Acaip
- Índice de Noticias de prensa -
Acaip
- Noticias de prensa
 Madrid-
Crece la población extranjera en España y con ella
el número de reclusos foráneos. Si el 31 de
diciembre de 2005 había encerrados en las prisiones
españolas 18.616 convictos extranjeros, un año
después su número ya ascendía a 20.643, que
representan el 32,2 por ciento de los 65.000
internos que hay en las cárceles según los datos de
Instituciones Penitenciarias.
Y de esos más de veinte mil foráneos que hay en
prisión, casi la mitad, 7.283, proceden de países
musulmanes, según las informaciones aportadas por el
departamento de Mercedes Gallizo al Congreso de los
Diputados. Una cantidad nada desdeñable y en la que
el factor geográfico juega un papel determinante. La
proximidad de España a países de corte musulmán como
Marruecos o Argelia -que se define
constitucionalmente como país árabe, bereber y
musulmán- ha facilitado la formación de grandes
colonias de ciudadanos de ambos países que tienen su
inevitable reflejo en las prisiones. Así, de esos
cerca de 7.300 presos de origen musulmán, más de
5.500 son marroquíes, mientras que 1.311 proceden de
Argelia.
Los nacionales de ambos países conforman, pues,
el grueso de este grupo de reclusos islámicos que
completan presos procedentes de países como Irak
(31), Irán (32), Túnez (41) o Siria (23).
Un caso peculiar es el de Nigeria, 335 de cuyos
ciudadanos están encerrados en las cárceles
españolas. Aunque oficialmente su forma de gobierno
es una república federal presidencialista, también
es cierto que casi la mitad de sus 130 millones de
habitantes profesan la religión musulmana, según
reflejan diferentes estadísticas.
De estos 7.283 reclusos de origen musulmán que
hay entre rejas en España, 155 lo estaban por su
vinculación con el terrorismo islamista el pasado 14
de febrero, según los datos aportados por Prisiones.
La mayoría de ellos proceden también del Magreb.
Mientras que los argelinos encerrados por su
relación con el terrorismo yihadista se elevaban
según las estadísticas de febrero a 46, los
marroquíes eran 52. También hay encarcelados por
este delito 16 españoles, un turco y dos ciudadanos
de las antiguas repúblicas ex soviéticas. De esos
155, la gran mayoría, 144, estaban en módulos de
aislamiento por su especial peligrosidad.
En los últimos años, el crecimiento de la
población reclusa extranjera en las prisiones
españolas ha experimentado un repunte muy notable.
En el año 2000, eran poco más de 8.900 los convictos
foráneos encarcelados. Ya entonces representaban el
19,9 por ciento del total de la población reclusa.
Sin embargo, seis años después esta cantidad se ha
duplicado.
El nuevo Código Penal, que ha endurecido las
condenas para los delitos más graves, pero, sobre
todo, la aplicación de la prisión preventiva están
contribuyendo decisivamente a llenar las cárceles
españolas de extranjeros. La aplicación de esta
medida cautelar es la única garantía de que muchos
extranjeros sin arraigo estén en los juicios |
|
La UFGS denuncia el ingreso en prisión de un guardia civil |
|
|
El Faro Ceuta y Melilla 26-05-07 |
| La Unión Federal de Guardias
Civiles ha denunciado el ingreso, una vez más, de un guardia
civil en prisión, por “supuesta” infracción administrativa.
Desde la Unión Federal se pone en conocimiento una realidad
laboral, que “consideramos inexcusable en el momento actual:
el ingreso en prisión de un guardia civil, por motivos
laborales, y por una mera infracción administrativa |
Poco o nada puede avanzar una sociedad demócrata, si
mantiene el doble rasero que permite a los presuntos
delincuentes, convictos en ocasiones de multitud de
delitos menores, en la calle, a la espera de juicio,
y sin embargo, ingresa en prisión a los agentes de
la Guardia Civil, por normativas caducas de régimen
interno”, espetan.
Para la UFGS acciones como ésta “no sólo merman la
moral de las bases de la guardia civil, sino que
suponen verdadero retroceso democrático y carencias
de espíritu renovador en pos de un ideal
democrático: la defensa de la libertad, y la
garantía de la misma para todo aquel que no haya
sido reo de delito, ni condenado culpable por un
tribunal con las debidas garantías jurídicas del
común de los ciudadanos”.
El agente Antonio Jesús Román Gavira ingresará en
prisión mañana lunes, fecha en la que “se verá
privado de su libertad y de su dignidad como
agente”. |
|
400 Reclusos siguen programas de reeducación sexual para
evitar reincidir |
|
27-05-07 |
| Unos 400
reclusos con delitos de agresión sexual siguen programas de
reeducación de conducta para evitar reincidir al ser
excarcelados. La superación, 'reconocerse como violador',
'exige una voluntad de cambio muy fuerte, y si no se
consigue, el riesgo es muy alto', afirma la psicóloga
penitenciaria Guadalupe Rivera |
La tasa de reincidencia entre
quienes no participan o no los superan, como
Alejandro Martínez Singul, el 'segundo violador del
Eixample', es de un 20 por ciento. Con tratamiento,
la posibilidad se reduce a un 5 ó 6 por ciento, dijo
a Efe Guadalupe Rivera, que ha desarrollado el
programa que aplica Instituciones Penitenciarias en
las prisiones españolas, excepto en Cataluña única
comunidad con competencias en esta materia.
Participar en los programas
encaminados a ayudar al interno a reconocer el
delito y el dolor que causan a sus víctimas y
controlar sus impulsos, es estrictamente voluntario
y no comporta reducción de pena.
La alarma ha saltado con la
excarcelación de Martínez Singul, tras cumplir 16
años por una decena de violaciones y agresiones
sexuales a niñas y adolescentes y otras en grado de
tentativa, sin salir un sólo día de permiso, por el
riesgo de reincidencia, y pese a haber seguido un
programa de control de conducta 'sin resultados
satisfactorios', según el departamento de Justicia
de la Generalitat.
En este caso 'ha fallado la
voluntariedad firme de querer salir de ello', opina
la psicóloga. Durante la terapia, 'el violador debe
reconocer públicamente su intención, el daño que ha
hecho y que lo hace porque le gusta, y eso es muy
duro'.
Asumir: 'yo soy un violador' es el
comienzo. 'Decir: lo he hecho porque bebí, porque
los amigos me indujeron o la chica me provocó, son
justificaciones. Cuando empiezas a reconocer que has
violado, lo habías planeado y te gustaba, empieza a
verse un poco de luz'.
Los programas, en marcha desde
1998 y un año antes en Cataluña, 'son eficaces',
asegura la psicóloga ante las críticas suscitadas
estos días, pero es necesario un apoyo externo de
otras instituciones 'para completar su reinserción
cuando salen'.
2.000 AGRESORES
En torno a 2.000 personas están
encarceladas en España por delitos de agresión
sexual y otras 440 en prisiones catalanas, menos de
un cuatro por ciento de la población reclusa (9.327
en Cataluña y 56.154 en el resto), según datos
facilitados a Efe por ambas administraciones.
Doscientos cincuenta internos, de
entre 25 y 45 años, están inmersos en 28 cárceles en
estas terapias, que siguen más de dos años, y otros
153 realizan en Cataluña sus propios programas,
cuando han cumplido al menos tres cuartas partes de
la condena.
En ellos -explica la psicóloga- se
hace terapia de grupo y una evaluación individual
para que el preso reflexione sobre aspectos de su
conducta y su vida.
Al principio son reacios, señala
Rivera, 'porque es algo que no han confesado antes,
están expectantes, recelosos, desconfiados, pero a
medida que la terapia avanza, que ven que no se les
va a juzgar, van contando cosas que les quemaban
dentro'.
A veces es doloroso, añade, más
para quienes han abusado de sus propias hijas.
'Hasta ese momento se justifican: no le hago daño,
no es tan malo, la trato con cariño..., pero cuando
asumen el perjuicio y ven su realidad en un espejo,
no lo pueden soportar'. En algún caso puede haber
riesgo de suicidio.
Los agresores persistentes,
señala, suelen ser ritualistas, y el que agrede a
menores suele ser más cobarde y tener dificultades
de relación con mujeres adultas.
Destaca que todos tienen fantasías
de agresión en su cabeza antes de actuar. Lo
importante es controlarlas.
Es necesario, insiste, que, una
vez en la calle, el agresor pueda contar con un
apoyo familiar, laboral y social. Lo contrario crea
un sentimiento de soledad, abandono, frustración, y
puede llevarle a recurrir a su fantasía, que le
satisface, con independencia del daño que puede
causar.
Esa situación, unida a la
oportunidad, 'es el caldo de cultivo perfecto para
una reincidencia y, si además beben un poco, van
disparados', sentencia.
ALARMA
Algunos expertos se cuestionan si
se ha creado una alarma excesiva en el caso de
Martínez Singul, cuando 'tiene muchas probabilidades
de reincidir, pero aún no lo ha hecho'.
'Debe ser abrumador estar vigilado
de esta forma y es negativo -señala Rivera-. Se le
está dando como reincidente y puede sentir que debe
cumplir con las expectativas'.
La reincidencia en otros delitos
como robo o tráfico de drogas está en el 40-50 por
ciento, pero en el caso de los violadores durante
permisos carcelarios o en libertad hay sucesos
terribles en los últimos años.
Entre ellos los de las 'niñas de
Alcasser' y el asesinato y violación de la pequeña
Olga Sangrador, ambos en 1992, cuando no había
programas -recuerda la psicóloga- y más
recientemente en 2004 el de Pedro Jiménez García,
que violó y asesinó a dos mujeres policías en
Hospitalet de Llobregat un mes antes de terminar su
condena.
Respecto a las críticas de las
asociaciones de mujeres sobre la eficacia de las
terapias de conducta, incapaces de reeducar a un
violador después de 16 años entre rejas, Rivera
señala que es un juicio 'simplista' y en otros miles
de reclusos sí que ha funcionado.
'Decir que si el programa no es
fiable lo quitamos y volvemos al pasado, o les
condenamos a cadena perpetua,... eso requiere una
modificación de la Ley, que además afectaría a los
terroristas, a los que han matado al vecino. En
resumen, que no salga nadie de la cárcel, porque es
más grave segar la vida de una persona'.
En su opinión, la terapia
psicológica es fundamental, requiere además un
seguimiento en la calle por otras instituciones y
'opciones que se han dispuesto en otros países como
la castración química, el uso de medicamentos que
inhiben la testosterona, o el seguimiento de estas
personas con GPS, pueden ser complementarios'.
SE ENTREGO
El violador no es un enfermo
mental, con la voluntad disminuida, asegura, 'es un
individuo con problemas en el control del impulso
sexual, y algunos encuentran una liberación cuando
son apresados'.
De su carrera profesional, la
psicóloga cita el caso de un delincuente con 45
agresiones a sus espaldas, que salió en libertad
hace tres años tras pasar 14 en la cárcel.
'Fue detenido por voluntad propia.
Cuando vio su retrato robot por televisión, se
entregó a la Policía'.
'Ahora está trabajando, mantiene
una relación con una mujer que conoció a través de
Internet y dice que si no hubiera sido por el
programa hubiera reincidido en una semana' |
Un 63 por ciento de los extranjeros detenidos el
pasado año por cometer alguna infracción penal
residían de forma legal en España, según consta en
la respuesta a una pregunta parlamentaria del
diputado del PP Rafael Antonio. Así, de 88.820
detenidos extranjeros en 2006, 32.308 se encontraban
en situación irregular en España, mientras que más
de 56.000 tenía sus papeles en regla.
Por otro lado, el número de penados extranjeros en
las cárceles españolas se ha más que duplicado en
los seis últimos años, según el jefe de rea de
Colectivos Especiales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias de Madrid, Julián
García García. Así, si en diciembre de 2000 había
9.174 internos extranjeros, en diciembre de 2006, la
cifra alcanzaba los 21.039, suponiendo el 32 por
ciento del total de la población reclusa en España.
García García, que participó recientemente en
Pamplona en el XVII Encuentro de la Abogacía sobre
Derecho de Extranjería y Asilo, organizado por el
Consejo General de la Abogacía (CGAE), señaló que la
expulsión de penados extranjeros sin residencia
legal, cuyo carácter "cuasi" imperativo fue
introducido en la reforma del Código Penal de 2003,
es una medida mayoritariamente criticada en la
doctrina y algunas resoluciones del Tribunal
Supremo.En cualquier caso, precisa que la denominada
expulsión automática (sustitución de la condena por
la expulsión), no es tal en la práctica. Así, en
2006, fueron expulsados 1.043 extranjeros
irregulares condenados a penas inferiores a seis
años de prisión, frente a un total de 5.603 penados
extranjeros con condenas similares. Es decir, las
expulsiones no alcanzan el 20%.
Aún más, la expulsión se convierte en una medida
excepcional cuando se trata de condenados a seis o
más años de prisión: 52 expulsados de un total de
4.622 condenados el pasado año. De la misma manera,
el traslado de extranjeros penados a su país de
origen para cumplir allí la condena es escasamente
eficaz, según García García, primero por el bajo
número de solicitudes (300 al año) y segundo, por
las posteriores renuncias y la dilación en el tiempo
de tramitación de los expedientes, alrededor de un
año.
Finalmente, García García señala que hay datos
indicativos de que el 40 por ciento de los internos
que no regresan de un permiso penitenciario eran
extranjeros, mientras que estos sólo representan un
32 por ciento de los penados |
Un preso del programa de prevención de
suicidios apareció ayer muerto por ahorcamiento en
su celda del centro penitenciario de Albolote. El
recluso compartía celda con otro preso encargado de
controlarle con el fin de evitar, precisamente,
intentos de suicidio como el que se ha producido.
El recluso, Julio D.V., fue encontrado ahorcado a
las ocho de la mañana por un funcionario durante la
ronda de vigilancia de esa hora. Según informaron
fuentes de la prisión de Albolote, durante la ronda
llevada a cabo a las seis de la mañana el
funcionario no apreció ninguna circunstancia extraña
en la celda del preso por lo que continuó con la
vigilancia de rigor por otros departamentos.
Fue posteriormente, durante la siguiente ronda, a
las ocho de la mañana, cuando el recluso fue hallado
colgado en su celda una vez que había ejecutado ya
su acción.
Se da la circunstancia de que el programa de
prevención de suicidios con el que cuenta la prisión
de Albolote pretende, precisamente, impedir a los
presos con tendencia al suicidio consumar su acción.
Para ello, los responsables de la cárcel habían
dispuesto que otro interno compartiera celda con el
ahora fallecido para evitar el suicidio. Sin
embargo, en esta ocasión la medida no surtió el
efecto buscado ya que el interno en funciones de
vigilancia no advirtió de nada extraño durante la
noche.
