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La cárcel sólo se ha reforzado con travesaños en las ventanas
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26/02/10 |
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Mohamed
Larbi y El Rafi fueron localizados y detenidos 21
días después de que se fugaran de la prisión Sevilla
1 poniendo de manifiesto los fallos en la seguridad
de la prisión. En las tres semanas transcurridas
desde entonces, las medidas adoptadas para
incrementar la seguridad en la cárcel, aparte de
activar los sistemas de vigilancia que esa noche
estaban desconectados, se han limitado a reforzar
las ventanas de las galerías de la prisión con dos
travesaños metálicos de forma provisional, según
explicaron a ABC fuentes sindicales. El resto de las
medidas tendrán que esperar a que venga un equipo
técnico de Madrid que determine qué actuaciones
acometer para incrementar la seguridad de la
instalación y, además, esperar a contar con la
financiación suficiente para acometerla.
La instalación de los travesaños para reforzar las
rejas de las ventanas viene a señalar que éstas eran
uno de los puntos más débiles de la prisión. Se
trata de unas rejas de «hierro dulce», un
calificativo que de por sí implica que son más
fáciles de doblegar, y que, como publicó ABC, ya
fueron objeto de polémica cuando se instalaron, allá
por el año 1989. La mala calidad de aquellas rejas,
cuya instalación fue adjudicada a Dragados, que
contrató a la empresa de Francisco Palomino, a la
sazón cuñado del entonces presidente de Gobierno
Felipe González. Francisco Palomino, quien, a su
vez, la contrató a un taller de Torreblanca, provocó
incluso una investigación. El entonces ministro de
Justicia Enrique Múgica llegó a reconocer la
endeblez del material empleado en la fabricación de
los barrotes, pero le restó importancia pues decía
que la cárcel tenía un sistema electrónico de gran
calidad.
Un sistema electrónico que no funcionaba la noche de
la fuga de los dos presos y que ha sido uno de los
fallos detectados en la investigación de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
que tuvo como consecuencia el cese del subdirector
de seguridad de la prisión y la apertura de
expedientes a tres funcionarios que estaban esa
noche de servicio. Instituciones Penitenciarias dio
a conocer esa resolución hace unos días días, pero,
denuncia Acaip,
a los funcionarios afectados no se les comunicó la
apertura de los expedientes hasta hace dos días; el
próximo miércoles comparecerán ante los responsables
de la investigación para dar su versión de los
hechos. Previsiblemente, los funcionarios alegarán
que, aunque pudo darse cierta relajación por la
tradicional ausencia de incidentes en la cárcel, no
hubo falta de vigilancia y que, a pesar de lo que
señalaba el informe de Instituciones Penitenciarias
los internos en celdas aledañas escucharon los
ruidos que hacían los presos huidos al romper la
estructura de la celda, la persistente lluvia de
aquella noche contribuyó a que no oyeran nada. |
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26/02/10 |
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El sindicato ACAIP
lamentó ayer que Instituciones Penitenciarias
finalmente haya descartado que el Centro de
Inserción Social de Vigo cuente con una plantilla
propia de personal. De este modo, consideran que se
perpetua una situación que no dudan en calificar de
insostenible. En este sentido, desde
hace varios años, la totalidad de centrales
sindicales demandan que las dependencias olívicas
dejen de depender de la prisión de A Lama y cuente
con su propio catálogo de personal. A este respecto,
las fuentes consultadas recordaron que hace, algo
menos de un año, la propia directora general de
Instituciones Penitenciarias había reconocido en
Pontevedra que «los centros de este tipo más
recientes cuentan con personal propio, pero no
ocurre lo mismo con los que se abrieron hace unos
años, que son atendidos por personal del centro
penitenciario», unas declaraciones que fueron
recogidas por al agencia Efe.
Esta aparente discriminaciones
entre unos centros y otros era algo sobre lo que,
según había anunciado Mercedes Gallizo, se estaría
trabajando. Sin embargo, la reciente decisión de la
Administración que dirige es asumida con un freno y
marcha atrás a esta política, con lo que «la
disfunción se mantendrá indefinidamente».
Los sindicatos volvieron a
recuperar sus reivindicaciones de hace ya casi dos
años para criticar y reiterar que el CIS de Vigo
tenga que verse obligado a recurrir a los
funcionarios de A Lama por lo que no dudan en
definir como incumplimientos de los pactos
alcanzados entre las centrales e Instituciones
Penitenciarias.
Ampliación de instalaciones
Cabe recordar, a este respecto, que
ya durante la pasada festividad de la Merced,
patrona de Instituciones Penitenciarias, la
plantilla de la prisión pontevedresa se movilizó
para denunciar otras cuestiones relativas al Centro
de Inserción Social.
Así, demandaron la ampliación de
las dependencias existentes, dado que por aquel
entonces las instalaciones estaban masificadas.
Construida con capacidad para 140 personas -setenta
habitaciones-, lo habitual es que estén adscritos al
centro olívico un número bastante mayor de reclusos.
Ante esta tesitura, lo sindicatos,
que declararon hace algunos meses el conflicto
colectivo, consideran que la solución a esta
problemática pasaría por volver a sentarse a la mesa
de negociación y abordar la situación laboral de los
funcionarios penitenciarios. En cualquier caso,
inciden en el hecho de que existe «un acordó que a
Administración decidió incumplir unilateralmente». |
El titular del juzgado de lo Penal número 12 de
Valencia ha condenado a un preso de la cárcel
valenciana de Picassent a cumplir una pena de un año
de prisión por agredir a un funcionario cuando le
trasladaba de módulo, según informó en un comunicado
la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip). Según
esta entidad, el pasado día 22 de febrero se celebró
un juicio contra este interno por un delito de
atentado a la autoridad y una falta de lesiones.
Tras ello, el juez le ha condenado a un año de
cárcel y a pagar 120 euros de indemnización.
El incidente tuvo lugar el 3 de noviembre de
2007, cuando el interno agredió, según
Acaip, a un
funcionario en el módulo 24 de la Unidad de
Preventivos de la cárcel de Picassent. El hombre
estaba siendo trasladado de módulo puesto que en el
que se encontraba había sido amenazado por otros
internos, según él, porque tenía una deuda de 400
euros por tema de drogas.
Al llegar al módulo de destino, el interno se
abalanzó "violentamente" sobre el funcionario,
dándole empujones y puñetazos, concretó la
organización. "La agresividad que presentaba era tal
que fue necesaria la presencia de varios
funcionarios más para reducir al interno y evitar
que el hecho adquiriera mayor gravedad",
puntualizaron. Como consecuencia de los hechos, el
funcionario agredido presentaba lesiones en el
cuello.
Ante esta situación,
Acaip valoró la condena impuesta al
interno porque "reconoce el carácter de agente de la
autoridad de los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones".
Así mismo, mostró su deseo de que esta
sentencia "acabe con la sensación de impunidad que
en muchas ocasiones tienen los internos, los cuales
perciben que las agresiones a funcionarios les salen
gratis". Esa sensación es, entre otras cosas, "la
que provoca un aumento en el número de agresiones a
funcionarios de Instituciones", dijeron. |
Aún no han transcurrido dos meses de este 2010 y,
que se sepa, ya han fallecido cuatro reclusos que
cumplían condena en alguna de las cinco prisiones
gallegas. La última víctima es un vigués de 29 años,
J.C.G.G., quien perdía la vida a causa, según los
primeros informes policiales, de una sobredosis de
droga.
El cuerpo sin vida de este interno apareció en su
celda del módulo cuatro con una jeringuilla clavada
en el brazo, lo que lleva a pesar que el
fallecimiento se produjo por sobredosis, según
apuntaron fuentes de ese centro. Los sindicatos
policiales han vuelto a denunciar tras este nuevo
suceso la importante cantidad de drogas que se
maneja dentro de las prisiones, en particular la de
A Lama.
Por este mismo motivo fallecía este mismo mes un
joven compostelano que cumplía pena de prisión en el
centro penitenciario coruñés de Teixeiro. Sobre este
suceso no trascendieron más datos, ya que al parecer
quedó demostrado que ninguna otra persona que el
propio recluso tuvo que ver con su propia muerte y
en su misma celda.
También a mediados de enero en la prisión
coruñesa perdía la vida otro joven recluso, aunque
en este caso se debió a un suicidio, según determinó
la investigación sin que trascendiera ninguna
circunstancia extraña a pesar de las denuncias de la
familia del fallecido.
Finalmente, la autopsia será la que determine las
causas por las que el pasado martes fallecía en su
celda el interno J.M.P.F., de 39 años. Este penado
había participado por la mañana en diversas
actividades sin que se percibiera anormalidad
alguna. Cumplía seis años por robo y saldría en
libertad el próximo julio. |
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Cádiz,
27 feb (EFE).- Un recluso de la prisión El
Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz),
fue encontrado muerto atrapado entre la puerta
automática de su celda y la pared, según han
informado hoy a Efe fuentes penitenciarias.
El preso, K.F., de 31 años, estaba condenado a
nueve años y seis meses de prisión por delitos
de robo con fuerza e intimidación, contra la
salud pública, lesiones y atentado contra la
autoridad.
Los hechos ocurrieron el jueves pasadas las
16.30 horas, a la hora de salir al patio después
de comer.
Según las citadas fuentes, K.F. llamó por el
interfono de su celda al funcionario que estaba
en el puesto de control encargado de abrir las
celdas de forma automática con control remoto.
El preso le dijo que no había podido salir y el
funcionario dio de nuevo al botón para que lo
hiciera.
Como pasaban los minutos y no le veían en el
patio, fueron a la celda y se lo encontraron
atrapado entre la puerta automática de rejas y
la pared, como si la puerta se hubiera cerrado y
él no hubiera terminado de salir.
Los funcionarios avisaron a los servicios
sanitarios, que no pudieron hacer nada por
salvar la vida del preso, y posteriormente al
juzgado de guardia y a la Policía Judicial.
Para esclarecer las causas de la muerte, se ha
abierto una información reservada, que está
esperando los resultados de la autopsia.
Las fuentes penitenciarias han señalado que a
los responsables de la prisión les extraña lo
sucedido, ya que el impacto del cierre de la
puerta no es tan fuerte como para matar a nadie.
Las imágenes de las cámaras de seguridad indican
que primero se abre la puerta y el preso, que
iba a salir, vuelve a entrar -no se sabe si
porque se le olvidó algo o se encontraba mal- y
luego sale de nuevo, que es cuando queda
atrapado.
Por su parte, el sindicato
ACAIP ha
anunciado tras este accidente su intención de
pedir una revisión del sistema de puertas.
El portavoz de ACAIP,
Juan Carlos Sánchez, ha informado a Efe de que
"no es la primera vez" que ocurre un fallo en el
mecanismo de cierre, por lo que espera que se
lleve a cabo una revisión de todos los centros
penitenciarios en los que funciona este mismo
sistema.
Según el sindicato, la puerta aprisionó el tórax
al recluso, que es de origen marroquí. EFE
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Los
dos presos de Puerto 3 que se fugaron el pasado
miércoles , durante una excursión a Chipiona
organizada por la propia prisión, seguían sin ser
localizados ayer, al cierre de esta información.
Tal como adelantó este diario, los dos internos,
ambos marroquíes, participaban junto a otros ocho
reclusos en una visita programada por el Equipo de
Tratamiento de la macro cárcel portuense. Se trata
de una actividad habitual que se organiza en todas
las prisiones de España, dirigida a presos a los
que les queda ya muy poco tiempo para cumplir su
condena o que ya han disfrutado de permisos, con
vistas a que "se vayan acostumbrando a su vuelta a
la vida fuera de prisión".
El grupo iba acompañado por un educador y un
funcionario. En esta ocasión, el destino elegido
era la localidad de Chipiona, para conocer, entre
otras cosas, el Santuario de la Virgen de Regla.
Hasta allí se habían desplazado desde la cárcel en
un microbús. Pero luego, todo el grupo iba
caminando por la calle. Y cuando iban a regresar,
en un momento dado los presos se quedaron
rezagados para, aprovechando un descuido,
emprender rápidamente la fuga a pie. Ayer, tres
días después, aún no se había podido proceder a su
captura. Y es que no se descarta que hayan podido
abandonar la provincia, para dirigirse hacia su
país d origen, Marruecos.
Desde Instituciones Penitenciarias quisieron
recalcar ayer a este diario respecto a la fuga de
los dos presos que " lo que ha fallado no es la
seguridad sino la confianza depositada en esos
internos, que cumplían todos los requisitos para
formar parte de esa salida programada".
En paralelo, desde la Dirección General de II.PP.
han enviado a la cárcel a varios inspectores al
objeto de aclarar las circunstancias en las que,
justo un día después de la fuga de dos presos, se
produjo la muerte de otro interno tras
aprisionarle al parecer el tórax la puerta
hidráulica de su celda cuando salía para dirigirse
al patio.
Estos inspectores, que se han hecho cargo de la
información reservada que la Dirección General ha
abierto para investigar esta extraña muerte,
comenzaron a interrogar a responsables y
funcionarios de la prisión durante la tarde del
viernes.
Esta investigación interna se acomete al margen de
la ya emprendida por el Juzgado de guardia tras
comunicarse la tarde del jueves el fallecimiento
del preso.
Fuentes de la prisión habían apuntado a un fallo
en el sistema de seguridad de la puerta para
evitar atrapamientos, el fallecimiento del preso.
Otras fuentes consultadas por este diario no
descartaban que el fallecido hubiera sido víctima
de un ajuste de cuentas, siendo sujetado por otros
internos para que la puerta, al cerrarse, atrapara
su cuerpo.
Desde la administración penitenciaria, por su
parte, señalaron ayer a este diario que "no está
claro que el preso muriera aplastado por la
puerta, ya que fue hallado entre ésta y la pared",
y emplazaron a esperar a los resultados de la
autopsia, que dijeron desconocer al cierre de esta
información.
Lo cierto es que los funcionarios no se dieron
cuenta del fallecimiento del joven marroquí hasta
que, tras bajar todos los presos de ese módulo al
patio después de comer, hicieron recuento y se
percataron de que faltaba uno, hallándolo muerto
en la celda.
Este diario ha podido saber que las imágenes de
las cámaras de seguridad de la prisión habrían
grabado primero cómo se abre la puerta y el preso,
que iba a salir, vuelve a entrar, y luego cómo
sale de nuevo, que es cuando supuestamente queda
atrapado.
El sindicato mayoritario en Puerto 3, Acaip, ha
emitido un comunicado para mostrar su apoyo "a los
funcionarios y sanitarios del centro en este
momento tan lamentable y reconocer su
profesionalidad y rapidez en sus actuaciones".
Desde el Comité Ejecutivo Nacional de Acaip, Juan
Carlos Sánchez planteó "una queja formal sobre el
funcionamiento de seguridad de las puertas en los
Centros en que estén montadas para que se revisen
y no vuelva a ocurrir tan lamentable accidente
ocasionando lesiones o muerte a internos o
trabajadores penitenciarios". Y es que, según
desveló Sánchez, "no es la primera vez que las
puertas de seguridad de Puerto 3 (inaugurada hace
poco más de dos años y medio) fallan".
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«La
cárcel no está hecha para reeducar: aquí el
preso vive en una situación irreal, de
aislamiento; es fácil que en esas condiciones se
recupere, el problema es que luego sale solo y
se encuentra con los mismos elementos que en su
día le llevaron por el mal camino». Así se
expresa en privado uno de los psicólogos que
trabajan en el penal de Villabona. Su impresión
la comparten también los mandos de Instituciones
Penitenciarias, que consideran que la solución
pasa por potenciar el tercer grado, es decir, el
periodo en el que el reo cumple su condena en
situación de semi-libertad. «Ahora mismo tenemos
en esa clasificación a unos 250 internos»,
informa Esteban Suárez, director de Villabona.
Son presos que o bien viven en su casa y están
controlados mediante pulseras o trabajan fuera
de la cárcel pero pernoctan en la penitenciaría
o cumplen su pena dentro de una comunidad
terapéutica tipo Proyecto Hombre.
La cifra no satisface al Ministerio del
Interior. Desde hace cinco años, todos los
directores de prisiones han recibido la
instrucción de posar su mirada en el caso
catalán. Esta comunidad tiene las competencias
en materia penal transferidas y aplica el tercer
grado a un 25% de sus presos. «Cada vez que hay
una reunión, nos recuerdan que esa es la
proporción ideal, que si en Cataluña no están
teniendo problemas al aplicarla, nosotros
también debemos ir a ello», reconoce Esteban
Suárez.
Aplicar esa ratio a Villabona obligaría a
aumentar un 60% los terceros grados concedidos,
lo que dejaría este escalafón en 400 internos.
¿Qué impide llegar a ese punto? La pregunta
remite hasta la Junta de Tratamiento, órgano
colegiado de Villabona compuesto por ocho
expertos. Ellos son los que, por votación
mayoritaria, deciden qué grado se le aplica a
cada reo.
La sentencia marca los años de condena, pero
después el reglamento cede amplia potestad a la
Junta de Tratamiento para escoger bajo qué grado
pasará el recluso ese tiempo. «Antes de dos
meses del fallo judicial debemos aclarar la
clasificación que le damos», apunta Suárez. El
'sanedrín' está compuesto por el propio director
de la cárcel, la subdirectora de tratamiento, el
encargado de la atención médica, un criminólogo,
un psicólogo, un educador, un trabajador social
y el jefe de servicio de interior.
Las discusiones «son intensas, porque la
perspectiva que tiene cada uno es muy
diferente», señala un funcionario conocedor de
esas deliberaciones. «El problema quizás es
doble: son muchos y todos los votos valen igual,
y al final renta ser conservador: si dejas al
preso en segundo grado, lo alejas de la calle y
no te expones a que te falle».
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Los
18 etarras encarcelados en la
prisión de Albolote fueron trasladados el
pasado viernes desde el módulo de aislamiento
donde estaban recluidos hasta los módulos de
presos comunes donde convivirán con el resto de
penados de la cárcel alboloteña.
