Administración.
"Si bien se puede considerar adecuado el
tratamiento médico dispensado al interesado
(incluido en el programa de mantenimiento de
metadona, que asimismo seguía tratamiento con rexer
y stilnox prescritos por el psiquiatra), no consta
-afirma- se adoptaran en relación a dicho interno
medidas de vigilancia para detectar la posible
tenencia de drogas teniendo en cuenta que el 9 de
junio de 2003 ya sufrió un episodio similar".
En contra de lo que durante el proceso mantuvo el
Ministerio de Interior, la Audiencia Nacional
destaca que en el análisis toxicológico no sólo se
halló metadona en una dosis no letal sino también
cannabis. "Ciertamente, consta en el expediente que
en el centro penitenciario se adoptaron medidas
genéricas para evitar la entrada de droga en el
mismo pero no se aprecia se adoptaran medidas
especialmente intensas en relación al recurrente
teniendo en cuenta sus antecedentes".
Tras la muerte del interno, la familia recurrió
ante el Ministerio de Interior, que desestimó la
solicitud de indemnización alegando que "no se
observó ningún elemento de anormalidad en la
actuación de los servicios penitenciarios, tanto
respecto a la asistencia prestada a la problemática
toxicológica del interno ni en cuanto al deber de la
Administración penitenciaria de impedir la entrada y
circulación de drogas en el interior de la prisión",
argumentos que desecha la Audiencia Nacional, al
declarar que la actuación de la Administración no
fue correcta. |
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29/08/07 |
| El programa evitará el traslado
programado de reclusos |
El sindicato de funcionarios de prisiones
ACAIP
denunció ayer que el convenio para que los
internos de la prisión de Picassent reciban
asistencia sanitaria en la cárcel sin tener que ser
trasladados al Hospital General lleva más de siete
meses sin aplicarse.
ACAIP hizo esta denuncia en un comunicado
emitido después de que el pasado día 21 se fugara un
preso de Picassent cuando era trasladado al Hospital
General tras manifestar que se había tragado varias
pilas y cuchillas de afeitar.
El sindicato criticó que el subdelegado del Gobierno
en Valencia, Luis Felipe Martínez, anunciara que el
convenio, firmado el 17 de enero por la Conselleria
de Sanidad y la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, se ejecutará en los próximos meses.
ACAIP destacó que el convenio “evitaría las
salidas programadas, pero en ningún caso las
consideradas como urgencias”.
El citado convenio se circunscribe a las consultas
de Especialidades y al área de Diagnóstico y
Protección Radiológica, según ACAIP.
Asimismo destacó que más de siete meses después de
la firma del convenio, todavía no se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado, mientras que en
Extremadura se publicó en el BOE el 26 de junio. |
Según informó hoy en un comunicado
la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip),
sindicato mayoritario en el Centro Penitenciario de
Córdoba y en el sector de Instituciones
Penitenciarias, el suceso se produjo en el referido
módulo 14, 'en el que se encuentran los internos
que, pese a encontrarse en segundo grado, requieren
un mayor control, debido a su trayectoria
penitenciaria o delictiva'.
Sobre las 19.00 horas, los
funcionarios de servicio en dicho módulo se
percataron del alto grado de excitación de un
interno y procedieron inmediatamente a separarlo del
resto de presos, 'para evitar que ocurriera algo mas
grave'.
Seguidamente, otro interno, 'de
los que lideran el módulo', comenzó a insultar y
amenazar 'a los funcionarios y a los internos que no
estuvieran dispuestos a secundarle para amotinarse'.
Al percatarse de ello, 'los funcionarios de servicio
en dicho módulo y pese a que este hecho suponía un
grave peligro para su vida, accedieron
inmediatamente a la zona', para aislar también a
este otro interno, pero entonces fueron 'fuertemente
golpeados' por otros presos, que también les
amenazaron con expresiones como, 'vamos a reventar
esto y de aquí no vais a salir ni uno vivo', o 'el
día que salga a la calle os voy a rajar'.
Como consecuencia de la agresión,
cuatro funcionarios 'resultaron con múltiples
contusiones y hematomas en distintas partes del
cuerpo, teniendo que ser atendidos por los servicios
sanitarios del Centro Penitenciario', no siendo peor
el resultado, según Acaip,
ya que, 'afortunadamente', la acción violenta sólo
fue protagonizada por 'unos pocos internos, acabando
en aislamiento cuatro de ellos'.
FALTA DE MEDIOS.
A juicio de
Acaip, situaciones
como ésta demuestran 'la escasez y lo inapropiado de
los medios existentes en los centros penitenciarios
españoles para intentar abortar este tipo de
incidentes, como ocurre igualmente en el caso del
Centro Penitenciario de Córdoba, de forma que se
pudieran llevar a cabo las actuaciones necesarias
para una intervención rápida y con garantías'.
A este respecto, el sindicato penitenciario afirmó
que no se dispone de 'personal suficiente, ni éste
ha tenido una preparación para actuar en estos
casos, ni se cuenta con material moderno, para poder
afrontarlos con las mínimas garantías', ya que, de
hecho, 'los funcionarios de prisiones realizan su
trabajo diario, en contacto directo con los
reclusos, portando únicamente un bolígrafo'.
Ello se debe a que 'el material de protección suele
estar en dependencias distintas a los edificios
modulares donde se trabaja directamente con los
internos, no pudiéndose utilizar sin la debida
autorización, por lo que, en el caso de incidentes
como el que se ha producido en el Centro
Penitenciario de Córdoba, se tarda mas en ir a
buscarlos a estas dependencias y en solicitar la
autorización, de lo que determina el mas elemental
sentido de la lógica'.
Además, cuando en determinados
casos se autoriza la existencia de este tipo de
material de protección en algún departamento, 'se
trata únicamente de alguna porra o escudo, con lo
que los funcionarios deben de enfrentarse, como en
este caso, a internos que portan armas, algunas de
las cuales han sido fabricadas y afiladas en los
propios talleres de los centros, con lo que son
realmente peligrosas'. MASIFICACIÓN.
Por otro lado, desde el sindicato
Acaip se criticó
también la 'elevada masificación' que sufre la
prisión cordobesa, 'con una población reclusa de mas
de 1.800 internos, pese a que la dotación de celdas
funcionales existentes solamente está diseñada para
albergar a 1.008'.
Ello supone 'un gravísimo
problema' a la hora de contar con 'unas mínimas
garantías de seguridad', tanto para los funcionarios
de prisiones, cuya plantilla se considera
insuficiente por Acaip,
como para los reclusos no violentos, 'y ello ha
quedado suficientemente demostrado en el desarrollo
y desenlace de este incidente' |
Llegan cambios a la cárcel de Los Rosales. La marcha
del hasta ahora director de la penitenciaría, Ayax
Murillo, por motivos personales provocará un cambio
en una cúpula directiva que se ha caracterizado por
un enfrentamiento parcial y por temporadas con los
sindicatos, en especial con
Acaip.
Murillo pasará a trabajar en la cárcel de Huelva,
intercambiando su puesto con el actual subdirector
de dicha penitenciaría, que será quien se haga cargo
de las riendas de Los Rosales.
El delegado del Gobierno, García Arreciado, ha
aceptado la renuncia de Murillo, con cuya gestión
estaba acorde, atendiendo su marcha a una petición
de traslado |
El
delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma, ha decidido
impugnar y solicitar la suspensión
cautelar de los acuerdos que los
ayuntamientos de Hernani (Guipúzcoa)
y Elorrio (Vizcaya), gobernados
ambos por ANV, aprobaron en julio
para crear una comisión de apoyo a
los presos etarras y otra de ayuda a
sus familias, respectivamente.
La Delegación del
Gobierno ya solicitó
el mismo julio las
actas de los plenos
en las que se aprobó
la formación de
ambas comisiones con
los votos a favor de
ANV, la abstención
de PNV, EA y EB y la
oposición de
socialistas y PP. El
12 de julio, el
Ayuntamiento de
Hernani aprobó la
creación de una
comisión con el
objeto de recopilar
información sobre
los presos de dicho
municipio
guipuzcoano "para
analizar su
situación y el nivel
de violación de sus
derechos". El
alcalde de Elorrio,
Nico Moreno, anunció
que su consistorio
había creado "una
comisión de
represaliados para
velar por la
situación de los
familiares de presos
de ETA y su
entorno". [El
Boletín Oficial del
País Vasco
publicó ayer la
concesión de
subvenciones a
varias
organizaciones
sociales, incluyendo
sendas por 12.000 y
16.000 euros,
respectivamente, a
la Asociación Contra
la Tortura (TAT) y
el colectivo de
familiares de presos
de ETA Etxerat].
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Aumenta la población interna y el número de sucesos,
pero no los medios existentes en los centros
penitenciarios para “intentar abortar” motines y
agresiones. La Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) tildó ayer
de “escasos” e “inapropiados” los recursos que los
funcionarios tienen a su disposición para que las
actuaciones sean “rápidas y con garantías”.
El sindicato denunció que el material de protección
suele estar en dependencias distintas a los
edificios modulares donde se trabaja directamente
con los internos y, además, “no se pueden utilizar
sin autorización”. Así que “se tarda más en ir a
buscar el material a las dependencias y en solicitar
el permiso de lo que determina el más elemental
sentido de la lógica”, criticó el colectivo de
funcionarios.
En ocasiones, se da permiso a los trabajadores para
que porten “alguna porra o escudo”, pero deben
enfrentarse a internos que llevan “armas fabricadas
y afiladas en los propios talleres del centro, con
lo que son realmente peligrosas”.
Acaip criticó
que Instituciones Penitenciarias no autoriza la
tenencia de esprais lacrimógenos en los módulos, un
recurso que “podría ser utilizado con urgencia” en
motines como el del lunes.
A la falta de medios, se suma el aumento de las
tareas asignadas a los trabajadores. Según el
sindicato, “el área de tratamiento se ve obligada a
dedicar la mayor parte de su tiempo a las tareas
burocráticas, cuyas exigencias son cada vez
mayores”. También hay problemas en el área
sanitaria, que “se encuentra desbordada al tener que
atender a un elevado número de reclusos con
importantes problemas de salud, tanto físicos como
psíquicos”. Capítulo aparte merece la atención que
ha de prestarse a los brotes psicóticos, que “son
incapaces de convivir con el resto de reclusos”.
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El sepelio en Granada de Jerónimo R. R., de 66 años,
fue una paradoja póstuma: después de pasar la mayor
parte de su vida al margen de la ley y el Estado,
fue una administración estatal, Instituciones
Penitenciarias, la que corrió con los gastos de su
entierro.
Al final de la escapada sólo estuvo una vieja
conocida: la cárcel, en este caso, el presidio de
Albolote, donde ingresó el pasado mes de junio tras
perpetrar en Motril el que, a la postre, sería su
último atraco.
Apenas dos meses después, Jerónimo puso fin a sus
días ahorcándose en la celda que ocupaba en el penal
granadino. Murió solo y recibió sepultura solo.
