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27-Enero-2.006
 algeciras. Unión Sindical Obrera, Acaip y UGT, tres de los
sindicatos que representan a los funcionarios de la prisión
algecireña de Botafuegos, acordaron ayer secundar diversas
acciones, entre ellas la vía judicial, encaminadas a que la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias tome medidas
contra la directora de este centro penitenciario, Isabel
Martínez de la Torre, por sus recientes declaraciones en las
que calificaba a los presos etarras de "personas muy honradas
de las que se puede aprender".
El acuerdo, sin embargo, no ha sido
suscrito por el sindicato CSIF, que se ha desmarcado de las
movilizaciones al entender que Isabel Martínez ya pidió
disculpas por sus polémicas manifestaciones.
Los citados sindicatos instan a la
directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a
que tome medidas para que "una persona del talante" de
Martínez de la Torre "no tenga capacidad de representación
institucional". Eso último, según fuentes sindicales, equivale
a reclamar su destitución.
La actitud del CSIF revela no sólo un
desencuentro entre los sindicatos con representación en
Botafuegos, sino también una falta de coordinación interna, ya
que ese sindicato, en sitios tan alejados como Santa Cruz de
Tenerife, sí demandó que Isabel Martínez abandonara su cargo.
Además de los sindicatos, el Partido Popular también ha
reclamado la destitución de la directora del penal algecireño
por medio de su secretario general y diputado nacional Ángel
Acebes. Gallizo, por ahora, se niega a dar ese paso, una
decisión que ha sido respaldada igualmente por el PSOE, que
entiende que las disculpas de Isabel Martínez son suficientes
para evitar su cese. |
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28-Enero-2.006
El
Centro de Inserción Social (CIS) que se prevé
construir en las inmediaciones del Centro
Penitenciario de Botafuegos de Algeciras servirá
también para albergar a internos que se encuentran
actualmente en el segundo grado penitenciario.
Con ello, se pretende que este nuevo centro tenga
una mayor utilidad que la pensada inicialmente para
él, de tal forma que pueda servir como un
instrumento para facilitar el proceso de reinserción
de los reclusos que se encuentran en la cárcel
algecireña.
El objetivo añadido con esta iniciativa es que los
presos que tienen un puesto de trabajo en la calleno
lo pierdan, pudiendo contar con un soporte para esta
actividad de reinserción social mediante su ingreso
diario en este centro.
El CIS viene anunciándose desde que se produjo la
creación del nuevo Centro Penitenciario de
Botafuegos, pensándose inicialmente que pudiera
haberse ubicado en la anterior cárcel de La Piñera,
lo cual se acabó descartando.
Los terrenos en los que presumiblemente se
construirá este nuevo centro serán los aledaños al
Centro Penitenciario de Botafuegos, tal y como
anunció en su día Instituciones Penitenciarias
durante una visita que se produjo a Algeciras.
Los Centros de Inserción Social (CIS) están pensados
para albergar a los internos que gozan del tercer
grado penitenciario y que conviven en régimen
abierto con el resto de ciudadanos sin perjuicio del
cumplimiento de las penas que le han sido designadas
en procesos judiciales y posteriormente
penitenciarios.
Es decir, que los presos para los que se diseñan
este tipo de centros de inserción salen durante las
mañanas para desempeñar sus trabajos y regresan para
pernoctar en el recinto carcelario.
Las instalaciones de los CIS también se usan para el
cumplimiento de las penas de arresto de fines de
semana que son dictaminadas por los juzgados en
virtud de determinados delitos menores que son
cometidos y ante los que no caben el endurecimiento
de las penas de prisión.
La ubicación de un centro de estas características
en Algeciras viene barajándose en los últimos años
como una necesidad existente en el ámbito
penitenciario de la ciudad para ampliar los
servicios y las infraestructuras con las que se
cuenta actualmente. |
Sábado, 28 de enero de 2006
El
sindicato de prisiones Acaip asegura que la
propuesta presentada el pasado 24 de enero por el
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) a los
sindicatos en la mesa de retribuciones y empleo de
función pública, «pone en tela de juicio la
posibilidad de llevar a cabo los planes de apertura
de nuevos centros penitenciarios que fue aprobada el
pasado mes de noviembre por el Consejo de
Ministros». En la Comunidad Valenciana está en vías
de construcción la prisión de Albocàsser y un sexto
centro penitenciario aún por ubicar.
El presidente de Acaip, José Ramón López, a través
de una nota, señala que la propuesta del MAP «queda
lejos de atender las demandas de incremento de
personal para dotar el nuevo plan de
infraestructuras que en su día el gobierno presentó
a la opinión pública». La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias tiene contemplado en
dicho plan de infraestructuras, según el sindicato,
la inauguración del centro penitenciario de Puerto
III en el primer trimestre de 2007 como medida
inmediata para paliar el fuerte incremento de
población reclusa que en los últimos años viene
sufriendo el actual sistema penitenciario; a ello
habría que sumarle la inauguración de otro centro
más en el segundo semestre del 2.007. |
Sábado, 28 de enero de 2006
| El presidente cree que
sí que haría falta, ya que los funcionarios «fueron
víctimas» de los acusados Los testigos tendrán mamparas
y Acaip anuncia que presentará un recurso a esta
decisión judicial |
La
sala que deberá juzgar por segunda vez a 13
procesados por el motín cometido en Fontcalent en
1990 ha descartado que los funcionarios que declaran
como testigos lo hagan mediante videoconferencia. La
decisión se ha adoptado pese al voto en contra del
presidente del tribunal, Daniel Mira Perceval, quien
considera que los empleados público sufrieron
amenazas e insultos por parte de los familiares de
los procesados en la vista celebrada en el año 2002
y que encontrarse cara a cara con los que
supuestamente les agredieron puede causar «un efecto
dilatorio en el proceso» al crearse una «situación
fundada de intranquilidad» entre los que testifican.
 La
petición de los funcionarios tenía lugar el 12 de
enero, cuando varios funcionarios pidieron declarar
por videoconferencia por miedo a verse las caras con
los presuntos autores del motín. A dicha posición se
sumaron más tarde «otros testigos internados en
centros penitenciarios», señala la sala.
A la hora de estimar la petición de los
funcionarios, la sala ha tenido en cuenta «la
expresa oposición de diversas defensas, por
considerar que la utilización del reiterado medio
término merma los derechos de los acusados». Además,
el auto explica que el Tribunal Supremo en la
sentencia que anuló la vista oral celebrada en
octubre del 2002 señalaba que en el juicio «no
constaban razones suficientes» en razones de «orden
público» que justificara el uso de la
videoconferencia para que declararan los acusados.
La sala considera también que la identidad de los
testigos es conocida y que son agentes de la
autoridad. Este último precepto, sin embargo, fue
rechazado por el presidente del tribunal al
considerar que los funcionarios fueron víctimas y
que la videoconferencia fue desestimada por el
Supremo en lo referente a su uso con los acusados. A
pesar de todo, fuentes judiciales confirmaron ayer
que se pondrán mamparas para los testigos que lo
soliciten.
Tras conocer la decisión de la sala, el sindicato de
prisiones Acaip anunció que está estudiando iniciar
acciones legales por la filtración de la petición
realizada por los funcionarios «sin el
consentimiento de sus firmantes», generándose así
«una presión mediática a la sala» para «influir en
su decisión final». Asimismo, anunció que
presentarán un recurso de súplica al auto
denegatorio.
Según el sindicato, se ha puesto a los funcionarios
afectados «en una situación personal muy
complicada», ya que durante tres días «fueron
víctimas de presuntos delitos de detención ilegal,
amenazas y coacciones». Señalan, además, que la
posibilidad de que declaren por videoconferencia «es
perfectamente legal» y está aceptada por el Tribunal
Supremo.
Efectivos policiales
Por su parte, la Subdelegación de Gobierno informó
de que más de 45 efectivos policiales garantizarán
la seguridad del juicio. 35 de ellos serán de la
Policía Nacional, mientras que otros 10 serán de la
Guardia Civil. También se desplazará una unidad de
Valencia. |
Sábado, 28 de enero de 2006
| En la prisión
eldanense las características de la población reclusa
hacen inviable desarrollar este proyecto de reinserción
social |
La
creación de un Centro de Inserción Social
dependiente de la cárcel de La Moraleja de Dueñas
sigue en el aire, aunque todo apunta a que está
posibilidad es más que remota.
Las características de la población reclusa
-principalmente extranjeros- no es un factor a
favor, sino todo lo contrario, ya que este tipo de
instalaciones se dedican a reclusos que cumplen
condena en tercer grado, con la necesidad únicamente
de pernoctar en la prisión.
 Ni
siquiera en la última celebración de la festividad
de La Merced, ni la presencia de la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, aportó luz a este proyecto, anhelado, más
aún, demandado insistentemente desde los
funcionarios.
Más si cabe cuando desde abril de 2003 se anunció la
puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de
control telemático de los reclusos -a través de una
pulsera- para determinados presos de tercer grado.
Ya entonces los representantes sindicales de la
cárcel palentina abogaron por la creación, a corto
plazo, de un Centro de Inserción Social
Pues bien, el Ministerio, aunque de momento no ha
tenido en cuenta la petición realizada desde
Palencia, sí que ha puesto en marcha esta iniciativa
en otras cárceles de la región, en la de Topas, en
Salamanca, en Zamora, o en León, mientras en Dueñas
siguen a la expectativa. El CIS aparece como uno de
los tipos de establecimientos de régimen abierto,
con el que se pretende lograr una convivencia normal
en toda colectividad civil, fomentando la
responsabilidad y la ausencia de controles rígidos
que contradigan la confianza que inspira su
funcionamiento.
En este sentido algunos representantes sindicales de
la Moraleja consideran que lo ideal sería construir
una instalación anexa a las de la cárcel La
Moraleja, lo que facilitaría la reinserción de los
presos y el trabajo de los funcionarios en lo que se
conoce como un Centro de Inserción Social (CIS).
La Moraleja, pese a ser un centro tipo, no dispone
de esta infraestructura, destinada al cumplimiento
de penas privativas de libertad en régimen abierto y
de las penas de fin de semana.
Por ello abogan, y así se lo han hecho saber a los
máximos responsables de la prisión, por la creación
de una infraestructura, anexa a la prisión, que
además de permitir el cumplimiento de la condena en
régimen abierto, permita realizar un seguimiento de
cuantas penas no privativas de libertad se
establezcan en la legislación. |
28 enero 2006
| La organización
ecologista Amigos de la Tierra y el Centro Penitenciario
ponen en marcha una campaña para la separación y
reciclaje de residuos para implicar a los internos con
el medio ambiente. |
La
iniciativa partió de algunos de los internos, se
trasladó a la organización Amigos de la Tierra y
ésta ha llegado a un acuerdo con los responsables
del centro penitenciario Madrid 2 de Alcalá-Meco. De
esta forma, el centro será pionero en la
implantación de un sistema de reciclaje de residuos
urbanos generados en él.
, Según Amigos de la Tierra, cada día se genera en
este centro una gran cantidad de residuos tales como
envases de plásticos, bricks, latas de hojalata,
papel, cartón y pilas usadas. En todos los casos, se
trata de material recuperable y reciclable.
Tanto el personal del centro como los internos, han
mostrado una gran disposición y una activa
participación para que esta campaña sea posible y
cumpla con su objetivo, según la organización
ecologista.
Amigos de la Tierra ha comenzado a impartir unas
charlas formativas a los internos y muy
especialmente a los encargados de la cocina y de la
limpieza. La labor de concienciación se ampliará con
la distribución de folletos informativos y la
ubicación de cubos de basura selectivos para cada
tipo de residuo.
Por el momento, ya se han colocado cubos amarillos
para los envases de plástico, bricks y latas, cubos
rojos para las pilas usadas, y otros cubos para el
papel y cartón. |
Sábado, 28 de enero de 2006
La
justicia francesa ha anulado el régimen de
aislamiento penitenciario al que estaba sometido
Julen Atxurra Egurrola, 'Pototo', ex jefe del
aparato de logística de ETA, por considerarlo
infundado a la luz de la ley. La resolución,
adoptada por el Tribunal Administrativo de Ruán,
condena al Estado francés a pagar al preso etarra
800 euros en concepto de costas judiciales. Atxurra
había reclamado primero 3.000 euros y luego 4.000.
El fallo da la razón al recurso presentado por el
recluso. En él planteaba la nulidad de la decisión
de someterle a aislamiento al ingresar el 23 de
enero de 2004 en la cárcel de Ruán tras un traslado
desde la prisión de Moulins. En protesta por ésta y
otras medidas, permaneció en huelga de hambre 45
días en los que perdió 29 de los 103 kilos que
pesaba.