Instituciones Penitenciarias decidió dar este
paso para disgregar aún más a los miembros de la
banda terrorista ETA, después de la
huelga de hambre iniciada días atrás por el
sector más duro de la organización, parte del
cual está ingresado en el presidio granadino.
Pese al traslado de estos confinados a
dependencias comunes, mantendrán el mismo
régimen de convivencia que tenían: no podrán
acudir al comedor con el resto de reclusos ni
compartir el patio a la misma hora que ellos.
El traslado a sus nuevas celdas se hizo el
pasado viernes bajo una estrecha vigilancia
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01/03/10 |
La película española del año ha
puesto en el punto de mira a los presos Fies, aquellos que,
como Malamadre en «Celda 211», requieren vigilancia especial
por diferentes motivos. Y sí, también existen. |
La película de Daniel Monzón «Celda 211» ha vuelto a
poner en el punto de mira el magnético tema
carcelario que tantos argumentos literarios y
cinematográficos ha proporcionado. En nuestro
inconsciente pesan iconos del celuloide como el
individualista Eastwood en «La fuga de Alcatraz», el
tenebrosamente lírico Hannibal Lecter o el gran
personaje encarnado por Tim Robbins en «Cadena
perpetua». El Malamadre que nos ocupa, interpretado
por Luis Tosar en «Celda 211», nació de la novela
homónima de Francisco Pérez Gandul y encarna el
arquetípico preso reincidente, carne de cañón
carcelaria, que campaba por los fueros
penitenciarios en la década de los 80, antes de que
Jesús García Valdés reformara un sistema
penitenciario obsoleto. El protagonista de la
película de Monzón es el típico «fulano torvo»
dotado de carisma, siniestro y conmovedor que no
atiende más que a su propio código ético. Un
compendio de traumas vitales con desarraigo desde la
infancia, tan superviviente como samurái, que
encuentra en la reclusión su espacio de dominio para
ejercer de «kye», apelativo reservado para los
presos más temidos y que deriva de un «pieza»
llamado Arthur Kyes.
Fuguistas residuales
En la película se dice que este tipo de internos
peligrosos pertenece a la Clasificación FIES-1, algo
que es preciso aclarar: un preso no es peligroso por
estar incluido en el Fichero de Internos de Especial
Seguimiento, sino al revés: está introducido por ser
peligroso. La última revisión del citado fichero
data de 2006 y supone una base de datos meramente
administrativa. Por tanto, estar incluido en ella
comporta que al interno se le hace un especial
seguimiento y es objeto de una mayor vigilancia,
pero el régimen de vida penitenciario es el que
corresponde a su grado de Clasificación, que
establece la Ley General Penitenciaria. A saber:
primer, segundo, tercer grado, y libertad
condicional. Los «malos malísimos» como el Malamadre
de ficción estarían sujetos a un primer grado.
En opinión de los juristas y psicólogos de
diferentes equipos de tratamiento, a día de hoy, los
reclusos ochenteros fuguistas y motineros son algo
residual. Y, aunque haberlos «haylos», en modo
alguno representan a la población reclusa. Atrás
quedan los tristes tiempos en los que Manuel Sandín
–conocido dirigente de COPEL (Coordinadora de Presos
en Lucha), que combatió por dignificar a la
población reclusa durante la Transición– me contara
sus ingresos en la Modelo junto al El Boque, el
Valen, El Loren y El Bartolo por perpetrar atracos
de coches o «topetazos» para robar jamones y cómo,
en un sistema penitenciario «paleolítico», les
colgaban por las esposas para maltratarlos o les
obligaban a «hacer la rana». Sentados en el suelo,
con las piernas recogidas hacia atrás, y esposados
los gemelos, se les introducía una barra de madera
para hacerles caminar y como forma de macabro
divertimento para los funcionarios. Aún permanecen
en el recuerdo de Sandín los tiempos de hacinamiento
penitenciario –220 personas por galería y «chabolos»
ocupados por 4 internos–, comidas en las propias
celdas, tres recuentos diarios y «comunicaciones que
duraban menos de un cuarto de hora y ante la
estricta vigilancia de sádicos funcionarios como “culopato”».
No es de extrañar que este ex «choro» setentero
–como se autodefine– con el que compartí una semana
mesa y mantel en su casa protagonizara una de las
mayores fugas de nuestro país, la de la cárcel
Modelo de Barcelona, en 1978, excavando un túnel que
conectaba con las alcantarillas de la Ciudad Condal.
Agresiones a presos
Hoy, Sandín sería un FIES-1 con régimen de primer
grado, pero sus derechos como recluso le harían
sonreír: tendría una habitación individual frente a
las habitaciones compartidas de los demás, 3 horas
de patio en grupos reducidos (siete menos de las que
disfruta el resto de la población reclusa), idéntica
comida y derecho a visitas que el resto de los
internos (dos locutorios a la semana y dos vis a vis
al mes –uno íntimo y otro familiar–), y derecho a
recibir 5 llamadas semanales y dos cartas cada siete
días (que no serán leídas por los funcionarios).
Sólo podría ingresar en una celda de aislamiento
bajo estricto control del juez, que en ningún modo
difiere del resto de las celdas, ya que tiene
idénticas medidas y equipamiento. Las faltas graves
por las que terminar aislado pueden ser haber
agredido a otro interno, a un funcionario o a uno
mismo. Ni existen los controles analíticos
periódicos a través de las rejas, como cuentan las
leyendas urbanas, ni se les somete a sujeción
mecánica, salvo por indicación judicial o médica, en
caso de que puedan agredir o agredirse (el caso
prototípico: un interno dándose de cabezazos contra
la pared por estar atravesando un síndrome de
privación o una depresión).
Evidentemente, ser un «primer grado» de régimen
cerrado comporta unas condiciones más estrictas,
aunque se aplican poco. De los 76.000 internos que
había en las cárceles españolas el año pasado, según
datos estadísticos de Instituciones Penitenciarias e
incluidos en las cuatro categorías del Fichero FIES,
500 presos estaban en primer grado, 900 en segundo
y 80 en régimen abierto. A día de hoy son medio
centenar los presos catalogados como FIES-1, si bien
es cierto que, cuando los responsables de la junta
de tratamiento ven avances en ellos, van relajando
el régimen.
«Ningún interno está obligado a seguir programas de
reinserción. Todos ellos son voluntarios... Otra
cosa es que sea conveniente que los acepten». ¿En
qué consisten? A cada recluso se le realiza un
análisis de sus carencias por parte de un equipo
técnico y, a partir de él, se le asigna un programa
de tratamiento. Por ejemplo, si es alcohólico, se le
asignan programas de abstinencia de alcohol.
En el caso de que sea maltratador, se incide en el
control de la ira. Su negativa no puede acarrear
consecuencias disciplinarias. Los juristas no se
ponen de acuerdo y unos aseguran que funcionan bien,
mientras que, para otros, son más decorativos que
efectivos.
El trato con los funcionarios por parte de la
población reclusa es otro de los puntos que ha
variado sustancialmente desde la última reforma
penitenciaria: si entonces se producían reiterados
abusos de poder, hoy dista mucho de cualquier
leyenda y es un compendio de buen hacer profesional,
paciencia, inteligencia y sabia combinación del
tacto y la firmeza, siempre aplicando el reglamento.
Otra cosa es la relación entre el resto de los
internos hacia esos llamados presos peligrosos, que
se comportan con un dejo de admiración y servilismo
al tiempo que ellos les instrumentalizan. El tema de
las violaciones «talegueras» es otra de las muchas
leyendas inciertas. Diversos psicólogos de prisiones
aseguran que se producen más casos de homosexualidad
«espontánea» femenina que masculina, y que ocurre
así por una mera cuestión afectiva. Los hombres
prefieren recurrir al onanismo que al sometimiento
hacia otros reclusos.
Autolesiones esporádicas
Aún es posible que se produzcan autolesiones o
huelgas de hambre como medida de coacción, pero cada
vez es más esporádico. Como el hecho de construir
armas con objetos impensables, tales como una
cucharilla de plástico quemada convertida en un
«pincho» letal con el que amedrentar a otros
internos, aunque pocas veces a los funcionarios...
Una de las juristas más comprometidas con el sistema
penitenciario recuerda un experimento que se hizo en
el año 84 en el psiquiátrico de Fontcalent para
crear una estructura terapéutica específica, «pero
había demasiados enfermos mentales de patologías
diversas y falló. Las prisiones son el desagüe de la
sociedad. Debería haber un intento serio de
psiquiatría carcelaria para estos enfermos sociales,
porque, en muchos casos, el “talego” no es su
sitio». La comunidad debe defenderse y recluye al
que atenta contra los demás, pero, si el sistema
penitenciario –como la democracia– es la menos mala
de las opciones... ¿qué otra alternativa queda?
Prácticamente cualquier prisión española, salvo los
centros abiertos, puede acoger a todo tipo de
internos. En los últimos años se han construido
bastantes nuevas prisiones, que son los llamados
«centros tipo». Se basan en un sistema de módulos
para evitar que se mezclen internos primarios con
reincidentes, jóvenes con adultos y, en general, los
que puedan causar una influencia perniciosa en
otros. Paradójicamente, España es uno de los países
europeos con mayor población carcelaria pero con
menos delincuencia. Eso se debe a la penalización de
muchas conductas que en otros países no constituyen
delito. Así, salvo centros de inserción social o
unidades de madres, prácticamente cualquier prisión
puede albergar a un interno sin cuestionarse su
condición. Otra cuestión es que procuramos proponer
el centro de destino que mejor se adapte a sus
peculiaridades y programas de tratamiento. Respecto
a sus centros de destino y asignación de grado de
tratamiento, el procedimiento sigue lo establecido
en la Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de
septiembre de 1979 y en el Reglamento que la
desarrolla. Así, cuando se recibe en el Centro
Penitenciario el testimonio de sentencia, se procede
a clasificar al interno en un plazo máximo de dos
meses desde la referida recepción, un plazo que es
ampliable de manera excepcional a otros dos meses.
Cuestión de grado
La clasificación asigna centro de destino, programa
individualizado de tratamiento y grado de
clasificación. El grado de clasificación determina
la modalidad o régimen de vida en que se va a
desenvolver en un principio. El primer grado es el
más estricto, aunque se aplica poco, y se
corresponde con el régimen cerrado. Al segundo grado
corresponde el régimen ordinario, que, como su
propio nombre indica, es el más común. Se aplica a
aquellos internos que ofrecen perfil de normal
convivencia pero sin encontrarse, por el momento,
preparados para cumplir condena en semilibertad. Al
tercer grado corresponde el régimen abierto,
aplicable a aquellos internos que, bien inicialmente
o por una evolución favorable de su conducta, han
demostrado que pueden cumplir su pena en régimen
abierto, combinando la estancia en prisión con un
trabajo en el exterior que permita sostener a su
familia.
Antonio Cortés
Escobedo
Lleva 25 años sin salir de prisión y es un clásico
de los motines violentos, como el Fontcalent,
ocurrido en el año 2006 y en el que tuvieron
retenidos a nueve funcionarios durante 48 horas.
Junto a él estaba Juan José Garfia.
Justificó su motín debido al trato «inhumano» que,
según él, recibían los presos por parte de los
funcionarios. Negó haber matado a un interno
argelino durante la revuelta. Quien haya visto o
leído «Celda 211» encontrará muchos paralelismos con
esta historia.
Acusado de dos homicidios y un asesinato, primero
fue condenado a 138 años de reclusión, una pena que
el Tribunal Supremo acabó rebajando a 75.
Claudio Lavazza
Delincuente profesional italiano, autoproclamado
anarquista (del grupo Proletarios Armados para el
Comunismo) y perteneciente a la «Banda de la nariz».
Fue condenado por el asesinato de dos policías
municipales durante el atraco a unas oficinas del
Banco de Santander de Córdoba. Acusado de 8 atracos
más en distintas ciudades españolas, también fue
condenado a cumplir en Italia una pena de 27 años y
5 meses. ¿Los motivos? Entre otros, pertenencia a
banda armada, asociación subversiva, coparticipación
en homicidios y tenencia ilícita de armas. Se le
considera muy peligroso.
Está condenado a 198 años, dos meses y 14 días.
Giovanni Barcia
Compañero de Lavazza y cerebro, junto a él, de todas
sus operaciones dentro de la «Banda de la nariz», ha
sido juzgado con su colega en varias ocasiones.
En la detención de 1996 en Córdoba, Lavazza y Barcia
no estaban solos. Les acompañaban sus otros dos
compañeros de fechorías, Michele Pontolillo y
Giorgio Rodríguez.
Por este delito fue condenado a 62 años, 47 por el
propio atraco y 15 por delitos menores relacionados
con éste. A tal pena se sumaron otros 11 por su
irrupción en el consulado italiano de Málaga.
En 2002 fue trasladado temporalmente a Italia. En la
actualidad sigue encarcelado en España.
Juan José Garfia
Rodríguez
Juzgado por el asesinato de dos policías y un civil,
un industrial vallisoletano, Garfia fue además
motinero en Fontcalent. Autor de diversos robos y
atracos, es también especialista en fugas.
En 1998 se casó con una funcionaria de prisiones en
Picassent y, mientras aguarda el segundo grado
penitenciario, se ha licenciado en Historia y ha
escrito varios libros sobre sus vivencias.
La película «Horas de luz», dirigida por Manolo
Matjí, está basada en su biografía y él participó en
la documentación. Alberto San Juan interpretaba el
papel de Garfia, y Emma Suárez el de la funcionaria
que se convirtió en su esposa.
Está condenado a 149 años de reclusión.
Juan Diego Redondo
Puerta
«Dieguito el Malo», como se le conoce en el mundo
carcelario, es un delincuente multireincidente que
ha protagonizado atracos con rehenes y todo tipo de
robos con violencia.
Fue miembro activo de Copel (Coordinadora de Presos
en Lucha) y un referente entre los internos desde
que lideró la famosa huida de la cárcel Modelo de
Barcelona, relatada en su libro «La fuga de los 45».
Lleva casi 30 años en prisión, y cumple una condena
de 176 años, dos meses y 14 días.
Se casó en 1992 y tuvo dos hijos, pero volvió a la
cárcel poco después, ya que se reabrió un caso que
tenía pendiente desde 1978.
Santiago Izquierdo
Trancho
Un individuo capaz de ocultar cuchillos y pinchos en
su estómago, serrar barrotes y disimularlo con pasta
de dientes pintada, entre otras atrocidades, sólo
podía llevar 25 años entre rejas.
Acumula asesinatos, secuestros de funcionarios,
intentos de evasión, desacato, amenazas, robos...
Es uno de los presos más peligrosos de la historia
penitenciaria, un auténtico Malamadre.
Suma condenas por un total de 138 años.
En septiembre de 1987 asesinó a otro interno después
de obligar a un funcionario a que le abriera la
celda de su víctima. Dicen de él que se ha ganado
su mala fama a pulso.
Nadie quiere
hablar
El éxito de «Celda 211» parece que no ha hecho más
que comenzar: en el fin de semana de su estreno se
convirtió en la película más taquillera, con
1.243.000 euros de recaudación, y desplazó a «Ágora»
de la primera posición. A esto se añade la
unanimidad de la crítica al hablar de ella como «el
gran filme español del año». El efecto «celda» se
percibe menos en el mundo real de las prisiones:
ningún jurista, asistente social o psicólogo ha
querido hablar, salvo de forma oficiosa, para
confeccionar este artículo, ni siquiera
telefónicamente por temor a «presuntas escuchas».
Las entrevistas se han producido en cafeterías
solitarias, comidas en mi casa o mediante anónimas
cuentas de correo, abiertas ex profeso para esta
cuestión. La pregunta es, ¿por qué? |
«No aparece debidamente justificada la perpetración
del delito» es el argumento que utiliza el Juzgado
de Instrucción número uno para sobreseer
provisionalmente la denuncia interpuesta por el
padre de un recluso contra funcionarios del penal de
A Lama, a los que acusa de haber maltratado a su
vástago. Según reseñó en su día, en
abril del pasado año, al menos siete funcionarios
«entraron súbitamente en su celda y lo condujeron a
otra dependencia donde tres de ellos le dieron una
paliza consistente en golpes con porras y patadas
por todo su cuerpo». En este punto, el denunciante
añadió que su hijo fue obligado a que «paseara por
todo el módulo en calzoncillos y descalzo delante de
los demás internos».
Los golpes que presuntamente
recibió el recluso no fueron descubiertos hasta que
su progenitor acudió al centro penitenciario
pontevedrés con la intención de visitar al lesionado
y a sus dos hermanos, también por aquel entonces
internos en la cárcel pontevedresa.
Días antes, según relató, le había
extrañado que solo le permitiera ver a dos de sus
hijos.
Tras conocer el dictamen del
juzgado capitalino, el padre del recluso ha decidido
buscar el amparo de una instancia superior, en
concreto, de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El objetivo que busca es que su caso no termine
archivado y olvidado, y, al mismo tiempo, lograr que
los presuntos responsables de los daños sufridos por
su hijo terminen sentados ante un juez.
Su caballo de batalla es un informe
forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia.
En el documento, los forense analizan las lesiones
que presenta el recluso. Su conclusión es clara:
«Son compatibles con lo referido por el acusado».
Ante los peritos manifestó «haber
sido golpeado con una porra, además de con las
manos». Y estos expertos encontraron dos contusiones
que «dibujan por si mismas el objeto causante, en
este caso, la porra, con el dibujo alargado de, más
o menos, veinticuatro centímetros de longitud y con
el característico espacio indemne entre las lesiones
lineales». |
En el juicio con jurado popular celebrado hoy en la
Audiencia de Valencia, Alfonso T.D., de 49 años y
que dice creerse hijo de "Bruce Lee", ha insistido
ante el tribunal en que aquella tarde golpeó en la
cabeza "dos o tres veces" a Jacinto G.B., al que
sorprendió echado en la cama, porque oyó "voces" que
se lo pedían. También ha señalado que había tomado
la medicación, que no había planeado el crimen y que
no tenía "nada en contra" de su compañero, un preso
aquejado de demencia y con movilidad reducida que
precisaba la atención de otro reo que le atendía y
que compartía celda con ellos.
