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26-03-06
| Tregua.- Pastor (PSE)
dice que el comunicado le suena a "acta
de(2ª). defunción" de ETA y cree que la decisión es
"firme" |
 defunción"
de ETA y cree que la decisión es "firme" la
política penitenciaria "se podrá estudiar su
modificación, sin derogar la ley en absoluto, y
habrá que hacer interpretaciones de la ley mucho más
benévolas de las que se hacen hoy".
No obstante, afirmó que "los presos tendrán que
cumplir su condena y cumplir con la sociedad",
aunque reiteró que la política penitenciaria, en
cuanto a la situación concreta de los presos en las
cárceles, "evidentemente podrá ser revisable, si
existen las condiciones para que eso se dé".
Pastor rechazó que el acercamiento de presos se
pueda considerar un absoluto, nadie lo consideró
como tal cuando Aznar sacó de la cárcel a cien
presos y acercó a casi otros 300 en el momento en
que se produjo el anuncio de tregua del 98",
remarcó.
ASOCIACIONES DE VICTIMAS Pastor también se refirió
el documento presentado ayer por varias consideran
que el alto el fuego permanente puede ser el "inicio
del fin" de ETA.
En su opinión, es un paso "positivo" que se da como
consecuencia de la dinámica social, ya que, según
dijo, "las asociaciones de víctimas están compuestas
por ciudadanos y la ciudadanía, en su inmensa
mayoría, tiene una ola de esperanza lógica".
En ese sentido, señaló que las asociaciones de
víctimas "no pueden quedarse al margen del
sentimiento mayoritario de la sociedad" y consideró
que "eso es lo que han querido reflejar en ese
comunicado". |
27-03-06
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Cinco han abandonado la
cárcel desde el alto el fuego de la banda terrorista y
otros cuatro lo harán en los próximos días. Durante la
anterior tregua de 1998, quedaron en libertad 203
reclusos etarras, de los que 106 eran preventivos |
Madrid-
La mayoría de los 150 presos preventivos de ETA
podrían quedar en libertad a lo largo de los
próximos meses, de mantenerse el alto el fuego, si
se establece la misma «doctrina», no escrita, que se
aplicó durante la «interrupción de actividades» de
1998-1999, según se ha comentado a LA RAZÓN en
medios penitenciarios que subrayan que, en cualquier
caso, la decisión de excarcelarlos y las condiciones
que se fijen para cada uno de ellos corresponden a
los jueces. De momento y desde que se conoció el
primer comunicado de ETA de alto el fuego, han
obtenido la libertad con fianza un total de nueve
reclusos que estaban en prisión preventiva. LA RAZÓN
adelantó la semana pasada que Iker Legarra Gorostola,
Mikeldi Zenigaonaindía Aritzaga y Mitxel
Zenarruzabeitia Unamuno habían obtenido la libertad
bajo fianza. Todos ellos fueron detenidos hace un
año por la Guardia Civil en una operación contra la
distribución del «Zutabe», la publicación interna de
ETA.
«Comando Vizcaya». Según fuentes del entorno
proetarra, otro individuo que fue arrestado en esa
misma operación, Ibon Goitia Bereikua, se ha
beneficiado de una medida similar, asi como Ana
López, detenida por la Ertzaintza en septiembre de
2003, acusada de estar integrada en un grupo de
apoyo al «comando Vizcaya». Esta presunta terrorista
era novia del preso de la banda Roberto Sainz, que
falleció en la cárcel a causa de un infarto.
A partir de hoy mismo, y también en libertad bajo
fianza, pueden abandonar la cárcel otros cuatro
individuos acusados de pertenecer a Segi, la
organización juvenil continuadora de Jarrai: Oier Oa,
Garikoitz Múgica, Eneko Aizpuru y Araitz Zubimendi.
Este último, no obstante, tiene pendiente de
cumplimiento una condena de dos años y medio, por lo
que su puesta en libertad depende de la resolución
de un recurso que han interpuesto sus abogados en el
que piden la suspensión de la pena.
Durante la «interrupción de actividades» de
1998-1999, salieron de la cárcel 203 presos de ETA o
de su entramado, de los cuales 106 eran preventivos.
Del resto, 40 habían cumplido ya su condena. Entre
los restantes estaban los 23 miembros de la «mesa
nacional» de Herri Batasuna condenados por el
Tribunal Supremo por colaboración con banda armada,
a quienes el Tribunal Constitucional les concedió el
amparo, en julio de 1999, tras el recurso presentado
por estos alegando violación del principio de
legalidad.
Se trató, en todo caso, de decisiones enmarcadas
en un ambiente general de esperanza ante un
hipotético fin de ETA que, finalmente, se
desvaneció. Incluso, el entonces fiscal general del
Estado, Jesús Cardenal, no se opuso a «dulcificar»
la situación de los presos de la banda terrorista.
Fuentes antiterroristas, que coloquialmente
denominaron aquel proceso de libertades «operación
almendro» (por lo de la vuelta a casa..), señalan
que, con el paso de los meses y si se mantiene el
alto el fuego, puede ocurrir ahora algo similar.
Además, casi todos los 150 presos preventivos que
ETA y su entramado tienen en la actualidad no están
implicados ni relacionados con delitos de sangre,
sino que se hallan a la espera de juicio para hacer
frente a imputaciones por pertenencia o colaboración
con banda armada, tenencia de armas y explosivos,
etcétera.
El alto el fuego de ETA reduce considerablemente,
según fuentes penitenciarias, las posibilidades de
que, en caso de obtener la libertad, vuelvan a
cometer los mismos delitos por los que fueron
encarcelados, un aspecto a tener en cuenta para
concederles la libertad. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece, en su artículo 504, que cuando
el condenado carezca de antecedentes penales «y se
pueda creer fundadamente que no tratará de
sustraerse a la acción de la justicia» (y el delito
no haya causado alarma social), el tribunal podrá
acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado.
Reiteración delictiva. Además, la prisión
provisional sólo puede prolongarse durante dos años
prorrogables a otros dos en el caso de que concurran
circunstancias «que hagan prever que la causa no
podrá ser juzgada en estos plazos y que el inculpado
pudiera sustraerse a la acción de la justicia». Así,
en un escenario de «alto el fuego permanente» la
interpretación de que tanto el riesgo de fuga como
la posibilidad de que los reos, una vez puestos en
libertad, vuelvan a delinquir se reducen
sensiblemente facilitaría la puesta en libertad de
muchos de ellos, como ya sucediera en 1998.
Conviene no olvidar que la prisión provisional es
una medida cautelar que persigue evitar la huida del
acusado, que éste oculte pruebas o que pueda
delinquir de nuevo. Fuentes jurídicas, no obstante,
aseguran que «no se puede dar credibilidad a unos
criminales» y deducir del alto el fuego decretado
por ETA «que ya no va a haber reiteración delictiva»
en los presos que queden en libertad.
>Desde que ETA dio a conocer su alto el fuego,
cinco reclusos en prisión provisional supuestamente
relacionados con el entorno de la banda (a los que
se unirán otros cuatro en los próximos días) han
quedado en libertad.
>Durante la anterior tregua de 1998 salieron de
la cárcel 203 presos de ETA o su entramado, de los
cuales 106 eran preventivos.
>La interpretación de que el alto el fuego reduce
considerablemente el riesgo de fuga y la posibilidad
de que los reclusos vuelvan a delinquir podría
favorecer la libertad de más de un centenar de
presos preventivos.
Madrid- La mayoría de los 150 presos preventivos
de ETA podrían quedar en libertad a lo largo de los
próximos meses, de mantenerse el alto el fuego, si
se establece la misma «doctrina», no escrita, que se
aplicó durante la «interrupción de actividades» de
1998-1999, según se ha comentado a LA RAZÓN en
medios penitenciarios que subrayan que, en cualquier
caso, la decisión de excarcelarlos y las condiciones
que se fijen para cada uno de ellos corresponden a
los jueces. De momento y desde que se conoció el
primer comunicado de ETA de alto el fuego, han
obtenido la libertad con fianza un total de nueve
reclusos que estaban en prisión preventiva. LA RAZÓN
adelantó la semana pasada que Iker Legarra Gorostola,
Mikeldi Zenigaonaindía Aritzaga y Mitxel
Zenarruzabeitia Unamuno habían obtenido la libertad
bajo fianza. Todos ellos fueron detenidos hace un
año por la Guardia Civil en una operación contra la
distribución del «Zutabe», la publicación interna de
ETA.
«Comando Vizcaya». Según fuentes del entorno
proetarra, otro individuo que fue arrestado en esa
misma operación, Ibon Goitia Bereikua, se ha
beneficiado de una medida similar, asi como Ana
López, detenida por la Ertzaintza en septiembre de
2003, acusada de estar integrada en un grupo de
apoyo al «comando Vizcaya». Esta presunta terrorista
era novia del preso de la banda Roberto Sainz, que
falleció en la cárcel a causa de un infarto.
A partir de hoy mismo, y también en libertad bajo
fianza, pueden abandonar la cárcel otros cuatro
individuos acusados de pertenecer a Segi, la
organización juvenil continuadora de Jarrai: Oier Oa,
Garikoitz Múgica, Eneko Aizpuru y Araitz Zubimendi.
Este último, no obstante, tiene pendiente de
cumplimiento una condena de dos años y medio, por lo
que su puesta en libertad depende de la resolución
de un recurso que han interpuesto sus abogados en el
que piden la suspensión de la pena.
Durante la «interrupción de actividades» de
1998-1999, salieron de la cárcel 203 presos de ETA o
de su entramado, de los cuales 106 eran preventivos.
Del resto, 40 habían cumplido ya su condena. Entre
los restantes estaban los 23 miembros de la «mesa
nacional» de Herri Batasuna condenados por el
Tribunal Supremo por colaboración con banda armada,
a quienes el Tribunal Constitucional les concedió el
amparo, en julio de 1999, tras el recurso presentado
por estos alegando violación del principio de
legalidad.
Se trató, en todo caso, de decisiones enmarcadas
en un ambiente general de esperanza ante un
hipotético fin de ETA que, finalmente, se
desvaneció. Incluso, el entonces fiscal general del
Estado, Jesús Cardenal, no se opuso a «dulcificar»
la situación de los presos de la banda terrorista.
Fuentes antiterroristas, que coloquialmente
denominaron aquel proceso de libertades «operación
almendro» (por lo de la vuelta a casa..), señalan
que, con el paso de los meses y si se mantiene el
alto el fuego, puede ocurrir ahora algo similar.
Además, casi todos los 150 presos preventivos que
ETA y su entramado tienen en la actualidad no están
implicados ni relacionados con delitos de sangre,
sino que se hallan a la espera de juicio para hacer
frente a imputaciones por pertenencia o colaboración
con banda armada, tenencia de armas y explosivos,
etcétera.