Ningún familiar se decidió a hacerse cargo del
cadáver. Sus parientes -que, al parecer, residen en
Madrid- debieron enterarse por los medios de
comunicación del suicidio de Jerónimo y se
interesaron por lo ocurrido. Sin embargo, no
reclamaron los restos mortales del difunto y fue la
prisión la que asumió el funeral.
Jerónimo, que había nacido en Almuñécar pero se crió
en la capital de España, yace en tierra granadina.
Era el punto y final a una carrera criminal que se
había prolongado durante casi medio siglo. El
fallecido cometió sus primeros delitos graves recién
salido de la adolescencia y el último, cuando ya
había sobrepasado la edad de jubilación: con 66
años. No debe de haber muchos historiales así. Ni
siquiera el mismísimo Jaime Jiménez Arbe, alias 'El
Solitario', se aproxima a esa insólita marca. De
hecho, Jiménez Arbe, de 'solamente' 51 años, pensaba
retirarse e irse a vivir a Brasil cuando fue
detenido en Portugal con las manos en la masa.
El arma de la experiencia
A Jerónimo quizá alguna vez se le pasó por la
cabeza esa posibilidad, pero lo cierto es que no lo
hizo. Puede que no le diera tiempo, quizá el de
Motril iba a ser uno de sus últimos golpes (días
antes habían actuado, presuntamente, en Almería, El
Ejido, Almuñécar...), pero nada salió bien y fue
detenido a tiros junto a un compinche diez años más
joven que él.
Jerónimo, que hirió y fue herido en la refriega con
las Fuerzas de Seguridad del Estado, era un tipo
duro, arisco y, según la Policía, «muy peligroso»
(siete personas, entra ellas él y cuatro policías,
acabaron en el hospital con impactos de bala en sus
cuerpos: una auténtica batalla).
Su dilatadísima experiencia era, seguramente, su
mejor arma. Conoció la prisión por primera vez
cuando a Franco aún le quedaban unos cuantos años
por vivir.
La muerte del dictador supuso su excarcelación. Los
presos comunes no quisieron ser menos que los
llamados 'políticos' y exigieron la amnistía.
Jerónimo fue uno de los reclusos que acabaría
beneficiándose de esa medida de gracia
extraordinaria.
Libre y sin pasado
Salió a la calle y sin pasado: el indulto
supuso la cancelación de todos sus antecedentes
penales (de ahí que su expediente estuviera limpio
cuando cayó en Motril). Corría el año 1977 y
Jerónimo era, oficialmente, un hombre nuevo.
Jerónimo volvería ser noticia poco después... y por
nada bueno otra vez. No había cambiado. Seguía
siendo el mismo..., aunque algo más experimentado.
En 1984, cumplía condena en un penal suizo por
tráfico de drogas e intento de homicidio. En su
cabeza bullía la idea de fugarse y lo consiguió.
Junto a otro interno también de nacionalidad
española, escapó llevando como rehén a uno de los
proveedores del centro penitenciario. Hubo un
tiroteo y un policía resultó muerto.
No fue detenido y nada más se supo de él hasta que
reapareció en Motril.
Los investigadores de las Fuerzas de Seguridad están
convencidos de que, durante todo ese tiempo,
Jerónimo siguió perpetrando atracos aquí y allá. Era
su especialidad.
Sin compañía
Sus conocimientos no le sirvieron para eludir
el cerco policial en Motril. Recibió un balazo en el
pecho, pero se recuperó en pocos días. Un tipo duro
de verdad.
Jerónimo fue conducido entonces al presidio
provincial de Albolote. Allí no se relacionó con
nadie. Su carácter era fuerte, desabrido, violento.
No tenía compañía en la celda. Estaba solo. Era lo
más seguro. El veterano atracador era hombre de muy
pocas palabras, pero de hechos contundentes. Ahí
estaba su extenso currículo para demostrarlo. Así
que lo mejor era que estuviera solo. Su perfil no
era el de una persona que tiene la intención de
suicidarse, pero quizá no pudo soportar la idea de
pasar también su vejez entre rejas. O puede que ya
no se viera con fuerzas para intentar fugarse y, con
la misma frialdad que atacó a otros, atentó contra
sí mismo |
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En la cárcel sin
comer |
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31-08-07 |
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Los
funcionarios de la prisión Villabona no pueden almorzar al
estar la cafetería cerrada por vacaciones Las normas impiden
salir del centro. |
La
cafetería cierra por vacaciones y los
funcionarios no tienen donde comer porque la
normativa interna vigente impide salir del
centro para desplazarse a un restaurante o al
domicilio. Esta es la realidad que se está
viviendo estos días en el centro penitenciario
de Villabona donde a los reclusos no les falta
su almuerzo mientras que el personal que realiza
turnos de día completo --entran sobre las 8,30
de la mañana y salen sobre las 9,30 de la
noche-- se ve obligado a tirar de fiambrera y
tuperware si no quieren hacer dieta
impuesta.
"Los propios trabajadores hemos tenido que
gestionar un servicio de catering de forma
provisional", informaron desde el sindicato
Agrupación de los Cuerpos de la Administración
de Instituciones Penitenciarias (ACAIP),
que arremetieron contra la falta de previsión de
la dirección que, se limitó, aseguran, a
plantearles como alternativa al almuerzo en la
cafetería las máquinas expendedoras de refrescos
y bollería destinadas a los familiares de los
internos y que se encuentran en la sala de
comunicaciones.
Las mismas fuentes señalan que se prevé una
temporada conflictiva porque las denuncias sobre
esta situación --que ya se vivió en mayo y junio
al abandonar la actividad la anterior
concesionaria--, han dado lugar a la apertura de
los primeros expedientes a funcionarios. "Esto
solo es la punta del iceberg", apuntan las
mismas fuentes que aseguran que son más de un
centenar de trabajadores los que se ven
afectados a diario y que no tienen más
alternativas que recurrir al bocata y al
picnic que comen las mismas oficinas. Eso o
traer la comida de casa y pelearse por un hueco
"en un pequeño comedor de unas ocho plazas que
no dispone de frigorífico y con un horno
microondas en mal estado", apuntan desde
ACAIP,
sindicato mayoritario.
El personal critica que en el pliego de
condiciones de la nueva concesión la dirección
no haya garantizado el servicio a la vista de
los precedentes. De momento ayunarán hasta el 3
de septiembre.
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acuerdo con el citado informe, basado en datos del
Ministerio del Interior, en el que no figuran cifras
de Cataluña, donde más intervenciones de drogas se
produjeron fue en las cárceles de Andalucía, con
557, seguida de Comunidad Valenciana (377), Madrid
(149), Castilla y León (108), Galicia (91), Aragón
(78), Canarias (64) y Castilla-La Mancha (58).
Además, ACAIP explica que en el País Vasco se
realizaron 50 intervenciones, en Cantabria 26, en
Ceuta 24, en Baleares 16, en La Rioja 14, en Melilla
11, en Murcia 10, en Extremadura 3 y en Asturias
únicamente 2.
En cuanto a las prisiones donde más intervenciones
se produjeron destacan: Alicante II, con 145,
seguida de Valencia (130), Cádiz-Puerto II (121),
Córdoba (115) y Alicante Cumplimiento (100).
Para esta agrupación, «llama la atención las pocas
intervenciones que se reflejan en algunos centros»,
cuyos responsables «tratan de ocultar la realidad».
El informe de este colectivo considera que la
intención de los responsables de los centros
penitenciarios que supuestamente ocultan la
existencia de droga en las cárceles es «hacer ver a
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
que su centro es modélico, que no hay droga, que no
hay conflictividad. Por un lado, se mantiene la
prohibición del consumo, pero por otro se facilita a
los reclusos que así lo deseen jeringuillas para
poder consumirla». |
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Las cárceles de la provincia se situaron durante
2006 como los centros penitenciarios españoles en
los que más decomisos de drogas se realizaron a
presos. En total, los funcionarios practicaron 245
incautaciones, 145 en la prisión de Villena y 100 en
la de Fontcalent. Estos datos, facilitados por el
Ejecutivo central en una respuesta parlamentaria,
sitúan al penal del Alto Vinalopó como el primero de
todo el país en aprehensiones. El de Fontcalent, por
su parte, es el quinto de la lista con la cifra más
alta de todo el país. En la de Castellón tan sólo
hubo una intervención. Tras la Comunidad, la otra
autonomía que ha registrado un mayor número de
aprehensiones es Andalucía. Las cárceles de Cádiz,
Córdoba, Málaga, Almería y Algeciras también se
encuentran en los primeros puestos de la lista.
Al respecto, la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
denunció ayer la «postura cínica» que mantiene la
Administración penitenciaria por «renunciar a la
lucha contra la entrada de droga en las cárceles»,
en las que el pasado año se produjeron 1.644
incautaciones. Y es que, en su opinión, los datos
facilitados no son reales, ya que son muy inferiores
a los facilitados en el informe.
Sobre el estudio de intervenciones de droga en los
centros penitenciarios durante 2006, basado en datos
del Ministerio del Interior y que INFORMACION
publicó el pasado 18 de junio, el sindicato
manifestó que «llama la atención las pocas
intervenciones que se reflejan en algunos centros»,
cuyos responsables «tratan de ocultar la realidad»,
según el comunicado de
ACAIP hecho público ayer.
Asimismo, el sindico insistió en el «cinismo» de la
Administración que «por un lado mantiene la
prohibición del consumo, pero por otro facilita a
los reclusos que así lo deseen jeringuillas para
poder consumirla».
a falta de vigilancia en la entrada principal de la
cárcel de Fontcalent, información que ayer publicó
este periódico, no es nada nuevo para los
trabajadores de la prisión, que han observado cómo
en los últimos cuatro meses se podía entrar a la
cárcel a determinadas horas sin pasar ningún tipo de
control desde que la Guardia Civil dejó de vigilar
la garita de entrada de vehículos. Por ello,
personal del centro penitenciario con el que este
periódico ha contactado considera necesario que el
Instituto Armado retome la seguridad al considerar
que durante unas horas el acceso es un «coladero» y
que «tras la ruptura de la tregua de ETA» el riesgo
de sufrir una acción es mayor.
Según señalaron las mismas fuentes, esta situación
se está produciendo desde hace unos cuatro meses
cuando, por falta de efectivos, la Guardia Civil
retiró a los hombres que tenía para este cometido.
No obstante, los trabajadores creen que en el tiempo
que ha transcurrido la Guardia Civil ya ha recibido
más personal «por lo que debería cubrir esta
función».
De hecho, los empleados explican que la garita de
entrada de vehículos no es una competencia de los
funcionarios de prisiones porque «pertenece al
perímetro exterior y eso es competencia de la
Guardia Civil».
Esta situación, según apunta el personal, ya se la
han hecho saber a la dirección del centro
penitenciario y, según informaron las mismas
fuentes, «el director trasladó el problema a
Madrid». Asimismo, aseguran que en la Subdelegación
del Gobierno conocen el problema desde hace meses y
que se comprometió a analizar y resolverlo «pero no
se ha producido ninguna novedad desde entonces y
todo sigue igual». «Las cosas no se resuelven y
durante unas horas se puede entrar a la cárcel» sin
pasar ningún tipo de control.