"Creía que estaba poseído. Cogí la tele y le di
dos o tres veces.
No se movía. Era Satanás. Obré bien. Pero luego
le cogí por el cuello y no era Jacinto, era un
muñeco. Ahora ya estoy normal", ha manifestado el
acusado cogiendo fuertemente el micrófono.
El fiscal considera al procesado, al que describe
como un enfermo con trastorno psicótico que a pesar
del tratamiento sufre alucinaciones y tiene la
voluntad anulada, autor de un delito de homicidio
con la eximente de anomalía psíquica, por lo que
pide su absolución por estar "exento de toda
responsabilidad criminal".
No obstante, solicita su internamiento en un
centro psiquiátrico de régimen cerrado adecuado a su
dolencia por un tiempo no inferior a 15 años y una
indemnización de 80.000 euros para el hijo de la
víctima y los cuatro herederos de su viuda,
recientemente fallecida.
Considera asimismo al centro penitenciario de
Picassent, y a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias en su lugar, responsable civil
subsidiaria de los hechos dado que, a su juicio, no
se adoptaron todas las medidas de seguridad
necesarias para evitarlos.
La acusación particular pide para Alfonso T.D. 17
años y medio de prisión por un delito de asesinato,
así como una indemnización de 200.000 euros para la
familia del fallecido.
Por su parte, al igual que el Ministerio Público
la defensa del procesado solicita su absolución pero
reduce a no más de cinco años la petición de
internamiento psiquiátrico en régimen cerrado de su
cliente.
Además, el abogado del Estado ha sostenido que la
Administración cumplió con todas las medidas de
seguridad pertinentes ya que "en las cárceles no
puede haber un funcionario para cada preso", y
solicita que se la exima de la responsabilidad civil
subsidiaria.
Según recoge el relato fiscal, sobre las 20.00
horas del 9 de marzo de 2008, Alfonso T.D. se
encontraba en la celda 207 del módulo B2 de
enfermería de la planta de preventivos, que
compartía con los también internos Jacinto G.B., de
77 años, que sufría demencia, y otro preso más que
solía atender a este último.
En un momento dado, el acusado tomó un televisor
que había en la habitación y, sin previo aviso,
golpeó en la cabeza violentamente a Jacinto, que se
encontraba echado en la cama.
Cuando los funcionarios acudieron al módulo
alertados por los gritos encontraron al agresor con
la televisión en las manos gritando: "Es el demonio.
He matado al demonio".
El agresor llevaba dos meses en este módulo,
destinado a ancianos, seniles o con deficiencias
psiquiátricas y otras patologías, después de ser
trasladado ya en varias ocasiones de celda por los
problemas que ocasionaba por su enfermedad
psiquiátrica.
Como consecuencia de la agresión, el
septuagenario agredido, que no podía valerse por sí
mismo, falleció días después en el Hospital General
de Valencia, debido a un traumatismo
craneoencefálico.
Según ha trascendido en el juicio, el acusado fue
anteriormente procesado por la muerte de su madre y
el intento de homicidio de su padre durante un brote
psicótico, y atacó con una catana, en este caso sin
resultado de muerte, a un compañero del hogar social
que regentaba. EFE |
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Así lo expuso el delegado de este sindicato, Juan
Manuel Alacid, en un comunicado en el que subrayó
que "las prisiones no son psiquiátricos" e informó
de una "agresión" protagonizada este sábado en Salto
del Negro por un interno esquizofrénico -la segunda
que causa en dos meses- a dos funcionarios del
centro que lo conducían al módulo de aislamiento.
Alacid alertó de que este interno tiene
"atemorizados" al resto de presos de la cárcel y
consideró que las prisiones no están preparadas para
albergar a personas con enfermedades mentales, lo
que ocurre, dijo, debido a la "casi inexistencia de
psiquiátricos penitenciarios -sólo hay dos en toda
España-".
Ello ocasiona, prosiguió, que "compartan patio y
celda internos con patologías graves con internos
sanos, produciendo agresiones entre internos y hacia
funcionarios".
El representante sindical también denunció "el
abandono y el desprecio" de la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias hacia la plantilla de
Salto del Negro, a la que, según afirmó, ha
adjudicado "sólo 25 plazas de funcionarios en
prácticas, cuando todos los sindicatos del centro
solicitaron 60 y el director 46".
Juan Manuel Alacid aseguró que la prisión de Las
Palmas de Gran Canaria tiene "unas necesidades de
100 funcionarios de todas las áreas y servicios".
El delegado de ACAIP
consideró que esta situación no puede continuar
porque "con una plantilla tan escasa" no se puede
"garantizar la seguridad de los internos que
alberga" el penal ni "realizar de forma normal todo
el trabajo" que se ordena.
"No todos los internos son poetas, músicos de
rock o practicantes de la vela latina, hay otros que
no se adaptan al régimen penitenciario ni a las
normas elementales de convivencia, que agreden,
extorsionan, y trafican en la prisión, y para evitar
todo eso necesitamos una plantilla adecuada",
aseveró. EFE |
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ME
cae bien el chico ése, Daniel Monzón, el
director de 'La celda 211', tan laureada: nada
menos que 8 'Góscar' (el 'Góscar' es el híbrido
de un Goya y un Óscar). Aunque mucho mejor me
cae Luis Tosar, o sea 'Ma, que es que parece que
hubiera estado preso toda su vida, el tío, de
tan impresionante que es su interpretación.
La semana que entra, se cumplen 19 años que dejé
de ser médico de la entonces Prisión de
Cumplimiento de Jóvenes de Cáceres; además,
fueron muchos los días que hube de hacerme cargo
de la otra cárcel, la de toda la vida, por lo
que, a pesar del tiempo transcurrido, uno sabe
de lo que habla cuando del mundo penitenciario
se trata. Si «noventa minuti en el Bernabéu son
molto longo», que dijera Juanito, imagínense lo
largos que son diez años en prisión, aunque sea
de médico. Vamos, que uno conoce el paño mucho
mejor, dónde va a parar, que el guionista de la
cinta, y mucho mejor, no hay color, que el
director de la misma. Me explico.
Jamás de los jamases a un funcionario de
prisiones se le ocurriría meter en una celda a
un compañero herido: a rastras lo hubieran
sacado a los exteriores. Jamás de los jamases un
funcionario se liaría a mamporros contra los
familiares de los presos agolpados a la puerta
de la prisión; en España, eso es imposible: para
ese cometido están las fuerzas de orden público.
He ahí dos ejes sobre los que gira la trama de
la película, clamorosamente fallidos, lo cual,
ya digo, da idea del conocimiento que tiene la
gente del cine de la cuestión carcelaria:
limitado, muy limitado.
Pero donde de verdad se nota el desconocimiento
que de la cuestión tiene el amigo Daniel, es en
las declaraciones sobre el particular: «Si
'Celda 211' dispara con bala hacia algún lado,
es hacia el poder». ¿Disparar hacia el poder?
Vamos anda. Ni puta idea, ya digo. Eso hubiera
colado en los años setenta, semana arriba,
semana abajo, cuando aún las cárceles eran
cárceles, con sus mazmorras y todo (que yo las
vi), pero ahora, lo que se dice ahora, es de
todo punto inadmisible que alguien hable de
«disparar hacia el poder» en un sistema
penitenciario plagado de psicólogos, educadores,
trabajadores sociales, abogados-criminólogos,
médicos, enfermeros, auxiliares de clínica,
maestros de escuela, maestros de talleres,
monitores deportivos, cocineros profesionales y
por ahí seguido. Y mucho menos 'disparar' con un
motín protagonizado por individuos que, por muy
bien que queden en pantalla, tienen pinta de
tener un historial delictivo de lujo: el tal 'Malamadre'
había asesinado a un funcionario en revuelta
previa, hecho muy edificante y de mucha
autoridad. Por cierto, no sé hoy, pero en mis
tiempos no me encontré jamás a un preso
condenado por un funcionario de prisiones: todos
estaban entre rejas por sentencia dictada por un
juez.
Efectivamente, qué mal suelen quedar
los funcionarios de prisiones en las películas y
qué bien suelen quedar los presos, por muy
criminales que sean. Pues bien, les voy a decir
una cosa: los funcionarios no serán unos
angelitos, pero les puedo asegurar que el peor
de ellos es mejor que el mejor de los presos.
Lo que yo les diga.
¿Disparar hacia el poder? Ni puñetera idea,
Daniel.
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El sindicato Acaip
afirmó hoy que no ve "ningún punto oscuro" en la
muerte del recluso Fuad Kaddur Tamin, un preso
melillense que murió en la cárcel El Puerto de Santa
María III, atrapado por una puerta automática de su
celda, y aseguró que "todos lo trabajadores han
trabajado de forma profesional y con rapidez para
evitar la muerte del interno". Según
manifestaron a Europa Press fuentes del sindicato
mayoritario en prisiones en relación con las
afirmaciones realizadas por la familia del recluso
fallecido, el juez instructor dictaminará si la
versión oficial es buena y advirtieron que
estudiarán emprender acciones judiciales contra las
personas que levanten calumnias contra los
funcionarios.
Así, indicaron que "no hay nada que esconder"
e insistieron en que no ven "ningún punto oscuro y
lo único que se ha visto es un atrapamiento a un
interno que estaba en un módulo de destino". En este
sentido, señalaron que "si un funcionario le hubiera
tenido ganas no hubiese estado en un módulo de
destino, que es bueno, sino en otro módulo", como
pudiera ser el de aislamiento o de reincidentes.
Finalmente, desde el sindicato insistieron en
que "no hay secretismo y se le ha entregado las
copias de la cámara de seguridad y todas las pruebas
pertinentes a la Policía Judicial y al juez" y
subrayaron que se actuó "de forma profesional y con
rapidez para evitar la muerte del interno". |
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Treinta
prácticos tienen previsto incorporarse el mes de
abril con carácter definitivo a la prisión de
Botafuegos. El director de la cárcel algecireña,
Francisco Márquez, cree que con estas altas y con
los diez interinos que llegarán en breve la
plantilla va a quedar "bastante cubierta".
Ahora hay cincuenta prácticos que están formándose
en Botafuegos. Estarán un mes para completar su
trayectoria. Son lo que aprobaron el año pasado y
estuvieron en Málaga recibiendo la teoría y luego
se han trasladado a Algeciras para hacer las
prácticas. Estarán hasta finales de mes a cargo de
varios instructores.
25 aprenden el funcionamiento del penal y las
diferentes áreas y puestos de trabajo por la
mañana y los restantes van por la tarde. Márquez
resaltó que estos movimientos van a posibilitar
que se equilibre parte de las constantes vacantes
que sufren con los traslados de personal. La
cárcel está acostumbrada a continuas
reestructuraciones forzosas de su plantillas por
las marchas.
Más de cien funcionarios se trasladaron de la
ciudad después del último concurso general. 205
fueron los funcionarios de la prisión de Algeciras
lo que solicitaron otro destino y 101 fueron los
finalmente seleccionados.
Añadió que los internos también están en unos
números razonables. A día de ayer había ingresados
1.557 personas cuando hasta no hace mucho la media
estaba en los 1.900. Los traslados al centro de
inserción social Manuel Montesinos y Molina de los
presos que están en proceso avanzado de
reinserción o que cumplen su pena en régimen
abierto han ayudado a reducir sus cifras.
Los sindicatos Acaip,
USO, CSI-CSIF, UGT y CCOO de esta prisión
denunciaron a principios de diciembre que la
plantilla de funcionarios estaba bajo mínimos.
Recordaron que el catálogo de Botafuegos está
fijado en 487 personas y que había 410. Indicaban
que la unidad que más lo sufría era la de los
servicios de interior. Cifraban aquí el déficit de
personal en más de un 19%.
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El
Ministerio del Interior continúa con los
movimientos estratégicos de presos de ETA
encaminados a avivar la división entre el
colectivo carcelario terrorista. El pasado febrero
realizó tres acercamientos a la cárcel de
Villabona, uno de los dos centros -el otro es el
aragonés de Zuera- donde concentra a los
activistas díscolos con la dirección de la
organización terrorista o que han dado muestra de
hartazgo.
El traslado más relevante ha sido el de Idoia
Martínez García, 'Olga', una de las terroristas
que integró el más sangriento comando Madrid de la
década de los noventa y que participó, aunque no
fue autora material, en el asesinato del
presidente del Tribunal Constitucional, Francisco
Tomás y Valiente, muerto a tiros en Madrid por el
pistolero Jon Bienzobas en febrero de 1996.
Esta terrorista ha sido llevada desde la cárcel
madrileña de Estremera a la de Villabona, donde se
concentran 14 etarras disidentes, a los que hay
que sumar los 23 'díscolos' que acoge el centro de
Zuera. Desde su extradición de Francia en
noviembre de 2003, 'Olga' había estado la mayoría
del tiempo en cárceles madrileñas en calidad de
preventiva y en esos centros ha convivido con su
hija, a la que dio a luz ya detenida. Su primer
'destino' como presa con condenas firmes ha sido
uno de los dos centros de la disidencia, ya que la
terrorista, aunque no ha roto con la banda, sí ha
dado muestras de no seguir las consignas del
'frente de makos'. Martínez, que ya cumplió siete
años en cárceles francesas tras ser detenida en
1997, además de ser miembro del 'comando Madrid',
estuvo encuadrada en la década de los noventa en
otros 'taldes' que actuaron con coches bombas en
Logroño y Cataluña, con dos víctimas mortales.
La terrorista tiene como compañeros en Villabona a
una pareja de veteranos, Francisco José Ramada
Estévez, 'Vera', y su novia Sagrario Yoldi Múgica,
'Mila'. El primero estaba interno hasta ahora en
la cárcel de Castellón y la segunda en Badajoz.
Interior, tras años de separación, los ha vuelto a
unir en la cárcel asturiana. Ramada, que ingresó
en ETA en 2004, fue el etarra que por órdenes de
la banda adquirió un inmueble en Irún en el que
construyó el 'zulo' de apenas tres metros
cuadrados en el que estuvieron secuestrados
primero el industrial José María Aldaya, durante
341 días, y posteriormente el empresario Cosme
Delclaux durante 232 días.
'Vera', -ayudado por 'Mila' que cocinaba para los
secuestrados y que hizo de correo con el comando-
fue el que se encargó en todo momento de vigilar a
los dos secuestrados. A pesar de sus abultadas
condenas y de no haber satisfecho las millonarias
indemnizaciones, entre ellas la devolución de los
rescates, Instituciones Penitenciarias ha decido
acercarles a Villabona, ya que en los últimos
tiempos parecen haberse distanciado abiertamente
de la disciplina de Colectivo de Presos Vascos (EPPK).
A estos movimientos, se suma en las últimas
semanas el acercamiento de otro díscolo, Luis
María Carrasco Aseguinolaza, 'Luze', quien tras su
paso por Villabona ha sido 'recompensado' con el
traslado a Burgos. 'Luze' fue miembro del 'comando
Buruntza', autor de numerosos atentados, entre
ellos los asesinatos del ex gobernador civil de
Guipúzcoa, Juan María Jáuregui; del empresario
José María Korta, del cocinero de la Comandancia
de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz; de dos
trabajadores de la empresa Elektra, del director
financiero del 'Diario Vasco', Santiago Oleaga, y
del ertzaina Mikel Uribe
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El Centro penitenciario de Pereiro de Aguiar mejora su
seguridad exterior e interior |
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04/03/10 |
El centro penitenciario de
Pereiro de Aguiar (Ourense) ha mejorado su seguridad exterior
e interior en el recinto con una serie de obras con cargo al
Plan E con una inversión que ascendió a 2.149.088,75 euros,
destinada en buena parte a actuaciones de eficiencia
energética, seguridad y, sobre todo, creación y adaptación de
espacios para albergar trabajo productivo. |
Así lo destacó hoy en declaraciones a los medios el
director del centro penitenciario ourensano, Juan
Carlos Salvador, que acompañó en la visita a los
trabajos realizados al director general de Gestión
de Recursos de la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig Renau,
quien incidió en la importancia de mantener la
seguridad de todos los ciudadanos, evitar la
reincidencia, favorecer el aprendizaje de los
hábitos de trabajo y facilitar la reinserción.
Puig explicó que en el centro de Pereiro de Aguiar
se han acometido obras con el fin de 'garantizar' la
seguridad tanto de los funcionarios como de las
personas custodiadas 'en las mejores condiciones'
para ellas y para los funcionarios.
Además de las obras en el perímetro, que tuvieron
una inversión de 611.654,17 euros, el director
general destacó otras en materia de accesibilidad de
los vehículos, en los que se tuvo en cuenta tanto a
familiares como a trabajadores, que contó con una
inversión concreta de 268.596,39 euros.
En concreto, Puig destacó el desarrollo de obras que
conviertan a la prisión en un centro 'responsable
medioambientalmente'. Así, apuntó que se ha puesto
en marcha un sistema para calentar el agua sanitaria
mediante placas solares, con el fin de reducir el
consumo de combustibles, con un presupuesto de
450.000 euros.
Finalmente en su intervención, el director general
agradeció el esfuerzo de la plantilla del centro
penitenciario durante las obras, para concluir que
se ha hecho una 'buena inversión' de los fondos del
plan E en el centro.
Entre otras actuaciones, se incluyó la construcción
de una nave destinada a talleres productivos, con
una superficie construida de 697 metros cuadrados
distribuida en planta baja y planta altillo para
oficinas, vestuario y almacén, dotada de un
presupuesto de 448.834,72 euros.
También el proyecto abarcó la reforma de la planta
sótano de la nave de talleres módulo 4 y pasarela
acceso a oficinas, dotada de una partida de
370.003,47 euros. |
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La
película 'Celda 211' ha hecho un flaco favor al
colectivo de los funcionarios de prisiones,
proyectando una imagen de crueldad que ahora
vuelve a ser denunciado (en la vida real) por la
familia del preso melillense Fuad Kaddur, muerto
en un accidente en la cárcel de Puerto III. Sus
allegados han levantado sospechas sobre un
trabajador de la prisión que, según ellos,
agredió y amenazó hace meses a Fuad. El
sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, a
cuya ejecutiva nacional pertenece Juan Carlos
Sánchez (funcionario de Puerto II) no ha tardado
en reaccionar y ha anunciado que denunciará a la
familia por levantar calumnias.