El alto el fuego de ETA reduce considerablemente,
según fuentes penitenciarias, las posibilidades de
que, en caso de obtener la libertad, vuelvan a
cometer los mismos delitos por los que fueron
encarcelados, un aspecto a tener en cuenta para
concederles la libertad. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece, en su artículo 504, que cuando
el condenado carezca de antecedentes penales «y se
pueda creer fundadamente que no tratará de
sustraerse a la acción de la justicia» (y el delito
no haya causado alarma social), el tribunal podrá
acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado.
Reiteración delictiva. Además, la prisión
provisional sólo puede prolongarse durante dos años
prorrogables a otros dos en el caso de que concurran
circunstancias «que hagan prever que la causa no
podrá ser juzgada en estos plazos y que el inculpado
pudiera sustraerse a la acción de la justicia». Así,
en un escenario de «alto el fuego permanente» la
interpretación de que tanto el riesgo de fuga como
la posibilidad de que los reos, una vez puestos en
libertad, vuelvan a delinquir se reducen
sensiblemente facilitaría la puesta en libertad de
muchos de ellos, como ya sucediera en 1998.
Conviene no olvidar que la prisión provisional es
una medida cautelar que persigue evitar la huida del
acusado, que éste oculte pruebas o que pueda
delinquir de nuevo. Fuentes jurídicas, no obstante,
aseguran que «no se puede dar credibilidad a unos
criminales» y deducir del alto el fuego decretado
por ETA «que ya no va a haber reiteración delictiva»
en los presos que queden en libertad. |
27-03-06
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Un informe de Acaip refleja que
la prisión portuense acumula 765 internos en sus 326
celdas. Puerto I, por contra, es la mejor situada |
cádiz.
Un informe de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denuncia que la prisión de Puerto II, en
El Puerto de Santa María, es la que posee la mayor
tasa de hacinamiento de Andalucía.
Según este informe, las cárceles
andaluzas albergan a un total de 13.137 reclusos en
las 7.605 celdas disponibles, lo que supone para
Acaip, una "tasa de hacinamiento" del 172,7 por
ciento.
Este sindicato explica en su
informe que las doce prisiones ubicadas
 en
Andalucía disponen de 7.605 plazas ordinarias para
reclusos, excluyendo las celdas temporales de
servicios como enfermería, aislamiento o ingresos y
tránsitos.
La mayor "tasa de hacinamiento"
de Andalucía la sufre, como figura en el informe de
la Agrupación de los Cuerpos de la Administración
de Instituciones Penitenciarias, la prisión
Puerto II con un porcentaje del 234,6 por ciento, ya
que acumula 765 internos en sus 326 celdas
disponibles.
La mejor situación, sin embargo,
se registra en la prisión Puerto I, también ubicada
en El Puerto, con una "tasa de hacinamiento" del
65,36 por ciento, al contar con 251 internos en sus
384 celdas funcionales.
Con respecto a otras prisiones
de Andalucía, el informe refleja que las prisiones
de Sevilla, Córdoba y Albolote (Granada) son las que
albergan un mayor número de reclusos en la comunidad
autónoma, con un total de 1.752, 1.743 y 1.721
internos, respectivamente, según datos de Acaip
referidos al pasado 17 de febrero.
Este estudio también refleja que
el 60,4 por ciento de los reclusos andaluces son
reincidentes (con 2,5 puntos más que la media
nacional) y que el 22,5 por ciento son presos que se
encuentran en situación preventiva.
Por otro lado, el porcentaje de
mujeres encarceladas en Andalucía representan el
43,6 por ciento de toda la población reclusa, cinco
puntos menos que la media nacional. Otro dato del
estudio destaca que ocho de cada diez internos
andaluces tienen menos de 40 años y sólo el 1,7 por
ciento son jóvenes menores de 20 años. |
27-03-06
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El centro penitenciario de
Alcolea acoge en 1.008 plazas funcionales a 1.748
presos, de los que sólo el ocho por ciento espera
sentencia |
La
situación es crítica, y la misma directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
lo reconoció esta semana en la inauguración de unas
jornadas en Barcelona: los centros penitenciarios
españoles no sólo están al límite de su capacidad,
sino que durante los tres primeros meses del año la
población interna ha aumentado la mitad que en todo
el año pasado. La prisión de Alcolea no es ajena a
esta tendencia, y entre enero y marzo ingresaron 43
presos, el 50 por ciento de los 91 que llegaron a lo
largo de 2005, según los datos facilitados por el
Ministerio de Interior.
La última estadística oficial, fechada el 10 de marzo, indica
que en la prisión de Córdoba había 1.748 personas, de las que
1.560 eran
 penados
(el 90 por ciento) y 188, preventivos (el diez por ciento). Si
se retrocede unos meses se comprende el espectacular aumento
en el número de presos. Desde diciembre del año pasado, por
ejemplo, la población reclusa ha aumentado un 5,64 por ciento,
al pasar de los 1.614 internos que había en diciembre de 2004
a los 1.705 contabilizados en el mismo mes del año pasado.
En sólo 12 meses en la prisión
provincial han ingresado 91 presos, a razón de 7,5
personas cada mes. Esta cifra es aún más llamativa
si se tiene en cuenta que el centro penitenciario
posee 1.088 plazas funcionales, lo que se traduce en
una tasa de sobreocupación –proporción entre el
número de plazas reales y el total de internos– del
172 por ciento. Por cada plaza, cumplen pena 1,7
personas, mientras que en enero de 2004 las
variables daban como resultado 1,4 reclusos por
celda disponible.
"Ésta es una carrera que no
tiene fin –dijo Gallizo en Barcelona–. Si tardamos
dos años en construir una cárcel para esponjar otra
y en ese tiempo aumentan los presos en 1.000 ó 1.500
en un año, no acabaremos nunca con el problema". En
los últimos dos años, Instituciones Penitenciarias
ha puesto en marcha proyectos para amortiguar el
crecimiento imparable de la población reclusa. Así,
a la apertura del Centro de Inserción Social (CIS)
de Las Quemadas para presos en régimen de
semilibertad, le siguieron la aplicación de penas en
beneficio de la comunidad y de la condena de
localización permanente, que ya empieza a aplicarse.
El hacinamiento en la prisión de Córdoba, en todo
caso, no es un hecho aislado. Según los datos del
sindicato Acaip, Sevilla padece una
sobreocupación del 212 por ciento y Málaga, del 192. |
aDn
27-03-06
El presidente del Gobierno tiene previsto abordar
ambos asuntos tras su comparecencia en el Congreso de
antes del verano, si constata el fin de la violencia
|
El
Gobierno tiene previsto abordar el acercamiento de
presos de ETA a cárceles vascas tras la
comparecencia del presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, en el Congreso antes del verano, si ha
verificado el fin de la violencia. Esta medida
penitenciaria sería previa al diálogo con la banda
terrorista sobre la reinserción de los terroristas,
según informa hoy el diario
El Pais.
Según esta información, el Gobierno tiene previsto
basar la reinserción de presos etarras en el Pacto
de Ajuria Enea, el Antiterrorista y en la
Constitución.
Aunque aún no hay una decisión en firme, un primer
traslado de presos figura como hipótesis, aunque se
consultaría previamente con el resto de fuerzas
políticas.
Sobre la reinserción de presos, considerado núcleo
duro del diálogo entre ETA y el Gobierno, ésta se
basará en los puntos 9 y 10 del Pacto de Ajuria
Enea; el quinto del Pacto Antiterrorista y la
Constitución.
El punto 5 del Pacto Antiterrorista dice: "La
política penitenciaria contemplará las formas de
reinserción de aquéllos que abandonen la
organización terrorista y muestren actitudes
inequívocas de arrepentimiento y voluntad de
resocialización tal y como fija nuestra
Constitución". Ésta, en su artículo 25,2, señala:
"Las penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social".
El punto 9 del Pacto de Ajuria Enea, suscrito por
todos los partidos vascos en enero de 1988, señala:
"En consonancia con las resoluciones adoptadas por
unanimidad por el Parlamento vasco, consideramos
válidas y apoyamos las vías de reinserción para
aquellas personas que decidan o hayan decidido
abandonar la violencia con el propósito de defender
sus ideas por cauces democráticos, respetando en
cada caso la decisión que adopten las instituciones
competentes".
El punto 10 del mismo pacto, reproducido
posteriormente en la resolución parlamentaria de
mayo de 2005, señala el método del diálogo entre el
Gobierno y ETA y en qué condiciones en que debe
producirse: respetando el principio democrático de
que las cuestiones políticas deben resolverse
únicamente a través de los legítimos representantes
de la voluntad popular. |
27/03/2006
La directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
aseguró hoy que serán el Gobierno y el Parlamento los
que decidan si es preciso o no hacer modificaciones en
política de prisiones y declinó pronunciarse sobre esta
materia tras el alto el fuego anunciado por ETA.
|
Mercedes
Gallizo, que visitó el centro penitenciario de Soria
dentro del recorrido que está efectuando por todas
las prisiones españolas, manifestó en declaraciones
a los periodistas que el 'sistema penitenciario
funciona con normalidad y con total garantía de
aplicación de la ley' y aseguró que 'así va a seguir
siendo'.
A juicio de Gallizo, las posibles modificaciones son
competencia del Gobierno y del Parlamento aunque
manifestó al respecto que 'no creo que en este
momento sea objeto de discusión'.
Mercedes Gallizo acudió a Soria para conocer el
estado de la prisión de la capital soriana donde el
Gobierno tiene previsto construir un nuevo centro
penitenciario.
La directora general de Instituciones Penitenciarias
se refirió a la situación de las prisiones en
Castilla y León 'caracterizadas por más plazas que
población penada', dijo, y en este sentido advirtió
que la política del Ejecutivo en lo sucesivo será no
construir nuevos centros 'donde no haya una
población penada importante'. |
28/03/2006
| Mercedes Gallizo
asegura que la prisión que se proyecta tendrá entre 500
y 700 plazas y fomentará la formación de los reclusos |
Las
infraestructuras que acogen los servicios
administrativos y los sociales del centro
penitenciario de Soria serán reformados en el plazo
más breve posible. Así lo anunció ayer la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, durante su visita a las instalaciones de la
capital, dentro de su recorrido por todos los
centros del territorio nacional. Gallizo corroboró
el inadecuado estado del edificio, «que no responde
al modelo de política carcelaria que el Gobierno
quiere desarrollar, basado en una estrategia moderna
y que facilite la reinserción».
Gallizo señaló que se sigue trabajando en el
proyecto del nuevo centro para la provincia de
Soria, anunciando que será pionero en el desarrollo
de aspectos vinculados con la formación de los
presos, tratando de ofrecerles unos niveles de
especialización que garanticen su reinserción
laboral una vez que cumplan su condena. En este
sentido, quiso hacer un llamamiento tanto a
instituciones como a empresas y a la sociedad en
general para que faciliten, en la medida de lo
posible, su readaptación.