Las fuentes consultadas no han aclarado qué elemento
utilizó el preso para suicidarse, por lo que se
desconoce si utilizó algún cinturón u otro objeto
para ahorcarse. |
Nadie sabe cuántos presos musulmanes puede haber en
el presidio granadino de Albolote. La razón es
simple: nadie está obligado a declarar sobre sus
creencias, así que no existen estadísticas
oficiales. Sólo estimaciones basadas en la
observación de la rutina diaria de la cárcel. En
este sentido, fuentes penitenciarias indicaron que
en Albolote hay varias decenas de internos -puede
que cerca de 200- que profesan la religión islámica.
Se trataría fundamentalmente de extranjeros
-procedentes en su mayoría de África- que han sido
juzgados y condenados por tráfico de drogas o de
seres humanos.
Pues bien, a pesar de que el número de musulmanes
encerrados en Albolote es relevante, ninguna de las
mezquitas establecidas se ha decidido aún a
formalizar una petición oficial para prestar
atención espiritual a estas personas. Hace ya un
tiempo, cinco congregaciones islámicas se
interesaron por la posibilidad de llevar su labor
también a la cárcel.
En una reunión en la Subdelegación del Gobierno,
recibieron la información necesaria, pero, al día de
hoy, los responsables de ninguna de esas cinco
mezquitas se han decidido aún a dar el paso.
Otras confesiones
Lo cual no quiere decir que los reclusos musulmanes
no puedan cumplir con sus ritos: lo hacen con toda
normalidad, pero sin un guía espiritual. Las
iglesias Católica y Evangélica sí tienen una sólida
implantación en el penal de Albolote. Ni los judíos
ni los musulmanes, que tienen acuerdos con el
Estado, están presentes.
La Ley General Penitenciaria obliga a la
administración a garantizar la libertad religiosa de
los presos y a facilitar los medios que precisen
para desarrollar esa actividad. |
GRANADA. Las centrales sindicales ACAIP y
CCOO en el centro penitenciario de Albolote han
solicitado al Gobierno central que "paralice" el
traslado previsto de cinco funcionarios en prácticas
a otras cárceles del país dada la "insostenible"
situación de masificación existente en Albolote con
1.900 reclusos contabilizados.
Según fuentes sindicales, ante la "inminente partida
a otros centros de cinco compañeros en prácticas",
representantes de ambas centrales se reunieron con
el secretario de la Subdelegación del Gobierno al
que han solicitado que "paralice este movimiento".
Los sindicalistas dicen lamentar "la actitud pasiva
(como viene siendo habitual) de la dirección del
centro".
Los sindicatos denuncian la existencia de un "clima
de crispación" en el centro penitenciario ya que el
proyecto de traslado de funcionarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias coincide con
"la sobrecarga de trabajo que supone el imparable
aumento de la población penitenciaria". Además, se
añade la puesta en práctica por parte de la
dirección de "multitud de programas de tratamiento
para la población reclusa que no van acompañadas de
la dotación correspondiente de trabajadores
penitenciarios".
En 2006 se produjo ya una "pérdida real" de diez
funcionarios en prácticas, a lo que hay que añadir
"cerca de 300 internos más".
Todo esto ha derivado, según ACAIP y CCOO, en
una situación "insostenible" dado que "está
afectando, además de a los trabajadores, a la
seguridad del centro y a la calidad del servicio
prestado".
Los dos sindicatos recuerdan que la relación de
puestos de trabajo de la prisión de Albolote "es la
menor de todos los centros tipos de España, así como
que es la plantilla de más edad, con las
consecuencias que ello conlleva a nivel de
absentismo laboral". También destacaron que "en la
actualidad se atienden con esta misma plantilla, la
Sección Abierta ubicada en las dependencias de la
antigua prisión de Granada y el Centro de Madres de
Monachil".
Ante esta complicada situación, ACAIP y CCOO
advierten que podrían "iniciar cuantas actuaciones
creamos convenientes si la administración
penitenciaria no corrige o reconsidere su postura" .
|
|
Más de 1.700 personas condenadas por delitos de
maltrato familiar o sexista no están recibiendo el
tratamiento rehabilitador que les ha sido
judicialmente impuesto, según el último informe
anual del Defensor del Pueblo, entregado hoy por
Enrique Múgica a las Cortes.
Estas cifras han motivado la apertura de un
expediente de oficio por parte del Defensor, que
informó del hecho a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
En su respuesta, Instituciones Penitenciarias
explica que corresponde a los servicios sociales
penitenciarios gestionar que las personas condenadas
por estos delitos reciban el tratamiento judicial
impuesto. Aun así, remarca que no es responsable de
su impartición.
"Frustración" de las expectativas generadas por la
ley contra la violencia sexista
Sin embargo, "ante la ausencia o escasez de recursos
externos para el tratamiento del agresor, los
servicios sociales penitenciarios están empleando
sus propios recursos humanos y materiales en las
áreas de influencia de los centros penitenciarios de
Málaga, Jaén, Granada o Villabona", añade el
estudio.
Con respecto a la cuestión del maltrato, Múgica
afirma también que los datos de mujeres muertas por
violencia sexista en el 2006 --69 frente a las 61
del 2005-- reflejan "una frustración" de las
expectativas generadas tras la aprobación de la ley
de violencia sexista. El documento añade que el
incremento del número de mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas se sitúa en el 13%
durante el segundo año de aplicación de la
normativa.
El 66,7% de los asesinos fueron detenidos tras el
crimen
A tenor de los datos del Centro Reina Sofía para el
Estudio de la Violencia --según los cuales el 45% de
las víctimas mortales habían sufrido previamente
maltrato y uno de cada diez asesinos tenía una orden
de alejamiento--, el Defensor se pregunta "qué
razones impiden que las medidas legales previstas
sean eficaces" para reducir esta lacra.
Sin embargo, tras producirse el crimen, la actuación
de las fuerzas de seguridad se puede considerar
positiva, pues el 66,7% de los asesinos fueron
detenidos tras el crimen y solamente el 1,45% huyó.
Del resto de agresores, el 21,7% se suicidó y un 10%
lo intentó.
Otro importante grupo de quejas en relación con este
problema lo integran las promovidas por mujeres que,
tras ser víctimas de violencia, obtienen el divorcio
y sus maridos no les abonan la pensión compensatoria
o de alimentos que corresponde a sus hijos. Al
respecto, el Defensor se congratula de que la ley
estableciera la creación de un Fondo de Garantía de
Pensiones, pero pasados dos años de su aprobación
esa previsión legal ha quedado vacía de contenido. |
|
Así lo señala el Defensor del Pueblo en el apartado
de su informe que se refiere a la situación de las
prisiones y que comienza con una serie de
consideraciones previas relativas al incremento de
la población penitenciaria, que en 2006 continúo y
lo hizo en un porcentaje superior al ejercicio
anterior.
El número de internos en el sistema penitenciario
español era de 60.980 en enero de 2006, pero a
finales de ese mismo año la cifra se elevó hasta los
63.991, con lo que el incremento fue de 3.011
presos, lo que representa un aumento del 4,93 por
ciento.
Además, en ese año, en 2006, concretamente el 8 de
diciembre, las prisiones albergaron a 64.383
internos, el número más alto absoluto de presos en
la historia democrática, según señala el informe.
En 2005, el incremento de presos en las cárceles fue
del 2,72 por ciento, y en cifras absolutas de 1.618
presos; el aumento fue menor que el año precedente.
Pero, en 2006, las cifras volvieron a tasas de
crecimiento que se acercaron a los datos de 2004, en
el que el incremento fue del 6,08 por ciento y en
cifras absolutas de 3.405 presos.
El Defensor considera que el Plan de Creación de
Infraestructuras Penitenciarias, aprobado el 2 de
diciembre de 2005, 'tiene dificultades a corto plazo
para atender la demanda que esta situación plantea,
dado que la creación y puesta en marcha de centros
lleva un tiempo dilatado'.
Y por ello valora que se potencie el medio abierto y
las penas alternativas a la prisión, que parece
derivarse de la reforma orgánica producida en este
sentido en la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
'Pero debemos constatar, una vez más, -insiste
Múgica en su informe- que cada vez resulta más
difícil realizar un tratamiento adecuado de los
reclusos con las elevadas cifras que se manejan'.
El informe ahonda sobre numerosos asuntos referidos
a las prisiones, entre ellos los denominados
'módulos de respeto', una iniciativa que califica de
'enorme interés' y que se lleva a cabo en el centro
penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).
Consiste en establecer elevados niveles de
exigencia, fomentándose la responsabilidad, y
valores como la tolerancia y la obediencia; a
cambio, según el informe, la calidad de vida que se
consigue para los reclusos es alta, dado que la
limpieza, el orden, las actividades y el bienestar
general son notablemente superiores a los que se
consiguen en los módulos ordinarios.
Es, para el defensor del Pueblo, 'un ejemplo del
ideal en las prisiones', tal y como fue concebido
por la ley penitenciaria, y por ello ha iniciado una
investigación de oficio para conocer los planes de
extensión de estos módulos a todo el territorio.
Múgica sostiene que es posible trasladar esta
metodología a otras prisiones, con el fin de que la
calidad de vida y la reinserción social se faciliten
a un número cada vez mayor de reclusos. |
|
LA LEY de igualdad ha extinguido las escalas
masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. Hasta la promulgación
de la ley, este Cuerpo se hallaba dividido en una
escala masculina y en otra femenina; los
funcionarios varones pertenecían a la escala
masculina y realizaban su trabajo de vigilancia en
prisiones y módulos de hombres, y las funcionarias
pertenecíamos a la escala femenina y trabajábamos
únicamente en módulos o prisiones de mujeres.
Esta distinción se aplicaba solamente al trabajo de
vigilancia directa de las personas presas.
La ley de igualdad ha entendido que esta distinción
es discriminatoria y ha extinguido las dos escalas.
Los funcionarios de prisiones entendemos que la
unificación de las escalas masculina y femenina en
el trabajo de vigilancia directa, nos perjudica a
todos, funcionarios y funcionarias, y que es
consecuencia de un mal entendimiento del principio
de igualdad y del desconocimiento que existe sobre
nuestro trabajo y sobre las condiciones en las que
trabajamos.
Por eso queremos que se sepa que no estamos de
acuerdo con dicha unificación y las razones por las
que no lo estamos.
Creemos que la separación de los funcionarios de
vigilancia directa en una escala femenina y en una
masculina no es una discriminación, sino la
consecuencia de un criterio de organización del
trabajo que consideramos acertado y necesario, por
la especial naturaleza del trabajo y el contexto en
el que se desarrolla.
Los funcionarios de prisiones, en España, somos
funcionarios civiles; esto es, no llevamos armas de
fuego en el ejercicio de nuestras funciones, y no se
nos ha exigido ningún requisito físico ni la
superación de prueba física alguna.
Se nos compara con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero ellos son «institutos
armados» que operan en espacios abiertos, que
planifican sus operaciones y miden sus riesgos; y
para el acceso a los cuales se exigen unos
requisitos físicos mínimos y la superación de
pruebas físicas acordes con las unidades a las que
acceden.
Tampoco llevamos porras ni nada parecido; no
llevamos nada. Aprobamos un examen de test, un test
psicotécnico y un examen médico, y entramos
directamente al módulo de una prisión. Allí nos
encargamos de las labores administrativas de los
módulos, de las de reinserción (casi inexistentes en
la práctica) y del mantenimiento del orden y la
seguridad dentro del mismo.
Esto supone la observación y la vigilancia de las
personas que allí se encuentran, para asegurar que
no se producen peleas, ni abusos, ni actividades
ilegales, ni nada que perjudique el normal
desarrollo de las actividades diarias de estas
personas.
Y supone también intervenir cuando se producen. Todo
esto implica la posibilidad y la obligación de
acceder a todos los espacios en los que se mueven
como patios, duchas, servicios, celdas¿ etc. Además,
tenemos que poder acceder sin pedir permiso porque
si no no podríamos intervenir en sus altercados, ni
encontrar armas que hayan podido fabricar, ni
sustancias prohibidas como drogas¿ etcétera.
Un funcionario de distinto sexo al de las personas
custodiadas no puede realizar estas funciones porque
vulneraría el derecho a la intimidad de estas
personas (Nosotros pensamos que se vulneraría
también el derecho a la intimidad de los
funcionarios y funcionarias al tener que acceder de
esta manera a la intimidad de personas de distinto
sexo).
Lo que más ha trascendido a la calle, en relación
con la intimidad, es el tema de los cacheos, pero
todo el trabajo de vigilancia supone el acceso a
espacios íntimos de estas personas (y por eso, y por
motivos de seguridad, se les separa a ellos por
razón de su sexo). No entendemos, tampoco, en este
sentido, que se nos pueda unificar a nosotros cuando
la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que
ellos tienen que estar separados por razón de su
sexo. Entendemos, más bien, que la unificación de
las escalas es, en verdad, contraria a la Ley
Orgánica General Penitenciaria, y a la separación
que establece para garantizar el derecho a la
intimidad de estas personas.
Hay que añadir que, en muchas prisiones, la apertura
y el cierre de las celdas siguen haciéndose
manualmente y de una en una, por el funcionario o
funcionaria.
Por todo esto creemos, también, que la seguridad y
la integridad física de las funcionarias no están
suficientemente garantizadas si trabajan en módulos
de hombres en funciones de vigilancia directa. No
hay que olvidar que estamos en un espacio cerrado
rodeados de las personas a las que custodiamos.
Creemos que no tener en cuenta la diferencia de
fuerza física entre hombres y mujeres en un trabajo
como el nuestro, en el que es la única «arma» que
llevamos, en el que no se nos ha exigido la
superación de prueba física alguna, y en el que hay
que ejercerla, en los supuestos legalmente
previstos, para evitar daños de las personas presas
a si mismas o a otras personas (incluidos los
funcionarios y las funcionarias), genera desigualdad
y nos pone inútilmente en peligro, puesto que ni
está garantizada nuestra seguridad ni podemos
garantizar la de nadie.
Hay que tener en cuenta, también, que la fuerza
física personal no solo opera cuando efectivamente
se ejerce, sino que también es un elemento
«disuasorio» en si mismo.
A esta «circunstancia» hay que añadir que las
prisiones están llenas de personas con problemas
psiquiátricos a causa de la escasez de hospitales
psiquiátricos penitenciarios, de personas con
problemas de drogadicción, con las secuelas
psicológicas que esto tiene en relación con su
comportamiento y su autocontrol (escaso), de
personas condenadas por delitos sexuales y de
violencia de género contra las mujeres, de personas
con delitos graves, condenados ya casi al máximo de
pena que efectivamente pueden cumplir, y a los
cuales uno más (una agresión sexual a una
funcionaria, por ejemplo) les sale prácticamente
gratis¿.
Por todo esto creemos que la unificación, en nuestro
trabajo, supone, en realidad, una vulneración del
derecho de igualdad, al no tener en cuenta que, el
sexo, en el trabajo de vigilancia directa, es un
requisito determinante para su ejercicio; porque la
igualdad no sólo consiste en igualar, sino también
en distinguir cuando hay que distinguir.