-¿Ha iniciado Acaip la
querella contra la familia de Kuddar?
-Vamos a dar un tiempo a la administración, que
es la que debe velar por sus trabajadores. Si no
lo pone en manos de los abogados, lo haremos
nosotros.
-¿Considera falsas las
acusaciones insinuadas por la familia?
-Totalmente. De hecho se van descubriendo sus
mentiras: ya se ha comprobado que el preso se
partió la pierna jugando al fútbol, está grabado
por las cámaras y fue atendido por un médico por
eso.
-¿A qué cree que se deben
entonces las afirmaciones de la familia?
-Lo que quieren es sacar dinero. Pero no saben
que la indemnización que consigan la van a tener
que gastar en abogados y multas por insultar a
los trabajadores.
-El sindicato se ha
manifestado contundentemente a favor de los
trabajadores que intervinieron tras la muerte.
-Nosotros respaldamos totalmente a los
trabajadores y sanitarios que acudieron el día
del accidente. Actuaron con mucha rapidez. No
pasó ni media hora cuando se avisó al juez y
habían intervenido ya los médicos.
-¿Se sabe si se trató de
un fallo de la puerta o de un error humano?
-El fallo de la puerta es evidente. Sea lo que
lo mató o no, lo tenía aprisionado. A nivel
nacional vamos a pedir que se haga una revisión
de todos los sistemas parecidos, porque no
queremos que se vuelva a repetir con un interno
o un trabajador.
-La muerte del preso
coincidió con la fuga de tres presos, también de
Puerto III. ¿Cómo se produjo esa huida?
-No hay que pensar que iban esposados, ni con
policías. Iban de excursión, por la calle, y lo
normal es que los acompañen cinco personas para
doce internos. Se sobreentiende que no se van a
fugar, porque les falta poco para cumplir la
condena y cuentan con permisos. Fuimos los
primeros sorprendidos.
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La
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) criticó este
viernes la "irresponsabilidad" de la
Administración Penitenciaria por el
peligro que supone la creación de un Taller de
costura para internas muy peligrosas, en el que se
les facilita tijeras en la cárcel valenciana de
Picassent. Así, explicó que el Módulo 20 de la
Unidad de Preventivos del centro penitenciario de
Valencia alberga a algunas de las internas
"más peligrosas de España", que "han
demostrado de forma habitual y reiterada" que son
"un peligro para otras internas, y también para
los trabajadores del centro penitenciario".
Así, recordó que estas internas han
protagonizado "graves incidentes" durante su
estancia en esta prisión, o en otros centros
penitenciarios, entre ellos agresiones entre
internas con lesiones de gravedad, peleas,
amenazas graves (algunas de ellas de muerte) y
coacciones a funcionarios. De hecho, entre todas
las internas de este Módulo suman, en este Centro,
en los últimos meses casi un centenar de
incidentes.
Además, varias de ellas han protagonizado
agresiones a funcionarias de Instituciones
Penitenciarias, tanto en este centro como en
otros. Por ejemplo, una de las internas del
módulo, "agredió brutalmente" el pasado 4 de abril
de 2009 a una funcionaria con un plato,
rompiéndoselo en la cabeza, causándole graves
heridas". Esta misma interna el pasado 17 de Enero
de 2010, intentó agredir a otra funcionaria,
teniendo que ser separada por otras internas.
Sin embargo, lamentó que la Administración
Penitenciaria, en lugar de aplicarles un
régimen de vida restrictivo dentro de la legalidad,
"premia a este tipo de internos", en este caso con
un Taller de Costura en el que
las internas tienen acceso al material propio para
llevar a cabo esta tarea, entre ellas tijeras.
"Nos encontramos, por tanto, con que es la
propia Administración la que está poniendo en mano
de las internas armas que pueden utilizar
contra otras presas, contra los voluntarios
que acuden al Centro, o contra los trabajadores de
Instituciones Penitenciarias", dijo. En ese
sentido, advirtió de que es "una irresponsabilidad
total" facilitar este tipo de "armas" a este tipo
de internas o internos que ya han demostrado que,
llegado el caso, "no dudarán en usarlas contra
quien sea".
Por ello, reprochó que en lugar de montar este
Taller en un módulo con internas que observen una
buena conducta, que puedan sacar algún tipo de
provecho al mismo, "lo hacen donde puede suponer
un peligro". "No es la primera vez que se produce
una situación de este tipo en prisiones de la
Comunidad Valenciana". Así, hace unos meses en el
Centro de Villena (Alicante) se creó un Taller
para internos muy peligrosos, también clasificados
en Primer Grado, a los que se facilitaba cútex y a
los pocos días de estar funcionando el taller,
hubo que cerrarlo porque un interno trató
de clavarle uno de esos cútex a otro en
el cuello, indicó.
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El Ministerio fiscal solicita que un interno del
centro penitenciario de Teixeiro sea condenado a
tres años de prisión por agredir a los funcionarios
de prisiones que le registraron su celda. El
procesado, según el escrito de calificación del
representante del Ministerio público, se abalanzó
contra las víctimas y les propinó múltiples
puñetazos y patadas.
Los denunciantes sufrieron, como consecuencia de las
heridas, varias lesiones en la cara. Uno de los
perjudicados necesitó asistencia médica y tardó en
curar dos días. La Fiscalía acusa al interno de
cometer un delito de atentado por el que solicita
que sea condenado, además de a tres años de prisión,
a pagar una multa de 720 euros. Los hechos
sucedieron sobre las cuatro de la tarde del 4 de
agosto de 2005. |
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Son las reclusas más peligrosas de España. Acumulan
una enorme cantidad de graves delitos y sólo en el
último mes estas presas atesoran más de un centenar
de incidentes con las funcionarias de la prisión
valenciana de Picassent. Sin embargo, la
concurrencia de estas complicadas circunstancias
lejos de representar un plus de peligrosidad y
cautela parece animar a Instituciones Penitenciarias
a "premiarlas" con una actividad que el sentido
común dicta como poco de inapropiada: curso de corte
y confección con su afilada herramienta fundamental,
las tijeras. Una situación de alto riesgo que ya han
denunciado los sindicatos penitenciarios pero que ha
contado con el silencio como única respuesta por
parte de la Administración.
Una queja que pese a estar perfectamente justificada
no ha tenido éxito alguno, situación que habilita a
las peligrosas reclusas, muchas de ellas acumulan en
sus espaldas agresiones consumadas a funcionarias,
para que sigan haciendo uso y disfrute de las
tijeras durante el tiempo que dura el taller de
costura. De nada ha servido las alarmas que han
saltado gracias a la denuncia del sindicato Acaip
que además pone de manifiesto el contrasentido que
representa que las funcionarias no puedan acceder al
módulo con sus defensas (las conocidas porras de
goma) y las reclusas sin embargo estén provistas de
tijeras. Una situación que pone en riesgo a las
trabajadoras de la prisión pero también a las
propias reclusas ya que entre ellas mismas se han
producido agresiones con lesiones de gravedad.
"Instituciones Penitenciarias premia a estas
reclusas en lugar de aplicarles un régimen de vida
restrictivo dentro de la legalidad", denuncia un
portavoz del sindicato Acaip que además propone que
este tipo de talleres se impartan en otro módulo de
reclusas menos conflictivas para evitar así
situaciones, como las que se están produciendo
ahora, de riesgo extremo. Además de la peligrosidad
patente, los funcionarios de Picassent creen que
este tipo de actividades "demuestra que la
Administración malgasta el dinero en talleres que no
sirven para nada y que son muy peligrosos y luego no
hay dinero para reparaciones urgentes como las de
tuberías o goteras". Un disparate que pese a la
denuncia, y según ha podido saber El Semanal
Digital, Instituciones Penitenciarias piensa
mantener.
¿Y qué opina de todo esto el Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana?, Ricardo Peralta,
representante del Ejecutivo y única persona que
podría mediar para solucionar esta comprometedora
situación ha calificado la cosa como de "auténtico
disparate". Pero no se hagan ustedes ilusiones
porque para lo que Peralta no es un disparate es que
las reclusas tengan en sus manos las peligrosas
tijeras, disparate para Ricardo Peralta son las
reclamaciones de los funcionarios de prisiones. Y yo
aporto aún más: disparate es que este señor sea
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Claro que si no hay buen señor es harto complicado
que haya buen vasallo. |
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El
portavoz de Acaip
en el centro penitenciario Puerto III asegura
que el sindicato denunciará por calumnias a la
familia de Fuad Kaddur, el preso melillense
fallecido el 25 de febrero al quedar atrapado
entre la pared y la puerta mecánica de su celda.
El representante de los funcionarios sostiene
que, en caso de que la Administración no salga
en defensa de sus empleados,
Acaip
emprenderá acciones legales contra quienes
mienten con el único objetivo de conseguir una
indemnización. Juan Carlos Sánchez está
convencido de que lo que pretende la familia, al
acusar a un trabajador de perseguir y agredir al
interno, es obtener un dinero que al final
gastarán en pagar abogados y hacer frente a las
multas que le imponga un juez por insultar a los
funcionarios.
La familia, sin embargo, continúa rechazando la
versión oficial y recordando que Fuad Kaddur
pidió protección a la dirección del centro al
sentirse amenazado por un funcionario. La tía
del fallecido sostiene que el cadáver de su
sobrino presentaba varios hematomas, golpes en
la cabeza y destrozos en el hígado y los
riñones. También afirma que uno de los
trabajadores le advirtió que no saldría vivo de
Puerto III y que, incluso, le partió una pierna
cuando estaba a punto de disfrutar de un
permiso. Los parientes del melillense -que
cumplía su noveno año de condena por robo con
fuerza e intimidación, delitos contra la salud
pública, lesiones y atentado contra la
autoridad-sostienen la teoría de que se ha
ejecutado una posible venganza contra Fuad
después de que este denunciara en noviembre a un
funcionario por propinarle «una paliza».
Desde Acaip
se rechazan rotundamente las acusaciones de la
familia y se asegura, respecto a la fractura de
la pierna, que el accidente se produjo mientras
el recluso jugaba al fútbol. Juan Carlos Sánchez
insiste en que existen imágenes grabadas por las
cámaras del centro que demuestran cómo
ocurrieron los hechos. También señala el
sindicato que tanto los trabajadores como los
sanitarios actuaron con rapidez y
profesionalidad cuando Fuad Kaddur quedó
aprisionado al salir de su celda. En cualquier
caso, aclara, será un juez quien dictamine si la
versión de la familia se ajusta a la realidad.
El responsable de Acaip
reconoce que «no hay nada que ocultar» porque la
Policía Judicial dispone ya de copias de las
imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.
Respecto a la persecución que denuncia la
familia, Sánchez explica que el recluso estaba
en un módulo de destino y que si hubiera
existido ese acoso se le habría enviado al
módulo de aislamiento o al de reincidentes. Lo
que también reconoce
Acaip es que se va a pedir una
revisión de todos los sistemas de cierre para
evitar que se vuelva a repetir el fallo evidente
que costó la vida a un preso de 31 años. El
cuerpo del melillense Fuad Kaddur llegó a la
ciudad el sábado por la noche, después de que se
le realizaran dos autopsias, para ser enterrado
a las 13.10 horas de ayer en el Cementerio
Musulmán.
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SANTIAGO.
«Hay peligros, de diferente tipo; los encuentras
en el capítulo de la seguridad, pero luego también
en cuanto a las enfermedades, que de eso
normalmente se habla poco». Es el panorama
dibujado para ABC por
Acaip, sindicato mayoritario en
prisiones, que alertó ayer de la masificación en
los centros penitenciarios gallegos, en concreto,
en A Lama y Teixeiro, que se encuentran,
concretamente en el caso del penal pontevedrés, al
140% de la capacidad para la que inicialmente
había sido proyectado.
El hacinamiento provoca que los funcionarios estén
desbordados; algunos, incluso, con problemas
psiquiátricos diagnosticados. Los cursos, talleres
y actividades sociales están, en ocasiones,
prácticamente sin cupo para atender a más
internos. En las penitenciarías de Galicia,
fallecieron en el transcurso de este año, al
menos, cuatro convictos que se encontraban
cumpliendo condena. J. C. G., natural de Vigo y de
29 años, falleció, según los informes conocidos, a
causa de una sobredosis por drogas. Su cadáver se
localizó en la celda en la que estaba con una
jeringuilla clavada en el brazo. Desde
Acaip se quejaron
de la importante cantidad de estupefacientes que
circula por los presidios, en especial,
nuevamente, en A Lama. Otro joven, en este caso de
Compostela, perdió la vida en Teixeiro. En enero,
en este mismo penal coruñés, pereció otro
muchacho, a raíz de un suicidio. Hubo un cuarto
fallecido, que debía abandonar la cárcel en
verano.
«Nunca ha habido tantos internos en las cárceles,
y el número de presos clasificados en primer grado
no había sido jamás tan bajo. Esto no ocurre
precisamente por los programas de tratamiento, sí
por las progresiones masivas y artificiales con el
objetivo de maquillar estadísticas», lamentaron
otras plataformas sindicales, como CSI-CSIF.
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La
sección tercera de la
Audiencia Provincial de Oviedo ha
condenado a doce años de cárcel a un recluso del
Centro Penitenciario de
Villabona que fue sorprendido en marzo de
2006 con 0,46 gramos de heroína distribuidos en
diez papelinas listas para su venta.
La sentencia considera a C.J.P.P., de 35 años,
autor de un delito contra la salud pública con
la agravante de reincidencia, ya que había sido
condenado en otras dos ocasiones por traficar
con estupefacientes.
En concreto, se encontraba cumpliendo condenas
de nueve y dos años de cárcel por sendos delitos
contra la salud pública por los que fue
condenado en septiembre de 2000 y abril de 1999.
El tribunal considera probado que el acusado
tenía dispuesta la heroína para su venta a otros
presos de la cárcel y no, como alegó durante la
vista oral, para su consumo personal.
La droga le fue intervenida en una pequeña
cartera que colgaba de su cuello durante un
registro efectuado por funcionarios de la
prisión de Villabona el 5 de marzo de 2006.
La heroína, valorada en poco más de 45 euros,
tenía una pureza del 22 por ciento.
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Muchos
de los internos del centro penitenciario de
Sangonera La Verde batallan cada día con una
doble condena. La primera son los días que les
restan entre rejas. La segunda, su adicción a
las drogas. Una enfermedad que atenaza al 30% de
los presos, según fuentes penitenciarias, y que
otorga gran valor a la más nimia cantidad de
droga. Una realidad que tal vez pueda explicar
el comportamiento de una mujer, embarazada de
nueve meses, que fue detenida el pasado fin de
semana cuando trataba de introducir hachís en la
prisión.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado al
mediodía cuando la mujer, de nacionalidad
marroquí y en su noveno mes de gestación, se
acercó al centro penitenciario para mantener un
'vis a vis' con un familiar. Los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias la sometieron al
habitual cacheo por el que pasan los familiares
que quieren entrar en el centro y descubrieron
que ésta guardaba un sospechoso paquete bajo su
abultada barriga. Concretamente, ésta había
colocado el paquete entre su barriga y el
elástico de su pantalón de chandal. En su
interior, la mujer transportaba 200 gramos de
hachís. Una cantidad importante que obligó a los
funcionarios a comunicar el hallazgo a los
agentes de la Guardia Civil que, poco después,
detenían a la mujer en el centro.
«Normalmente las cantidades que encontramos son
muy pequeñas», explicó a 'La Verdad' Francisco
Marín, director del centro penitenciario. «Tanto
que ni siquiera dan lugar a detención, pero el
caso de esta mujer ya era una cantidad
importante». El hallazgo de droga en la prisión
no es algo habitual, sin embargo, Instituciones
Penitenciarias le ha declarado la guerra a la
entrada de sustancias estupefacientes en las
cárceles españolas y ya se ha puesto manos a la
obra.
Actualmente, cuando un amigo o familiar va a
visitar a un preso se le pasa una 'raqueta' de
detección de metales. «La ley permite la
palpación, en caso de sospecha», explica Marín.
«Si el visitante se niega, no comunica». En el
caso de que lleve algún objeto para el interno,
éste pasará por los rayos X. «Suelen ser libros
y cosas así, porque la comida tampoco está
permitida».
Controles insuficientes
Estos controles, sin embargo, son insuficientes
en el caso hipotético de que el visitante lleve
la droga en el interior de su cuerpo.
«Actualmente no podemos hacer nada porque no
vamos a hacer una palpación rectal o vaginal por
una sospecha», explica Marín. Instituciones
Penitenciarias ya está trabajando para cubrir
este vacío.
En 15 centros españoles se están testando
métodos para detectar la introducción de droga
por estos métodos. Se trata de ecógrafos - a los
que podrían someterse incluso las mujeres
embarazadas- y de aparatos que detectan el
contacto con la droga por el sudor de la
persona. El personal del centro recibirá, como
explicó Marín, una formación específica para el
manejo de estos aparatos, que también se
implantarán en Murcia.
Además, algunos centros han abierto sus puertas
ya a la entrada de perros 'antidroga' capaces de
captar con su olfato la más mínima cantidad de
droga. El objetivo no es otro que ayudar a los
internos a desprenderse de, al menos, una de sus
condenas.
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El interno del centro penitenciario lucense de
Monterroso que protagonizó un intento de motín, que
requirió la intervención de varios funcionarios para
aplacarlo, será trasladado de prisión, al igual que
otros dos internos que lo secundaron. Así lo
señaló hoy el director del centro, Víctor Fraga,
quien confirmó que el jueves de la pasada semana un
interno no atendió a los requerimientos de un
funcionario para levantarse de la cama a primera
hora de la mañana y, tras recriminarle esta
conducta, se enfrentó al trabajador.
