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23-08-06
La prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) registró
desde enero a agosto de 2006 una media de 1.693
presos, según los datos
ofrecidos ayer por Instituciones Penitenciarias. Los
seis centros penitenciarios con los que cuenta
Andalucía tuvieron durante este año una media de
13.377 presos en total, mientras que los de Albolote
(Granada), Córdoba y Sevilla -con 1.754, 1.738 y
1.726 presos, respectivamente- fueron los que más
internos acogieron en sus instalaciones.
Por debajo de la media
A principios de agosto todos los centros de la
comunidad superaban los 1.700 internos, aunque en el
acumulado, que recoge datos de enero a la
actualidad, sólo tres centros, concretamente los de
Algeciras (1.631), Huelva (1.675) y Málaga se
situaron por debajo de esta cifra.
En el conjunto de la comunidad andaluza, los seis
centros aumentaron progresivamente su población
reclusa durante el año, pasando de 12.881 presos a
principios de enero a los 13.762 con los que
contaban en agosto, lo que supone un incremento en
881 reclusos.
Por prisiones, desde principios de año a la
actualidad, las poblaciones internas de los centros
se incrementaron siguiendo la siguiente de
distribuciñon. En Albolote, pasaron de 1.691 a
1.764; en Algeciras, de 1.576 a 1.713; en Córdoba,
de 1.705 a 1.758; en Huelva, de 1.649 a 1.784; en
Málaga, de 1.555 a 1.773 y en Sevilla, de 1.650 a
1.722 |
23-08-06
| El Gobierno condiciona
el avance del proceso a que Batasuna cumpla la ley |
La
legalización de Batasuna se ha convertido en el nudo
gordiano del proceso de fin de la violencia. El
Gobierno considera que debe desatarse ese nudo para
que el proceso avance en otros campos, como el
penitenciario. "Si la izquierda abertzale se
legaliza, con lo que supone de aceptación exclusiva
de las vías democráticas para lograr sus objetivos,
el proceso se impulsará", según fuentes
gubernamentales. Ello requiere de Batasuna que acate
la Ley de Partidos, con la presentación de nuevos
estatutos y marca, pero sus dirigentes temen que
acatar dicha ley no termine con sus problemas
judiciales. La tensión política que mantiene
Batasuna en las últimas semanas, rubricada con el comunicado
de ETA del viernes, no tiene como objetivo desestabilizar el
proceso de alto el fuego, pero tampoco es un asunto sin
importancia, señalan fuentes de su entorno. Sobre el ataque
contra un microbús el sábado en San Sebastián, la cúpula de
Batasuna no se ha pronunciado oficialmente. Pero desde la
izquierda abertzale se considera un hecho aislado y se
descarta que ETA haya ordenado el rebrote de la kale
borroka.
La cuestión de fondo es que, ante la expectativa del inicio
de las conversaciones formales entre el Gobierno y ETA,
Batasuna ha exigido su legalización y el Ejecutivo ha
advertido que, para ser legal, debe cumplir la Ley de
Partidos. La cúpula abertzale había aceptado
inicialmente esta posibilidad -ya que Batasuna ha cambiado
varias veces de nombre y estatutos a lo largo de su historia-
pero, ante la resistencia de sus bases, se ha echado atrás. En
conversaciones privadas, los líderes de Batasuna alegan que
acatar la Ley de Partidos no garantiza su legalización, ya que
está abierta otra vía, la penal, por la que se suspendió su
actividad como partido en agosto de 2002, a través de un auto
del juez Baltasar Garzón, meses antes de ser ilegalizado por
el Supremo en mayo de 2003. Batasuna teme que la continuidad
de sus líderes con la nueva marca puede suscitar nuevos
problemas.
El Gobierno insiste en que el cumplimiento de la Ley de
Partidos es la única vía posible de legalización para la
izquierda abertzale pues Batasuna, como tal, no existe
por decisión del Supremo.
Aceptación social
El Ejecutivo cree también que una nueva marca y nuevos
estatutos -unido al rechazo del uso de la violencia como medio
para lograr fines políticos- permitirá a la izquierda
abertzale ejercer su actividad política con normalidad,
aunque está dispuesto a estudiar las objeciones legales que
Batasuna presenta. Estas cuestiones se abordarán a través de
los cauces establecidos por el Gobierno. El Ejecutivo
considera que el proceso sólo puede avanzar una vez que la
izquierda abertzale sea legal. "La legalización de la
izquierda abertzale es fundamental para que participe
en el proceso político del País Vasco, pero es también la
llave del proceso", señalan fuentes gubernamentales.