Ninguno de los países europeos ha unificado a
hombres y a mujeres funcionarios en el trabajo de
vigilancia directa; y en algunos países, como
Italia, Alemania o Bélgica, además, van armados.
Tan solo la comunidad autónoma catalana, que es la
única que tiene transferidas las competencias de
prisiones, lo tiene teóricamente unificado y,
curiosamente, ha introducido pruebas físicas en el
acceso. |
|
En las cárceles españolas hay más de 2.400 agresores
sexuales por delitos de distinta gravedad. Unos 400
están siguiendo en estos momentos programas de
rehabilitación para violadores. Instituciones
Penitenciarias no tiene datos sobre los violadores
encarcelados que han podido concluir ya la terapia.
Según el único estudio sobre reincidencia en este
tipo de delitos que existe en nuestro país,
elaborado con internos de Brians (Barcelona), el 18%
de los que no habían asistido a la terapia había
vuelto a delinquir cuatro años después de cumplir la
condena. La tasa bajó al 4,1% entre los que sí
habían recibido tratamiento.
Incapacidad para darse cuenta del dolor de las
víctimas y sus familias y del daño que han
provocado; menosprecio hacia las mujeres; excusas
varias para justificar sus delitos si es que los
reconocen. Estos son algunos de los rasgos
compartidos por la mayoría de los agresores sexuales
encerrados en las cárceles españolas, según los
psicólogos que los tratan. Los programas de 400
horas agrupadas en uno o dos años que se imparten en
las prisiones se dedican a intentar modificar estas
desviaciones, que provocan que la persona
experimente placer sexual con el dolor y la
humillación ajenos.
El caso de Alejandro Martínez Singul, conocido como
el segundo violador del Eixample (Barcelona), recién
salido de la cárcel después de cumplir una pena de
16 años, ha hecho correr ríos de tinta y de imágenes
sobre la rehabilitación de los violadores en serie.
¿Es posible curarlos? ¿Deben salir de la cárcel si
no se han recuperado? Cuando no desean seguir los
tratamientos, que son voluntarios, o estos no
funcionan, su libertad provoca encendidos debates.
Pero, en el otro lado de la balanza está que cada
vez hay más agresores que sí los realizan.
En estos momentos hay unos 2.400 delincuentes
sexuales en prisión en toda España, pero no todos
los casos son de la misma gravedad. Unos 400 de
ellos están siguiendo en estos momentos programas
especiales de tratamiento. En Cataluña, que tiene
competencias penitenciarias, lo hacen 153 personas.
El requisito es que hayan cumplido tres cuartas
partes de la condena. Allí lo hace ahora el 100% de
los que están en esta situación, según datos de la
consejería de Justicia de la Generalitat. En el
resto de España lo siguen 250 personas en 28
cárceles. No hay datos del porcentaje de agresores
sexuales que han seguido tratamiento en otro momento
de su condena. Estos programas se implantaron en
1996 en Cataluña y en 1998 en el resto de España.
Las estadísticas de reincidencia, aunque los
estudios llevan poco tiempo haciéndose, indican que
las terapias funcionan algunas veces. Según el único
informe disponible, elaborado con internos de la
prisión de Brians (Barcelona), el 18,2% de los
excarcelados que no había seguido tratamiento había
reincidido en el delito en los cuatro años
posteriores a cumplir condena. Esta cifra baja hasta
el 4,1% entre los que sí habían asistido al
programa. El estudio sigue recopilando las
estadísticas de agresores para ver su evolución en
el tiempo.
Cuando comienza el programa, una vez que los
internos dan su visto bueno, empiezan a reunirse en
grupos de 8 a 12 personas. "Los primeros días vienen
como de visita", explica Guadalupe Rivera, psicóloga
que ha desarrollado varios programas en la prisión
de Valdemoro (Madrid). "Como si la cosa no fuera con
ellos. Niegan haber hecho nada malo y empiezan a
explicar que si el abogado no les defendió, que si
el juez era mujer... Pero siempre hay alguien que en
algún momento dice 'pues yo sí lo he hecho y para
hablar de eso estamos aquí ¿no?' Y los demás suelen
empezar a contar sus secretos, poco a poco. Esto los
libera, y llega un momento en el que quieren que
haya terapia".
Una vez asumido que han cometido el delito, se
comienza a trabajar con su empatía y sentimientos.
"Se utiliza mucho el diálogo socrático, las
preguntas", explica el psicólogo y profesor de
Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago
Redondo. "Se trata de que abran la mente a
cuestiones que no se habían planteado. Muchos tienen
un repertorio de emociones muy limitado y hay que
hacerles recordar que ellos también han sentido
tristeza, humillación, dolor, para que puedan
entender lo que sintieron sus víctimas. Muchos no
han considerado cómo han podido afectar las
agresiones a la vida de estas personas y sus
familias y hay que lograr que ellos mismos vayan
descubriendo los daños", explica. Señala que también
se deben tratar temas como los derechos de las
mujeres. "Suelen tener distorsiones cognitivas,
opiniones equivocadas como que 'las mujeres son
inferiores' o que 'siempre quieren sexo'', añade.
"A veces llegan a sentirse como monstruos cuando se
dan cuenta de lo que han provocado", añade Guadalupe
Rivera. "Esto es muy importante, porque si saben el
daño que han hecho es posible que lo controlen en el
futuro. Se hacen muchos ejercicios de empatía, como
escribir una carta en la que ellos hacen de
víctima". Para pederastas hay una parte específica,
de terapia individual, para reducir la desviación
sexual.
Una fase fundamental es la llamada "prevención de
recaídas y reincidencia". Se trata de un
entrenamiento especial para anticipar las
situaciones que van a vivir en libertad. "En la
cárcel no hay menores ni mujeres, pero los van a
encontrar en la calle y tienen que estar
preparados", relata Redondo. "El proceso de recaída
es muy similar al de una adicción. Cualquier
estímulo aparentemente irrelevante puede ser el
detonante, así que hay ponerlos en situación, como
al drogadicto, que sabe que se va a encontrar con el
camello en cuanto salga de la prisión".
Ambos psicólogos reclaman de las administraciones un
esfuerzo mayor, sobre todo que existan recursos
postpenitenciarios, para cuando los agresores salen
en libertad. "Si no, la terapia no es suficiente y
se puede perder todo lo conseguido hasta ese
momento", opina Guadalupe Rivera. "En la sociedad no
hay ninguna institución que asuma el seguimiento de
estos internos. Cuando salen es cuando más ayuda
necesitan".
"Esto no es la panacea", concluye Redondo, que está
preparando un informe para evaluar la eficacia de
estos programas de tratamiento. "Magia no hay, pero
es la única forma de que tengan menos riesgo de
volver a cometer los delitos que los han llevado a
la cárcel. Se trata de intentar evitar que haya más
víctimas en el futuro". |
|
Una
condena no implica automáticamente entrar en la
prisión. Al menos en Cataluña. Un 57,34%
de los condenados en esta comunidad
cumple la pena fuera de las prisiones,
según los datos que ayer proporcionó el secretario
de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle.
El 41% de los condenados que están fuera de
prisión cometieron delitos de violencia
doméstica
El 41,6% de los que cumplen condena fuera de un
centro penitenciario lo hacen por
violencia doméstica. Otro 31% por ir
borracho o drogado al volante.
Muy lejos están los delitos contra la
propiedad (11,2%) u otras pequeñas
infracciones como vandalismo o lesiones menores.
Mayoría entre los jóvenes
Entre los adultos, la supera el 51,12% y entre
los jóvenes es lo habitual (el
90%).
Cataluña es la comunidad española donde
más se recurre a las medidas penales
alternativas, la libertad condicional y los
regímenes abiertos
Actualmente hay en Cataluña 5.828 personas
cumpliendo pena fuera de la cárcel
En total son 5.828 personas las
beneficiadas. Un 29% son, en realidad,
medidas penales de servicio a la comunidad.
No son alternativas porque nadie ha salido de
la prisión gracias a esta via.
A favor de la comunidad
La mayoría (56%) de personas que cumplen
condena fuera de la cárcel son trabajos en
beneficio de la comunidad. Por ello,
Batlle pide más colaboración a los ayuntamientos
para ofrecer un catálogo de servicios más amplio
que pueda cumplir este colectivo.
Un 22% participa en programas de
formación y un 13% en programas de
deshabituación.
La modificación del Código Penal
que castiga más las agresiones sexuales o la mala
conducción, ha disparado esta estadística en los
últimos años.
Mantener un preso en la cárcel cuesta 63 euros
al día; si cumple la pena en la calle el coste
es nueve veces inferior
En 1999, 466 catalanes estaban ejecutando
medidas penales alternativas. A finales del 2006
eran unos 3.240. Y hay 2.000 en lista
de espera.
Cuestión de dinero
Mantener un recluso interno vale unos
63 euros diarios. Si cumple la pena fuera
de la cárcel son 7, nueve veces menos.
Servicios Penitenciarios pidió a los
jueces y fiscales mayor sensibilidad para
que se impongan menos penas de prisión y se opte
más por las medidas penales alternativas.
Pero, visto el aumento de los últimos años,
Batlle ha alertado del peligro de colapso
de esta vía.
Si no se dedican más recursos, más condenados
tendrán que ir a prisión, que es más cara.
|
|
Noviembre de 2005. Instituciones Penitenciarias
anuncia un ambicioso plan de mejora de las
infraestructuras carcelarias. El proyecto preveía,
como principal actuación en la Comunitat, otra gran
prisión del mismo tamaño que la de Picassent, única
por el momento en la provincia de Valencia.
Mayo de 2007. De la cárcel, pocas noticias han
llegado a los medios de comunicación y menos todavía
a la Conselleria de Justicia. Mientras, el centro de
Picassent continua masificado al 168%, según los
últimos informes del sindicato Acaip.
Mercedes Gallizo, en su última visita a la capital
del Turia, dio alguna pista sobre la posible
ubicación. “En el entorno de la ciudad de Valencia”,
comentó. No obstante, este dato no acota demasiado
el campo de las hipótesis porque el entorno puede
abarcar tanto los alrededores de Valencia como hasta
una distancia de 30 kilómetros.
Desde Instituciones Penitenciarias remiten a la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento
Penitenciario (Siep) para hablar de la nueva
prisión. Y desde la empresa aseguran que no hay
novedades al respecto: “Se sigue trabajando en ello.
Estamos buscando un emplazamiento”. Los técnicos de
la entidad ya se encontraban en esta tarea el pasado
mes de enero, según indicó Gallizo. Se desconoce si
comenzaron antes para hallar el emplazamiento
idóneo.
Unos 350.000 metros
No es tarea fácil. Se trata de encontrar un terreno
de 350.000 metros cuadrados y que preferiblemente
pertenezca al Estado o, al menos, en su mayor parte.
No obstante, fuentes del Siep ya comentaron en su
día que este requisito no es imprescindible. Una de
las características con las que sí deberá contar el
centro son unas buenas comunicaciones por carretera.
Una vez determinado el lugar deberán comenzar las
conversaciones con los municipios y con el Consell.
Hasta la fecha sólo se ha mantenido un encuentro con
Miguel Peralta, conseller de Justicia e Interior,
ámbitos a los que afectará el centro. Mercedes
Gallizo aseguró que la ubicación de la nueva cárcel
se iba a consensuar con la Generalitat.
Sin embargo, los meses pasan y en la sede de
Justicia no reciben noticias de una reunión para
tratar el asunto. Ante la “incertidumbre”, será el
propio departamento quien solicite un encuentro con
el propio ministro Rubalcaba o en su defecto con la
directora de Instituciones Penitenciarias. Desde la
Conselleria admiten que no es de su agrado la
presencia de otra nueva prisión en la provincia,
pero consideran que si esta es necesaria –por la
saturación de Picassent– cuanto antes se acuerde el
lugar y comiencen las obras, mejor.
El nuevo centro contará con 1.280 celdas que, en un
principio, serán ocupadas por un solo preso. El
presupuesto que baraja el Ministerio del Interior
para su construcción ronda los 92 millones de euros. |
|
De Juana Chaos en ambulancia al Hospital Donostia de
San Sebastián el 1 de marzo pasado, una vez que
Instituciones Penitenciarias concediera al recluso
el régimen de prisión atenuada. Esta decisión,
confirmada por el Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria, llevó al interno ese mismo día a
abandonar la huelga de hambre de 115 días que
mantenía desde el 7 de noviembre de 2004, y que era
continuación de otro ayuno de 61 días que inició el
7 de agosto del mismo año.
La medida penitenciaria extraordinaria permitirá que
acabe de cumplir su condena en el domicilio siempre
que aceptase estar controlado por determinadas
medidas de seguridad como son la implantación de una
pulsara telemática o el control a través de llamadas
al teléfono de su casa.
El ex jefe del comando Madrid de los ochenta ha
permanecido en el hospital donostiarra durante tres
meses para poder recuperarse de su grave estado de
salud por las dos huelgas de hambre. De Juana no
pudo marcharse a su casa el 1 de marzo pasado porque
pesaba 54 kilos, unos 33 menos que en agosto, tenía
anemia, bajos niveles de potasio, desnutrición
severa, digestión deficiente y debilidad muscular.
Un cuadro clínico muy grave, que amenazaba con
cronificar sus dolencias o provocarle un fallo
cardiaco.
Llegó al hospital donostiarra procedente del Doce de
Octubre de Madrid, donde llevaba ingresado otros
tres meses, desde el 25 noviembre de 2006, por orden
de la Audiencia Nacional. Allí fue alimentado de
manera forzosa en tres ocasiones, por un período de
unas tres semanas en cada ocasión, para evitar su
muerte.
De Juana, que en agosto del 2005 cumplió su condena
por 25 asesinatos terroristas, inició un año después
su primera huelga de hambre para protestar por el
nuevo juicio al que iban a someterle por un delito
de amenazas terroristas, derivado de dos artículos
publicados en Gara en 2004.
El recluso, convencido por su familia, abandonó la
primera huelga de hambre el 7 de octubre, unos días
antes del juicio.
El 7 de noviembre, el mismo día en que la Audiencia
Nacional le condenó a 12 años de cárcel por estos
hechos, comenzó su segundo ayudo y advirtió que lo
llevaría hasta sus últimas consecuencias |
Los
más de 4.000 internos de los centros
penitenciarios gallegos de Teixeiro (en
el municipio de Curtis), Bonxe (Outeiro
de Rei), Monterroso, Pereiro de Aguiar y
A Lama dispondrán de centros públicos de
educación y promoción de adultos, en los
que los reclusos podrán cursar
enseñanzas básicas equivalentes a las
obligatorias y posobligatorias. De
acuerdo con el decreto aprobado ayer por
el Consello de la Xunta, que regulará la
situación de las escuelas de prisiones
para promover los procesos de formación
de los internos en esas instituciones,
las cárceles contarán con profesorado
que impartirá docencia en horario de
mañana y tarde, en las mismas
condiciones que el resto de los centros
públicos de la comunidad. Los gastos de
funcionamiento de esos centros serán
asumidos por la Administración
penitenciaria.