Sobre las consecuencias que puede acarrear la falta
de vigilantes en la entrada de la prisión de
Fontcalent, el personal considera que puede
conllevar riesgos muy elevados. Por una parte, «la
propia estructura de la prisión hace que haya una
zona de residencias y viviendas donde viven
trabajadores», un riesgo para las familias que están
ahí. Por otra parte, las fuentes consultadas creen
que el riesgo se ha elevado «tras la ruptura de la
tregua de ETA», ya que, como recuerda el personal,
«hay varios etarras en nuestras celdas».
Sin riesgos Por otro lado, fuentes de la Guardia
Civil explicaron ayer a este periódico que «se está
estudiando la situación y buscando soluciones» para
este caso en particular. No obstante, minimizaron el
riesgo de esta deficiencia de personal de seguridad
a la entrada de la cárcel al asegurar que esta
situación «sólo se produce durante una franja
horaria breve» y que «constantemente hay patrullas
custodiando la zona». |
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Las cárceles de la Comunitat Valenciana, además de
ser de las más masificadas del territorio nacional,
cuentan con otra lacra: están a la cabeza en cuanto
a la cifra de drogas intervenidas.
Así se desprende de una estadística de la Agrupación
de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip).
Aunque sin datos de Cataluña, el informe destaca que
donde más confiscaciones de estupefacientes se
produjeron fue en las cárceles de Andalucía, con
557, seguida de la Comunitat Valenciana (377),
Madrid (149), Castilla y León (108), Galicia (91),
Aragón (78), Canarias (64) y Castilla-La Mancha
(58).
Alicante II y Picassent
Las dos prisiones en las que se produjo un mayor
movimiento de estupefacientes están también en la
región. Se trata, según
Acaip, de Alicante II –con 145 casos de
droga descubierta– y el establecimiento de Picassent
(130 intervenciones). La estadística resalta además
las confiscaciones llevadas a cabo en Cádiz-Puerto
II (121), Córdoba (115) y Alicante Cumplimiento
(100).
Acaip denuncia la “postura cínica” que a su juicio
mantiene la Administración penitenciaria, “por
renunciar a la lucha contra la entrada de droga en
las cárceles”. En todos los establecimientos
penitenciarios españoles se produjeron el pasado año
se produjeron 1.644 incautaciones.
El “cinismo” que Acaip
reprocha a la Administración
penitenciaria consiste en que, por un lado, esta
“mantiene la prohibición del consumo, pero por otro
facilita a los reclusos que así lo deseen
jeringuillas para poder consumir la droga por vía
intravenosa”.
La agrupación resalta las “pocas intervenciones” de
estupefacientes reflejadas en algunas de las
prisiones, algo que Acaip interpreta como una
“ocultación de la realidad” para que los
responsables de las cárceles de una imagen
“modélica” de estas. |
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Un informe difundido por la Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (ACAIP)
revela que el pasado año se efectuaron 78
intervenciones de droga en las cárceles de Aragón.
La asociación denunció ayer la "postura cínica" que
mantiene la Administración penitenciaria por
"renunciar a la lucha contra la entrada de droga en
las cárceles españolas", en las que el pasado año se
produjeron 1.644 incautaciones.
De acuerdo con el citado informe, basado en datos
del Ministerio del Interior, en el que no figuran
cifras de Cataluña, donde más intervenciones de
drogas se produjeron fue en las cárceles de
Andalucía, con 557, seguida de Comunidad Valenciana
con 377, Madrid, con 149, Castilla y León con 108,
Galicia, con 91, Aragón, con 78, Canarias, con 64, y
Castilla-La Mancha, con 58.
En el lado opuesto, las comunidades con menos
intervenciones fueron País Vasco, que contó con 50,
Cantabria, con 26, Ceuta, con 24, Baleares, con 16,
La Rioja, con 14, Melilla, con 11, Murcia, con 10,
Extremadura, con 3 y Asturias, con 2. En cuanto a
las prisiones donde más intervenciones se produjeron
en este periodo destacan la Alicante II, seguida de
Valencia, Cádiz-Puerto II, Córdoba y Alicante
Cumplimiento, todas ellas con más de un centenar de
intervenciones.
Para esta agrupación, "llama la atención las pocas
operaciones que se reflejan en algunos centros con
la intención de ocultar la existencia de droga en
las cárceles para hacer ver a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias que su centro es
modélico". El "cinismo" que
ACAIP reprocha a la Administración
penitenciaria consiste en que "por un lado mantiene
la prohibición del consumo, pero por otro facilita a
los reclusos que así lo deseen jeringuillas para
poder consumirla por vía intravenosa".
ACAIP alerta de que con esta situación
cada día se pone "en grave peligro" la salud de los
trabajadores, que "corren riesgo de pincharse
accidentalmente con una jeringuilla usada o de que
esas jeringuillas se puedan utilizar para amenazar o
agredir a los funcionarios". |
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MADRID. La Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
ayer la «postura cínica» que mantiene la
Administración penitenciaria por «renunciar a la
lucha contra la entrada de droga en las cárceles»,
en las que el pasado año se produjeron 1.644
incautaciones.
Para esta agrupación, que ha elaborado un informe al
que ha tenido acceso Efe sobre las intervenciones de
droga en los centros penitenciarios durante el año
2006, basado en datos del Ministerio del Interior,
«llama la atención» las «pocas intervenciones que se
reflejan en algunos centros», cuyos responsables
«tratan de ocultar la realidad», según el colectivo
Acaip. El
informe de este colectivo considera que la intención
de los responsables de los centros penitenciarios
que supuestamente ocultan la existencia de droga en
las cárceles es «hacer ver a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que su centro es
modélico, que no hay droga, que no hay
conflictividad».
Contagio de enfermedades
El «cinismo» que Acaip
reprocha a la Administración
penitenciaria consiste en que «por un lado mantiene
la prohibición del consumo, pero por otro facilita a
los reclusos que así lo deseen jeringuillas para
poder consumirla por vía intravenosa». Añade el
comunicado que, aunque el suministro de jeringuillas
«está basado en una supuesta intención de reducción
del daño que supone el consumo de drogas, apoyado en
informes parciales y tendenciosos», se «ignoran»
otros estudios que «critican esta práctica, por no
haber conseguido reducir el contagio y la
transmisión de enfermedades».
Asimismo, Acaip
alerta de que en esta situación cada día se pone «en
grave peligro» la salud de los trabajadores de las
prisiones, que «corren riesgo de pincharse
accidentalmente con una jeringuilla usada o de que
esas jeringuillas se puedan utilizar para amenazar o
agredir a los trabajadores u otros internos».
En cuanto a las cárceles donde más intervenciones de
drogas se produjeron destacan Alicante II, con 145,
seguida de Valencia (130), Cádiz-Puerto II (121),
Córdoba (115) y Alicante Cumplimiento (100). |
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El portavoz de la Plataforma, Gustavo Gonzalo,
recordó que estas macrocárceles se construyen en
terrenos con orografía completamente llana, con gran
visibilidad y libre de arbolados en todo su entorno.
'La que se pretende construir en La Laguna tiene
todo rodeado de arbolado, un bosque frondoso, espeso
y además se cortarían, en caso de hacerla, casi seis
hectáreas de robles centenarios que se encuentran
dentro de las 36 hectáreas donde se pretende ubicar
el centro', denunció Gonzalo.
Gonzalo también recordó las declaraciones realizadas
en abril de 2006 en Teruel por la directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
en las que aseguró que 'no se podía hacer una cárcel
donde no hay población penada'.
En estos momentos, según las cifras de la
Plataforma, en el centro penitenciario de Soria hay
150 reclusos, de los que apenas 40 son de Soria.
Según el dossier entregado por la Plataforma, las
macrocárceles se construyen actualmente en lugares
retirados de las capitales, a una veintena de
kilómetros.
El lugar elegido por Instituciones Penitenciarias se
encuentra a poco más de un kilómetro del barrio de
Las Casas y dos kilómetros de la capital soriana.
Gonzalo criticó la falta de información hasta la
fecha por parte de Instituciones Penitenciarias y el
Ayuntamiento sobre este proyecto.
Sobre los 500 puestos de trabajo ofrecidos, la
plataforma los redujo a 250 después de descontar los
empleos existentes en la actual prisión.
La Plataforma también reclamó información sobre la
posible ubicación de un centro de inserción social
en el actual centro penitenciario, en el casco
urbano de la ciudad.
Sobre la alternativa propuesta por la asociación
ecologista ASDEN,-más cerca de la ciudad de Soria-,
Gonzalo consideró que supondría un mayor impacto
paisajístico, al situarse a apenas 800 metros del
barrio de Las Casas. |
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Un juzgado de Palma ha condenado a un recluso a una
pena de tres años de prisión por traficar con drogas
en la cárcel de la ciudad. El acusado, que ha sido
considerado responsable de un delito contra la salud
pública en centro penitenciario, además deberá pagar
una multa que asciende a 12.150 euros. Por su parte,
la madre del inculpado ha sido absuelta por la
magistrada del juzgado de lo penal número 5 de Palma
después de que la fiscalía retirara los cargos
contra ella.
El preso, de 41 años, fue sorprendido con varias
porciones de hachís y un centenar de pastillas
cuando salía de una habitación tras mantener una
comunicación familiar con su madre. Los funcionarios
le cachearon y él no opuso ningún tipo de
resistencia.
Los hechos enjuiciados ocurrieron el pasado 14 de
febrero de 2006 aproximadamente a las tres de la
tarde en una de las salas de la prisión de Palma en
las que se tienen encuentros con familiares. Según
se declara probado en la sentencia, el recluso,
siendo interno en el centro penitenciario, llevaba
escondidos en una mano dentro de unos preservativos
cien pastillas de Trankimazin y cinco trozos de
hachís al salir de una visita con su madre.
Distribuir la droga
El hombre iba a entregar dichas sustancias a una o
varias personas internas en el centro. Precisamente,
el valor del hachís intervenido era de 58,63 euros,
mientras que el valor del Trankimazin incautado en
el mercado ilícito era de 345,03 euros, según el
fallo.
El acusado admitió durante la celebración del juicio
que tenía en su poder dichas sustancias a la salida
de una de las salas de comunicaciones y que sólo una
parte de la droga intervenida iba a destinarla al
consumo propio. Por tanto, el resto iba a
introducirlo en las dependencias comunes del centro
penitenciario, según la sentencia.
El recluso también expuso que la droga estaba
escondida encima de un fluorescente en el baño de
las salas de visitas y que tenía el encargo de
hacérsela llegar a otro interno, cosa que no ha
podido ser probada debido a las "incomprensibles y
numerosas contradicciones" entre los funcionarios de
la prisión que declararon durante la vista oral. La
sentencia destaca que, tras la prueba practicada, no
se conoce la forma de entrada de la droga en la
prisión. No obstante, es claro que el procesado
colaboraba en el tráfico de drogas en el centro
penitenciario, lo que supone una agravación del
delito al tener lugar los hechos dentro de un
establecimiento penitenciario.