El Gobierno ha preparado en los cinco meses de alto el
fuego de ETA varios planes en política penitenciaria sobre los
presos de la banda. "Pero para adoptar medidas penitenciarias,
como el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País
Vasco, o decisiones más de fondo, como libertades
provisionales o excarcelaciones de miembros de ETA, el
Gobierno necesita una aceptación social y para ello el proceso
de fin de la violencia debe tener un carácter irreversible",
señalan las mismas fuentes. Éstas aclaran que "en este proceso
de fin de la violencia, las medidas penitenciarias en favor de
los presos de ETA no se adoptarán improvisadamente, como hizo
el Gobierno de José María Aznar en la tregua de 1998. Para
ejecutar los planes previstos por el Ejecutivo, se requiere
previamente un avance del proceso", conluyen. |
DIARIO CÓRDOBA
23-08-06
| Los expertos indican
que sería necesario apostar por los centros de
desintoxicación externos. La sobrepoblación supone el
alejamiento del recluso y dificultades para su
reinserción. |
El
Centro penitenciario de Córdoba, situado en la
barriada de Alcolea, ha incrementado su población
interna desde principios de año en 53 personas, por
lo que en la actualidad cuenta con 1.758 presos,
según indica Instituciones Penitenciarias, y
sobrepasa en un 75% su capacidad. No obstante, la
capacidad operativa de la prisión es de 1.008
presos, a lo que hay que añadir 172 plazas
complementarias, destinadas a enfermería,
aislamiento, ingresos, salidas y tránsitos.
De este modo, Córdoba se enmarca dentro de la
tendencia al crecimiento del número de reclusos que
registran numerosas prisiones españolas y "cada vez
sube más", según explica Valentín Aguilar, miembro
de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
en Córdoba.
Las consecuencias "de la sobrepoblación" para los
internos se reflejan en que "cada vez es más difícil
para el preso acercarse a su domicilio y se produce
un desarraigo", porque en la ciudad hay numerosos
internos de Málaga y Sevilla, y también algunos
cordobeses cumplen condena en otras provincias. Así,
"el preso va a estar más solo, se dificulta la
posibilidad de reinserción" e incluso puede afectar
a la concesión de permisos o las posibilidades
laborales, señala Valentín Aguilar.
De hecho, "la altísima tasa de reincidencia, de
aproximadamente el 42% de presos que ingresan de
nuevo en el centro", es un signo más de que "no se
da salida al problema", según Aguilar, y "cada vez
es más fácil entrar en la cárcel, pero más difícil
salir, y la sociedad necesita que la persona no
vuelva a equivocarse".
Por este motivo, el experto defiende los trabajos en
beneficio de la comunidad, que "no se están
potenciando y tendrían que ser algo alternativo a la
prisión", aunque según declaró, en Córdoba se suelen
realizar en el mismo centro de internamiento.
Del mismo modo, la conexión entre la exclusión
social, la pobreza y la cárcel "sigue existiendo",
según el abogado y miembro de la APDHA. De ahí que
al crecer el número de extranjeros en el país "se
aumente de manera proporcional" el número de
foráneos en prisión que cumplen estas condiciones
sociales.
Además, el problema de las drogas en la prisión ha
sido subrayado por los expertos, y Valentín Aguilar
apunta que "el 80% de los presos están relacionados
con la drogodependencia", y o consumen drogas o los
delitos cometidos tienen que ver con estas
sustancias. Por esto, APDHA subraya que "hay que
apostar por las salidas a centros de
desintoxicación", ya que el trabajo dirigido por
Proyecto Hombre en la prisión quizá "no a todo el
mundo le viene bien". |
23-08-06
|
Contó con un promedio de 1.754
internos desde enero a agosto, muy por encima de su
capacidad, cifrada en 1.008 presos |
La
prisión provincial de Albolote es el centro
penitenciario de Andalucía que contó con el mayor
número de reclusos de la
Comunidad de enero a agosto de 2006 con 1.754
internos de media, según datos de Instituciones
Penitenciarias.
Por sexos, las instalaciones de Albolote tuvieron de
enero a agosto de este año una media de 1.593
reclusos y 147 internas, frente a los 1.426 presos y
153 presas del mismo periodo de 2005.