La Consellería de Educación pretende
potenciar así las enseñanzas para
colectivos desfavorecidos, con
necesidades educativas específicas o que
no alcanzan una titulación básica. La
principal novedad del decreto, en ese
sentido, es la regulación de las
actuales escuelas de prisiones para
formar a los internos que, según la
Xunta, han consolidado un incremento
significativo de alumnado, tanto español
como procedente de países extranjeros.
Acceso al mercado laboral
El decreto supondrá la integración en
esos centros de los maestros con destino
en las unidades educativas de las
cárceles, que fueron asumidas por la
comunidad gallega y asignadas a la
Consellería de Educación por medio del
Decreto 322/1999. De este modo, será la
Administración educativa la que
determine los cuadros de personal
docente para cada uno de los centros
públicos creados por el decreto.
El Ejecutivo sostiene que el decreto
abre una nueva fase de trabajo «para
facilitar a aprendizaxe dentro das
institucións penitenciarias, facendo
realidade a formación de persoas adultas
integrada no seu contorno». Defiende que
ese ámbito formativo contribuirá a
solventar «os problemas de socialización
dos internos e acadar á súa vez as
competencias requeridas para o mercado
de traballo, e facilitar a inmersión
social unha vez rematada a súa
rehabilitación».
|
|
Prisiones insiste en que no le consta que De Juana haya
recibido el alta |
|
02-06-07 |
| Iñaki de Juana Chaos podría
salir del Hospital Donostia en cuestión de días, o de horas.
En contra de lo que mantiene Instituciones Penitenciarias,
el abogado del etarra ha asegurado que el terrorista ya
tiene el alta hospitalaria. Ahora está por ver dónde acabará
el miembro más sanguinario de la banda terrorista ETA. |
El alta hospitalaria, de la que hoy hablaba el
abogado de De Juana, le permite al terrorista ser
trasladado a su domicilio aún con vigilancia médica
y con controles de seguridad. Allí podría cumplir el
resto de la condena por amenazas que tiene
pendiente, poco más de un año. Así lo adelantó el
ministro del Interior, en el momento del traslado
del etarra de Madrid a San Sebastián.
Ni en el Ministerio del Interior, ni en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias tienen aún
constancia del alta hospitalaria.
El pasado mes de Marzo a Iñaki De Juana se le
concedió la prisión atenuada. Inmediatamente fue
trasladado del hospital doce de octubre de Madrid al
Hospital Donostia tras 100 días en huelga de hambre.
Ahora ese régimen penitenciario le podría permitir
pasar del centro hospitalario a su domicilio, bajo
vigilancia y con controles telemáticos. |
Ante
la inminente salida del hospital
de Iñaki de Juana Chaos tras la
concesión del alta hospitalaria,
confirmada por el abogado del
terrorista y que el Gobierno se
empeña en desmentir, la
Asociación Profesional de la
Magistratura ha advertido que
"lo lógico" es que el etarra
"reingrese en prisión y cumpla
en términos de normalidad la
pena que se le impuso". La
razón, que "ya no existe el
riesgo" para su salud que "al
parecer justificó" su traslado a
San Sebastián. Según la APM, el
Gobierno tendría que ofrecer una
"explicación tremendamente
convincente" si De Juana acaba
volviendo a casa puesto que es
una medida destinada a la
reinserción y "eso no se ha
conseguido".
El presidente de la
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Antonio
García, en declaraciones a
Europa Press, explicó este
sábado que, una vez que los
problemas de salud que
"motivaron el régimen
penitenciario especial" para el
preso de ETA Iñaki de Juana "se
han corregido, lo lógico es que
reingrese en prisión y cumpla en
términos de normalidad la pena
que se le impuso".
García indicó que "el
siguiente paso tendrá que
decirlo instituciones
penitenciarias", pero reiteró
que, a juicio de la APM, los
problemas sanitarios que sufría
de Juana, a consecuencia de la
segunda huelga de hambre que
realizó, "se han corregido y
desde luego ya no existe el
riesgo" para su salud que, "al
parecer, justificó que ese
régimen especial se instaurase".
"Nosotros no creemos, en
absoluto, que deba cumplir la
pena que le queda en casa, es
más, se necesitaría ofrecer una
explicación tremendamente
convincente desde el punto de
vista legal para justificar una
solución de esa naturaleza",
advirtió. Para García, "el
régimen de cumplimiento en casa
excepcionaría el régimen de
cumplimiento normal" y esa
situación fuera de lo habitual
"en principio sólo se explicaría
en función de un tratamiento
reorientado a la reeducación y
reinserción del penado",
objetivos que, en el caso de De
Juana, "no se han dado".
En este sentido, señaló que
se "justificaría" una solución
excepcional de este tipo si el
preso de ETA se hubiera
arrepentido, "si se le hubiera
conseguido recuperar para ser
devuelto a la sociedad en
términos de normalidad" y de
"encontrarnos ante una persona
que vaya a respetar plenamente
los dictados de la ley y las
garantías y derechos de un
estado democrático". "Si, desde
luego, eso no se ha conseguido,
para nosotros la ley no
autorizaría una solución de ese
tipo", añadió el presidente de
la APM.
|
|
|
Las
prisiones de Castilla-La Mancha, a rebosar |
|
3/06/2007 |
| Los seis centros penitenciarios
de Castilla-La Mancha están masificadas al 130 % de su
capacidad, según la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias |
En declaraciones a Europa Press, fuentes de esta
agrupación explicaron que según los datos de los que
dispone a fecha de mayo de 2007, en Castilla-La
Mancha hay 2.269 presos, de los cuales 461 son
preventivos, y 1.808 reclusos, siendo 1.784 los
hombres encarcelados, y 24 las mujeres presas.
Presos preventivos
De los reos preventivos que hay en los seis centros
penitenciarios de la región, 451 son hombres y 10
mujeres, estadística que se sitúa en la media
nacional según confirmaron desde ACAIP.
Así, en la prisión de Albacete hay 314 presos; en la
de Alcázar, 100; en Cuenca, 138; en Herrera de la
Mancha, 570; en Ocaña I, 578, y en Ocaña II, 570.
En cuanto a la relación de trabajadores existentes
en estos momentos en los centros penitenciarios
castellano-manchegos, asciende a un total de 951
funcionarios. De tal forma que en Albacete trabajan
141, en Alcázar 97, en Cuenca 105, y en Herrera de
la Mancha 218, en Ocaña 185, y en Ocaña II 207.
Según explicaron las mismas fuentes esta relación de
trabajadores es un "documento de máximos", que no
implica que estén cubiertas todas las plazas al
completo, "aunque sí debería estarlo al menos al 80
por ciento".
Sin trato con los presos
Matizaron también desde la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias
que no todos los funcionarios de prisiones hacen
servicio de vigilancia, pues al menos el 50 por
ciento de los trabajadores no tienen trato directo
con los internos.
En cuanto a las incidencias registradas en los
centros castellano-manchegos, la última, según
explica ACAIP en su página web y
recoge Europa Press, ocurrió en el mes de febrero en
la prisión albaceteña de La Torrecica donde dos
internas secuestraron durante varias horas a una
funcionaria en un intento de fuga.
ACAIP insiste en que en todos los módulos,
incluso en los más peligrosos, sólo trabaja un
funcionario, por lo que se genera una gran
inseguridad entre los funcionarios. |
|
Los reclusos de la cárcel asturiana de Villabona
podrán declarar ante el juez desde la propia
prisión, sin tener que desplazarse. La Dirección
General de Instituciones Penitenciarias ha instalado
en el centro penitenciario un sistema de
videoconferencia, que comenzará a funcionar en los
próximos días, para comunicar con juzgados y
tribunales, e incluso con centros sanitarios
públicos o privados. También podrá utilizarse para
contactos personales del interno cuando, por razones
de fuerza mayor, éstos no puedan celebrarse en
persona.
La tecnología no afectará sólo a los presos
asturianos. También está prevista para el personal
del centro penitenciario. Otro sistema, casi
idéntico al anterior, ha sido instalado en una de
las salas de la zona administrativa de la cárcel,
que permitirá a la dirección comunicar con
autoridades, principalmente con Madrid, cuando sea
necesario.
El sistema está únicamente pendiente de los últimos
detalles técnicos -relativos a la línea telefónica-
para empezar a funcionar con plena normalidad.
Cuestión de días, según el director del centro, José
Carlos Díez de la Varga, que destaca, satisfecho, el
«gran avance» que este proyecto supone para el mejor
funcionamiento de la prisión.
Una doble puerta da paso a la sala del centro
penitenciario de la región donde se ha instalado el
sistema. Está insonorizada. Cuenta con sillas de
plástico fijas (para evitar que el interno pueda
cogerlas y causar desperfectos) alrededor de la
pared y una mesa. Tiene capacidad para un máximo de
diez internos, según las propias directrices de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
En una de las paredes está una gran pantalla de
televisión, la videocámara y el sistema de sonido, a
la espera de que por motivos de seguridad se proceda
a su blindaje. «Había uno preparado, pero finalmente
hubo que retirarlo porque la televisión enviada
desde Madrid es mayor que la proyectada
inicialmente», explica De la Varga. En frente, a
unos pocos metros, está la silla donde se sentará el
interno que vaya a comunicarse.
Si se trata de comunicaciones oficiales, en la sala,
junto al interno, habrá agentes policiales
custodiándolo, como sucede cuando la diligencia se
desarrolla en sedes judiciales. Otra cosa serán las
comunicaciones personales del interno. Esto
sucederá, por ejemplo, con los reclusos de otras
comunidades autónomas cuyos familiares no puedan
desplazarse a Asturias (en fechas señaladas, como
por ejemplo, las Navidades) y no haya posibilidad de
contacto físico. Éste es un caso frecuente en
internos naturales de las islas Canarias o de
Baleares y recluidos en otros puntos del país, según
explica un portavoz de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, que asegura que son
habituales los casos de presos «que pasan largas
temporadas sin ver a sus familiares por falta de
medios económicos para desplazarse hasta la cárcel».
Y eso es precisamente lo que se quiere evitar.
En estas situaciones, el preso estará solo en la
habitación, aunque -por motivos de seguridad- estará
permanentemente vigilado por los funcionarios de la
cárcel a través de dos cámaras colocadas en el
techo, cuya imagen se proyecta en dos monitores
instalados en otra sala. Para garantizar la
intimidad del recluso no habrá sonido, únicamente si
el interno tiene las comunicaciones intervenidas por
orden judicial.
La instalación del sistema es consecuencia de un
acuerdo suscrito el 17 de mayo de 2006 entre los
ministerios de Justicia e Interior. La medida, que
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ha puesto en marcha ya en algunos centros de
reclusión y que con el tiempo se irá extendiendo al
resto de cárceles españoles, evitará salidas
innecesarias, o al menos evitables, de la prisión.
Entre ellas se encuentran diligencias de menor
entidad, muy frecuentes, para las que se necesita la
declaración del interno y para las que actualmente
se organiza un completo organigrama de
desplazamientos y custodias por parte de agentes de
la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía
para evitar posibles fugas o altercados. Su utilidad
se evidenciará sobre todo cuando las diligencias, o
incluso las declaraciones en juicios, se celebren en
otras comunidades autónomas, ya que se evitarán los
desplazamientos por carretera, con todo el ahorro
económico y humano que conlleva. |
|
|
Madrid II cuenta con 200 jóvenes presos, la mayoría por
tráfico de drogas |
|
4/06/2007 |
| El Centro Penitenciario de
Madrid II, en Alcalá de Henares, cuenta con un total de 200
jóvenes presos de entre 18 y 21 años, y no menores de edad
como afirmaba la agencia Europa Press el pasado viernes,
puesto que un menor no puede ingresar por ley en prisión. La
mayoría de estos jóvenes recluídos se encuentran de manera
preventiva a la espera de juicio y casi todos implicados en
delitos relacionados con el tráfico de drogas. |
Estos dos centenares de jóvenes que están internos
en el centro, situado en Alcalá de Henares, han
cometido un total de 359 delitos. Estos jóvenes, que
representan casi un tercio del total de presos
ingresados en el penal, suman 15 delitos de
homicidios, 56 delitos contra la salud pública, 191
robos con violencia e intimidación, 2 delitos
relacionados con conspiraciones y asesinatos y 10
agresiones sexuales, entre otros.
Asimismo, estas cifras revelan que en Madrid II sólo
28 de los arrestados tienen condenas en firme,
mientras que el resto están recluidos de manera
preventiva a falta de que se celebre su juicio. La
Memoria del 2006 de la Fiscalía de Madrid señala,
además, que hay un "preocupante aumento de la
virulencia y agresividad" en los delitos cometidos
por jóvenes en la Comunidad de Madrid, donde se
registraron un total de 11.660 procedimientos por
delincuencia juvenil, 655 más que el año anterior.
Del total de jóvenes internados en penales de la
región, 265 eran españoles, 123 magrebíes, 148
latinoamericanos, 53 europeos no comunitarios, 7
europeos comunitarios y once procedían de otros
países. Se ha producido un aumento de los delitos
más graves, como por ejemplo los homicidios, ya sean
en grado de tentativa o consumados, que se han
incrementado en un 31% respecto a 2005.
|
|
|
Gallizo pide otras "opciones" distintas al envío a prisión
para castigar los delitos |
 |
5/06/2007 |
| La directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha solicitado
a los poderes legislativo y judicial otras "opciones"
distintas a las penas de cárcel como castigo a los delitos.
Para Gallizo, los problemas de la sociedad no se solucionan
"mandando más gente a la cárcel, como entendió el PP", por lo
que pidió evitar leyes "restrictivas", las culpables, a su
juicio, de la "sobreocupación" en las prisiones españolas. |
En rueda de prensa en Cádiz, Mercedes Gallizo se
refirió al "gran incremento" de la población reclusa
"en los últimos años", que es, a su juicio, "un
problema en el sistema heredado".
Para la directora de Instituciones Penitenciarias,
los jueces "deberían buscar condenas alternativas
como trabajos sociales u otras que alcancen la
finalidad del sistema, la reinserción". La solución
pasaría por que los poderes legislativo y judicial
tengan "una visión más abierta y realista y trabajar
conjuntamente en la dirección de lograr una sociedad
más segura y un sistema más eficaz" o, de lo
contrario, "seguiremos esta vertiginosa escalada que
coloca a España la cabeza de Europa en número de
reclusos pese a no tener el índice delictivo más
alto".