La sentencia argumenta que la decisión anulada «está
viciada por un error de derecho». Se basó en la
inscripción de Atxurra en la lista de presos
particularmente peligrosos y en la importancia de su
condena (10 años), motivos que «no pueden justificar
por sí solos» el aislamiento penitenciario. Este
régimen «debe ser dictado con el objetivo de
prevenir o hacer cesar desórdenes o ataques a la
seguridad de las personas y de los bienes que
provocaría mantener al preso en las zonas comunes». |
29/01/2006
|
El sector copa ya
edificios públicos, aeropuertos, instalaciones militares
y comisarías catalanas |
Madrid- El volumen de negocio del sector privado de la
seguridad en España, con un crecimiento sostenido entorno a
un 12% anual, factura al año 3.000 millones de euros, según
datos de la patronal Aproser. El mayor volumen de esta
cantidad (73%) procede del sector privado. El resto (27%),
corresponde a las administraciones públicas.
Es decir, que el Estado, comunidades y ayuntamientos se
gastan anualmente más de ochocientos millones de euros en
seguridad privada para proteger y vigilar sus instalaciones.
Y esta cifra irá en aumento en los próximos años.
La presencia de policías y guardias civiles poco a poco
va dando paso a la de los agentes de seguridad. No hay más
que acercarse a los aeropuertos españoles para comprobar que
ahora son vigilantes los que examinan el equipaje de los
pasajeros al embarcar en vez de agentes de la Benemérita. Lo
mismo ocurre en la entrada de los edificios públicos e
incluso a las puertas de los acuartelamientos militares.
Seguridad complementaria. ¿Acaso significa esto que es
más barato invertir en vigilantes que en agentes de Policía
o Guardia Civil? La respuesta para los propios interesados
es no. «Digamos que lo que hacen las administraciones es
externalizar servicios de custodia de inmuebles para poder
emplear a esos agentes públicos en otras labores operativas
que inciden más directamente en la seguridad del ciudadano»,
dice el jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Policía, encargada del control y
habilitación de las empresas de seguridad y sus empleados.
«La seguridad pública y privada son complementarias. Siempre
teniendo en cuenta que la segunda está supeditada a la
primera. Por eso la Administración permite a las empresas
prestar seguridad pero se reserva el derecho de su control»,
añade el mando policial.
Quien ha asimilado de una manera inmediata esta filosofía
han sido los Mossos d’Esquadra. La custodia de todas sus
comisarías está en manos de guardias de seguridad. La
iniciativa, propiciada ante su reciente despliegue en toda
Cataluña, no cabe duda de que más tarde o más temprano se
extenderá al resto de cuerpos de seguridad.
Ser recibido a la puerta de una comisaría por un
vigilante será tan normal como ahora lo es en la Academia
General de Zaragoza o en otros cuarteles militares. El
Ministerio del Interior lleva ya años estudiando la manera
de sustituir a los guardias civiles destinados en las
cárceles y en labores de traslado de presos.
La Benemérita destina a unos 5.000 hombres a la
vigilancia de las 66 prisiones dependientes de la
administración central y a la conducción de reclusos cada
vez que éstos son requeridos en un juzgado o deben ir al
médico.
El año pasado se produjeron 140.000 salidas de este tipo.
Y cada preso requiere, al menos, la custodia de dos agentes.
Según fuentes penitenciarias, con el PP en el poder se
planteó en varias ocasiones la posibilidad de privatizar
estos servicios o crear un cuerpo de funcionarios de
seguridad para poder emplear a este abultado número de
agentes en tareas de seguridad en la calle. Pero los planes
no llegaron a prosperar.
Sin embargo, la dificultad de la Guardia Civil para
atender las necesidades diarias de las prisiones ha llevado
a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
desarrollar sistemas de videoconferencia y telemedicina para
permitir que los reclusos cumplan con sus obligaciones
judiciales y sean atendidos sanitariamente sin tener que
salir del centro penitenciario.
Gracias a un convenio firmado con la empresa pública
Red.es, veintecárceles emplean ya las nuevas tecnologías,
impulsadas por el llamado «Plan Avanza» para el desarrollo
de la sociedad de la información.
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29/01/2006
Un segundo recluso
fue dado de alta ayer en el Servet al evolucionar
favorablemente. La Delegación del Gobierno asegura que
no se han registrado más infecciones.
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El Gobierno de Aragón confirmó ayer la existencia de un
segundo caso de legionelosis en el centro penitenciario de
Zuera, donde estaba interno el recluso fallecido el pasado 23
de enero en el hospital Miguel Servet a consecuencia de una
infección por la bacteria.
Ambos casos fueron notificados por las autoridades
penitenciarias a la Dirección General de Salud Pública, como
es preceptivo, tan pronto como fueron detectados, los días 18
y 20 de enero, respectivamente, si bien en ambos casos se
declararon un día antes.
El segundo afectado, un preso de primer grado, fue
trasladado igualmente al Miguel Servet, donde recientemente ha
recibido el alta por presentar una evolución favorable, según
indicaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno en
Aragón.
El primero de los afectados era de nacionalidad marroquí,
tenía 56 años y presentaba un grave problema inmunodepresivo,
dado que padecía dos enfermedades que habían minado sus
sistema de defensas.
El 17 de enero ingresó en el Servet con lo que parecía una
fuerte gripe, pero tres días más tarde se le diagnosticó
legionelosis.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Fuentes de la Delegación del
Gobierno informaron de que la infección de legionela se
circunscribe a los dos casos tratados hasta la fecha.
Asimismo, indicaron que, el 20 de enero, las autoridades de
Salud pusieron en marcha en las instalaciones penitenciarias
el protocolo de actuación previsto para los episodios de
legionelosis.
Así, se hipercloró y se calentó de la red sanitaria y se
tomaron muestras de agua para realizar un análisis de su
composición. La DGA subrayó ayer que los análisis realizados
en el centro penitenciario de Zuera en los meses anteriores a
fin de año dieron resultado negativo y no revelaron la
existencia de la bacteria de la legionela.
En estos momentos, los técnicos de la Dirección General de
Salud Pública se hallan a la espera de los resultados de los
análisis de agua practicados en el mes de enero, antes y
después de la muerte del recluso de nacionalidad marroquí.
Estas pruebas permitirán determinar dónde se encuentra el
fondo de la legionelosis, una patología neumónica que ya
originó cuatro casos en abril del año 2004.
MEDIDAS ESPECIALES La repetición de las infecciones por
legionela, una bacteria que tiene en el agua pulverizada su
mejor medio de transmisión, obligó tiempo atrás a los
responsables de la macrocárcel de Zuera a extraer las
alcachofas de las duchas, a extremar las medidas de higiene y
a multiplicar los análisis de la red sanitaria, que pasaron a
ser mensuales en lugar de trimestrales.
Desde su inauguración en el verano del 2002, 28 reclusos
han muerto en Zuera por diversos motivos. |
29/01/2006
En el centro de Monterroso invertirá 759.796 euros y
en el de Bonxe, 683.782 El diputado Joaquín García
Díez se interesó por conocer la situación de las dos
cárceles |
El
Gobierno central admite que los dos centros penitenciarios
de la provincia, el de Bonxe (Outeiro de Rei) y el de
Monterroso, necesitan varias actuaciones de mejora y
acondicionamiento en sus instalaciones. Es la respuesta dada
al diputado del PP Joaquín García Díez, que en junio del año
pasado formuló una pregunta a la Mesa del Congreso para
conocer cuál es la situación de las cárceles de la provincia
lucense.
Con referencia al centro de Monterroso, desde el Gobierno
reconocen que necesita algunas actuaciones de mejora y
acondicionamiento de las instalaciones de abastecimiento de
agua, saneamiento y calefacción. Reconocen que con cargo a
las inversiones del 2005 se redactaron proyectos de conexión
a la red de abastecimiento de agua y saneamiento del
municipio y de instalación de calefacción.
Para el presente ejercicio presupuestario existe una
previsión de gasto de 759.796 euros, un 13,77% más que en el
2005. Acerca de este centro también reconocen que a fecha de
18 de diciembre del año pasado éste cuenta con una población
reclusa de 431 internos (todos hombres); hay 221
profesionales penitenciarios, de los que 211 son
funcionarios y diez laborales.
En referencia a la cárcel de Bonxe, desde el Congreso le
confirmaron a García Díez que el centro precisa de
actuaciones de mejora y acondicionamiento de las
instalaciones de suministro de energía eléctrica y
saneamiento.
En concreto aseguran que con cargo al presupuesto del 2005
se había redactado el proyecto de ampliación del taller de
carpintería y la nueva lavandería. También indican en su
respuesta que para el ejercicio actual existe una previsión
de gasto de 683.782 euros, un 13,77% más que en el 2005,
aunque no concretan las inversiones que se acometerán. Hace
dos meses, en este centro estaban recluidos 408 internos
(389 hombres y 19 mujeres). Tiene 196 profesionales
penitenciarios, de los que 184 son funcionarios y doce
laborales.
|
29/01/2006
IULV-CA aseguró hoy que en el dictamen del nuevo Estatuto de
Autonomía andaluz habrá "puntos conflictivos, en materias
competenciales y de justicia, que irán al límite de la
Constitución y que serán claves y debatibles en las
negociaciones con el Gobierno". En declaraciones a Europa Press, el parlamentario
andaluz de IULV-CA, Antonio Romero, aseguró que las zonas "más
polémicas" se encontrarán en "todo lo relacionado con el
Guadalquivir, las competencias en
instituciones penitenciarias, en seguridad
ciudadana y en temas judiciales", entre otros.
Por este motivo, Romero calificó de "positivo" el hecho
de que el borrador del texto autonómico, en su proposición de
ley, sea analizado por el Consejo Consultivo Andaluz, ya que
en su opinión, "los magníficos juristas de los que dispone el
consejo harán que su dictamen incorpore los ajustes jurídicos
necesarios para que el Estatuto cruce Despeñaperros con todas
las garantías necesarias para el pueblo andaluz".
Ante esta situación, Romero auguró "una dura negociación
con el Gobierno para llegar a un acuerdo por el Estatuto
andaluz". En este sentido, el parlamentario de IU advirtió al
presidente del PP-A, Javier Arenas, de que, a su juicio, "es
un error constituir mesas contra el Estatuto de Cataluña, ya
que se puede volver contra nosotros en forma de mesas contra
el Estatuto andaluz".
Así, recomendó a los 'populares' "evolucionar hacia una
derecha estructural, acorde con la España plural y abandonar
su política actual que responde a un modelo de Estado
centralista que no se corresponde al nuevo esquema de
Gobierno".
Según Antonio Romero, "si el PP sigue en la línea
actual, no podrá ser el partido que represente a la derecha en
un futuro", una opinión en la que se basó para acusar al
Partido Popular de "defender un modelo de partido y no de
Gobierno".
|
29/01/2006
|
Justicia calcula un incremento
máximo anual de 50 internos en centros de menores por
el endurecimiento de la norma |
Cerca de de 200 jóvenes serán trasladados de centros de
menores a las cárceles ordinarias cuando cumplan los dieciocho
años, según los cálculos del Ministerio de Justicia reflejados
en la memoria económica del proyecto de reforma de la Ley del
Menor, al que tuvo acceso Europa Press.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 20 el
proyecto de reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores para su tramitación
parlamentaria. Una de las principales novedades que recoge la
reforma es la posibilidad de que el juez decrete el paso al
sistema penitenciario ordniario de los delincuentes juveniles
cuando cumplan la mayoría de edad.
Según el Ministerio de Justicia, resulta muy difícil
hacer un pronóstico de los menores que se verán afectados por
esta decisión, pues la ley establece que el régimen ordinario
es mantener en el centro a estos jóvenes salvo que el juez
acuerde lo contrario, de manera individualizada y excepcional.
En todo caso, actualmente existen 407 jóvenes entre 18 y
21 años cumpliendo internamiento cerrado y el departamento de
Juan Fernando López Aguilar estima que "pueden pasar al
sistema penitenciario en torno a un 25 por ciento de los
jóvenes".
"En total, esto significa que pueden pasar al sistema
penitenciario cuando entre la ley en vigor algo menos de 200
jóvenes", destaca la memoria. Actualmente, hay internados en
las cárceles españolas 2.129 jóvenes mayores de 18 y menores
de 21 (que cometieron el delito siendo mayores de edad), por
lo que Justicia desestima que se pueda producir un aumento de
población penitenciaria juvenil significativo, ya que el
incremento previsto resulta inferior al 10 por ciento del
total actual.
Además, Justicia advierte de que Instituciones
Penitenciarias cuenta ya con módulos de jóvenes en sus
establecimientos, "con lo que las infraestructuras actualmente
previstas para la ejecución de esta previsión legal deberían
resultar suficientes".
