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A tono con
los tiempos y su obsesión por la inseguridad, la industria carcelaria se
ha convertido en un negocio astronómico. En EE.UU. mueve diez mil millones
de dólares anuales y, en plena conquista de un mercado global, ya ofrece
servicios especializados en los cinco continentes. España ha entrado
también en el nuevo circuito privatizador.
La prisión de Bay County Jail, en Florida, oferta en su página web 700
camas. No dice «tenemos presos», dice «tenemos camas», ya que al igual que
en un hotel, el negocio del director es tener las celdas ocupadas con
muchos clientes. Y es un gran negocio, a juzgar por el público potencial.
Estados Unidos cuenta con la espectacular cifra de dos millones de presos,
de los cuales 100.000 se ‘hospedan’ en cárceles gestionadas por la empresa
privada y subcontratadas por el Gobierno americano. Una tendencia que se
extiende hacia Europa de forma imparable.
Sin ir más lejos, en nuestro país, casi sin ruido y sin debate público, la
empresa privada ha entrado también en el sistema penitenciario. Cataluña,
la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias,
es la pionera en esta iniciativa. El Gobierno tripartito ha prometido
construir diez nuevas prisiones en cinco años. Y ha decidido recurrir a la
semiprivatización en algunos proyectos. En concreto, la nueva cárcel de
Cambrians, en Barcelona, y el módulo de jóvenes de Quatre Camins en la
Roca del Vallés (Barcelona). Además, el sector privado financiará la
construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, un
megaproyecto integrado por ocho edificios que será explotado en régimen de
alquiler por un consorcio de empresas encabezado por la española
Ferrovial, una constructora con amplia experiencia en autopistas.
Este sistema híbrido funciona, precisamente, de forma parecida al de las
carreteras de peaje: la empresa financia por adelantado y el cliente paga
a plazos. En este caso, la Generalitat pagará 487 millones de euros en 35
años. Pero antes de este paso de gigante dado por la comunidad catalana,
la empresa privada ya había logrado entrar en la gestión de distintos
servicios del mundo penitenciario español. De hecho, un organismo autónomo
que responde al nombre Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es
el que subcontrata catering, cafetería, economato y empleo para los
presos.
Al igual que
en EE. UU. y Australia, donde la empresa privada comenzó gestinando
centros de menores antes de dar el salto a las prisiones para adultos, en
España la mayoría de estos centros está gestionado por la empresa privada
desde hace cinco años. Por ejemplo, en Madrid, donde hay catorce, el 80
por ciento está en manos de fundaciones privadas. Sobre el papel no tienen
ánimo de lucro, pero la realidad es que la comunidad paga por cada menor
295 euros al día y no se fiscaliza el gasto.
El estado de estos centros es lamentable, según el Defensor del Pueblo
canario, Manuel Alcalde, que este verano denunció «el maltrato
institucional, la falta de higiene, seguridad y calidad de estas pequeñas
prisiones que no quieren ser llamadas así, pero lo son». Días antes se
había producido la muerte de un adolescente y varias denuncias por malos
tratos.
Con todo, la situación de las cárceles en España no es tan difícil,
comparada con la de otros países. Y ello a pesar del constante crecimiento
de la población reclusa. Así opina Enrique Sanz Delgado, profesor de
Derecho Penal de la Universidad de Alcalá y autor del único libro
publicado en España sobre cárceles privadas. «El régimen penitenciario
español es uno de los más garantistas del mundo. Aquí gastamos cantidades
ingentes de dinero en programas de reinserción y desintoxicación, mientras
que en EE. UU. lo único que importa es la exclusión y el castigo.»
Sanz destaca que la primera norma aprobada en España, después de la
Constitución, fue la Ley Penitenciaria. «Su contenido parecía utópico,
pero todos los gobiernos de la democracia han aportado los medios
económicos necesarios para que pudiera ser una realidad. Un número
importante de prisiones españolas tiene menos de veinte años, mientras que
en Francia todavía funcionan algunas del siglo XIX.» El portavoz del PSOE
en el Congreso para Justicia e Interior, Vitorino Mayoral, puntualiza:
«Aquí es el Estado quien debe velar por la vida, la integridad y la salud
de los internos. La privatización de las prisiones no tiene sentido en
nuestra doctrina jurídica». Aunque podría venir inducida por las
circunstancias. Actualmente, los centros españoles están saturados y
sobrepasan en un 59 por ciento su capacidad. La población reclusa
masculina ha crecido un 33 por ciento desde el 97, fundamentalmente por el
endurecimiento de las penas, derivado de la modificación de la Ley
Penitenciaria aprobada por el anterior Gobierno.
Para entender el fenómeno de la privatización, hay que pensar en términos
de libertad de mercado, por tanto, de espacios a conquistar. Para la
industria carcelaria privada, Europa, Asia y África constituyen áreas de
creciente interés. En EE. UU., la empresa pionera de la industria
correccional, que se llama la Corrections Corporation of America (CCA),
nacida en 1983, con capital, entre otras compañías, de la Kentucky Fried
Chicken, ha abierto una filial en Australia, donde cuenta con un mercado
considerable, ya que el 17,8 por ciento de las cárceles está en manos
privadas. En sólo tres años, la CCA aumentó el valor de sus acciones de 50
millones de dólares, a 3,5 millardos. Luego está la multinacional francesa
del catering Sodexho, que ofrece en Francia servicios de gestión, porque
la ley allí no permite el empleo de personal penitenciario privado.