Alto nivel de ocupación
La cárcel de Soria, aseguró la representante del
Gobierno, cuenta con unos niveles muy altos de
ocupación de sus internos, que desarrollan bastantes
talleres que funcionan muy bien. Es por ello que se
quiere seguir fomentando esta línea de trabajo,
según explicaba la portavoz de la entidad
penitenciaria.
Las nuevas instalaciones están ahora, según Gallizo,
en fase de estudio de los posibles terrenos para su
ubicación. La Administración central busca un
espacio que, sin estar en la zona de desarrollo
directo de la capital, tampoco se encuentre muy
alejado del centro y las comunicaciones sean
adecuadas. Una vez se concrete su disposición se
comenzará a desarrollar el proyecto. El tamaño
requerido para este centro medio es de unas 20
hectáreas, con entre 500 y 700 celdas.
Mercedes Gallizo también habló de la situación de
las cárceles en la comunidad autónoma y destacó que
cuentan con más plazas que su población penada, y
con un alto porcentaje de presos extranjeros.
Por otro lado, y en cuanto a la política del
ejecutivo en materia carcelaria, la directora
advirtió de que la línea que seguirá el gobierno
será la de no construir nuevos centros en aquellas
ciudades en las que no exista un importante núcleo
de población penada. |
28/03/2006
| El PSC-PSOE asegura
que Canarias contará con 2.483 nuevas plazas en centros
penitenciarios en 2012, gracias a la construcción de
nuevas infraestructuras penitenciarias en las que el
Gobierno central empleará 380 millones de euros. Estas
previsiones están incluidas en el Plan de Creación y
Amortización de Centros Penitenciarios, elaborado por el
Gobierno central con una inversión prevista de entre
2006 y 2012 total de 3.151 millones de euros para toda
España. |
El
PSOE indicó, en una nota de prensa, que las
actuaciones previstas en Canarias incluyen dos
nuevos centros penitenciarios para el cumplimiento
en régimen ordinario, uno de ellos en Fuerteventura
y otro en Gran Canaria. También habrá cuatro centros
de inserción social en Gran Canaria, Tenerife,
Lanzarote y Fuerteventura, según los planes del
Gobierno, que incluyen una unidad de madres con
hijos menores.
Junto a estas nuevas infraestructuras, están
previstas obras de ampliación o reforma los tres
centros existentes de Tenerife II, Arrecife de
Lanzarote y La Isleta (Gran Canaria). La saturación
de los centros penitenciarios afecta a la calidad
del servicio, a las condiciones de estancia de los
internos y sus derechos y al trabajo de los
empleados, indicó el PSOE.
El plan también pretende "evitar el desarraigo
geográfico y social de los penados, y potenciar
recursos penitenciarios alternativos para el
cumplimiento de penas en semilibertad", según el
PSC-PSOE. En esa línea, el plan prevé la
construcción de centros de inserción social que
permiten el cumplimiento de penas en semilibertad,
"aproximando a las personas en proceso de
reinserción a su entorno social de convivencia y
trabajo". |
28/03/2006
|
Exigen a Gallizo que les defienda de «calumnias» como
que son «aprendices de Abu Grahib»
|
Cuatro
sindicatos con representación en la prisión alavesa
de Nanclares de la Oca -ACAIP, Comisiones
Obreras, UGT y USO- exigieron ayer a los partidos, a
las asociaciones de derechos humanos y a los medios
de comunicación que dejen de «calumniar» a los
funcionarios que trabajan allí -tildándoles de
«alumnos de los marines de Abu Grahib»- y que hagan
lo posible para que se construya otra penitenciaria
cuanto antes. El pronunciamiento de las centrales se
produjo después de que la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, confirmara en el
Congreso que el proyecto se llevará a cabo.
«Los sindicatos ya advertimos en 1994 de que la
prisión se había quedado vieja», se quejó José María
Mouliaá, representante de Comisiones y funcionario
de Nanclares. Tanto él como los demás representantes
sindicales han recordado en reiteradas ocasiones que
las instalaciones del penal no reúnen condiciones
para cumplir la Ley Penitenciaria, un elemento que
consideran de fondo para abordar el reguero de
suicidios de los últimos meses. «La cárcel no está
preparada para ofrecer un tratamiento
individualizado», resumió.
«Las comparaciones que han aparecido en los medios
de comunicación, como 'mafias carcelarias';
'cárceles de exterminio' o 'campos de
concentración», ponen de manifiesto la indefensión
que sufrimos ante la pasividad de los responsables
últimos de la gestión penitenciaria; ellos miran
hacia otro lado, dando eco a los voceros oficiales
de la distorsión», señala el comunicado sindical,
dirigido «a la atención de la directora general».
Salvaguardar el honor
Los funcionarios exigen a Gallizo que salvaguarde
«nuestro derecho al honor y a la propia imagen
(también el suyo)» y que se acerque a la cárcel
alavesa para conocer lo que está pasando de boca de
la plantilla. «Nosotros trabajamos, pero quien
decide cómo lo debemos hacer (es decir, la
Administración) debe asumir que no sólo se está para
incriminar, desviando responsabilidades, sino para
asumir la defensa de los empleados con los
instrumentos que la ley contempla», dice la carta.
José María Mouliaá dijo que ningún trabajador ha
sido expedientado por irregularidades en el trato a
los reclusos. «Se dirige la atención sobre los
funcionarios, pero es imposible que nadie actúe por
su cuenta, por libre. Hay un colectivo que obedece
en el marco de un sistema», explicó. Precisamente,
EA denunció ayer el «deterioro» de Nanclares y de la
prisión donostiarra de Martutene y exigió las
transferencias penitenciarias para desarrollar una
política «humanitaria». |
28/03/2006
Se trata de traspasos
sobre transporte marítimo y profesorado en instituciones
penitenciarias
|
El
consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, encabezará hoy
la delegación cántabra que acudirá a Madrid a la
Comisión Mixta de Transferencias de Competencias,
donde se materializará con la secretaria de Estado
de Cooperación Territorial, Ana Leiva, la asunción
de nuevas competencias y la transferencia de la
financiación sanitaria complementaria.
Además de Mediavilla, asistirán las consejeras de
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y Educación,
Rosario Quintana y Rosa Eva Díez Tezanos,
respectivamente, además del director de Transportes,
Juan Castanedo.Con este traspaso, Cantabria pasará a
gestionar las competencias en materia de transporte
marítimo interior y profesorado en instituciones
penitenciarias. La Comunidad Autónoma recibirá
además 7,1 millones de euros como dotación
complementaria para la financiación de la asistencia
sanitaria, prevista en la Ley de Presupuestos del
Estado. |
28/03/2006
Madrid. -- El etarra
Henri Parot ha presentado un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional contra la resolución del
Tribunal Supremo que estableció una nueva doctrina por
la que la aplicación de los beneficios penitenciarios
para todos los condenados por el Código Penal de 1973 se
realizará sobre cada condena y no sobre la acumulación
de las mismas.
|
Parot
presentó el recurso en el alto tribunal en el último
día de plazo que tenía para impugnar el fallo del
Supremo, según han informado fuentes del
Constitucional.
Nueva doctrina
El pasado 20 de febrero el Pleno de la Sala Penal
del Supremo estimó, por 12 votos a 3, el recurso
interpuesto por el terrorista contra la decisión de
la Audiencia Nacional de acumular todas las condenas
impuestas al terrorista en dos penas de 30 años de
prisión. No obstante, el tribunal estableció una
nueva línea jurisprudencial con el fin de que Parot
cumpla 30 años de prisión efectiva.
Así, se decidió aplicar las redenciones ordinarias y
extraordinarias sobre cada condena de forma
individualizada, de modo que el etarra, que ingresó
en prisión en 1990, saldrá de la cárcel en el 2020 y
no en el 2011, como estaba previsto. Los beneficios
se aplicarán sobre las condenas individuales
impuestas, que en total suman 4.799 años, y no sobre
el límite de cumplimiento de 30 años establecido en
el Código penal de 1973, tal y como se hacía hasta
esa sentencia |
29/03/2006
Las
previsiones del sindicato Acaip sobre la
saturación de la población reclusa son muy
pesimistas, ya que la nueva cárcel de la Comunitat
Valenciana no abrirá en Albocàsser hasta el año
2008. Esta sería la quinta, junto con las prisiones
de Picassent, Fontcalent, Castellón y Villena.
Además, el Gobierno aún no ha decidido la ubicación
de la sexta cárcel aprobada por el Consejo de
MInistros, según informó en una respuesta a una
pregunta parlamentaria del grupo popular.
Según Acaip, desde este departamento del
Ministerio del Interior informaron de que existe “la
voluntad de analizar” en colaboración con el
Gobierno autonómico el lugar donde se podría ubicar.
Hasta ahora se había especulado con la posibilidad
de que se construyera en Alicante o Valencia,
mientras que se descartaba Castellón. |
29/03/2006
| La saturación de las
cárceles valencianas obliga a desviar presos a otras
regiones |
Las
cárceles de Fontcalent, Picassent y Villena
comunicaron al Gobierno la detección de “indicios de
radicalismo islámico” durante 2004 y 2005. La
saturación de estas prisiones sigue empeorando y el
Ministerio del Interior ha tenido que desviar presos
a otras regiones, porque las cárceles valencianas
están “a reventar”.
La dirección de tres de las cuatro cárceles de la
Comunitat Valenciana han notificado al Gobierno
central “observaciones sobre indicios de radicalismo
de carácter islámico” detectados entre finales de
2004 y 2005.
Esto se produjo en los establecimientos
penitenciarios de Alicante Cumplimiento (Fontcalent),
Alicante II (Villena), Valencia (PIcassent) y en
otras 30 prisiones españolas. Suman 33 cárceles, la
mitad de las que existen en España.
La notificación de estos indicios responde a un
instrucción de Instituciones Penitenciarias del 2 de
noviembre de 2004.
Según informó el Gobierno al grupo popular en una
pregunta parlamentaria formulada por el diputado del
Ignacio Gil Lázaro, tras recibir este tipo de
notificaciones la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ordena a la prisión que intensifique
la vigilancia de los indicios y que elabore informes
de forma periódica.
Si se repiten las situaciones que generan sospechas
en la dirección de las prisiones, se procede el
traslado de los presos y “a los que denoten signos
de mayor radicalización” se les investiga sus
comunicaciones.
Según la respuesta del Gobierno, actualmente existe
un “control especial” sobre 42 presos en la
totalidad de las prisiones españolas, aunque esto
significa necesariamente la “adopción de medidas
restrictivas o limitadoras”.