"Empieza la cosa por una pequeña desobediencia y
el interno mantiene su actitud y, además, es
reforzado por otros dos presos", comentó e indicó
que después "se llama al jefe de servicio y a otro
funcionario más". "Se hacen cargo de la situación,
pero los internos mantienen la actitud de apoyo al
otro recluso y hubo que reducirlos", relató.
Fraga constató que ésta fue una conducta que
"altera la normal convivencia, el respeto a los
internos y a los funcionarios", por lo que se
mantiene aislado a los participantes en la trifulca,
que serán trasladados de centro penitenciario.
Las medidas que se han adoptado pasan por el
aislamiento y ahora, "se hará una revisión por la
Junta de Tratamiento de las circunstancias que
sucedieron y, en función de la actitud del reo, que
no deja de ser grave, se hace una revisión de la
situación y se propone el traslado del centro y una
regresión del grado".
El enfrentamiento fue, según puntualizó el
director, "con las manos limpias" y "dentro de esa
situación de respuesta airada por el interno hubo
una contención por los funcionarios". Fraga resaltó,
de esta forma, la "profesionalidad" con que se
actuó.
Salida de presos
Pese a este altercado, el director del centro
penitenciario aseguró que no se alteró el
funcionamiento de la prisión y confirmó que para
mañana se mantiene una salida de cuatro internos
para hacer una parte del Camino de Santiago, entre
Portomarín y Palas de Rei.
Al respecto, el director de la cárcel de
Monterroso concretó que para mayo llegarán a
Santiago y pernoctaran antes de la entrada en
Compostela en el Monte do Gozo. |
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El sindicato Acaip
denunció hoy que un módulo del Establecimiento
Penitenciario de Picassent (Valencia) que alberga a
internos peligrosos no cuenta con arcos detectores
de metales desde hace seis meses, que permita
comprobar si los reclusos portan algún tipo de
objeto metálico peligroso, por lo que advirtió de
que "se está poniendo en grave peligro la seguridad
de los funcionarios que trabajan en ese departamento
y no se puede garantizar la completa integridad de
los internos". Según informó el sindicato en un
comunicado, se trata del módulo 27 de la Unidad de
Preventivos, que alberga a internos que, en su
mayoría, han protagonizado algún tipo de altercado
regimental, bien con otros internos o con
funcionarios, por lo que "es necesario un mayor
control sobre ellos".
Asimismo, comentó que acoge a internos que han
"demostrado su inadaptación" al régimen de vida de
otros módulos del centro, que han sido acusados de
amenazar o extorsionar a otros internos, que tienen
problemas graves con otros compañeros de
internamiento o a los que se les ha incautado algún
"pincho" carcelario. Además, apuntó que,
periódicamente, alberga a algún interno clasificado
en primer grado, como los más peligrosos.
Sin embargo, aseguró que ninguno de los dos
arcos detectores de metales que había en el módulo
funcionan desde hace más de seis meses, por lo que
los funcionarios de servicio han realizado "multitud
de informes al respecto, pero sin que haya valido
para nada".
Según explicó, los arcos detectores de metales
son "imprescindibles" para un control efectivo sobre
los internos destinados en el departamento al que se
refiere, ya que permite comprobar si portan algún
objeto metálico peligroso que puedan emplear contra
otros internos o contra los funcionarios de
servicio, sobre todo cuando alguno de los internos
destinados en este departamento ya han sido
portadores de "pinchos" con anterioridad.
Acaip
denunció que la respuesta facilitada por la
Administración penitenciaria es "la misma de
siempre", que "no hay otro arco en todo el
establecimiento y no hay posibilidades de repararlos
por su alto coste económico".
En su lugar, indicó que se ha puesto a
disposición de los funcionarios una "raqueta"
detectora, cuya efectividad, dijo, es "infinitamente
menor y, además, provoca un mayor contacto físico
con los internos, algunos de los cuales puede
presentar un estado de agresividad y alteración que
hacen que la utilización de la misma sea
desaconsejable".
El sindicato resaltó que "cualquier organismo
público al que acuden cada día los ciudadanos, como
Hacienda o los juzgados, tiene en la entrada un arco
detector de metales", a lo que añadió que, "con más
motivo, debería haber uno en un módulo que alberga a
internos de estas características de un centro
penitenciario".
Por ello, para Acaip,
la permanencia en el tiempo de esta situación es
"totalmente inadmisible" y "un despropósito más en
la gestión de los responsables del Establecimiento
Penitenciario de Valencia y de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias, a quienes se les
llena la boca con proyectos y programas
deslumbrantes, con el fin de ocultar las miserias de
los centros que de ella dependen". |
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CÓRDOBA. El juzgado de Instrucción número 3 de
Córdoba ha resuelto que prosigan las actuaciones
contra seis internos del centro penitenciario de
Córdoba por su participación en un motín que tuvo
lugar el 18 de noviembre de 2006 y en el que
resultaron heridos cuatro reclusos y tres
funcionarios.
El tumulto se inició en torno a las 18.00 horas.
Un par de internos del módulo 14 (reclusos
ordinarios, en régimen de segundo grado)
comenzaron una discusión en la que empezaron a
agredirse entre sí con «pinchos» que ellos mismos
se habían confeccionado. Entonces, los
trabajadores intentaron disolver la trifulca, pero
no pudieron controlar la situación.
Los confinados les atacaron, amenazándoles con las
citadas armas en el cuello y abdomen para que no
interviniesen ni parasen la pelea.
Durante unos treinta interminables minutos, los
presidiarios retuvieron a los trabajadores, hasta
que llegaron refuerzos para acabar con el motín.
El resultado de la rebelión fue de cuatro reclusos
heridos (tres leves y uno moderado) y otros tres
funcionarios lesionados por los golpes sufridos,
algunos de los cuales precisaron asistencia de
urgencia en la enfermería del centro, si bien
ningún trabajador fue atacado con las armas que
los internos portaban.
En la trifulca participaron alrededor de unos
treinta presos, pero en la causa se encuentran
imputados J.V.S., E.C.C., F.M.T., E.V.F., J.G.G. y
F.V.J.O. como cabecillas de la revuelta.
La máxima responsable del centro penitenciario
cordobés, que por aquel entonces era Elena Puerta,
reconoció que «ya hemos tenido algún que otro
problema con los reclusos que, presuntamente,
iniciaron la trifulca. Se trata de presos bastante
conflictivos».
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La situación que vive el Centro Penitenciario de Las
Palmas no es el más idóneo. La falta de personal se
está traduciendo en un aumento de los conflictos y
las agresiones. En los últimos dos meses, cinco
funcionarios de El Salto del Negro han sido
agredidos. Mientras aumentan los roces y conflictos
entre los internos. Los representantes de los 400
trabajadores del Centro Penitenciario de El Salto
del Negro se encerraron ayer en el despacho del
director del complejo como medida de presión ante
las carencias de personal con la que se están
enfrentando. «Pedimos hace un mes y medio 60
funcionarios en prácticas para esta prisión y nos
mandaron sólo 25. Con este personal no podemos
garantizar la plena seguridad», denuncia Juan Manuel
Alacid, delegado de Acaip
en Las Palmas. |
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Un interno del centro penitenciario de Teixeiro
ocupará la próxima semana el banquillo de los
acusados para responder por un delito de lesiones
por el que el fiscal pide para él tres años de
prisión. Le imputa haber agredido a los funcionarios
de prisiones que le registraron su celda. El
procesado, según el escrito de calificación, se
abalanzó contra las víctimas y les propinó múltiples
puñetazos y patadas. Las víctimas sufrieron varias
lesiones en la cara. |
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La
vida da muchas vueltas. El que en un tiempo
ocupó una de las celdas de la cárcel de
Picassent ahora realiza las prácticas de
funcionario en esa misma prisión. En un futuro
puede que se encargue de vigilar a los que
fueron sus compañeros, aunque todavía no está
claro su destino. Una muestra de la reinserción.
El caso de este hombre -se oculta su identidad
por razones de seguridad como ocurre con
cualquier otro funcionario- es significativo.
Fue condenado en su día por un asunto de drogas
e ingresó en una prisión cercana a la Comunitat,
según las fuentes consultadas por LAS
PROVINCIAS. Luego fue trasladado a Picassent. En
la cárcel valenciana cumplió la parte final de
su pena.
El hombre quedó en libertad a mediados de 2008.
Y fue entonces cuando decidió presentarse a las
oposiciones de funcionario. Optó por buscarse un
empleo al otro lado de la celda. Y logró aprobar
el examen. Ahora debe concluir con su periodo de
prácticas.
La situación de este funcionario es conocida por
buena parte de los trabajadores de la cárcel de
Picassent. El rumor es una constante desde hace
semanas en las conversaciones entre
funcionarios, algunos recelosos de su nuevo
compañero. El asunto ha llegado incluso a la
dirección. LAS PROVINCIAS contactó ayer con el
funcionario, quien no negó los hechos, aunque
declinó hacer declaraciones.
Desde el sindicato mayoritario en prisión,
Acaip,
explicaron recientemente que les parecía «grave
que la dirección de la prisión no haya informado
a los trabajadores o al menos a los responsables
de las prácticas».
El comentario en la
cárcel
No se trata de difundir una información -que
todos consideran «delicada»- en un tablón de
anuncios «pero sí que se debería haber
notificado». Desde otro de los sindicatos en la
prisión, el CSI.F, también les constaba esta
información, pero no ofrecieron más datos.
La primera parte de estas prácticas consiste en
un periodo de formación de aproximadamente un
mes. Se trata de instrucciones teóricas sobre
cómo se debe actuar en una penitenciaría.
Las fuentes consultadas no pudieron precisar si
se quedará en Picassent o se marchará a otra
prisión de la Península. No obstante, lo más
probable es que decida otro destino.
Instituciones Penitenciarias ya conoce este
asunto, pero evitaron ofrecer más detalles del
caso. Fuentes de Prisiones explicaron que no
pueden revelar ningún dato personal de su
plantilla de funcionarios.
No obstante, recordaron que no sería un caso
excepcional en el panorama penitenciario
español. Son situaciones complicadas ante las
que nada se puede hacer. Existe al menos un
precedente entre la población reclusa española.
Se trata de un hombre que atentó contra un
periódico de difusión nacional hace ya casi
treinta años. Cuando cumplió la condena se sacó
una plaza de funcionario de prisiones.
Evidentemente, en el caso actual se trata de un
«delito menor» comparado con aquel.
El precedente ya despertó el malestar incluso
entre los más altos responsables del ministerio
del Interior. Fue entonces cuando se encargó un
informe para tratar de encontrar fórmulas
legales que impidieran el acceso a las cárceles
de personas con este tipo de antecedentes.
La conclusión es que resultó imposible. Se
toparon de frente con la ley. La norma no exige
tener los antecedentes penales limpios para
desempeñar un puesto de funcionario. Ni en este
supuesto ni en ningún otro, añadieron fuentes
sindicales. Acaip
insiste en que han reclamado en otras
ocasiones la modificación de esta norma para
evitar situaciones como la que ahora se vive en
Picassent.
De todos modos, una medida de este tipo
supondría, en parte, dificultar la reinserción
social de los reclusos, una de las máximas sobre
las que pivota la política de Instituciones
Penitenciarias.
Además, el hecho de que se impidiera el acceso a
personas con antecedentes no evitaría su posible
llegada sino que alargaría el plazo hasta que
los antecedentes caducasen, según explicaron las
fuentes consultadas.
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Los sindicatos se encierran en Salto del Negro para exigir más
personal |
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11/03/10 |
Miembros de CSI-CSIF y Acaip
"tomaron" ayer el despacho del director del centro
penitenciario grancanario para arrancarle el compromiso de
que hará lo posible para aumentar la plantilla de inmediato,
ya que la falta de personal y la masificación han hecho que
las agresiones a funcionarios se multipliquen.
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Los sindicatos con mayor representación en el Centro
Penitenciario Salto del Negro de Gran Canaria le
dieron ayer un ultimátum al director de la prisión,
Miguel Ángel Gaspar, para que "dé más la cara y haga
lo que tenga que hacer para conseguir más personal
para el centro, porque la situación es muy
preocupante". Así, los representantes de CSI-CSIF
y Acaip
protagonizaron ayer un encierro en el despacho de
dirección con el que trataron de forzar un
compromiso formal.
"Lo que no puede ser es que tengamos masificación
(actualmente hay alrededor de 1.400 internos) y una
situación muy complicada como la que tenemos, que
además se vayan 37 funcionarios y que desde Madrid
nos manden 25, y que encima el director haga como
que no pasa nada y diga públicamente que aquí todo
funciona perfectamente", explica el portavoz del CSI-CSIF,
Jesús Fernández.
Después de "la toma" pacífica del despacho,
Miguel Ángel Gaspar informó de la situación a
Instituciones Penitenciarias, que recordó que el
procedimiento era que si no cesaban en su empeño
debería llamar a las fuerzas del orden público; sin
embargo, los líderes sindicales le trasladaron su
intención de "dejar clara nuestra reivindicación y
de negociar sin mayores problemas".
Ya más tranquilo, Gaspar accedió a debatir la
situación con los representantes sindicales y no
llamó a la policía para que los desalojara.
"Nuestra queja no es contra ti, sino contra la
falta de sensibilidad que está teniendo Madrid ante
la situación que se vive en el centro", le dijo
Jesús Fernández al director antes de trasladarle su
preocupación por "el hecho de que siempre que sales
en la prensa dices que aquí no ha problemas, que
esto está lleno de poetas y que todo es bonito,
cuando lo cierto es que nunca ha habido peor clima
ni más agresiones que ahora".
En este sentido, Fernández, le pidió al director
que "dé más la cara y reclame más plazas. Que haga
más. Que tenga más iniciativa, porque lo que no es
normal es que teniendo la prisión con más problemas
de Canarias sea a la que menos personal se ha
destinado".
Cabe recordar que Instituciones Penitenciarias ha
acordado enviar 25 nuevos funcionarios a Salto del
Negro durante 2010, dándose la circunstancia de que
serán 37 los que abandonarán sus puestos por
traslados u otros motivos.
"En Tenerife se acaba de abrir un nuevo Centro de
Inserción Social con el correspondiente aumento de
personal. En Lanzarote igual, y eso que no tiene
problemas de hacinamiento ni de personal, por eso es
incompresible lo que sucede aquí y hay que
denunciarlo, sobre todo ahora que en sólo dos meses
se han producido cuatro agresiones a funcionarios
por parte de los internos".
Aunque los funcionarios abandonaron su encierro a
las cuatro de la tarde con el compromiso de Miguel
Ángel Gaspar de que "haría todo lo posible para
conseguir mejoras", no cesarán en su intención de
mostrar su rechazo a la situación actual y ya han
convocado para dentro de quince días una
concentración a la puertas del centro penitenciario
y otra, aún sin fecha, ante la sede de la Delegación
del Gobierno.
"Hace unos días que solicitamos una entrevista
urgente con la delegada del Gobierno en Canarias,
Carolina Darias, y hasta la fecha no nos ha
respondido, de manera que esperaremos a ver qué es
lo que hace, porque queremos trasladarle que se
trata de una situación delicada y que hace falta que
se tomen medidas de inmediato, sobre todo para
garantizar la seguridad de los trabajadores y de los
propios internos". |
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El traslado de las mujeres internas a otro centro
para liberar espacio y solucionar, en parte, el
hacinamiento de la prisión provincial. Esta medida
ha sido rechazada frontalmente por el director,
Manuel Martínez, quien confirma que no se ha llegado
a contemplar como posibilidad. No obstante, reconoce
que el hacinamiento existe aunque, en la actualidad,
“no hay otra opción”.
Esta medida paliativa, cuyo planteamiento había
surgido en los últimos días, tendría como objetivo
último los problemas de exceso de población. Sin
embargo, Martínez lo niega tajantemente: “No ha sido
planteada en ningún momento por Instituciones
Penitenciarias”.
El rechazo a esta iniciativa no es óbice para que el
director reconozca que la prisión sufre un
hacinamiento. Suman más de 750 internos en su
interior, lo que incrementa los niveles de
inseguridad también para los funcionarios. “Es una
cuestión de toda España, donde las cárceles suman
76.000 internos; no podemos hacer más que no sea
gestionarlo”, advierte Martínez, quien lamenta que
hoy “no existe otra opción”.
La solución no llegará a corto plazo. Se construye
un nuevo centro en Málaga que permitirá repartir
algo más la población reclusa. Sin embargo el
“incremento sostenido” de ésta ha disparado todas
las previsiones. Prueba de ello es que el pasado año
se rozaron los 800 presos en una prisión que está
construida para albergar 450 plazas. “La mayoría de
los trabajadores se habitúa a trabajar en esas
condiciones”, destaca resignado el director.
Los funcionarios
Los sindicatos Acaip
(mayoritario en la prisión) y CSIF han
denunciado, en reiteradas ocasiones, los peligros y
la inseguridad que genera el hacinamiento en el
centro provincial. |
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El
sindicato de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip)
insistió ayer en una de sus demandas: pedir los
antecedentes penales para ocupar una plaza de
funcionario en una prisión, circunstancia que
actualmente no se exige, según confirmó
Instituciones Penitenciarias.
La iniciativa cobra actualidad después de que
LAS PROVINCIAS adelantara que un ex preso de la
cárcel valenciana ha aprobado las oposiciones y
se encuentra realizando las prácticas en la
misma prisión en la que un día estuvo recluido.
Una muestra de reinserción.
Algunos funcionarios, sin embargo, comprueban
con cierto recelo a su nuevo compañero. «Este no
es un puesto como el de otro funcionario»,
argumentan desde Acaip.
El sindicato explica que en la prisión, «la
confianza» en el compañero es una herramienta
básica de trabajo. «Y más todavía tal y como se
están poniendo las cosas. No hay que olvidar que
se trata de un medio hostil», insistieron en
referencia a la conflictividad y los riesgos de
su puesto de trabajo.
De todos modos, desde el sindicato aclaran que
la «confianza se la tiene que ganar». Con el
paso del tiempo, el funcionario puede ser uno
más en el grupo.
Por eso, ante esta inicial desconfianza, desde
la organización de trabajadores se solicitó
recientemente a la dirección de la prisión una
información al respecto de este funcionario.