Sodexho trabaja en Chile y suministra alimentos a cárceles de España,
Países Bajos y Portugal.
Existen,
además, otros tres grandes grupos, el norteamericano Geo Group, que
gestiona la base de Guantánamo y que dispone de 69 centros en EE. UU.,
Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El danés Group 4 Securicor
está presente en 108 países con su lema «Global Solutions», y ofrece todo
lo necesario para el funcionamiento de las cárceles. La tercera es Serco,
una empresa del Reino Unido que tiene contratos en Norteamérica, Oriente
Medio y Asia y que acaba de conseguir la primera adjudicación de servicios
para una cárcel en Alemania.
Hasta Francia, un país tan poco susceptible de ser acusado de neoliberal,
ha dedicado un presupuesto de mil millones de euros para construir 17
prisiones semiprivadas. Es decir, diseño, construccción y gestión en manos
privadas, pero dirección y vigilancia a cargo del Estado.
Los defensores de la privatización de las cárceles se apoyan en el
crecimiento imparable del número de presos en todos los países,
especialmente en los EE. UU., donde hay dos millones de reclusos, cifra
espectacular si la comparamos con los 8 millones que hay en todo el mundo,
incluida China. Sin cárceles privadas, argumentan, sólo podrían hacerse
dos cosas: construir nuevas cárceles públicas, cuyo coste recaería sobre
el contribuyente, o acceder a la reducción de condenas, que pondría en
peligro la seguridad ciudadana. La privatización es la solución al dilema.
Aunque no todo está tan claro. Los que ponen peros a la privatizción
tienen también poderosas razones. Por ejemplo, el coste por interno en los
EEUU varía entre 25 y 60 dólares, según la ocupación. Por lo tanto, cuanta
más ocupación, más barata es la cama y más alto el beneficio. Las cárceles
privadas hacen lo posible por ahorrar en farmacia, en programas de
reinserción y, sobre todo, en personal de prisiones. Donde no hay
vigilantes, las cámaras hacen su trabajo y algunos centros han preferido
sustituir las torres de control por un sistema que electrifica los
perímetros de seguridad.
Si un interno trata de escapar, con sólo un roce sentirá cinco mil voltios
de electricidad en su cuerpo. Siempre será más barato que formar personal
para reducirlos. Las compañías privadas contratan guardias de seguridad
que cobran mucho menos que un funcionario público. En cualquier caso, los
expertos advierten que es difícil hablar de cárceles privadas en general
porque las condiciones de cada centro dependen del tipo de contrato que se
establezca entre la empresa y la administración. Pero lo que está claro es
que si tener presos es un negocio, tener muchos presos es un negocio
todavía mejor. Y que hay lobbys muy poderosos que trabajan para que las
leyes sean cada vez más severas.
Isabel Navarro
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 EL NÚMERO DE PRESOS
aumenta en todos los países. Sobre todo en EE.UU., donde hay dos millones
de reclusos, el 20 por ciento del total mundial
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 CUANTOS MÁS PRESOS
haya, mejor, es un negocio. Poderosos lobbys trabajan para que las leyes
sean cada vez más severas |
EN EE.UU. LA EMPRESA privada empezó gestionando centros de menores. En España ya controla casi
por completo este secto |
TRABAJOS FORZADOS
El aumento de las penas y el incremento del crimen no sólo benefician a las
corporaciones que gestionan cárceles privadas, también a las empresas que
contratan a los internos como mano de obra barata. Unicor es una compañía
gubernamental norteamericana que tiene más de 20.000 presos distribuidos en más
de cien fábricas dentro de prisión.
Los internos producen muebles de oficina, uniformes para la policía e incluso
piezas de misiles y armas. Un preso que trabaja para Unicor gana como mínimo 1,5
euros al día. Excepcionalmente pueden llegar a cobrar 20 dólares como máximo. En Francia, la situación
laboral de los presos no es tan precaria: ganan entre uno y tres euros la hora.
En España, un interno puede llegar a ganar hasta 600 euros al
mes, pero un porcentaje importante se le descuenta para pagar indemnizaciones.
Además, en el caso de nuestro país, se les suele pagar por pieza y no por horas.
Confederaciones de empresarios de varias comunidades autónomas han firmado
acuerdos para elaborar sus productos en diversas prisiones, y el organismo
encargado de estos temas se está planteando montar fábricas fuera de los recintos
carcelarios.
De esta forma, los presos en régimen de segundo y tercer grado se
podrían desplazar a trabajar. Aunque estos contratos son públicos y
legales, los empresarios españoles prefieren ocultar su vinculación
con las cárceles por miedo a tener mala prensa. |
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CÁRCELES PRIVADAS: