Acaip     - Índice de Noticias de prensa -

    HISTÓRICO NOTÍCIAS


Picassent.- Una cárcel con paredes derribables, celdas inseguras y pinchos de usar y tirar


La nueva Ley Antitabaco sólo permitirá fumar en cárceles y centros psiquiátricos


El PP plantea que los presos extranjeros cumplan penas en sus países


Los funcionarios de Salto del Negro se plantan


Gallizo afirma que la tasa de hacinamiento de reclusos de La Torrecica se verá mejorada con el nuevo CIS


Los sindicatos exigen el traslado de las presas peligrosas de Brieva, Ávila


Sevilla.- Los funcionarios se enfrentan a seis años de suspensión por la fuga de los presos


Una presa peligrosa de Brieva acorrala a una funcionaria para pedir tabaco


Un preso muy peligroso agrede a tres funcionarios de la cárcel de Puerto 3


IBIZA.- Primera protesta de los funcionarios contra la dirección de la prisión


Un preso intenta estrangular a un funcionario de prisiones en el Centro de Topas (Salamanca)


Presos favorables a la vía de Otegi rechazan las visitas de abogados de la banda


Un preso intentó fugarse con una cuerda hecha con sábanas


Un preso de Puerto 3 agrede a tres funcionarios


Albacete.- Denuncian que un recluso agredió a un funcionario por no dejarle pasar porros


CÓRDOBA.- Tres funcionarios agredidos brutalmente por un interno en la cárcel de Córdoba


El Supremo evita encarcelar a una mujer por llevar droga a un hijo preso que es adicto


Cataluña.- Un preso: 88 euros/día


SORIA.- La declaración de impacto favorable remueve la última traba para la cárcel


Condenan a dos etarras por la muerte de un funcionario de prisiones


Le encuentran muerto en su celda de la prisión de Alhaurín de la Torre


Los sindicatos exigen el certificado de penales para trabajar en la cárcel


Jaén.- La prisión rechaza el traslado de las reclusas a otros centros


Los sindicatos se encierran en Salto del Negro para exigir más personal


Un ex preso por drogas hace prácticas como funcionario en la cárcel de Picassent


Procesado un recluso de Teixeiro por agredir a los funcionarios que le registraron la celda


Cinco empleados de El Salto del Negro, agredidos en dos meses


El juez imputa a seis presos que instigaron un motín


Acaip afirma que un módulo de Picassent con presos de gran peligrosidad no tiene arco de detección de metales


Trasladan a otra prisión a los presos que protagonizaron un intento de motín en Monterroso


Detienen a una embarazada cuando trataba de meter hachís en la cárcel


Condenan a doce años de cárcel a un recluso sorprendido con 0,46 gramos de heroína


Hacinamiento, el mal carcelario


Acaip dice que denunciará por calumnias a la familia del fallecido en Puerto III


Delegado del Gobierno ve bien que reclusas muy peligrosas usen tijeras


Un preso será juzgado por agredir a funcionarios de Teixeiro


Picassent.- Un taller de costura que permite usar tijeras a internas muy peligrosas


Puerto III.- «La familia del interno lo que quiere es sacar dinero»


El Centro penitenciario de Pereiro de Aguiar mejora su seguridad exterior e interior


Trasladan a Villabona a uno de los etarras que asesinaron a Tomás y Valiente


El personal de Botafuegos se reforzará con 40 personas


Acaip no ve ningún punto oscuro en la muerte del recluso de Puerto III


La celda 211


Salto del Negro.- Denuncian agresiones de internos psiquiátricos a compañeros y  funcionarios


Acusado de matar a su compañero de celda asegura que creyó que era Satanás


A Lama.- Archivada la denuncia contra funcionarios de la prisión por una agresión a un recluso


Peores que Malamadre: así son los presos más peligrosos de España


Los presos de ETA en Albolote se mezclan con los comunes


Interior anima a conceder el tercer grado a un 60% más de internos


Siguen sin ser localizados los dos presos fugados durante la excursión


Encuentran muerto a un preso, atrapado por la puerta automática de su celda


Cuatro reclusos han fallecido en las cárceles gallegas en lo que va de año


El juez condena a un preso de la cárcel de Picassent a un año de cárcel por agredir a un funcionario


Instituciones Penitenciarias descarta que el CIS de Vigo cuente con personal propio


La cárcel sólo se ha reforzado con travesaños en las ventanas


 


 Acaip - Noticias de prensa
La cárcel sólo se ha reforzado con travesaños en las ventanas

   26/02/10
 
Mohamed Larbi y El Rafi fueron localizados y detenidos 21 días después de que se fugaran de la prisión Sevilla 1 poniendo de manifiesto los fallos en la seguridad de la prisión. En las tres semanas transcurridas desde entonces, las medidas adoptadas para incrementar la seguridad en la cárcel, aparte de activar los sistemas de vigilancia que esa noche estaban desconectados, se han limitado a reforzar las ventanas de las galerías de la prisión con dos travesaños metálicos de forma provisional, según explicaron a ABC fuentes sindicales. El resto de las medidas tendrán que esperar a que venga un equipo técnico de Madrid que determine qué actuaciones acometer para incrementar la seguridad de la instalación y, además, esperar a contar con la financiación suficiente para acometerla.
La instalación de los travesaños para reforzar las rejas de las ventanas viene a señalar que éstas eran uno de los puntos más débiles de la prisión. Se trata de unas rejas de «hierro dulce», un calificativo que de por sí implica que son más fáciles de doblegar, y que, como publicó ABC, ya fueron objeto de polémica cuando se instalaron, allá por el año 1989. La mala calidad de aquellas rejas, cuya instalación fue adjudicada a Dragados, que contrató a la empresa de Francisco Palomino, a la sazón cuñado del entonces presidente de Gobierno Felipe González. Francisco Palomino, quien, a su vez, la contrató a un taller de Torreblanca, provocó incluso una investigación. El entonces ministro de Justicia Enrique Múgica llegó a reconocer la endeblez del material empleado en la fabricación de los barrotes, pero le restó importancia pues decía que la cárcel tenía un sistema electrónico de gran calidad.
Un sistema electrónico que no funcionaba la noche de la fuga de los dos presos y que ha sido uno de los fallos detectados en la investigación de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que tuvo como consecuencia el cese del subdirector de seguridad de la prisión y la apertura de expedientes a tres funcionarios que estaban esa noche de servicio. Instituciones Penitenciarias dio a conocer esa resolución hace unos días días, pero, denuncia Acaip, a los funcionarios afectados no se les comunicó la apertura de los expedientes hasta hace dos días; el próximo miércoles comparecerán ante los responsables de la investigación para dar su versión de los hechos. Previsiblemente, los funcionarios alegarán que, aunque pudo darse cierta relajación por la tradicional ausencia de incidentes en la cárcel, no hubo falta de vigilancia y que, a pesar de lo que señalaba el informe de Instituciones Penitenciarias los internos en celdas aledañas escucharon los ruidos que hacían los presos huidos al romper la estructura de la celda, la persistente lluvia de aquella noche contribuyó a que no oyeran nada.

El sindicato ACAIP lamentó ayer que Instituciones Penitenciarias finalmente haya descartado que el Centro de Inserción Social de Vigo cuente con una plantilla propia de personal. De este modo, consideran que se perpetua una situación que no dudan en calificar de insostenible.

En este sentido, desde hace varios años, la totalidad de centrales sindicales demandan que las dependencias olívicas dejen de depender de la prisión de A Lama y cuente con su propio catálogo de personal. A este respecto, las fuentes consultadas recordaron que hace, algo menos de un año, la propia directora general de Instituciones Penitenciarias había reconocido en Pontevedra que «los centros de este tipo más recientes cuentan con personal propio, pero no ocurre lo mismo con los que se abrieron hace unos años, que son atendidos por personal del centro penitenciario», unas declaraciones que fueron recogidas por al agencia Efe.

Esta aparente discriminaciones entre unos centros y otros era algo sobre lo que, según había anunciado Mercedes Gallizo, se estaría trabajando. Sin embargo, la reciente decisión de la Administración que dirige es asumida con un freno y marcha atrás a esta política, con lo que «la disfunción se mantendrá indefinidamente».

Los sindicatos volvieron a recuperar sus reivindicaciones de hace ya casi dos años para criticar y reiterar que el CIS de Vigo tenga que verse obligado a recurrir a los funcionarios de A Lama por lo que no dudan en definir como incumplimientos de los pactos alcanzados entre las centrales e Instituciones Penitenciarias.

Ampliación de instalaciones

Cabe recordar, a este respecto, que ya durante la pasada festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, la plantilla de la prisión pontevedresa se movilizó para denunciar otras cuestiones relativas al Centro de Inserción Social.

Así, demandaron la ampliación de las dependencias existentes, dado que por aquel entonces las instalaciones estaban masificadas. Construida con capacidad para 140 personas -setenta habitaciones-, lo habitual es que estén adscritos al centro olívico un número bastante mayor de reclusos.

Ante esta tesitura, lo sindicatos, que declararon hace algunos meses el conflicto colectivo, consideran que la solución a esta problemática pasaría por volver a sentarse a la mesa de negociación y abordar la situación laboral de los funcionarios penitenciarios. En cualquier caso, inciden en el hecho de que existe «un acordó que a Administración decidió incumplir unilateralmente».


El titular del juzgado de lo Penal número 12 de Valencia ha condenado a un preso de la cárcel valenciana de Picassent a cumplir una pena de un año de prisión por agredir a un funcionario cuando le trasladaba de módulo, según informó en un comunicado la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

   Según esta entidad, el pasado día 22 de febrero se celebró un juicio contra este interno por un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones. Tras ello, el juez le ha condenado a un año de cárcel y a pagar 120 euros de indemnización.

   El incidente tuvo lugar el 3 de noviembre de 2007, cuando el interno agredió, según Acaip, a un funcionario en el módulo 24 de la Unidad de Preventivos de la cárcel de Picassent. El hombre estaba siendo trasladado de módulo puesto que en el que se encontraba había sido amenazado por otros internos, según él, porque tenía una deuda de 400 euros por tema de drogas.

   Al llegar al módulo de destino, el interno se abalanzó "violentamente" sobre el funcionario, dándole empujones y puñetazos, concretó la organización. "La agresividad que presentaba era tal que fue necesaria la presencia de varios funcionarios más para reducir al interno y evitar que el hecho adquiriera mayor gravedad", puntualizaron. Como consecuencia de los hechos, el funcionario agredido presentaba lesiones en el cuello.

   Ante esta situación, Acaip valoró la condena impuesta al interno porque "reconoce el carácter de agente de la autoridad de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones".

   Así mismo, mostró su deseo de que esta sentencia "acabe con la sensación de impunidad que en muchas ocasiones tienen los internos, los cuales perciben que las agresiones a funcionarios les salen gratis". Esa sensación es, entre otras cosas, "la que provoca un aumento en el número de agresiones a funcionarios de Instituciones", dijeron.


Cuatro reclusos han fallecido en las cárceles gallegas en lo que va de año

   26/02/10
La última víctima es un interno del centro pontevedrés de A Lama que murió por sobredosis ·· Este motivo acabó con otro penado de Teixeiro, donde uno también se suicidó y un cuarto pereció por causas naturales
Aún no han transcurrido dos meses de este 2010 y, que se sepa, ya han fallecido cuatro r­eclusos que cumplían condena en alguna de las cinco prisiones gallegas. La última víctima es un vigués de 29 años, J.C.G.G., quien perdía la vida a causa, según los primeros informes policiales, de una sobredosis de droga.

El cuerpo sin vida de este interno apareció en su celda del módulo cuatro con una jeringuilla clavada en el brazo, lo que lleva a pesar que el fallecimiento se produjo por sobredosis, según apuntaron fuentes de ese centro. Los sindicatos policiales han vuelto a denunciar tras este nuevo suceso la importante cantidad de drogas que se maneja dentro de las prisiones, en particular la de A Lama.

Por este mismo motivo fallecía este mismo mes un joven compostelano que cumplía pena de prisión en el centro penitenciario coruñés de Teixeiro. Sobre este suceso no trascendieron más datos, ya que al parecer quedó demostrado que ninguna otra persona que el propio recluso tuvo que ver con su propia muerte y en su misma celda.

También a mediados de enero en la prisión coruñesa perdía la vida otro joven recluso, aunque en este caso se debió a un suicidio, según determinó la investigación sin que trascendiera ninguna circunstancia extraña a pesar de las denuncias de la familia del fallecido.

Finalmente, la autopsia será la que determine las causas por las que el pasado martes fallecía en su celda el interno J.M.P.F., de 39 años. Este penado había participado por la mañana en diversas actividades sin que se percibiera anormalidad alguna. Cumplía seis años por robo y saldría en libertad el próximo julio.


Cádiz, 27 feb (EFE).- Un recluso de la prisión El Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), fue encontrado muerto atrapado entre la puerta automática de su celda y la pared, según han informado hoy a Efe fuentes penitenciarias.
El preso, K.F., de 31 años, estaba condenado a nueve años y seis meses de prisión por delitos de robo con fuerza e intimidación, contra la salud pública, lesiones y atentado contra la autoridad.
Los hechos ocurrieron el jueves pasadas las 16.30 horas, a la hora de salir al patio después de comer.
Según las citadas fuentes, K.F. llamó por el interfono de su celda al funcionario que estaba en el puesto de control encargado de abrir las celdas de forma automática con control remoto.
El preso le dijo que no había podido salir y el funcionario dio de nuevo al botón para que lo hiciera.
Como pasaban los minutos y no le veían en el patio, fueron a la celda y se lo encontraron atrapado entre la puerta automática de rejas y la pared, como si la puerta se hubiera cerrado y él no hubiera terminado de salir.
Los funcionarios avisaron a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del preso, y posteriormente al juzgado de guardia y a la Policía Judicial.
Para esclarecer las causas de la muerte, se ha abierto una información reservada, que está esperando los resultados de la autopsia.
Las fuentes penitenciarias han señalado que a los responsables de la prisión les extraña lo sucedido, ya que el impacto del cierre de la puerta no es tan fuerte como para matar a nadie.
Las imágenes de las cámaras de seguridad indican que primero se abre la puerta y el preso, que iba a salir, vuelve a entrar -no se sabe si porque se le olvidó algo o se encontraba mal- y luego sale de nuevo, que es cuando queda atrapado.
Por su parte, el sindicato ACAIP ha anunciado tras este accidente su intención de pedir una revisión del sistema de puertas.
El portavoz de ACAIP, Juan Carlos Sánchez, ha informado a Efe de que "no es la primera vez" que ocurre un fallo en el mecanismo de cierre, por lo que espera que se lleve a cabo una revisión de todos los centros penitenciarios en los que funciona este mismo sistema.
Según el sindicato, la puerta aprisionó el tórax al recluso, que es de origen marroquí. EFE

Siguen sin ser localizados los dos presos fugados durante la excursión

    28/02/10
Inspectores de Instituciones Penitenciarias interrogan a los funcionarios de Puerto 3 para aclarar las circunstancias de la muerte del interno aplastado por la puerta
Los dos presos de Puerto 3 que se fugaron el pasado miércoles , durante una excursión a Chipiona organizada por la propia prisión, seguían sin ser localizados ayer, al cierre de esta información.

Tal como adelantó este diario, los dos internos, ambos marroquíes, participaban junto a otros ocho reclusos en una visita programada por el Equipo de Tratamiento de la macro cárcel portuense. Se trata de una actividad habitual que se organiza en todas las prisiones de España, dirigida a presos a los que les queda ya muy poco tiempo para cumplir su condena o que ya han disfrutado de permisos, con vistas a que "se vayan acostumbrando a su vuelta a la vida fuera de prisión".

El grupo iba acompañado por un educador y un funcionario. En esta ocasión, el destino elegido era la localidad de Chipiona, para conocer, entre otras cosas, el Santuario de la Virgen de Regla. Hasta allí se habían desplazado desde la cárcel en un microbús. Pero luego, todo el grupo iba caminando por la calle. Y cuando iban a regresar, en un momento dado los presos se quedaron rezagados para, aprovechando un descuido, emprender rápidamente la fuga a pie. Ayer, tres días después, aún no se había podido proceder a su captura. Y es que no se descarta que hayan podido abandonar la provincia, para dirigirse hacia su país d origen, Marruecos.

Desde Instituciones Penitenciarias quisieron recalcar ayer a este diario respecto a la fuga de los dos presos que " lo que ha fallado no es la seguridad sino la confianza depositada en esos internos, que cumplían todos los requisitos para formar parte de esa salida programada".

En paralelo, desde la Dirección General de II.PP. han enviado a la cárcel a varios inspectores al objeto de aclarar las circunstancias en las que, justo un día después de la fuga de dos presos, se produjo la muerte de otro interno tras aprisionarle al parecer el tórax la puerta hidráulica de su celda cuando salía para dirigirse al patio.

Estos inspectores, que se han hecho cargo de la información reservada que la Dirección General ha abierto para investigar esta extraña muerte, comenzaron a interrogar a responsables y funcionarios de la prisión durante la tarde del viernes.

Esta investigación interna se acomete al margen de la ya emprendida por el Juzgado de guardia tras comunicarse la tarde del jueves el fallecimiento del preso.

Fuentes de la prisión habían apuntado a un fallo en el sistema de seguridad de la puerta para evitar atrapamientos, el fallecimiento del preso. Otras fuentes consultadas por este diario no descartaban que el fallecido hubiera sido víctima de un ajuste de cuentas, siendo sujetado por otros internos para que la puerta, al cerrarse, atrapara su cuerpo.

Desde la administración penitenciaria, por su parte, señalaron ayer a este diario que "no está claro que el preso muriera aplastado por la puerta, ya que fue hallado entre ésta y la pared", y emplazaron a esperar a los resultados de la autopsia, que dijeron desconocer al cierre de esta información.

Lo cierto es que los funcionarios no se dieron cuenta del fallecimiento del joven marroquí hasta que, tras bajar todos los presos de ese módulo al patio después de comer, hicieron recuento y se percataron de que faltaba uno, hallándolo muerto en la celda.

Este diario ha podido saber que las imágenes de las cámaras de seguridad de la prisión habrían grabado primero cómo se abre la puerta y el preso, que iba a salir, vuelve a entrar, y luego cómo sale de nuevo, que es cuando supuestamente queda atrapado.