Todavía no han recibido respuesta que, según
Acaip, se
producirá por escrito, tal y como les dijeron
los responsables.
Desde la entidad comprenden que se trata de un
«asunto complicado» porque no hay que olvidar
que el nuevo funcionario, ahora en prácticas, es
una persona que ya ha cumplido su deuda con la
sociedad al estar en prisión.
El sindicato CSI-F mostró su «sorpresa» por este
caso. Lamentó que Instituciones Penitenciarias
no disponga de medios para evitar que estos
supuestos puedan llegar a producirse en las
cárceles. No obstante, se mostraron cautos antes
de conocer todo lo relativo a este caso.
Sin embargo, desde Prisiones ya comentaron la
pasada semana a LAS PROVINCIAS que no se puede
impedir el acceso de personas con antecedentes a
plazas de funcionarios. El problema se planteó
con un precedente. Un ex preso que atentó contra
un periódico de tirada nacional a principios de
los ochenta y, posteriormente, tras cumplir la
condena consiguió su plaza de funcionario. La
gravedad del delito no es comparable.
Precedentes en prisiones
Aquel caso despertó la alarma en el departamento
de Prisiones, dependiente del Ministerio del
Interior, que realizó diferentes consultas y
preparó un informe acerca de esta atípica
situación. Nada se podía hacer al respecto.
El ex preso que ahora es funcionario estuvo
recluido en una prisión de fuera de la Comunitat
por un asunto relacionado con las drogas. Luego
fue trasladado a la cárcel de Picassent hasta
mediados de 2008, cuando quedó libre. A
continuación, se presentó a las oposiciones y
logró la plaza.
Ahora deberá concluir con su periodo de
formación, una vez completada la fase de
teórica, en esta prisión o en otra de la
Península. Serán aproximadamente unos trece
meses de trabajo hasta pasar a ocupar ya su
plaza definitiva.
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(ACAIP) Esta
madrugada, aproximadamente a las 4:00 los
funcionarios de servicio en el módulo de Ingresos de
la Prisión de Alhaurín de la Torre encontraron al
interno de origen marroquí E.A.M. muerto en su
celda. Tras poner el hecho en conocimiento del Jefe
de Servicios y tras certificar la muerte del interno
por los servicios médicos del centro, se comunicó el
hecho a las autoridades.
Esta mañana, tras el levantamiento del cadáver por
orden judicial y el análisis de la celda por
miembros de la policía judicial (procedimiento
habitual tras este tipo de sucesos), se procedió al
traslado del interno para efectuar la autopsia.
Se desconoce la causa de la muerte, aunque algunas
fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas.
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La
Audiencia Nacional ha condenado a los miembros de
ETA Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo a 28 años
de prisión por el asesinato del funcionario de
prisiones Máximo Casado y por los daños
terroristas causados en una veintena de vehículos.
A los dos se les prohíbe además aproximarse a la
viuda e hija de la víctima durante cinco años y
acudir a Vitoria o al lugar de residencia de los
familiares.
El tribunal considera probado que Juan
Carlos Subijana, alias 'Txampi' y
'Kepa', y Zigor Bravo
eran miembros de la organización terrorista ETA y
que en el año 2000 integraban uno de los
denominados comandos de información.
Bravo conocía que en el mismo inmueble
donde residían sus padres vivía el funcionario de
la prisión de Nanclares de la Oca Máximo
Casado Carrera, que aparcaba su vehículo en el
garaje comunitario. La información se la
transmitió a Subijana, quien viajó a Francia para
facilitar los datos y la llave de acceso al garaje
a miembros de la organización terrorista dentro de
una campaña de la banda armada "contra el poder
judicial y carceleros".
Así, miembros no identificados de ETA colocaron
un artefacto explosivo del tipo lapa,
a la altura del asiento del conductor, en el
vehículo del funcionario, que hizo explosión el 22
de octubre de 2000, causando su muerte.
Como consecuencia de la explosión, además, se
generaron desperfectos en una veintena de
vehículos que se encontraban estacionados en el
garaje. La acción terrorista fue reivindicada por
ETA en un comunicado publicado en el diario 'Gara'
el 19 de noviembre de 2000.
El tribunal considera que los
documentos intervenidos en los domicilios de los
acusados acreditan su relación con ETA y su
trabajo como informadores al servicio de
la organización terrorista. Asimismo, la Sala
rechaza que facilitar ese tipo de informaciones
pueda absorberse por el delito de colaboración o
pertenencia a banda armada y condena a los
acusados por un delito de asesinato terrorista.
En su escrito, el tribunal fija la pena en la
parte más alta de la mitad inferior debido a la
"especial repugnancia" que genera por su
especial perversidad que la información se
trasmita por persona que es o ha sido
vecino de la persona asesinada, que el
asesinato se produzca en las instalaciones comunes
que se comparten y aprovechando el conocimiento
que genera esta especial relación de vecindad, así
como por la "especial cobardía del medio
empleado" a 25 años de prisión.
Por el delito de daños terroristas les impone
la pena máxima de tres años de prisión. Asimismo,
prohíbe a los dos acusados a aproximarse a la
viuda e hija por cinco años y a acudir a la
capital alavesa. Los acusados deberán
indemnizar a la mujer e hija de la víctima con
400.000 euros a cada una de ellas, y
deberán abonar al Consorcio de Compensación de
Seguros 62.730 euros. La sentencia puede ser
recurrida ante el Tribunal Supremo.
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Ya no hay obstáculos para que comiencen las obras
del nuevo centro penitenciario en el paraje de La
Laguna. El Ministerio de Medio Ambiente resolvió de
modo favorable el trámite que faltaba para ejecutar
el proyecto que promueve la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).
El Ministerio dio el visto bueno a la declaración de
impacto ambiental del centro, que se ubicará en el
paraje La Laguna. El subdelegado del Gobierno,
Vicente Ripa, confirmó ayer el pronunciamiento
“favorable”, firmado el miércoles. A la
Subdelegación no le constan por ahora las posibles
correcciones introducidas en los documentos. Una vez
que la declaración de impacto se publique en el
Boletín Oficial del Estado, la construcción
arrancará “inmediatamente”, explicó Ripa. El anuncio
pone fin al procedimiento abierto en marzo del año
pasado, cuando la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio decidió someter
el proyecto a la evaluación de impacto. Si bien su
culminación se esperaba para finales de 2009, las
diferentes consultas entre los órganos implicados
retrasaron el resultado sobre la prisión de 720
celdas.
Por su parte, el alcalde, Carlos Martínez, se
felicitó por la conclusión del “trámite que impedía
el desarrollo de las obras”. Su inició será
inmediato, refirió tras conocer del Ministerio la
conformidad al proyecto. La comunicación se produjo
en el ámbito de las “rondas de trabajo” que el
equipo de Gobierno mantiene con diversos
departamentos ministeriales, entre ellos Medio
Ambiente, Industria y Fomento. La declaración es el
“último” paso antes de que las máquinas comiencen a
funcionar.
Tanto Ripa como el alcalde destacaron el volumen de
empleo que movilizará el nuevo centro penitenciario.
“Alrededor de 800 personas” trabajarán en la
edificación, cuyo plazo de ejecución es de 22 meses.
Al finalizar, medio millar de funcionarios “de todo
tipo” prestarán servicio en la instalación, indicó
el subdelegado. El Boletín Oficial del Estado
publicó el pasado octubre la adjudicación de los
trabajos a favor de la empresa Acciona
Infraestructuras, por un presupuesto de 80,5
millones de euros. A esta cifra habrá que sumar los
más de quince millones en que se valora el
equipamiento de la prisión. La inversión representa
“diez veces” la prevista en 2010 para el Plan E.
Lo primero que tendrá que ejecutarse será la
explanación de los terrenos, labores iniciadas hace
un año e interrumpidas el pasado marzo después de
que la Junta abriera sendos expedientes por los
movimientos de tierra y la tala de árboles en La
Laguna, junto a Valonsadero. Si bien las medidas de
la Junta apenas tuvieron repercusión (uno se archivo
al cabo de meses y del otro podría derivarse una
sanción mínima), las operaciones en el paraje no
podían reanudarse en tanto la declaración de impacto
no estuviera lista. En estos momentos sólo queda su
publicación oficial.
Mientras se producían las consultas y estudios en el
Ministerio de Medio Ambiente, la SIEP adelantó
etapas en la construcción. Hace unas semanas inició
los trámites para expropiar los terrenos afectados
por la canalización de agua desde el depósito
municipal hasta el nuevo centro, así como por los
accesos. A inicios de este mes licitó en 390.000
euros la tubería de abastecimiento de agua potable.
El pasado viernes, la Junta de Gobierno Local aprobó
el convenio con la sociedad estatal, por el que la
ciudad recibirá de modo directo un millón de euros.
Las actuaciones que el Gobierno debe realizar en
materia de depuración, abastecimiento y mejoras en
el barrio de Las Casas se cuantifican en otros
cinco. El PP criticó la decisión unilateral del
órgano de Gobierno, al estimar que el acuerdo debía
pasar por el pleno. También recordó que el texto no
establece de manera inequívoca la reversión al
municipio de la parcela de la actual prisión.
Las dotaciones penitenciarias en Soria tienen que
completarse con un Centro de Inserción Social, del
que por ahora sólo se conoce que tendrá 52 celdas
dobles y que posiblemente el Consistorio tenga que
aportar un solar.
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Cataluña.- Un
preso: 88 euros/día |
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15/03/10 |
Las cárceles catalanas tienen
15.525 reclusos | El alquiler de tres nuevos centros
penitenciarios ha disparado el gasto de Justícia |
Un preso le cuesta 88,29 euros al día al
departamento de Justícia de la Generalitat. Y en las
cárceles catalanas hay más de 10.500 internos.
La cifra engloba el gasto medio por recluso
contemplando hasta el último detalle que tiene
relación con el sistema penitenciario: desde la ropa
que usa un funcionario de prisiones, al café con
leche, con tostada con mermelada y cruasán, que se
come cada día un interno para desayunar. María Jesús
Martínez, directora general de Recursos y Régimen
Penitenciario de Justícia, dice que es una cifra
elevada y que este año se han apretado el cinturón
para lograr "un déficit 0".
El teléfono, la luz, las mesas de comedor, los
colchones, los tratamientos, la educación y los
sueldos de los funcionarios (actualmente son unos
5.400) computan en la media del coste del preso.
"Una cárcel es como una ciudad con sistema educativo
y sanitario, y no es lo mismo un recluso que padece
una enfermedad que uno sano, porque el enfermo nos
saldrá más caro", explica Martínez.
Un recluso tiene gafas graduadas gratis, una
ortodoncia cubierta y toda la medicación pagada por
la Generalitat: "Si todos somos iguales ante la Ley,
no me parece justo", dice el presidente del sector
de prisiones del sindicato CSI.F, Joan Escamilla,
quien añade: "Yo pago la ortodoncia de mi hijo". La
alimentación de un preso cuesta nueve euros al día.
Incluye desayuno, comida, merienda y cena: "Los
condenados suelen engordarse porque hacen dieta
equilibrada", explica la directora de recursos. Hay
menús vegetarianos, para musulmanes y mediterráneos.
Según el Boletín de Información Estadística
Penitenciario de 2009 -al que ha tenido acceso ADN
el coste de un preso ha crecido considerablemente
desde 2005. Entonces los catalanes pagaban por cada
interno 59,95 euros: "El incremento se debe al alto
alquiler que pagamos en las tres nuevas cárceles: 25
millones de euros", explica al referirse a Lledoners,
a Brians 2 y a la prisión de jóvenes de Quatre
Camins. Según el Boletín penitenciario, el año
pasado se cerró con un total de 10.525 presos, un
4,71% más que en 2008. Curiosamente, las medidas
alternativas salen muchísimo más baratas que el
mantenimiento de un interno en régimen cerrado. Tan
sólo cuestan tres euros al día.
EL PERFIL
Hombre, español, entre 31 y 40 años
El perfil del preso en Cataluña: hombre (92%)
español (56,6%) entre 31 y 40 años (35,7%) penado
(79%), condenado por un delito contra el patrimonio
(52,5%) y con una condena media de 2.977 días, según
el Boletín penitenciario del Departament de Justícia.
Un perfil que, según señala el informe, ha ido
cambiando desde 2001, cuando el porcentaje de
españoles era de un 74%. Los delitos más numerosos
son los robos con o sin violencia y los delitos
contra la salud pública. Escamilla señala que la
saturación en las cárceles viene acompañada del
aumento de condenados por dar positivo en controles
de alcoholemia.
TOP 3 OCUPACIÓN
1 La modelo. Histórica y
centenaria cárcel de Barcelona a la que le quedan
los días contados. "Está muy saturada", alerta Joan
Esca-milla, presidente del sector de prisiones de
CSI.F. Según dice, hay 1.950 preventivos a seis
reclusos por celda, cuando la ley exige sólo uno.
2 Cuatre camins. Construida en
la década de los 90 y situada en la Roca del Vallès.
Actualmente cuenta con unos 1.900 reclusos en
cumplimiento de condena, a dos internos por celda.
3 Brians 1. Una prisión también
construida en la década de los noventa, según
explica Joan Escamilla, que cuenta con unos 1.800
internos, a dos reclusos por celda. "La saturación
es preocupante", alerta. |
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El
Tribunal Supremo ha rebajado de nueve a un año y
medio de cárcel la pena impuesta a una mujer por
llevar hachís y heroína a su hijo que se
encontraba preso, al reconocer el tribunal «lo
difícil» que es para una madre, sabiendo que su
hijo es toxicómano, negarse a facilitarle «algo»
de droga en la cárcel.
El alto tribunal ha estimado así parcialmente el
recurso que la mujer presentó contra su condena
al aplicarle la atenuante de parentesco muy
cualificada por «la intensidad» de la relación
madre-hijo.
En febrero de 2009, la Audiencia de Barcelona
condenó a 9 años de prisión a una mujer por un
delito de tráfico de drogas que causan grave
daño a la salud, dentro de la modalidad agravada
de introducción en un centro penitenciario. Los
hechos, según la sentencia de la Audiencia
barcelonesa, ocurrieron un año antes, el 10 de
enero de 2008, cuando esta mujer acudió al
Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona
para visitar a su hijo toxicómano, que se
encontraba cumpliendo condena.
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Tres
funcionarios fueron este pasado lunes brutalmente
agredidos por un interno "muy peligroso y
conflictivo" en la cárcel de Córdoba,
según informó el sindicato
Acaip,
mayoritario en el centro penitenciario. Los
hechos se produjeron sobre las 18 horas en el
módulo cinco, en el que se encuentran internos
clasificados en segundo grado y donde, "debido a
la masificación y pésima clasificación, se
encontraba este y otros internos conflictivos y
peligrosos con un largo historial penitenciario",
denuncia el sindicato.
El incidente ocurrió cuando los funcionarios de
servicio en dicho módulo se dieron cuenta de que
estaba ocurriendo algo extraño en el gimnasio del
departamento, por lo que se dirigieron hacia allí.
En ese momento salió el interno, se dirigió hacia
ellos y, "sin mediar palabra, comenzó a
darles patadas y puñetazos".
Los funcionarios, que no llevaban ningún medio
de defensa, consiguieron reducir al preso, que
posteriormente fue trasladado al módulo de
aislamiento. A consecuencia de la agresión, los
tres funcionarios resultaron heridos con
múltiples contusiones, hematomas y erosiones en
distintas partes del cuerpo teniendo que
ser atendidos por los servicios sanitarios del
centro penitenciario y después por servicios de
urgencias de la ciudad. Uno de ellos, además, ha
precisado la baja laboral.
Por estos hechos, el sindicato Acaip lamentó
una vez más la "escasez y lo inapropiado de los
medios existentes en los centros penitenciarios
españoles para intentar abortar este tipo de
incidentes y poder llevar a cabo las actuaciones
necesarias para una intervención rápida y con
garantías".
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Un
preso en tercer grado del centro penitenciario
de La Torrecica agredió en la noche del pasado
martes al jefe de servicios de la prisión
albaceteña por no dejarle pasar unos «porros»,
según denunció ayer el sindicato
Acaip.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la
tarde del martes cuando el recluso se personó en
la prisión para pernoctar ya que al estar en
régimen abierto sólo tiene la obligación de
volver al centro para dormir. Al pasar por el
arco de seguridad y pitar, el personal de
seguridad le pidió que dejara todas sus
pertenencias en el mostrador, momento en el que
depositó allí dos paquetes de tabaco, el móvil,
el cinturón y una chaqueta.
Cuando las funcionarias que estaban en la puerta
comprobaron que en los paquetes de tabaco había
«una sustancia marrón» que el propio interno
reconoció que era «chocolate» para consumo
propio. Las funcionarias le recordaron que no
podía introducir esa sustancia en la prisión y
que tenían que informar de lo sucedido a lo que
el preso respondió visiblemente alterado que le
«iban a buscar la ruina».
Dado el estado de nerviosismo del recluso, las
funcionarias llaman al jefe de servicios que les
pide que abran un expediente con el paquete de
tabaco adjunto y que el preso entrara al centro,
que se negó a hacerlo sin la sustancia. «No
tenéis ningún derecho a quitarme mis porros»,
gritó bastante alterado y, según el parte
firmado por las dos funcionarias de guardia,
propinando puñetazos en el mostrador de entrada.
Las trabajadoras de la prisión volvieron a
llamar al jefe de servicios que se personó en la
entrada del centro penitenciario para hacerle
entrar en razón y que entrada al centro.
Según el parte firmado por las funcionarias,
cuando el jefe de servicios fue a coger al preso
del brazo para acompañarlo al interior de la
prisión, éste se revolvió propinando patadas y
puñetazos al funcionario. Como consecuencia de
los golpes lo tiró al suelo donde siguió
propinándole golpes.
Cuerpo de guardia
Las funcionarias avisaron entonces al cuerpo de
guardia y a todos los funcionarios mientras el
reo seguía golpeando al jefe de servicios que,
en un momento consiguió ponerse de pie sangrando
abundantemente. No fue hasta que llegaron los
tres guardias civiles y cuatro funcionarios
cuando lograron reducirlo aunque el preso seguía
gritando que le habían buscado la ruina y
profiriendo varias amenazas.