La mayoría de los presos de la cárcel provincial
granadina, un 79 por ciento, se encontraban durante
el periodo analizado en situación de Segundo Grado,
mientras que un diez por ciento cumplía Tercer Grado
y un ocho por ciento estaba sin clasificar.
En total, las seis cárceles de Andalucía tuvieron
desde enero a agosto de 2006 una media de 13.377
presos, situándose por detrás de la granadina la de
Córdoba y Sevilla con 1.738 y 1.726 presos,
respectivamente.
A principios de agosto todos los centros de la
Comunidad superaban los 1.700 internos, aunque en el
acumulado, que recoge datos de enero a la
actualidad, tres centros, los de Algeciras (Cádiz),
Huelva y Málaga se situaron por debajo de esta
cifra, al contar con 1.631, 1.675 y 1.693 de media.
En el conjunto de la región, los seis centros
aumentaron progresivamente su población reclusa
pasando de 12.881 presos a principios de enero a los
13.762 con los que contaban en agosto.
Por prisiones, desde principios de año a la
actualidad, las poblaciones internas pasaron en
Albolote de 1.691 a 1.764, en Algeciras de 1.576 a
1.713, en Córdoba de 1.705 a 1.758, en Huelva de
1.649 a 1.784, en Málaga de 1.555 a 1.773 y en
Sevilla de 1.650 a 1.722.
Los sindicatos que representan a los funcionarios
del centro penitenciario granadino han denunciado
reiteradamente que la masificación y hacinamiento
que padece la prisión granadina provocan
habitualmente situaciones de riesgo para los
trabajadores.
Los sindicatos insisten en que la prisión fue
diseñada para acoger a 1.008 internos, cuando en
realidad supera con creces este número con lo que su
capacidad se ve desbordada. Las centrales han
subrayado que el índice de hacinamiento ha llegado a
superar en ocasiones el 130% en la prisión.
Esta circunstancia, a su juicio, ha venido
provocando "la degradación imparable de las
condiciones laborales de los funcionarios", que,
insisten, están expuestos a "riesgos psicosociales y
al llamado síndrome de burn out (estar quemado)".
Los representantes sindicales han atribuido
reiteradamente a la sobreocupación los casos de
agresiones a los funcionarios por parte de la
población reclusa. |
24-08-06
|
La directora general del
organismo estatal, Mercedes Gallizo, dice que se "están
dando informaciones que nada tienen que ver con la
realidad" |
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
está dispuesta a frenar los comentarios falsos que
se hacen públicamente sobre los presos preventivos
de la operación Malaya contra la corrupción. Así, su
responsable, Mercedes Gallizo, comentó ayer que su
departamento pretende iniciar acciones legales "si
fuera preciso" contra las personas que difunden
"falsedades" en relación a estos internos de la
prisión de Alhaurín de la Torre, entre los que están
los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol
Yagüe y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio
Roca, entre otros personajes conocidos.
Gallizo expresó malestar por esta situación y quiso dejar
claro que defenderá el "buen nombre de la institución y la
profesionalidad de los funcionarios". Expuso que en la
Dirección General hay un gran enfado por todos los comentarios
que se están haciendo en los medios de comunicación y la
información que se vende sobre la vida que hacen los internos
enviados a prisión por la operación Malaya. Al respecto,
explicó que "se están dando informaciones que nada tienen que
ver con la realidad".
Criticó que se dan datos "sin ningún tipo de veracidad",
así como "comentarios e intoxicaciones" que afectan a la
"intimidad de los reclusos y al buen nombre de la institución
y de sus funcionarios".
"Se trata de un asunto muy serio para el Estado y también
para las propias personas que están sufriendo privación de
libertad", argumentó Gallizo, al tiempo que defendió a la
plantilla de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre y
destacó su profesionalidad en situaciones difíciles.
En este sentido, citó el trabajo realizado por estos
profesionales tras operaciones policiales con trascendencia
como la operación Nilo, que significó la entrada en prisión,
en menos de 48 horas, de más de 200 personas de nacionalidad
nigeriana pertenecientes a una red; o la propia operación
Malaya, con el ingreso en la cárcel de numerosas personas,
como Roca, Muñoz, Yagüe o la ex primera teniente de alcalde de
Marbella Isabel García Marcos.