En este sentido, Gallizo señaló que, durante los
últimos cinco años, el legislativo "ha abusado de la
privación de libertad". Según la funcionaria, su
departamento "está volcado" con su "principal
problema", la sobreocupación carcelaria, ya que en
los centros tipo la cifra "ideal" de población
reclusa es de 1.200, "pero se alberga a más
personas". Explicó su pretensión de que "en el plazo
más breve" haya un interno por cada celda, aunque
reconoció que "es difícil porque las
infraestructuras necesarias no se hacen en tres
días".
Pese a esta "alta" ocupación en las prisiones, la
directora general aseguró que no han detectado una
alta conflictividad "ni cuantitativa ni cualitativa"
en el seguimiento "diario y exhaustivo" que lleva a
cabo su departamento, más allá de los "permanentes
conflictos" que generan que haya personas "difíciles
que están en los centros en contra de su voluntad".
No obstante, manifestó "no minimizar" los problemas
"porque son reales" y reconoció que los
funcionarios de prisiones "tienen una carga de
trabajo superior a la que debieran", algo que confió
en resolver "en el menor plazo posible" porque "son
unos profesionales que afrontan con gran dedicación
situaciones difíciles de administrar". |
|
ACAIP pedirá a Arreciado información de la nueva cárcel |
|
| El Faro Ceuta y Melilla
05-06-07 |
| La situación penitenciaria
de los reclusos que hay en Ceuta sigue dando que hablar.
Tras el informe de la pasada semana en la que el Defensor
del Pueblo presentaba las condiciones de vida de los
reclusos del actual centro penitenciario de los Rosales
durante el año 2006, ayer fue el líder del sindicato ACAIP
en Ceuta, Guillermo González, el que anunció en
declaraciones al programa |
La mañana’ de la cadena COPE que la Junta de
Personal de Prisiones pedirá al delegado del
Gobierno, Jenaro García Arreciado, que se pronuncie
sobre el lugar en el que se construirá el futuro
centro penitenciario ya que, tal y como apunta, no
se les ha informado sobre los terrenos que se van a
utilizar e indica que Arreciado, dado que la
cuestión se la plantea la Junta de Personal “está
obligado a contestar”. Y es que González señaló que
el sindicato directamente no se comunicará con
Delegación de Gobierno para tratar temas referentes
a la prisión sino que empleará a los representantes
que tiene en la Junta de Personal del sector.
Todo ello viene motivado porque en su momento
Arreciado “ni siquiera contestó” a la petición de
que se celebrase una reunión después de que ACAIP
denunciase el año pasado la situación de los presos
en Ceuta, denuncias que motivaron el último informe
del Defensor del Pueblo sobre la prisión ceutí, un
documento que “te anima a seguir” ya que respalda
las denuncias sindicales.
Así el informe publicado recientemente recoge la
información que la administración penitenciaria
mandó a la oficina del Defensor del Pueblo después
de que éste pidiese información de Los rosales “a
raíz de los datos publicados en medios de
comunicación”.
Pero las críticas a Arreciado no concluyen aquí ya
que González señala que el delegado, a raíz de la
“situación denunciada” y después de que la
información apareciese en medios de comunicación
locales y nacionales “desmintió” esta denuncia y
“fue buscando la fotografía”, cuando visitó la
cárcel de Los Rosales ya que afirma que el delegado
del gobierno “informó de las buenas condiciones de
la prisión y realizó las declaraciones antes de
entrar en la prisión”. Además considera que la
visita no fue tal porque “ni vió las duchas, ni las
celdas...”. Aunque el responsable de ACAIP
reconoce que en ese momento “otro sindicato como UGT
desmentía las denuncias que ACAIP realizaba”.
En la actualidad el responsable de este sindicato
califica de “muy mala” la situación de la cárcel ya
que la cifras que se manejan “están cercanas a los
300 presos”, y para González hay un problema
añadido: con el verano y la Operación Paso del
Estrecho “estamos en 281 y subiendo y la estructura
arquitéctonica y y las instalaciones son las que
hay, y a más número de internos, peores condiciones
para el resto”. |
|
El aumento de la población reclusa que cumple
condena en la macrocárcel de Huelva ha vuelto a
registrar un importante (pero no extraordinario)
salto en el año en el que se cumple el décimo
aniversario de su apertura. Según ha podido
confirmar este diario, en estos momentos se superan
los 1.830 internos, cifra que incluso se ha visto
superada en momentos puntuales desde comienzos de
año (cuando por primera vez se ha pasado la barrera
de los 1.800 presos), llegando incluso a sobrepasar
los 1.850 internos.
Los sindicatos mantienen la alerta ante la
masificación cuando la ocupación del centro rebasa
el 155 por ciento, si se tienen en cuenta tanto el
número de plazas funcionales en las celdas (un total
de 1.008) como las complementarias (72 para
ingresos, salidas o tránsitos; 64 en enfermería y 36
en aislamiento), lo que suman un total de 1.180
plazas.
Hace aproximadamente un año, la población reclusa se
situaba en los 1.750 internos, casi 200 más por
encima de la población reclusa con la que se cerró
el ejercicio 2005, según los informes anuales de los
sindicatos de prisiones. Desde 2002 hasta la fecha,
sólo ha habido un año en el que se ha registrado un
descenso en el número de internos, en 2001, cuando
se situó en los 1.399 reclusos, bajando el límite de
los 1.400 superados el ejercicio precedente.
Posteriormente, la ocupación se mantuvo entorno a
los 1.500 presos (2002 y 2003 ) hasta registrar un
considerable aumento que llegó a los 1.614 reclusos
en 2004, una tendencia al alza que se ha seguido
manteniendo.
En todo momento, la dirección del centro rebate la
postura de los sindicatos, señalando que pese a que
las celdas fueron inicialmente concebidas para dar
cabida a una sola persona, han sido ampliadas para
acoger a dos internos, por lo que si además de las
1.008 plazas se suman las de enfermería, las del
modulo de ingreso y las de régimen cerrado, supone
que la macrocárcel puede albergar -según la
dirección- hasta 2.016 reclusos sólo en las celdas.
Con este argumento, se señala que de momento el
centro sigue teniendo un margen y que no se puede
hablar de masificación.
La sobreocupación que está registrando la prisión
lleva consigo, según las organizaciones sindicales,
la aparición una serie de problemas, como son la
dificultad para la clasificación interna,
dificultades de la convivencia entre la población
reclusa, además de problemas para garantizar la
seguridad tanto de los reclusos como de los
funcionarios, y para llevar a cabo actividades de
reinserción.
En los últimos informes y denuncias de los
sindicatos, se advierte además que la falta de
personal para atender una población de reclusa tan
elevada se traduce en una merma en la calidad de las
actividades y de los servicios.
Otros efectos de la masificación son la falta de
espacio en los comedores y en lugares de actividades
comunes, lo que genera "roces y tensión entre los
propios internos", lo que está provocando
situaciones de conflictos diversos para los propios
trabajadores penitenciarios, así como la degradación
de la condiciones laborales de los funcionarios, que
"están expuestos a riesgos no sólo físicos sino
psicosociales y estrés".
Respeto al módulo establecido para los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, Huelva supera el 70 por
ciento de la media. |
Los
jueces andaluces condenaron en 2006
a 14 miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado,
agentes de policía local y
funcionarios de prisiones por
agresiones cometidas durante el
ejercicio de sus funciones. Este es
uno de los datos que recoge el
informe que presentó ayer en Sevilla
la coordinadora para la prevención
de la tortura, que agrupa a 41
asociaciones. Según sus datos, en
Andalucía se interpusieron el año
pasado 139 denuncias por supuestos
malos tratos cometidos por
funcionarios públicos, la mayoría en
en cárceles, comisarías y centros de
acogida.
La coordinadora para
la prevención de la
tortura aglutina a
41 asociaciones,
entre las que se
encuentran Pro
Derechos Humanos,
Enlace y el Grupo 17
de mayo. El objetivo
de la plataforma es
"visualizar" los
malos tratos que
supuestamente se
producen en
prisiones,
comisarías, centros
de acogida y otros
"sitios oscuros",
según señaló ayer
uno de los abogados
de Pro derechos
Humanos en
Andalucía, Valentín
Aguilar. Los
miembros de esta
coordinadora hablan
sin paliativos de
"torturas",
entendidas como
"cualquier acto
cometido por una
autoridad pública en
el ejercicio de sus
funciones que
infrinja un dolor en
los ciudadanos".
Bajo esta
definición, el
informe presentado
ayer recoge que el
año pasado fueron
condenados por estas
causas en Andalucía
14 funcionarios, la
mayoría de ellos
(nueve) agentes de
la policía local. La
provincia de Cádiz
encabeza la lista
con siete condenas,
seguida de Granada,
con cinco.
Aunque los
miembros de la
coordinadora afirman
que la mayoría de
los hechos
agresiones se
producen en cárceles
y comisarías, nueve
de las 14 condenas
corresponden a
actuaciones de la
policía o la Guardia
Civil tras un
incidente de
tráfico. La razón,
según Aguilar, hay
que buscarla en que
las personas de
condición social
media denuncian más
que los de sectores
más desfavorecidos y
a que los jueves les
dan "mayor
credibilidad". "Pero
los que más torturas
y malos tratos
sufren son los
excluidos" sostiene
este abogado. Del
estudio comparado de
denuncias y condenas
de los últimos años,
se deduce que sólo
el 7% de los
funcionarios
denunciados son
condenados.
Según los datos
de la coordinadora,
el Gobierno "fue
condenado o decidió
abonar"
indemnizaciones en
cuatro casos (tres
por muertes en
prisión ocurridas en
Sevilla, Huelva y
Córdoba y uno por la
muerte de siete
inmigrantes en el
incendio de una
comisaría en Málaga
en 2003). Entre las
cuatro, el Estado
abonó más de 250.000
euros, según los
datos de la
coordinadora.
El informe revela
que el año pasado se
interpusieron 139
denuncias en
Andalucía,
correspondientes a
55 casos (en algunos
hay más de un
denunciante). La
comunidad acapara el
22,6% de las
denuncias
presentadas en
España (610), lo que
la sitúa como la
segunda que más
denuncias registró
el año pasado, sólo
precedida por
Cataluña. Entre las
10 provincias con
mayor número de
denuncias hay tres
andaluzas: Sevilla,
con 69 (el doble que
en 2005); Málaga,
con 35; y Cádiz, con
23.
De las 139
personas que
denunciaron haber
sufrido malos
tratos, 71 indicaron
haberlos padecido a
manos de agentes del
Cuerpo Nacional de
Policía; 50 por
policías
municipales; 14 por
funcionarios de
prisiones; tres por
guardias civiles; y
uno, por la policía
autonómica.
El estudio
constata también el
incremento de
personas que dicen
haber sido agredidas
tras haber
participado en
movilizaciones
sindicales, así como
las ocurridas
durante la
celebración de
fiestas populares o
competiciones
deportivas. El
informe recoge
también que en 2006
se registraron en
Andalucía 10 muertes
en prisión, tres
bajo custodia de la
policía nacional y
otras tres de la
policía local.
|
El preso de ETA Ignacio de Juana Chaos trasladó ayer
a su entorno que está dispuesto a regresar a la
huelga de hambre si Instituciones Penitenciarias le
obliga a llevar una pulsera de control telemático
como condición para cumplir en su domicilio el poco
más de un año que tiene pendiente de condena, según
fuentes de la lucha antiterrorista.
La negativa del terrorista a colocarse la pulsera
fue desmentida el pasado viernes por el Ministerio
del Interior, pero ha sido este lunes confirmada por
el portavoz de Askatasuna, Juan María Olano, quien
ha explicado que el etarra rechaza esa posibilidad
de control porque no es “un perro”.
Un portavoz oficial de Instituciones Penitenciarias
aseguraba que este departamento aún no había
recibido comunicación alguna del Hospital Donostia
sobre cualquier variación en el estado de De Juana,
por lo que se desconocía si había recibido el alta
hospitalaria, tal y como se ha informado a lo largo
de los últimos días. Una vez le sea comunicada el
alta, Prisiones deberá decidir si el interno regresa
a la cárcel o continúa cumpliendo la condena en su
domicilio.
En el caso de que se decida su vuelta a casa,
técnicos de Instituciones Penitenciarias revisarán
el domicilio y posibilitarán la instalación del
control por pulsera o a través de una serie de
llamadas telefónicas.
el preso debe responder personalmente. Este control
telemático sustituirá a cualquier presencia policial
directa en la vivienda del etarra, precisaron
fuentes penitenciarias.
A Bermejo le preocupa la respuesta social
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo,
reconoció ayer que le “preocupa” la respuesta social
por la posible salida del preso etarra José Ignacio
De Juana Chaos del Hospital Donostia de San
Sebastián, donde permanece ingresado desde el 1 de
marzo para recuperarse de la huelga de hambre. Al
ser preguntado sobre esta cuestión, tras inaugurar
unas jornadas sobre ‘Inmigración y Justicia’ en la
Casa de América de Madrid, el titular de Justicia se
limitó a señalar que le preocupaba, pero rogó que se
le haga la misma pregunta al ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que “es el competente en la
materia”.
“El día que Justicia recupere competencias en
materia de Instituciones Penitenciarias estará a
disposición de contestar a estas preguntas”, espetó
al ministro a los periodistas.
Askatasuna ve incumplimientos
El portavoz de Askatasuna —organización ilegalizada
de apoyo a los presos etarras—, Juan María Olano,
aseguró ayer que al preso de ETA interno en el
Hospital Donostia, José Ignacio de Juana Chaos, “le
han dado el alta ya definitivamente”, al tiempo que
reprochó al Gobierno y a Instituciones
Penitenciarias que no cumplan el “compromiso” de
permitirle ir a su casa cuando se recuperara. Olano
hizo estas declaraciones en una rueda de prensa
celebrada en San Sebastián en la que sostuvo que
“los médicos” han dado el “alta” a De Juana porque
“está recuperado” desde hace “muchísimo tiempo”.
Explicó que el preso “ha tenido tiempo de tratarse
de todo lo que tenía”, aunque sufre “secuelas”,
consecuencia de la huelga de hambre que mantuvo, que
“probablemente” no podrá superar “en cuatro meses” y
deberá acudir al hospital cuando lo necesite.
El PP pide que vaya a prisión
El secretario general del PP, Ángel Acebes, declaró
ayer que será una “humillación y vejación” al
Gobierno, a las víctimas del terrorismo y a los
ciudadanos que el preso de ETA José Ignacio de Juana
Chaos sea enviado a su casa para cumplir lo que le
resta de prisión y controlado “con una llamadita
telefónica” y reiteró la reclamación del partido de
que el etarra, que no ha ofrecido “ni
arrepentimiento ni rectificación” vuelva a la
cárcel. Así respondió Acebes en rueda de prensa ayer
en la sede nacional del PP a las manifestaciones del
portavoz de Askatasauna, Juan Mari Olano, sobre la
mejoría física del preso y en las que asegura que el
Gobierno se comprometió a trasladarle a casa y sin
pulsera, sólo con control telefónico. Para el
dirigente del PP, es una “humillación” general “que
se vaya a su casa sin la pulsera y humillando y
haciendo pasar por el aro”. |
El
preso de ETA Iñaki de
Juana abandonó sobre la
una y media de la tarde
el Hospital Donostia por
la salida del garaje del
centro hospitalario,
desde donde será
trasladado a una cárcel
de Madrid.