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El Gobierno ha llevado a cabo una intervención de
drogas en León, que se sitúa en séptima posición a
este respecto, por detrás de la prisión palentina de
Dueñas (38), Valladolid (37), Segovia (10), Soria
(10) y Topas (7).
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip)
denunció ayer la «postura cínica» que mantiene la
Administración penitenciaria por «renunciar a la
lucha contra la entrada de droga en las cárceles»,
donde el pasado año se produjeron 1.644
incautaciones.
Para esta agrupación, que ha elaborado un informe
sobre las intervenciones de droga en los Centros
Penitenciarios durante 2006, basado en datos del
Ministerio del Interior, «llama la atención» las
«pocas intervenciones que se reflejan en algunos
centros», cuyos responsables «tratan de ocultar la
realidad», según Acaip.
Centros «modélicos»
El informe de este colectivo cree que la intención
de los responsables de los centros penitenciarios
que supuestamente ocultan la existencia de droga en
las cárceles es «hacer ver a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que su centro es
modélico, que no hay droga, que no hay
conflictividad».
El «cinismo» que ACAIP
reprocha a la Administración penitenciaria consiste
en que «por un lado mantiene la prohibición del
consumo, pero por otro facilita a los reclusos que
así lo deseen jeringuillas para poder consumirla por
vía intravenosa». Añade el comunicado que, aunque el
suministro de jeringuillas «está basado en una
supuesta intención de reducción del daño que supone
el consumo de drogas, apoyado en informes parciales
y tendenciosos», se «ignoran» otros estudios que
«critican esta práctica, por no haber conseguido
reducir el contagio y la transmisión de
enfermedades». |
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Unos 25 niños que conviven con sus madres en la cárcel irán
a un campamento |
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03-09-07 |
| Un
total de 25 niños de hasta tres años de
edad que conviven con sus madres en centros penitenciarios
de Madrid, Valencia y Palma de Mallorca,
comenzarán este martes, 4 de septiembre, un
campamento de verano en Moraira que durará hasta el
próximo lunes 10 de septiembre. La ONG Fundación
Padre Garralda-Horizontes Abiertos, es la que
organiza esta actividad en colaboración con la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias |
Los pequeños, de hasta tres años de edad, conviven
con sus madres en centros penitenciarios de Madrid,
Valencia y Palma de Mallorca. Son niños que viven en
la cárcel con sus madres porque la legislación
actual permite que éstas puedan cuidar de sus
pequeños y convivir con ellos hasta que cumplan tres
años.
Las actividades en el campamento comienzan a las
9.30 horas y se desarrollan durante todo el día,
dentro de un programa que ha sido diseñado por un
equipo pedagógico compuesto por profesionales y
voluntarios.
En el campamento, los niños y sus madres tienen
acceso a un espacio donde puedan "desarrollar
aspectos positivos de la vida, la naturaleza y las
relaciones humanas". Además, los niños pueden jugar,
hacer amigos y disfrutar de una actividad típica de
verano para cualquier otro pequeño.
La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos
desarrolla varios proyectos con estos niños que
viven en las cárceles, así como con sus madres,
siempre en colaboración con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. Estos programas están
dirigidos a conseguir que los menores "puedan tener
acceso a un ambiente normalizado y a un desarrollo
formativo y personal acorde con su edad". |
Un
total de 11 reclusos de tres
cárceles de la comunidad valenciana
por casos de terrorismo de origen
islamista iniciaron el pasado sábado
una huelga de hambre para protestar
por lo que consideran una situación
injusta, ya que dicen que sobre
ellos pesan acusaciones falsas,
según ha podido saber ELPAIS.com.
Entre los 11 presos, que se declaran
inocentes, se hallan dos de los
principales implicados en el
atentado del 11-M: Hassan el Haski y
Otman el Gnaoui. Además, está
también Abdelkrim Bensmail, el
considerado lugarteniente de
Allekema Lamari (terrorista que se
suicidó en el piso de Leganés).
De los 11 presos
islamistas, cinco se
encuentran en la
prisión alicantina
de Villena (entre
ellos los dos
implicados en el
11-M y Bensmail),
cuatro en la de
Fontcalent
(Alicante) y el
resto en la de
Valencia. Todos
los huelguistas,
implicados en
sumarios distintos,
aunque todos ellos
por terrorismo
islamista, cursaron
la preceptiva
instancia a la
dirección de su
prisión comunicando
el inicio de la
protesta al
considerar que son
inocentes y que
pesan sobre ellos
acusaciones falsas
cuando son "personas
honradas".
Además de El
Haski y de El Gnaoui,
entre los reclusos
que han iniciado la
huelga de hambre
-aunque no de sed-
se encuentra
Abdelkrim Bensmail,
integrante del Grupo
Islámico Armado (GIA)
argelino, en prisión
desde 1997 y
procesado por la
llamada operación
Nova que
permitió
desarticular una
célula que preparaba
un atentado suicida
contra la sede de la
Audiencia Nacional.
El delegado del
Gobierno en la
Comunidad
Valenciana, Antonio
Bernabé, ha
explicado que las
direcciones
penitenciarias de
los centros en los
que se encuentran
estos reclusos han
activado el
protocolo de
asistencia sanitaria
con el objeto de
hacer un seguimiento
médico de los
mismos.
Por su parte, las
fuentes de
Instituciones
Penitenciarias
consultadas han
dicho que la
protesta es una
medida de presión
habitual en el
sistema
penitenciario que
sólo tiene por
objeto llamar la
atención
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El Gobierno dice que hay un periodo sin vigilancia en la
prisión de Foncalent |
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03-09-07 |
| La
subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares,
aseguró este lunes que "la seguridad" en el centro
penitenciario de Fontcalent "está garantizada", aunque
reconoció que "hay una franja horaria en que la en la garita
no hay ningún funcionario", situación que consideró
"necesario" solucionar "esta misma semana y de una vez por
todas" |
Al término del acto de homenaje ofrecido este lunes
en la Subdelegación del Gobierno al comisario jefe
provincial, José Luis Villalobos, quien pasó a la
situación de segunda actividad, a preguntas sobre la
presunta falta de vigilancia en algunos accesos al
recinto penitenciario, Llinares reconoció que "hay
una franja horaria, de entre media hora a una hora,
en que en la garita no hay ningún funcionario".
La subdelegada admitió que esta situación "no es una
cosa que nos guste", y apuntó que "se podría
solucionar poniendo cámaras de vigilancia".
Por ello, adelantó su intención de reunirse "esta
misma semana" con los mandos de la Guardia Civil y
con el director del centro penitenciario de
Fontcalent, para "solucionar eso". No obstante,
recalcó que "la seguridad está garantizada, dado que
la Guardia Civil está haciendo controles muy
exhaustivos por todo el recinto de Fontcalent".
"En este momento, en que la provincia se encuentra
en alerta, con tantísimos efectivos trabajando para
garantizar la seguridad ¿cómo se va a descuidar todo
ese recinto?", se preguntó la subdelegada, para
recalcar que "la seguridad se está garantizando pero
es verdad que ese tema puntual hay que solucionarlo
independientemente de que la responsabilidad sea de
Instituciones Penitenciarias o de la Guardia Civil". |
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04-09-07 |
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El
centro penitenciario para
drogodependientes, pendiente de
instalarse en Zamora desde la
aprobación del proyecto en los
Presupuestos Generales del Estado
del año pasado y al que
correspondería una dotación de
200.000 euros, no cuenta aún con
terrenos concretos para su
localización. La subdelegada del
Gobierno se ha mostrado cauta a la
hora de hablar de datos, pero ha
confirmado que se están llevando a
cabo diversos pasos para retomar la
cuestión cuanto antes. «Es un tema
que desde el Ministerio no se ha
paralizado en ningun momento, y me
consta que va para adelante, aunque
no querría aventurar nada concreto
sin disponer de más información».
La implantación del centro
penitenciario era uno de los asuntos
de mayor urgencia durante los meses
en que Chicote ejerció de
subdelegada en funciones, de manera
que ahora garantiza la máxima
celeridad para atajar cuanto antes
la construcción de la penitenciaría.
Ya ha tenido conversaciones con la
directora de la prisión de Topas, en
Salamanca, para ponerse de acuerdo
en las condiciones que deberá reunir
la prisión.
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La
huelga de hambre que
desde el pasado sábado
mantienen doce presos
islamistas de cuatro
centros penitenciarios
-tres de la Comunidad
Valenciana y el de Topas
(Salamanca)-, ha hecho
saltar las alarmas en el
Ministerio del Interior,
ya que por primera vez
hay datos objetivos de
que este colectivo, sin
duda especialmente
sensible para la
seguridad nacional, ha
comenzado a organizarse
y es capaz de preparar y
ejecutar una acción de
protesta de forma
coordinada. Las
características de la
revuelta hacen que los
responsables de
Prisiones sospechen que
los implicados «disponen
de algún tipo de apoyo
en el exterior», según
las fuentes consultadas
por ABC.
El primer examen de la
correspondencia de los
huelguistas no reveló
datos de interés para la
investigación, si bien
se ha decidido someterla
a un segundo análisis,
mucho más profundo, por
si se ocultaran en ella
mensajes en clave, a
través por ejemplo de
determinados versos del
Corán o de expresiones
comunes.
Igualmente se cotejan
todas las visitas que
han recibido los
internos, por si alguna
persona ha estado en los
últimos meses en todos
los centros
penitenciarios
implicados. Esta
posibilidad, sin
embargo, se considera
poco probable ya que ese
individuo sería
identificado
rápidamente, lo que
daría al traste con la
trama. Por ello, lo más
lógico, según las
citadas fuentes, es que
haya una persona
designada para cada
prisión que se encarga
de trasladar los
mensajes de la
organización a los
internos y los mensajes
de éstos al resto del
grupo.
La existencia de esa
organización que actúa
como centro de
coordinación en el
exterior de las cárceles
estaría también avalada
por el hecho de que
muchos de los
huelguistas no tienen
ninguna relación
aparente. Junto a tres
de los supuestos
cabecillas de la matanza
de Madrid -Hassan el
Haski, Otman el Gnaoui y
Youssef Belhadj- y un
miembro de la célula del
GIA liderada por
Allekema Lamari y que
declaró como testigo en
ese juicio -Abdelkrim
Bensmail- aparecen
individuos vinculados
con actividades de
financiación de Al Qaida
o con la red
desmantelada en la
«operación Tigris»,
dedidicada entre otros
delitos a enviar
mujahidines a Irak.
«Discriminaciones»
Por tanto, una acción
coordinada de todos
ellos sólo se explica si
hay un elemento
aglutinador en el
exterior; en otras
palabras, una
organización. «Los
presos árabes se quejan
muchas veces de que
sufren discriminaciones,
pero ese sentimiento no
es tan fuerte como para
aglutinar a ese
colectivo», afirman las
fuentes.