Así, Gallizo dejó claro que la Dirección General está
dispuesta a "emprender acciones legales si fuera preciso para
defender el buen nombre de la institución y de los
funcionarios", ya que, insistió, "en muchos casos se venden
como informaciones lo que no son sino falsedades e
invenciones, utilizadas con un interés meramente
sensacionalista por el medio que las emite, y que incluso paga
por ellas".
Recordó que muchas de estas informaciones proceden de
testimonios de personas a las que se ofrece dinero por
realizarlos y que, según dijo, "no tienen ninguna
credibilidad". Se trata, recalcó, de "intoxicaciones o de
manipulaciones de los hechos". |
24-08-06
|
El ex director general de la
Guardia Civil con Felipe González tiene planteados
varios recursos para conseguir el tercer grado que acaba
de obtener Rafael Vera. |
Luis
Roldán, ex director general de la Guardia
Civil, tiene planteados ante los tribunales varios
recursos para que se le conceda un tercer grado como
el que disfruta desde hace unas semanas el ex
secretario de Estado de Seguridad
Rafael Vera.
Fuentes próximas a Roldán informaron de que tienen
planteados en estos momentos dos recursos para que
el ex responsable de la Benemérita no tenga que
dormir en prisión, donde cumple una condena de 20
años de cárcel por malversación de fondos públicos y
otros delitos.
Cumplida gran parte de la condena
Estas acciones legales fueron planteadas ante la
negativa de las autoridades penitenciarias a
permitir que el ex responsable del Instituto Armado
adquiera la condición de semi-libertad. La defensa
del condenado argumenta que éste ya ha cumplido 17
de los 20 años de cárcel que se le impusieron, por
lo que debería poder acceder al tercer grado.
No obstante, Roldán
disfruta en estos momentos de un segundo grado, lo
que le permite trabajar por las mañanas como
administrativo en una empresa de Zaragoza, mientras
que por las noches puede volver al centro
penitenciario.
Fondos reservados
Se da la circunstancia de que el ex director de la
Benemérita declaró como testigo en el juicio del
"caso fondos reservados", por el cual
Vera fue
condenado a la pena que le mantenía en prisión hasta
hace unas semanas.
Roldán
declaró en este juicio que
Vera
repartió cuantiosos sobresueldos a ex altos cargos
de Interior. Estas asignaciones fueron realizadas
con dinero procedente de la partida de los fondos
reservados. |
24-08-06
|
Se aplicará a penados de tercer
grado que tengan una valoración positiva y un pronóstico
favorable de reinserción social |
La
Dirección General de Prisiones ha dictado una nueva
instrucción con el fin de flexibilizar y ampliar la
posibilidad de cumplir penas de cárcel en régimen
abierto. La citada instrucción, a la que ha tenido
acceso Europa Press, se aplicará a los penados en
tercer grado a los que se pueda aplicar el artículo
86.4 del Reglamento Penitenciario por el que el
interno queda eximido de pernoctar en la prisión.
Además deberán cumplir otros requisitos, como tener
una valoración positiva en las diferentes
evaluaciones y un pronóstico favorable de
reinserción social. Fuentes consultadas por
Europa Press explicaron que en la actualidad, sólo el 12 por
ciento de los penados están cumpliendo la condena en régimen
abierto. El objetivo es lograr que un 25 por ciento de los
penados pueda cumplir en régimen abierto. Esta, afirman los
consultados, es la media de los países del entorno, aunque hay
casos como el británico en los que alcanza hasta el 50 por
ciento de penados en régimen abierto.
En la citada instrucción se explica que el artículo 86.4
del Reglamento Penitenciario llega a posibilitar una forma
específica de cumplir condena en régimen abierto. Esto
significa que el interno "no reside en un CIS, Sección
Abierta, Unidad Dependiente o Institución específica
extrapenitenciaria", sino que "se encuentra plenamente inmerso
en su contexto familiar o comunitario".
No obstante, implica también que el penado debe aceptar
"de forma voluntaria" estar sujeto a "los dispositivos
telemáticos u otros mecanismos adecuados de control que
establezca la unta de Tratamiento en su programa
individualizado y en la resolución de la Dirección General al
efecto".
POTENCIAR LA AUTORRESPONSABILIDAD DEL PENADO
Según los "principios generales" recogidos en la
instrucción, esta modalidad de vida supone la "potenciación"
de los principios inspiradores del régimen abierto recogidos
en el artículo 83.2 del Reglamente Penitenciario, como es la
"atenuación de medias de control, autorresponsabilidad del
penado, normalización e integración social, evitación de la
desestructuración familiar y coordinación con las instancias
comunitarias de reinserción".