Cárceles “a reventar”
El sindicato de prisiones Acaip aseguró ayer
que las cárceles valencianas se encuentran “a
reventar”. Esto a obligado a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias a desviar internos a
otras prisiones.
Los traslados de internos de unos centros a otros es
relativamente frecuente. Sin embargo, en los últimos
meses y especialmente desde diciembre se ha
producido un incremento “más espectacular”.
Este aumento en la derivación de reclusos ha causado
que el incremento de presos en las cárceles
valencianas no haya sido tan alto como en la media
española.
Resulta “complicado” que puedan asumir más internos,
agregaron desde Acaip, sindicato mayoritario de
prisiones.
De hecho, esta agrupación de trabajadores informó
recientemente de que la situación de las principales
prisiones valencianas presentaba altas tasas de
hacinamiento.
La de Picassent se encontraba el mes pasado al 168%
de ocupación: 1.365 celdas para un total de 2.295
presos. La cárcel de Valencia es la que tiene mayor
población, con amplia diferencia, de toda España.
La cárcel de Alicante Cumplimiento (Fontcalent) se
situaba en 939 reclusos y un 197% de hacinamiento y
la de Villena estaba al 173%, con 1.257 internos.
En toda España, la cifra de presos se ha
incrementado en 1.337 entre el 1 de enero y el 24 de
marzo. Esto supone el 80% de los 1.679 nuevos
reclusos de todo el año pasado. |
29/03/2006
madrid.
Las cárceles de España albergan en la actualidad a
un total de 495 reclusos condenados por su
vinculación con ETA o pendientes de un juicio por
actividades terroristas, sin tener en cuenta los 155
que se encuentran en prisiones francesas y otros
nueve en México. Como ya ocurriera con ocasión de la
anterior tregua de ETA en 1998, este nuevo escenario
podría cambiar la situación penitenciaria de más de
un centenar de reclusos. De los 495 presos etarras,
152 se encuentran en situación preventiva a la
espera de juicio.
En este sentido, si se consolida el alto al fuego de
la banda terrorista se entiende que ya tanto el
riesgo de fuga como la reiteración delictiva
disminuirá sensiblemente, con lo que en su mayoría
podrían quedar en libertad –algunos bajo fianza y
otros sin fianza– a la espera de la celebración del
juicio.
Por esta vía, 203 etarras salieron a la calle en los
catorce meses de la última tregua, bajo el mandato
de José María Aznar, de los cuales 106 eran
preventivos. Del resto, 40 habían cumplido ya su
condena. Entre los restantes estaban los 23 miembros
de la Mesa Nacional de Herri Batasuna condenados por
el Tribunal Supremo por colaboración con banda
armada, a quienes el Tribunal Constitucional les
concedió el amparo, en julio de 1999, tras el
recurso presentado por éstos alegando violación del
principio de legalidad.
Se trató de decisiones enmarcadas en un ambiente
general de esperanza ante un hipotético fin de ETA
que, finalmente, se desvaneció. José María Aznar
dijo entonces que el Estado democrático sabría ser
generoso en las negociaciones con ETA si la banda
terrorista abandonaba la violencia, y ordenó que se
fuera flexible en la política penitenciaria.
En ese momento, el que fuera presidente del Gobierno
anunció que los presos irían saliendo paulativamente
a la calle y hasta se les facilitaría con dinero
público la muy necesaria reinserción social. Además,
esta política contó con el apoyo público del fiscal
general del Estado en aquel tiempo, Jesús Cardenal,
quien no se opuso a "dulcificar" la situación de los
presos de la banda terrorista.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron
que desde que ETA emitió el comunicado del alto al
fuego permanente el pasado miércoles han quedado en
libertad seis presos relacionados con la banda
terrorista que se encontraban en prisión
provisional. Cinco de ellos han quedado en libertad
condicional y uno en libertad definitiva.
Sin embargo, estas mismas fuentes aseguraron que la
salida de estos presos ha sido mediante decisión
judicial, y desmintieron que tenga relación con el
anuncio de ETA. Entre estos seis presos se encuentra
Ana López, procesada por integración en el comando
Vizcaya de ETA junto a su novio, Roberto Sáinz,
fallecido de un infarto en la cárcel de Aranjuez.
Quedó en libertad por decisión judicial el pasado
viernes, pocas horas después de que entrara en vigor
el alto al fuego, tras depositar una fianza de 2.000
euros.
Por otro lado, de los restantes 343 presos, aquéllos
que fueron condenados por colaborar con ETA podrían
salir a la calle a medio plazo, pero no los etarras
con delitos de sangre, que seguirán en la cárcel
durante un largo periodo de tiempo. Y es que la Ley
de Enjuiciamiento Criminal establece, en su artículo
504, que cuando el condenado carezca de antecedentes
penales "y se pueda creer fundadamente que no
tratará de sustraerse a la acción de la Justicia" (y
el delito no haya causado alarma social), el
tribunal podrá acordar, mediante fianza, la libertad
del inculpado.
Como contrapunto, desde el anuncio de la tregua ya
se ha retrasado por primera vez la excarcelación de
un miembro de ETA tras aplicar la nueva doctrina del
Tribunal Supremo sobre redención de penas que se
estableció al estudiar el caso de Henri Parot. Se
trata de José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, quien
iba a ser excarcelado el próximo día 29 y no
abandonará la prisión hasta 2018.
A partir del caso Parot, las redenciones se
aplicarán en cada una de las condenas que tenga el
recluso y no sobre los 30 años de cumplimiento
máximo, como se hacía hasta ahora. |
29/03/2006
| MARIO CABRERA ASEGURA
QUE “NO ES EL MOMENTO" Y QUE "EL NÚMERO DE RECLUSOS
MAJOREROS QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO CONDENA EN
CENTROS DE OTRAS ISLAS NO LO JUSTIFICA |
El
presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Mario Cabrera, reiteró este martes su postura
contraria a la construcción de una cárcel en
Fuerteventura porque “no es el momento para
construir un centro penitenciario, ya que el número
de reclusos majoreros que se encuentran cumpliendo
condena en centros de otras islas no lo justifica”.
Por tanto, tampoco estaría justificado uno de los
principales objetivos del Estado con la creación de
estas plazas en la Isla para evitar “el desarraigo
geográfico y social de los penados”.
Asimismo, Mario Cabrera aseguró no tener información
sobre la posible ubicación del recinto penitenciario
algo que, según explicó, está fundamentado “en la
falta de información”. En este sentido, el
Presidente insular lanzó duras críticas al Gobierno
central y al Partido Socialista, PSOE, porque “ésta
no es forma de comportarse, ya que, una vez más nos
tenemos que enterar por la prensa de las intenciones
del Gobierno estatal”.
La construcción de una cárcel en Fuerteventura está
contemplada dentro del ‘Plan de Creación y
Amortización de Centros Penitenciarios’ del Estado,
que prevé una inversión de 380 millones de euros en
el período 2.006-2.012 en Canarias, según informó el
PSC-PSOE ayer.
A la apertura del primer recinto penitenciario de
régimen ordinario de Fuerteventura habrá que sumar
la construcción de un centro de inserción social con
capacidad para 50 plazas.
El presidente del Cabildo Insular, Mario Cabrera,
solicitó al Ejecutivo estatal que “antes de adoptar
cualquier decisión se pongan en contacto con los
Ayuntamientos de Fuerteventura y con la población”
para conocer si apoyarían la construcción de estos
centros en la Isla. |
30/03/2006
Los sindicatos alertan
de que un conato tendría consecuencias "nefastas"
|
Tenerife
II está en un estado lamentable, según denunciaron
ayer los sindicatos de prisiones, que se quejaron de
la "elevada" posibilidad de que se produzca un
incendio, lo que tendría consecuencias nefastas,
debido a que los colchones de los presos no son
ignífugos, sino de gomaespuma, no hay bocas de
incendio con suficiente presión de agua y los
extintores no han sido renovados en 20 años.
Los sindicatos de prisiones CSIF, USO y Acaip
expusieron ayer en rueda de prensa un panorama
lamentable de la prisión Tenerife II, que según
dijeron, carece de bocas de incendio equipadas
debido a la falta de presión del agua, y de los 104
extintores colocados hace veinte años, cuando se
construyó el centro, 72 tienen un retimbrado que
data de 1986 y otros 28 incumplen la eficacia mínima
establecida.
El riesgo de catástrofe es mayor si se tiene en
cuenta, dijeron, que los colchones en los que
duermen los internos no sin ignífugos, como marca la
ley, sino de gomaespuma.
"La posibilidad de un incendio es elevadísima",
afirmó Bernardo Fernández, de CSIF, porque además
"los cuadros eléctricos carecen de protección, con
el riesgo que ello conlleva tanto para los
funcionarios de prisiones (402) como para los
internos, que superan la cifra de 1.300 en la
actualidad.
"Se trata de un recinto cerrado y si los bomberos
quieren entrar y poner en marcha sus bombas de agua
no pueden porque no hay bocas equipadas ni
suficiente presión", añadió Fernández.
El deterioro de Tenerife II se agravó tras el paso
de la tormenta Delta en noviembre pasado, que "se
llevó" la valla de seguridad que rodea el perímetro
de la cárcel y arrancó el 80 por ciento de las
cubiertas "con lo que la posibilidad de incendio ha
aumentado porque el agua penetra cada vez que llueve
por los fluorescentes y los enchufes", añadió Sergio
López, de USO.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
se ha comprometido a arreglar los tejados de cuatro
de los nueve módulos de la prisión, que también
tiene dependencias afectadas en enfermería, salas de
comunicaciones, el salón de actos y las oficinas. En
estas últimas, la ventilación se reduce a un
ventilador de techo, lo que es otra de las quejas de
los sindicatos, que ayer señalaron la nula labor
llevada a cabo por el comité de riesgo y salud
laboral, creado en septiembre de 2003, y al que se
han elevado los informes de peligrosidad desde
entonces "sin que nos hayan respondido hasta ahora
algo más que nuestro escrito a quedado registrado".
Los afectados son los funcionarios, pero también los
internos que han sufrido inundaciones en las celdas,
además de goteras en las dependencias comunes.
Los sindicatos denuncian que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborables no se cumple y que los comités de
seguridad son "una excusa" de la Administración, por
lo que anunciaron que no volverán a estar presentes
en sus reuniones.
Las mil mantas de Mercedes Gallizo para Tenerife I
El 4 de junio de 2004, en su primera visita a
Canarias, la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, exclamó
literalmente que estaba "espantada" del grado de
deterioro que encontró en la prisión Tenerife I, que
alberga en la actualidad a 180 reclusos en tercer
grado, es decir, en el tramo final de su condena.
Su espanto no se limitaba a las humedades y a la
suciedad de las paredes, sin pintar desde hace años,
sino también "a los sanitarios, la ropa de cama...