En cualquier caso, este departamento considera que la
estimación del 25 por ciento de los jóvenes entre 18 y 21 años
que pasarán a un centro penitenciario "es un supuesto máximo
que en la práctica no se alcanzará". El Ministerio cree que
esta posibilidad actuará como un incentivo sobre el propio
joven para que éste ajuste su conducta a los parámetros de
reeducación" que inspira la reforma y evitar así que el juez
ordene su paso a un centro penitenciario.
MAYORES DE 21
Respecto a la posibilidad de que los jóvenes pasen a un
centro penitenciario al cumplir los 21 (mayoría de edad
penal), el Ministerio recuerda que la reforma legal deja un
margen de arbitrio al juez para eludir esta decisión si
considera adecuado sustituir la medida por otra. En la
actualidad solo hay 88 jóvenes mayores de 21 años internados
en centros de menores.
Por otra parte, la memoria económica tampoco considera
posible prever un incremento menores internados en centros por
supuestos de delitos graves o cometidos por bandas juveniles,
ni a cuántos considerará oportuno el juez imponer el régimen
cerrado.
En conclusión, Justicia cree que la ampliación de
supuestos en los que puede acordarse internamiento en régimen
cerrado permite sostener que el incremento "va a ser muy
exiguo conforme a la progresión actual de esta clase de
delincuencia". En concreto, estima un incremento anual
aproximado de 50 menores internados en el conjunto de las 17
comunidades autónomas, lo que representa un 6,9 por ciento.
PADRES DE LAS VÍCTIMAS
Por otra parte, padres y madres de víctimas de delitos
graves cometidos por delincuentes juveniles han decidido
concentrarse todos los miércoles ante el Congreso de los
Diputados para reclamar un endurecimiento de las penas a los
menores.
Esta semana se produjo una primera concentración con una
decena de familiares de víctimas de delitos violentos, algunos
de ellos pendientes de resolución policial y judicial.
Este colectivo, en el que destaca la madre de la
madrileña Sandra Palo, ya promovió una recogida masiva de
firmas contra la Ley del Menor, pero se queja de no haber sido
consultado por el Gobierno en la redacción de la reforma. |
30/01/2006
|
Participan 28 testigos, entre ellos varios
funcionarios y seis imputados que fueron absueltos en
la vista oral anulada por el Supremo por el uso de
videoconferencia
|
Todo
está a punto para volver a celebrar el juicio por el
motín de Fontcalent. La vista oral que comienza hoy
y que se desarrollará hasta el próximo 22 de febrero
alcanza cifras astronómicas en lo que a recursos
humanos se refiere. Para el buen desarrollo del
proceso se movilizará a 109 personas entre
funcionarios, personal de seguridad, encargados de
mantenimiento, peritos, letrados, testigos y los
componentes de la sala. A este número hay que añadir
los 13 procesados, aunque uno de ellos se encuentra
actualmente en busca al no haber podido ser
localizado.
La repetición del juicio por el motín de Fontcalent,
después de que el Supremo anulara la vista celebrada
en octubre del 2002 al haber declarado los acusados
por videoconferencia, ha supuesto un auténtico
despliegue de medios en el que se han visto
implicados la Audiencia, la Subdelegación de
Gobierno, Instituciones Penitenciarias y la propia
Conselleria.
Al durar el juicio cerca de un mes, la Audiencia ha
tenido que buscar tres magistrados suplentes con el
fin de que no se suspendan otras vistas orales
programadas desde hace tiempo en la sección segunda
y tercera. De hecho, el tribunal que volverá a
juzgar a los presuntos amotinados pertenecen a estas
dos salas, por lo que sólo la sección primera de la
entidad provincial permanecerá completa durante el
tiempo que dure el proceso por el motín cometido en
noviembre de 1990 en el centro penitenciario de
Fontcalent.
La seguridad también ha sido un elemento básico en
la celebración de este juicio. Para realizar los
traslados de los presos, considerados algunos de
ellos altamente peligrosos, evitar fugas y
garantizar el orden público en la sala de vistas, la
Subdelegación de Gobierno ha dispuesto más de 45
efectivos pertenecientes al cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil. Además, durante el
tiempo que se prolongue el juicio se desplazará
desde Valencia hasta Alicante una unidad especial de
intervención especial.
Al dispositivo especial de Policía y Guardia Civil
se suma el personal de seguridad con el que
habitualmente cuentan los juzgados. Según el
presidente de la Audiencia Provincial, Vicente
Magro, durante la celebración de la vista se contará
con dos empleados de seguridad privada y cinco
agentes del Instituto Armado destacados en el
Palacio de Justicia de forma habitual. Además, se
han instalado dos arcos de detención de metales en
las puertas de la sala donde se celebrará el
proceso.
En cuanto al personal de prisiones, el director de
la prisión de Fontcalent señaló que durante la
celebración del juicio se contará con tres
funcionarios de refuerzo, con el fin de evitar la
merma de recurso humanos en el centro penitenciario
cuando los empleados públicos citados como testigos
tengan que acudir a juicio.
Después de que la sala denegara a los funcionarios
de prisiones declarar por videoconferencia, tal y
como habían solicitado, a la vista oral tendrán que
acudir para testificar un total de 17 empleados
públicos que vivieron en sus propias carnes el motín
de Fontcalent. Entre ellos se encuentra el director
del centro penitenciario en el año 1990, así como
los educadores que fueron secuestrados durante los
días que duró la revuelta. Además también declararán
como testigos los seis presos que resultaron
absueltos en el año 2002.
El fiscal pide para los 13 procesados un total de
1.853 años de prisión por nueve delitos de
secuestro, el asesinato de un preso y un intento de
asesinato de otro, así como por diversos robos y
lesiones cometidos durante la revuelta.
En rebeldía
Uno de los presos, Juan F. Casas, para quien se
piden 161 años de cárcel, se encuentra en paradero
desconocido, por lo que lo más probable es que se le
declare en rebeldía y su ausencia no implique la
suspensión del juicio. Este procesado no fue juzgado
en la anterior vista debido a problemas de salud.
|
| Un funcionario de la
prisión de El Acebuche, en Almería, ha resultado herido
de arma blanca como consecuencia de la agresión
protagonizada esta mañana por un interno clasificado en
primer grado, informaron fuentes penitenciarias. El
recluso agredió con un 'pincho' a uno de los dos
funcionarios que acudieron esta mañana a su celda. |
El
recluso, Sergio García Bernal, de 23 años, se negó
esta mañana a abandonar su celda cuando dos
funcionarios acudieron a la misma. La tensión creció
en segundos y el interno arrebató y rompió el
detector manual de metales, conocidos como
'raquetas', que portaba uno de los dos funcionarios.
En ese momento, sacó un 'pincho' --armas blancas que
fabrican los presos con objetos que consiguen en la
misma prisión -- y se lo colocó en el cuello al
funcionario, pidiéndole al otro que le entregara las
llaves de las celdas contiguas para liberar a los
internos que las ocupan.
Los funcionarios toman la precaución de no ir
solos
Las precauciones que los funcionarios toman con los
reclusos de primer grado hacen que nunca entre uno
solo en la celda y que en las proximidades haya un
tercero. En este caso, éste funcionario avisó a
otros que se personaron rápidamente en la celda.
Cuando intentaron entre todos reducirlo, García
Bernal clavó en la pierna el 'pincho' al funcionario
que había retenido. Este fue atendido de la herida
en la enfermería del hospital y, al parecer, la
herida no es grave.
Profesionalidad de los funcionarios
Fuentes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias destacaron la profesionalidad de los
funcionarios en esta actuación, ya que el que quedó
fuera de la amenaza del preso dentro de la cárcel
dijo al preso que no tenía las llaves del resto de
celdas cuando éste se las exigió. Además, la
actuación de los funcionarios fue muy rápida, según
las mismas fuentes.
Sergio García Bernal cumple una condena de doce años
por varios delitos, entre ellos robo y lesiones.
Está clasificado en primer grado por su
comportamiento en la cárcel, donde ha protagonizado
otros incidentes. Las fuentes consultadas anunciaron
que el interno, una vez realizada la investigación
pertinente de los hechos, será trasladado de centro
penitenciario.
Sacó un 'pincho' -armas blancas que fabrican los
presos - y se lo colocó en el cuello al funcionario
El funcionario que quedó fuera de la amenaza del
preso dentro de la cárcel dijo al preso que no tenía
las llaves del resto de celdas cuando éste se las
exigió
El agresor está clasificado en primer grado por su
comportamiento en la cárcel, donde ha protagonizado
otros incidentes
|
30/01/2006
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado
un Real Decreto de abril de 2004, uno de los primeros
del Gobierno del PSOE, que aprobaba la estructura de los
departamentos ministeriales estableciendo de forma
genérica que no era necesario que el titular de
determinadas direcciones generales fuera funcionario de
carrera.
|
En
una sentencia de la Sala de lo Contencioso, el
Supremo estima parcialmente el recurso presentado
por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos
Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA)
contra este decreto, porque alegaban que no se
acreditaba 'mediante la adecuada motivación' esta
excepción, por ejemplo, que que no existieran
funcionarios de carrera con la necesaria
competencia.
Según la Federación, los
redactores de este decreto pretendían 'crear una
masiva reserva de puesto que permita satisfacer
compromisos de colocación a favor de personas (...)
que no tendrían posible acceso al cargo de director
general'.
La sentencia de Supremo afecta en
concreto a las direcciones generales de
Instituciones Penitenciarias, de Ferrocarriles, de
Integración de los Inmigrantes, de Coordinación
Informativa, De Bellas Artes y Bienes Culturales, de
Aguas y de Arquitectura y Política de Vivienda.
En cambio, esta decisión excluye
las direcciones generales de Relaciones con las
Cortes, Comunicación del Area Nacional y del Area
Internacional y Economía Social, Trabajo Autónomo y
Fondo Social Europeo porque 'ya estaban amparadas
como direcciones generales en la excepción en la
anterior estructura de sus respectivos
departamentos'.
El Supremo señala que 'resulta
obvio que la motivación contenida en el Real Decreto
impugnado, así como en su memoria, no satisfacen
adecuadamente los mínimos exigidos, pues es
indudable que las expresiones que se usan para
justificar la excepción, tales como 'en atención de
las características específicas'o 'en atención a la
complejidad y a las condiciones específicas del
puesto' (...) son tan genéricas' que nada indica que
no se posean por funcionarios de nivel superior.
La sentencia está acompañada de un
voto particular discrepante de uno de los
magistrados, el presidente de la Sala Fernando
Ledesma, quien expone que el recurso debió ser
rechazado.
Opina que la sentencia del Supremo
'es contraria a derecho en cuanto reclama para el
Real Decreto combatido un requisito que la Ley no
exige' y estima que debieron, en su caso, impugnarse
los Reales Decretos posteriores de desarrollo de
cada Departamento.
Fuentes del Supremo señalaron que
el Gobierno tiene la posibilidad de dictar un nuevo
Real Decreto motivando las excepciones alegadas y
que el alcance de esta resolución se determinará en
ejecución de sentencia.
Por su parte, la presidenta de
FEDECA, Isabel Vázquez, aseguró a Efe que recibió la
sentencia 'con satisfacción y mucha alegría' y dijo
que tenía el convencimiento 'de que íbamos a ganar'.
A su juicio, con la decisión
judicial se ha evitado una 'violación' de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (LOFAGE) que afirma que hay que
ser funcionario para ostentar el cargo de director
general, salvo excepciones debidamente motivadas que
deben reflejarse en el decreto de estructura |
En
la respuesta parlamentaria a Francisco Rodríguez,
Instituciones Penitenciarias abordó también «la mortalidad
registrada en los centros penitenciarios de Galicia en 2004».
Según la información oficial, los cinco fallecimientos que
registró la cárcel de A Lama situaron a está prisión como la
segunda con mayor número de óbitos de Galicia, por detrás de
Teixeiro (A Coruña) -ocho muertes- y por delante de Monterroso
(Lugo) -cuatro sucesos-.
Asimismo, el Gobierno señaló que, «en relación al estado de
salud de la población reclusa de las cárceles gallegas, [la
situación] es equiparable al del resto de prisiones del
Estado». Añade, en este sentido, que hay «una importante
proporción de drogodependientes y prevalencia de enfermedades
transmisibles relacionadas» con la adicción a sustancias
estupefacientes.
Sida y hepatitis
Por otro lado, los enfermos de sida y hepatitis son tratados
«de acuerdo con los protocolos establecidos», los mismos que
«se aplican a las personas en libertad», matizaron desde
Instituciones Penitenciarias.
De este modo, los toxicómanos, no sólo se pueden beneficiar de
programas libres de droga, sino que se llevan a cabo otros a
base de metadona, al tiempo que «existe un programa de
intercambio de jeringuillas para evitar que los enfermos
toxicómanos (...) se contagien enfermedades de transmisión
parenteral o contagio a terceros». Y eso, pese a que distintas
actuaciones buscaron la reversión del consumo de droga con el
uso de jeringuillas.