El sindicato mayoritario en Puerto 3, Acaip, ha emitido un comunicado para mostrar su apoyo "a los funcionarios y sanitarios del centro en este momento tan lamentable y reconocer su profesionalidad y rapidez en sus actuaciones". Desde el Comité Ejecutivo Nacional de Acaip, Juan Carlos Sánchez planteó "una queja formal sobre el funcionamiento de seguridad de las puertas en los Centros en que estén montadas para que se revisen y no vuelva a ocurrir tan lamentable accidente ocasionando lesiones o muerte a internos o trabajadores penitenciarios". Y es que, según desveló Sánchez, "no es la primera vez que las puertas de seguridad de Puerto 3 (inaugurada hace poco más de dos años y medio) fallan".

«La cárcel no está hecha para reeducar: aquí el preso vive en una situación irreal, de aislamiento; es fácil que en esas condiciones se recupere, el problema es que luego sale solo y se encuentra con los mismos elementos que en su día le llevaron por el mal camino». Así se expresa en privado uno de los psicólogos que trabajan en el penal de Villabona. Su impresión la comparten también los mandos de Instituciones Penitenciarias, que consideran que la solución pasa por potenciar el tercer grado, es decir, el periodo en el que el reo cumple su condena en situación de semi-libertad. «Ahora mismo tenemos en esa clasificación a unos 250 internos», informa Esteban Suárez, director de Villabona. Son presos que o bien viven en su casa y están controlados mediante pulseras o trabajan fuera de la cárcel pero pernoctan en la penitenciaría o cumplen su pena dentro de una comunidad terapéutica tipo Proyecto Hombre.
La cifra no satisface al Ministerio del Interior. Desde hace cinco años, todos los directores de prisiones han recibido la instrucción de posar su mirada en el caso catalán. Esta comunidad tiene las competencias en materia penal transferidas y aplica el tercer grado a un 25% de sus presos. «Cada vez que hay una reunión, nos recuerdan que esa es la proporción ideal, que si en Cataluña no están teniendo problemas al aplicarla, nosotros también debemos ir a ello», reconoce Esteban Suárez.
Aplicar esa ratio a Villabona obligaría a aumentar un 60% los terceros grados concedidos, lo que dejaría este escalafón en 400 internos. ¿Qué impide llegar a ese punto? La pregunta remite hasta la Junta de Tratamiento, órgano colegiado de Villabona compuesto por ocho expertos. Ellos son los que, por votación mayoritaria, deciden qué grado se le aplica a cada reo.
La sentencia marca los años de condena, pero después el reglamento cede amplia potestad a la Junta de Tratamiento para escoger bajo qué grado pasará el recluso ese tiempo. «Antes de dos meses del fallo judicial debemos aclarar la clasificación que le damos», apunta Suárez. El 'sanedrín' está compuesto por el propio director de la cárcel, la subdirectora de tratamiento, el encargado de la atención médica, un criminólogo, un psicólogo, un educador, un trabajador social y el jefe de servicio de interior.
Las discusiones «son intensas, porque la perspectiva que tiene cada uno es muy diferente», señala un funcionario conocedor de esas deliberaciones. «El problema quizás es doble: son muchos y todos los votos valen igual, y al final renta ser conservador: si dejas al preso en segundo grado, lo alejas de la calle y no te expones a que te falle».

Los presos de ETA en Albolote se mezclan con los comunes

    1/03/10
Todos los terroristas fueron separados en celdas repartidas por distintas dependencias del penal granadino
Los 18 etarras encarcelados en la prisión de Albolote fueron trasladados el pasado viernes desde el módulo de aislamiento donde estaban recluidos hasta los módulos de presos comunes donde convivirán con el resto de penados de la cárcel alboloteña.
Instituciones Penitenciarias decidió dar este paso para disgregar aún más a los miembros de la banda terrorista ETA, después de la huelga de hambre iniciada días atrás por el sector más duro de la organización, parte del cual está ingresado en el presidio granadino.
Pese al traslado de estos confinados a dependencias comunes, mantendrán el mismo régimen de convivencia que tenían: no podrán acudir al comedor con el resto de reclusos ni compartir el patio a la misma hora que ellos.
El traslado a sus nuevas celdas se hizo el pasado viernes bajo una estrecha vigilancia

Peores que Malamadre: así son los presos más peligrosos de España

   01/03/10
La película española del año ha puesto en el punto de mira a los presos Fies, aquellos que, como Malamadre en «Celda 211», requieren vigilancia especial por diferentes motivos. Y sí, también existen.
La película de Daniel Monzón «Celda 211» ha vuelto a poner en el punto de mira el magnético tema carcelario que tantos argumentos literarios y cinematográficos ha proporcionado. En nuestro inconsciente pesan iconos del celuloide como el individualista Eastwood en «La fuga de Alcatraz», el tenebrosamente lírico Hannibal Lecter o el gran personaje encarnado por Tim Robbins en «Cadena perpetua». El Malamadre que nos ocupa, interpretado por Luis Tosar en «Celda 211», nació de la novela homónima de Francisco Pérez Gandul y encarna el arquetípico preso reincidente, carne de cañón carcelaria, que campaba por los fueros penitenciarios en la década de los 80, antes de que Jesús García Valdés reformara un sistema penitenciario obsoleto. El protagonista de la película de Monzón es el típico «fulano torvo» dotado de carisma, siniestro y conmovedor que no atiende más que a su propio código ético. Un compendio de traumas vitales con desarraigo desde la infancia, tan superviviente como samurái, que encuentra en la reclusión su espacio de dominio para ejercer de «kye», apelativo reservado para los presos más temidos y que deriva de un «pieza» llamado Arthur Kyes.
Fuguistas residuales
En la película se dice que este tipo de internos peligrosos pertenece a la Clasificación FIES-1, algo que es preciso aclarar: un preso no es peligroso por estar incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento, sino al revés: está introducido por ser peligroso. La última revisión del citado fichero data de 2006 y supone una base de datos meramente administrativa. Por tanto, estar incluido en ella comporta que al interno se le hace un especial seguimiento y es objeto de una mayor vigilancia, pero el régimen de vida penitenciario es el que corresponde a su grado de Clasificación, que establece la Ley General Penitenciaria. A saber: primer, segundo, tercer grado, y libertad condicional. Los «malos malísimos» como el Malamadre de ficción estarían sujetos a un primer grado.
En opinión de los juristas y psicólogos de diferentes equipos de tratamiento, a día de hoy, los reclusos ochenteros fuguistas y motineros son algo residual. Y, aunque haberlos «haylos», en modo alguno representan a la población reclusa. Atrás quedan los tristes tiempos en los que Manuel Sandín –conocido dirigente de COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), que combatió por dignificar a la población reclusa durante la Transición– me contara sus ingresos en la Modelo junto al El Boque, el Valen, El Loren y El Bartolo por perpetrar atracos de coches  o «topetazos» para robar jamones y cómo, en un sistema penitenciario «paleolítico», les colgaban por las esposas para maltratarlos o les obligaban a  «hacer la rana». Sentados en el suelo, con las piernas recogidas hacia atrás, y esposados los gemelos, se les introducía una barra de madera para hacerles caminar y como forma de macabro divertimento para los funcionarios. Aún permanecen en el recuerdo de Sandín los tiempos de hacinamiento penitenciario –220 personas por galería y «chabolos» ocupados por 4 internos–, comidas en las propias celdas, tres recuentos diarios y «comunicaciones que duraban menos de un cuarto de hora y ante la estricta vigilancia de sádicos funcionarios como “culopato”». No es de extrañar que este ex «choro» setentero    –como se autodefine– con el que compartí una semana mesa y mantel en su casa protagonizara una de las mayores fugas de nuestro país, la de la cárcel Modelo de Barcelona, en 1978, excavando un túnel que conectaba con las alcantarillas de la Ciudad Condal.
Agresiones a presos
Hoy, Sandín sería un FIES-1 con régimen de primer grado, pero sus derechos como recluso le harían sonreír: tendría una habitación individual frente a las habitaciones compartidas de los demás, 3 horas de patio en grupos reducidos (siete menos de las que disfruta el resto de la población reclusa), idéntica comida y derecho a visitas que el resto de los internos (dos locutorios a la semana y dos vis a vis al mes –uno íntimo y otro familiar–), y derecho a recibir 5 llamadas semanales y dos cartas cada siete días (que no serán leídas por los funcionarios). Sólo podría ingresar en una celda de aislamiento bajo estricto control del juez, que en ningún modo difiere del resto de las celdas, ya que tiene idénticas medidas y equipamiento. Las faltas graves por las que terminar aislado pueden ser haber agredido a otro interno, a un funcionario o a uno mismo. Ni existen los controles analíticos periódicos a través de las rejas, como cuentan las leyendas urbanas, ni se les somete a sujeción mecánica, salvo por indicación judicial o médica, en caso de que puedan agredir o agredirse (el caso prototípico: un interno dándose de cabezazos contra la pared por estar atravesando un síndrome de privación o una depresión).
Evidentemente, ser un «primer grado» de régimen cerrado comporta unas condiciones más estrictas, aunque se aplican poco. De los 76.000 internos que había en las cárceles españolas el año pasado, según datos estadísticos de Instituciones Penitenciarias e incluidos en las cuatro categorías del Fichero FIES, 500  presos estaban en primer grado, 900 en segundo y 80 en régimen abierto. A día de hoy son medio centenar los presos catalogados como FIES-1, si bien es cierto que, cuando los responsables de la junta de tratamiento ven avances en ellos, van relajando el régimen.
«Ningún interno está obligado a seguir programas de reinserción. Todos ellos son voluntarios... Otra cosa es que sea conveniente que los acepten». ¿En qué consisten? A cada recluso se le realiza un análisis de sus carencias por parte de un equipo técnico y, a partir de él, se le asigna un programa de tratamiento. Por ejemplo, si es alcohólico, se le asignan programas de abstinencia de alcohol.

En el caso de que sea maltratador, se incide en el control de la ira. Su negativa no puede acarrear consecuencias disciplinarias. Los juristas no se ponen de acuerdo y unos aseguran que funcionan bien, mientras que, para otros, son más decorativos que efectivos.
El trato con los funcionarios por parte de la población reclusa es otro de los puntos que ha variado sustancialmente desde la última reforma penitenciaria: si entonces se producían reiterados abusos de poder, hoy dista mucho de cualquier leyenda y es un compendio de buen hacer profesional, paciencia, inteligencia y sabia combinación del tacto y la firmeza, siempre aplicando el reglamento. Otra cosa es la relación entre el resto de los internos hacia esos llamados presos peligrosos, que se comportan con un dejo de admiración y servilismo al tiempo que ellos les instrumentalizan. El tema de las violaciones «talegueras» es otra de las muchas leyendas inciertas. Diversos psicólogos de prisiones aseguran que se producen más casos de homosexualidad «espontánea» femenina que masculina, y que ocurre así por una mera cuestión afectiva. Los hombres prefieren recurrir al onanismo que al sometimiento hacia otros reclusos.
Autolesiones esporádicas
Aún es posible que se produzcan autolesiones o huelgas de hambre como medida de coacción, pero cada vez es más esporádico. Como el hecho de construir armas con objetos impensables, tales como una cucharilla de plástico quemada convertida en un «pincho» letal con el que amedrentar a otros internos, aunque pocas veces a los funcionarios... Una de las juristas más comprometidas con el sistema penitenciario recuerda un experimento que se hizo en el año 84 en el psiquiátrico de Fontcalent para crear una estructura terapéutica específica, «pero había demasiados enfermos mentales de patologías diversas y falló. Las prisiones son el desagüe de la sociedad. Debería haber un intento serio de psiquiatría carcelaria para estos enfermos sociales, porque, en muchos casos, el “talego” no es su sitio». La comunidad debe defenderse y recluye al que atenta contra los demás, pero, si el sistema penitenciario –como la democracia– es la menos mala de las opciones... ¿qué otra alternativa queda?
Prácticamente cualquier prisión española, salvo los centros abiertos, puede acoger a todo tipo de internos. En los últimos años se han construido bastantes nuevas prisiones, que son los llamados «centros tipo». Se basan en un sistema de módulos para evitar que se mezclen internos primarios con reincidentes, jóvenes con adultos y, en general, los que puedan causar una influencia perniciosa en otros. Paradójicamente, España es uno de los países europeos con mayor población carcelaria pero con menos delincuencia. Eso se debe a la penalización de muchas conductas que en otros países no constituyen delito. Así, salvo centros de inserción social o unidades de madres, prácticamente cualquier prisión puede albergar a un interno sin cuestionarse su condición. Otra cuestión es que procuramos proponer el centro de destino que mejor se adapte a sus peculiaridades y programas de tratamiento. Respecto a sus centros de destino y asignación de grado de tratamiento, el procedimiento sigue lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 y en el Reglamento que la desarrolla. Así, cuando se recibe en el Centro Penitenciario el testimonio de sentencia, se procede a clasificar al interno en un plazo máximo de dos meses desde la referida recepción, un plazo que es ampliable de manera excepcional a otros dos meses.
Cuestión de grado
La clasificación asigna centro de destino, programa individualizado de tratamiento y grado de clasificación. El grado de clasificación determina la modalidad o régimen de vida en que se va a desenvolver en un principio. El primer grado es el más estricto, aunque se aplica poco, y se corresponde con el régimen cerrado. Al segundo grado corresponde el régimen ordinario, que, como su propio nombre indica, es el más común. Se aplica a aquellos internos que ofrecen perfil de normal convivencia pero sin encontrarse, por el momento, preparados para cumplir condena en semilibertad. Al tercer grado corresponde el régimen abierto, aplicable a aquellos internos que, bien inicialmente o por una evolución favorable de su conducta, han demostrado que pueden cumplir su pena en régimen abierto, combinando la estancia en prisión con un trabajo en el exterior que permita sostener a su familia.
Antonio Cortés Escobedo
Lleva 25 años sin salir de prisión y es un clásico de los motines violentos, como el Fontcalent, ocurrido en el año 2006 y en el que tuvieron retenidos a nueve funcionarios durante 48 horas. Junto a él estaba Juan José Garfia.
Justificó su motín debido al trato «inhumano» que, según él, recibían los presos por parte de los funcionarios. Negó haber matado a un interno argelino durante la revuelta. Quien haya visto o leído «Celda 211» encontrará muchos paralelismos con esta historia.
Acusado de dos homicidios y un asesinato, primero fue  condenado a 138 años de reclusión, una pena que el Tribunal Supremo acabó rebajando a 75.
 
Claudio Lavazza
Delincuente profesional italiano, autoproclamado anarquista (del grupo Proletarios Armados para el Comunismo) y perteneciente a la «Banda de la nariz».
Fue condenado por el asesinato de dos policías municipales durante el atraco a unas oficinas del Banco de Santander de Córdoba. Acusado de 8 atracos más en distintas ciudades españolas, también fue condenado a cumplir en Italia una pena de 27 años y 5 meses. ¿Los motivos? Entre otros, pertenencia a banda armada, asociación subversiva, coparticipación en homicidios y tenencia ilícita de armas. Se le considera muy peligroso.
Está condenado a 198 años, dos meses y 14 días.


Giovanni Barcia
Compañero de Lavazza y cerebro, junto a él, de todas sus operaciones dentro de la «Banda de la nariz», ha sido juzgado con su colega en varias ocasiones.
En la detención de 1996 en Córdoba, Lavazza y Barcia no estaban solos. Les acompañaban sus otros dos compañeros de fechorías, Michele Pontolillo y Giorgio Rodríguez.
Por este delito fue condenado a 62 años, 47 por el propio atraco y 15 por delitos menores relacionados con éste. A tal pena se sumaron otros 11 por su irrupción en el consulado italiano de Málaga.
En 2002 fue trasladado temporalmente a Italia. En la actualidad sigue encarcelado en España.


Juan José Garfia Rodríguez
Juzgado por el asesinato de dos policías y un civil, un industrial vallisoletano, Garfia fue además motinero en Fontcalent. Autor de diversos robos y atracos, es también especialista en fugas.
En 1998 se casó con una funcionaria de prisiones en Picassent y, mientras aguarda el segundo grado penitenciario, se ha licenciado en Historia y ha escrito varios libros sobre sus vivencias.
La película «Horas de luz», dirigida por Manolo Matjí, está basada en su biografía y él participó en la documentación. Alberto San Juan interpretaba el papel de Garfia, y Emma Suárez el de la funcionaria que se convirtió en su esposa.
Está condenado a 149 años de reclusión.


Juan Diego Redondo Puerta
«Dieguito el Malo», como se le conoce en el mundo carcelario, es un delincuente multireincidente que ha protagonizado atracos con rehenes y todo tipo de robos con violencia.
Fue miembro activo de Copel (Coordinadora de Presos en Lucha) y un referente entre los internos desde que lideró la famosa huida de la cárcel Modelo de Barcelona, relatada en su libro «La fuga de los 45».
Lleva casi 30 años en prisión, y cumple una condena de 176 años, dos meses y 14 días.
Se casó en 1992 y tuvo dos hijos, pero volvió a la cárcel poco después, ya que se reabrió un caso que tenía pendiente desde 1978.


Santiago Izquierdo Trancho
Un individuo capaz de ocultar cuchillos y pinchos en su estómago, serrar barrotes y disimularlo con pasta de dientes pintada, entre otras atrocidades, sólo podía llevar 25 años entre rejas.
Acumula asesinatos, secuestros de funcionarios, intentos de evasión, desacato, amenazas, robos...
Es uno de los presos más peligrosos de la historia penitenciaria, un auténtico Malamadre.
Suma condenas por un total de 138 años.
En septiembre de 1987 asesinó a otro interno después de obligar a un funcionario a que le abriera la celda de su víctima. Dicen de él  que se ha ganado su mala fama a pulso.


Nadie quiere hablar
El éxito de «Celda 211» parece que no ha hecho más que comenzar: en el fin de semana de su estreno se convirtió en la película más taquillera, con 1.243.000 euros de recaudación, y desplazó a «Ágora» de la primera posición. A esto se añade la unanimidad de la crítica al hablar de ella como «el gran filme español del año».  El efecto «celda» se percibe menos en el mundo real de las prisiones: ningún jurista, asistente social o psicólogo ha querido hablar, salvo de forma oficiosa, para confeccionar este artículo, ni siquiera telefónicamente por temor a «presuntas escuchas». Las entrevistas se han producido en cafeterías solitarias, comidas en mi casa o mediante anónimas cuentas de correo, abiertas ex profeso para esta cuestión. La pregunta es, ¿por qué?