En el interior de las
cárceles, tal como
informó ayer ABC, parece
que son Hassan el Haski
y Abdelkrim Bensmail
quienes ejercen un
cierto ascedente sobre
el resto. El caso del
primero es especialmente
significativo ya que
vuelve a involucrarse en
una acción de este tipo,
pues lideró la huelga en
la que participaron 14
acusados de la matanza
de Madrid.
Los auténticos móviles
de la protesta -que en
sus escritos alegaran
que estaban encarcelados
sin pruebas y que eran
«honrados ciudadanos»-
no se conocen, pero las
fuentes consultadas
hacen hincapié en que
falta poco tiempo para
que se conozca la
sentencia del 11-M, que
sin duda será un
referente en la lucha
contra Al Qaida no sólo
en España sino en todo
el mundo. No se
descarta, pues, que la
red terrorista haya
ordenado a sus presos
movilizaciones para
tensar el ambiente hasta
que se conozca el fallo
de la Sala Segunda de lo
Penal de la Audiencia
Nacional, previsto para
octubre.
Uno de los aspectos de
la protesta que más ha
llamado la atención a
los responsables de
Prisiones es que los
escritos de los
huelguistas en los que
comunicaban a la
dirección de sus
respectivos centros
penitenciarios que iban
a comenzar una huelga de
hambre fueron enviados
distintos días y, sin
embargo, en todos ellos
eran similares las
justificaciones y
coincidían en el día que
fijaban para comenzar la
acción. «Es imposible
que eso sea una
casualidad», afirman las
fuentes.
Consideración aparte
merece el hecho de que
el periódico argelino
«El Khabar» ya anunciara
el domingo que un grupo
de presos argelinos -en
realidad hay siete
marroquíes, cuatro
argelinos y un turco-
estaban en huelga de
hambre en protesta por
su encarcelamiento. La
noticia había llegado
hasta allí el mismo
sábado, cuando ni
siquiera se conocía en
España, toda vez que no
fue hasta el pasado
lunes por la mañana
cuando se conoció la
dimensión exacta de los
acontecimientos. Y más
llamativo aún resultaba
que un denominado
presidente de la
Federación Europea de
Comunidades Argelinas,
Noureddie Belmedah,
confirmara al rotativo
la noticia y añadiera
además que desconocía
cómo se había podido
coordinar la protesta,
toda vez que los
reclusos estaban en
aislamiento y en
cárceles distintas. Los
investigadores están muy
interesados en conocer
cómo le llegó a él la
información del comienzo
de la huelga.
Exámenes médicos
En cuanto a la situación
de los presos, ayer no
se había producido
novedad alguna. Siguen
sin ingerir alimentos,
aunque sí líquidos, y
están sometidos a un
riguroso control médico
para evitar mayores
problemas. Ninguno de
ellos se ha negado a ser
atendido.
Fuentes de Instituciones
Penitenciarias, además,
no descartan que en los
próximos días más presos
islamistas se sumen a la
protesta, una vez que
han conocido la actitud
de sus compañeros. Sin
embargo, los
protagonistas de esas
posibles nuevas
adhesiones, en
principio, simplemente
se sumarían pero no
habrían participado en
la planificación de la
revuelta
|
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La
subdelegada del Gobierno en la provincia, Encarna
Llinares , dice lo único que puede decir en razón a
su cargo cuando se le pregunta acerca de la falta de
vigilancia en el acceso a la cárcel de Fontcalent:
que la seguridad está garantizada. Pero seguramente
no dice lo que piensa, y tal vez acuciada por ese
autoengaño a su propia inteligencia a renglón
seguido anuncia que va a convocar con urgencia a la
Guardia Civil, a la Dirección General de Prisiones y
hasta al lucero del alba si fuera necesario para
solucionar el problema. Porque eso es lo que hay en
el masificado establecimiento penitenciario: un
sorprendente problema que expone al aire las
vergüenzas de los que están obligados a resolverlo
con independencia de quién tiene la competencia y de
los enjuagues organizativos que deban hacer para
finiquitarlo las administraciones involucradas. Si
unas instalaciones ya de por sí depauperadas en las
que, entre otros, hay internos relacionados con el
terrorismo islamista como los que acaban de ponerse
en huelga de hambre, pueden ofrecer garantías de
seguridad cuando la entrada de vehículos se hace con
plena libertad al menos durante unas horas al día,
qué debemos entender por inseguridad. Y además, si
todo está atado y bien atado y la ausencia de
vigilancia no es como para mesarse los cabellos,
¿para qué está la garita, convenientemente
amueblada, pero ocupada sólo a tiempo parcial ¿Y la
valla ¿Cuál es el cometido de la valla
alternativamente blanca y roja con su
correspondiente señal de stop que, sin embargo,
permanece levantada como una invitación muda a
franquearla sin otra cortapisa que la voluntad del
funcionario, cosa que entraría dentro de la
normalidad, o del intruso, aspecto éste indeseado
por el evidente riesgo que comporta |
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Doce presos islamistas repartidos en tres cárceles
distintas en la Comunidad Valenciana se han puesto
en huelga de hambre prácticamente a la vez. Los
sindicatos de prisiones han denunciado que esto
demuestra que los reclusos tienen algún tipo de red
de comunicación, algo que no debería ocurrir y les
preocupa. Por ello, han pedido que se redoblen los
controles de seguridad.
El sindicato apunta a que esta
situación recuerda mucho a la
ocurrida en 2004, cuando se
descubrió que en algunas
prisiones se había creado una
infraestructura o red de
comunicación entre presos
islamistas radicales. Su
portavoz asegura que las
cárceles españolas no están
preparadas para este tipo de
presos: "Si han sido capaces de
coordinarse de esa forma nos
preocupa que puedan tener algún
tipo de infraestructura".
En total son doce los
arrestados que han iniciado esta
protesta: siete marroquíes,
cuatro argelinos y un turco.
Se consideran inocentes
Los presos han iniciado esta
huelga con objeto de protestar
por su situación, ya que se
consideran inocentes y
argumentan que se les está
acusando falsamente de ser
terroristas. Los islamistas
pioneros en esta iniciativa
comenzaron la huelga el pasado
sábado, con lo que cumplen hoy
su cuarto día de huelga. Están
ingiriendo líquidos, aunque se
niegan a comer ningún tipo de
alimento
|
Según explicaron a Efe las mismas
fuentes, fue un compañero de celda del interno quien
se dio cuenta de que éste no se movía y avisó a los
responsables de la prisión, que de inmediato
pusieron los hechos en conocimiento del juzgado.
La causa de este fallecimiento
pudo ser una sobredosis de droga, según afirmó en
una nota de prensa la asociación de apoyo a personas
presas Salhaketa, que pidió al Ministerio Fiscal que
investigue de oficio 'cada una de las muertes
ocurridas en prisión o bajo custodia del Estado'.
Según Salhaketa, con esta muerte
se eleva a 57 el número de personas que han perdido
la vida 'bajo custodia del Estado español o en
intervenciones de sus Fuerzas de Seguridad a lo
largo del año 2007', dos de ellas en las cárceles
vascas.
Ante este hecho, el diputado del
PNV Emilio Olabarria ha solicitado la comparecencia
en el Congreso de la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que explique
las circunstancias de esa muerte.
Según afirmó Olabarría en una nota
de prensa, este suceso 'muestra una vez más que la
Administración no está en condiciones de cumplir sus
funciones de custodia y tutela de la integridad
física de los presos, requerimiento que se debiera
dar en cumplimiento del artículo 25 de la
Constitución española' |
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Sindicatos exigen la apertura de centros psiquiátricos para
presos |
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7/09/07 |
El mayoritario en la cárcel
asegura que los enfermos mentales causan incidentes
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) vuelve a denunciar la
saturación de los hospitales psiquiátricos para los presos.
Advierte de que muchas de las agresiones que se producen en
los centros de internamiento las realizan los enfermos
mentales.
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Si ya es duro estar encerrado en un centro
penitenciario, la situación se agrava, todavía más,
cuando el compañero de celda es un enfermo mental.
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (sindicato mayoritario
de la cárcel de Jaén) exige, desde hace más de cinco
años, la apertura de hospitales psiquiátricos para
los internos, ya que no pueden seguir el mismo
régimen que las personas que no padecen enfermedad
alguna.
A principios de 1990, se empezaron a cerrar varios
hospitales, por lo que muchos enfermos —según
explican fuentes de Acaip— salieron a la calle.
Algunos cometieron delitos y fueron condenados a la
cárcel.
Una vez que son trasladados al centro penitenciario,
comparten celda con otros presidiarios que no
padecen enfermedad alguna. Acaip denuncia que no es
extraño que estos reclusos se vuelvan violentos en
un momento determinado y propinen palizas, tanto a
su compañeros de celda como a los funcionarios. De
hecho, el sindicato asegura que muy a menudo se
producen incidentes causados por de las personas que
padecen trastornos mentales.
“El problema es que no pueden ser sancionados como
si se tratase de un enfermo ‘normal’. Son los
servicios médicos de la prisión los que autorizan el
cumplimiento del castigo. Entonces, lo que se suele
hacer es cambiarlo de celda, pero esa no es la
solución”, afirma uno de los delegados de
Acaip en
la cárcel de Jaén. De esta forma, la situación, en
algunas ocasiones, llega a ser deshumanizada, porque
el enfermo mental no es siempre consciente de sus
hechos.
El colectivo manifiesta que, aunque se les da la
medicación necesaria, esa medida no es suficiente.
De hecho, tal y como explica uno de los delegados
del sindicato, la propia directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció que no
sabía cómo arreglar el problema de los internos con
trastornos mentales que, actualmente, hay en las
prisiones españolas. En España sólo existen dos
hospitales psiquiátricos penitenciarios —en Sevilla
y en Alicante—. Ambos sufren tal nivel de
saturación, que no pueden acoger ni a un solo
enfermo más.
“En todas las cárceles hay personas con trastornos
mentales. Este no es un problema exclusivo de la
prisión de Jaén, sino que lo tienen todos los
centros penitenciarios de España”, afirma el
representante sindical.
Uno de los problemas es que no se puede saber con
exactitud el número de presos enfermos que hay en
cada prisión porque se infringiría el derecho a la
intimidad de la persona. Además, en determinadas
épocas del año, como la Navidad o las vacaciones
estivales, los presos se ponen más nerviosos y suele
aumentar el número de incidentes.
“Este verano fue tranquilo, por suerte”, comenta un
delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias.