Los criterios que establece el documento de Prisiones
para "orientar" la evaluación del interno por parte del órgano
colegiado para poder acceder a este régimen son los
siguientes: haber obtenido una valoración positiva en las
diferentes evaluaciones relativas al cumplimiento de los
objetivos de su programa individualizado de tratamiento; la
existencia de factores que favorezcan una integración
socio-laboral y la existencia de un pronóstico favorable de
reinserción social.
Se explica también que se debe aplicar en los supuestos
en los que el penado ha demostrado su "clara capacidad" para
consolidar la inserción comunitaria, especialmente en los
"supuestos laborales, teniendo en cuenta la importancia que
para los internos tiene la incorporación al mundo laboral".
El texto precisa que esta capacidad del interno "debe
ser lo más objetiva posible y requiere una evaluación
detallada y global por parte de la Junta de Tratamiento que
debe tener en cuenta factores de carácter personal, social,
delictivo y penal".
Se advierte, no obstante, que "no es aconsejable"
aplicar esta medida a aquellos internos que "presenten rasgos
comportamentales que requieran la aplicación de un programa de
intervención especializada de los contemplados en el artículo
116 del Reglamento --referido a los internos con dependencias
psicoactivas--, sin que hayan llegado a alcanzarse, de forma
satisfactoria, los objetivos terapéuticos perseguidos".
MADRES CON HIJOS Y CONVALECENCIAS MEDICAS
En la citada instrucción hay un apartado específico que
contempla el régimen abierto para "madres con hijos" y para
"convalecencias médicas". En el primer caso, se especifica que
la medida se aplicará siempre que no existan otras
alternativas preferibles para los intereses del menor.
Para las convalecencias médicas, el texto aclara que la
finalidad es "permitir al penado en tercer grado la
recuperación en su domicilio de una enfermedad o intervención
quirúrgica, siempre que la misma no pueda llevarse a cabo con
las misas garantías en el establecimiento de destino".
Precisa también que la duración de la medida "vendrá
determinada por criterios estrictamente médicos, resultando
necesario para ello el informe o certificado médico oficial,
avalado por el médico del establecimiento, en el que conste el
pronóstico inicial de la convalecencia y los plazos para su
revisión".
MEDIDAS DE CONTROL TELEMÁTICO Y COMPLEMENTARIAS
En cuanto a las medidas de control del interno, una vez
que se encuentra fuera del centro penitenciario, se establece
su inclusión en el sistema de monitorización electrónica, con
la instalación e los adecuados dispositivos de localización
telemática.
El objetivo de estas medidas tiene una "doble
finalidad", la tutela y el control, ya que persigue garantizar
que el interno pueda cumplir realmente las condiciones y
objetivos de su programa de tratamiento y que la
Administración responsable del mismo y de la propia ejecución
penal, mantenga en todo momento el conocimiento y control
sobre ambos extremos.
Para los casos en los que las circunstancias laborales o
residenciales del penado hagan inaplicable el sistema de
monitorización electrónica, se aplicarán otras medidas que
garanticen un "control suficiente sobre el interno".
Entre estas medidas están: visitas de un profesional al
lugar de trabajo u ocupación del interno; presentaciones del
interno en una unidad de la Administración Penitenciaria o en
dependencias policiales o de la Guardia Civil; comunicaciones
telefónicas en uno u otro sentido; comprobaciones relativas a
la documentación de carácter laboral; controles sobre
actividades terapéuticas; entrevistas con el interno o con
miembros de la unidad familiar.
Además y salvo excepciones, los internos incluidos en el
programa de monitorización telemática deberán pasar un control
presencial cada quince días y si no están en el programa
electrónico, los controles presenciales serán semanales. |
24-08-06
|
Anuncia que pedirá
explicaciones en el Parlamento y advierte que no hay
personal penitenciario suficiente para realizas el
seguimiento |
La
portavoz del PP en materia de Interior, Alicia
Sánchez Camacho, mostró hoy en declaraciones a
Europa Press, su "preocupación" por la instrucción
de la Dirección General de Prisiones para
flexibilizar y ampliar el cumplimiento de penas en
régimen abierto. En su opinión, no hay medios
suficientes para garantizar la seguridad, ni
técnicos, ni de personal penitenciario, por lo que,
avisó que su partido pedirá explicaciones al
Gobierno en el Parlamento con el inicio del curso
parlamentario. Sánchez Camacho mostró la
"preocupación" de su partido "ante la medida de la Dirección
General de Prisiones porque desde el primer momento no ha
mostrado interés en crear centros, ya que no se va a inaugurar
ni una sola plaza en esta legislatura".