A Lama.- Archivada la denuncia contra funcionarios de la prisión por una agresión a un recluso

    01/03/10
El padre del preso recurrirá la decisión, dado que los forenses dicen que su versión es compatible con las lesiones
«No aparece debidamente justificada la perpetración del delito» es el argumento que utiliza el Juzgado de Instrucción número uno para sobreseer provisionalmente la denuncia interpuesta por el padre de un recluso contra funcionarios del penal de A Lama, a los que acusa de haber maltratado a su vástago.

Según reseñó en su día, en abril del pasado año, al menos siete funcionarios «entraron súbitamente en su celda y lo condujeron a otra dependencia donde tres de ellos le dieron una paliza consistente en golpes con porras y patadas por todo su cuerpo». En este punto, el denunciante añadió que su hijo fue obligado a que «paseara por todo el módulo en calzoncillos y descalzo delante de los demás internos».

Los golpes que presuntamente recibió el recluso no fueron descubiertos hasta que su progenitor acudió al centro penitenciario pontevedrés con la intención de visitar al lesionado y a sus dos hermanos, también por aquel entonces internos en la cárcel pontevedresa.

Días antes, según relató, le había extrañado que solo le permitiera ver a dos de sus hijos.

Tras conocer el dictamen del juzgado capitalino, el padre del recluso ha decidido buscar el amparo de una instancia superior, en concreto, de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El objetivo que busca es que su caso no termine archivado y olvidado, y, al mismo tiempo, lograr que los presuntos responsables de los daños sufridos por su hijo terminen sentados ante un juez.

Su caballo de batalla es un informe forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. En el documento, los forense analizan las lesiones que presenta el recluso. Su conclusión es clara: «Son compatibles con lo referido por el acusado».

Ante los peritos manifestó «haber sido golpeado con una porra, además de con las manos». Y estos expertos encontraron dos contusiones que «dibujan por si mismas el objeto causante, en este caso, la porra, con el dibujo alargado de, más o menos, veinticuatro centímetros de longitud y con el característico espacio indemne entre las lesiones lineales».


En el juicio con jurado popular celebrado hoy en la Audiencia de Valencia, Alfonso T.D., de 49 años y que dice creerse hijo de "Bruce Lee", ha insistido ante el tribunal en que aquella tarde golpeó en la cabeza "dos o tres veces" a Jacinto G.B., al que sorprendió echado en la cama, porque oyó "voces" que se lo pedían.

También ha señalado que había tomado la medicación, que no había planeado el crimen y que no tenía "nada en contra" de su compañero, un preso aquejado de demencia y con movilidad reducida que precisaba la atención de otro reo que le atendía y que compartía celda con ellos.

"Creía que estaba poseído. Cogí la tele y le di dos o tres veces.

No se movía. Era Satanás. Obré bien. Pero luego le cogí por el cuello y no era Jacinto, era un muñeco. Ahora ya estoy normal", ha manifestado el acusado cogiendo fuertemente el micrófono.

El fiscal considera al procesado, al que describe como un enfermo con trastorno psicótico que a pesar del tratamiento sufre alucinaciones y tiene la voluntad anulada, autor de un delito de homicidio con la eximente de anomalía psíquica, por lo que pide su absolución por estar "exento de toda responsabilidad criminal".

No obstante, solicita su internamiento en un centro psiquiátrico de régimen cerrado adecuado a su dolencia por un tiempo no inferior a 15 años y una indemnización de 80.000 euros para el hijo de la víctima y los cuatro herederos de su viuda, recientemente fallecida.

Considera asimismo al centro penitenciario de Picassent, y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en su lugar, responsable civil subsidiaria de los hechos dado que, a su juicio, no se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para evitarlos.

La acusación particular pide para Alfonso T.D. 17 años y medio de prisión por un delito de asesinato, así como una indemnización de 200.000 euros para la familia del fallecido.

Por su parte, al igual que el Ministerio Público la defensa del procesado solicita su absolución pero reduce a no más de cinco años la petición de internamiento psiquiátrico en régimen cerrado de su cliente.

Además, el abogado del Estado ha sostenido que la Administración cumplió con todas las medidas de seguridad pertinentes ya que "en las cárceles no puede haber un funcionario para cada preso", y solicita que se la exima de la responsabilidad civil subsidiaria.

Según recoge el relato fiscal, sobre las 20.00 horas del 9 de marzo de 2008, Alfonso T.D. se encontraba en la celda 207 del módulo B2 de enfermería de la planta de preventivos, que compartía con los también internos Jacinto G.B., de 77 años, que sufría demencia, y otro preso más que solía atender a este último.

En un momento dado, el acusado tomó un televisor que había en la habitación y, sin previo aviso, golpeó en la cabeza violentamente a Jacinto, que se encontraba echado en la cama.

Cuando los funcionarios acudieron al módulo alertados por los gritos encontraron al agresor con la televisión en las manos gritando: "Es el demonio. He matado al demonio".

El agresor llevaba dos meses en este módulo, destinado a ancianos, seniles o con deficiencias psiquiátricas y otras patologías, después de ser trasladado ya en varias ocasiones de celda por los problemas que ocasionaba por su enfermedad psiquiátrica.

Como consecuencia de la agresión, el septuagenario agredido, que no podía valerse por sí mismo, falleció días después en el Hospital General de Valencia, debido a un traumatismo craneoencefálico.

Según ha trascendido en el juicio, el acusado fue anteriormente procesado por la muerte de su madre y el intento de homicidio de su padre durante un brote psicótico, y atacó con una catana, en este caso sin resultado de muerte, a un compañero del hogar social que regentaba. EFE


Así lo expuso el delegado de este sindicato, Juan Manuel Alacid, en un comunicado en el que subrayó que "las prisiones no son psiquiátricos" e informó de una "agresión" protagonizada este sábado en Salto del Negro por un interno esquizofrénico -la segunda que causa en dos meses- a dos funcionarios del centro que lo conducían al módulo de aislamiento.

Alacid alertó de que este interno tiene "atemorizados" al resto de presos de la cárcel y consideró que las prisiones no están preparadas para albergar a personas con enfermedades mentales, lo que ocurre, dijo, debido a la "casi inexistencia de psiquiátricos penitenciarios -sólo hay dos en toda España-".

Ello ocasiona, prosiguió, que "compartan patio y celda internos con patologías graves con internos sanos, produciendo agresiones entre internos y hacia funcionarios".

El representante sindical también denunció "el abandono y el desprecio" de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias hacia la plantilla de Salto del Negro, a la que, según afirmó, ha adjudicado "sólo 25 plazas de funcionarios en prácticas, cuando todos los sindicatos del centro solicitaron 60 y el director 46".

Juan Manuel Alacid aseguró que la prisión de Las Palmas de Gran Canaria tiene "unas necesidades de 100 funcionarios de todas las áreas y servicios".

El delegado de ACAIP consideró que esta situación no puede continuar porque "con una plantilla tan escasa" no se puede "garantizar la seguridad de los internos que alberga" el penal ni "realizar de forma normal todo el trabajo" que se ordena.

"No todos los internos son poetas, músicos de rock o practicantes de la vela latina, hay otros que no se adaptan al régimen penitenciario ni a las normas elementales de convivencia, que agreden, extorsionan, y trafican en la prisión, y para evitar todo eso necesitamos una plantilla adecuada", aseveró. EFE


La celda 211

    1/03/10
 
ME cae bien el chico ése, Daniel Monzón, el director de 'La celda 211', tan laureada: nada menos que 8 'Góscar' (el 'Góscar' es el híbrido de un Goya y un Óscar). Aunque mucho mejor me cae Luis Tosar, o sea 'Ma, que es que parece que hubiera estado preso toda su vida, el tío, de tan impresionante que es su interpretación.
La semana que entra, se cumplen 19 años que dejé de ser médico de la entonces Prisión de Cumplimiento de Jóvenes de Cáceres; además, fueron muchos los días que hube de hacerme cargo de la otra cárcel, la de toda la vida, por lo que, a pesar del tiempo transcurrido, uno sabe de lo que habla cuando del mundo penitenciario se trata. Si «noventa minuti en el Bernabéu son molto longo», que dijera Juanito, imagínense lo largos que son diez años en prisión, aunque sea de médico. Vamos, que uno conoce el paño mucho mejor, dónde va a parar, que el guionista de la cinta, y mucho mejor, no hay color, que el director de la misma. Me explico.
Jamás de los jamases a un funcionario de prisiones se le ocurriría meter en una celda a un compañero herido: a rastras lo hubieran sacado a los exteriores. Jamás de los jamases un funcionario se liaría a mamporros contra los familiares de los presos agolpados a la puerta de la prisión; en España, eso es imposible: para ese cometido están las fuerzas de orden público. He ahí dos ejes sobre los que gira la trama de la película, clamorosamente fallidos, lo cual, ya digo, da idea del conocimiento que tiene la gente del cine de la cuestión carcelaria: limitado, muy limitado.
Pero donde de verdad se nota el desconocimiento que de la cuestión tiene el amigo Daniel, es en las declaraciones sobre el particular: «Si 'Celda 211' dispara con bala hacia algún lado, es hacia el poder». ¿Disparar hacia el poder? Vamos anda. Ni puta idea, ya digo. Eso hubiera colado en los años setenta, semana arriba, semana abajo, cuando aún las cárceles eran cárceles, con sus mazmorras y todo (que yo las vi), pero ahora, lo que se dice ahora, es de todo punto inadmisible que alguien hable de «disparar hacia el poder» en un sistema penitenciario plagado de psicólogos, educadores, trabajadores sociales, abogados-criminólogos, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, maestros de escuela, maestros de talleres, monitores deportivos, cocineros profesionales y por ahí seguido. Y mucho menos 'disparar' con un motín protagonizado por individuos que, por muy bien que queden en pantalla, tienen pinta de tener un historial delictivo de lujo: el tal 'Malamadre' había asesinado a un funcionario en revuelta previa, hecho muy edificante y de mucha autoridad. Por cierto, no sé hoy, pero en mis tiempos no me encontré jamás a un preso condenado por un funcionario de prisiones: todos estaban entre rejas por sentencia dictada por un juez.
Efectivamente, qué mal suelen quedar los funcionarios de prisiones en las películas y qué bien suelen quedar los presos, por muy criminales que sean. Pues bien, les voy a decir una cosa: los funcionarios no serán unos angelitos, pero les puedo asegurar que el peor de ellos es mejor que el mejor de los presos. Lo que yo les diga.
¿Disparar hacia el poder? Ni puñetera idea, Daniel.

El sindicato Acaip afirmó hoy que no ve "ningún punto oscuro" en la muerte del recluso Fuad Kaddur Tamin, un preso melillense que murió en la cárcel El Puerto de Santa María III, atrapado por una puerta automática de su celda, y aseguró que "todos lo trabajadores han trabajado de forma profesional y con rapidez para evitar la muerte del interno".

   Según manifestaron a Europa Press fuentes del sindicato mayoritario en prisiones en relación con las afirmaciones realizadas por la familia del recluso fallecido, el juez instructor dictaminará si la versión oficial es buena y advirtieron que estudiarán emprender acciones judiciales contra las personas que levanten calumnias contra los funcionarios.

   Así, indicaron que "no hay nada que esconder" e insistieron en que no ven "ningún punto oscuro y lo único que se ha visto es un atrapamiento a un interno que estaba en un módulo de destino". En este sentido, señalaron que "si un funcionario le hubiera tenido ganas no hubiese estado en un módulo de destino, que es bueno, sino en otro módulo", como pudiera ser el de aislamiento o de reincidentes.

   Finalmente, desde el sindicato insistieron en que "no hay secretismo y se le ha entregado las copias de la cámara de seguridad y todas las pruebas pertinentes a la Policía Judicial y al juez" y subrayaron que se actuó "de forma profesional y con rapidez para evitar la muerte del interno".


El personal de Botafuegos se reforzará con 40 personas

    04/03/10
Treinta prácticos tienen previsto incorporarse en el mes de abril y los diez restantes serán interinos
Treinta prácticos tienen previsto incorporarse el mes de abril con carácter definitivo a la prisión de Botafuegos. El director de la cárcel algecireña, Francisco Márquez, cree que con estas altas y con los diez interinos que llegarán en breve la plantilla va a quedar "bastante cubierta".

Ahora hay cincuenta prácticos que están formándose en Botafuegos. Estarán un mes para completar su trayectoria. Son lo que aprobaron el año pasado y estuvieron en Málaga recibiendo la teoría y luego se han trasladado a Algeciras para hacer las prácticas. Estarán hasta finales de mes a cargo de varios instructores.

25 aprenden el funcionamiento del penal y las diferentes áreas y puestos de trabajo por la mañana y los restantes van por la tarde. Márquez resaltó que estos movimientos van a posibilitar que se equilibre parte de las constantes vacantes que sufren con los traslados de personal. La cárcel está acostumbrada a continuas reestructuraciones forzosas de su plantillas por las marchas.

Más de cien funcionarios se trasladaron de la ciudad después del último concurso general. 205 fueron los funcionarios de la prisión de Algeciras lo que solicitaron otro destino y 101 fueron los finalmente seleccionados.

Añadió que los internos también están en unos números razonables. A día de ayer había ingresados 1.557 personas cuando hasta no hace mucho la media estaba en los 1.900. Los traslados al centro de inserción social Manuel Montesinos y Molina de los presos que están en proceso avanzado de reinserción o que cumplen su pena en régimen abierto han ayudado a reducir sus cifras.

Los sindicatos Acaip, USO, CSI-CSIF, UGT y CCOO de esta prisión denunciaron a principios de diciembre que la plantilla de funcionarios estaba bajo mínimos. Recordaron que el catálogo de Botafuegos está fijado en 487 personas y que había 410. Indicaban que la unidad que más lo sufría era la de los servicios de interior. Cifraban aquí el déficit de personal en más de un 19%.

Trasladan a Villabona a uno de los etarras que asesinaron a Tomás y Valiente

    04/03/10
Interior envía a la cárcel asturiana a Idoia Martínez junto a los raptores de Aldaya y Delclaux como 'premio' por romper con la dirección de la banda
El Ministerio del Interior continúa con los movimientos estratégicos de presos de ETA encaminados a avivar la división entre el colectivo carcelario terrorista. El pasado febrero realizó tres acercamientos a la cárcel de Villabona, uno de los dos centros -el otro es el aragonés de Zuera- donde concentra a los activistas díscolos con la dirección de la organización terrorista o que han dado muestra de hartazgo.
El traslado más relevante ha sido el de Idoia Martínez García, 'Olga', una de las terroristas que integró el más sangriento comando Madrid de la década de los noventa y que participó, aunque no fue autora material, en el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, muerto a tiros en Madrid por el pistolero Jon Bienzobas en febrero de 1996.
Esta terrorista ha sido llevada desde la cárcel madrileña de Estremera a la de Villabona, donde se concentran 14 etarras disidentes, a los que hay que sumar los 23 'díscolos' que acoge el centro de Zuera. Desde su extradición de Francia en noviembre de 2003, 'Olga' había estado la mayoría del tiempo en cárceles madrileñas en calidad de preventiva y en esos centros ha convivido con su hija, a la que dio a luz ya detenida. Su primer 'destino' como presa con condenas firmes ha sido uno de los dos centros de la disidencia, ya que la terrorista, aunque no ha roto con la banda, sí ha dado muestras de no seguir las consignas del 'frente de makos'. Martínez, que ya cumplió siete años en cárceles francesas tras ser detenida en 1997, además de ser miembro del 'comando Madrid', estuvo encuadrada en la década de los noventa en otros 'taldes' que actuaron con coches bombas en Logroño y Cataluña, con dos víctimas mortales.
La terrorista tiene como compañeros en Villabona a una pareja de veteranos, Francisco José Ramada Estévez, 'Vera', y su novia Sagrario Yoldi Múgica, 'Mila'. El primero estaba interno hasta ahora en la cárcel de Castellón y la segunda en Badajoz. Interior, tras años de separación, los ha vuelto a unir en la cárcel asturiana. Ramada, que ingresó en ETA en 2004, fue el etarra que por órdenes de la banda adquirió un inmueble en Irún en el que construyó el 'zulo' de apenas tres metros cuadrados en el que estuvieron secuestrados primero el industrial José María Aldaya, durante 341 días, y posteriormente el empresario Cosme Delclaux durante 232 días.
'Vera', -ayudado por 'Mila' que cocinaba para los secuestrados y que hizo de correo con el comando- fue el que se encargó en todo momento de vigilar a los dos secuestrados. A pesar de sus abultadas condenas y de no haber satisfecho las millonarias indemnizaciones, entre ellas la devolución de los rescates, Instituciones Penitenciarias ha decido acercarles a Villabona, ya que en los últimos tiempos parecen haberse distanciado abiertamente de la disciplina de Colectivo de Presos Vascos (EPPK).
A estos movimientos, se suma en las últimas semanas el acercamiento de otro díscolo, Luis María Carrasco Aseguinolaza, 'Luze', quien tras su paso por Villabona ha sido 'recompensado' con el traslado a Burgos. 'Luze' fue miembro del 'comando Buruntza', autor de numerosos atentados, entre ellos los asesinatos del ex gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui; del empresario José María Korta, del cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz; de dos trabajadores de la empresa Elektra, del director financiero del 'Diario Vasco', Santiago Oleaga, y del ertzaina Mikel Uribe

El Centro penitenciario de Pereiro de Aguiar mejora su seguridad exterior e interior

      04/03/10
El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) ha mejorado su seguridad exterior e interior en el recinto con una serie de obras con cargo al Plan E con una inversión que ascendió a 2.149.088,75 euros, destinada en buena parte a actuaciones de eficiencia energética, seguridad y, sobre todo, creación y adaptación de espacios para albergar trabajo productivo.
Así lo destacó hoy en declaraciones a los medios el director del centro penitenciario ourensano, Juan Carlos Salvador, que acompañó en la visita a los trabajos realizados al director general de Gestión de Recursos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig Renau, quien incidió en la importancia de mantener la seguridad de todos los ciudadanos, evitar la reincidencia, favorecer el aprendizaje de los hábitos de trabajo y facilitar la reinserción.