Aun
así, el temor a un nuevo incidente siempre flota en
el ambiente, ya que de por sí cualquier convivencia
es difícil, pero más todavía cuando se trata de
personas que padecen una enfermedad psiquiátrica y
que necesitan una atención constante. Su presencia
en cárceles con personas sanas contribuye a que,
muchas veces, se sientan poco aceptados por sus
compañeros, fuera de lugar y marginados. |
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A gentes de la Guardia Civil han vuelto a hacer
guardia en la entrada del recinto penitenciario de
Fontcalent, al menos durante la hora que dura el
cambio de turno de los trabajadores. Después de más
de cuatro meses de ausencia, ayer se presentaron dos
coches patrulla en la entrada de la cárcel, donde se
sitúa el punto de control de vehículos.
El problema se arrastra desde que en la pasada
primavera la Guardia Civil abandonó el servicio que
venía prestando en la citada garita en turnos de
mañana, tarde y noche. Eso sí, no ha dejado de
vigilar los alrededores del recinto penitenciario.
Desde entonces los funcionarios de la prisión se
encargaban de la garita, pero sólo en horario de
8,15 a 22 horas.
Durante la madrugada no hay nadie en la caseta,
aunque la puerta se queda cerrada y se acciona con
un mando. El problema principal, tal y como pudo
comprobar este diario, se producía entre las siete y
las ocho y cuarto de la mañana aproximadamente,
cuando el acceso permanecía abierto debido a que es
la hora del cambio de turno de los trabajadores, y
nadie vigilaba la entrada principal.
Esta situación ha provocado malestar en la plantilla
de la cárcel por la falta de seguridad.
A raíz de que INFORMACION alertase el pasado domingo
sobre esta situación, la subdelegada del Gobierno,
Encarna Llinares, abordó el problema con la
directora general de Instituciones Penitenciarias y
también con el director de Fontcalent y con el
coronel de la Guardia Civil.
La solución que han adoptado pasa por hacer que los
agentes del citado cuerpo armado vuelvan a hacer
acto de presencia en la garita, aunque solamente
durante esa hora del cambio de turno, cuando la
puerta permanece abierta y sin vigilancia por parte
de los funcionarios de prisiones.
El personal de la cárcel seguirá controlando este
punto durante el día y hasta las 22 horas, mientras
que en horario nocturno la garita continuará vacía,
si bien la puerta estará cerrada y se accionará con
un mando, como hasta ahora. Encarna Llinares explicó
que esta solución es provisional hasta que se
modifique el sistema de entrada al recinto
penitenciario. La idea es que los trabajadores
dispongan de una tarjeta para poder acceder e
instalar cámaras de videovigilancia que controlen
los vehículos. |
El
número de presos islamistas que
iniciaron el pasado sábado una
huelga de hambre es de un total de
12 y entre ellos se encuentra otro
de los acusados por su relación con
los atentados del 11-M, Youssef
Belhadj, ingresado en la prisión
salmantina, informaron fuentes
penitenciarias. Belhadj,
considerado autor intelectual de los
atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid, se encuentra encarcelado en
la prisión de Topas (, la primera de
las prisiones donde cumplen condena
presos que siguen esta protesta que
no pertenece a la Comunidad de
Valencia. Otros dos acusados del
11-M, Hassan El Haski—acusado de
inspirar la masacre—y Otman el
Gnaoui—al que se acusa de la autoría
material—siguen también la huelga.
Los 12 presos islamistas, que
cumplen hoy su tercer día de huelga,
están ingiriendo líquidos, aunque se
niegan a comer ningún tipo de
alimento, añadieron las citadas
fuentes.
Equipos médicos de las cárceles
donde cumplen pena, la mayoría de
ellos preventiva a la espera de
sentencia, se encuentran realizando
seguimientos de su estado de salud,
que incluyen analíticas y controles
de peso. Los presos han iniciado
esta huelga con objeto de protestar
por su situación, ya que se
consideran inocentes y argumentan
que se les está acusando falsamente
de ser terroristas
|
U n
preso de Fontcalent se encuentra hospitalizado a
causa de una neumonía por legionela y se investiga
si existe un foco en el centro penitenciario o se
contagió fuera, ya que se trata de un recluso que
disfruta del tercer grado penitenciario en el Centro
de Inserción Social (CIS) y a diario sale al
exterior, según confirmaron a este diario fuentes de
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Además, se estudiará si existe
alguna conexión con otro preso que sufrió
anteriormente la misma infección, pero se le
diagnosticó la legionela cuando ya se encontraba en
libertad, indicaron las mismas fuentes.
Las fuentes de Instituciones Penitenciarias
indicaron que la investigación está en su fase
inicial y aunque el edificio del CIS es de nueva
construcción aún es pronto para saber si el origen
de la infección está en el centro penitenciario.
El delegado de UGT en Fontcalent denunció ayer «la
incompetencia de la dirección del centro porque no
soluciona el problema». El representante sindical se
preguntó si es necesario que «haya un muerto sobre
la mesa para atajar el problema de una forma
definitiva». Además denunció que la situación en
Fontcalent cada vez es más «insostenible» y ayer
mismo se produjo una pelea de presos en el Módulo 1,
donde están recluido casi trescientos presos en
condiciones de hacinamiento.
Hace dos años se registró un brote de legionela en
Fontcalent y el pasado año también fue hospitalizado
al menos otro preso.
Los sindicatos del centro penitenciario han
reclamado en reiteradas ocasiones la renovación
total de conducción de agua al estar obsoleta y el
cambio de los depósitos. Esta petición también la
planteó la dirección de la prisión en 2005 tras
aparecer cuatro casos de neumonía por legionela.
Medidas insuficientes Sin embargo, cuando se detectó
en marzo del pasado año otro caso los sindicatos
calificaron de insuficientes las medidas adoptadas
por Instituciones Penitenciarias para evitar la
aparición de nuevos casos de legionela entre el
millar de presos que hay en Fontcalent. |
Un funcionario de la prisión de Zuera (Zaragoza)
resultaba herido por dos internos, que lo retuvieron
y amenazaron con sendos objetos punzantes con la
intención de fugarse, objetivo que no llegaron a
cumplir al ser reducidos por otros funcionarios.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron
que el funcionario, que presenta una herida incisa
en el costado y arañazos en el cuello y se encuentra
en observación en la clínica Quirón de Zaragoza, fue
abordado por los dos reclusos a la hora del desayuno
en el módulo de presos reincidentes y
multirreincidentes de la prisión, en el que hay un
centenar de presos.
El incidente se produjo cuando el trabajador, al
dirigirse a la parte de arriba de la sala en la que
está el comedor y donde hay celdas, fue seguido por
los dos internos que le amenazaron con "pinchos
carcelarios" (objetos punzantes de metal fabricados
por ellos mismos).
El otro funcionario que vigilaba el comedor se vio
obligado a facilitar la salida de los dos presos y
de su compañero, a quien intimidaban con el "pincho"
en el cuello, para no poner en peligro su vida,
mientras el resto de los reclusos permaneció
tranquilo, señalaron las mismas fuentes. Tras salir
del comedor y llegar al edificio donde se encuentra
el departamento de comunicaciones (visitas y
locutorios), unos veinte funcionarios, alertados por
el compañero que había presenciado lo sucedido,
lograron reducir a los dos presos, que fueron
conducidos al módulo de aislamiento.
En el forcejeo, según dijo un portavoz del sindicato
CSI-CSIF, el funcionario retenido sufrió varios
punzamientos con los "pinchos carcelarios". Los dos
presos que participaron en el altercado son J.A.C.M.,
nacido en Tarragona en 1981, que ha sido recluido en
varias ocasiones desde 1999 por el delito de robo
con violencia, y M.A.C., nacido en Valencia en 1984
y también encarcelado en varias ocasiones por ese
delito desde 2002.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha mantenido una
conversación telefónica con el trabajador, quien al
parecer se encuentra bien, precisó el delegado de la
Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (ACAIP),
que le ha visitado en el hospital, al que fue
trasladado tras un primer reconocimiento médico en
la enfermería de la cárcel. |
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Las ocho prisiones de Castilla y León han aumentado
su población reclusa en casi el 80% durante los
últimos siete años, lo que sitúa a estos centros
penitenciarios entre los más saturados de toda
España, una circunstancia que viene generando
periódicamente situaciones de conflicto interno.
Si en el año 2000 el número de presos recluidos en
las prisiones de Ávila, la única con mujeres,
Burgos, Dueñas (Palencia), Mansilla de las Mulas
(León), Segovia, Soria, Topas (Salamanca) y
Valladolid, alcanzaba los 3.952 internos hasta el
pasado mes de agosto esta cifra superaba ya 7.053
presos, entre preventivos y penados.
El pasado mes, el número de reclusos en España
contabilizados por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias alcanzaba los 66.192,
de los cuales 50.841 eran internos que cumplían ya
una condena en firme. En Castilla y León, los
penados se elevan ya hasta los 5.761, de los que
solo 435 son mujeres.
Lejos de estabilizarse, la masificación en los
centros penitenciarios de la región sigue creciendo
convirtiendo a la comunidad autónoma en receptora de
reclusos sin que por el contrario su índice de
criminalidad corresponda al que realmente se
registra en las calles de cada una de las nueve
provincias. De este modo, muchos de los presos que
'habitan' en las prisiones de la región cumplen su
condena por delitos cometidos en otras comunidades.
Las tres prisiones con mayor capacidad inicial -la
de Topas, Mansilla de las Mulas y Dueñas con 1.008
presos previstos cada una- y más modernas,
inauguradas entre los años 1995 a 1999, han visto
crecer su población real hasta llegar a superar, en
el menor de los casos, los 1.604 internos.
El 65% de extranjeros
La cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas es la más
saturada de toda la comunidad y en donde de los
1.760 reclusos internados 950 son extranjeros. Esta
circunstancia de presencia de presos de otras
nacionalidades no es exclusiva sólo de esta prisión,
ya que el 65% de los internos que hay en Castilla y
León son de 30 nacionalidades diferentes.
Marroquíes, ecuatorianos, dominicanos, colombianos y
rumanos son algunos de los grupos de extranjeros
encarcelados en las prisiones de la comunidad, donde
cumplen condena por delitos de tráfico de drogas,
robos y muertes violentas.
Esta composición penitenciaria, junto con el
hacinamiento, está elevando la tensión que se
registra en las prisiones de Castilla y León, según
denuncian los sindicatos, y provoca también
enfrentamientos y agresiones «casi diarios» entre
presos y funcionarios.
El último incidente se produjo a principios del
pasado mes de agosto cuando un recluso retuvo por
espacio de 15 minutos a un funcionario y le provocó
cinco heridas en la cabeza con un objeto punzante
que no fue incautado. El funcionario permanece
todavía de baja en la capital leonesa.
Incumplimiento de la ley
Esta masificación incumple lo dispuesto en la Ley
Penitenciaria español, norma en la que se establece
que cada interno debe de contar con una celda de uso
individual.
«En estos momentos todas las celdas de las ocho
prisiones de Castilla y León están dobladas y donde
había inicialmente una cama se han puesto dos»,
comenta un representante del sindicato
Acaip, mayoritario en
todas las cárceles españolas.