En relación con la sanidad en la cárcel, la Administración
penitenciaria destacó que los servicios sociales externos de
la Comunidad de Galicia registraron durante el 2004, un total
de «diecisiete libertades condicionales por enfermedad
incurable». |
31/01/2006
| La masificación no es
el único problema que arrastra el centro penitenciario
de A Lama sino que también se le suma la desproporción
entre el número de funcionarios y el de reclusos |
La prisión de A Lama fue construida y
pensada para una población reclusa de 1.008 personas.
Transcurridos ocho años de su inauguración, el penal
pontevedrés alberga a un total de 1.421 internos, 1.325
hombres y 96 mujeres.
Con casi un 41% de presos más de los que estaba previsto
inicialmente, la masificación no es el único problema grave
que de un tiempo a esta parte arrastra la cárcel. Y es que
al hacinamiento de los internos se le suma el hecho de que
la plantilla de funcionarios apenas se ha incrementado a
medida que aumentaba la población reclusa.
Según datos ofrecidos por el Gobierno a una pregunta
parlamentaria del diputado nacionalista Francisco Rodríguez,
se recoge que el centro de A Lama dispone de una plantilla
de 470 trabajadores. Esta cifra arroja un preocupante dato
de que por cada funcionario, la cárcel cuenta con tres
presos, proporción que crece considerablemente si se tiene
en cuenta que el total de la plantilla se divide en turnos.
Conscientes de esta situación, Instituciones Penitenciarias
tiene previsto llevar a cabo una próxima ampliación de la
plantilla con una treintena de plazas.
En cualquier caso este hacinamiento se encuentra en el
trasfondo de muchos de los incidentes que se producen
habitualmente en el interior del centro pontevedrés.
Reinserción
Pero no todo es negativo en A Lama, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias resaltó el hecho de que «se
están impartiendo diez talleres de intervención psicosocial,
terapéutico y de drogodependencias», así como «veinte cursos
de formación en programas de inserción laboral, además de
talleres productivos, trabajos de mantenimiento, enseñanza
primaria hasta estudios universitarios y actividades
deportivas, recreativas y ocupacionales».
Además desde el pasado mes de octubre funciona un Unidad
Terapéutica y Educativa destinada a la rehabilitación
sociolaboral de internos toxicómanos. Para llevar a cabo tal
iniciativa, once funcionarios se desplazaron a la prisión de
Villabona para conocer la matriz del proyecto, la primer UTE
de España que lleva funcionando desde hace más de una
década. Catorce internos pontevedreses fueron los primeros
en seguir esta novedosa iniciativa.
Además cabe la posibilidad de que, en un futuro, se instaure
en la prisión de A Lama un curso de rehabilitación de presos
condenados por delitos sexuales. Tal actuación se está
realizando con bastante éxito en la cárcel ourensana.
|
| La repetición del
juicio por el motín ocurrido en 1990 en la cárcel de
Fontcalent empezó ayer entre fuertes medidas de
seguridad en la Audiencia Provincial de Alicante. Los
acusados atribuyeron el suceso a las condiciones en las
que vivían los presos. |
Uno de los cabecillas del motín registrado en 1990
en la cárcel alicantina de Fontcalent, M.P.,
atribuyó ayer la revuel ta
a las «palizas» que sufrían los presos en régimen de
aislamiento, pero rechazó que fuera la causa de la
muerte de un interno de origen argelino ya que,
según dijo, ésta se debió a un ajuste de cuentas. En
la primera sesión del juicio, que se repite después
de que el Tribunal Supremo anulara el anterior por
la utilización de videoconferencia, declaró que este
tipo de internos sufría «malos tratos, aberraciones
y palizas y, por desgracia», tuvieron que llegar «a
ese extremo» para hacer públicas sus
«reivindicaciones».
La primera sesión de este proceso se inició pasadas
las 10.00 horas en el edificio de los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Social, en la
calle Pardo Gimeno de Alicante, en medio de grandes
medidas de seguridad. La Audiencia de Alicante
condenó en su día a doce de los entonces diecinueve
inculpados en la revuelta, que declararon por
videoconferencia desde la misma cárcel de Fontcalent
para evitar los traslados dada su peligrosidad, a un
total de 763 años de prisión. No obstante, las
defensas recurrieron el fallo y este fue anulado
después por el TS, que entendió que los derechos de
los sentenciados no fueron suficientemente
garantizados al declarar por el sistema citado.
M.P., que está acusado de tentativa de
quebrantamiento de condena y de nueve detenciones
ilegales en este caso, afirmó que a los retenidos
durante el motín, funcionarios de prisiones en su
mayoría, «se les trató con más educación» que a los
internos. Preguntado si había denunciado los
supuestos malos tratos a los que aludía, el
inculpado contestó que le «salieron callos» de
escribir denuncias, «que en su mayoría no han salido
ni de la cárcel». Además, recordó que en el motín,
que duró 48 horas entre el 12 y el 14 de noviembre
de 1999, les dieron «unos comunicados»
reivindicativos a los primeros liberados y que él
pidió un coche y un helicóptero, aunque también
«evitó personalmente» que la revuelta llegase «a los
módulos de mujeres y menores».
Si bien reconoció «haber sacado al muerto» -en
alusión al cadáver del preso preventivo argelino que
falleció- y «soltarlo» desde el muro del penal en
que se sentó, desvinculó ese fallecimiento del motín
y los objetivos de éste. «Eso fue un ajuste de
cuentas porque [el argelino] era traficante»,
afirmó, antes de asegurar que, si hubo internos que
acusaron a varios inculpados de este hecho, se debió
a «un trato a cambio de beneficios penitenciarios».
El cabecilla, que lleva «28 años y medio»
encarcelado, «21 de ellos» en aislamiento, añadió
que en Fontcalent le llegaron a poner una inyección
«que le dejó tres días anulado», mientras que a su
cuñado, A.C.E., el reo que inició el motín según la
Fiscalía, «le están dando pinchazos y pastillas» y
está «anulado psicológicamente».Esta última
aseveración motivó que la defensa del aludido
pidiera la suspensión de la vista y la realización
de pruebas toxicológicas a su patrocinado para
conocer su estado actual, pero la sala lo denegó.
Precisamente, A.C.E., alias el Zorro, negó en su
declaración de ayer haber matado «a nadie» o conocer
al fallecido, aunque sí admitió que encerró a tres
funcionarios tras amenazarlos con un pincho en su
celda del módulo 4, en la que pasaba «22 horas» del
día, y el resto, «en el patio».
El último inculpado en declarar fue F.S., alias el
Rojo, quien indicó que «se vio metido» en el motín y
no recordó haber agredido o robado a ningún
funcionario, pero sí que todo el mundo «estaba
pasadísimo», incluido él, ya que «la farmacia se
abrió» y las cajas de pastillas se esparcieron.
«Esperemos que en este juicio nos condenen por lo
que hemos hecho y no por lo que no», dijo, para
afirmar a continuación que «hay gente que está
acusada de cosas cuando se encerraron ellos mismos
en sus celdas».
El juicio continuará mañana con el testimonio de
otros acusados.
|
31/01/2006
El
centro penitenciario de Topas, que utilizan
conjuntamente las provincias de Zamora y Salamanca,
cuenta actualmente con un total de 1.628 internos de
los que cerca de una veintena proceden de Zamora.
Como ocurre en la mayor parte de las prisiones
españolas, los delitos más comunes por los que han
sido encarcelados los reclusos de Topas son los
robos con intimidación y los delitos contra la salud
pública, por tráfico de drogas.
Para la atención de la población reclusa, el centro
penitenciario dispone de cerca de medio millar de
funcionarios que atienden tanto a los presos de
Topas como a los internos de los Centros de
Inserción Social de Zamora y Salamanca, según
informó la nueva directora de la prisión.
Ana Soledad Acosta lleva cuatro años vinculada
laboralmente al mundo penitenciario, primero como
psicóloga de la prisión de Melilla, de la que
posteriormente fue subdirectora de tratamiento y, en
el último año máxima responsable del centro
penitenciario melillense, que acoge a cerca de
trescientos cincuenta internos. En su visita a
Zamora, se reunió primero con el subdelegado del
Gobierno, Carlos Hernández, para posteriormente
mantener un encuentro con el presidente de la
Audiencia Provincial, Luis Brualla, y el fiscal
jefe, Rafael Álvarez Cienfuegos y finalmente visitar
el CIS de Zamora.
|
31/01/2006
|
Ana Soledad Acosta promete una política continuista en
el centro penitenciario para que perdure «el ambiente
tranquilo y la convivencia favorable»
|
La nueva directora del centro penitenciario d e
Topas, que ayer realizó su primera visita oficial a
Zamora tras tomar posesión del cargo la pasada
semana, ha anunciado en su visita a la ciudad la
intención de potenciar el CIS (Centro de Inserción
Social) de Zamora y las actividades formativas que
realizan los internos que cumplen penas de tercer
grado penitenciario en el CIS que se ubica en
terrenos de la antigua cárcel de Almaraz. La
directora de la prisión salmantina, Ana Soledad
Acosta, de la que también dependen los CIS de Zamora
y Salamanca, ha puesto de relieve la importancia de
este tipo de centros al cumplir el objetivo de la
reinserción, que es uno de los principios
fundamentales del sistema penitenciario.
Por ello, ha mostrado su apoyo a los CIS porque «son
importantísimos para la vida de la prisión» y a
través de ellos los internos acceden a una serie de
cursos formativos que la nueva responsable de Topas
quiere potenciar.
Mínimas incidencias
Sobre la política que aplicará en el centro
penitenciario, Acosta pretende desarrollar una labor
continuista con respecto a su predecesor en el
cargo, José Ignacio Bermúdez, debido a que, «pese a
lo que se cree, Topas es una prisión con un ambiente
tranquilo y de convivencia favorable», en el que el
grado de incidencias es «mínimo» y la relación entre
reclusos y funcionarios es «excelente».
Sobre el proyecto para construir en Zamora un centro
penitenciario específico para internos
drogodependientes que quieran desengancharse, la
directora de Topas ha preferido no pronunciarse
hasta conocer más detalles sobre él.
Acosta, que procede de Melilla, considera que el
conocimiento de la cultura árabe adquirido en la
ciudad africana le puede ser útil con el colectivo
de reclusos árabes para «conocer determinados
comportamientos y darles la justa importancia que
tengan en cada momento». |
Domingo, 05 de febrero de 2006
Redacción
Madrid- El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado
viernes el nombramiento de nuevo de la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, pero «a
propuesta de la ministra de Cultura», en vez del de
Interior, bajo cuya responsabilidad se halla la citada
dirección general.
El nuevo nombramiento, previo cese, se produjo para dar
cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de
2005, que anulaba por una cuestión de forma la elección de
siete directores generales, ninguno de ellos funcionario de
carrera, entre ellos, Mercedes Gallizo.
El fallo establecía que el Gobierno no había motivado
suficientemente la elección de personal no funcionario para
este tipo de cargos, prevista para casos excepcionales. Pese
a subsanarse el fallo, parece que el segundo nombramiento de
Mercedes Gallizo ha persistido en el error, esta vez por un
descuido en el texto oficial.
|
31/01/2006
ALMERIA.-
Durante 15 minutos, uno de los 13 presos del módulo
de aislamiento de la prisión almeriense de El
Acebuche jugó ayer con la vida del funcionario de
prisiones que se interesó por su estado al comprobar
que el recluso se negaba a salir de la celda para
pasear por el patio. El interno se abalanzó sobre el
trabajador y le colocó un pincho de fabricación
casera a la altura del cuello. Pretendía que el
vigilante abriera el resto de las celdas y, ante la
negativa, le propinó dos pinchazos.
La agresión se produjo sobre las 9.00 horas. Al
proceder a la apertura de las celdas, uno de los
inquilinos, de 23 años y considerado como «muy
peligroso», no salió. Uno de los dos cuidadores se
acercó para comprobar qué le ocurría.
La conversación se volvió más tensa, hasta que el
recluso se abalanzó sobre el funcionario. Le
arrebató con violencia el detector de metales y se
«lo rompió en la cabeza de un golpe». De sus ropas
sacó un pincho y lo colocó en el cuello del
vigilante, a quien derribó para después tirarse
sobre él. «Con tono amenazante», indicaron fuentes
sindicales, el delincuente exigió al otro
funcionario que le entregara las llaves del módulo
para liberar al resto de internos.
El vigilante no accedió a sus pretensiones y alertó
a la jefatura de servicios, que mandó refuerzos. Los
esfuerzos del agredido por liberarse resultaron
inútiles. Tuvieron que intervenir otros tres
cuidadores pero, antes, el reo consiguió propinarle
dos pinchazos, uno en el hombro y otro en el muslo.