Puig explicó que en el centro de Pereiro de Aguiar se han acometido obras con el fin de 'garantizar' la seguridad tanto de los funcionarios como de las personas custodiadas 'en las mejores condiciones' para ellas y para los funcionarios.

Además de las obras en el perímetro, que tuvieron una inversión de 611.654,17 euros, el director general destacó otras en materia de accesibilidad de los vehículos, en los que se tuvo en cuenta tanto a familiares como a trabajadores, que contó con una inversión concreta de 268.596,39 euros.

En concreto, Puig destacó el desarrollo de obras que conviertan a la prisión en un centro 'responsable medioambientalmente'. Así, apuntó que se ha puesto en marcha un sistema para calentar el agua sanitaria mediante placas solares, con el fin de reducir el consumo de combustibles, con un presupuesto de 450.000 euros.

Finalmente en su intervención, el director general agradeció el esfuerzo de la plantilla del centro penitenciario durante las obras, para concluir que se ha hecho una 'buena inversión' de los fondos del plan E en el centro.

Entre otras actuaciones, se incluyó la construcción de una nave destinada a talleres productivos, con una superficie construida de 697 metros cuadrados distribuida en planta baja y planta altillo para oficinas, vestuario y almacén, dotada de un presupuesto de 448.834,72 euros.

También el proyecto abarcó la reforma de la planta sótano de la nave de talleres módulo 4 y pasarela acceso a oficinas, dotada de una partida de 370.003,47 euros.

Puerto III.- «La familia del interno lo que quiere es sacar dinero»

     05/03/10
La película 'Celda 211' ha hecho un flaco favor al colectivo de los funcionarios de prisiones, proyectando una imagen de crueldad que ahora vuelve a ser denunciado (en la vida real) por la familia del preso melillense Fuad Kaddur, muerto en un accidente en la cárcel de Puerto III. Sus allegados han levantado sospechas sobre un trabajador de la prisión que, según ellos, agredió y amenazó hace meses a Fuad. El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, a cuya ejecutiva nacional pertenece Juan Carlos Sánchez (funcionario de Puerto II) no ha tardado en reaccionar y ha anunciado que denunciará a la familia por levantar calumnias.
-¿Ha iniciado Acaip la querella contra la familia de Kuddar?
-Vamos a dar un tiempo a la administración, que es la que debe velar por sus trabajadores. Si no lo pone en manos de los abogados, lo haremos nosotros.
-¿Considera falsas las acusaciones insinuadas por la familia?
-Totalmente. De hecho se van descubriendo sus mentiras: ya se ha comprobado que el preso se partió la pierna jugando al fútbol, está grabado por las cámaras y fue atendido por un médico por eso.
-¿A qué cree que se deben entonces las afirmaciones de la familia?
-Lo que quieren es sacar dinero. Pero no saben que la indemnización que consigan la van a tener que gastar en abogados y multas por insultar a los trabajadores.
-El sindicato se ha manifestado contundentemente a favor de los trabajadores que intervinieron tras la muerte.
-Nosotros respaldamos totalmente a los trabajadores y sanitarios que acudieron el día del accidente. Actuaron con mucha rapidez. No pasó ni media hora cuando se avisó al juez y habían intervenido ya los médicos.
-¿Se sabe si se trató de un fallo de la puerta o de un error humano?
-El fallo de la puerta es evidente. Sea lo que lo mató o no, lo tenía aprisionado. A nivel nacional vamos a pedir que se haga una revisión de todos los sistemas parecidos, porque no queremos que se vuelva a repetir con un interno o un trabajador.
-La muerte del preso coincidió con la fuga de tres presos, también de Puerto III. ¿Cómo se produjo esa huida?
-No hay que pensar que iban esposados, ni con policías. Iban de excursión, por la calle, y lo normal es que los acompañen cinco personas para doce internos. Se sobreentiende que no se van a fugar, porque les falta poco para cumplir la condena y cuentan con permisos. Fuimos los primeros sorprendidos.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) criticó este viernes la "irresponsabilidad" de la Administración Penitenciaria por el peligro que supone la creación de un Taller de costura para internas muy peligrosas, en el que se les facilita tijeras en la cárcel valenciana de Picassent.

Así, explicó que el Módulo 20 de la Unidad de Preventivos del centro penitenciario de Valencia alberga a algunas de las internas "más peligrosas de España", que "han demostrado de forma habitual y reiterada" que son "un peligro para otras internas, y también para los trabajadores del centro penitenciario".

Así, recordó que estas internas han protagonizado "graves incidentes" durante su estancia en esta prisión, o en otros centros penitenciarios, entre ellos agresiones entre internas con lesiones de gravedad, peleas, amenazas graves (algunas de ellas de muerte) y coacciones a funcionarios. De hecho, entre todas las internas de este Módulo suman, en este Centro, en los últimos meses casi un centenar de incidentes.

Además, varias de ellas han protagonizado agresiones a funcionarias de Instituciones Penitenciarias, tanto en este centro como en otros. Por ejemplo, una de las internas del módulo, "agredió brutalmente" el pasado 4 de abril de 2009 a una funcionaria con un plato, rompiéndoselo en la cabeza, causándole graves heridas". Esta misma interna el pasado 17 de Enero de 2010, intentó agredir a otra funcionaria, teniendo que ser separada por otras internas.

Sin embargo, lamentó que la Administración Penitenciaria, en lugar de aplicarles un régimen de vida restrictivo dentro de la legalidad, "premia a este tipo de internos", en este caso con un Taller de Costura en el que las internas tienen acceso al material propio para llevar a cabo esta tarea, entre ellas tijeras.

"Nos encontramos, por tanto, con que es la propia Administración la que está poniendo en mano de las internas armas que pueden utilizar contra otras presas, contra los voluntarios que acuden al Centro, o contra los trabajadores de Instituciones Penitenciarias", dijo. En ese sentido, advirtió de que es "una irresponsabilidad total" facilitar este tipo de "armas" a este tipo de internas o internos que ya han demostrado que, llegado el caso, "no dudarán en usarlas contra quien sea".

Por ello, reprochó que en lugar de montar este Taller en un módulo con internas que observen una buena conducta, que puedan sacar algún tipo de provecho al mismo, "lo hacen donde puede suponer un peligro". "No es la primera vez que se produce una situación de este tipo en prisiones de la Comunidad Valenciana". Así, hace unos meses en el Centro de Villena (Alicante) se creó un Taller para internos muy peligrosos, también clasificados en Primer Grado, a los que se facilitaba cútex y a los pocos días de estar funcionando el taller, hubo que cerrarlo porque un interno trató de clavarle uno de esos cútex a otro en el cuello, indicó.


El Ministerio fiscal solicita que un interno del centro penitenciario de Teixeiro sea condenado a tres años de prisión por agredir a los funcionarios de prisiones que le registraron su celda. El procesado, según el escrito de calificación del representante del Ministerio público, se abalanzó contra las víctimas y les propinó múltiples puñetazos y patadas.

Los denunciantes sufrieron, como consecuencia de las heridas, varias lesiones en la cara. Uno de los perjudicados necesitó asistencia médica y tardó en curar dos días. La Fiscalía acusa al interno de cometer un delito de atentado por el que solicita que sea condenado, además de a tres años de prisión, a pagar una multa de 720 euros. Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la tarde del 4 de agosto de 2005.

Delegado del Gobierno ve bien que reclusas muy peligrosas usen tijeras

    07/03/10
Los funcionarios de la cárcel de Picassent denuncian que en el módulo de las reclusas más conflictivas se impartan unos cursos de corte y confección con peligrosas herramientas.
Son las reclusas más peligrosas de España. Acumulan una enorme cantidad de graves delitos y sólo en el último mes estas presas atesoran más de un centenar de incidentes con las funcionarias de la prisión valenciana de Picassent. Sin embargo, la concurrencia de estas complicadas circunstancias lejos de representar un plus de peligrosidad y cautela parece animar a Instituciones Penitenciarias a "premiarlas" con una actividad que el sentido común dicta como poco de inapropiada: curso de corte y confección con su afilada herramienta fundamental, las tijeras. Una situación de alto riesgo que ya han denunciado los sindicatos penitenciarios pero que ha contado con el silencio como única respuesta por parte de la Administración.

Una queja que pese a estar perfectamente justificada no ha tenido éxito alguno, situación que habilita a las peligrosas reclusas, muchas de ellas acumulan en sus espaldas agresiones consumadas a funcionarias, para que sigan haciendo uso y disfrute de las tijeras durante el tiempo que dura el taller de costura. De nada ha servido las alarmas que han saltado gracias a la denuncia del sindicato Acaip que además pone de manifiesto el contrasentido que representa que las funcionarias no puedan acceder al módulo con sus defensas (las conocidas porras de goma) y las reclusas sin embargo estén provistas de tijeras. Una situación que pone en riesgo a las trabajadoras de la prisión pero también a las propias reclusas ya que entre ellas mismas se han producido agresiones con lesiones de gravedad.

"Instituciones Penitenciarias premia a estas reclusas en lugar de aplicarles un régimen de vida restrictivo dentro de la legalidad", denuncia un portavoz del sindicato Acaip que además propone que este tipo de talleres se impartan en otro módulo de reclusas menos conflictivas para evitar así situaciones, como las que se están produciendo ahora, de riesgo extremo. Además de la peligrosidad patente, los funcionarios de Picassent creen que este tipo de actividades "demuestra que la Administración malgasta el dinero en talleres que no sirven para nada y que son muy peligrosos y luego no hay dinero para reparaciones urgentes como las de tuberías o goteras". Un disparate que pese a la denuncia, y según ha podido saber El Semanal Digital, Instituciones Penitenciarias piensa mantener.

¿Y qué opina de todo esto el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana?, Ricardo Peralta, representante del Ejecutivo y única persona que podría mediar para solucionar esta comprometedora situación ha calificado la cosa como de "auténtico disparate". Pero no se hagan ustedes ilusiones porque para lo que Peralta no es un disparate es que las reclusas tengan en sus manos las peligrosas tijeras, disparate para Ricardo Peralta son las reclamaciones de los funcionarios de prisiones. Y yo aporto aún más: disparate es que este señor sea Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Claro que si no hay buen señor es harto complicado que haya buen vasallo.

El portavoz de Acaip en el centro penitenciario Puerto III asegura que el sindicato denunciará por calumnias a la familia de Fuad Kaddur, el preso melillense fallecido el 25 de febrero al quedar atrapado entre la pared y la puerta mecánica de su celda. El representante de los funcionarios sostiene que, en caso de que la Administración no salga en defensa de sus empleados, Acaip emprenderá acciones legales contra quienes mienten con el único objetivo de conseguir una indemnización. Juan Carlos Sánchez está convencido de que lo que pretende la familia, al acusar a un trabajador de perseguir y agredir al interno, es obtener un dinero que al final gastarán en pagar abogados y hacer frente a las multas que le imponga un juez por insultar a los funcionarios.
La familia, sin embargo, continúa rechazando la versión oficial y recordando que Fuad Kaddur pidió protección a la dirección del centro al sentirse amenazado por un funcionario. La tía del fallecido sostiene que el cadáver de su sobrino presentaba varios hematomas, golpes en la cabeza y destrozos en el hígado y los riñones. También afirma que uno de los trabajadores le advirtió que no saldría vivo de Puerto III y que, incluso, le partió una pierna cuando estaba a punto de disfrutar de un permiso. Los parientes del melillense -que cumplía su noveno año de condena por robo con fuerza e intimidación, delitos contra la salud pública, lesiones y atentado contra la autoridad-sostienen la teoría de que se ha ejecutado una posible venganza contra Fuad después de que este denunciara en noviembre a un funcionario por propinarle «una paliza».
Desde Acaip se rechazan rotundamente las acusaciones de la familia y se asegura, respecto a la fractura de la pierna, que el accidente se produjo mientras el recluso jugaba al fútbol. Juan Carlos Sánchez insiste en que existen imágenes grabadas por las cámaras del centro que demuestran cómo ocurrieron los hechos. También señala el sindicato que tanto los trabajadores como los sanitarios actuaron con rapidez y profesionalidad cuando Fuad Kaddur quedó aprisionado al salir de su celda. En cualquier caso, aclara, será un juez quien dictamine si la versión de la familia se ajusta a la realidad. El responsable de Acaip reconoce que «no hay nada que ocultar» porque la Policía Judicial dispone ya de copias de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.
Respecto a la persecución que denuncia la familia, Sánchez explica que el recluso estaba en un módulo de destino y que si hubiera existido ese acoso se le habría enviado al módulo de aislamiento o al de reincidentes. Lo que también reconoce Acaip es que se va a pedir una revisión de todos los sistemas de cierre para evitar que se vuelva a repetir el fallo evidente que costó la vida a un preso de 31 años. El cuerpo del melillense Fuad Kaddur llegó a la ciudad el sábado por la noche, después de que se le realizaran dos autopsias, para ser enterrado a las 13.10 horas de ayer en el Cementerio Musulmán.

SANTIAGO. «Hay peligros, de diferente tipo; los encuentras en el capítulo de la seguridad, pero luego también en cuanto a las enfermedades, que de eso normalmente se habla poco». Es el panorama dibujado para ABC por Acaip, sindicato mayoritario en prisiones, que alertó ayer de la masificación en los centros penitenciarios gallegos, en concreto, en A Lama y Teixeiro, que se encuentran, concretamente en el caso del penal pontevedrés, al 140% de la capacidad para la que inicialmente había sido proyectado.
El hacinamiento provoca que los funcionarios estén desbordados; algunos, incluso, con problemas psiquiátricos diagnosticados. Los cursos, talleres y actividades sociales están, en ocasiones, prácticamente sin cupo para atender a más internos. En las penitenciarías de Galicia, fallecieron en el transcurso de este año, al menos, cuatro convictos que se encontraban cumpliendo condena. J. C. G., natural de Vigo y de 29 años, falleció, según los informes conocidos, a causa de una sobredosis por drogas. Su cadáver se localizó en la celda en la que estaba con una jeringuilla clavada en el brazo. Desde Acaip se quejaron de la importante cantidad de estupefacientes que circula por los presidios, en especial, nuevamente, en A Lama. Otro joven, en este caso de Compostela, perdió la vida en Teixeiro. En enero, en este mismo penal coruñés, pereció otro muchacho, a raíz de un suicidio. Hubo un cuarto fallecido, que debía abandonar la cárcel en verano.
«Nunca ha habido tantos internos en las cárceles, y el número de presos clasificados en primer grado no había sido jamás tan bajo. Esto no ocurre precisamente por los programas de tratamiento, sí por las progresiones masivas y artificiales con el objetivo de maquillar estadísticas», lamentaron otras plataformas sindicales, como CSI-CSIF.

Condenan a doce años de cárcel a un recluso sorprendido con 0,46 gramos de heroína

  09/03/10
La sentencia condena a C.J.P.P., de 35 años, como autor de un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a doce años de cárcel a un recluso del Centro Penitenciario de Villabona que fue sorprendido en marzo de 2006 con 0,46 gramos de heroína distribuidos en diez papelinas listas para su venta.
La sentencia considera a C.J.P.P., de 35 años, autor de un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia, ya que había sido condenado en otras dos ocasiones por traficar con estupefacientes.
En concreto, se encontraba cumpliendo condenas de nueve y dos años de cárcel por sendos delitos contra la salud pública por los que fue condenado en septiembre de 2000 y abril de 1999.
El tribunal considera probado que el acusado tenía dispuesta la heroína para su venta a otros presos de la cárcel y no, como alegó durante la vista oral, para su consumo personal.
La droga le fue intervenida en una pequeña cartera que colgaba de su cuello durante un registro efectuado por funcionarios de la prisión de Villabona el 5 de marzo de 2006.
La heroína, valorada en poco más de 45 euros, tenía una pureza del 22 por ciento.

Detienen a una embarazada cuando trataba de meter hachís en la cárcel

   09/03/10
La mujer, en su noveno mes de gestación, acudía al centro penitenciario para un 'vis a vis' con 200 gramos ocultos bajo la barriga
Muchos de los internos del centro penitenciario de Sangonera La Verde batallan cada día con una doble condena. La primera son los días que les restan entre rejas. La segunda, su adicción a las drogas. Una enfermedad que atenaza al 30% de los presos, según fuentes penitenciarias, y que otorga gran valor a la más nimia cantidad de droga. Una realidad que tal vez pueda explicar el comportamiento de una mujer, embarazada de nueve meses, que fue detenida el pasado fin de semana cuando trataba de introducir hachís en la prisión.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado al mediodía cuando la mujer, de nacionalidad marroquí y en su noveno mes de gestación, se acercó al centro penitenciario para mantener un 'vis a vis' con un familiar. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias la sometieron al habitual cacheo por el que pasan los familiares que quieren entrar en el centro y descubrieron que ésta guardaba un sospechoso paquete bajo su abultada barriga. Concretamente, ésta había colocado el paquete entre su barriga y el elástico de su pantalón de chandal. En su interior, la mujer transportaba 200 gramos de hachís. Una cantidad importante que obligó a los funcionarios a comunicar el hallazgo a los agentes de la Guardia Civil que, poco después, detenían a la mujer en el centro.
«Normalmente las cantidades que encontramos son muy pequeñas», explicó a 'La Verdad' Francisco Marín, director del centro penitenciario. «Tanto que ni siquiera dan lugar a detención, pero el caso de esta mujer ya era una cantidad importante». El hallazgo de droga en la prisión no es algo habitual, sin embargo, Instituciones Penitenciarias le ha declarado la guerra a la entrada de sustancias estupefacientes en las cárceles españolas y ya se ha puesto manos a la obra.
Actualmente, cuando un amigo o familiar va a visitar a un preso se le pasa una 'raqueta' de detección de metales. «La ley permite la palpación, en caso de sospecha», explica Marín. «Si el visitante se niega, no comunica». En el caso de que lleve algún objeto para el interno, éste pasará por los rayos X. «Suelen ser libros y cosas así, porque la comida tampoco está permitida».
Controles insuficientes
Estos controles, sin embargo, son insuficientes en el caso hipotético de que el visitante lleve la droga en el interior de su cuerpo. «Actualmente no podemos hacer nada porque no vamos a hacer una palpación rectal o vaginal por una sospecha», explica Marín. Instituciones Penitenciarias ya está trabajando para cubrir este vacío.
En 15 centros españoles se están testando métodos para detectar la introducción de droga por estos métodos. Se trata de ecógrafos - a los que podrían someterse incluso las mujeres embarazadas- y de aparatos que detectan el contacto con la droga por el sudor de la persona. El personal del centro recibirá, como explicó Marín, una formación específica para el manejo de estos aparatos, que también se implantarán en Murcia.
Además, algunos centros han abierto sus puertas ya a la entrada de perros 'antidroga' capaces de captar con su olfato la más mínima cantidad de droga. El objetivo no es otro que ayudar a los internos a desprenderse de, al menos, una de sus condenas.