Acaip se queja de que
el hacinamiento penitenciario en las cárceles de la
comunidad no ha ido acompañado de un aumento de las
plantillas del personal. Por cada dos presos debería
de haber un funcionario que les atendiera. En estos
momentos las prisiones de Castilla y León disponen
de 2.700 funcionarios para un total de siete mil
reclusos, lo que incide negativamente en la
seguridad efectiva de las cárceles.
«En algunos casos estamos un solo funcionario para
vigilar a 150 internos, como sucede en la prisión de
León», explica José Antonio Cartón, delegado de
Acaip. |
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| El
tren del delito |
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9/09/07 |
| Queridos lectores, hoy les
propongo un viaje por el mapa delictivo de la Comunitat
Valenciana. Les invito a subir al tren de este artículo con
paradas en Picassent, Fontcalent, Villena, Castellón Orihuela,
Vinaròs y, por supuesto, en Valencia. |
Las prisiones de nuestra región, además de ser de
las más masificadas de España, cuentan con otra
lacra: están a la cabeza en cuanto a la cantidad de
sustancias estupefacientes intervenidas. Este dato
es una de las principales conclusiones de un informe
presentado esta semana por la Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip).
Pero lo preocupante es que si se aprehende mucha
droga también logran introducirla en las cárceles
tras burlar los controles de los funcionarios.
Y por supuesto, no hay ninguna estadística sobre el
número de dosis que los reclusos y sus familiares
consiguen colar en las prisiones valencianas.
Dos bandas desarticuladas. Mientras algunos presos
consumen estupefacientes en sus celdas, la Guardia
Civil y la Policía Nacional siguen con sus cruzadas
particulares en pro de la salud pública. Prueba de
ello son las dos bandas de traficantes de cocaína y
heroína desarticuladas en los últimos días en
Vinaròs y Orihuela.
Invernadero de marihuana . La Policía Local de
Valencia tampoco se ha quedado atrás esta semana en
lo que se refiera a la lucha antidroga. El pasado
miércoles, una patrulla descubrió un invernadero de
marihuana en una planta baja de la calle Ramón de
Rocafull. Dos hombres fueron detenidos como
presuntos responsables del cultivo ilegal.
Ladrones que juegan a la oca. Pero la operación más
importante de los últimos diez días tuvo lugar el 31
de agosto. La Policía Nacional desarticuló ese día
una banda de ladrones rumanos que tenía previsto
perpetrar un robo diario hasta regresar a su país a
mediados de septiembre.
El grupo delictivo estaba afincado en Valencia, pero
se desplazaba por toda España para asaltar empresas.
De provincia a provincia y robo porque me toca. Así
actuaba la banda de malhechores de los Cárpatos.
Como si el mapa de nuestro país fuera un tablero del
juego de la oca, los delincuentes solían mover ficha
todas las noches hasta que la policía les paró los
pies.
Cinco de los ladrones fueron detenidos en una
carretera de León cuando regresaban a Valencia tras
robar en una empresa de Lugo. |
El presidente del sindicato de prisiones CSI-CSIF,
José Ramón García, denunció la "falta de personal"
existente en la mayoría de los centros
penitenciarios españoles y advirtió de que, si esta
situación persiste, "el día menos pensado,
empezaremos a tener motines".
García recordó que sucesos como el ocurrido en la
prisión de Zuera (Zaragoza), en el que dos presos
apuñalaron a un funcionario para tratar de fugarse,
"no son aislados". "En la actualidad el sistema
penitenciario español está rozando el
tercermundismo", aseveró García, quien insistió en
que las prisiones no son seguras para los
funcionarios debido a la masificación existente.
Insistió en que este sindicato ha denunciado
repetidamente esta situación, "sin que se tomen
medidas" al respecto.
"Hacinamiento en la prisión de Zuera"
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
consideró que lo ocurrido en la cárcel de Zuera
(Zaragoza) es resultado de un problema de
"hacinamiento que sufre la prisión de Zuera", como
ya criticaron el 26 de agosto, ya que "existen 1.800
internos dependientes de este centro, el cual tiene
una masificación del 120 por ciento".
Así, ACAIP
recordó que Aragón ha aumentado su población reclusa
llegando a los 2.578 un 10,92% desde enero hasta
agosto, mientras que la media española ha sido del
3,57%, por lo tanto, "un incremento tres veces
superior a la media". "Y que en los ocho primeros
meses de 2007 hay más presos que los existentes en
Castilla-La Mancha que cuenta con el doble de
centros penitenciarios", precisó la Agrupación.
Desde ACAIP
también se criticó en nota de prensa el pasado día 3
de este mes "la renuncia a la lucha contra la
entrada de droga en las prisiones y el falseamiento
de datos por parte de la Administración
penitenciaria. Ambos internos estaban en un estado
de embriaguez por consumo de drogas".
Los hechos, según ACAIP,
ocurrieron a las nueve de la mañana en el módulo 10.
Tras retener a un funcionario y acceder a los viales
que comunican las distintas dependencias del módulo,
los dos reclusos se dirigieron hacia el departamento
de comunicaciones por donde pretendieron fugarse.
Desde el momento de salir del módulo varios
funcionarios intentaron negociar el fin de dicha
situación, pero ellos tras acceder al departamento
de comunicaciones intentaron secuestrar al
funcionario más cercano que era el que estaba
negociando y pedir un coche para poderse fugar, pero
en un momento de descuido la rápida intervención de
los funcionarios consiguió neutralizar a ambos
internos quitándoles los pinchos con los que
amenazaban al funcionario, informaron desde
ACAIP.
Durante el tiempo que duró el incidente el
funcionario recibió varios pinchazos en distintas
partes del cuerpo, el más grave le ha afectado al
pulmón con un diagnóstico de neumotórax de
pronóstico reservado. Ambos internos han sido
trasladados a la prisión del Puerto, concluyeron
ACAIP en su
comunicado. |
Zaragoza La Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
han denunciado que los dos reclusos que apuñalaron a
un funcionario en la prisión de Zuera (Zaragoza) el
pasado sábado, uno de ellos vecino de Valencia, se
encontraban «en estado de embriaguez por consumo de
drogas».
Por su parte, fuentes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias dijeron desconocer esta
circunstancia, si bien añadieron que este
departamento ha abierto ya una investigación para
aclarar lo sucedido. En un comunicado,
ACAIP recuerda que
este mismo mes denunciaron que en este centro
penitenciario se había renunciado a luchar contra la
entrada de droga. Además, el sindicato atribuye la
agresión sufrida por el funcionario, que se
encuentra en observación en la clínica Quirón de
Zaragoza, al «problema de hacinamiento que sufre la
prisión de Zuera», y recuerda que en este centro hay
1.800 reclusos. Asegura también que Aragón ha
aumentado su población reclusa un 10,92 por ciento
entre enero y agosto, hasta situarse en 2.578
internos, un porcentaje que es tres veces superior a
la media. El suceso tuvo lugar el pasado sábado por
la mañana cuando un joven valenciano internado en la
prisión zaragozana de Zuera protagonizó junto a otro
recluso un intentó de fuga en el que resultó herido
de gravedad un funcionario penitenciario. Se trata
de M. A. C., nacido en Valencia en 1984 y
encarcelado en varias ocasiones desde 2002 por el
delito de robo con violencia.
M. A. C. y su compinche retuvieron al funcionario y
le amenazaron con sendos objetos punzantes con la
intención de fugarse, objetivo que no llegaron a
cumplir al ser reducidos por otros funcionarios.
El funcionario, que presentaba una herida incisa en
el costado y arañazos en el cuello y que ayer seguía
en observación en la clínica Quirón de Zaragoza, fue
abordado por los dos reclusos a la hora del desayuno
en el módulo de presos reincidentes y
multirreincidentes de la prisión, en el que hay un
centenar de reclusos.
El incidente se produjo cuando el trabajador, al
dirigirse a la parte de arriba de la sala en la que
está el comedor y donde hay celdas, fue seguido por
los dos internos que le amenazaron con «pinchos
carcelarios» fabricados por ellos mismos. |
Que un preso se escape de la cárcel o de un hospital
es algo que suele ocurrir algunas veces, pero muy
pocos fugitivos se van a cenar a una pizzería en la
provincia donde es intensamente buscado por las
fuerzas de seguridad del Estado. Esto es
precisamente lo que hizo el viernes por la noche
Félix Fernández Morcillo, el recluso que se fugó el
pasado 21 de agosto del Hospital General de
Valencia.
Y al delincuente no le dio tiempo a hincarle el
diente a la hamburguesa que había pedido. Dos
guardias civiles y tres policías locales entraron en
el restaurante y lo detuvieron en un abrir y cerrar
de ojos.
El suceso ocurrió sobre las nueve y media de la
noche del viernes en la pizzería Zampapizza en la
calle Badía de la localidad de Moncada.
Pero ¿cómo sabían los agentes que el fugitivo estaba
allí? Instantes antes, una persona que se encontraba
en el restaurante reconoció al preso y llamó a la
Guardia Civil.
De inmediato, una patrulla de la Benemérita y tres
agentes de la Policía Local acudieron con urgencia
al lugar y lo apresaron.
Intentó sacar algo del bolsillo
“Entraron por sorpresa y lo pillaron desprevenido y
de espaldas. Fue todo muy rápido”, relata una
camarera de la pizzería. “Él intentó sacar algo de
su bolsillo, pero un guardia civil lo agarró del
brazo y lo inmovilizó. Luego le pusieron las esposas
y se lo llevaron”, añade la testigo.
Los cerca de 40 clientes que se encontraban cenando
en el comedor o consumiendo en la barra se quedaron
perplejos cuando entraron los cinco agentes
uniformados.
“Nadie esperaba algo así. La verdad es que pasamos
un poco de miedo porque no sabíamos si el
delincuente iba armado, pero los guardias civiles
actuaron con gran rapidez y controlaron la situación
en todo momento”, explica otra de las personas que
presenció la detención.
La camarera se quedó con la hamburguesa intacta, ya
que se disponía a servirla en el preciso instante
que los agentes irrumpieron en el local.
Robó un coche en Valencia
Félix Fernández llegó hasta la calle Badía en un
coche que aparcó sobre la acera. El vehículo, que
había sido sustraído varios días antes en Valencia,
tenía el motor en marcha y las luces de emergencia
encendidas cuando llegaron al lugar las primeras
patrullas.
Al parecer, la idea del fugitivo era permanecer en
la pizzería durante muy pocos minutos o llevarse la
hamburguesa para cenar en otro lugar.
Sea lo que fuere su plan, la rápida actuación de la
Guardia Civil y Policía Local de Moncada y,
especialmente, la llamada telefónica de la persona
que reconoció al delincuente posibilitaron la
detención del recluso fugado.
El detenido se autolesionó
La Guardia Civil trasladó al malhechor al cuartel de
Moncada, donde se autolesionó. El individuo se
mostró muy violento y se golpeó contra las paredes,
por lo que necesitó atención médica.