La víctima fue atendida en la enfermería de la
prisión.
El portavoz del sindicato Acaip, Marcelino
Menéndez, indicó que este tipo de conflictos no se
produciría «si en lugar de dos fueran tres los
funcionarios que hicieran la ronda». Comentó que es
«incomprensible» que este preso continúe en El
Acebuche, puesto que «cuenta con numerosos informes
negativos» y había sido pedida su regresión de
grado.
|
31/01/2006
Tres internos de la cárcel de Zuera
(Zaragoza), uno de los cuales falleció el pasado día 23
de enero, han resultado contagiados con la bacteria
legionela este mes, sobre cuyo origen están investigando
las autoridades penitenciarias y las sanitarias de
Aragón.
|
Un
recluso de origen marroquí, con un grave problema
inmunodepresivo, falleció en el Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza por
infección de la bacteria, mientras que otro preso
fue dado de alta la pasada semana tras permanecer
unos días ingresado en el mismo centro hospitalario.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han
informado hoy a EFE de un tercer caso de
legionelosis en el centro penitenciario, un recluso
preventivo que responde a las iniciales C.I.G., de
69 años y natural de Zaragoza.
Este preso, pendiente de juicio desde el pasado 9 de
septiembre del 2005, tuvo los primeros síntomas de
fiebre alta el día 28 y al no responder al
tratamiento fue trasladado el día 29 al Hospital
Miguel Servet, donde se le practicaron los
correspondientes análisis cuyos resultados positivos
de legionela se han conocido hoy, agregaron las
mismas fuentes.
El enfermo continúa ingresado en el centro sanitario
y su evolución es positiva.
Desde el momento en que se detectó el primer caso de
legionelosis, Instituciones Penitenciarias puso en
marcha el protocolo habitual en estos casos, con la
toma de muestras por parte de técnicos del
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón y medidas preventivas como la hipercloración
del circuito de agua de la prisión.
A falta de los resultados definitivos, las mismas
fuentes señalaron que se sospecha que las duchas
podrían ser el origen de la infección por legionela.
|
| DIARIO SIGLO XXI
1/02/2006 |
El
senador del PP por Alava, José Manuel Barquero, ha
presentado una pregunta escrita en el Senado en la
que solicita al Gobierno que informe sobre si ha
sido cesada la directora de la prisión de Algeciras,
Isabel Martínez y, en caso de que no haya sido así,
solicita al Gobierno que exponga las razones que
justifican su continuidad en el cargo.
Según informó el PP en un comunicado, hasta la fecha
no tiene constancia de que la directora de la
prisión de Algeciras, Isabel Martínez, haya sido
cesada en su cargo después de las declaraciones
públicas que hizo el pasado 15 de enero, en las que
afirmaba que "los presos de ETA eran personas
honradas de las cuales se puede aprender".
En este sentido, Barquero consideró que "la gravedad
de tales declaraciones, el escándalo social que
produjeron, y el especial agravio de las mismas a
las víctimas del terrorismo y a muchos funcionarios
de prisiones, sólo se pueden paliar, en parte, con
su cese del cargo, sin que pueda servir de excusa
para la continuidad en el mismo el hecho de que se
haya disculpado públicamente". "La disculpa, que es
una exigencia ética, no pueda amparar la impunidad
política que supone su continuidad en el cargo",
concluyó el senador. |
2/02/2006
Las
secciones sindicales de CSI-CSIF, ACAIP, UGT y CCOO
en el centro penitenciario de El Acebuche se han
reunido en el día de hoy, martes, 31 de enero, y han
decidido los siguiente:
Considerar lo ocurrido el atentado más grave
acaecido en nuestro centro en los últimos 15 años
con el secuestro y apuñalamiento de uno de los
funcionarios que trabajan en este centro.
-Considerar responsables del apuñalamiento y
secuestro del funcionario del centro penitenciario
de Almería a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por su desidia, no atender las
peticiones realizadas por todos los sindicatos en
sucesivas ocasiones, ya que los hechos ocurridos
habían sido denunciados como previsibles con
antelación.
Por todo ello, exigimos:
1º.- Adecuación de forma inmediata e inaplazable de
un módulo de régimen especial con apertura
automática de puertas de celdas, dotación de arcos
detectores de metales y sistema de exclusa que evite
contacto directo con internos de especial
peligrosidad.
2º.- Adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo
del centro y de forma inminente incremento de 16
funcionarios interinos ( dos por guardia)
Los sindicatos firmante realizaremos cuantas
acciones consideremos oportunas para la consecución
de estos objetivos. CONVOCANDO UN PARO DE 20 MINUTOS
MAÑANA DÍA 1 DE FEBRERO A LAS 12.00 HORAS
CONCENTRANDONOS EN LA PUERTA DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE EL ACEBUCHE.
Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a nuestro
compañero, deseándole una pronta recuperación.
Agradecer a particulares e instituciones que han
mostrado su solidaridad y preocupación por este
grave acontecimiento.
|
2/2/2006
|
JAEN, 2 Feb. (EUROPA
PRESS) - |
La
sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de
la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)
en el centro penitenciario de Jaén achacó hoy a la
"gran masificación" de la cárcel las agresiones
registradas en la última semana.
En un comunicado remitido a Europa Press, Acaip
explicó que el centro tiene una capacidad para 450
internos, pero que "en la actualidad, su
masificación es de 720" presos.
En este sentido, señaló que "últimamente se aprecia
un número elevado de internos inadaptados al régimen
de este centro penitenciario realizando vida normal
con el resto de la población reclusa", de manera que
ponen en "grave peligro" la integridad de los
funcionarios de prisiones y del resto de internos.
"Existe una masificación importante de internos y
falta de personal penitenciario en este centro",
manifestó el sindicato, al tiempo que criticó que
"la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias no pone solución". Al respecto,
subrayó que "únicamente existe un auxiliar de
clínica para el reparto de medicación a más de 700
internos", por lo que calificó de "indispensable"
dotar de más personal al centro.
Así, Acaip recordó que el pasado 28 de enero "se
produjo una agresión a un funcionario de prisiones
por parte de un interno del módulo cinco", que
supuestamente le causó diversas heridas. Además,
señaló que "tras la agresión y puesto el interno
agresor en aislamiento, se produjo un plante del
resto de internos de dicho módulo", que
supuestamente se negaron a subir a sus celdas, pero
que finalmente fue abortado por la intervención de
los funcionarios, según concretó.
El sindicato puntualizó que al día siguiente, el 29
de enero, otro interno del mismo módulo "destrozó
con la pata de una mesa los cristales de la oficina
de seguridad de un funcionario".
En último lugar, manifestó que en el pasado turno de
noche, un interno del módulo tres "agredió al
compañero de su celda" y que cuando se personaron
los funcionarios, dicho interno "se abalanzó contra
ellos, sufriendo tres funcionarios de prisiones
diversas heridas y contusiones".
|
3/02/2006
| Sindicatos denuncia la
falta de personal en el Centro. |
granada.
Un recluso de la Prisión Provincial de Albolote
agredió ayer a un funcionario, al que rompió un
hueso de la nariz al propinarle un puñetazo sin
mediar palabra. La dirección del centro
penitenciario granadino reclamó ayer mismo que se
hiciera efectivo el traslado del interno, que ya
había sido solicitado con anterioridad pues había
protagonizado otros altercados. Los sindicatos
rechazaron la agresión y atribuyeron este hecho a la
"alarmante" falta de personal para atender a la
"masificada" prisión.
Según informaron fuentes del centro penitenciario
granadino, el altercado tuvo su origen en la sala de
estar del módulo en el que cumple su condena el
agresor, identificado como J.L.M. y que sufre un
trastorno mental. El interno comenzó a "provocar" al
resto de sus compañeros y los funcionarios
decidieron sacarle de allí y trasladarle al
departamento de aislamiento. Ya en esas dependencias
y sin mediar palabra, el recluso golpeó brutalmente
a un funcionario.
El trabajador recibió una primera asistencia en la
enfermería de la prisión y posteriormente fue
trasladado a un hospital de la capital granadina,
donde comprobaron que tenía fracturado un hueso de
la nariz.
El agresor fue trasladado también a un centro
hospitalario para su ingreso en el área de
psiquiatría. La dirección de la Prisión de Albolote
solicitó a Instituciones Penitenciarias que
ejecutara su traslado a otro centro. Según las
fuentes consultadas, éste ya había sido solicitado
por los altercados previos protagonizados por el
recluso, que al parecer padece un trastorno mental.
Al tratarse en este último caso de un incidente
grave, el traslado se hará efectivo de inmediato.
La "brutal" agresión fue rechazada ayer por la
sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de
la Administración de Institutciones Penitenciarias (Acaip),
que destacó que este hecho pone de manifiesto la
"alarmante" falta de personal, "en especial en este
centro penitenciario de Albolote", para hacer frente
al "imparable" aumento de la población reclusa que
provoca tasas de hacinamiento "insoportables" para
el actual sistema penitenciario.
El sindicato, que criticó la clasificación de los
internos que se aplica en la prisión por
"inoperante", reclamó más medios humanos y
materiales para desarrollar su labor
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03/02/2006
| Nueva infección en el
Centro Penitenciario. Se debe garantizar una temperatura
igual o superior a 50 grados para evitar la legionela |
Salud Pública viene recomendando desde enero del
2004 a Instituciones Penitenciarias la necesidad de
modifi car
la conducción de agua sanitaria de la prisión de
Zuera, con el fin de garantizar una temperatura
igual o superior a 50 grados centígrados en los
puntos finales de la red de agua caliente. Esta
mejora estructural sería determinante a la hora de
afrontar los repetidos problemas de legionelosis que
se han detectado en esta prisión. Allí se espera que
comiencen las obras, mientras los presos siguen
usando con normalidad la misma red de agua.
Sólo entre enero del 2004 y enero del 2006 se han
notificado tres brotes --al menos que hayan
trascendido a los medios de comunicación-- y, a
pesar de que en cada ocasión se extreman las medidas
de limpieza, desinfección e hipercloración de la red
de abastecimiento, e incluso se aplican con mayor
frecuencia de la establecida en la normativa, la
facilidad con la que coloniza la legionela en dichos
conductos es muy alta.
De ahí, que finalmente Javier Fernández, delegado
del Gobierno de Aragón, asegurara el miércoles que
Instituciones Penitenciarias acometerá en breve la
renovación de la red de distribución de agua del
centro. Del mismo modo, la consejera de Salud del
Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, subrayó que
Interior ya había tomado la decisión de realizar un
cambio en las instalaciones de suministro.
Los controles y las inspecciones por parte de los
técnicos de Salud Pública del Gobierno de Aragón han
sido frecuentes en el tiempo en los últimos años,
tal y como ha publicado este diario en diversas
ocasiones. Entre las medidas recomendadas desde
Salud Pública tras el segundo brote en abril del
2005 se destacaba el tratamiento del agua con cloro
durante tres meses seguidos, al mismo tiempo que se
instaba a que la limpieza y desinfección de la red
de abastecimiento se llevara a cabo cada tres meses
y no cada año, como determina la normativa.
Igualmente se sugería que las muestras se tomaran
con una periodicidad mensual, y que se procediera al
lijado y pintado de los depósitos de agua.
También se insistió entonces en que se llevaran a
cabo las modificaciones estructurales necesarias
para garantizar el mantenimiento de una temperatura
igual o superior a 50 grados centígrados en los
puntos finales de la red de agua caliente.
Fuentes consultadas por este diario reconocen, no
obstante, que la obra de remodelación de la
estructura de la conducción del agua es compleja,
porque además existen numerosos puntos de agua.
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03/02/2006
|
El preso ya denunció a cinco trabajadores de la
prisión por la muerte de un interno ghanés
|
Rafael
Martínez Zea ya fue definido como “un manipulador”
durante el juicio celebrado el pasado mes de
septiembre contra cinco funcionarios de la prisión
de Sangonera. Entonces, el interno acusaba a los
cinco trabajadores de la cárcel de haber acabado con
la vida de un preso, natural de Ghana, después de
propinarle una paliza en los pasillos de la prisión.
Los cinco funcionarios fueron absueltos.
Ayer, el Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia
absolvió también a Juan Antonio A.C., quien se
enfrentaba a una pena de 18 meses por un delito de
obstrucción a la justicia. Esta decisión cierra de
forma definitiva el juicio sobre la muerte de
Mohamed Ibrahim Yandani, un interno natural de Ghana
que perdió la vida en enero del año 2001. El jurado
popular encargado del caso consideró probado
entonces que los dos golpes en la cabeza que
acabaron con la vida de Yandani se produjeron de
forma accidental cuando el interno trataba de
escapar de su celda.