Como consecuencia de la paliza, que el sindicato
de prisiones Acaip
calificó de «una de las más brutales», el jefe
de servicios precisión atención médica en el
centro penitenciario donde se le dieron varios
puntos de sutura y posteriormente se trasladó al
Hospital General Universitario para una
evaluación más exhaustiva.
Para el delegado de
Acaip en Albacete, Luis Bayo, este
tipo de hechos se produce por «una mala
clasificación de los internos por la presión que
hay de Instituciones Penitenciarias para pasar a
los reclusos a la sección abierta sin que haya
méritos para ello por la elevada masificación de
las cárceles».
Acaip ha
reclamado además la regresión del preso al
primer grado y su traslado a otro centro
penitenciario. Además,
Acaip denunció que el próximo
miércoles se inaugura el Centro de Inserción
Social para los presos de tercer grado «con un
único funcionario para 3.900 metros».
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Un
interno del centro penitenciario de Puerto 3 ha
agredido esta mañana a tres funcionarios.
El preso, que responde a las iniciales de V.M., es
conocido en la prisión por su agresividad.
Cuando fueron a prepararlo para su traslado a la
prisión de Botafuegos (Algeciras) se abalanzó y
mordió al funcionario que lo estaba atendiendo. En
un intento de reducirlo otros dos funcionarios
fueron agredidos, provocándoles contusiones
varias. Juan Carlos Sánchez, delegado provincial
del sindicato Acaip
(Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias) ha señalado a este
medio que los funcionarios han sido atendidos de
las magulladuras y contusiones en la enfermería
del propio Centro Penitenciario, encontrándose en
buen estado.
El preso por su parte fue trasladado a la prisión
de Botafuegos.
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Le
sorprendieron cuando estaba subido en una
alambrada del centro penitenciario de Cáceres.
Tenía un trozo de manta para colocar sobre el
alambre de espinos y así no hacerse daño, y
también una cuerda hecha con sábanas.
El preso se llama Francisco Ignacio S. M., y el
intento de fuga ocurrió el 10 de enero de 2008.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres
indica que ese día intentó fugarse. Estaba en el
patio del módulo 3 y con una cuerda hecha de
sábanas se subió a la alambrada que separa la
zona de los talleres con el campo de fútbol.
Intentó romper un espacio llamado 'la
concertina' para subirse al muro del recinto, y
desde allí escaparse.
Durante el juicio el acusado se acogió a su
derecho a no declarar contra sí mismo y no
declararse culpable. No respondió a ninguna de
las preguntas que le hizo el ministerio fiscal.
El tribunal indica que hay pruebas suficientes
para condenarle por un delito de quebrantamiento
de condena en grado de tentativa, ya que fue
visto por dos funcionarios de prisiones en un
lugar en el que no podía estar: subido a la
alambrada de separación de dos zonas de la
prisión, lugar al que había accedido tras haber
saltado al encaramarse por un muro. También
vieron la manta que puso sobre el alambre de
espinos para no hacerse daño, y también vieron
la cuerda hecha con sábanas de la que se valió
para saltar.
El Juzgado de lo Penal ha condenado a Francisco
Ignacio a que cumpla cuatro meses más de
internamiento en la prisión de Cáceres.
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Una parte de los casi 560 presos de ETA que cumplen
condena en cárceles españolas se han negado en las
últimas semanas a mantener encuentros y visitas de
alguno de los abogados del MNLV para evitar recibir
sus consignas favorables a las tesis de la banda
terrorista y contrarias a las conclusiones del
debate interno de la izquierda abertzale --resumidas
en el documento 'Zutik Euskal Herria'-- en las que
se apuesta por un nuevo escenario en ausencia de
violencia, según fuentes penitenciarias consultadas
por Europa Press. Al igual que ha ocurrido en las
asambleas del exterior, en las prisiones se ha
producido un apoyo muy mayoritario a las tesis de
Arnaldo Otegi. Estas mismas fuentes añadieron
que entre ciertos sectores de presos ha crecido el
malestar contra algunos de los letrados de la banda,
a los que se considera la voz de ETA, por sus
intentos de obstaculizar el apoyo mayoritario
recibido en las cárceles a la vía que representa el
ex dirigente abertzale Arnaldo Otegi o la
'declaración de Alsasua' en la que se defendió la
aplicación de los conocidos como principios Mitchell
para solucionar el "conflicto".
Las fuentes consultadas declinaron ofrecer un
número determinado o un porcentaje concreto sobre el
número de presos que ha respaldado esta iniciativa,
pero confirmaron que en las cárceles también se ha
producido el debate que en los últimos meses se ha
dado a nivel asambleario en distintos territorios
del País Vasco y Navarra, subrayando que el
resultado en las prisiones ha sido un espejo de lo
acontecido en el exterior donde el apoyo a la
declaración de Alsasua ha sido mayoritario. En este
sentido, fuentes policiales destacan que incluso en
pueblos guipuzcoanos con una gran presencia
abertzale nadie se atrevió a defender las tesis de
ETA en las asambleas, al haber en las mismas una
mayoría de personas favorables a las tesis de la
Declaración de Alsasua.
Algunos de los abogados del MNLV son los
encargados en muchos casos de transmitir los
mensajes de la banda a su frente de 'makos' y
hacerles llegar las directrices de ETA. De ese modo,
a través de las visitas, se trasladan instrucciones
acerca de protestas, iniciativas, o el régimen
disciplinario que debe adoptar el colectivo.
De este modo, llegó a las prisiones las
posiciones de la banda terrorista en el debate del
seno de la izquierda 'aberztale' o la última
protesta que el EPPK llevó a cabo el pasado enero en
rechazo a lo que consideraba un "aumento en la
represión del Estado en las cárceles" y que tuvo un
seguimiento muy desigual.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, los
últimos movimientos en el entorno de la izquierda
abertzale también han dividido al propio colectivo
de abogados ya que hay algunos más cercanos a Otegi,
por edad y por convicción, mientras hay otros que se
mantienen en su seguidismo incondicional a la banda
y sus métodos.
DISTANCIAMIENTO DE LA
BANDA
Habitualmente, la renuncia a los abogados de
ETA es uno de los primeros signos por el que los
presos manifiestan su distanciamiento de la banda.
El último caso más significativo es el de los seis
presos que firmaron la una carta en la que
anunciaron su abandono voluntario de ETA. Se trata
de Fernando de Luis Astarloa, Josu García
Corporales, Luis María Lizarralde Izagirre, Andoni
Altza Hernández, José Manuel Fernández de Nanclares
y José Antonio Hernández de Velasco.
Todos ellos hacía años que dejaron de secundar
las protestas del colectivo e incluso dejaron de
recibir a los abogados del EPPK. Y como ellos, hay
un número considerable de internos etarras que
también se encuentran en situación similar
repartidos por distintas cárceles de la geografía
española, según fuentes estas fuentes.
Otras fuentes de la lucha antiterrorista ya
llamaron la atención de la actividad de algunos
letrados del MNLV tras la detención, el pasado 28 de
octubre en Hendaya, de Joseba Agudo Macisidor, quien
actuaba como correo entre los miembros de ETA huidos
en el extranjero y la banda. Según estas fuentes,
este detenido era uno de los abogados que
acostumbraba a no trasmitir a sus 'jefes' realmente
el sentir de los presos cuando estos le manifestaban
opiniones de carácter posibilista o cuando le
deslizaban sus dudas acerca de la actividad
terrorista. |
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Un interno con "problemas psiquiátricos" del Centro
Penitenciario de Topas (Salamanca) intentó
estrangular a un funcionario de prisiones, quien
minutos antes le había llamado la atención por
encontrarse fuera de la zona donde debía de estar.
Así lo indicó el sindicato de funcionarios de
prisiones Acaip,
quien en el comunicado explicó que la agresión
ocurrió en la tarde de ayer. Entonces, "sin mediar
palabra el interno, natural de Salamanca, propinó un
fuerte puñetazo en la cara al trabajador, que cayó
al suelo en estado de shock, quedando a merced del
interno, que tras golpearle en sucesivas ocasiones,
le cogió fuertemente por el cuello intentando
ahogarle".
Según el documento remitido a Europa Press,
"solamente gracias a la actuación de dos internos
ordenanzas de dicho departamento, que agarraron al
preso agresor, pudo salvar su vida, ya que estaba
prácticamente asfixiado".
Tras la agresión el herido fue trasladado al
hospital de Salamanca por politraumatismos.
Actualmente se encuentra de baja a la espera de
revisión y posible operación por hundimiento del
tabique nasal.
"Desde el Sindicato Acaip
vamos a pedir el traslado del interno a otro centro
penitenciario, que a la vista de la gravedad de los
hechos, entendemos debería haberse hecho ya",
aseveró.
Además, lamentó "la situación de inseguridad que se
vive en el centro, donde hay un importante número de
internos con graves padecimientos psiquiátricos".
"Curiosamente hay reclusos que llegan con autos
judiciales para ser ingresados en el módulo
psiquiátrico de Topas pese a que no hay ningún
módulo en el centro de estas características, ni tan
siquiera existe psiquiatra en la prisión", añadió. |
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Los casi 70 funcionarios que forman parte de la
plantilla de la prisión de Can Fita de Ibiza están
llamados hoy por la tarde a la primera protesta de
la historia que se hace en contra de la dirección de
la prisión de Ibiza, según comentaron ayer sus
representantes sindicales.
«No hay nada personal, es una protesta contra la
dirección debido a su continuo hostigamiento contra
nosotros», comentó ayer frente la cárcel Jesús
Irurre, delegado de personal y representante de CCOO,
que explicó que temen que haya represalias.
«El mayor problema es la falta de personal, hay 32
puestos sin cubrir y 2010 es el primer año en el que
no hay interinos en el centro penitenciario», apuntó
por su parte Ángel Calvo, representante del
sindicato Acaip.
«El 45 por ciento de la plantilla está en
prácticas», añadio el representante del CSIF, Elías
Chamorro. También estuvo presente un miembro de
Anjesp, Vicente Mora.
Irurre recordó que en la cárcel de Ibiza ha
aumentado el nivel de agresividad de los internos.
«Un funcionario fue agredido y una médico fue
amenazada en el turno de noche, cuando sólo había
dos funcionarios», recordó. |
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Un
preso clasificado como los etarras como FIES
(Fichero de Interno de Especial Seguimiento), la
emprendió a primeras horas de la mañana de ayer a
golpes y mordiscos contra los funcionarios para
evitar su traslado a la cárcel de Botafuegos, en
Algeciras.
El interno, que se encontraba de tránsito en la
macro cárcel portuense, a la que fue enviado para
la práctica de una diligencia judicial el pasado
jueves, debía retornar ayer a su cárcel de
cumplimiento, la de Algeciras. Su conducción iba a
realizarse a las seis y media de la mañana. Fue a
esa hora cuando los funcionarios se dirigieron
hacia su celda, para proceder a su traslado. De
improviso, el preso se abalanzó sobre un
funcionario, al que mordió y asestó un puñetazo.
Los otros dos trabajadores de Prisiones
intervinieron rápidamente, recibiendo varias
patadas del preso y uno, además, lesionándose el
dedo de una mano.
Finalmente, tras conseguir reducirlo, el preso fue
enviado hacia Botafuegos.
El director de Puerto 3, Juan Carlos Carrillo, en
declaraciones a este diario, quiso antes que nada
alabar el trabajo de los tres funcionarios,
quienes, dijo, "han resuelto con profesionalidad
este incidente que entra dentro de la normalidad
de lo que puede ocurrir en una prisión en la que
trabajamos con personas privadas de libertad".
Según aseguró el director, "ninguno de los
funcionarios le ha dado mayor importancia a lo
ocurrido. Yo he hablado con los tres, y se
encuentran bien. Han sido atendidos en la propia
enfermería de la prisión, y ninguno ha precisado
baja médica". Carrillo, así las cosas, aseguró que
ayer mismo se dio cuenta de lo ocurrido al Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria, así como a los
responsables de la cárcel de cumplimiento del
preso, a fin de que actuaran en consecuencia,
abriendo expediente disciplinario al presidiario.
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Una presa peligrosa de Brieva acorrala a una funcionaria para
pedir tabaco |
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23/03/10 |
Una interna de la cárcel de Brieva, clasificada en
primer grado y a la que se considera peligrosa, mantuvo
acorralada, en el módulo de aislamiento, a una funcionaria, a
la que amenazó con un pincho en el cuello para pedir tabaco.
Según el sindicato ACAIP, la prisión no cuenta con medidas de
seguridad para este tipo de reclusas y piden que se la
traslade. |
Se trata de una presa
“con un perfil conflictivo”, que cumple una condena
de cuatro años y un mes por robo con violencia y que
desde finales de 2008 permanece en el módulo de
aislamiento, según han confirmado desde
Instituciones Penitenciarias.
Este lunes por la tarde pidió hablar por
teléfono, dos funcionarias la acompañaron hasta una
cabina, dentro del propio módulo, y, cuando se
dirigían de nuevo a la celda, agarró a una de ellas
de un brazo, amenazándola con clavarla en el cuello
un “objeto de plástico manipulado”, en forma de
pincho.
Según Instituciones Penitenciarias “exigía
tabaco” y, después de un cuarto de hora, “lograron
tranquilizarla” y volvió a la celda. En cuanto a la
funcionaria agredida, no ha sufrido lesiones
físicas.
Falta de seguridad para presas peligrosas
Desde la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias, sin
embargo, se asegura que el suceso se prolongó
durante media hora, que fue reducida en un
“descuido” y que “lo del tabaco era una excusa”
porque “llevaba unos días muy alterada”, aunque
gritaba constantemente que si no la daban nueve
paquetes de tabaco “la atravesaba” y que se dejaran
de “tonterías”. Según ha explicado Carlos
Martín-Maestro, delegado sindical de
ACAIP en Brieva,
“llegó de La Coruña y tiene un importante historial
de agresiones y amenazas”.
Aseguran que las instalaciones “están obsoletas”
para presas peligrosas porque ninguna de las puertas
está mecanizada, sino que son los propios
funcionarios los que tienen que abrir las cancelas y
acercarse a las reclusas. Es por ello que piden que
se traslade de centro tanto a esta interna, de 36
años y cuyas iniciales son M.S.V., como a otra presa
también conflictiva.
También el domingo otra interna intentó agredir a
varios funcionarios y amenazó de muerte a uno de
ellos. |
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La fuga de dos presos de la cárcel de Sevilla en
febrero va a enfrentar a los dos funcionarios de
prisiones que esa noche custodiaban la galería a una
sanción que podría alcanzar los seis años de
suspensión de empleo y sueldo. Es la pena máxima
para una falta "muy grave", como ha calificado los
hechos Instituciones Penitenciarias, según
informaron a Europa Press fuentes de este área,
adscrita al Ministerio del Interior.
Para el jefe de servicio que estaba de turno esa
noche la sanción ha sido considerada "grave", por lo
que podría ser sancionado con hasta seis meses de
suspensión. Por estos hechos ya fue cesado el
subdirector de Seguridad de la prisión.
Instituciones Penitenciarias comunicó el lunes
por la noche la propuesta de sanción a los tres
funcionarios, que ahora tienen diez días para
presentar las alegaciones que consideren oportunas,
si bien Prisiones insistió ayer en que el
procedimiento "aún no ha concluido" y lo enviado es
sólo la propuesta inicial de sanción.
Las comunicaciones enviadas a los funcionarios,
breves y concisas, les atribuyen una dejadez y un
descuido en el ejercicio de sus obligaciones que
habría propiciado la fuga del peligroso interno
Rafael Hidalgo, El Rafi, pendiente de juicio por
matar a un hombre; y Mohamed Larbi, ladrón habitual
con varios robos con intimidación también pendientes
de juicio.
Ambos lograron a primera hora de la madrugada
hacer un agujero en su celda, huir por la galería,
saltar a un tejado y de ahí al exterior de la
prisión sin que ningún vigilante se diera cuenta y
sin que saltaran las alarmas. La Guardia Civil, que
controla el perímetro, tampoco detectó la escapada.
Nadie vio ni notó nada raro, y la evasión no se
conoció hasta que en el recuento habitual de los
presos de las ocho de la mañana se detectó que
faltaban dos internos. Ambos fueron detenidos 21
días después en Lleida, donde la Policía Nacional
los localizó en un piso de una prima del Rafi.
El informe que realizaron los inspectores
enviados por Prisiones a Sevilla dejó claro que la
fuga sólo fue posible gracias a un cúmulo de errores
humanos y materiales, ya que los presos realizaron
un periplo por el interior de la cárcel que tendría
que haber sido detectado. Según esta evaluación,
incluso en los errores de los sistemas técnicos de
vigilancia parte de la responsabilidad fue de los
funcionarios, que no controlaron su funcionamiento,
como deberían haber hecho, por eso se abrieron estos
expedientes y se cesó al subdirector.
"Desproporcionado". Los
sindicatos lo ven justo al contrario: creen que es
la falta de medios lo que propició la huida, y
recuerdan que en el interior de la prisión no hay
cámaras de seguridad, atribuyen a un mal
funcionamiento que las exteriores estuvieran
apagadas y dicen que, con la lluvia de esa noche
cayendo sobre las uralitas de la cárcel, era
imposible escuchar el ruido que hicierno los presos
en su huida.
Por ello, fuentes del área de prisiones de
Acaip y CCOO, a las
que están afiliados los dos funcionarios
responsables del control de la galería, calificaron
las sanciones de "desproporcionadas", dijeron estar
asombrados por su dureza y confiaron en que la
petición de sanción se reduzca.
Las rondas no sirvieron y la alarma
estaba apagada. La madrugada de la fuga,
los funcionarios no hicieron rondas por las
galerías, o al menos no las hicieron bien, ya que
durante ocho horas nadie se percató de que los
internos no estaban en su celda. Allí sólo quedó,
arrinconado, el somier al que le quitaron una pata
para forzar las ventanas. Otros presos oyeron el
ruido que hicieron al golpear paredes y ventanas
para salir, pero los vigilantes no. La fuga fue
entre medianoche y la una, pero no se detectó hasta
las ocho de la mañana.