Desde luego, son necesarias medidas urgentes",
afirmó en rueda de prensa.
Dos años después, y según denunciaron ayer los
sindicatos CSIF, USO y Acaip, la única medida
urgente adoptada por Gallizo ha sido el envío de mil
mantas para los casi dos centenares de presos que
pernoctan en el centro. A la espera de ser
transformada en comisaría, Tenerife I mantiene el
deterioro de 2004. |
30/03/2006
En
el programa Voces de Pontevedra que se emite de 9 a
12 horas en Radio Voz, en el 93,1 de frecuencia
modulada, Alfonso González hablará con Enrique
Mosquera, delegado del sindicato de funcionarios de
prisiones Acaip en la cárcel de A Lama, para
hablar sobre ese centro penitenciario y la situación
de masificación que padece. Según los datos del
citado sindicato, la prisión de A Lama cuenta con
una población reclusa de casi 1.500 presos,
prácticamente el doble de lo aconsejable, y entre
ellos figuran quince reclusos ETA.
En el programa también se hablará sobre el plan de
urbanismo del municipio de Cotobade, que acaba de
ser informado desfavorablemente por la Dirección
Xeral de Urbanismo de la Xunta.
Por otra parte, en Voces de Pontevedra habrá también
un hueco para la Festa da Ostra de Arcade, cita
gastronómica que se celebra este próximo fin de
semana. En un programa especial dedicado a este
evento, Paqui Sánchez hablará con el alcalde de
Soutomaior, Agustín Reguera y también con el
pregonero, el presentador Piñeiro, entre otros
invitados. |
30/03/2006
| SIN CONTACTO CON OTROS
INTERNOS. Pasó un reconocimiento médico y se le hizo
una nueva ficha |
Arnaldo
Otegi, portavoz de Batasuna, llegó la pasada
medianoche al centro penitenciario de Soto del Real
después de que el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska ordenara su prisión
eludible con una fianza de 250.000 euros. Se le hizo
una nueva ficha, pasó un examen médico y según
fuentes penitenciarias, se le han aplicado medidas
especiales para evitar cualquier incidente.
Arnaldo Otegi ha pasado la noche en el módulo de
ingresos de la prisión de Soto del Real. Anoche se
le hizo una nueva ficha, la foto, la toma de
huellas… trámites habituales cuando un interno llega
a la cárcel, aunque –como en el caso del líder de
Batasuna- ya haya estado en este centro. Otegi ha
pasado también el reconocimiento médico.
Fuentes penitenciarias han asegurado que se le van a
aplicar unas medidas especiales para evitar
cualquier enfrentamiento o incidente en la prisión,
dado que es una persona muy conocida. Por su
seguridad, Otegi tendrá restringidos los
movimientos. Se le limitarán las salidas de la celda
y del módulo y además se reducirá el contacto con
otros internos.
En la prisión de Soto del Real se encuentran también
encarcelados desde hace quince días el ex dirigente
de
Gestoras pro Amnistía, Juan María Olano, y el
responsable de comunicación de Batasuna, Juan Josè
Petrikorena. Los tres podrán abandonar este centro
"Madrid V" si abonan la fianza impuesta por el juez
Grande Marlaska. |
31/03/2006
El sindicato advierte
que la actitud de internos integristas causa «problemas
y enfrentamientos»
Teme que la situación de masificación de la prisión se
agrave en verano
|
La
situación de masificación que vive la cárcel de A
Lama está dando lugar, según alertó ayer el delegado
del sindicato Acaip en la prisión, Enrique
Mosquera, a «situaciones
 de
tensión» entre los propios internos e incluso entre
ellos y los funcionarios, contra los que se ha
producido ya alguna agresión.
Mosquera explicó en Radio Voz Pontevedra que en la
actualidad conviven en la cárcel un total de 1.500
presos, cuando la capacidad del centro está pensada
para albergar 1.000. Los internos son vigilados
diariamente por sesenta funcionarios, de los 431 que
trabajan en el centro penitenciario. «De momento, la
situación está bien -señaló-. Pero a veces hay
problemas y ya algún funcionario sufrió una
agresión. Pero todo puede agravarse en verano, que
es la época más conflictiva, y la saturación de
prisiones en el sur puede derivar en la conducción
de presos a las cárceles del norte. Será cuando
volvamos a llegar a los 1.700 internos, como
llegamos a tener el pasado año».
Población reclusa
De la población reclusa, 300 internos son musulmanes
y, de ellos, quince están considerados integristas.
Mosquera alerta que entre los presos musulmanes se
están creando «grupos de presión con respecto a los
presos españoles». «Son bandas, como también las
formadas por internos de países del Este, rumanos
sobre todo, que generan problemas y
enfrentamientos», añade. «El problema -matiza- está
en los radicales integristas, cuyo modo de
comportarse da problemas, algunos cabecillas
intentan dirigir al resto de musulmanes diciéndoles
que tienen que rezar a determinadas horas, cuando el
centro prohíbe los rezos en grupo precisamente para
evitar estos grupos de presión. Por ello se ha
llegado a un acuerdo con un imán para que venga
determinados días a realizar el culto con ellos,
porque si no se estaba creando un conflicto serio».
El portavoz sindical indicó que entre los internos
también hay quince presos etarras, «pero van más a
lo suyo». No obstante, el alto el fuego permanente
anunciado por la banda terrorista no ha tenido,
según Enrique Mosquera, repercusión entre los
reclusos: «no comentan nada y no ha variado nada». |
31/03/2006
| La Audiencia
Provincial de Alicante, en la repetición del juicio por
el motín de la prisión de Fontcalent (Alicante) de 1990,
ha establecido una condena global de más de 500 años de
prisión para los procesados en esta causa por delitos de
asesinato y quebrantamiento de condena, entre otros |
Esta
sentencia corresponde a la segunda vista oral que se
celebra en la Audiencia alicantina por estos mismos
hechos, en los que murió un recluso argelino,
después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el
primer juicio, celebrado por 'videoconferencia' en
2002, y decretara la nulidad de la correspondiente
condena.
El Alto Tribunal entendió que la utilización de esta
herramienta tecnológica restaba derechos y garantías
de los procesados.
La Audiencia de Alicante, que hoy ha hecho pública
la sentencia, condena a once de los doce procesados
en esta repetición del juicio, y fija penas
individuales de hasta 106 años de prisión para tres
de los inculpados por los delitos de asesinato
-entre 23 y 26 años- y detención ilegal -10 años por
cada uno de los ocho funcionarios retenidos en el
motín-.
No obstante, el mismo fallo recoge que a estos tres
procesados, Antonio C.E., alias 'el Zorro';
Francisco S., 'el Rojo', y Miguel A.Q., se les
aplica lo establecido en el Código Penal de 1973,
por lo que el máximo de cumplimiento de condena
queda fijado en 30 años.
Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 1990 en
el módulo IV de Fontcalent, cuando tres funcionarios
fueron reducidos por Antonio C.E., 'el Zorro',
quien, tras encerrarlos en una celda y apoderase de
las llaves, abrió varias celdas, lo que permitió a
otros reclusos salir a las galerías internas y
retener bajo amenaza de agresión con pinchos a otros
funcionarios.
Posteriormente, los acusados lograron, a través del
tejado, pasar al módulo III donde se unieron otros
reclusos, uno de los cuales retuvo y secuestró a
otro funcionario, así como a una monitora de
gimnasia y a dos maestros de las aulas educativas de
la cárcel.
Según el fallo judicial, los amotinados 'exigían
mejoras en las condiciones de vida penitenciaria,
así como medios para salir de la cárcel, utilizando
a los retenidos como medio de lograr sus objetivos'.
'Con la finalidad de demostrar su determinación a
las Autoridades con las que se negociaba',
decidieron 'matar a una persona y eligieron a un
preso argelino', añade el fallo.
Entiende el Tribunal como hecho probado que el reo
argelino, único fallecido en el motín, fue conducido
por los amotinados hasta el tejado de la prisión
donde recibió once pinchazos en los pulmones.
En este sentido, los magistrados absuelven a otros
dos procesados acusados inicialmente del delito de
asesinato, en concreto a Vicente G.C. y Salvador S.M.,
pues ninguna prueba sitúa a ambos en el lugar donde
murió el recluso.
No obstante, fija una pena de 80 años de prisión por
ocho delitos de detención ilegal y a seis años por
delito de robo con violencia a Vicente G.C., y a
cinco años de prisión por homicidio en grado de
tentativa a Salvador S.M., quien intentó asestar una
puñalada a otro recluso por rencillas personales no
situadas en el marco del motín.
Por la detención ilegal de los funcionarios, el
Tribunal también condena a 80 años de prisión tanto
a Manuel P.S. como a Héctor G.S., y decreta dos años
de prisión para Juan Carlos B.C. por robo con
violencia, y un año a Lisardo G.R. por delito de
lesiones.
Finalmente, establece una multa de 600 euros a
Gabriel R.B. por quebrantamiento de condena y
absuelve a José Antonio P.M.
Además de las penas privativas de libertad, los tres
condenados por el delito de asesinato deberán
afrontar una indemnización de 60.000 euros para la
familia del argelino fallecido. |
31/03/2006
| "La herramienta más
eficaz" para "disminuir el índice de delitos" son, a
juicio de la directora general de Instituciones
Penitenciarias, las "políticas sociales". Según Mercedes
Gallizo, en la mayor parte de Europa, y especialmente en
España, hay desproporción en la aplicación de penas de
prisión, una "dinámica" que hay que "cambiar". Además,
dijo que la delincuencia "no se puede abordar
exclusivamente desde la ejecución penal". Y sentenció:
"En la base del delito siempre se encuentra la pobreza y
la marginalidad |
La
responsable de prisiones hizo estas declaraciones
durante su intervención en una mesa redonda sobre
políticas sociales y de reinserción durante el
Congreso Penitenciario Internacional organizado por
la consejería de Justicia catalana en Barcelona.
Allí, Mercedes Gallizo informó de que la población
penitenciaria española ha crecido un 35% en los
últimos seis años. Aportó también el dato de que en
nuestro país hay una ratio de 141 reclusos por cada
100.000 habitantes.
La desproporción que, a juicio de Gallizo, hay en
Europa y en España en la aplicación de las penas
privativas de libertad es una dinámica que tiene que
cambiar, pues si no, "el sistema se resentirá". La
mejor solución, según la directora de Instituciones
Penitenciarias, son las "políticas sociales", que
calificó como "la herramienta más eficaz para hacer
disminuir el índice de delitos, aunque requieren una
inversión importante y son eficaces a medio plazo".
Y añadió que "la delincuencia es un fenómeno muy
complejo que no se puede abordar exclusivamente
desde la ejecución penal".