Martínez Zea, sin embargo, acusó a cinco
funcionarios de Sangonera de propinar una paliza a
Yandani. Las primeras declaraciones de Zea tras el
incidente ratificaban la versión de los
funcionarios. Meses más tarde, Zea cargó contra los
funcionarios. Según la defensa de los empleados de
la prisión, esta versión, la quinta diferente
mantenida por Zea, fue fruto “de la venganza y el
rencor” por no haber obtenido favores después de
ayudar a los funcionarios a inmovilizar a Yandani.
“Ahorcado en el chabolo”
Según Zea, el acusado entró en su celda tras la
agresión y le advirtió de que podía “aparecer
ahorcado en el ‘chabolo’ o me podía pinchar otro de
los presos” si no declaraba a su favor. Ayer, sin
embargo, quedó acreditado que el acusado no estuvo
en la prisión cuando se produjeron los hechos, ya
que no entró de servicio “hasta dos días después”.
El presunto plan urdido por Zea para “vengarse” de
los funcionarios podría volverse en su contra. En la
actualidad, el interno cumple condena hasta el nueve
de enero del año 2009 por tres robos con
intimidación “con una pistola de los veinte duros”,
dos quebrantamientos de condena “y un par de
hurtos”, según declaró él mismo durante el juicio.
Ahora, la defensa de los funcionarios de prisiones
estudia presentar una demanda contra Martínez Zea
por un delito de falso testimonio.
“Esto es la cárcel, no el patio de un colegio”
“Dos días después de la muerte del africano, Zea y
sus compañeros ya estaban en el patio de la prisión
organizando lo que cada uno debíamos decir”. David
M., otro de los internos que declaró tras la muerte
de Mohamed Yandani, coincidió con el acusado, Juan
Antonio A.C. en calificar a Martínez Zea como “un
manipulador”.
“En aquel momento le hicimos caso porque todos
sabíamos cómo era Zea y le teníamos miedo. Esto es
una prisión, no el patio de un colegio”. Rafael
Martínez Zea fue sancionado el nueve de enero del
año 2001, seis días después de la muerte de Mohamed
Ibrahim Yandani, “por tragarse dos cuchillas de
afeitar” después de que el médico de la prisión se
negase a recetarle pastillas psicotrópicas.
Fue tras este incidente cuando Zea acusó a Juan
Antonio A.C. de entrar en su celda y amenazarle para
que declarase a favor de los funcionarios. En total,
Zea realizó cinco declaraciones sobre la muerte de
Yandani. Las cinco fueron diferentes. Ayer, después
de que la defensa de Juan Antonio A.C. acreditase
que el acusado no estaba en la prisión el día de los
hechos juzgados, Zea modificó su declaración y situó
las amenazas del funcionario de la prisión de
Sangonera “unos días más tarde”, sin llegar a
precisar el momento.
|
Siglo XXI
03/02/2006
| El director de la
prisión de Jaén, Manuel Martínez, manifestó hoy que las
últimas agresiones producidas en el seno de la
institución penitenciaria "son dos hechos puntuales,
aislados y sin relación". |
En
declaraciones a Europa Press, Martínez resaltó que
la situación en la cárcel provincial es de
"normalidad", al tiempo que agregó que "la
masificación de la prisión no es de ahora ni de hace
un mes, pues no tenemos más gente que hace dos
meses". Al respecto, explicó que la cárcel alberga
en la actualidad a unos 689 internos y que el número
ideal sería de unos 420.
Según el director de la prisión, la solución a este
problema pasa por la edificación de nuevos centros
penitenciarios, un proyecto que "tarda tiempo, a
pesar que ya hay once proyectos".
Con respecto a las últimas agresiones, Martínez
subrayó que "producen alarma por el hecho de estar
conectados en el tiempo", si bien descartó que se
deban "a un problema de fondo", por lo que manifestó
que no hay ningún tipo de alarma entre los
funcionarios.
En último lugar, concretó que el interno que
protagonizó la agresión el pasado fin de semana ya
ha sido trasladado a otro centro, mientras que ya
han pedido a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias el traslado también para el otro
preso que agredió a varios funcionarios en días
pasados.
LOS HECHOS
Un funcionario fue agredido el pasado fin de semana
por un interno después de que supuestamente éste se
negase a abandonar su celda para salir al patio. El
funcionario había iniciado una inspección rutinaria
por las celdas para verificar que todos los presos
habían salido de ellas para bajar al patio.
Durante ese proceso, se encontró con uno de los
internos oculto en su celda y que se negaba a
abandonarla a pesar de los requerimientos del
funcionario, que en ese momento fue presuntamente
asaltado por el preso, quien le agredió con las
manos causándole "graves daños" en un ojo, así como
una fisura en un dedo de la mano. |
4/02/2006
El servicio entró
ayer en funcionamiento en el Centro Penitenciario
|
El
Centro Penitenciario de Castellón puso ayer en
servicio la sala de videoconferencias, que permitirá
la comparecencia de internos ante los órganos
judiciales sin necesidad de efectuar una salida. El
subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, asistió
a la puesta en marcha de este servicio, que
consistió en una conexión de prueba con la sala de
videoconferencias del Centro Penitenciario de
Pontevedra.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
tiene previsto desarrollar otras utilidades para
este servicio, entre ellas la telemedicina. Entre
tanto, los órganos judiciales podrán ponerse en
contacto por este medio con el Centro Penitenciario
para realizar diligencias y trámites judiciales
(notificaciones a internos, providencias, etc) en
los que no sea legalmente imprescindible la
presencia física del recluso en el juzgado, lo que
evitará el traslado del interno hasta allí.
Calles destacó las ventajas de la implantación de
este sistema de comunicación, entre las que figura
la reducción de servicios de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado para las custodias en
traslados de internos, lo que permitirá destinar más
agentes a otras funciones.
|
3/02/2006
|
El Gobierno confirmó hoy en su cargo
a los seis directores generales afectados por una
sentencia del Tribunal Supremo, acreditando
'suficientemente' las razones por las que designó a
estas personas para ocupar los puestos pese a no ser
funcionarios
|
El
Consejo de Ministros dio así cumplimiento a la
sentencia del Supremo, de 7 de diciembre de 2005,
que obligaba al Ejecutivo a anular un decreto por el
que se podía nombrar a directores generales que no
sean funcionarios de carrera.
Los directores generales
confirmados son los de Instituciones
Penitenciarias, de Ferrocarriles, Integración de
los Inmigrantes, Coordinación Informativa, Bellas
Artes y Bienes Culturales, y Arquitectura y Política
de Vivienda.
El Gobierno explica que las
modificaciones no afectan al séptimo alto cargo al
que hacía mención la sentencia, el director general
del Agua, pues su nombramiento ya había quedado
argumentado anteriormente.
El Tribunal Supremo anuló un Real
Decreto de abril de 2004, uno de los primeros del
Gobierno del PSOE, que aprobaba la estructura de los
departamentos ministeriales estableciendo de forma
genérica que no era necesario que el titular de
determinadas direcciones generales fuera funcionario
de carrera.
La sentencia del Supremo explica
que la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE) permite
que personas no funcionarias ocupen Direcciones
Generales, siempre que se justifique adecuadamente
en los Reales Decretos de estructura de los
Departamentos. |
3/02/2006
| La fiscalia pretende
que cada asesinato le salga al etarra por 3 meses de
cárcel. |
El
diario El Mundo revela este viernes que la Fiscalía del
Tribunal Supremo apoya el recurso interpuesto por el
sanguinario Henri Parot para lograr su excarcelación en 2009,
cuando el terrorista etarra sólo habrá cumplido 20 de los
4.799 años de prisión a los que está condenado por 82
asesinatos y otros delitos.
En su informe, la Fiscalía
da la razón a Parot y sostiene que, de acuerdo con la ley,
procede acumular todas sus condenas en una sola de 30 años de
cárcel, en lugar de dividirse en dos penas de 30 años cada
una, como acordó la Audiencia Nacional, lo que permitiría
mantener en la cárcel al terrorista etarra hasta 2034, según
informa María Peral en El Mundo.
El Ministerio Público
fundamenta su decisión en un criterio jurisprudencial, según
el cual procede refundir todas las penas de un mismo condenado
en una sola cuando los diversos hechos delictivos pudieron
enjuiciarse en un único proceso por el momento en que fueron
cometidos. La Audiencia Nacional, sin embargo, argumenta que
los crímenes de Parot fueron cometidos en dos etapas distintas
a través de comandos diferentes.
La Sala Penal del Tribunal
Supremo tiene pendiente de resolver el recurso de casación que
Henri Parot presentó contra el auto de acumulación de penas
que dictó la Audiencia Nacional en abril de 2005, de acuerdo
con el criterio aportado por la Fiscalía de esta instancia
dirigida hasta ahora por Eduardo Fungairiño, quien ha sido
forzado a dimitir por el Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido.
Henri Parot, nacido en 1958 en
Sidi Bel Abbes (Argelia), está considerado como uno de los
etarras más duros de la historia de la banda terrorista. En
una carta desde la cárcel interceptada en septiembre de 2002
proponía a ETA "volar el Banco de España, las Bolsas de Madrid
y Barcelona y sedes centrales de bancos multinacionales". En
la misiva llegó a preguntarse cómo no se ha volado aún la
Audiencia Nacional.
A raíz de la interceptación de
esa carta el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
decretó le acusó de integración en banda armada. El
procedimiento es independiente a sus anteriores condenas y
puede influir también en la fecha de su puesta en libertad. El
nombre de Henri Parot apareció en un bolsillo del
lugarteniente del jefe del comando del 11-M.
|
4/02/2006
En el Juzgado de lo Penal se celebrarán en breve juicios
contra dos presos del Centro Penitenciario de Cáceres acusados
de sendos delitos de tráfico de drogas, cometidos en ambos
casos dentro del propio centro penitenciario.
El primero de ellos, por el que está acusado Angel M. C.,
ocurrió el 10 de julio del año pasado. Según recoge el fiscal
en su calificación de los hechos, sobre las 11.00 horas Angel
M., que se hallaba en el centro penitenciario cumpliendo
diferentes condenas --le constan más de 10 años de prisión por
cuatro delitos de robo y uno de tráfico de drogas--, se
encontraba en el Módulo B y su conducta llamó la atención de
los funcionarios de prisiones, "puesto que a lo largo de la
mañana se le acercaron numerosos internos y además adoptaba
una actitud vigilante".
Los funcionarios dieron aviso al jefe de servicio y
procedieron a realizarle un cacheo personal, "encontrándole
oculto en los calzoncillos y dentro de un monedero 70
pastillas de Alprazolam, un billete de 50 euros y cuatro de
20". Antes, se añade, "ya había regalado o vendido a otros
internos 29 pastillas".
El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de prisión y
multa de 1.500 euros.
Por su parte, los hechos que se le imputan a Alberto M. C.,
ocurrieron sobre las 08.55 horas del 29 de septiembre del
2005, cuando se encontraba en el Módulo de Ingresos porque
acababa de regresar de disfrutar un permiso penitenciario.
"Había manipulado el filtro de la boquilla de un cigarrillo
introduciendo en su interior un comprimido de Alprazolam y
0,23 gramos de hachís que, junto con otros cuatro cigarrillos
no manipulados, se lo entregó a los funcionarios para que se
los diesen a otro interno que estaba en esos momentos
cumpliendo una sanción de aislamiento". Los funcionarios se
dieron cuenta de la manipulación y le intervinieron las
sustancias.
El fiscal pide para este acusado dos años de prisión.
|
4/02/2006
algeciras/san
roque. Las críticas a las polémicas declaraciones
sobre los etarras realizadas por la directora de la
cárcel de Algeciras, Isabel Martínez de la Torre ,
no llegan sólo desde el exterior de Botafuegos.
Algunos internos también han exteriorizado su
malestar por esas palabras, en las que calificó a
los presos de la organización terrorista como
personas "muy honradas" y de las que se puede
"aprender mucho".
La prueba es una carta llegada a esta redacción y
firmada por un preso, Carlos G.J., que a su vez dice
hablar en nombre de un amplio colectivo de lo que
denomina "presos comunes", traducible por los que
están cumpliendo condena por delitos como el tráfico
de drogas.
"Nos pide que aprendamos de ellos. ¿A qué? ¿A matar
cobardemente a personas inocentes?", pregunta el
interno, que deja claro que él y otros compañeros de
la prisión están "cumpliendo por sus errores", pero
que lo suyo no es en absoluto comparable a lo de los
etarras.
"Tampoco estamos dispuestos a aprender su educación,
por que la que tienen esos malnacidos es matar y
nuestros padres no nos enseñaron a eso", añade la
carta, en la que enfatiza que la directora del penal
de Botafuegos no puede limitarse " pedir perdón",
sino que tiene que ser "destituida y suspendida de
empleo y sueldo".