Tampoco sonó la alarma cuando los presos saltaron
el muro, porque estaba desconectada. Los sindicatos
aseguran que se apaga sola porque el sistema falla.
Otras fuentes penitenciaras dicen que en noches de
temporal, como la de la fuga, los trabajadores la
desconectan para no tener que acudir a falsas
alarmas. Prisiones recuerda que, en todo caso, los
funcionarios debieron controlar si funcionaba varias
veces durante la noche y no lo hicieron. El proceso
abierto debe aclarar lo ocurrido antes de hacer
firmes las posibles sanciones. |
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Los representantes sindicales de Comisiones
Obreras, UGT, CSI-CSIF y
ACAIP-USO en el Centro Penitenciario de
Brieva, en Ávila, han exigido a la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias el
"traslado inmediato de las internas peligrosas
a establecimientos penitenciarios adecuados a las
características que conlleva su clasificación",
tras la agresión sufrida por una funcionaria el
pasado 22 de marzo. A raíz de la
"retención y agresión", los sindicatos
han planteado esta exigencia o bien que de lo
contrario se reclasifique esta cárcel y "la
dotación de los medios imprescindibles para
garantizar la seguridad, tanto de las internas
como de los trabajadores".
Según recuerdan, la cárcel de Brieva está
clasificada por Instituciones Penitenciarias
"en la categoría 2.2, destinada a internos
e internas preventivos y penados en régimen de
vida ordinario que no manifiesten una gran
conflictividad". Por ello, apuntan que
desde su inauguración alberga internos "de máxima
conflictividad", lo que en su opinión representa
"un serio peligro en este establecimiento, por
falta de una infraestructura adecuada para
albergar a estos internos".
Además, señalan que desde hace tiempo vienen
solicitando la "reclasificación del centro
y la dotación de los medios y estructuras acordes
con el tipo de internos destinados al mismo o bien
que se destine a Brieva internos de estas
características".
En referencia a la agresión, los representantes
de los trabajadores subrayan "la profesionalidad"
de las funcionarias implicadas en la agresión, que
"pudieron resolver el conflicto sin que
hubiera que lamentar ningún tipo de lesión física
para nadie", aunque matizan que las
psíquicas que dejan este tipo de agresiones son
"graves y dejan secuelas difíciles de olvidar".
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La
secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, declaró hoy que
la tasa hacinamiento de reclusos del centro
penitenciario albaceteño de La Torrecica se verá
"mejorada" con el nuevo Centro de Inserción Social
(CIS) inaugurado hoy.
Gallizo, durante su visita hoy a este
centro, dijo que el hecho de que los reclusos en
régimen abierto no dependan directamente de las
instalaciones del centro penitenciario "va a
mejorar la situación" y concretó que del conjunto
de la población reclusa de Albacete, hay 77
personas en régimen abierto.
Preguntada por los periodistas, también hizo
referencia a la plantilla de personal que atenderá
el nuevo CIS, declarando que contará con 29
funcionarios, aunque "los puestos se cubrirán
primero de manera provisional y después saldrán a
concurso público".
Reconoció no saber cuando podrá contar con
esta plantilla el centro y señaló que está
"perfectamente preparado para funcionar y no
queremos que por problemas burocráticos no se
ponga en marcha".
En su intervención ante los asistentes, la
secretaria general de Instituciones Penitenciarias
afirmó que la cárcel "no debe ser instrumento de
represalia, pues la dignidad de los seres humanos
debe prevalecer". Abogó por la inserción social de
los reclusos, resaltando que "estamos empeñados en
que estudien, se formen y el trabajo sea una
oportunidad".
CENTRO MARCOS ANA
Gallizo afirmó que la cárcel cerrada no
tiene que ser la única alternativa para cumplir
las penas y apuntó que desde que está al frente de
Instituciones Penitenciarias, ha inaugurado 23
CIS. Asimismo, hizo referencia al nombre elegido
para el CIS, el de Marcos Ana, encarcelado desde
1939 hasta 1962 por defender los valores
democráticos, indicando que nos gusta pensar que
recogemos el testigo de las personas que hicieron
de las cárceles del franquismo, escuelas de
democracia".
En este acto, la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias estuvo acompañada por
el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha,
Máximo Díaz-Cano, quien subrayó que "invertir en
política penitenciaria es invertir en seguridad".
Manifestó que poner en marcha un centro de esta
naturaleza significa "concordia, memoria,
democracia, estado de derecho, imperio de la Ley,
dignidad, integración y reinserción".
El Centro de Inserción Social 'Marcos Ana',
que dispone de capacidad para 102 reclusos, tiene
50 habitaciones dobles, una complementaria y una
para personas con movilidad reducida, así como
taller, cocina, lavandería, biblioteca, zona
deportiva y zona de atención sanitaria;
dependencias distribuidas en los 3.900 metros
cuadrados de superficie con los que cuenta.
En el acto también estuvieron presentes el
director del centro penitenciario La Torrecica,
Antonio Muñiz; el presidente de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, Ángel Martínez, el propio Marcos
Ana; y representantes militares y políticos de la
sociedad albaceteña.
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Un preso de algo más de treinta años fue encontrado
muerto en la mañana de este miércoles en su celda de
la cárcel del Salto del Negro de Las Palmas de Gran
Canaria por causas que aún no se han aclarado y que
investiga la Policía, pues no tenía signos de
violencia, según informaron a Efe fuentes
penitenciarias.
El módulo seis de la prisión, donde se hacinan casi
dos centenares de reclusos reincidentes debido a la
falta de espacio que se vive en Salto del Negro como
consecuencia de la demora durante décadas de la
construcción de una nueva cárcel para Gran Canaria,
fue el escenario del hallazgo, que se produjo a
primeras horas de la mañana, cuando se procedía al
recuento de internos.
Entonces se encontró el cadáver del recluso, que
respondía a las iniciales P.F.T.M., había nacido en
1977 e ingresó en el Salto del Negro para cumplir su
actual condena en junio 2009, hace menos de un año,
y se dio alerta a las autoridades competentes, el
juez de guardia y la Policía Judicial.
Ambas se personaron en el centro, donde se
recogieron pruebas para investigar las razones
últimas de la muerte del preso y se ordenó el
levantamiento del cadáver, que se llevó a cabo
pasadas las diez de la mañana, precisaron las
fuentes.
En cuanto a las causas del fallecimiento del
recluso, éstas señalaron que, si bien aún deberán
investigarse oficialmente, en el entorno de la
prisión se barajan las hipótesis de que pudo deberse
a una sobredosis de drogas, accidental o
premeditada, ya que no hay indicios de otros
motivos. |
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Decenas
de funcionarios de la cárcel del Salto del Negro
de Las Palmas de Gran Canaria reiteraron este
miércoles sus ya repetidas demandas de mayor
plantilla en una concentración convocada a las
puertas del centro en la que volvieron a denunciar
una masificación y falta de medios de años.
Lograr que se incremente en torno a un centenar de
empleados más la actual plantilla del Salto del
Negro, que integran unas 400 personas que deben
atender a más de 1.300 presos en un centro donde
escasean las tecnologías modernas para la
vigilancia, que debe ser, por ello, presencial, es
el objetivo de sus demandas, explicaron portavoces
de los sindicatos CSIF y
Acaip, convocantes del acto.
Una concentración que calificaron de "éxito de
participación total" los portavoces de
Acaip y CSIF, Juan
Manuel Alacid y Jesús María Fernández,
respectivamente, que destacaron que la respuesta
obtenida debe valorarse especialmente por el hecho
de que la dirección del centro prohibió que
participara en ella el personal de servicio de
esos momentos, integrado por unos cuarenta
empleados.
Una cifra similar de funcionarios sí que acudió a
la concentración, lo que implica el citado éxito
porque vinieron en todos los casos, por tanto,
según destacaron los sindicalistas, de sus casas
exclusivamente para protestar por una situación
que consideran "inaceptable".
Y es que, pese a admitir que existe la situación
de saturación que denuncia el personal desde hace
años, la Dirección de Instituciones Penitenciarias
no atiende las reclamaciones de ampliar la
plantilla, destacaron. Sólo veinticinco
nuevos funcionarios
Agregaron que la situación se ha agravado días
atrás, cuando llegó el momento de distribuir por
las prisiones del país nuevos funcionarios en
prácticas y al Salto del Negro se le asignaron
sólo veinticinco, cuando se habían solicitado
sesenta.
Ello, en palabras de Juan Manuel Alacid, ha
llegado a "hartar a la plantilla, que hace tiempo
que está cansada de que todo el peso de la
masificación recaiga en los funcionarios".
Trabajadores que se ven, en no pocos casos,
haciendo solos o en grupos de dos tareas que
deberían desempeñar colectivos mayores, o que se
encuentran con dificultades para disfrutar de las
libranzas a las que tienen derecho, entre otras
ocasiones, cuando efectúan horas o labores
extraordinarias, recalcaron los representantes de
CSIF y Acaip.
Sindicatos que no descartan ampliar próximamente
el calendario de movilizaciones para protestar por
la situación del personal del Salto del Negro,
que, por ejemplo, se volverá a denunciar el
próximo 30 de marzo en una concentración convocada
ante la sede de la Delegación del Gobierno en
Canarias.
A continuación, los representantes de los
trabajadores de la cárcel isleña barajan llevar a
cabo un encierro, entre otras medidas de presión,
según anticiparon sus portavoces.
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El PP avisó este miércoles del "riesgo de colapso
que se cierne" sobre el sistema penitenciario
español como consecuencia del "fuerte aumento" en el
número de reclusos y la reducción de personal y de
inversiones que "plantea el Gobierno para los
próximos años". Asimismo, calificó de "fracaso" la
política penitenciaria y anunció que propondrá una
revisión en profundidad para que los presos
extranjeros cumplan las penas en sus países de
origen. El principal partido de la oposición
hizo este anuncio al término de la reunión de la
Comisión Nacional de Interior del Partido Popular,
que preside Ignacio Cosidó, y los representantes de
los cuatro sindicatos representativos de los
funcionarios de prisiones (ACAIP,
CSIF, UGT y CCOO), un colectivo con más de 25.000
funcionarios.
En un comunicado, Cosidó mostró la
preocupación del PP "ante el riesgo de colapso que
se cierne sobre el sistema penitenciario, como
consecuencia de la confluencia de un fuerte aumento
en el número de reclusos, así como por la reducción
de personal y de inversiones que plantea el Gobierno
para los próximos años". Además, recordó que, frente
a la promesa del PSOE de situar a un preso por
celda, actualmente existe una ratio de 1,75 y puede
llegar a 2 presos por celda al final de legislatura.
El portavoz de Interior del PP calificó como
un "fracaso" la política penitenciaria del Gobierno
y recordó que, de los 18 nuevos centros
penitenciarios comprometidos por el Gobierno
socialista hasta el 2013, hasta ahora sólo se han
inaugurado cuatro. En este sentido, expresó sus
dudas sobre que, con una oferta de empleo público de
250 plazas aprobada para este año, puedan ponerse en
funcionamiento los centros de Mahón o Murcia,
previstos de ser inaugurados.
REVISIÓN DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
"El resultado es una situación de hacinamiento
que llega al 200% de la capacidad en muchos centros
penitenciarios y que está provocando una mayor
inseguridad así como mayor conflictividad en las
cárceles y, además, hace imposible aplicar
tratamientos de reinserción eficaces", explicó
Cosidó.
Asimismo, el diputado popular subrayó la
"reconocida incapacidad del Ministerio del Interior
para hacer cumplir las penas de trabajos
comunitarios que imponen los jueces cada vez con
mayor frecuencia", lo que genera que muchos delitos
estén quedando impunes y se está provocando con ello
un "grave desprestigio a la actuación de la
Justicia".
El portavoz popular anunció que el principal
partido de la oposición propondrá una revisión en
profundidad del modelo penitenciario español. De
este modo, planteará "medidas preventivas que eviten
el desaforado crecimiento de la población
penitenciaria, así como actuaciones que faciliten a
la población reclusa extranjera -el 35% del total de
la población penitenciaria en España- el
cumplimiento de las penas en sus países de origen
y, un sistema eficaz de penas alternativas, como el
trabajo para la comunidad".
Cosidó alertó sobre el "riesgo de que el
Gobierno opte por una política de excarcelación de
delincuentes, a través de una utilización
indiscriminada del tercer grado, ante la situación
de colapso que se vive en los centros
penitenciarios" y aseguró que "esa política tendría
una contundente oposición del Partido Popular,
porque supondría un riesgo para la seguridad de los
ciudadanos".
Por último, el Partido Popular se comprometió
con las organizaciones sindicales de prisiones a
mantener un "diálogo constante" para situar a estos
funcionarios como protagonistas principales en la
reforma del sistema penitenciario y, además,
realizar un seguimiento parlamentario de los
"incumplimientos" del Gobierno con los acuerdos
alcanzados en las mesas de negociación. |
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1 de enero de 2006. El Gobierno se decide a plantar
cara al problema y pone en marcha la primera Ley
Antitabaco. No se puede fumar en lugares públicos ni
en las oficinas; los bares y restaurantes tienen que
decidirse por fumadores o no fumadores (o habilitar
zonas separadas para cada uno de ellos). La ley sólo
hacía un par de excepciones para poder fumar en
lugares públicos, y sólo: "por motivos humanitarios"
(también presentes en la futura ley).
Las excepciones, presentes en la Ley 28/2005 de
Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo, permiten
crear zonas habilitadas para fumadores en centros
penitenciarios y psiquiátricos. "Prohibir el tabaco,
el café o los refrescos en cualquier cárcel del país
sería toda una bomba de relojería que podría
explotar en cualquier momento", explicó a
20minutos.es el Sindicato de prisiones
(Acaip).
Pero la realidad, según aseguró este sindicato, es
que ninguno de las 78 centros penitenciarios que hay
en toda España cuentan con las denominadas salas
habilitadas que cita la ley. "Los presos fuman en
las habitaciones y se cortan un poco en los
comedores, pero por iniciativa propia. Por ejemplo,
este invierno, en la sala de cine del penitenciario
de Mansilla de las Mulas (León), más de la mitad de
los reos se pasaron casi toda la película fumando y
nadie dijo nada", explicó a este diario uno de los
funcionarios de Acaip.
¿Zonas habilitadas?
Por su parte, Instituciones Penitenciarias
aseguraron a este diario que todos los centros
españoles para presos cuentan con zonas habilitadas
para fumar. "Sólo se puede encender un cigarro fuera
de estos espacios en el patio y en las habitaciones
que se contemplan para fumadores", contaron desde la
Administración.
Una versión que no comparten los trabajadores del
sector, que aseguran que ninguna prisión cuenta con
las instalaciones ni información de dónde se puede y
no se puede fumar. Además, cabe destacar que la ley
actual sólo permite habilitar espacios para
fumadores y no reservar un número de habitaciones
para presos que fuman.
Las excepciones de la nueva norma
El próximo 22 de junio Sanidad presentará el
borrador de la nueva Ley Antitabaco, como ya
adelantó este diario. El texto, que está en proceso
de elaboración, pondrá fin al cigarrillo en todos
los espacios públicos (acabará con las limitaciones
actuales: bares, restaurantes, zonas habilitadas en
aeropuertos...), pero mantendrá las excepciones
actuales en las cárceles y psiquiátricos por motivos
humanitarios. |
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Paredes que se derriban a patadas, cisternas con
hierros para construir 'pinchos', ventanas con
marcos desmontables y luces con plateas que inspiran
el 'arte' de construir armas en potencia. Estos son
solo algunos de los materiales y utensilios que
tienen a su disposición los presos de Picassent
desde que culminó la reforma del módulo de
alta seguridad en noviembre de 2009. Así
lo puso de manifiesto este viernes el sindicato
penitenciario Acaip, que ha depositado en un juzgado
valenciano la primera denuncia por la vía
penal contra la secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo. El
motivo: un posible delito contra la seguridad de los
trabajadores.
En la denuncia sindical se hace especial hincapié
en que la empresa contratada para hacer la reforma,
Tragsa, "no tiene experiencia" en el ámbito
de la seguridad carcelaria. En concreto,
esta empresa, que se hizo con el proyecto por
adjudicación directa, está especializada en
proyectos medioambientales.
Las obras en el módulo de alta seguridad del
penal de Picassent se iniciaron en 2007 y
finalizaron en noviembre del pasado año. Desde la
reapertura de esta zona de alto riesgo, en la que
permanecen recluidos presos muy peligrosos,
algunos de ellos con antecedentes en la organización
de motines, se detectaron "graves
deficiencias" que se recogieron en un
informe que se elevó a Gallizo.
Algunos de los internos llegaron a decir a los
funcionarios que las puertas de las celdas "tenían
poca fuerza", aunque el incidente que acabó de
desatar la inquietud entre el personal carcelario se
produjo el 28 de noviembre, cuando hallaron
a tres internos fuera de sus celdas, tras
escuchar unos ruidos en el silencio de la noche.
El incidente se repitió al día siguiente y los
funcionarios pudieron comprobar, repasando el
sistema de grabación, que los reos tardaban
12 segundos en abrir las puertas de sus celdas
desde el interior, con el consiguiente riesgo para
la integridad de los trabajadores, de los cuales
sólo uno se encarga de la vigilancia nocturna del
módulo.
El sindicato penitenciario reclama el
cierre inmediato del módulo y el traslado de los
reclusos a otros módulos de seguridad como
los de Villena o Albocàsser, que funcionan
correctamente, aunque la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias "no se plantea" cerrar
esta dependencia de la cárcel valenciana.
Tras incidentes como el derribo de una pared del
interior de una celda, la apertura de las puertas o
la localización de un preso asomando medio cuerpo
por la ventana tras forzar el marco, los
funcionarios denuncian la "endeblez de los
materiales" y temen por su integridad,
teniendo en cuenta que conviven a diario con una
veintena de reclusos muy peligrosos. |
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