A esa hora, una
ambulancia medicalizada
custodiada por dos
patrullas de la
Ertzaintza salió de la
zona de aparcamiento
subterraneo del
hospital.
Tras su salida, se
levantó el dispositivo
policial establecido en
la puerta de Urgencias,
donde esperan los medios
de comunicación la
salida de Iñaki de Juana
|
El
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, inaugura hoy el
tercer centro penitenciario de
El Puerto de Santa María. Puerto
3 se ha construido en el
kilómetro seis de la A-2078
(carretera que une Jerez con
Rota), a escasos 200 metros de
los otros dos complejos
penitenciarios del término
municipal portuense. La nueva
prisión se ha edificado sobre
una superficie de más de 300.000
metros cuadrados. Cuenta con
1.214 celdas por lo que podrá
albergar a más de 2.000
reclusos. Puerto 3 será un
centro de cumplimiento de
condena. No obstante, algunos
presos que están actualmente en
Puerto 2 a la espera de una pena
en firme (aproximadamente unos
200, según las primeras
estimaciones) serán trasladados
al nuevo centro penitenciario.
Con ello se intentará reducir la
sobreocupación que sufre desde
hace años esta instalación
carcelaria para preventivos.
Con su puesta en
funcionamiento, las tres
prisiones conformarán el mayo
complejo penitenciario de
España. De hecho, El Puerto va a
ser la única ciudad con tres
cárceles en su término
municipal. Una vez esté a plena
ocupación, sólo en el término
municipal portuense podrá haber
más población reclusa que en
comunidades como País Vasco o
Canarias. Actualmente en Puerto
1 y 2 hay en torno al millar al
que habrá que sumar los 2.000
que podrá albergar Puerto 3 una
vez esté a pleno rendimiento.
Fue en 2003 cuando la
Dirección General de
Instituciones Penitenciarias
firmó un acuerdo con el
Ayuntamiento portuense para la
construcción del nuevo centro
penitenciario. En marzo de 2005
se iniciaron las obras. La
inversión ha superado los 66
millones de euros.
Aunque la inauguración
oficial será hoy, los primeros
presos no arribarán, al menos,
hasta aproximadamente dentro de
un mes, una llegada que se hará
de forma progresiva. En Puerto 3
trabajarán unos 500
funcionarios. Estará custodiada
por 87 agentes de la Policía
Nacional. El miércoles próximo
llegarán 57 efectivos. Para el
resto, se ha convocado un
concurso de traslados dentro del
cuerpo policial. El director de
la nueva prisión será Francisco
Sanz, que estuvo al frente de
Puerto 2 a finales de los
noventa.
Ante la inauguración, varios
colectivos locales han convocado
para hoy una manifestación en
Puerto 3 para exigir
contraprestaciones por la
apertura del centro (en
especial, más agentes de Policía
Nacional y Guardia Civil para la
ciudad).
|
Uno de los dos atracadores que protagonizó el
tiroteo en Motril el pasado lunes disfrutaba, en
esos momentos, de un permiso penitenciario. Esta
situación se repite con cierta frecuencia en la
delincuencia con la que lidian día a día la Policía.
No es raro encontrar casos de delincuentes que
cumplen condena en prisión y que aprovechan los
permisos de salida temporal que les concede
Prisiones para volver a delinquir.
Pero la gravedad de lo ocurrido en la Costa
granadina ha situado en el centro de la diana esta
situación para, al menos, cuestionar cómo funciona
el sistema en estos casos y qué criterios se siguen.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Granada
alzó ayer la voz en este sentido durante una rueda
de prensa ofrecida para mostrar su apoyo a los
agentes que se encuentran heridos. Los compañeros de
los policías han exigido al Gobierno que abra una
investigación para saber por qué uno de los
atracadores se encontraba de permiso penitenciario.
Esta pregunta se dirige específicamente a cuestionar
si «cumplía los requisitos determinados en el
reglamento de Prisiones» para disfrutar de esta
libertad temporal. Algo que esperan sean
esclarecido. Por otro lado, el delincuente más mayor
también se encontraba reclamado por la Justicia
suiza en la actualidad.
El protocolo
Por el momento, el Gobierno ha dicho que se
investigará si se cumplió el protocolo de seguridad
en estos casos. El jefe superior de la Policía en
Andalucía Oriental encargó esta pesquisa tras lo
ocurrido. Así lo dijo el delegado en Andalucía, Juan
José López Garzón.
Los compañeros de los agentes no pudieron aclarar
ayer si se cumplió con lo exigido o no en la
intervención del atraco. Y no es de extrañar el
desconocimiento. Explicaron que la Dirección General
de la Policía es la encargada de desarrollar por
escrito estos protocolos y desconocen si en Granada
se ha hecho. Eso sí, descartaron que se tratase de
una «negligencia» por parte de los agentes por cómo
se desarrollaron los hechos.
En este sentido explicaron que la información sobre
lo que había ocurrido en el banco cuando los agentes
llegaron era muy escasa. Recibieron el aviso de que
la alarma había saltado y acudieron a la sucursal a
comprobar qué sucedía. «Cuando el agente llegó miró
en el interior y no vio nada raro. No vieron
encapuchados ni estaban en actitud amenazante.
Además, entre otros, uno de los atracadores tenía 65
años, algo inusual», indicó Manuel Espino,
secretario general del SUP en Andalucía.
Así, el policía entró en la entidad bancaria y sin
posibilidad de defensa «lo arrojaron al suelo, lo
desarmaron y le dispararon a corta distancia a la
altura de la cabeza para asesinarlo, lo lográndolo
gracias a que se desvió el disparo», apunta el
sindicato policial. También destacaron que en el 98%
de los casos de llamadas de alarma son falsos, algo
que también pudo influir en la forma de actuar. El
funcionamiento de estos avisos, en opinión del
sindicato, debe cambiar porque no llega directamente
la información a la comisaría de la ciudad donde se
produce, sino a una central y luego a cada
provincia. Algo que resta efectividad a la hora de
actuar.
Junto a estas peticiones, el SUP ha pedido que los
agentes que intervinieron en el atraco sean
condecorados, además de avisar de que ejercerán la
acción popular en el procedimiento penal para
«conseguir que estos criminales se pudran en la
cárcel».
Sobre los ciudadanos heridos, los representantes
sindicales pidieron al Ministerio del Interior que
se ponga a disposición de los mismos, además de
«ofrecerles dinero a modo de indemnización inicial,
sin perjuicio de la que resulte procedente como
responsable civil subsidiario». |
Instituciones
Penitenciarias, una vez
que tuvo el alta
hospitalaria de De Juana
en la mano, decidió que
ingresara en la cárcel
de Aranjuez (en la
enfermería) por dos
razones. Madrid IV era
la prisión de la que
dependía el pistolero
mientras estuvo como
paciente en el hospital
madrileño Doce de
Octubre y es una cárcel
«adecuada». A diferencia
de otros centros
penitenciarios más
pequeños, Aranjuez
cuenta con guardias
médicas permanentes y
presenciales (médicos y
enfermeros), lo que es
importante por si
hubiera una urgencia.
|
|
El recurso dice que un auto firme acordó el traslado a
domicilio y no se puede cambiar por decisiones de ETA |
|
|
08-06-07 |
| El abogado
Alvaro Reizabal presentó esta mañana un recurso contra el
auto que acordó el ingreso en prisión del preso de ETA Iñaki
de Juana Chaos, al entender que es 'absolutamente contrario
a derecho'. El abogado argumenta que un 'auto firme'
estableció 'sin género de dudas' que debía regresar a su
domicilio, y advierte de que modificar eso 'como
consecuencia' de las decisiones de ETA, vulnera 'los más
elementales principios del derecho penal'. |
El recurso presentado ante el
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, al que
tuvo acceso Europa Press, solicita que se revoque el
auto dictado el pasado 6 de junio, de manera que el
preso cumpla el resto de la pena en su domicilio,
'en cumplimiento de lo acordado por el auto de 1 de
marzo', día en el que De Juana ingresó en el
Hospital Donostia.
En el recurso, el abogado señala
que el modelo de cumplimiento en su día aprobado por
Instituciones Penitenciarias y 'ratificado' por un
auto del 1 de marzo, 'no prevé en absoluto que el
interno reingrese en prisión, sino que estable
taxativa e imperativamente que permanecerá en su
domicilio' tras abandonar el centro hospitalario.
Por ello, dice que 'no es cierto'
decir ahora que ingresa en prisión 'en cumplimiento
del plan previsto y aprobado' por esa resolución
judicial. 'En ejecución de una resolución judicial
que dice que deberá permanecer en su domicilio, no
puede acordarse su ingreso en prisión, pues ello
contraría manifiestamente lo ejecutoriado', añade.
Por otro lado, el abogado recuerda
que el auto judicial que recurre reconoce que 'se
siguen manteniendo las razones médicas y sanitarias'
que dieron lugar al auto del 1 de marzo, puesto que
De Juana no ha recibido aún el alta médica. En
consecuencia, señala que 'no cabe otra solución' que
la permanencia en el domicilio.
Reizabal señala en el recurso que
'parece ser que el giro copernicano en la situación
de De Juana se produce' en base a la resolución de
la Dirección General del 28 de febrero, que
establecía que, 'conforme evolucionase su estado de
salud se podrán imponer otras medidas de control y
seguridad'.
Sin embargo, Reizabal defiende
que, en base al contexto en el que se encuentra esa
afirmación, se refiere a que se 'podrán imponer
otras medidas de control y seguridad', más estrictas
o más laxas, cuando 'se encuentre en su domicilio',
y que no cabe cualquier otra interpretación.
'CONDUCTAS DE TERCEROS'
Por todo ello, el abogado concluye
que la resolución de Instituciones Penitenciarias
'parece más una decisión política', consecuencia del
comunicado de ETA que anunció la ruptura del alto el
fuego, que 'la ejecución' del auto del 1 de marzo.
En este sentido, advierte de que
es 'absolutamente contrario a derecho acordar el
ingreso en prisión' de De Juana 'en base a conductas
de terceros absolutamente ajenos a él', cuando
'estaba acordado por una resolución firme que debía
permanecer en su domicilio'.
El letrado denuncia que, 'hacerle
responsable' de las decisiones de ETA e ingresarle
en prisión como consecuencia de ellas, es
'radicalmente contrario a los más elementales
principios del derecho penal y a la normativa
internacional sobre derechos civiles y políticos'.
Finalmente, pide al juzgado que
acuerde el traslado de De Juana a su domicilio, 'en
ejecución de lo aprobado por el auto del 1 marzo de
2007, que es firme' |
|
El fin de la tregua decidido por la banda ETA no ha
alterado hasta el momento el ritmo de los miembros
de la organización que cumplen condena en el Centro
Penitenciario de Albolote. Fuentes consultadas
explicaron que la única novedad procede de la propia
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
que ha solicitado que se le remitan diariamente
informes sobre las posibles incidencias que
protagonicen los presos etarras.
La prisión de Granada cuenta con alrededor de
catorce reclusos etarras, entre ellos algunos tan
importantes como el histórico Juan Lorenzo Lasa
Mitxelena, alias Txikierdi, destacado líder del
colectivo de presos que participó en las
conversaciones de Argel del año 1989, y otros
pertenecientes al sector duro como Domingo Troitiño
Arranz.
Los presos han recibido con frialdad el fin de la
tregua aprobado por la dirección de la banda. Lejos
de protagonizar pronunciamientos, huelgas o
proclamas los reclusos han seguido con sus
actividades diarias, realizando compras en el
economato o asistiendo a los talleres ocupacionales.
Esta actitud contrasta con la celebración festiva
con la que se recibió el anuncio de la tregua.
Entonces, casi todos los presos de la banda
terrorista agotaron el saldo autorizado de llamadas
telefónicas deseosos de compartir con sus allegados
una noticia que fue bien recibida al abrirles las
puertas al acercamiento a cárceles vascas y,
eventualmente, la excarcelación de alguno de ellos.
Los presos etarras, convertidos en un importante
grupo de presión dentro de la organización,
mantienen la esperanza de que un acuerdo entre la
banda y el gobierno de turno les acerque al País
Vasco y, en el mejor de los casos, les dé la
libertad. |
|
|
La Fiscalía observa poco rigor en la cárcel de Huelva al dar
las libertades condicionales |
|
9/06/2007 |
| Precipitación de la Junta de
Tratamiento en la toma de decisiones, escaso seguimiento de
los internos en tercer grado, retrasos en las comunicaciones
al juzgado, problemas en los traslados de internos a los
centros hospitalarios o el aumento de la conflictividad forman
parte del diagnóstico que de la macrocárcel onubense hace la
Fiscalía en la memoria 2006, presentada ayer por el fiscal
jefe, Jesús Jiménez. |
El aumento de la población reclusa, que a fin de año
se situó en 1.735 internos (y a fecha de hoy
sobrepasa los 1.830 reclusos), ha tenido como
consecuencia que se disparen algunas estadísticas en
el centro, como los expedientes de libertad
condicional, que pasaron de los 188 del año 2005 a
los 203 del pasado año. En paralelo, según el
análisis de la Fiscalía, se ha registrado un
incremento de revocaciones de la libertad
condicional, y en 2006 se duplicó la cifra, que ha
saltado de doce a 24, un salto que el Ministerio
Público considera “preocupante” y que guarda
relación con la actuación del centro. “En el momento
en que se propone al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria la concesión del beneficio, existe
cierta precipitación por parte de la Junta de
Tratamiento de la cárcel -subraya- a la hora elevar
al juzgado el informe favorable de pronóstico de
integración social en los diferentes expedientes.
Tal es así que el fiscal ha informado
desfavorablemente en numerosas ocasiones respecto a
la concesión de la libertad condicional y
simultáneamente ha solicitado la regresión a grado
del interno.
La Fiscalía ha detectado además “la falta de un
ejercicio efectivo y recto de las funciones
tutelares atribuidas a los Servicios Sociales
Penitenciarios”, punto en el que destaca
deficiencias en el seguimiento de los liberados
(hasta el punto de desconocer si ha cometido
delitos, falta del domicilio o ha incumplido las
pautas de desintoxicación), además de faltar a la
obligación de remitir informes trimestrales algunas
veces, con importantes demoras en las
comunicaciones.