Además, entiende que esas declaraciones también han
tenido que molestar mucho a los funcionarios de la
prisión. "Deben estar indignados, como lo estamos
nosotros", afirma este recluso.
Por otra parte, el PP de San Roque lamentó ayer que
el gobierno municipal socialista de esta localidad
campogibraltareña rechazara debatir en el pleno una
moción en la que se reclamaba la destitución de
Isabel Martínez. |
03-02-2006
| No considera la
reinserción como principal vía para la derrota de ETA y
dice que "una mera declaración de tregua sería un paso
tramposo" |
BILBAO,
3 (EUROPA PRESS)
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)
rechazó hoy que se puedan aplicar medidas de
redención o grupales para los presos de ETA y pidió
que no haya un final indigno para víctimas. Además,
consideró que la reinserción no es la principal vía
para la derrota de ETA y señaló que "una mera
declaración de tregua sería un paso tramposo".
Covite se refirió, de esta forma, al plan de trabajo
que el PSE-EE presentará en su próximo comité
nacional, en el que plantea que se consulte a las
víctimas las medidas de reinserción de presos de
ETA.
En un comunicado, este colectivo señaló que "es
obvio" que apoyará "toda iniciativa por la que se
posibilite que las víctimas deban estar informadas
de los pasos encaminados a derrotar definitivamente
el terrorismo".
No obstante, afirmó que la reinserción de reclusos
"no es la principal vía para conseguir esta derrota"
y expresó su preocupación porque "un tema secundario
como la reinserción se pueda convertir en algo
fundamental".
"De la misma forma creemos que, previamente a
cualquier proceso de reinserción de presos, la
amenaza terrorista debe cesar definitivamente en
todas sus formas y, por lo tanto, la mera
declaración de tregua sería un paso insuficiente y
tramposo, ya que nos basamos en evidencias pasadas",
indicó.
No obstante, dijo que entiende que, "cuando habla de
flexibilidad, el PSE-EE se está refiriendo a medidas
legales, normalizadas, judiciales y no políticas, ni
excepcionales".
"No son admisibles constitucionalmente medidas de
redención generales ni grupales. La reinserción
siempre debe ser individual y no colectiva, activa
por parte del afectado y no pasiva o impuesta y debe
tener como ingrediente imprescindible el
reconocimiento del daño infligido por parte del
agresor que debería ser firmado, explícito, personal
y público", añadió.
A su juicio, "el fin reinsertador también exige una
serie de obligaciones que impone la Justicia y que,
después de la excarcelación, pueden incluir, por
ejemplo, la reparación económica hacia la víctima y,
en su caso, el alejamiento de ésta". "Es decir, si
no cumple con esas obligaciones públicas un
excarcelado, nunca llegará a ser un ciudadano
reinsertado", aseveró.
Covite destacó que "la reinserción nunca debe
producirse a costa de desvirtuar el valor
retributivo y reparador de la pena, además en buena
lógica debería existir una inhabilitación posterior
del terrorista para el acceso a cargos públicos".
En esta línea, recordó "la gran cantidad de víctimas
que no han obtenido la más mínima reparación
judicial, por falta de información o porque sus
casos han prescrito o por estar pendientes de
resolución policial o judicial". "No se pueden, en
ningún caso, archivar los casos de terrorismo no
resueltos, tanto dentro de España como en el
extranjero", agregó.
Asimismo, dijo que "no estaría de más que se
reconozca públicamente que todas las víctimas han
cumplido absolutamente con una generosidad extrema"
y que no se las "insulte" al referirse a ellas como
un "obstáculo para la paz".
ARREPENTIMIENTO
Tras señalar que las víctimas del terrorismo "han
delegado siempre en el Estado y en la Administración
de Justicia sus pleitos con los asesinos", pidió que
"no se hable tan frívolamente de reinserción o
reconciliación, sin antes hablar de arrepentimiento
o reconocimiento del daño o sin trabajar en la
deslegitimación social del terror como instrumento
de coacción política".
"Debemos recordar que las víctimas del terrorismo ya
tenemos el partido perdido desde el mismo momento en
que sufrimos cada atentado y exigimos que no se
llegue a producir un final indigno que insulte la
memoria de las víctimas", subrayó.
Por último, recordó que "las víctimas del terrorismo
son la parte más palpable de la ''Euskadi real''".
"Un primer paso sería cumplir la proposición no de
Ley de 2003 del Parlamento Vasco sobre víctimas del
terrorismo. Todo lo que no apunte en esa dirección,
da como resultado la desatención, el agravio y la
afrenta hacia las víctimas", concluyó |
Sábado, 4 de febrero de 2006
El
pasado 17 de septiembre de 2005 tuvo lugar una
agresión en el centro penitenciario de Cáceres.
El ministerio fiscal indica que el interno José Luis
M. H., cogió una barra de hierro (la pata de una
mesa), y con ella golpeó al interno José Ángel O. B.
Como consecuencia de los golpes José Ángel sufrió
una herida inciso contusa en el cuero cabelludo y
otra en la pierna izquierda, que necesitaron 5 y 3
puntos de sutura. El recluso agredido, que ha
renunciado a cualquier tipo de indemnización, tardó
ocho días en curar.
El fiscal tiene previsto solicitar al tribunal que
José Luis sea condenado a dos años y medio de
prisión. |
Domingo, 5 de febrero de 2006
| Diez reclusos sacan a
pulso y sin tutoría estudios universitarios desde la
prisión de Alhaurín de la Torre |
EN
la biblioteca de la Prisión Provincial de Málaga hay
un recluso examinándose de una asignatura de la
carrera de Ingeniería Informática. Es una imagen
curiosa por poco imaginada. Se le adivina absorto en
la resolución de fórmulas complejas, bajo la mirada
cercana de un profesor de la Universidad Española a
Distancia (Uned), venido ex profeso para la prueba.
Cuando Carmen Sevilla, coordinadora de varios
programas de formación, le toca en un hombro para
avisarle de la presencia de periodistas, el penado
levanta la cabeza y saca de los oídos los algodones
que le mantienen a salvo de cualquier perturbación.
Aunque esta vez, ni por esas.
 No
quiere saber nada de la prensa y casi está dispuesto
a abandonar una biblioteca que ha catalogado en su
cabeza y en la que es capaz de localizar los casi
16.000 títulos que en ella hay. Él es uno de los
diez reclusos que en estos momentos realizan
estudios universitarios desde la cárcel de Alhaurín.
Una tarea ardua, porque hay que hacerla a pulso,
adecuándose al régimen penitenciario, sin ayuda ni
tutorías, buscando las horas más tranquilas, los
espacios menos bulliciosos y en algunos casos, la
mejor fórmula para compaginar los estudios con el
trabajo en la propia prisión, que permite unos
ingresos que no están en disposición de rechazar.
Eso es lo que le pasa por ejemplo a José Manuel
Lacarra, 47 años, casado, con tres hijos y al que un
alijo de 1.300 kilos de hachís en la playa de
Guadalmar y tenencia ilícita de arma le condujeron a
prisión. A José Manuel hay que buscarle en la zona
de funcionarios, donde arregla un cuadro de luz. El
reo trabaja en mantenimiento y también estudia
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión, una
carrera que suena a difícil.
Nadie diría que cuando en 1987 ingresó en la prisión
de Jaén II, este hombre que mantiene una sonrisa que
le hace parecer tímido, tenía sólo estudios
primarios. «Mi familia necesitaba dinero y yo tenía
que trabajar. Los estudios no podían ser». Un poco
por ocupar el tiempo, ya entonces decidió sacarse el
graduado escolar, y después continuar con el acceso
a la Universidad para mayores de 25 años. Lo
consiguió, y de Jaén II pasó al módulo II de Soto
del Real, que, según explica, está pensado sólo para
estudiantes de la Uned.
Fue allí donde empezó primero de Ingeniería Técnica.
Luego, cumplida una de las causas, salió a la calle,
y cosas de la vida, lo que le permitía la cárcel se
lo impedía la libertad: «Cuando salí tuve que
dejarlo, porque tenía que trabajar y dedicarme a mi
familia. Ahora he vuelto a entrar por la segunda
causa». Y ha vuelto a retomar los estudios. «Aquí, o
ocupas el tiempo en algo positivo o lo pierdes en un
patio».
Le quedan cuatro años para zanjar con la justicia,
aunque calcula que en uno estará en tercer grado y
entonces volverá a imperar la obligación de trabajar
para mantener a los suyos: «Si puedo compaginar
trabajo y estudios lo haré, y si no, dejaré la
carrera, muy a pesar mío», aventura.
Agenda sin respiro
Dicen que en la cárcel si algo sobra es el tiempo,
aunque Mario (nombre figurado) parece haber
organizado una agenda que no deja lugar al respiro.
Es de esos perfiles que nadie esperaría encontrar
entre rejas, aunque Carmen explica que son más
frecuentes de lo que se piensa. Economista, veinte
años de trabajo en Málaga, responsable de una
empresa y también padre de familia -no ver a los
suyos ha sido, cuenta, lo más duro de llevar- dice
que un «tropiezo» del que no da más explicaciones le
condujo a donde ahora está.
Su caso aún está en fase de instrucción, por lo que
el juicio puede tardar siete u ocho meses en
celebrarse. Podría estar en libertad bajo fianza
pero está completamente seguro de que le van a
condenar a más de dos años (pena mínima para un
delito como el suyo si no hay antecedentes). «Pienso
que los malos tragos, cuanto antes, mejor. No quiero
salir y luego volver a entrar, con lo que eso supone
de desestructuración familiar. Fue un error. Quiero
pagarlo cuanto antes y relanzar mi vida».
Quizá para cuando salga tenga casi terminada la
carrera de Derecho, en la que se ha matriculado nada
más ingresar en prisión. «Me gusta el derecho y hay
muchas asignaturas que me convalidan de Económicas.
Lo quería haber hecho en la calle, pero me faltaba
tiempo».
Ahora, entre unas cosas y otras, casi que también le
falta tiempo. «Estoy liado todo el día. Por la
mañana llevo temas de administración en la
enfermería. Llevo archivos, expedientes, urgencias.
Luego también me he ofrecido para dar algunos cursos
en los módulos. He dado uno de Dirección de Empresas
y ahora voy a preparar otro para el módulo de
Menores». Los fines de semana también da clases de
tenis, su pasión. Tras el almuerzo, si el tiempo lo
permite hace deporte y si no, lo dedica al estudio,
aunque las mejores horas para aplicarse al Derecho
llegan después de la cena. «Me gusta estudiar de
noche, como hacía en la facultad, cuando estaba en
Económicas. Ceno y desde las diez de la noche hasta
la una o las dos de la madrugada me dedico a los
libros».
Otra visión
«Hay una visión diferente de esto en la calle. Yo
también la tenía», dice. «Esto se puede hacer de dos
formas: Puedes aprovechar el tiempo, y entonces
encuentras vías y ayudas, o puedes dejar pasar los
días, sin hacer nada. Yo nunca pensé estar aquí.
Todo en la vida, y esto también, depende de muchas
circunstancias».
Carmen Sevilla enumera de memoria las carreras que
en estos momentos se estudian desde la prisión de
Alhaurín: «Informática, Derecho, Historia, Ciencias
Políticas y Administración y Gestión de Empresas».
Otros años también ha habido quien eligió Psicología
y Turismo. Un acuerdo específico entre la
Universidad a Distancia e Instituciones
Penitenciarias permite este programa, que
inicialmente financia durante dos años la matrícula,
los libros y el material audiovisual. La gratuidad
continua si en ese tiempo el alumno ha aprobado al
menos dos asignaturas y se mantiene incluso si
obtienen la condicional.
También a distancia, sin profesores ni tutoría, se
puede hacer desde la prisión secundaria y bachiller.
«Lo tienen difícil», reconoce Carmen, que explica
que en el primer caso hay sólo cuatro alumnos
matriculados, mientras que en el segundo hay cinco:
«Evidentemente les cuesta mucho trabajo. Es muy
complicado, sobre todo en Secundaria, porque su
nivel es más bajo».
En estos casos, los alumnos están matriculados en el
Instituto de Formación de Adultos (IFA) Antonio
Machado. De allí llegan los exámenes, que hacen en
prisión y que son evaluados por profesores del
citado centro. «Les cuesta trabajo sacar los
exámenes. Estamos hablando de niveles ya importantes
y a distancia, que no es lo mismo. Si hubiera
tutores les costaría menos, pero esto es como la
pescadilla que se muerde la cola: No desplazan a un
profesor de instituto aquí porque hay muy pocos
alumnos matriculados y hay muy pocos alumnos
matriculados porque nunca se ha desplazado un
profesor para tutorizarlos», dice la coordinadora.