Trasladan a otra prisión a los presos que protagonizaron un intento de motín en Monterroso

   10/03/10
El enfrentamiento fue "con las manos limpias" tras negarse un preso a levantarse de la cama, que fue secundado por otros dos reclusos
El interno del centro penitenciario lucense de Monterroso que protagonizó un intento de motín, que requirió la intervención de varios funcionarios para aplacarlo, será trasladado de prisión, al igual que otros dos internos que lo secundaron.

Así lo señaló hoy el director del centro, Víctor Fraga, quien confirmó que el jueves de la pasada semana un interno no atendió a los requerimientos de un funcionario para levantarse de la cama a primera hora de la mañana y, tras recriminarle esta conducta, se enfrentó al trabajador.

"Empieza la cosa por una pequeña desobediencia y el interno mantiene su actitud y, además, es reforzado por otros dos presos", comentó e indicó que después "se llama al jefe de servicio y a otro funcionario más". "Se hacen cargo de la situación, pero los internos mantienen la actitud de apoyo al otro recluso y hubo que reducirlos", relató.

Fraga constató que ésta fue una conducta que "altera la normal convivencia, el respeto a los internos y a los funcionarios", por lo que se mantiene aislado a los participantes en la trifulca, que serán trasladados de centro penitenciario.

Las medidas que se han adoptado pasan por el aislamiento y ahora, "se hará una revisión por la Junta de Tratamiento de las circunstancias que sucedieron y, en función de la actitud del reo, que no deja de ser grave, se hace una revisión de la situación y se propone el traslado del centro y una regresión del grado".

El enfrentamiento fue, según puntualizó el director, "con las manos limpias" y "dentro de esa situación de respuesta airada por el interno hubo una contención por los funcionarios". Fraga resaltó, de esta forma, la "profesionalidad" con que se actuó.

Salida de presos

Pese a este altercado, el director del centro penitenciario aseguró que no se alteró el funcionamiento de la prisión y confirmó que para mañana se mantiene una salida de cuatro internos para hacer una parte del Camino de Santiago, entre Portomarín y Palas de Rei.

Al respecto, el director de la cárcel de Monterroso concretó que para mayo llegarán a Santiago y pernoctaran antes de la entrada en Compostela en el Monte do Gozo.


El sindicato Acaip denunció hoy que un módulo del Establecimiento Penitenciario de Picassent (Valencia) que alberga a internos peligrosos no cuenta con arcos detectores de metales desde hace seis meses, que permita comprobar si los reclusos portan algún tipo de objeto metálico peligroso, por lo que advirtió de que "se está poniendo en grave peligro la seguridad de los funcionarios que trabajan en ese departamento y no se puede garantizar la completa integridad de los internos".

   Según informó el sindicato en un comunicado, se trata del módulo 27 de la Unidad de Preventivos, que alberga a internos que, en su mayoría, han protagonizado algún tipo de altercado regimental, bien con otros internos o con funcionarios, por lo que "es necesario un mayor control sobre ellos".

   Asimismo, comentó que acoge a internos que han "demostrado su inadaptación" al régimen de vida de otros módulos del centro, que han sido acusados de amenazar o extorsionar a otros internos, que tienen problemas graves con otros compañeros de internamiento o a los que se les ha incautado algún "pincho" carcelario. Además, apuntó que, periódicamente, alberga a algún interno clasificado en primer grado, como los más peligrosos.

   Sin embargo, aseguró que ninguno de los dos arcos detectores de metales que había en el módulo funcionan desde hace más de seis meses, por lo que los funcionarios de servicio han realizado "multitud de informes al respecto, pero sin que haya valido para nada".

   Según explicó, los arcos detectores de metales son "imprescindibles" para un control efectivo sobre los internos destinados en el departamento al que se refiere, ya que permite comprobar si portan algún objeto metálico peligroso que puedan emplear contra otros internos o contra los funcionarios de servicio, sobre todo cuando alguno de los internos destinados en este departamento ya han sido portadores de "pinchos" con anterioridad.

   Acaip denunció que la respuesta facilitada por la Administración penitenciaria es "la misma de siempre", que "no hay otro arco en todo el establecimiento y no hay posibilidades de repararlos por su alto coste económico".

   En su lugar, indicó que se ha puesto a disposición de los funcionarios una "raqueta" detectora, cuya efectividad, dijo, es "infinitamente menor y, además, provoca un mayor contacto físico con los internos, algunos de los cuales puede presentar un estado de agresividad y alteración que hacen que la utilización de la misma sea desaconsejable".

   El sindicato resaltó que "cualquier organismo público al que acuden cada día los ciudadanos, como Hacienda o los juzgados, tiene en la entrada un arco detector de metales", a lo que añadió que, "con más motivo, debería haber uno en un módulo que alberga a internos de estas características de un centro penitenciario".

   Por ello, para Acaip, la permanencia en el tiempo de esta situación es "totalmente inadmisible" y "un despropósito más en la gestión de los responsables del Establecimiento Penitenciario de Valencia y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a quienes se les llena la boca con proyectos y programas deslumbrantes, con el fin de ocultar las miserias de los centros que de ella dependen".


El juez imputa a seis presos que instigaron un motín

    10/03/10
El juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha resuelto que prosigan las actuaciones contra seis internos del centro penitenciario de Córdoba por su participación en un motín que tuvo
CÓRDOBA. El juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha resuelto que prosigan las actuaciones contra seis internos del centro penitenciario de Córdoba por su participación en un motín que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2006 y en el que resultaron heridos cuatro reclusos y tres funcionarios.
El tumulto se inició en torno a las 18.00 horas. Un par de internos del módulo 14 (reclusos ordinarios, en régimen de segundo grado) comenzaron una discusión en la que empezaron a agredirse entre sí con «pinchos» que ellos mismos se habían confeccionado. Entonces, los trabajadores intentaron disolver la trifulca, pero no pudieron controlar la situación.
Los confinados les atacaron, amenazándoles con las citadas armas en el cuello y abdomen para que no interviniesen ni parasen la pelea.
Durante unos treinta interminables minutos, los presidiarios retuvieron a los trabajadores, hasta que llegaron refuerzos para acabar con el motín.
El resultado de la rebelión fue de cuatro reclusos heridos (tres leves y uno moderado) y otros tres funcionarios lesionados por los golpes sufridos, algunos de los cuales precisaron asistencia de urgencia en la enfermería del centro, si bien ningún trabajador fue atacado con las armas que los internos portaban.
En la trifulca participaron alrededor de unos treinta presos, pero en la causa se encuentran imputados J.V.S., E.C.C., F.M.T., E.V.F., J.G.G. y F.V.J.O. como cabecillas de la revuelta.
La máxima responsable del centro penitenciario cordobés, que por aquel entonces era Elena Puerta, reconoció que «ya hemos tenido algún que otro problema con los reclusos que, presuntamente, iniciaron la trifulca. Se trata de presos bastante conflictivos».

La situación que vive el Centro Penitenciario de Las Palmas no es el más idóneo. La falta de personal se está traduciendo en un aumento de los conflictos y las agresiones. En los últimos dos meses, cinco funcionarios de El Salto del Negro han sido agredidos. Mientras aumentan los roces y conflictos entre los internos.

Los representantes de los 400 trabajadores del Centro Penitenciario de El Salto del Negro se encerraron ayer en el despacho del director del complejo como medida de presión ante las carencias de personal con la que se están enfrentando.   «Pedimos hace un mes y medio 60 funcionarios en prácticas para esta prisión y nos mandaron sólo 25. Con este personal no podemos garantizar la plena seguridad», denuncia Juan Manuel Alacid, delegado de Acaip en Las Palmas.


Un interno del centro penitenciario de Teixeiro ocupará la próxima semana el banquillo de los acusados para responder por un delito de lesiones por el que el fiscal pide para él tres años de prisión. Le imputa haber agredido a los funcionarios de prisiones que le registraron su celda. El procesado, según el escrito de calificación, se abalanzó contra las víctimas y les propinó múltiples puñetazos y patadas. Las víctimas sufrieron varias lesiones en la cara.

Un ex preso por drogas hace prácticas como funcionario en la cárcel de Picassent

  11/03/10
Prisiones explica que la ley no exige los antecedentes penales para ocupar una plaza de funcionario
La vida da muchas vueltas. El que en un tiempo ocupó una de las celdas de la cárcel de Picassent ahora realiza las prácticas de funcionario en esa misma prisión. En un futuro puede que se encargue de vigilar a los que fueron sus compañeros, aunque todavía no está claro su destino. Una muestra de la reinserción.
El caso de este hombre -se oculta su identidad por razones de seguridad como ocurre con cualquier otro funcionario- es significativo. Fue condenado en su día por un asunto de drogas e ingresó en una prisión cercana a la Comunitat, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. Luego fue trasladado a Picassent. En la cárcel valenciana cumplió la parte final de su pena.
El hombre quedó en libertad a mediados de 2008. Y fue entonces cuando decidió presentarse a las oposiciones de funcionario. Optó por buscarse un empleo al otro lado de la celda. Y logró aprobar el examen. Ahora debe concluir con su periodo de prácticas.
La situación de este funcionario es conocida por buena parte de los trabajadores de la cárcel de Picassent. El rumor es una constante desde hace semanas en las conversaciones entre funcionarios, algunos recelosos de su nuevo compañero. El asunto ha llegado incluso a la dirección. LAS PROVINCIAS contactó ayer con el funcionario, quien no negó los hechos, aunque declinó hacer declaraciones.
Desde el sindicato mayoritario en prisión, Acaip, explicaron recientemente que les parecía «grave que la dirección de la prisión no haya informado a los trabajadores o al menos a los responsables de las prácticas».
El comentario en la cárcel
No se trata de difundir una información -que todos consideran «delicada»- en un tablón de anuncios «pero sí que se debería haber notificado». Desde otro de los sindicatos en la prisión, el CSI.F, también les constaba esta información, pero no ofrecieron más datos.
La primera parte de estas prácticas consiste en un periodo de formación de aproximadamente un mes. Se trata de instrucciones teóricas sobre cómo se debe actuar en una penitenciaría.
Las fuentes consultadas no pudieron precisar si se quedará en Picassent o se marchará a otra prisión de la Península. No obstante, lo más probable es que decida otro destino.
Instituciones Penitenciarias ya conoce este asunto, pero evitaron ofrecer más detalles del caso. Fuentes de Prisiones explicaron que no pueden revelar ningún dato personal de su plantilla de funcionarios.
No obstante, recordaron que no sería un caso excepcional en el panorama penitenciario español. Son situaciones complicadas ante las que nada se puede hacer. Existe al menos un precedente entre la población reclusa española.
Se trata de un hombre que atentó contra un periódico de difusión nacional hace ya casi treinta años. Cuando cumplió la condena se sacó una plaza de funcionario de prisiones. Evidentemente, en el caso actual se trata de un «delito menor» comparado con aquel.
El precedente ya despertó el malestar incluso entre los más altos responsables del ministerio del Interior. Fue entonces cuando se encargó un informe para tratar de encontrar fórmulas legales que impidieran el acceso a las cárceles de personas con este tipo de antecedentes.
La conclusión es que resultó imposible. Se toparon de frente con la ley. La norma no exige tener los antecedentes penales limpios para desempeñar un puesto de funcionario. Ni en este supuesto ni en ningún otro, añadieron fuentes sindicales. Acaip insiste en que han reclamado en otras ocasiones la modificación de esta norma para evitar situaciones como la que ahora se vive en Picassent.
De todos modos, una medida de este tipo supondría, en parte, dificultar la reinserción social de los reclusos, una de las máximas sobre las que pivota la política de Instituciones Penitenciarias.
Además, el hecho de que se impidiera el acceso a personas con antecedentes no evitaría su posible llegada sino que alargaría el plazo hasta que los antecedentes caducasen, según explicaron las fuentes consultadas.

Los sindicatos se encierran en Salto del Negro para exigir más personal

    11/03/10
Miembros de CSI-CSIF y Acaip "tomaron" ayer el despacho del director del centro penitenciario grancanario para arrancarle el compromiso de que hará lo posible para aumentar la plantilla de inmediato, ya que la falta de personal y la masificación han hecho que las agresiones a funcionarios se multipliquen.
Los sindicatos con mayor representación en el Centro Penitenciario Salto del Negro de Gran Canaria le dieron ayer un ultimátum al director de la prisión, Miguel Ángel Gaspar, para que "dé más la cara y haga lo que tenga que hacer para conseguir más personal para el centro, porque la situación es muy preocupante".

Así, los representantes de CSI-CSIF y Acaip protagonizaron ayer un encierro en el despacho de dirección con el que trataron de forzar un compromiso formal.

"Lo que no puede ser es que tengamos masificación (actualmente hay alrededor de 1.400 internos) y una situación muy complicada como la que tenemos, que además se vayan 37 funcionarios y que desde Madrid nos manden 25, y que encima el director haga como que no pasa nada y diga públicamente que aquí todo funciona perfectamente", explica el portavoz del CSI-CSIF, Jesús Fernández.

Después de "la toma" pacífica del despacho, Miguel Ángel Gaspar informó de la situación a Instituciones Penitenciarias, que recordó que el procedimiento era que si no cesaban en su empeño debería llamar a las fuerzas del orden público; sin embargo, los líderes sindicales le trasladaron su intención de "dejar clara nuestra reivindicación y de negociar sin mayores problemas".

Ya más tranquilo, Gaspar accedió a debatir la situación con los representantes sindicales y no llamó a la policía para que los desalojara.

"Nuestra queja no es contra ti, sino contra la falta de sensibilidad que está teniendo Madrid ante la situación que se vive en el centro", le dijo Jesús Fernández al director antes de trasladarle su preocupación por "el hecho de que siempre que sales en la prensa dices que aquí no ha problemas, que esto está lleno de poetas y que todo es bonito, cuando lo cierto es que nunca ha habido peor clima ni más agresiones que ahora".

En este sentido, Fernández, le pidió al director que "dé más la cara y reclame más plazas. Que haga más. Que tenga más iniciativa, porque lo que no es normal es que teniendo la prisión con más problemas de Canarias sea a la que menos personal se ha destinado".

Cabe recordar que Instituciones Penitenciarias ha acordado enviar 25 nuevos funcionarios a Salto del Negro durante 2010, dándose la circunstancia de que serán 37 los que abandonarán sus puestos por traslados u otros motivos.

"En Tenerife se acaba de abrir un nuevo Centro de Inserción Social con el correspondiente aumento de personal. En Lanzarote igual, y eso que no tiene problemas de hacinamiento ni de personal, por eso es incompresible lo que sucede aquí y hay que denunciarlo, sobre todo ahora que en sólo dos meses se han producido cuatro agresiones a funcionarios por parte de los internos".

Aunque los funcionarios abandonaron su encierro a las cuatro de la tarde con el compromiso de Miguel Ángel Gaspar de que "haría todo lo posible para conseguir mejoras", no cesarán en su intención de mostrar su rechazo a la situación actual y ya han convocado para dentro de quince días una concentración a la puertas del centro penitenciario y otra, aún sin fecha, ante la sede de la Delegación del Gobierno.

"Hace unos días que solicitamos una entrevista urgente con la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y hasta la fecha no nos ha respondido, de manera que esperaremos a ver qué es lo que hace, porque queremos trasladarle que se trata de una situación delicada y que hace falta que se tomen medidas de inmediato, sobre todo para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los propios internos".


La prisión rechaza el traslado de las reclusas a otros centros

     13/03/10
El director confirma que no se ha contemplado esta medida para paliar el hacinamiento
El centro supera los 750 internos
El traslado de las mujeres internas a otro centro para liberar espacio y solucionar, en parte, el hacinamiento de la prisión provincial. Esta medida ha sido rechazada frontalmente por el director, Manuel Martínez, quien confirma que no se ha llegado a contemplar como posibilidad. No obstante, reconoce que el hacinamiento existe aunque, en la actualidad, “no hay otra opción”.

Esta medida paliativa, cuyo planteamiento había surgido en los últimos días, tendría como objetivo último los problemas de exceso de población. Sin embargo, Martínez lo niega tajantemente: “No ha sido planteada en ningún momento por Instituciones Penitenciarias”.

El rechazo a esta iniciativa no es óbice para que el director reconozca que la prisión sufre un hacinamiento. Suman más de 750 internos en su interior, lo que incrementa los niveles de inseguridad también para los funcionarios. “Es una cuestión de toda España, donde las cárceles suman 76.000 internos; no podemos hacer más que no sea gestionarlo”, advierte Martínez, quien lamenta que hoy “no existe otra opción”.

La solución no llegará a corto plazo. Se construye un nuevo centro en Málaga que permitirá repartir algo más la población reclusa. Sin embargo el “incremento sostenido” de ésta ha disparado todas las previsiones. Prueba de ello es que el pasado año se rozaron los 800 presos en una prisión que está construida para albergar 450 plazas. “La mayoría de los trabajadores se habitúa a trabajar en esas condiciones”, destaca resignado el director.

Los funcionarios
Los sindicatos Acaip (mayoritario en la prisión) y CSIF han denunciado, en reiteradas ocasiones, los peligros y la inseguridad que genera el hacinamiento en el centro provincial.