En el último ejercicio, en el que fallecieron seis
internos, aumentaron igualmente los expedientes
disciplinarios administrativos incoados, pasando de
los 962 del año 2005 a los 1.196 del año 2006, lo
que a su vez ha repercutido en el volumen de
expedientes judicializados, que ha sido de 315,
frente a los 247 expedientes que arrojó el año 2005.
En cuanto al uso de medios coercitivos en la
prisión, se ha registrado un notable incremento de
los expedientes tramitados, de 416 del año 2005 a
los 510 del año 2006, “lo que viene a ser fiel
reflejo del aumento del nivel de conflictividad en
el centro, en gran medida fruto de la masificación”.
Pese al incremento, aproximadamente en cien de
internos respecto del año 2005, “paradójicamente
-remarca- tan sólo se ha incrementado en cinco el
número de trabajadores totales, por lo que la
Fiscalía urge a la Administración forma urgente a
los organismos a crear empleo público, al tiempo que
aplaude “la dedicación profesional” tanto del
director del centro como de los diferentes
responsables y el trabajo realizado para “adaptar
los medios personales a las necesidades del
momento”.
Tras hacer un paréntesis en el progresivo
crecimiento de internos con problemas psiquiátricos
en la macrocárcel de Huelva, considera un asunto de
primera línea las conducciones de los internos a los
hospitales tanto para someterse a pruebas médicas o
para ingresar. La Fiscalía insiste en los múltiples
problemas que se habían suscitado ya que “las que
hasta entonces eran faltas puntuales y justificadas
de conducción” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se habían convertido en el ejercicio
anterior en “una tónica habitual”. Concretamente,
precisa que fueron un total de 114 los internos que,
contando con cita previa, en el curso del año 2006
no pudieron ser atendidos por los profesionales
médicos ajenos a Instituciones Penitenciarias.
En su análisis, deja a un lado el coste económico
anual que supone destinar y mantener una unidad
policial para este trabajo y precisa que únicamente
existen asignados al servicio catorce agentes y dos
vehículos, teniendo en muchas ocasiones que reclutar
la Policía Nacional miembros de grupos distintos
para atender la incesante demanda de
desplazamientos. “Este caudal humano resulta
absolutamente insuficiente para llevar a cabo todos
los traslados hospitalarios, si se tiene en cuenta
que también tienen asignada la conducción de presos
y penados a vistas penales”, afirma.
La Fiscalía considera necesaria una revisión de los
convenios existentes entre Instituciones
Penitenciarias y los centros hospitalarios, a fin de
unificar las conducciones, a lo que añade que, por
seguridad, “se hace igualmente aconsejable cuando no
urgente” el acondicionamiento de salas de espera en
el hospital, o, en su defecto, que los enfermos
procedentes de prisión tengan absoluta preferencia
para ser atendidos.
Por otra parte, en la memoria se destaca que desde
mediados de 2005, por el centro Penitenciario se
dejó de remitir a la Fiscalía de Huelva, sin causa
que lo justificara, la documentación relativa a los
cacheos con desnudo practicados en la cárcel, para
en cambio comenzar a dirigirlos al Juzgado de
Vigilancia, con la consiguiente judicialización del
expediente administrativo, “algo que nunca se había
hecho”.
Pese a que se celebró este control judicial sobre
las intervenciones corporales, se recordó al
Departamento de Régimen del centro que, a efectos de
velar por el respeto a los derechos constitucionales
de los internos, las órdenes de la dirección debían
ser remitidas a la Fiscalía. |
Tres años de cárcel y 60.000 euros de indemnización
por mandar al hospital a dos funcionarios del centro
penitenciario Tenerife II tras propinarles una
brutal paliza. A la espera de que se haga pública la
sentencia, ésta es la decisión adoptada por la Sala
de lo Penal de la Audiencia provincial de Santa Cruz
de Tenerife tras el juicio llevado a cabo el pasado
31 de mayo tras dos aplazamientos anteriores. Dos de
los años de reclusión son por el delito de lesiones
y el tercero por atentado, según confirmaron a este
periódico fuentes jurídicas.
Cerrada esta parte del proceso, ahora falta conocer
el resultado de la investigación que, según los
trabajadores, inició la dirección general de
Instituciones Penitenciarias en la prisión tinerfeña
para saber los motivos por los que el preso en
cuestión no se encontraba en régimen de aislamiento,
como reglamentariamente le correspondía de sanción
tras haber participado en una pelea acaecida tres
semanas antes.
Cabezazo
Los hechos ocurrieron a las cinco de la tarde del
domingo 23 de julio de 2006 cuando el preso, cuyos
apellidos responden a las iniciales F.R., le dio un
fuerte cabezazo en la boca a uno de los funcionarios
que estaban cerrando las celdas en el módulo número
cinco. Debido a la contundencia del testarazo, que
destrozó el labio del vigilante, éste se golpeó en
la parte trasera de la cabeza contra unos barrotes,
con lo que comenzó a sangrar también en esa zona y
estuvo a punto de perder el conocimiento. Después de
eso, el interno la emprendió con el otro
funcionario, al que dio varias patadas y puñetazos.
Al final, entre los dos y a duras penas,
consiguieron reducirlo.
Sin castigo
Los trabajadores consultados entonces revelaron que
ese preso debía estar el domingo en una celda de
aislamiento, pues había sido sancionado tres semanas
antes por protagonizar una pelea en el módulo seis.
Sin embargo, la dirección del centro penitenciario
pasó por alto ese castigo y el domingo envió al
interno al módulo cinco -que no está diseñado para
el aislamiento- sin tener en cuenta su peligrosidad.
Este traslado fue motivado por una nueva pelea
protagonizada por el recluso justo el día antes de
que atacara brutalmente a los dos funcionarios.
Y, por si fuera poco, los trabajadores agredidos no
fueron avisados de que se había incumplido la orden
de apartar al preso, cuando se incorporaron al turno
de tarde. Las mismas fuentes aseguraron que durante
la paliza, el preso, que estaba muy alterado, gritó
varias veces que quería "matar" a los vigilantes.
Aplazamientos
Durante el juicio celebrado el pasado día 31 de
mayo, la Sala decidió separar el tema del
aislamiento para centrar el proceso en la agresión
sufrida por los funcionarios. Se da la circunstancia
de que ya habían tenido lugar dos aplazamientos por
idéntico motivo, ya que en las dos ocasiones la
dirección del centro penitenciario no cumplimentó el
envío de información relevante para el caso y que
había solicitado el magistrado.
Durante la vista oral, el acusado reconoció los
hechos. Se da la circunstancia de que esta nueva
condena evita que salga a la calle, ya que en enero
de este año cumplía su pena anterior de cuatro años
por narcotráfico. |
|
El Gobierno ha ordenado mostrar su faceta más dura
contra ETA, también en el ámbito penitenciario. Los
casi 370 presos etarras en 'primer grado', el más
duro del régimen carcelario, no se beneficiarán de
los nuevos planes de Instituciones Penitenciarias
para reducir el número de reclusos en aislamiento a
los casos imprescindibles, después de constatar que
la incomunicación está provocando graves problemas
mentales en numerosos penados.
La directora de prisiones, Mercedes Gallizo, ha
ordenado que los presos conflictivos 'comunes' sólo
continúen en 'primer grado' si persisten en su
«inadaptación grave» dentro del centro, con
independencia de su «historial delictivo» pasado.
Sin embargo, según anunciaron ayer altos
responsables del Ministerio del Interior, los
miembros de ETA seguirán sujetos a otras normas
especiales mientras sigan fieles a la disciplina de
la banda y se nieguen a cualquier tratamiento.
Las nuevas órdenes para el tratamiento de los
reclusos más peligrosos están incluidas en la
instrucción interna 9/2007 denominada 'clasificación
y destino de los penados' y que el pasado 21 de
mayo, quince días antes del final del alto el fuego
de ETA, se envió a los directores de las 67
prisiones dependientes del Ministerio del Interior.
Circular
La circular de 23 páginas, que sustituye a las hasta
ahora vigentes instrucciones sobre trato a los
presos peligrosos que databan de 1996, afecta a unos
1.300 internos (el 2 por ciento del total de la
población penitenciaria). Dentro de este colectivo
están unos 370 miembros de ETA, aproximadamente el
80 por ciento de los 462 presos de la banda
recluidos en España. Estos terroristas -explicaron
los máximos responsables de prisiones- no serán
sometidos, como el resto, a programas de seguimiento
y resocialización para salir de la incomunicación,
porque todos ellos se «autoexcluyen», al insistir en
rechazar las normas y tratamientos penitenciarios,
siguiendo las instrucciones de la organización
terrorista.
Interior durante los últimos días ha recordado a los
centros que para la atención de los miembros de ETA
sigue en «plena vigencia» la instrucción 6/2006 de
21 de febrero del pasado año (denominada 'protocolo
de actuación en materia de seguridad'), que fija que
todos los acusados de pertenencia o colaboración con
banda armada, en principio, serán incluidos en el
Fichero de Internos de Especial Seguimiento
reservado a los terroristas (FIES 3 BA), con las
limitaciones regimentales que ello conlleva
(limitación de movimientos e interceptación de las
comunicaciones, entre otras medidas).
«Peligrosidad extrema»
La nueva premisa dictada por el Ministerio del
Interior para los presos no terroristas es reducir
al mínimo los casos de aislamiento y limitarlos a
aquellos presos con «peligrosidad extrema» y que
protagonicen «alteraciones regimentales muy graves».
A partir de ahora, estos reclusos 'comunes' serán
seguidos por un «equipo técnico específico de
atención a los internos en régimen cerrado»,
compuestos por un psicólogo, un jurista, un médico,
un educador social y un representante del área de
vigilancia. Estos especialistas cada tres meses
escribirán un informe sobre la situación del penado
y controlarán su evolución para saber si está
dispuesto a «participar en las actividades ofertadas
por el centro» y si muestra «respeto hacia las
normas básicas» de la prisión. Todo ello, con vistas
a poder decretar cuanto antes el fin de su
aislamiento.
Los responsables de prisiones insisten en que estos
programas de rehabilitación no pueden ser aplicados
a los miembros de ETA, que rechazan sistemáticamente
cualquier entrevista con los especialistas.
Patologías psiquiátricas
Mercedes Gallizo explica en la circular que su
decisión de modificar la tradicional línea de dureza
penitenciaria con los presos inadaptados se debe a
la constatación de que el 'primer grado'
«intensifica la desocialización y dificulta la
reintegración y la reinserción del interno». Además,
la directora asegura que en «múltiples ocasiones,
particularmente en internos que se ven sometidos a
intensos y prolongados períodos de soledad, se ha
puesto de manifiesto la concurrencia de patologías
de índole psiquiátrica».
Instituciones Penitenciarias, ante estos problemas,
ordena a todos los directores considerar el 'primer
grado' como «la última solución», porque el régimen
cerrado «no es una sanción y su objetivo debe ser el
de obtener, en el menor tiempo posible, la
reincorporación del interno al régimen ordinario».
Informes más rigurosos
La circular interna, que insiste en que la
incomunicación debe ser una «medida excepcional» con
una «dimensión temporal limitada», recalca que el
'primer grado' no seguirá siendo una suerte de limbo
penitenciario en los presos inadaptados sean
encasillados casi de manera automática. Por ello,
Gallizo establece que en todas las prisiones se
hagan informes médicos y psicológicos de presos
candidatos al 'primer grado' con «planteamientos más
rigurosos» que los que hasta ahora se hacían.
La directora de prisiones es tajante: con
independencia del pasado criminal del recluso,
deberán hacerse exámenes sobre su adaptación en el
momento actual, sobre todo «evitando en el futuro
informes (estandarizados) con fórmulas impresas y
generales del tipo: no hay inconveniente para la
aplicación del régimen cerrado». «Debido al carácter
transitorio y excepcional de este régimen -insiste
la responsable de Interior- las revisiones no pueden
revestir, meramente, un carácter formal respecto a
los plazos», sin entrar a estudiar si el preso está
en condiciones de volver a un régimen penitenciario
normal. |
|
|
|
 |
11/06/2007 |
| |
La masificación de la prisión granadina va en
aumento. Si en el año 2005 se convirtió en el centro
penitenciario con un mayor porcentaje de ocupación
de todos los andaluces, este año lleva camino de
corregir y aumentar la estadística. En números
exactos, 1.850 internos había ayer -alrededor de 200
más que en las mismas fechas del año anterior- en un
centro creado para 1.080, lo que significa que se
encuentra rozando el 200% de su capacidad.
A pesar de las alarmantes cifras, tanto la dirección
de la cárcel como Instituciones Penitenciarias, se
ha asegurado que se prestan los servicios adecuados
y que las plantillas de funcionarios se mantienen
dentro de las previstas. No piensa igual la sección
sindical de Comisiones Obreras, que se ha quejado,
además, de que el número de funcionarios no aumenta
«y se encuentra sobrecargada de trabajo».
En la actualidad, hay en Albolote, entre
funcionarios y laborales, alrededor de 479
trabajadores -200 de ellos de interior-, si bien
recientemente se ha aprobado la creación de tres
plazas más de Asistentes Sociales y hay otros cinco
funcionarios en prácticas. De ese total de
trabajadores funcionarios, y de acuerdo a los datos
aportados por el mencionado sindicato, una media del
15% de los laborales y un 10% de los funcionarios se
encuentran de baja por enfermedad.
Aumento de ingresos
El director de la cárcel provincial, Nahum Álvarez,
reconoce esa masificación aunque la justifica
argumentado que afecta a todas las prisiones
españolas «por el aumento de ingresos en los últimos
años». Según Álvarez «sería deseable un mayor número
de funcionarios pero hay algo que se debe tener en
cuenta como positivo y es que los sistemas de
tratamiento se han modificado y hay más, algunos de
ellos novedosos».
A raíz de una serie de reformas en cuanto a los
tratamientos de reinserción y la creación de nuevas
áreas, los sindicalistas afirman que «la ratio ha
aumentado, por lo que los servicios que se prestan
no pueden ser lo eficaces que debieran». Los
internos se distribuyen entre la prisión de Albolote
y la antigua cárcel, donde se encuentran 150 presos
que gozan de un tercer grado, lo que se conoce como
régimen abierto, es decir, que salen a trabajar
durante el día y a la prisión sólo vuelven a dormir.
Por otro lado, los trabajadores sociales del penal
denunciaron hace justo un año los problemas que
padecían para trabajar en condiciones medianamente
buenas en su labor de reinserción con los presos.
Este colectivo recordó que el seguimiento
personalizado del interno de un centro penitenciario
y un estudio de su entorno familiar, social y
laboral pasaron a ser uno de los ejes de la
reinserción en la nueva política penitenciaria del
mandato del Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero. Algo difícil, por no decir
imposible con la masificación actual y la escasez de
trabajadores sociales para atender a esta población.
Los Servicios Sociales de la cárcel de Albolote
gestionan más de mil expedientes, entre ellos los de
los liberados condicionales, la sección abierta o
los de los trabajos en la comunidad, medidas de
seguridad, de suspensión de condena y localización
permanente y arrestos de fin de semana.