De los 44 jóvenes que en estos momentos cumplen
condena en el módulo de Menores de la prisión de
Alhaurín, Alejandro Martín, 21 años, es el único que
está matriculado en Bachillerato. Lleva un año en la
cárcel por un delito de robo con violencia, por el
que le han caído cuatro, pero ha decidido seguir con
los estudios que dejó fuera: «Me interesa seguir. Lo
hago por ocupar el tiempo». Pregunta a Carmen por si
han llegado los resultados de sus exámenes, que
corrigen profesores que no ha visto en su vida: «Te
dan los libros y tienes que estudiar en el tiempo
libre. Dedico dos o tres horas, lo que puedo, porque
también estoy en el taller de Cocina».
Lola es profesora y en el primer grupo de su clase
hay una decena de chicos entre 18 y 21 años a los
que se suman algunos más cuando ven al fotógrafo. En
esta primera hora la mayoría son inmigrantes
-marroquíes, argelinos, nigerianos y algún rumano- a
los que se les está impartiendo clases de español.
También hay algunos jóvenes españoles que necesitan
alfabetización. Aunque diferente, este espacio se
parece algo más a una clase.
El segundo grupo, que llegará un poco más tarde,
está formado por españoles y por algún chico árabe
que sabe bien el castellano porque lo ha aprendido
en Ceuta o Melilla. Reciben una formación básica,
parecida a lo que antes era el graduado escolar y a
lo que ahora se conoce como primaria: «En la cárcel
tienen que realizar dos actividades y a los que no
tienen una formación básica se les obliga a que una
de ellas sea la escuela», explica.
Dice Carmen Sevilla que estos jóvenes son sobre los
que más se puede incidir: «Aún conservan ciertos
hábitos de estudio. Han pasado por la escuela
recientemente y en muchos casos basta con recordar
lo aprendido». Con ellos se empieza por recuperar
nociones tales como multiplicar o dividir.
Colegio entre barrotes
Al contrario de lo que ocurre con secundaria,
bachiller y universidad, que se deben realizar a
distancia, la enseñanza primaria se imparte en la
propia cárcel, que en realidad alberga entre sus
barrotes uno de los 13 colegios matriz de Enseñanza
Permanente que la Junta de Andalucía tiene en Málaga
y que en un futuro próximo pasará a denominarse
oficialmente centro Victoria Kent.
Así lo explica Paco Sánchez Torremocha, 19 años de
profesor en la cárcel y primer responsable de este
particular centro, con 13 profesores en plantilla
que imparten nociones muy básicas de educación a
algo más de 300 alumnos: «Hay 23 grupos formados en
todos los módulos y otros dos en sección abierta»,
explica.
Entre juicios, llamadas, comunicaciones, abogados e
incidencias se desarrollan unas clases que además se
deben ajustar al régimen penitenciario; a sus
horarios de comida, de limpieza y de actividades y
que están enfocadas en muchos casos a enseñar a leer
y escribir a adultos con unos hábitos de estudios
que nunca tuvieron, que están muy lejanos o que
quedaron enterrados en la amnesia producida por las
drogas.
Y por si todo fuera poco, no hay que olvidar que la
prisión de Málaga es de preventivos, así que la
movilidad -entradas y salidas- es tremenda. Tanto
que de los 600 alumnos matriculados cuando empezó el
curso, casi la mitad ya están dados de baja: «Hay
mucho movimiento. Se van en libertad, en conducción,
por propia voluntad. Los alumnos funcionan bien,
pero el problema de estas clases son las continuas
interrupciones», concluye el maestro. |
En
menos de una semana se han pro ducido
4 agresiones a funcionarios en varias prisiones
andaluzas. Dos de ellas en el centro penitenciario
de Jaén. Los sindicatos aseguran que esta situación
de inseguridad se debe a la masificación y la escasa
plantilla, pero desde la dirección de estos centros
se dice que son casos puntuales. Ha sido una "semana
negra" y los funcionarios piden medidas urgentes.
En nuestro país cada año hay 6.000 presos más. Sin
embargo, el número de prisiones en España sigue
siendo el mismo. En total 77. Los sindicatos dicen
que esta masificación ya es crítica, porque desde
que entró en vigor la reforma del Código Penal de
2003 poco o nada se ha hecho. Algo que está
afectando a la reinserción y a la seguridad dentro
de las propias cárceles.
En Jaén, por ejemplo, el recluso que ha
protagonizado la última agresión contra cinco
funcionarios, a los que causó varias heridas, entró
en la cárcel con 18 años. Ahora tiene 31 y lo único
que ha conseguido es sumar condenas. Pero no sólo
los funcionarios corren peligro, porque, en esta
misma cárcel, el año pasado Miguel Mingorance, un
recluso, mató a golpes a otro preso. Y es que en
esta cárcel en algunos módulos un solo funcionario
debe atender y vigilar a 90 reclusos, porque el
número de presos dobla su capacidad.
Lo mismo ocurre en el centro penitenciario de El
Acebuche en Almería donde éstos días un preso
lesionó con un objeto punzante a otro funcionario.
Una cárcel en la que los trabajadores tienen
contacto directo con los presos peligrosos. Algo que
no ocurre en ninguna otra prisión de España. |
6/02/2006
Con
320 presos, el de Málaga se consolida como el
segundo centro penitenciario español con más
personas cumpliendo prisión en el régimen de tercer
grado, sólo por detrás del ‘Victoria Kent’ de
Madrid, según informó a este periódico el director
de la prisión provincial malagueña, Ángel Herbella.
En total, la población reclusa de Málaga está en la
actualidad en 1.575 presos, de los que 84 son
mujeres y no hay ningún menor de edad. La progresión
al tercer grado penitenciario supone que el
condenado pueda cumplir el resto de pena impuesta en
un régimen de semilibertad por el que trabajan en la
calle y van a dormir, en el caso de Málaga, al
centro de Cruz de Humilladero. un nuevo cis. El Plan
de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios
para el periodo 2006-2012 establece que el nuevo
Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga, que aún
está a la espera de que el Ayuntamiento le conceda
suelo, permitirá acabar con la situación de abandono
de la instalación actual.
Aunque el sindicato CCOO aseguró que las plazas
establecidas en el nuevo CIS serán insuficientes
para asumir las cifras malagueñas, Herbella indicó
que en estos casos se buscan los mecanismos
establecidos y previstos en la legislación como es
el seguimiento por el control telemático. Este mismo
año, con la nueva pena establecida de localización
permanente se ha empezado a implantar en Málaga el
sistema de identificación de voz para presos, uno de
los sustitutos del anterior castigo de arresto de
fin de semana que aún cumplen unos cinco penados en
Alhaurín de la Torre. En referencia a este sistema
que acaba de empezar en Málaga, el director de la
prisión señaló que “como todos los comienzos, hay
que ver la experiencia, pero permite tener
controlado al interno con una fiabilidad del 99% si
no del 100%”. Igualmente, señaló las diversas
variables que se tienen en consideración para poder
conceder este dispositivo, que llevan a que los
presos estén muy motivados para el cumplimiento.
Previamente a este sistema ya existían en Málaga
unos 30 penados que cumplían el tercer grado
penitenciario con pulseras electrónicas. “El tercer
grado tiene muchas modalidades de cumplimiento y yo
creo que el control telemático es el mejor que
existe, porque si a una persona controlada
perfectamente, le dices que tiene que quedarse en su
domicilio, con su mujer e hijos, significa que esa
persona no puede salir de su casa aunque lo llame un
amigo a tomar una copa teniendo la puerta abierta,
lo que fomenta la responsabilidad más que el tener
que ir a dormir al centro”, argumentó.
El mismo Plan de Creación y Amortización de Centros
Penitenciarios para el periodo 2006-2012 establece
que Andalucía será receptora de una nueva prisión. A
pesar de los pesimismos de algunos que creen que la
cárcel estará ubicada en Almería, Herbella señaló
que aún no se ha descartado la posibilidad de que
sea Málaga la que albergue el nuevo centro, “y lo
demás son rumores”. En cualquier caso, señaló que
cualquiera de las posibilidades “paliará la
masificación y facilitará el acercamiento de
presos”. Ante las posibles reticencias de los
ciudadanos sobre la posibilidad de instalar una
nueva prisión en Málaga o el CIS, recordó que “en el
caso de Alhaurín, sus habitantes al principio no la
querían, pero con el tiempo se ha demostrado el
desarrollo económico en el que, aparte de la gestión
realizada por los responsables, también ha habido
una importante influencia del centro penitenciario
que además da seguridad a la zona”.
Con referencia al CIS, que podría estar ubicado en
el polígono industrial Guadalhorce, recordó que los
internos no van a estar paseando por la calle sino
trabajando. “En Cruz de Humilladero, que se
encuentra en el centro de la ciudad, no ha habido
ninguna queja, ningún problema ni ninguna crítica
originada por el centro penitenciario y ese es el
ejemplo más claro”, manifestó Herbella, a la vez que
apuntó que “muchas veces es el desconocimiento lo
que motiva la crítica”. En referencia a las
negociaciones con el Ayuntamiento para lograr suelo
para el CIS, refirió que “tanto la dirección general
como el alcalde han manifestado una vocación general
de entendimiento para buscar una situación que nos
interese a todos”.
Herbella recalcó que existen buenas relaciones con
el resto de instituciones, como es el caso del
Ayuntamiento de la capital, que colabora en
programas de reinserción de mujeres presas, la
Diputación Provincial de Málaga que está implicada
en el programa de jóvenes y el Consistorio de
Alhaurín de la Torre que “colabora en todo momento”.
De igual forma, existen acuerdos puntuales con otros
municipios incluso en el nivel de contratación de
internos en tercer grado penitenciario.
“La cifra actual de 1.575 internos es muy buena”
Aunque la prisión provincial de Málaga cuenta con
unas 900 celdas individuales, no existe una cifra
idónea de ocupación reclusa, según indicó a este
periódico el director de la misma, Ángel Herbella.
“Lo óptimo es aquello que favorece la habitabilidad
del interno”, apuntó a la vez que refirió que no
todos los presos desean estar solos en las celdas y
prefieren compartirlas. “La cifra actual de 1.575
internos es muy buena”, manifestó.
Una de las variables que Herbella considera para
sostener esta afirmación es la baja tasa de
incidentes regimentales que se registran en el
centro penitenciario malagueño. “En Málaga son muy
escasos, por lo que sería aceptable”, recalcó. La
población reclusa de Alhaurín es muy variable puesto
que se trata de un centro principalmente de carácter
preventivo, donde los internos están a la espera de
la celebración de juicio y de su condena. Además,
según Herbella, la mayoría de los condenados que
cumplen prisión en este centro son de Málaga o
residentes en la provincia.
El director de la prisión consideró el hecho de que
en un solo año se ha reducido la población reclusa
en 150 personas y que se ha aumentado la progresión
al tercer grado penitenciario. Un tercio de los
presos existentes en Málaga son extranjeros y están
presentes 42 nacionalidades. Ante esta
circunstancia, afirmó Herbella que se está
desarrollando un programa de formación al castellano
para que los presos puedan preparar su reinserción
social y que se han contratado varios intérpretes
que, aunque no llegan a todos los idiomas, sí
permiten la comunicación.
Programas de atención
“Todo apoyo psicológico es positivo”
Aunque algunos colectivos se han manifestado
contrarios a los programas de tratamiento y atención
como los que se desarrollan con maltratadores o
violadores por considerar que no son efectivos, el
director de la prisión provincial de Málaga, Ángel
Herbella, aseguró que el objeto de los mismos es el
de procurar la no reincidencia, por lo que “todo
apoyo psicológico es positivo y lo negativo en estos
casos es no hacer nada”. En este sentido apuntó que
aunque existe cierta alarma social, la reincidencia
no está tan elevada como parece.
Iniciativas
Adelanto a la Ley Antitabaco
La llegada de la Ley Antitabaco no ha pillado
desprevenidos a los funcionarios de la prisión
provincial de Alhaurín de la Torre, tal y como
señaló Herbella, quien destacó que antes de que
llegara el día 1 de enero de 2006 ya se habían
puesto en la labor. Desde el mes de septiembre un
funcionario, un psicólogo del centro, se dedicó a
elaborar un programa de prevención y ayuda dirigido
tanto a internos como a funcionarios. De igual forma
se está desarrollando un curso de yoga para
favorecer la salud psicológica de los mismos, según
el director.
De perfil
Ángel Herbella.- Director de la prisión
-Agradecimiento
Herbella señaló el buen trabajo realizado por los
funcionarios de la prisión que permitió acoger a más
de 300 presos de la operación ‘Nilo’.
-Gestión
“La experiencia es buena”, reflexionó Herbella con
respecto a su algo más de un año al frente de la
prisión provincial de Alhaurín de la Torre.
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