Los sindicatos exigen el certificado de penales para trabajar en la cárcel

    13/03/10
Los trabajadores han solicitado información a la dirección de Picassent sobre el nuevo compañero que en su día estuvo preso en el mismo centro
El sindicato de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) insistió ayer en una de sus demandas: pedir los antecedentes penales para ocupar una plaza de funcionario en una prisión, circunstancia que actualmente no se exige, según confirmó Instituciones Penitenciarias.
La iniciativa cobra actualidad después de que LAS PROVINCIAS adelantara que un ex preso de la cárcel valenciana ha aprobado las oposiciones y se encuentra realizando las prácticas en la misma prisión en la que un día estuvo recluido. Una muestra de reinserción.
Algunos funcionarios, sin embargo, comprueban con cierto recelo a su nuevo compañero. «Este no es un puesto como el de otro funcionario», argumentan desde Acaip. El sindicato explica que en la prisión, «la confianza» en el compañero es una herramienta básica de trabajo. «Y más todavía tal y como se están poniendo las cosas. No hay que olvidar que se trata de un medio hostil», insistieron en referencia a la conflictividad y los riesgos de su puesto de trabajo.
De todos modos, desde el sindicato aclaran que la «confianza se la tiene que ganar». Con el paso del tiempo, el funcionario puede ser uno más en el grupo.
Por eso, ante esta inicial desconfianza, desde la organización de trabajadores se solicitó recientemente a la dirección de la prisión una información al respecto de este funcionario. Todavía no han recibido respuesta que, según Acaip, se producirá por escrito, tal y como les dijeron los responsables.
Desde la entidad comprenden que se trata de un «asunto complicado» porque no hay que olvidar que el nuevo funcionario, ahora en prácticas, es una persona que ya ha cumplido su deuda con la sociedad al estar en prisión.
El sindicato CSI-F mostró su «sorpresa» por este caso. Lamentó que Instituciones Penitenciarias no disponga de medios para evitar que estos supuestos puedan llegar a producirse en las cárceles. No obstante, se mostraron cautos antes de conocer todo lo relativo a este caso.
Sin embargo, desde Prisiones ya comentaron la pasada semana a LAS PROVINCIAS que no se puede impedir el acceso de personas con antecedentes a plazas de funcionarios. El problema se planteó con un precedente. Un ex preso que atentó contra un periódico de tirada nacional a principios de los ochenta y, posteriormente, tras cumplir la condena consiguió su plaza de funcionario. La gravedad del delito no es comparable.
Precedentes en prisiones
Aquel caso despertó la alarma en el departamento de Prisiones, dependiente del Ministerio del Interior, que realizó diferentes consultas y preparó un informe acerca de esta atípica situación. Nada se podía hacer al respecto.
El ex preso que ahora es funcionario estuvo recluido en una prisión de fuera de la Comunitat por un asunto relacionado con las drogas. Luego fue trasladado a la cárcel de Picassent hasta mediados de 2008, cuando quedó libre. A continuación, se presentó a las oposiciones y logró la plaza.
Ahora deberá concluir con su periodo de formación, una vez completada la fase de teórica, en esta prisión o en otra de la Península. Serán aproximadamente unos trece meses de trabajo hasta pasar a ocupar ya su plaza definitiva.

Le encuentran muerto en su celda de la prisión de Alhaurín de la Torre

     15/03/10
El interno de origen marroquí fue descubierto de madrugada. Se desconocen las causas del fallecimiento.
(ACAIP) Esta madrugada, aproximadamente a las 4:00 los funcionarios de servicio en el módulo de Ingresos de la Prisión de Alhaurín de la Torre encontraron al interno de origen marroquí E.A.M. muerto en su celda. Tras poner el hecho en conocimiento del Jefe de Servicios y tras certificar la muerte del interno por los servicios médicos del centro, se comunicó el hecho a las autoridades.
Esta mañana, tras el levantamiento del cadáver por orden judicial y el análisis de la celda por miembros de la policía judicial (procedimiento habitual tras este tipo de sucesos), se procedió al traslado del interno para efectuar la autopsia.
Se desconoce la causa de la muerte, aunque algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas.
 

Condenan a dos etarras por la muerte de un funcionario de prisiones

    15/03/10
  • Bravo dio información sobre Máximo Casado porque era vecino de sus padres
  • Fue asesinado por ETA con una bomba lapa en los bajos de su coche en 2000
  • El tribunal condena a los acusados por un delito de asesinato terrorista
La Audiencia Nacional ha condenado a los miembros de ETA Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo a 28 años de prisión por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado y por los daños terroristas causados en una veintena de vehículos.

A los dos se les prohíbe además aproximarse a la viuda e hija de la víctima durante cinco años y acudir a Vitoria o al lugar de residencia de los familiares.

El tribunal considera probado que Juan Carlos Subijana, alias 'Txampi' y 'Kepa', y Zigor Bravo eran miembros de la organización terrorista ETA y que en el año 2000 integraban uno de los denominados comandos de información.

Bravo conocía que en el mismo inmueble donde residían sus padres vivía el funcionario de la prisión de Nanclares de la Oca Máximo Casado Carrera, que aparcaba su vehículo en el garaje comunitario. La información se la transmitió a Subijana, quien viajó a Francia para facilitar los datos y la llave de acceso al garaje a miembros de la organización terrorista dentro de una campaña de la banda armada "contra el poder judicial y carceleros".

Así, miembros no identificados de ETA colocaron un artefacto explosivo del tipo lapa, a la altura del asiento del conductor, en el vehículo del funcionario, que hizo explosión el 22 de octubre de 2000, causando su muerte. Como consecuencia de la explosión, además, se generaron desperfectos en una veintena de vehículos que se encontraban estacionados en el garaje. La acción terrorista fue reivindicada por ETA en un comunicado publicado en el diario 'Gara' el 19 de noviembre de 2000.

El tribunal considera que los documentos intervenidos en los domicilios de los acusados acreditan su relación con ETA y su trabajo como informadores al servicio de la organización terrorista. Asimismo, la Sala rechaza que facilitar ese tipo de informaciones pueda absorberse por el delito de colaboración o pertenencia a banda armada y condena a los acusados por un delito de asesinato terrorista.

En su escrito, el tribunal fija la pena en la parte más alta de la mitad inferior debido a la "especial repugnancia" que genera por su especial perversidad que la información se trasmita por persona que es o ha sido vecino de la persona asesinada, que el asesinato se produzca en las instalaciones comunes que se comparten y aprovechando el conocimiento que genera esta especial relación de vecindad, así como por la "especial cobardía del medio empleado" a 25 años de prisión.

Por el delito de daños terroristas les impone la pena máxima de tres años de prisión. Asimismo, prohíbe a los dos acusados a aproximarse a la viuda e hija por cinco años y a acudir a la capital alavesa. Los acusados deberán indemnizar a la mujer e hija de la víctima con 400.000 euros a cada una de ellas, y deberán abonar al Consorcio de Compensación de Seguros 62.730 euros. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.


SORIA.- La declaración de impacto favorable remueve la última traba para la cárcel

    15/03/10
Visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a la ubicación del centro en La Laguna
Ya no hay obstáculos para que comiencen las obras del nuevo centro penitenciario en el paraje de La Laguna. El Ministerio de Medio Ambiente resolvió de modo favorable el trámite que faltaba para ejecutar el proyecto que promueve la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). El Ministerio dio el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del centro, que se ubicará en el paraje La Laguna. El subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa, confirmó ayer el pronunciamiento “favorable”, firmado el miércoles. A la Subdelegación no le constan por ahora las posibles correcciones introducidas en los documentos. Una vez que la declaración de impacto se publique en el Boletín Oficial del Estado, la construcción arrancará “inmediatamente”, explicó Ripa. El anuncio pone fin al procedimiento abierto en marzo del año pasado, cuando la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio decidió someter el proyecto a la evaluación de impacto. Si bien su culminación se esperaba para finales de 2009, las diferentes consultas entre los órganos implicados retrasaron el resultado sobre la prisión de 720 celdas.
Por su parte, el alcalde, Carlos Martínez, se felicitó por la conclusión del “trámite que impedía el desarrollo de las obras”. Su inició será inmediato, refirió tras conocer del Ministerio la conformidad al proyecto. La comunicación se produjo en el ámbito de las “rondas de trabajo” que el equipo de Gobierno mantiene con diversos departamentos ministeriales, entre ellos Medio Ambiente, Industria y Fomento. La declaración es el “último” paso antes de que las máquinas comiencen a funcionar.
Tanto Ripa como el alcalde destacaron el volumen de empleo que movilizará el nuevo centro penitenciario. “Alrededor de 800 personas” trabajarán en la edificación, cuyo plazo de ejecución es de 22 meses. Al finalizar, medio millar de funcionarios “de todo tipo” prestarán servicio en la instalación, indicó el subdelegado. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado octubre la adjudicación de los trabajos a favor de la empresa Acciona Infraestructuras, por un presupuesto de 80,5 millones de euros. A esta cifra habrá que sumar los más de quince millones en que se valora el equipamiento de la prisión. La inversión representa “diez veces” la prevista en 2010 para el Plan E.
Lo primero que tendrá que ejecutarse será la explanación de los terrenos, labores iniciadas hace un año e interrumpidas el pasado marzo después de que la Junta abriera sendos expedientes por los movimientos de tierra y la tala de árboles en La Laguna, junto a Valonsadero. Si bien las medidas de la Junta apenas tuvieron repercusión (uno se archivo al cabo de meses y del otro podría derivarse una sanción mínima), las operaciones en el paraje no podían reanudarse en tanto la declaración de impacto no estuviera lista. En estos momentos sólo queda su publicación oficial.
Mientras se producían las consultas y estudios en el Ministerio de Medio Ambiente, la SIEP adelantó etapas en la construcción. Hace unas semanas inició los trámites para expropiar los terrenos afectados por la canalización de agua desde el depósito municipal hasta el nuevo centro, así como por los accesos. A inicios de este mes licitó en 390.000 euros la tubería de abastecimiento de agua potable. El pasado viernes, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio con la sociedad estatal, por el que la ciudad recibirá de modo directo un millón de euros. Las actuaciones que el Gobierno debe realizar en materia de depuración, abastecimiento y mejoras en el barrio de Las Casas se cuantifican en otros cinco. El PP criticó la decisión unilateral del órgano de Gobierno, al estimar que el acuerdo debía pasar por el pleno. También recordó que el texto no establece de manera inequívoca la reversión al municipio de la parcela de la actual prisión.
Las dotaciones penitenciarias en Soria tienen que completarse con un Centro de Inserción Social, del que por ahora sólo se conoce que tendrá 52 celdas dobles y que posiblemente el Consistorio tenga que aportar un solar.
 

Cataluña.- Un preso: 88 euros/día

   15/03/10
Las cárceles catalanas tienen 15.525 reclusos | El alquiler de tres nuevos centros penitenciarios ha disparado el gasto de Justícia
Un preso le cuesta 88,29 euros al día al departamento de Justícia de la Generalitat. Y en las cárceles catalanas hay más de 10.500 internos.

La cifra engloba el gasto medio por recluso contemplando hasta el último detalle que tiene relación con el sistema penitenciario: desde la ropa que usa un funcionario de prisiones, al café con leche, con tostada con mermelada y cruasán, que se come cada día un interno para desayunar. María Jesús Martínez, directora general de Recursos y Régimen Penitenciario de Justícia, dice que es una cifra elevada y que este año se han apretado el cinturón para lograr "un déficit 0".

El teléfono, la luz, las mesas de comedor, los colchones, los tratamientos, la educación y los sueldos de los funcionarios (actualmente son unos 5.400) computan en la media del coste del preso. "Una cárcel es como una ciudad con sistema educativo y sanitario, y no es lo mismo un recluso que padece una enfermedad que uno sano, porque el enfermo nos saldrá más caro", explica Martínez.

Un recluso tiene gafas graduadas gratis, una ortodoncia cubierta y toda la medicación pagada por la Generalitat: "Si todos somos iguales ante la Ley, no me parece justo", dice el presidente del sector de prisiones del sindicato CSI.F, Joan Escamilla, quien añade: "Yo pago la ortodoncia de mi hijo". La alimentación de un preso cuesta nueve euros al día. Incluye desayuno, comida, merienda y cena: "Los condenados suelen engordarse porque hacen dieta equilibrada", explica la directora de recursos. Hay menús vegetarianos, para musulmanes y mediterráneos.

Según el Boletín de Información Estadística Penitenciario de 2009 -al que ha tenido acceso ADN el coste de un preso ha crecido considerablemente desde 2005. Entonces los catalanes pagaban por cada interno 59,95 euros: "El incremento se debe al alto alquiler que pagamos en las tres nuevas cárceles: 25 millones de euros", explica al referirse a Lledoners, a Brians 2 y a la prisión de jóvenes de Quatre Camins. Según el Boletín penitenciario, el año pasado se cerró con un total de 10.525 presos, un 4,71% más que en 2008. Curiosamente, las medidas alternativas salen muchísimo más baratas que el mantenimiento de un interno en régimen cerrado. Tan sólo cuestan tres euros al día.

EL PERFIL

Hombre, español, entre 31 y 40 años

El perfil del preso en Cataluña: hombre (92%) español (56,6%) entre 31 y 40 años (35,7%) penado (79%), condenado por un delito contra el patrimonio (52,5%) y con una condena media de 2.977 días, según el Boletín penitenciario del Departament de Justícia. Un perfil que, según señala el informe, ha ido cambiando desde 2001, cuando el porcentaje de españoles era de un 74%. Los delitos más numerosos son los robos con o sin violencia y los delitos contra la salud pública. Escamilla señala que la saturación en las cárceles viene acompañada del aumento de condenados por dar positivo en controles de alcoholemia.

TOP 3 OCUPACIÓN

1 La modelo. Histórica y centenaria cárcel de Barcelona a la que le quedan los días contados. "Está muy saturada", alerta Joan Esca-milla, presidente del sector de prisiones de CSI.F. Según dice, hay 1.950 preventivos a seis reclusos por celda, cuando la ley exige sólo uno.

2 Cuatre camins. Construida en la década de los 90 y situada en la Roca del Vallès. Actualmente cuenta con unos 1.900 reclusos en cumplimiento de condena, a dos internos por celda.

3 Brians 1. Una prisión también construida en la década de los noventa, según explica Joan Escamilla, que cuenta con unos 1.800 internos, a dos reclusos por celda. "La saturación es preocupante", alerta.


El Tribunal Supremo ha rebajado de nueve a un año y medio de cárcel la pena impuesta a una mujer por llevar hachís y heroína a su hijo que se encontraba preso, al reconocer el tribunal «lo difícil» que es para una madre, sabiendo que su hijo es toxicómano, negarse a facilitarle «algo» de droga en la cárcel.
El alto tribunal ha estimado así parcialmente el recurso que la mujer presentó contra su condena al aplicarle la atenuante de parentesco muy cualificada por «la intensidad» de la relación madre-hijo.
En febrero de 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a 9 años de prisión a una mujer por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, dentro de la modalidad agravada de introducción en un centro penitenciario. Los hechos, según la sentencia de la Audiencia barcelonesa, ocurrieron un año antes, el 10 de enero de 2008, cuando esta mujer acudió al Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona para visitar a su hijo toxicómano, que se encontraba cumpliendo condena.

Tres funcionarios fueron este pasado lunes brutalmente agredidos por un interno "muy peligroso y conflictivo" en la cárcel de Córdoba, según informó el sindicato Acaip, mayoritario en el centro penitenciario.

Los hechos se produjeron sobre las 18 horas en el módulo cinco, en el que se encuentran internos clasificados en segundo grado y donde, "debido a la masificación y pésima clasificación, se encontraba este y otros internos conflictivos y peligrosos con un largo historial penitenciario", denuncia el sindicato.

El incidente ocurrió cuando los funcionarios de servicio en dicho módulo se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo extraño en el gimnasio del departamento, por lo que se dirigieron hacia allí. En ese momento salió el interno, se dirigió hacia ellos y, "sin mediar palabra, comenzó a darles patadas y puñetazos".

Los funcionarios, que no llevaban ningún medio de defensa, consiguieron reducir al preso, que posteriormente fue trasladado al módulo de aislamiento. A consecuencia de la agresión, los tres funcionarios resultaron heridos con múltiples contusiones, hematomas y erosiones en distintas partes del cuerpo teniendo que ser atendidos por los servicios sanitarios del centro penitenciario y después por servicios de urgencias de la ciudad. Uno de ellos, además, ha precisado la baja laboral.

Por estos hechos, el sindicato Acaip lamentó una vez más la "escasez y lo inapropiado de los medios existentes en los centros penitenciarios españoles para intentar abortar este tipo de incidentes y poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para una intervención rápida y con garantías".


Albacete.- Denuncian que un recluso agredió a un funcionario por no dejarle pasar porros

    18/03/10
El sindicato Acaip ha pedido su regresión al primer grado y que sea trasladado a otro centro penitenciario
Un preso en tercer grado del centro penitenciario de La Torrecica agredió en la noche del pasado martes al jefe de servicios de la prisión albaceteña por no dejarle pasar unos «porros», según denunció ayer el sindicato Acaip.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la tarde del martes cuando el recluso se personó en la prisión para pernoctar ya que al estar en régimen abierto sólo tiene la obligación de volver al centro para dormir. Al pasar por el arco de seguridad y pitar, el personal de seguridad le pidió que dejara todas sus pertenencias en el mostrador, momento en el que depositó allí dos paquetes de tabaco, el móvil, el cinturón y una chaqueta.
Cuando las funcionarias que estaban en la puerta comprobaron que en los paquetes de tabaco había «una sustancia marrón» que el propio interno reconoció que era «chocolate» para consumo propio. Las funcionarias le recordaron que no podía introducir esa sustancia en la prisión y que tenían que informar de lo sucedido a lo que el preso respondió visiblemente alterado que le «iban a buscar la ruina».
Dado el estado de nerviosismo del recluso, las funcionarias llaman al jefe de servicios que les pide que abran un expediente con el paquete de tabaco adjunto y que el preso entrara al centro, que se negó a hacerlo sin la sustancia. «No tenéis ningún derecho a quitarme mis porros», gritó bastante alterado y, según el parte firmado por las dos funcionarias de guardia, propinando puñetazos en el mostrador de entrada. Las trabajadoras de la prisión volvieron a llamar al jefe de servicios que se personó en la entrada del centro penitenciario para hacerle entrar en razón y que entrada al centro.
Según el parte firmado por las funcionarias, cuando el jefe de servicios fue a coger al preso del brazo para acompañarlo al interior de la prisión, éste se revolvió propinando patadas y puñetazos al funcionario. Como consecuencia de los golpes lo tiró al suelo donde siguió propinándole golpes.
Cuerpo de guardia
Las funcionarias avisaron entonces al cuerpo de guardia y a todos los funcionarios mientras el reo seguía golpeando al jefe de servicios que, en un momento consiguió ponerse de pie sangrando abundantemente. No fue hasta que llegaron los tres guardias civiles y cuatro funcionarios cuando lograron reducirlo aunque el preso seguía gritando que le habían buscado la ruina y profiriendo varias amenazas.
Como consecuencia de la paliza, que el sindicato de prisiones Acaip calificó de «una de las más brutales», el jefe de servicios precisión atención médica en el centro penitenciario donde se le dieron varios puntos de sutura y posteriormente se trasladó al Hospital General Universitario para una evaluación más exhaustiva.
Para el delegado de Acaip en Albacete, Luis Bayo, este tipo de hechos se produce por «una mala clasificación de los internos por la presión que hay de Instituciones Penitenciarias para pasar a los reclusos a la sección abierta sin que haya méritos para ello por la elevada masificación de las cárceles».
Acaip ha reclamado además la regresión del preso al primer grado y su traslado a otro centro penitenciario. Además, Acaip denunció que el próximo miércoles se inaugura el Centro de Inserción Social para los presos de tercer grado «con un único funcionario para 3.900 metros».