Mercedes Gallizo y el secretario de Servicios
Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de
la Generalidad, Albert Batlle, coincidieron en
destacar la importancia del papel que desarrollan
las entidades sociales en el ámbito de la
reinserción de las personas encarceladas. Cifraron
en más de 600 asociaciones y en unos 4.500
voluntarios las entidades sociales que colaboran con
la administración penitenciaria en España,
desarrollando labores de reeducación y reinserción. |
1-4-06
|
el estado
aMENAZA con acudir a la expropiación forzosa del suelo
|
El Estado ha decidido someter a información pública el
avance del Plan Territorial Especial de instalaciones
penitenciarias en Canarias, documento que deja claro que es
imprescindible construir una nueva prisión en Gran Canaria y
recuerda que puede acudir a la expropiación forzosa.
El Estado ha decidido someter a información pública el
avance del Plan Territorial Especial de instalaciones
penitenciarias en Canarias, 
documento que deja claro que es imprescindible construir una
nueva prisión en Gran Canaria y recuerda que puede acudir a
la expropiación forzosa.
Sin
llegar a determinar en qué municipio se levantará la prisión
Canarias III, Instituciones Penitenciarias sí establece las
condiciones que debe reunir el suelo en el que se haga la
futura cárcel de Gran Canaria en el avance del Plan
Territorial Especial que desde este próximo lunes someterá a
información pública durante un mes.
Las capacidades, dimensiones y características del centro
penitenciario a construir, de unas mil celdas, obliga a que
su emplazamiento se produzca en el medio rural, en suelo no
urbanizable que debe reunir una serie de condiciones
relativas a distancia a la capital, vías de comunicación y
accesibilidad, superficie (25 a 30 hectáreas), topografía
(sin grandes desniveles), acceso a suministros de
electricidad, abastecimiento, vertido de aguas y teléfono,
etcétera.
Instituciones Penitenciarias recuerda que las obras de
construcción de nuevos centros o de ampliación de los ya
existentes están declaradas de utilidad pública a los
efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y que la
conveniencia y oportunidad de instalar una cárcel en
Canarias corresponde al Estado. También apunta que la
implantación de actividades de interés general, como una
prisión, no tiene por qué estar prevista en el Plan Insular
o las Directrices de Ordenación, sino que obliga a adecuar
las futuras revisiones del planeamiento territorial y
urbanístico a esa actividad.
tarea «muy dificultosa»
Instituciones Penitenciarias admite que las condiciones
para hacer la segunda cárcel de Gran Canaria, junto a la
orografía insular y el obligado alejamiento de
determinadas zonas y núcleos de población, han hecho «muy
dificultoso» localizar terrenos idóneos que no resultaran,
por otra parte, incompatibles con otras actividades
agrícolas, industriales, turísticas o de otro tipo. La
costa de Guía, las medianías de Telde y El Matorral, en
San Bartolomé de Tirajana, son los últimos lugares
barajados para ubicar esa prisión.
Razones de carácter económico y
físico
n La
política de construcción de centros penitenciarios en
suelo no urbanizable se justifica en varias razones. La
primera es «de carácter económico», ya que el terreno
urbano es sustancialmente más caro que el no urbanizable,
aunque también es cierto que las instalaciones deben estar
bien comunicadas con los núcleos urbanos más relevantes
del área territorial de influencia. La segunda es «de
carácter físico», ya que la dimensión de las nuevas
prisiones, más las rondas definidas por el sistema de
seguridad, proyectados para una población de unas mil
celdas, demandan una superficie de más de 30 hectáreas, es
decir, 300.000 metros cuadrados, lo que hace prácticamente
inviable su emplazamiento en suelo urbano, donde no
existen locales libres con este tamaño y el uso
urbanístico requerido. El Plan Territorial Especial que
Instituciones Penitenciarias va a someter a información
pública considera imprescinbible la construcción de dos
nuevos establecimientos en el Archipiélago, uno de ellos
en Gran Canaria y el otro en Fuerteventura, y la
ampliación de otro, así como la creación de cuatro centros
de inserción social, una unidad de custodia hospitalaria y
una unidad de madres (a ubicar también en Gran Canaria).
|
1-4-06
el
puerto. El
consejo de administración de la empresa pública del
agua, Apemsa, aprobó el pasado jueves el proyecto y
el pliego de condiciones para la nueva conducción de
aguas prevista para los centro penitenciarios. Una
obra que dirige y adjudica Apemsa, pero que
financian los propios centros de prisiones. Esto, en
base a un convenio firmado el año pasado.
Durante la reunión del consejo se dio a conocer que
los propietarios de los terrenos por los que han de
discurrir las tuberías no están dispuestos a
cederlos "en condiciones medianamente adecuadas",
según se explica desde Apemsa. Por lo tanto, deberá
iniciarse un expediente de expropiación forzosa por
parte de instituciones penitenciarias.
A su vez, durante la reunión el
consejero delegado de Apemsa, Francisco Pérez, informó al
resto de miembros acerca de los últimas certificaciones de
obras pendientes, y dio cuenta pormenorizada del informe que
ha hecho el Tribunal de Cuentas en lo referente al capitulo de
Apemsa. Asimismo, apuntó los resultados de las cuentas de la
empresa pública que deberá aprobar posteriormente la junta
general de la sociedad. Cuentas, y en las que se ha producido
una modificación en los ingresos respecto al presupuesto, de
forma que ello resulta en un incremento positivo en el balance
de 350.000 euros.
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1-4-06
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Un informe "obliga" al
Archipiélago a la construcción de nuevos centros |
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
del Gobierno español publicó ayer una resolución en
el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por la que se
aprueba el documento de avance del Plan Territorial
Especial de Instalaciones Penitenciarias en
Canarias, texto en el que se admite el "elevado
déficit" de plazas de las prisiones isleñas y las
"dificultades" para conseguir sus objetivos.
Instituciones Penitenciaras afirma que "para
alcanzar los fines que las cárceles demandan a
principios del siglo XXI, y para racionalizar y
rentabilizar las inversiones que ello conlleva,
resulta necesario un pormenorizado estudio y una
planificación realista" y subraya que "en la
actualidad son cuatro los Centros de los que se
dispone en Canarias para hacer frente a sus
necesidades".
En lo relativo a las necesidades de infraestructuras
que presentan los centros del Archipiélago, "habría
que indicar, de forma sucinta y general, que muchas
de ellas tienen como causa común los niveles de
masificación existentes en todos ellos, lo que
provoca deficiencias en los suministros y depuración
de aguas y las necesarias obras de
reacondicionamiento para convertir módulos,
inicialmente previstos para unas determinadas
capacidades, que en la actualidad se ven totalmente
superadas".
Las necesidades penitenciarias en Canarias hacen
"imprescindible la construcción de dos nuevos
establecimientos y la ampliación de otro, cuatro
Centros de Inserción Social, una Unidad de Custodia
Hospitalaria y una Unidad de Madres". Además, en
este informe se obliga a la construcción de nuevos
centros en los que pueda darse adecuado cumplimiento
a la clasificación y tratamiento penitenciarios de
los internos, sin merma de la seguridad que
garanticen la custodia y vigilancia en los
establecimientos.
La Administración central reseña que "la
insularidad, unido al efecto frontera, la previsión
de concentración demográfica, la precariedad e
insuficiencia de sus instalaciones y centros,
consecuencia entre otras de la dificultad de gestión
de suelo, así como las altas tasas de ocupación,
exige una respuesta urgente y diferenciada que
permita al territorio disponer de unidades
penitenciarias suficientes". |
1-4-06
| El tribunal condena a
525 años de prisión a diez procesados y absuelve a uno
de ellos La sala vuelve a considerar responsable civil
subsidiario a Instituciones Penitenciarias |
En el fallo judicial del segundo juicio por el motín de
Fontcalent de 1990, hecho público ayer, el tribunal ha
condenado a diez procesados a 525 años y cuatro meses de
cárcel, absolviendo de todo cargo a uno de los acusados e
imponiendo a otro tan sólo una multa. La pena global es 238
años inferior a la dictada en la sentencia del 2002 que fue
anulada por el Tribunal Supremo.
Dos meses después de repetirse el juicio, el tribunal ha
condenado a diez de los doce procesados a penas de entre un
año y 106 años de cárcel. Para nueve de ellos se han
producido rebajas sustanciosas de la condena, mientras que
para otros dos, Manuel Pinteño y Héctor Guillén, han
aumentado al aplicarse el Código Penal de 1973. Esta medida
fue solicitada por los letrados, ya que así se pueden
refundir las condenas con las que cumplen ahora.
A la hora de dictar sentencia, el tribunal ha considerado
las dilaciones indebidas alegadas por las defensas como muy
cualificadas. A pesar 
de todo, tan sólo ha rebajado las penas un grado, dada «la
gravedad de los delitos que aún permanecen vivos en el
recuerdo de muchas de las víctimas». Respecto a los intentos
de fuga y los robos cometidos durante la revuelta, los
magistrados consideran que no han prescrito, al estar
conectados con otros delitos de mayor gravedad. Rechazan
también que los acusados actuaran llevados por las
vejaciones sufridas en prisión.
El más beneficiado
El más beneficiado ha sido José Antonio Postigo,
condenado en el anterior juicio a 60 años de cárcel y que
actualmente se encuentra en libertad y rehabilitado. Tras
anularse la anterior vista oral, en esta ocasión el tribunal
lo ha absuelto de todo cargo.
Rodríguez Brull, condenado en el anterior juicio a 36 años
de cárcel por nueve detenciones ilegales y un delito de
atentado al amenazar con un pincho a un funcionario en el
tejado de la prisión, saldará su deuda con la Justicia
pagando una multa de 600 euros. El tribunal ha considerado
como una eximente incompleta su enajenación mental, ya que
padece un trastorno maníaco depresivo.
Por otro lado, Vicente Estarlich sólo deberá cumplir cuatro
años de los 34 que le impusieron en la sentencia anulada por
el Supremo al haber sido absuelto por el asesinato de un
recluso.
El tribunal encuentra probado que Cortés Escobedo, Vicente
Gómez y Juan José Garfia fueron los cabecillas de la
revuelta que comenzó el 12 de noviembre de 1990 en
Fontcalent y que acabó tres días después, tras retirarse la
mayoría de los internos a sus celdas.
Según la sentencia, el 12 de noviembre, Cortés Escobedo
secuestró a dos funcionarios que iban a sacarle de la celda
tras amenazarles con un pincho de fabricación casera.
Después, les quitó las llaves y abrió las puertas de sus
compañeros de módulo.
La sentencia explica que los amotinados secuestraron a ocho
funcionarios, asaltaron la farmacia de la prisión y
decidieron matar al interno Chokry B. para presionar a las
autoridades. En el apuñalamiento participaron Francisco
Sánchez García, Miguel Aguado y Cortés Escobedo. No está
acreditada la implicación de Vicente Gómez Cortés y Salvador
Estarlich.