El grupo de trabajadores sociales del centro
penitenciario de Albolote declararó en un comunicado
que las condiciones de trabajo que deben soportar a
diario no son las más adecuados y no asumían «la
responsabilidad» que pudiera derivarse del
mantenimiento de la actual situación», que
calificaron de grave. Y esto fue cuando el centro
penitenciario disponía de 1.700 internos. Ahora hay
150 más. |
|
Centro inserción social y unidad de madres Palma estarán en
marcha en un año |
|
|
11-06-07 |
| El Centro de
Inserción Social y la unidad de madres de Palma, para los
reclusos que cumplan el tercer grado y las mujeres presas
con hijos de menos de tres años, respectivamente, estarán
construidos en un año, aunque la responsable de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, espera que
se acorte este plazo |
Gallizo presidió hoy el acto de
imposiciones de la primera piedra de estas dos
nuevas infraestructuras, que cuentan con un
presupuesto de unos 21 millones de euros y que se
construirán en Palma gracias a la cesión de los
terrenos por parte del Ayuntamiento.
Al acto simbólico también
asistieron la alcaldesa en funciones de Palma,
Catalina Cirer; el conseller de Interior en
funciones, José María Rodríguez; el delegado del
Gobierno en Baleares, Ramón Socías, y el director
general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamiento Penitenciarios (Siep), Juan José Azona.
El Centro de Inserción Social (CIS)
de la capital balear contará con 150 habitaciones
más 4 complementarias, en un edificio de tres
alturas emplazado en una parcela de 9.085 metros
cuadrados, según explicó Azona.
Su construcción forma parte de los
esfuerzos del Gobierno por mejorar lo que Azona
calificó del 'último escalón' del modelo de
integración social de los reclusos, ya que está
destinado a los que cumplen el tercer grado de la
pena y cumplen su condena en régimen abierto o están
en un grado avanzado de reinserción.
Por otra parte, la unidad de
madres de Palma es una de las cinco aprobadas por el
Ejecutivo central y contará, en una construcción de
3.649 metros cuadrados, con 20 estancias para que
las internas que cumplen condenas con hijos en la
prisión, menores de tres años, lo hagan en un
entorno más adecuado.
Los dos edificios se encuentran en
el Polígono de Levante de Palma, en una zona que
está cerca del casco urbano para propiciar la
cercanía de los reclusos al ambiente urbano y a sus
familias, lo que debería facilitar su inserción
social.
Gallizo remarcó la importancia del
CIS, que sustituirá al antiguo centro penitenciario
de Palma, donde se ubican ahora los reclusos en
tercer grado, y contará con la más moderna
tecnología y estructuras para facilitar su
reinserción.
Su creación es un paso más en la
mejora de la reinserción social de los presos, a fin
de dar una 'oportunidad a las personas que han
tenido un tropiezo' en la vida, remarcó Gallizo,
quien solicitó el esfuerzo de toda la sociedad para
avanzar en este sentido.
En cuanto a la unidad de madres,
la responsable de Instituciones Penitenciarias
valoró que poco a poco se pueda 'sacar a los niños
de las cárceles españolas', de modo que sus madres
puedan cumplir su condena en un edificio más amable.
Las unidades de madres, agregó,
suponen una iniciativa 'pionera' en Europa y
responde a la actual renovación de las
infraestructuras penitenciarias de todo el país, que
en las Islas Baleares, aparte de la construcción del
CIS, también prevé la creación de una prisión en
Menorca |
Fuentes de la Asociación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
destacaron que un total de 97 ministros de culto de
diferentes religiones están autorizados a entrar en
las cinco prisiones de la Comunitat, que albergan a
6.400 internos, lo que significa que hay un
religioso por cada 68 presos.
El número de reclusos en los centros de la Comunitat
representa el 11,43 por ciento del total nacional,
mientras que la cantidad de religiosos que acceden a
ellos supone el 14,37 por ciento de los autorizados
a nivel estatal.
Para ACAIP, esta proporción es "excesiva" en
relación al "reducido número de internos que
habitualmente acude a las celebraciones" religiosas,
aunque insisten en que "en ningún momento se está en
contra de la libertad religiosa de los reclusos y
del derecho a recibir asistencia por un ministro de
culto de su religión".
Este sindicato resalta que el "elevado" número de
religiosos que entra en esas instalaciones "hace
pensar que no se extreman los controles previos a la
autorización de entrada", que permitirían comprobar
"si la presencia en el interior de las prisiones de
estas personas supone un riesgo para la seguridad de
los centros".
Sobre las dificultades para mantener una vigilancia
efectiva, ACAIP explica que en algunos casos
se da "la curiosa circunstancia de que es necesario
asignar a un funcionario de servicio para supervisar
un acto religioso al que acude solamente un interno,
mientras que en el mismo centro un funcionario debe
ocuparse de la vigilancia de 150 internos".
La prisión de Alicante II (Villena), con 39
religiosos, y la cárcel de Alicante Cumplimiento,
con 32, son los centros penitenciarios de la
Comunitat donde hay más ministros de culto
autorizados.
En Alicante II, treinta de los autorizados
pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo
Cielo, cinco son testigos de Jehová y cuatro son de
confesión católica.
Igualmente en Alicante Cumplimiento, dieciocho de
ellos son de confesión evangélica, ocho testigos de
Jehová, dos de la Iglesia Cristiana Renacer, dos de
religión católica, un musulmán y un judío.
También en el Psiquiátrico de Alicante hay doce
religiosos autorizados, en Picassent (Valencia) hay
seis y en Castellón cinco.
De los 94 autorizados en la Comunitat, treinta son
adventistas, veintinueve son de confesión
evangélica, diecisiete testigos de Jehová, doce de
religión católica, dos judíos y un musulmán |
|
|
|
|
12/06/2007 |
| |
Un recluso del centro penitenciario de Bonxe fue
juzgado ayer, acusado de un presunto delito de
atentado. El fiscal solicitó para F.J.P.D., un año
de prisión por el atentado y ocho meses por unas
supuestas lesiones. La víctima fue un funcionario de
la penitenciaría de Bonxe.
Según el fiscal, el interno se dirigió al trabajador
de la prisión diciéndole que se iba a enterar y,
además de insultarlo, lo amenazó. Seguidamente
supuestamente se abalanzó sobre él, sin embargo,
evitó la agresión al poner las manos por delante y
empujar al acusado con los dos brazos hacia el
interior de su celda.
El funcionario sufrió un esguince en un dedo. Tardó
treinta días en reponerse, según el forense.
|
|
|
Motin en el Acebuche: La rebelión de los presos |
 |
| |
| "El final del secuestro llegó
sobre las dos de la madrugada cuando los amotinados pidieron
como condición que se leyera un comunicado con dieciséis
puntos reivindicativos a través de Radio Nacional de España,
que de forma involuntaria lo emitió en directo." |
La prisión provincial de Acebuche, situada en la
carretera de Cuevas de los Úbedas, fue inaugurada el
20 de octubre de 1.986 por el entonces ministro de
Justicia Fernando Ledesma. Está considerada como una
de las cinco prisiones más grandes de Europa. Desde
esa fecha y pese a que no está clasificada como de
Alta Seguridad sus celdas se han nutrido de
delincuentes de alta peligrosidad, tales como el
etarra Henry Parot y otros miembros de la
organización terrorista, dirigentes del GRAPO junto
a otros tristemente famosos como Camerini, uno de
los autores del secuestro de la niña Melodie
Nakachián, los hermanos Izquierdo de la matanza de
Puerto Hurraco, el traficante Luis Falcón "Falconetti",
Santi Potros o El Marce.
La mañana del 30 de mayo de 1.988 estaba
transcurriendo de forma tranquila entre los internos
del centro. Quiénes se mostraban un tanto mas
intranquilos eran los funcionarios del cuerpo de
ayudantes de prisiones. Desde primeras horas de la
mañana mantenían un encierro en las oficinas de la
Jefatura, como medida de presión a la huelga que se
venía realizando desde unas semanas antes a nivel
nacional, reivindicando entre otros temas mejoras
laborales y saláriales.
Sobre las dos de la tarde, finalizada la comida, un
grupo de cinco internos adscrito al módulo de
Aislamiento, provistos de unos pinchos de hierro de
fabricación casera, secuestró al jefe de servicio
del módulo junto a tres funcionarios mas y una
pareja de profesores, entre ellos una mujer, que
prestaban servicio en las aulas de enseñanza de la
prisión. Iniciada la asonada, unos diez minutos mas
tarde, otros cinco reclusos del módulo nueve con los
que al parecer estaban de acuerdo los primeros
secuestraron en éste mismo módulo a otros dos
funcionarios y posteriormente en los pasillos de la
galería a cinco funcionarios más.
A partir de ese momento, la confusión empezó a
reinar en el centro. No se conocía el numero exacto
de funcionarios secuestrados y las contradicciones
iban en aumento. Fueron catorce personas las que
permanecieron durante once horas, bajo la
intimidación de los nueve secuestradores, gran parte
de ellos asesinos profesionales con un amplio
historial delictivo a sus espaldas.
Pasados unos minutos desde que se conociera el
motín, el director del centro Juan Manuel Ruiz
acudió a intentar solucionar el problema con los
sublevados. Quería convencerles para que depusieran
su actitud. El responsable del centro, penetró en el
módulo de los secuestradores, quiénes trataron
también de secuestrarle aunque logró evadirse tras
enfrentarse a ellos con grave riesgo para su
integridad física.
Los reclusos, al no conseguir huir del centro como
pretendían utilizando a los funcionarios como
"escudos humanos" retornaron al módulo nueve junto a
los secuestrados. Dos reclusas Rosario Lax y María
Belmonte, una de ellas novia de uno de los
amotinados, aunque se unieron al grupo en los
primeros momentos no secundaron el motín y también
fueron retenidas contra su voluntad.
Mientras todo esto ocurría en el interior de la
prisión, los teléfonos no paraban de comunicar.
Tanto los funcionarios de Acebuche, como los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, controlaban todos los puntos de la prisión
en estado de máxima alerta.
Los amotinados, tras hacerse fuertes en el módulo
nueve solicitaron la presencia de un juez. En torno
a las tres y media de la tarde, se personó en la
prisión el juez Andrés Pacheco, que se encontraba de
guardia, quien por espacio de unas horas conversó
con los dos internos, los cabecillas de la rebelión
exigieron nuevas condiciones. Dialogaron de nuevo
con el director de la prisión, con el Teniente
Coronel de la Guardia Civil en Almería y el
comisario Antonio Martín, sin llegarse a ningún
cuerdo.
Los amotinados, pidieron entonces la presencia del
juez de Vigilancia Penitenciaria.
Desde Málaga se desplazó el juez de Vigilancia,
llegando a la cárcel almeriense sobre las nueve de
la noche. La situación en Acebuche, provocó que se
desplazaran hasta Almería vía aérea, el Director
general de instituciones penitenciarias, José Manuel
Blázquez informado de los hechos y el Inspector
General, Alfredo Pascual. El gobernador civil de
Almería, por entonces Ramón Lara se sumó
voluntariamente a las negociaciones con los
sublevados.
Los reclusos ofertaron una tabla reivindicativa en
la que pedían la desaparición de los malos tratos,
la continuidad de las relaciones sexuales "vis a vis"
prohibidas a los presos de Nocivos y el suministro
de inyecciones para prevenir el contagio del SIDA.
Ajenos a lo que ocurría en la calle, poco antes de
las nueve de la noche, aterrizaban en el campo
exterior de la prisión dos helicópteros de los
Grupos de Intervención Rural de la Guardia Civil,
procedentes de San Lorenzo de El Escorial.
Preparados para el asalto, una docena de agentes,
miembros de esta unidad de élite especializados en
intervenciones de alto riesgo.
Con la coincidencia de la llegada de los GAR, los
secuestradores decidieron liberar a la profesora de
adultos, Adelaida Medina. Unos cuarenta minutos mas
tarde, sobre las diez de la noche las dos internas
retenidas y el otro profesor Fernando Varela fueron
liberados. Los secuestradores se iban dando cuenta
que ya nada podían hacer y solo mantener el
secuestro agravaría más su situación.
A las once y media de la noche, fue liberado el
funcionario Fermín Salcedo. A la vista de los
acontecimientos, los efectivos del GAR, permanecían
a la expectativa sin intervenir esperando ordenes.
Sin embargo el final del secuestro llegó sobre las
dos de la madrugada cuando los amotinados pidieron
como condición que se leyera un comunicado con
dieciséis puntos reivindicativos a través de Radio
Nacional de España, que de forma involuntaria lo
emitió en directo.
Los nueve reclusos amotinados, fueron traslados
veinticuatro horas después a las prisiones de Ocaña,
Daroca y Alcalá Meco. Todos ellos, estaban
clasificados de alta peligrosidad y con condenas
superiores a los veinte años de reclusión. |
|
El sindicato ACAIP ha criticado en una nota
de prensa diversos aspectos del Estatuto Básico del
Empleado Público, ya que entiende que hay varios
puntos que suponen “un retroceso para la totalidad
de los empleados públicos”.
Así, de acuerdo con ACAIP, en materia
retributiva, “no se incluye la cláusula de revisión
salarial”, por lo que recuerdan al PSOE que era “uno
de los puntos de su programa electoral, que al no
aprobarse hará que se acumule una pérdida de poder
adquisitivo del diez por ciento en el periodo
1996-2006 en las retribuciones de los empleados
públicos”.
ACAIP critica asimismo que el nuevo Estatuto
“regula la pérdida del puesto de trabajo obtenido
mediante concurso, consolidando el inaceptable
principio de remoción” y que establece “la movilidad
geográfica, sin límite, por razones del servicio”.
Otros aspectos que se critican son la “exclusión de
las organizaciones sindicales de los proyectos
selectivos y la introducción de la figura del
personal directivo”. Tampoco están de acuerdo en la
introducción de la figura del personal eventual,
“sobre la que no existe control alguno por parte de
los sindicatos en su nombramiento y cese, sin que se
establezca límite alguno sobre la plantilla total”. |
|
|
|
|
SUBIR AL ÍNDICE |
|
|
 |
|
|
|
OFERTAS AFILIADOS
Importantes descuentos en gama Lancia, Fiat,
Mitsubishi, Lexus, Mazda, y Hyundai.
Residencias de
tiempo libre
 Casa Rural
Seguros de
Automóvil
 
Parques de atracciones
Muebles
Hoteles
Parques Acuáticos
Condiciones
especiales en prestamos hipotecarios y personales
Viajes Iberia
Campamentos de
verano
Parque de Atracciones |
|
26-05-07
28-05-07
28-05-07
28-05-07
29/05/2007
29/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
31/05/2007
01-06-07
02-06-07
06-06-07
06-06-07
07-06-07
11-06-07