Un preso de Puerto 3 agrede a tres funcionarios

    22/03/10

La agresión tuvo lugar a las 6:30 de la mañana, justo cuando el interno iba a ser trasladado a la prisión de Botafuegos

Un interno del centro penitenciario de Puerto 3 ha agredido esta mañana a tres funcionarios.
El preso, que responde a las iniciales de V.M., es conocido en la prisión por su agresividad.
Cuando fueron a prepararlo para su traslado a la prisión de Botafuegos (Algeciras) se abalanzó y mordió al funcionario que lo estaba atendiendo. En un intento de reducirlo otros dos funcionarios fueron agredidos, provocándoles contusiones varias.

Juan Carlos Sánchez, delegado provincial del sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha señalado a este medio que los funcionarios han sido atendidos de las magulladuras y contusiones en la enfermería del propio Centro Penitenciario, encontrándose en buen estado.
El preso por su parte fue trasladado a la prisión de Botafuegos.


Un preso intentó fugarse con una cuerda hecha con sábanas

   22/03/10
En su juicio el interno no quiso declarar, pero había pruebas para condenarle y fue sorprendido por varios funcionarios
Le sorprendieron cuando estaba subido en una alambrada del centro penitenciario de Cáceres. Tenía un trozo de manta para colocar sobre el alambre de espinos y así no hacerse daño, y también una cuerda hecha con sábanas.
El preso se llama Francisco Ignacio S. M., y el intento de fuga ocurrió el 10 de enero de 2008. El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres indica que ese día intentó fugarse. Estaba en el patio del módulo 3 y con una cuerda hecha de sábanas se subió a la alambrada que separa la zona de los talleres con el campo de fútbol. Intentó romper un espacio llamado 'la concertina' para subirse al muro del recinto, y desde allí escaparse.
Durante el juicio el acusado se acogió a su derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. No respondió a ninguna de las preguntas que le hizo el ministerio fiscal.
El tribunal indica que hay pruebas suficientes para condenarle por un delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa, ya que fue visto por dos funcionarios de prisiones en un lugar en el que no podía estar: subido a la alambrada de separación de dos zonas de la prisión, lugar al que había accedido tras haber saltado al encaramarse por un muro. También vieron la manta que puso sobre el alambre de espinos para no hacerse daño, y también vieron la cuerda hecha con sábanas de la que se valió para saltar.
El Juzgado de lo Penal ha condenado a Francisco Ignacio a que cumpla cuatro meses más de internamiento en la prisión de Cáceres.

Una parte de los casi 560 presos de ETA que cumplen condena en cárceles españolas se han negado en las últimas semanas a mantener encuentros y visitas de alguno de los abogados del MNLV para evitar recibir sus consignas favorables a las tesis de la banda terrorista y contrarias a las conclusiones del debate interno de la izquierda abertzale --resumidas en el documento 'Zutik Euskal Herria'-- en las que se apuesta por un nuevo escenario en ausencia de violencia, según fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press. Al igual que ha ocurrido en las asambleas del exterior, en las prisiones se ha producido un apoyo muy mayoritario a las tesis de Arnaldo Otegi.

   Estas mismas fuentes añadieron que entre ciertos sectores de presos ha crecido el malestar contra algunos de los letrados de la banda, a los que se considera la voz de ETA, por sus intentos de obstaculizar el apoyo mayoritario recibido en las cárceles a la vía que representa el ex dirigente abertzale Arnaldo Otegi o la 'declaración de Alsasua' en la que se defendió la aplicación de los conocidos como principios Mitchell para solucionar el "conflicto".

   Las fuentes consultadas declinaron ofrecer un número determinado o un porcentaje concreto sobre el número de presos que ha respaldado esta iniciativa, pero confirmaron que en las cárceles también se ha producido el debate que en los últimos meses se ha dado a nivel asambleario en distintos territorios del País Vasco y Navarra, subrayando que el resultado en las prisiones ha sido un espejo de lo acontecido en el exterior donde el apoyo a la declaración de Alsasua ha sido mayoritario. En este sentido, fuentes policiales destacan que incluso en pueblos guipuzcoanos con una gran presencia abertzale nadie se atrevió a defender las tesis de ETA en las asambleas, al haber en las mismas una mayoría de personas favorables a las tesis de la Declaración de Alsasua.

   Algunos de los abogados del MNLV son los encargados en muchos casos de transmitir los mensajes de la banda a su frente de 'makos' y hacerles llegar las directrices de ETA. De ese modo, a través de las visitas, se trasladan instrucciones acerca de protestas, iniciativas, o el régimen disciplinario que debe adoptar el colectivo.

   De este modo, llegó a las prisiones las posiciones de la banda terrorista en el debate del seno de la izquierda 'aberztale' o la última protesta que el EPPK llevó a cabo el pasado enero en rechazo a lo que consideraba un "aumento en la represión del Estado en las cárceles" y que tuvo un seguimiento muy desigual.

   Según fuentes de la lucha antiterrorista, los últimos movimientos en el entorno de la izquierda abertzale también han dividido al propio colectivo de abogados ya que hay algunos más cercanos a Otegi, por edad y por convicción, mientras hay otros que se mantienen en su seguidismo incondicional a la banda y sus métodos.

DISTANCIAMIENTO DE LA BANDA

   Habitualmente, la renuncia a los abogados de ETA es uno de los primeros signos por el que los presos manifiestan su distanciamiento de la banda. El último caso más significativo es el de los seis presos que firmaron la una carta en la que anunciaron su abandono voluntario de ETA. Se trata de Fernando de Luis Astarloa, Josu García Corporales, Luis María Lizarralde Izagirre, Andoni Altza Hernández, José Manuel Fernández de Nanclares y José Antonio Hernández de Velasco.

   Todos ellos hacía años que dejaron de secundar las protestas del colectivo e incluso dejaron de recibir a los abogados del EPPK. Y como ellos, hay un número considerable de internos etarras que también se encuentran en situación similar repartidos por distintas cárceles de la geografía española, según fuentes estas fuentes.

   Otras fuentes de la lucha antiterrorista ya llamaron la atención de la actividad de algunos letrados del MNLV tras la detención, el pasado 28 de octubre en Hendaya, de Joseba Agudo Macisidor, quien actuaba como correo entre los miembros de ETA huidos en el extranjero y la banda. Según estas fuentes, este detenido era uno de los abogados que acostumbraba a no trasmitir a sus 'jefes' realmente el sentir de los presos cuando estos le manifestaban opiniones de carácter posibilista o cuando le deslizaban sus dudas acerca de la actividad terrorista.


  Un interno con "problemas psiquiátricos" del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) intentó estrangular a un funcionario de prisiones, quien minutos antes le había llamado la atención por encontrarse fuera de la zona donde debía de estar.

Así lo indicó el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, quien en el comunicado explicó que la agresión ocurrió en la tarde de ayer. Entonces, "sin mediar palabra el interno, natural de Salamanca, propinó un fuerte puñetazo en la cara al trabajador, que cayó al suelo en estado de shock, quedando a merced del interno, que tras golpearle en sucesivas ocasiones, le cogió fuertemente por el cuello intentando ahogarle".

Según el documento remitido a Europa Press, "solamente gracias a la actuación de dos internos ordenanzas de dicho departamento, que agarraron al preso agresor, pudo salvar su vida, ya que estaba prácticamente asfixiado".

Tras la agresión el herido fue trasladado al hospital de Salamanca por politraumatismos. Actualmente se encuentra de baja a la espera de revisión y posible operación por hundimiento del tabique nasal.

"Desde el Sindicato Acaip vamos a pedir el traslado del interno a otro centro penitenciario, que a la vista de la gravedad de los hechos, entendemos debería haberse hecho ya", aseveró.

Además, lamentó "la situación de inseguridad que se vive en el centro, donde hay un importante número de internos con graves padecimientos psiquiátricos".

"Curiosamente hay reclusos que llegan con autos judiciales para ser ingresados en el módulo psiquiátrico de Topas pese a que no hay ningún módulo en el centro de estas características, ni tan siquiera existe psiquiatra en la prisión", añadió.

Primera protesta de los funcionarios contra la dirección de la prisión

  23/02/10
El mayor problema es la falta de personal, según los sindicatos
Los casi 70 funcionarios que forman parte de la plantilla de la prisión de Can Fita de Ibiza están llamados hoy por la tarde a la primera protesta de la historia que se hace en contra de la dirección de la prisión de Ibiza, según comentaron ayer sus representantes sindicales.

«No hay nada personal, es una protesta contra la dirección debido a su continuo hostigamiento contra nosotros», comentó ayer frente la cárcel Jesús Irurre, delegado de personal y representante de CCOO, que explicó que temen que haya represalias.

«El mayor problema es la falta de personal, hay 32 puestos sin cubrir y 2010 es el primer año en el que no hay interinos en el centro penitenciario», apuntó por su parte Ángel Calvo, representante del sindicato Acaip.

«El 45 por ciento de la plantilla está en prácticas», añadio el representante del CSIF, Elías Chamorro. También estuvo presente un miembro de Anjesp, Vicente Mora.

Irurre recordó que en la cárcel de Ibiza ha aumentado el nivel de agresividad de los internos. «Un funcionario fue agredido y una médico fue amenazada en el turno de noche, cuando sólo había dos funcionarios», recordó.

Un preso muy peligroso agrede a tres funcionarios de la cárcel de Puerto 3

   23/03/10
Para evitar su traslado a Botafuegos, el interno, con la misma clasificación que los etarras, dio un mordisco y un puñetazo a un trabajador, y patadas a los otros dos
Un preso clasificado como los etarras como FIES (Fichero de Interno de Especial Seguimiento), la emprendió a primeras horas de la mañana de ayer a golpes y mordiscos contra los funcionarios para evitar su traslado a la cárcel de Botafuegos, en Algeciras.

El interno, que se encontraba de tránsito en la macro cárcel portuense, a la que fue enviado para la práctica de una diligencia judicial el pasado jueves, debía retornar ayer a su cárcel de cumplimiento, la de Algeciras. Su conducción iba a realizarse a las seis y media de la mañana. Fue a esa hora cuando los funcionarios se dirigieron hacia su celda, para proceder a su traslado. De improviso, el preso se abalanzó sobre un funcionario, al que mordió y asestó un puñetazo. Los otros dos trabajadores de Prisiones intervinieron rápidamente, recibiendo varias patadas del preso y uno, además, lesionándose el dedo de una mano.

Finalmente, tras conseguir reducirlo, el preso fue enviado hacia Botafuegos.

El director de Puerto 3, Juan Carlos Carrillo, en declaraciones a este diario, quiso antes que nada alabar el trabajo de los tres funcionarios, quienes, dijo, "han resuelto con profesionalidad este incidente que entra dentro de la normalidad de lo que puede ocurrir en una prisión en la que trabajamos con personas privadas de libertad".

Según aseguró el director, "ninguno de los funcionarios le ha dado mayor importancia a lo ocurrido. Yo he hablado con los tres, y se encuentran bien. Han sido atendidos en la propia enfermería de la prisión, y ninguno ha precisado baja médica". Carrillo, así las cosas, aseguró que ayer mismo se dio cuenta de lo ocurrido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, así como a los responsables de la cárcel de cumplimiento del preso, a fin de que actuaran en consecuencia, abriendo expediente disciplinario al presidiario.

Una presa peligrosa de Brieva acorrala a una funcionaria para pedir tabaco

   23/03/10
Una interna de la cárcel de Brieva, clasificada en primer grado y a la que se considera peligrosa, mantuvo acorralada, en el módulo de aislamiento, a una funcionaria, a la que amenazó con un pincho en el cuello para pedir tabaco. Según el sindicato ACAIP, la prisión no cuenta con medidas de seguridad para este tipo de reclusas y piden que se la traslade.
Se trata de una presa “con un perfil conflictivo”, que cumple una condena de cuatro años y un mes por robo con violencia y que desde finales de 2008 permanece en el módulo de aislamiento, según han confirmado desde Instituciones Penitenciarias.

Este lunes por la tarde pidió hablar por teléfono, dos funcionarias la acompañaron hasta una cabina, dentro del propio módulo, y, cuando se dirigían de nuevo a la celda, agarró a una de ellas de un brazo, amenazándola con clavarla en el cuello un “objeto de plástico manipulado”, en forma de pincho.

Según Instituciones Penitenciarias “exigía tabaco” y, después de un cuarto de hora, “lograron tranquilizarla” y volvió a la celda. En cuanto a la funcionaria agredida, no ha sufrido lesiones físicas.

Falta de seguridad para presas peligrosas
Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, sin embargo, se asegura que el suceso se prolongó durante media hora, que fue reducida en un “descuido” y que “lo del tabaco era una excusa” porque “llevaba unos días muy alterada”, aunque gritaba constantemente que si no la daban nueve paquetes de tabaco “la atravesaba” y que se dejaran de “tonterías”. Según ha explicado Carlos Martín-Maestro, delegado sindical de ACAIP en Brieva, “llegó de La Coruña y tiene un importante historial de agresiones y amenazas”.

Aseguran que las instalaciones “están obsoletas” para presas peligrosas porque ninguna de las puertas está mecanizada, sino que son los propios funcionarios los que tienen que abrir las cancelas y acercarse a las reclusas. Es por ello que piden que se traslade de centro tanto a esta interna, de 36 años y cuyas iniciales son M.S.V., como a otra presa también conflictiva.

También el domingo otra interna intentó agredir a varios funcionarios y amenazó de muerte a uno de ellos.


Sevilla.- Los funcionarios se enfrentan a seis años de suspensión por la fuga de los presos

    24/03/10
Prisiones califica de falta "muy grave" la desidia en la vigilancia que permitió que El Rafi y Mohamed Larbi huyeran de la cárcel de Sevilla.
La fuga de dos presos de la cárcel de Sevilla en febrero va a enfrentar a los dos funcionarios de prisiones que esa noche custodiaban la galería a una sanción que podría alcanzar los seis años de suspensión de empleo y sueldo. Es la pena máxima para una falta "muy grave", como ha calificado los hechos Instituciones Penitenciarias, según informaron a Europa Press fuentes de este área, adscrita al Ministerio del Interior.

Para el jefe de servicio que estaba de turno esa noche la sanción ha sido considerada "grave", por lo que podría ser sancionado con hasta seis meses de suspensión. Por estos hechos ya fue cesado el subdirector de Seguridad de la prisión.

Instituciones Penitenciarias comunicó el lunes por la noche la propuesta de sanción a los tres funcionarios, que ahora tienen diez días para presentar las alegaciones que consideren oportunas, si bien Prisiones insistió ayer en que el procedimiento "aún no ha concluido" y lo enviado es sólo la propuesta inicial de sanción.

Las comunicaciones enviadas a los funcionarios, breves y concisas, les atribuyen una dejadez y un descuido en el ejercicio de sus obligaciones que habría propiciado la fuga del peligroso interno Rafael Hidalgo, El Rafi, pendiente de juicio por matar a un hombre; y Mohamed Larbi, ladrón habitual con varios robos con intimidación también pendientes de juicio.

Ambos lograron a primera hora de la madrugada hacer un agujero en su celda, huir por la galería, saltar a un tejado y de ahí al exterior de la prisión sin que ningún vigilante se diera cuenta y sin que saltaran las alarmas. La Guardia Civil, que controla el perímetro, tampoco detectó la escapada. Nadie vio ni notó nada raro, y la evasión no se conoció hasta que en el recuento habitual de los presos de las ocho de la mañana se detectó que faltaban dos internos. Ambos fueron detenidos 21 días después en Lleida, donde la Policía Nacional los localizó en un piso de una prima del Rafi.

El informe que realizaron los inspectores enviados por Prisiones a Sevilla dejó claro que la fuga sólo fue posible gracias a un cúmulo de errores humanos y materiales, ya que los presos realizaron un periplo por el interior de la cárcel que tendría que haber sido detectado. Según esta evaluación, incluso en los errores de los sistemas técnicos de vigilancia parte de la responsabilidad fue de los funcionarios, que no controlaron su funcionamiento, como deberían haber hecho, por eso se abrieron estos expedientes y se cesó al subdirector.

"Desproporcionado". Los sindicatos lo ven justo al contrario: creen que es la falta de medios lo que propició la huida, y recuerdan que en el interior de la prisión no hay cámaras de seguridad, atribuyen a un mal funcionamiento que las exteriores estuvieran apagadas y dicen que, con la lluvia de esa noche cayendo sobre las uralitas de la cárcel, era imposible escuchar el ruido que hicierno los presos en su huida.

Por ello, fuentes del área de prisiones de Acaip y CCOO, a las que están afiliados los dos funcionarios responsables del control de la galería, calificaron las sanciones de "desproporcionadas", dijeron estar asombrados por su dureza y confiaron en que la petición de sanción se reduzca.