Según la sala, el asesinato se cometió con alevosía, pero no
con ensañamiento, a pesar de que la víctima recibió 11
heridas en los pulmones, una en la cabeza y varias más en el
cuerpo. Para el tribunal, las armas empleadas «no estaban
destinadas especialmente para matar», ya que eran caseras.
El fallo señala que durante la revuelta también se
produjeron diversos robos y lesiones a presos y funcionarios
y que Estarlich cometió un homicidio al intentar matar con
un destornillador a otro interno por un ajuste de cuentas.
Indemnizaciones
Por los daños causados, los condenados deberán de
pagar un total de 67.440 euros a las víctimas de las
agresiones y los robos y otros 51.047 euros a Instituciones
Penitenciarias. De la cantidad global, la familia del árabe
asesinado tan sólo percibirá 60.990 euros de indemnización
frente a los 120.000 solicitados por el fiscal. Además, se
ha impuesto a los penados una multa de 3.606 euros por los
intentos de fuga.
Como ocurrió en la sentencia anterior, el tribunal considera
a Instituciones Penitenciarias responsable civil
subsidiaria, por lo que tendrá hacerse cargo de las
indemnizaciones al ser insolventes los procesados.
Según el fallo, la Administración debe velar por «la vida y
seguridad» de los internos. El motín, sin embargo, ocurrió
porque se produjo «un quebranto en las medidas de
seguridad». De hecho, Cortés Escobedo «pudo esconder un
pincho en su celda» y liberar a los demás reclusos porque
los funcionarios llevaban las llaves encima.
los condenados Cortés Escobedo: el fiscal pedía 141 años y cinco
meses de prisión por nueve delitos de detención ilegal,
quebrantamiento de condena, atentado y asesinato. Se le
condena a 106 años y cuatro meses de cárcel por ocho
detenciones ilegales, quebrantamiento de condena, atentado y
asesinato. En el juicio del 2002 anulado por el Tribunal
Supremo se le condenó a 138 años y cinco meses de cárcel.
Manuel Pinteño: el fiscal pedía 56 años de cárcel por
nueve delitos de detención ilegal y quebrantamiento de
condena. Se le condena a 80 años y cuatro meses de cárcel por
quebrantamiento de condena, atentado y ocho detenciones
ilegales. En el juicio anterior se le penó con 52 años y cinco
meses de cárcel.
Juan José Garfia: el fiscal pedía 52 años de cárcel por
nueve delitos de detención ilegal. Se le condena a 33 años de
cárcel y cuatro meses por ocho detenciones ilegales. En el
juicio anulado del 2002 se le penó con 52 años de cárcel.
Héctor Guillén Sierra: el fiscal pedía 52 años de
cárcel por las detenciones ilegales y el quebrantamiento de
condena. Se le condena a 80 años y cuatro meses de cárcel por
quebrantamiento de condena, ocho secuestros y atentado. En el
juicio anterior se le había condenado a 52 años y cinco meses
de cárcel.
Gabriel Rodríguez Brull: el fiscal pedía 36 años de
cárcel y dos multas por detención ilegal, atentado y
quebrantamiento de condena. Se le condena sólo a una multa de
600 euros por atentado. En el anterior juicio se le penó con
36 años.
Vicente Gómez Cortés: el fiscal pedía 159 años y cinco
meses de prisión por nueve delitos de detención ilegal,
quebrantamiento de condena, atentado, asesinato y tres robos
con violencia. Se le condena a una multa y a 86 años y medio
de cárcel por las detenciones ilegales, quebrantamiento de
condena, atentado y tres robos con violencia. Se le absuelve
del asesinato. En el 2002 se le condenó a 153 años y medio de
cárcel.
Salvador Vicente Estarlich: el fiscal pedía 33 años de
cárcel por un asesinato consumado y otro frustrado. Se le
condena sólo a cuatro años de cárcel por un homicidio
intentado. En la sentencia del 2002 se le penó con 34 años de
cárcel.
Juan Carlos Bello: el fiscal pedía tres años de cárcel
por robo con violencia. Se le condena a dos años de cárcel por
un robo. En la sentencia del 2002 se le había condenado a tres
años de cárcel.
Miguel Ángel Aguado: el fiscal pedía 33 años de cárcel
por un asesinato y un robo con violencia. Se le condena a 25
años y cuatro meses de cárcel por asesinato y robo. En el
juicio anterior el tribunal le impuso 30 años de cárcel.
José Antonio Postigo: el fiscal pedía 60 años de cárcel
por nueve detenciones ilegales y dos delitos de lesiones. Se
le absuelve de todos los delitos. En el anterior juicio fue
condenado a 60 años de cárcel.
Francisco Sánchez García: el fiscal pedía 153 años de
cárcel por nueve detenciones ilegales, atentado, asesinato,
lesiones y un robo con violencia. Se le condena a 106 años y
dos meses de cárcel por ocho secuestros, atentado, asesinato y
lesiones. En el 2002 se le condenó a 148 años de cárcel.
Lisardo González: el fiscal pedía cuatro años de
prisión por dos delitos de lesiones. Se le condena a un año de
prisión. En el 2002 se le penó con cuatro años.
Varios abogados anuncian que recurrirán ante el Supremo y
plantearán la nulidad |
3/04/06
LEON.—
La prisión leonesa de Mansilla de las Mulas se
prepara para un eventual traslado de presos
 de
ETA que podría producirse con motivo del anuncio del
alto el fuego permanente de la banda terrorista.
Durante la tregua anterior el Ministerio del
Interior envió al centro penitenciario leonés ocho
reclusos de ETA, de los que cuatro aún permanecen en
la provincia.
Entre los presos que el Gobierno envió en 1999 como
medida de acercamiento de los presos a cárceles
vascas y que siguen en la prisión leonesa están Juan
José Rego Vidal y su hijo Ignacio Rego Sebastián,
condenados por intentar atentar contra el Rey en
Palma de Mallorca en el año 1995. También continúan
en Mansilla Jesús Bollada Alvarez y Oroitz Salegui
García.
Además del nuevo escenario que se abre tras el alto
el fuego de la banda terrorista, se podrían producir
cambios en la condena de algunos etarras recluidos
en Mansilla tras la decisión adoptada por el
Tribunal Supremo en relación al etarra Henri Parot,
sobre el que se decidió que las redenciones a su
favor se aplicaran a cada una de las penas
individuales y no a la acumulada de 30 años de
cárcel establecida como máximo.
Según algunas fuentes penitenciarias esta decisión
ha afectado ya a uno de los reclusos en Villahierro,
Joseba Artola Ibarretxe, cuya salida estaba prevista
para este año gracias a las redenciones y al que se
le han impuesto once años más de condena. Artola
Ibarretxe se encuentra actualmente en Mansilla en
situación de primer grado debido a su historial
penitenciario. Esta redención de penas por cada una
de las condenas individuales también podría afectar
a otro de los reclusos en Mansilla, Jesús Bollada
Alvarez, que de salir este año podría verse recluido
en prisión hasta 2017.
Entre los presos de ETA que permanecen en primer
grado en la prisión leonesa están Juantxu Tobalina
Rodríguez; Juan Pablo Ussia Barbara; Exabier Uriarte
Amuriza; José María Igarataundi Peñagarikano,
trasladado a finales del año pasado desde la prisión
asturiana de Villabona, y Angel Murgoitio Ribera.
El primer grado supone para estos internos un
aislamiento de los demás presos y unas cuatro horas
de patio al día.
Tras la nueva situación que se plantea por el alto
el fuego de ETA las autoridades aún no han señalado
cuáles serán los pasos a dar. Algunas fuentes
penitenciarias auguran un traslado de presos etarras
a la prisión leonesa desde el sur de la Península y
la concesión de terceros grados si se mantiene el
silencio de las armas por parte de los etarras.
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3/04/2006
El Ejecutivo excluiría
de la medida a los que tienen asesinatos recientes o
condenas de 30 años
Los reclusos serían trasladados si policía y CNI
verifican la voluntad de ETA de dejar las armas
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El
Gobierno tiene sobre la mesa desde finales de la
semana pasada los expedientes de 101 presos de ETA
candidatos a un hipotético acercamiento a cárceles
próximas al País Vasco si la organización terrorista
da muestras antes de junio de su voluntad real de
dejar las armas. Son casos de etarras ya juzgados
que en su mayoría no tienen delitos de sangre y sin
condenas múltiples.
Casi todos son colaboradores, chivatos, dirigentes
de Jarrai, activistas de la kale borroka y
terroristas que fueron detenidos antes de actuar.
Buena parte de ellos se encuentra ya en segundo
grado penitenciario y algunos próximos a su
excarcelación tras haber cumplido las tres cuartas
partes de la condena.
Fuentes del Ejecutivo informaron de que entre esos
101 terroristas, el 20% de los 494 presos de ETA en
España, estaría el grueso de los reclusos que serán
enviados a cárceles más cercanas al País Vasco y
Navarra, en el que sería el primer gesto del
Gobierno ante la organización terrorista una vez que
la Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y el CNI
verificasen la voluntad de la organización de dejar
las armas. Los informes de las fuerzas de seguridad
tras los primeros diez días de alto el fuego son,
según las fuentes consultadas, «positivos» y
«alentadores».
La Moncloa no se plantea, por el momento, un cambio
penitenciario masivo de la población reclusa etarra.
Los excluidos de esta maniobra serán, salvo algunas
«seguras excepciones», la mayoría de los 242
miembros de ETA condenados por delitos de sangre o
con sentencias de más de 30 años de cárcel por su
participación en graves atentados o con
responsabilidades en algún aparato de la
organización terrorista. De este grupo, 184 están
condenados por el Código Penal de 1973, y el resto,
58 activistas, están sentenciados con el nuevo
código de 1995.
Problemas con preventivos
En ese primer gesto del Ejecutivo después de
constatar la veracidad del alto el fuego, tampoco
estaría la inmensa mayoría de los 151 presos
preventivos de la organización terrorista, 26 están
ya juzgados y condenados, pero a la espera de ser
enjuiciados por otras causas o a que se resuelvan
sus recursos. Hay otros 125 preventivos puros que
hasta ahora no se han sentado en el banquillo y
esperan la fecha del juicio.
La Moncloa ha sido informada de las dificultades
técnicas y económicas de trasladar fuera de Madrid a
presos a la espera de juicio. Instituciones
Penitenciarias mantiene concentrados a 102 de los
151 preventivos en las cinco cárceles madrileñas de
Alcalá, Aranjuez, Navalcarnero, Soto del Real y
Valdemoro. Prisiones alega el alto coste de los
largos traslados y del servicio de escoltas cada vez
que el reo deba ser juzgado en la Audiencia
Nacional.
Además, la situación de estos reclusos depende en
exclusiva de los tribunales que deben enjuiciarles.