Félix Fernández, de 27 años de edad, se encontraba
en paradero desconocido desde el pasado 21 de agosto
cuando se fugó del Hospital General. Aquel día, el
preso fue trasladado desde la enfermería de la
cárcel de Picassent al servicio de urgencias del
centro hospitalario de Valencia después de que
dijera haberse tragado diez pilas y una cuchilla.
Antes de ser asistido, Félix Fernández pidió ir al
servicio.
Ese fue el pretexto para preparar su huida. Al
parecer, el recluso llevaba entre sus ropas oculto
un alfiler o alambre con el que consiguió abrir las
esposas, como en las películas de fugas de
presidiarios.
Luego, la fuerza bruta por sorpresa fue su mejor
aliado. De repente, el delincuente salió del cuarto
de baño y empujó a los guardias civiles y un
vigilante del hospital.
Corrió tan deprisa como sus piernas se lo
permitieron hasta toparse en la calle con un coche.
El malhechor sacó a empujones al conductor y escapó
con el vehículo a toda velocidad.
Antes de evadirse, Félix Fernández cumplía en el
centro penitenciario de Picassent una pena de tres
años de cárcel por un robo con violencia. Y está
pendiente de dos juicios por otro atraco con
lesiones y por el quebrantamiento de condena que
protagonizó el 21 de agosto. |
Instituciones
Penitenciarias se ha
acordado de la tranquila
Soria y ha prometido a
sus habitantes que
construirá una cárcel de
720 celdas, en una
capital con uno de los
índices más bajos de
delincuencia y ávida de
infraestructuras. La
cárcel de Soria será una
de las once de nueva
construcción dentro del
Plan de Creación y
Amortización de Centros
Penitenciarios del
Ministerio del Interior,
y un compromiso
adquirido en el Plan de
Actuación Específico
para Soria, PAES, que el
Gobierno aprobó para
impulsar el desarrollo
en la provincia soriana.
La Sociedad Nacional de
Infraestructuras y
Equipamientos
Penitenciarios, SIEP, ha
anunciado la creación de
500 puestos de trabajo y
una inversión en torno a
los 90 millones de euros
que permitirá el
traslado de la actual
prisión, en pleno casco
urbano, a un
emplazamiento más acorde
a las necesidades de un
centro de este tipo y
alejado de la población.
La directora de
Instituciones
Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, ha insistido en
varias visitas a Soria
en que las actuales
instalaciones están
«obsoletas». Son del año
1961 y en sus 89 celdas
conviven más de un
centenar de reclusos.
Paraje «idílico»
El paraje por el que
apuesta Interior para
construir la nueva
cárcel, La Laguna, está
ciertamente alejado del
casco, en la pedanía de
Las Casas y en concreto
en terrenos a las
puertas del monte
Valonsadero, espacio
protegido como lugar de
esparcimiento por parte
de la Junta. Muchos
sorianos desearían poder
ver cada mañana la bella
imagen con la que se
despertarán los reclusos
en sus celdas, si
finalmente se confirma
la ubicación elegida.
Eso sí, sigue siendo
término municipal de
Soria, «para que la
inversión se quede
aquí», como sostiene el
alcalde socialista,
Carlos Martínez Mínguez,
quien siempre ha
defendido la creación de
la nueva prisión en la
capital como un foco de
inversión y creación de
empleo.
Pero como nunca llueve a
gusto de todos, el
centro penitenciario ya
cuenta con su propia
plataforma anticárcel
para protestar por una
infraestructura que,
sostienen sus
integrantes, traerá más
problemas que
beneficios.
La mayoría de los
miembros de esta
plataforma son
propietarios de los
terrenos donde
previsiblemente se
levantará la
construcción. Del total
de titulares de la
tierra, sólo un 20 por
ciento ha dado el paso
en respuesta a la oferta
de la SIEP para tratar
asuntos económicos, el
resto rechaza la
construcción, así como
el precio de 3,60 euros
por metro cuadrado que
ofreció dicha Sociedad
Penitenciaria, quien ya
avanzó en una reunión
con todos los afectados
que no está dispuesta a
negociar más cantidades.
El paso siguiente, por
lo tanto, sería la
expropiación.
Instituciones
Penitenciarias necesita
unas 35 hectáreas de
terreno para unas obras
que, en el mejor de los
casos, no terminarán
hasta 2011.
Todavía en el aire
Según traslada el
Ministerio del Interior,
la ubicación definitiva
está todavía en el aire,
a falta de que el pleno
del Ayuntamiento se
pronuncie, para lo que
el equipo de Gobierno de
Martínez Mínguez ya ha
pulsado la opinión del
Consejo Sectorial de
Urbanismo, que componen
desde ecologistas a
constructores, pasando
por las asociaciones de
vecinos y la propia
oposición municipal.
Hasta ahora, ningún
miembro del consejo está
en contra de la cárcel,
pero exigen «debate»
sobre su emplazamiento,
como sostienen desde las
filas del PP.
La impresión
generalizada es que el
lugar viene impuesto por
Instituciones
Penitenciarias, elegido
de entre varias
propuestas de los
técnicos municipales del
Ayuntamiento, que
curiosamente ponían
inconvenientes a este
emplazamiento por su
proximidad a un monte
emblemático para los
sorianos, además de
estrangular la
construcción en el
entorno urbanizable, ya
que «nadie va a querer
vivir cerca de una
cárcel», coinciden en
señalar los propietarios
de los terrenos.
La propia SIEP había
valorado la localidad de
Alconaba como el entorno
más adecuado para
albergar el centro
penitenciario, ubicación
que obtuvo mayor
puntuación que
Valonsadero, según un
informe de Interior para
elegir el mejor
emplazamiento. El
Ayuntamiento de Soria
ejerció presión para que
la inversión se quedara
en la capital.
Además de la
construcción de una
cárcel, en el PAES
también figura la
creación de un centro de
reinserción social que
inicialmente
Instituciones
Penitenciarias fijó en
la actual prisión, si
bien nunca ha confirmado
esta posibilidad, sobre
todo por la oposición
del Ayuntamiento, de su
mismo signo político,
que quiere ese solar
«para viviendas sociales
o equipamiento», señaló
Martínez Mínguez.
La construcción de la
futura cárcel ha nacido
con polémica ya que fue
la oposición municipal,
concretamente Iniciativa
para el Desarrollo de
Soria, Ides, antiguo
socio de Gobierno del PP
en la anterior
legislatura, la que
levantó la liebre y dio
a conocer los informes
de los técnicos
municipales sobre
posibles ubicaciones.
Poniendo énfasis en la
crítica al
emplazamiento, por la
cercanía con el monte
Valonsadero. Martínez
Mínguez avanzó que el
mes de septiembre será
«decisivo» para la
futura cárcel ya que
está previsto que la
visita de la directora
de Instituciones
Penitenciarias sirva
para arrojar luz
definitiva sobre un
proyecto que tiene
ubicación sin que nadie
la haya aprobado.
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La Festividad de la Merced,
patrona de Instituciones Penitenciarias, tendrá un
significado especial este año para la prisión de
Burgos ya que estas instalaciones cumplen 75 años.
Su director, Esteban Suárez, ha adelantado que el
aniversario se celebrará con una exposición
fotográfica en el Consulado del Mar que reflejará la
historia de la prisión. La muestra permanecerá
expuesta desde el 21 de septiembre hasta el 14 de
octubre. El acto institucional de La Merced tendrá
lugar el día 24 de septiembre en el Teatro
Principal. |
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Interior quiere construir otra prisión en Alhaurín de la
Torre |
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10-09-07 |
| Altos cargos del gobierno se
reunieron con el alcalde para sondear su apoyo a una nueva
cárcel en el municipio. El alcalde Villanova espera que
encuentren otras ubicaciones antes de pedir contrapartidas,
aunque llegado el caso “intentaremos sacar el máximo”. |
En declaraciones a diariolatorre.es el alcalde de
Alhaurín de la Torre, Joaquin Villanova, confirmó
los contactos realizados con el Ministerio del
Interior a través de la Delegación General de
Instituciones Penitenciarias, donde varios
subdirectores generales manifestaron el interés en
construir un nuevo centro penitenciario en Alhaurín
de la Torre.
La reunión tuvo lugar en el mes de julio y a la
misma asistieron Ángel Herbella, anterior director
del centro penitenciario provincial y ahora jefe en
Madrid del gabinete de la directora general Mercedes
Gallizo, el actual director de la cárcel Antonio
Guerrero, y varios subdirectores generales llegados
a Alhaurín de la Torre para distintos trabajos de
reforma en la actual prisión provincial.
Según el alcalde Villanova, fue una reunión “de
tanteo” para ver si el Ayuntamiento aprobaba un
segundo centro penitenciario en nuestro municipio.
El alcalde les pidió que “especificaran si era
ampliación de la actual, a lo que no veía mucho
problema, pero ellos dijeron que preferían otro
centro aparte, necesitando una superficie estimada
de más de 300.000 hectáreas”.
Villanova dijo que Prisiones busca un lugar cercano
a la nueva Ciudad de la Justicia en Teatinos, y para
ello baraja Alhaurín de la Torre, tanto en la zona
limítrofe con Alhaurín el Grande como en la cercana
a Cártama, municipio éste sobre el que también han
mostrado interés.
Joaquín Villanova manifestó a diariolatorre.es que
“bastante solidaridad ha mostrado Alhaurín de la
Torre con las necesidades de toda Málaga con la
actual cárcel. Esto no es Alaska ni Canadá, no hay
tanto espacio para ubicar esa magnitud de edificios
e instalaciones, más modernos y mejor equipados que
la que ahora tenemos”.
“Les dije que buscaran una alternativa a la que han
pensado, incluso otras zonas limítrofes de nuestro
municipio con Cártama”, -en la zona de Doñana-.
Compensaciones
Preguntado por si ofrecieron ya algún tipo de
compensaciones por el permiso municipal, el regidor
alhaurino dijo que “Tenían antecedentes míos que soy
muy duro para negociar y cuando doy el sí lo cumplo,
pero no hemos entrado en eso porque espero
encuentren otra ubicación”.
Y añadió: “Llegado a un punto de acuerdo, si hay un
sitio que no perjudique, intentaremos sacar el
máximo de contrapartidas, entre otras lo que
perdimos cuando hace años impusieron la cárcel
actual”.
Beneficios y perjuicios
Joaquín Villanova consideró que un nuevo centro
penitenciario tiene aspectos negativos en la presión
sobre el territorio, y demandó que no fuese en zonas
de producción agrícola sino en terrenos baldíos.
En cuanto al aspecto positivo destacó la llegada de
más de 400 funcionarios con sus familias que
aportarían una riqueza y valor añadido al municipio.
Otras ubicaciones
El gobierno lleva tiempo buscando una ubicación para
este segundo centro penitenciario. Se barajó Mollina
y otros lugares de la comarca de Antequera, pero por
razones logísticas y de cercanía a los juzgados de
la ciudad de Málaga, es más práctico que se
construya cerca de la capital.
Cártama es la otra opción barajada, el Ayuntamiento
de este municipio, gobernado por el PSOE, podría
aceptarlo.
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