Las rondas no sirvieron y la alarma estaba apagada. La madrugada de la fuga, los funcionarios no hicieron rondas por las galerías, o al menos no las hicieron bien, ya que durante ocho horas nadie se percató de que los internos no estaban en su celda. Allí sólo quedó, arrinconado, el somier al que le quitaron una pata para forzar las ventanas. Otros presos oyeron el ruido que hicieron al golpear paredes y ventanas para salir, pero los vigilantes no. La fuga fue entre medianoche y la una, pero no se detectó hasta las ocho de la mañana.

Tampoco sonó la alarma cuando los presos saltaron el muro, porque estaba desconectada. Los sindicatos aseguran que se apaga sola porque el sistema falla. Otras fuentes penitenciaras dicen que en noches de temporal, como la de la fuga, los trabajadores la desconectan para no tener que acudir a falsas alarmas. Prisiones recuerda que, en todo caso, los funcionarios debieron controlar si funcionaba varias veces durante la noche y no lo hicieron. El proceso abierto debe aclarar lo ocurrido antes de hacer firmes las posibles sanciones.


Los sindicatos exigen el traslado de las presas peligrosas de Brieva, Ávila

   24/03/10
Las organizaciones sindicales lo han solicitado a Instituciones Penitenciarias
Los representantes sindicales de Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF y ACAIP-USO en el Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, han exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el "traslado inmediato de las internas peligrosas a establecimientos penitenciarios adecuados a las características que conlleva su clasificación", tras la agresión sufrida por una funcionaria el pasado 22 de marzo.

A raíz de la "retención y agresión", los sindicatos han planteado esta exigencia o bien que de lo contrario se reclasifique esta cárcel y "la dotación de los medios imprescindibles para garantizar la seguridad, tanto de las internas como de los trabajadores".

Según recuerdan, la cárcel de Brieva está clasificada por Instituciones Penitenciarias "en la categoría 2.2, destinada a internos e internas preventivos y penados en régimen de vida ordinario que no manifiesten una gran conflictividad". Por ello, apuntan que desde su inauguración alberga internos "de máxima conflictividad", lo que en su opinión representa "un serio peligro en este establecimiento, por falta de una infraestructura adecuada para albergar a estos internos".

Además, señalan que desde hace tiempo vienen solicitando la "reclasificación del centro y la dotación de los medios y estructuras acordes con el tipo de internos destinados al mismo o bien que se destine a Brieva internos de estas características".

En referencia a la agresión, los representantes de los trabajadores subrayan "la profesionalidad" de las funcionarias implicadas en la agresión, que "pudieron resolver el conflicto sin que hubiera que lamentar ningún tipo de lesión física para nadie", aunque matizan que las psíquicas que dejan este tipo de agresiones son "graves y dejan secuelas difíciles de olvidar".


La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, declaró hoy que la tasa hacinamiento de reclusos del centro penitenciario albaceteño de La Torrecica se verá "mejorada" con el nuevo Centro de Inserción Social (CIS) inaugurado hoy.

   Gallizo, durante su visita hoy a este centro, dijo que el hecho de que los reclusos en régimen abierto no dependan directamente de las instalaciones del centro penitenciario "va a mejorar la situación" y concretó que del conjunto de la población reclusa de Albacete, hay 77 personas en régimen abierto.

   Preguntada por los periodistas, también hizo referencia a la plantilla de personal que atenderá el nuevo CIS, declarando que contará con 29 funcionarios, aunque "los puestos se cubrirán primero de manera provisional y después saldrán a concurso público".

   Reconoció no saber cuando podrá contar con esta plantilla el centro y señaló que está "perfectamente preparado para funcionar y no queremos que por problemas burocráticos no se ponga en marcha".

   En su intervención ante los asistentes, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias afirmó que la cárcel "no debe ser instrumento de represalia, pues la dignidad de los seres humanos debe prevalecer". Abogó por la inserción social de los reclusos, resaltando que "estamos empeñados en que estudien, se formen y el trabajo sea una oportunidad".

CENTRO MARCOS ANA

   Gallizo afirmó que la cárcel cerrada no tiene que ser la única alternativa para cumplir las penas y apuntó que desde que está al frente de Instituciones Penitenciarias, ha inaugurado 23 CIS. Asimismo, hizo referencia al nombre elegido para el CIS, el de Marcos Ana, encarcelado desde 1939 hasta 1962 por defender los valores democráticos, indicando que nos gusta pensar que recogemos el testigo de las personas que hicieron de las cárceles del franquismo, escuelas de democracia".

   En este acto, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, quien subrayó que "invertir en política penitenciaria es invertir en seguridad". Manifestó que poner en marcha un centro de esta naturaleza significa "concordia, memoria, democracia, estado de derecho, imperio de la Ley, dignidad, integración y reinserción".

   El Centro de Inserción Social 'Marcos Ana', que dispone de capacidad para 102 reclusos, tiene 50 habitaciones dobles, una complementaria y una para personas con movilidad reducida, así como taller, cocina, lavandería, biblioteca, zona deportiva y zona de atención sanitaria; dependencias distribuidas en los 3.900 metros cuadrados de superficie con los que cuenta.

   En el acto también estuvieron presentes el director del centro penitenciario La Torrecica, Antonio Muñiz; el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, Ángel Martínez, el propio Marcos Ana; y representantes militares y políticos de la sociedad albaceteña.
 


Hallan muerto a un preso en Salto del Negro

   24/03/10
El preso, de algo más de treinta años, fue encontrado muerto en su celda
Un preso de algo más de treinta años fue encontrado muerto en la mañana de este miércoles en su celda de la cárcel del Salto del Negro de Las Palmas de Gran Canaria por causas que aún no se han aclarado y que investiga la Policía, pues no tenía signos de violencia, según informaron a Efe fuentes penitenciarias.

El módulo seis de la prisión, donde se hacinan casi dos centenares de reclusos reincidentes debido a la falta de espacio que se vive en Salto del Negro como consecuencia de la demora durante décadas de la construcción de una nueva cárcel para Gran Canaria, fue el escenario del hallazgo, que se produjo a primeras horas de la mañana, cuando se procedía al recuento de internos.

Entonces se encontró el cadáver del recluso, que respondía a las iniciales P.F.T.M., había nacido en 1977 e ingresó en el Salto del Negro para cumplir su actual condena en junio 2009, hace menos de un año, y se dio alerta a las autoridades competentes, el juez de guardia y la Policía Judicial.

Ambas se personaron en el centro, donde se recogieron pruebas para investigar las razones últimas de la muerte del preso y se ordenó el levantamiento del cadáver, que se llevó a cabo pasadas las diez de la mañana, precisaron las fuentes.

En cuanto a las causas del fallecimiento del recluso, éstas señalaron que, si bien aún deberán investigarse oficialmente, en el entorno de la prisión se barajan las hipótesis de que pudo deberse a una sobredosis de drogas, accidental o premeditada, ya que no hay indicios de otros motivos.

Los funcionarios de Salto del Negro se plantan

  24/03/10
Reclaman más personal y denuncian la masificación y falta de medios en el centro penitenciario.
Decenas de funcionarios de la cárcel del Salto del Negro de Las Palmas de Gran Canaria reiteraron este miércoles sus ya repetidas demandas de mayor plantilla en una concentración convocada a las puertas del centro en la que volvieron a denunciar una masificación y falta de medios de años.

Lograr que se incremente en torno a un centenar de empleados más la actual plantilla del Salto del Negro, que integran unas 400 personas que deben atender a más de 1.300 presos en un centro donde escasean las tecnologías modernas para la vigilancia, que debe ser, por ello, presencial, es el objetivo de sus demandas, explicaron portavoces de los sindicatos CSIF y Acaip, convocantes del acto.

Una concentración que calificaron de "éxito de participación total" los portavoces de Acaip y CSIF, Juan Manuel Alacid y Jesús María Fernández, respectivamente, que destacaron que la respuesta obtenida debe valorarse especialmente por el hecho de que la dirección del centro prohibió que participara en ella el personal de servicio de esos momentos, integrado por unos cuarenta empleados.

Una cifra similar de funcionarios sí que acudió a la concentración, lo que implica el citado éxito porque vinieron en todos los casos, por tanto, según destacaron los sindicalistas, de sus casas exclusivamente para protestar por una situación que consideran "inaceptable".

Y es que, pese a admitir que existe la situación de saturación que denuncia el personal desde hace años, la Dirección de Instituciones Penitenciarias no atiende las reclamaciones de ampliar la plantilla, destacaron.

Sólo veinticinco nuevos funcionarios

Agregaron que la situación se ha agravado días atrás, cuando llegó el momento de distribuir por las prisiones del país nuevos funcionarios en prácticas y al Salto del Negro se le asignaron sólo veinticinco, cuando se habían solicitado sesenta.

Ello, en palabras de Juan Manuel Alacid, ha llegado a "hartar a la plantilla, que hace tiempo que está cansada de que todo el peso de la masificación recaiga en los funcionarios".

Trabajadores que se ven, en no pocos casos, haciendo solos o en grupos de dos tareas que deberían desempeñar colectivos mayores, o que se encuentran con dificultades para disfrutar de las libranzas a las que tienen derecho, entre otras ocasiones, cuando efectúan horas o labores extraordinarias, recalcaron los representantes de CSIF y Acaip.

Sindicatos que no descartan ampliar próximamente el calendario de movilizaciones para protestar por la situación del personal del Salto del Negro, que, por ejemplo, se volverá a denunciar el próximo 30 de marzo en una concentración convocada ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

A continuación, los representantes de los trabajadores de la cárcel isleña barajan llevar a cabo un encierro, entre otras medidas de presión, según anticiparon sus portavoces.


El PP avisó este miércoles del "riesgo de colapso que se cierne" sobre el sistema penitenciario español como consecuencia del "fuerte aumento" en el número de reclusos y la reducción de personal y de inversiones que "plantea el Gobierno para los próximos años". Asimismo, calificó de "fracaso" la política penitenciaria y anunció que propondrá una revisión en profundidad para que los presos extranjeros cumplan las penas en sus países de origen.

   El principal partido de la oposición hizo este anuncio al término de la reunión de la Comisión Nacional de Interior del Partido Popular, que preside Ignacio Cosidó, y los representantes de los cuatro sindicatos representativos de los funcionarios de prisiones (ACAIP, CSIF, UGT y CCOO), un colectivo con más de 25.000 funcionarios.

   En un comunicado, Cosidó mostró la preocupación del PP "ante el riesgo de colapso que se cierne sobre el sistema penitenciario, como consecuencia de la confluencia de un fuerte aumento en el número de reclusos, así como por la reducción de personal y de inversiones que plantea el Gobierno para los próximos años". Además, recordó que, frente a la promesa del PSOE de situar a un preso por celda, actualmente existe una ratio de 1,75  y puede llegar a 2 presos por celda al final de legislatura.

   El portavoz de Interior del PP calificó como un "fracaso" la política penitenciaria del Gobierno y recordó que, de los 18 nuevos centros penitenciarios comprometidos por el Gobierno socialista hasta el 2013, hasta ahora sólo se han inaugurado cuatro. En este sentido, expresó sus dudas sobre que, con una oferta de empleo público de 250 plazas aprobada para este año, puedan ponerse en funcionamiento los centros de Mahón o Murcia, previstos de ser inaugurados.

REVISIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

   "El resultado es una situación de hacinamiento que llega al 200% de la capacidad en muchos centros penitenciarios y que está provocando una mayor inseguridad así como mayor conflictividad en las cárceles y, además, hace imposible aplicar tratamientos de reinserción eficaces", explicó Cosidó.

   Asimismo, el diputado popular subrayó la "reconocida incapacidad del Ministerio del Interior para hacer cumplir las penas de trabajos comunitarios que imponen los jueces cada vez con mayor frecuencia", lo que genera que muchos delitos estén quedando impunes y se está provocando con ello un "grave desprestigio a la actuación de la Justicia".

   El portavoz popular anunció que el principal partido de la oposición propondrá una revisión en profundidad del modelo penitenciario español. De este modo, planteará "medidas preventivas que eviten el desaforado crecimiento de la población penitenciaria, así como actuaciones que faciliten a la población reclusa extranjera -el 35% del total de la población penitenciaria en España- el cumplimiento de las penas en sus países de origen y,  un sistema eficaz de penas alternativas, como el trabajo para la comunidad".

   Cosidó alertó sobre el "riesgo de que el Gobierno opte por una política de excarcelación de delincuentes, a través de una utilización indiscriminada del tercer grado, ante la situación de colapso que se vive en los centros penitenciarios" y aseguró que "esa política tendría una contundente oposición del Partido Popular, porque supondría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos".

   Por último, el Partido Popular se comprometió con las organizaciones sindicales de prisiones a mantener un "diálogo constante" para situar a estos funcionarios como protagonistas principales en la reforma del sistema penitenciario y, además, realizar un seguimiento parlamentario de los "incumplimientos" del Gobierno con los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación.


La nueva Ley Antitabaco sólo permitirá fumar en cárceles y centros psiquiátricos

    25/03/10
Como hasta ahora, se podrá fumar en zonas habilitadas. La realidad: "Se fuma hasta en las salas de TV".
1 de enero de 2006. El Gobierno se decide a plantar cara al problema y pone en marcha la primera Ley Antitabaco. No se puede fumar en lugares públicos ni en las oficinas; los bares y restaurantes tienen que decidirse por fumadores o no fumadores (o habilitar zonas separadas para cada uno de ellos). La ley sólo hacía un par de excepciones para poder fumar en lugares públicos, y sólo: "por motivos humanitarios" (también presentes en la futura ley).

Las excepciones, presentes en la Ley 28/2005 de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo, permiten crear zonas habilitadas para fumadores en centros penitenciarios y psiquiátricos. "Prohibir el tabaco, el café o los refrescos en cualquier cárcel del país sería toda una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento", explicó a 20minutos.es el Sindicato de prisiones (Acaip).

Pero la realidad, según aseguró este sindicato, es que ninguno de las 78 centros penitenciarios que hay en toda España cuentan con las denominadas salas habilitadas que cita la ley. "Los presos fuman en las habitaciones y se cortan un poco en los comedores, pero por iniciativa propia. Por ejemplo, este invierno, en la sala de cine del penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), más de la mitad de los reos se pasaron casi toda la película fumando y nadie dijo nada", explicó a este diario uno de los funcionarios de Acaip.

¿Zonas habilitadas?

Por su parte, Instituciones Penitenciarias aseguraron a este diario que todos los centros españoles para presos cuentan con zonas habilitadas para fumar. "Sólo se puede encender un cigarro fuera de estos espacios en el patio y en las habitaciones que se contemplan para fumadores", contaron desde la Administración.

Una versión que no comparten los trabajadores del sector, que aseguran que ninguna prisión cuenta con las instalaciones ni información de dónde se puede y no se puede fumar. Además, cabe destacar que la ley actual sólo permite habilitar espacios para fumadores y no reservar un número de habitaciones para presos que fuman.

Las excepciones de la nueva norma

El próximo 22 de junio Sanidad presentará el borrador de la nueva Ley Antitabaco, como ya adelantó este diario. El texto, que está en proceso de elaboración, pondrá fin al cigarrillo en todos los espacios públicos (acabará con las limitaciones actuales: bares, restaurantes, zonas habilitadas en aeropuertos...), pero mantendrá las excepciones actuales en las cárceles y psiquiátricos por motivos humanitarios.

Picassent.- Una cárcel con paredes derribables, celdas inseguras y pinchos de usar y tirar

 

  26/03/10
  • El sindicato Acaip denuncia por primera vez por vía penal a Mercedes Gallizo
  • Tres reos abrieron las puertas de sus celdas en apenas 12 segundos
  • Los funcionarios tienen miedo ante la falta de seguridad en el módulo
  • En este módulo fueron secuestrados tres funcionarios a finales de 2007
  • Los presos tienen acceso a los tornillos de 15 centímetros de las cisternas, que afilados pueden convertirse en armas peligrosas
Paredes que se derriban a patadas, cisternas con hierros para construir 'pinchos', ventanas con marcos desmontables y luces con plateas que inspiran el 'arte' de construir armas en potencia. Estos son solo algunos de los materiales y utensilios que tienen a su disposición los presos de Picassent desde que culminó la reforma del módulo de alta seguridad en noviembre de 2009.

Así lo puso de manifiesto este viernes el sindicato penitenciario Acaip, que ha depositado en un juzgado valenciano la primera denuncia por la vía penal contra la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. El motivo: un posible delito contra la seguridad de los trabajadores.

En la denuncia sindical se hace especial hincapié en que la empresa contratada para hacer la reforma, Tragsa, "no tiene experiencia" en el ámbito de la seguridad carcelaria. En concreto, esta empresa, que se hizo con el proyecto por adjudicación directa, está especializada en proyectos medioambientales.

Las obras en el módulo de alta seguridad del penal de Picassent se iniciaron en 2007 y finalizaron en noviembre del pasado año. Desde la reapertura de esta zona de alto riesgo, en la que permanecen recluidos presos muy peligrosos, algunos de ellos con antecedentes en la organización de motines, se detectaron "graves deficiencias" que se recogieron en un informe que se elevó a Gallizo.

Algunos de los internos llegaron a decir a los funcionarios que las puertas de las celdas "tenían poca fuerza", aunque el incidente que acabó de desatar la inquietud entre el personal carcelario se produjo el 28 de noviembre, cuando hallaron a tres internos fuera de sus celdas, tras escuchar unos ruidos en el silencio de la noche.

El incidente se repitió al día siguiente y los funcionarios pudieron comprobar, repasando el sistema de grabación, que los reos tardaban 12 segundos en abrir las puertas de sus celdas desde el interior, con el consiguiente riesgo para la integridad de los trabajadores, de los cuales sólo uno se encarga de la vigilancia nocturna del módulo.

El sindicato penitenciario reclama el cierre inmediato del módulo y el traslado de los reclusos a otros módulos de seguridad como los de Villena o Albocàsser, que funcionan correctamente, aunque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "no se plantea" cerrar esta dependencia de la cárcel valenciana.

Tras incidentes como el derribo de una pared del interior de una celda, la apertura de las puertas o la localización de un preso asomando medio cuerpo por la ventana tras forzar el marco, los funcionarios denuncian la "endeblez de los materiales" y temen por su integridad, teniendo en cuenta que conviven a diario con una veintena de reclusos muy peligrosos.


 

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