El proyecto de traslado, en el que ya trabajan los
técnicos del Gobierno, no incluye, en principio,
«peticiones generalizadas» de las juntas de
tratamiento de los centros al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de la Audiencia Nacional para que
miembros de ETA puedan acceder de manera masiva al
tercer grado' un régimen de semilibertad pues se
limita a ir a dormir a la prisión. El análisis de
cada caso será «individualizado», aunque estas
peticiones no entran en los planes a corto plazo del
Gobierno.
El equipo de Rodríguez Zapatero -según informaron
fuentes del Ejecutivo- ya tiene diseñado un «primer
esbozo» de ese posible acercamiento de presos.
Cualquier maniobra pasa porque ETA dé señales
«inequívocas» de su intención de abandonar las armas
antes de junio. Las fuerzas de seguridad tienen que
constatar entre abril y mayo la desaparición de la
kale borroka, la ausencia de actividad en Francia y,
sobre todo, el fin del chantaje a los empresarios
vascos a través del llamado impuesto revolucionario.
Los mismos pasos que Aznar
Sólo entonces, ya en junio, el presidente del
Gobierno pediría el aval del Congreso para abrir un
diálogo con la organización terrorista, y es posible
que en esa misma comparecencia en la cámara baja
anunciaría el acercamiento de un grupo de presos. La
aproximación sería similar a la que realizó el
Gobierno de José María Aznar en septiembre de 1999,
un año después de que ETA declara la anterior
tregua. El Ejecutivo popular acercó en aquella
ocasión a 105 etarras, 24 de ellos a cárceles de
Euskadi.
Por ahora, el Ejecutivo no tiene decidido si el
traslado será a los centros penitenciarios del País
Vasco. En principio, y a la falta de ver la
capacidad de cada prisión, las cárceles que
recibirían más presos serían las que se encuentran
en un radio de 250 kilómetros de Euskadi. El
Gobierno estudia las posibilidades de once centros
bastante saturados de por sí: Zaragoza, León,
Asturias, Logroño, Navarra, Soria, Valladolid,
Cantabria, Ávila, Burgos y Teruel.
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3/04/2006
El Gobierno de
Zapatero pidió a ETA que le entregara por escrito las
ofertas de diálogo que Batasuna había hecho llegar al
Ejecutivo socialista a través del PSE. Estos hechos
ocurrieron al inicio de la Legislatura. No hacía ni un
mes que Zapatero había tomado posesión cuando la banda
terrorista le hizo llegar un mensaje verbal en el
sentido de que estaban dispuestos a dialogar.
|
Según
los planes dados a conocer a este diario, la ‘hoja
de ruta’ en este espinoso asunto pasaría por varios
tramos, con un plazo de entre 5 y 7 años. El primer
paso sería el traslado de presos etarras a la
Península, lo que, evidentemente, representa un
gesto y lo cual se haría en el tramo más inmediato y
como indicativo de la ‘buena fe’ negociadora del
Gobierno socialista.
En tramos -y tiempos- paulatinos se irían acercando
cada vez más presos a cárceles vascas, hasta que la
práctica totalidad de los mismos estuvieran en
Euskadi. Paralelamente, algunos habrían ido saliendo
la calle por ‘imperativo legal’; es decir, que
habrían ido cumpliendo sus condenas.
En estos dos primeros tramos -presumiblemente,
durante el primer año de negociación y en todo caso
hasta después de la celebración de las elecciones
generales- no habría ninguna excarcelación
importante, más allá de los que tuvieran que salir
por haber cumplido sus condenas, como hemos relatado
antes.
Según esa ‘hoja de ruta’, las conversaciones habrían
llegado a tal punto que ETA no sólo cumple con el
alto el fuego, sino que entrega las armas. El
Gobierno traspasa entonces la política penitenciaria
al Gobierno vasco, una transferencia pendiente,
pero que no se resolverá hasta que el proceso de paz
no avance en el sentido marcado en la ‘hoja de
ruta’.
Una vez transferidas las competencias, según estos
planes, y en un plazo entre cinco y siete años desde
ahora, los centros penitenciarios iniciarían los
procesos de solicitud de libertad condicional a
diversos internos, solicitudes que deberían se
aprobadas, en su caso, por los juzgados de
vigilancia penitenciaria. El goteo sería continuo,
la mayor parte de los presos habrían cumplido sus
condenas, o la mayor parte de las mismas, y el
problema se habría diluido socialmente.
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3/04/2006
| Tienen agujeros en el
techo, las paredes agrietadas, sus ventanas no encajan
bien y las sillas están rotas. Asigc critica que 20
guardias civiles pasan cada día por estas dependencias y
pide que se acondicionen. |
Agujeros
en las planchas de escayola de los techos, falta de
limpieza, paredes agrietadas, ventanas que no
encajan bien y sillas rotas son sólo algunos
ejemplos que reflejan la deficitaria e insalubre
situación en que se encuentran las garitas de
seguridad del Centro Penitenciario de Castellón. Son
las denuncias de la Asociación Independiente de la
Guardia Civil (Asigc) realizadas a este periódico,
aportando las fotografías que se adjuntan y que
reflejan el estado por dentro de las garitas, por
cada una de las cuales pasan unos 20 guardias
civiles al día.
La cárcel de Castellón cuenta con siete garitas que
permiten la vigilancia del perímetro del centro, más
una principal que controla el acceso al centro.
Todas ellas, a excepción de una que ha sido
remodelada, tienen los "techos de escayola
agrietados y llenos de agujeros de grandes
dimensiones", según Asigc.
"En verano, en esos agujeros, se forman paneles de
avispas y revolotean por la garita, hasta el punto
de que el guardia civil está más preocupado de que
no le piquen que de sus funciones de vigilancia para
que no se fugue un interno", comentaron a este
diario desde la asociación.
La suciedad, como critican desde Asigc, es otro
apartado evidente; paredes que llevan años sin
pintarse, telas de araña en los rincones, sillas y
sillones rotos... Además, las garitas tienen
ventanas que no acoplan ni encajan bien, por lo que
existen muchísimas entradas de aire. "Algunas de
estas dependencias tienen un aparato de aire
acondicionado frío-calor, pero en otras los agentes
sólo tienen una pequeña estufa de resistencia para
combatir las bajas temperaturas de invierno", según
añadieron las mismas fuentes.
Además de denunciar el "lamentable y peligroso"
estado de las instalaciones eléctricas, pues "cuando
el agua se cuela por las vidrieras cae por encima
del cuadro de luz con el peligro que esto supone",
la asociación criticó en Mediterráneo que las
ventanas no encajan y sus raíles son "inservibles,
están destrozados por el óxido, no se pueden abrir y
entra el aire por todas las juntas de las ventanas".
Asigc considera "intolerable" que los guardias
civiles trabajen así y pide que "Instituciones
Penitenciarias o el centro acondicionen las garitas
en breve".
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3/04/2006
Barcelona.-
El Congreso Penitenciario Internacional celebrado
durante los tres últimos días en Barcelona se
clausuró hoy con una declaración en la que se
recuerda la "finalidad reinsertora" de las penas de
cárcel, la necesidad de "intensificar los programas
de tratamiento" y de "fomentar las medidas penales
alternativas", entre otras conclusiones.
Centrado en 'La función social de la política
penitenciaria', el Congreso, organizado por el
Ministerio de Interior y por la Conselleria de
Justicia de la Generalitat, con la colaboración del
Consejo de Europa, concluyó hoy que la "reeducación
y la reinserción social" debe ser el "objetivo
principal de las penas", y no sólo por "mendato
legal", sino por "la tradición política de
orientación humanista".
Los más de 1.100 ponentes y asistentes al Congreso
pidieron hoy en un documento conclusivo que "toda
reinserción facilite la reinserción de los
detenidos", objetivo para lo que se requiere "una
nueva orientación legislativa" que "reflexione sobre
el coste social y económico de un eventual aumento
del uso de las penas privativas de la libertad".
En otro punto de las conclusiones se pide la
intensificación los programas de tratamiento y salud
y el fomento de las medidas penales alternativas, ya
que "ha llegado el momento en que la sociedad
moderna supere la idea de que las prisiones son el
destino inevitable al que van a parar todas las
personas que incumplen la ley" porque "no es
razonable, ni útil, ni realista".
Las conclusiones inciden también en la necesidad de
concebir la política penitenciaria "como política
social" que "reduzca la posibilidad de
reincidencia", además de mejorar la "transparencia"
del sistema y un "reconocimiento social" que elimine
la "percepción negativa por parte de la opinión
pública y los medios de comunicación" derivada de
"determinados estereotipos".
Por último, el documento solicita la "necesaria
implicación y concertación social" y "no sólo de los
poderes públicos" y que se dote al sistema
penitenciario de los "recursos necesarios de acuerdo
con las necesidades perseguidas", además de impulsar
"nuevas fórmulas organizativas y de gestión".
Al acto de clausura asistieron este mediodía el
conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, la
directora general de Instituciones Penitenciarias
del ministerio de Interior, Mercedes Gallizo, el
secretario de Servicios Penitenciarios,
Rehabilitación y Justicia Juvenil, Albert Batlle, y
la jefa del Departamento de Problemas criminales del
Consejo de Europa, Margaret Killerby.
MASIFICACIÓN EN LAS CÁRCELES
Precisamente el secretario de Servicios
Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil,
Albert Batlle, mostró hoy su preocupación por la
progresiva "masificación" de las cárceles catalanas.
Sólo en los tres últimos meses, del 1 de enero al 31
de marzo, ingresaron en prisión 300 personas, con lo
que "hemos batido todos los récords en crecimiento
de población penitenciaria", ya que esa cifra
"supera en 100 el crecimiento de todo el año
pasado".
En declaraciones a Catalunya Informació, Batlle
auguró un "periodo crítico" en los próximos meses,
aunque expresó su deseo de que a partir de 2007,
cuando se empiecen a abrir los nuevos centros
penitenciarios "podamos solucionar en parte el
problema de masificación que sufrimos ahora". La
población interna en Catalunya alcanza ya, con las
nuevos ingresos, las 8.653 personas.
Batlle relacionó la actual masificación con el
endurecimiento de las penas, lo que "entra en
contradicción con el principio de reinserción", a la
vez que señaló la dificultad de reinsertar a los
presos inmigrantes, que representan un 34,5% del
total, unos 2.952 internos.
Según el secretario de Servicios Penitenciarios,
Rehabilitación y Justicia Juvenil "el extranjero
regularizado no delinque, lo hace en un grado
incluso inferior al de la población autóctona",
mientras que el ingreso en prisión de los 'sin
papeles' "altera el funcionamiento de los centros y
dificulta la política resocializadora" porque "saben
que sólo saldrán de la prisión para ser expulsados o
para caer de nuevo en procesos de marginación".
Informó Europa Press.
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