"Nos parece --prosiguió-- altamente preocupante que se
flexibilice y permita que un mayor número de presos pueda
estar en la calle sin los controles específicos que requieren,
puesto que no se tienen ni los medios telemáticos y técnicos
para poder controlar la seguridad de esos presos y de los
ciudadanos españoles".
Además, se preguntó "a qué se refiere" la instrucción de
Prisiones cuando "hace alusión a los controles adicionales",
ya que, afirmó, "existe un número reducido de funcionarios y
no se están cumpliendo las convocatorias de funcionarios que
se firmaron en el convenio".
En opinión de la portavoz popular, "no se puede
presentar una medida de esas características queriendo,
además, pasar del 12 al 25 por ciento de presos en régimen
abierto, un porcentaje altamente ambicioso, sin tener los
controles necesarios para que esos presos estén fuera de las
cárceles".
"NO SE PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD"
Alicia Sánchez Camacho insistió en que "el PP denuncia
que faltan esos controles y no se puede garantizar la
seguridad sin la presencia de los mismos y la eficacia al cien
por cien de los controles telemáticos".
Por ello, dijo que el PP va a "pedir explicaciones
rigurosas en el Congreso". Añadió que "sorprende" que este
tipo de decisiones "se tomen en agosto, como el tercer grado
de Vera, que lo que pretenden es que estas noticias de impacto
para los ciudadanos pasen mucho más desapercibidas y no tengan
el control parlamentario que debieran".
Por lo tanto, precisó, "el PP exigirá el control
riguroso y la explicación de la ampliación de esta medida con
el nuevo periodo de sesiones que se abre en septiembre". |
26-08-06
El
centro penitenciario de Melilla cuenta con más de
300 presos, en concreto con 301, según datos hechos
públicos por el Ministerio del
Interior. Del total de internos con los que cuenta
la cárcel melillense, 42 lo están en régimen
preventivo y los 259 restantes ya han sido penados.
La evolución del número de internos ha ido
decreciendo desde el año 2000, puesto que se ha
pasado de los 330 presos a los 300, según Acaip
En el cómputo nacional, el número de internos en las
cárceles españolas ascendía a 63.806 a finales del
mes de julio, de los cuales alrededor de la mitad de
ellos se encuentran en centros de Andalucía,
Cataluña y Madrid.
La mayor parte de los presos son hombres, un 92 por
ciento, y la mayor parte de ellos están cumpliendo
condena, mientras que existe un porcentaje inferior
de presos preventivos.
La directora de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, aseguró recientemente en el
Congreso de los Diputados que no descarta la
construcción en Melilla de una nueva cárcel a partir
de 2012, cuando concluya el actual Plan de
Modernización de centros.
En cualquier caso, y después de reconocer en la
Cámara Baja que se 'asombró' de las condiciones de
la prisión durante su última visita a la ciudad,
Gallizo tiene la intención de paliar en parte la
situación de la cárcel de Melilla con la creación de
un Centro de Inserción Social similar al que va a
abrirse en Ceuta
El número de internos en Melilla sitúa a la ciudad
entre las trece cárceles más 'masificadas' de toda
España, según el sindicato de prisiones Acaip.
Esta situación, que 'no tiene vías de solución'
debido a la continua entrada de presos, obliga a los
internos a compartir las escasas 146 celdas con las
que cuenta el centro penitenciario. |
26-08-06
|
EN TRES MÓDULOS
UN FUNCIONARIO TIENE QUE HACERSE CARGO DE 140 INTERNOS
La Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip) denunció "graves
carencias" en la seguridad de los trabajadores de la
cárcel de Picassent y denunció la "política
nefasta" desarrollada en los últimos años por los
responsables del centro que lo han situado como
el "más conflictivo del país, tanto en términos
absolutos, como en relación al número de internos
albergados". |
Según
indicó en un comunicado, las "graves carencias" han
sido comunicadas en "numerosas ocasiones" a los
responsables, aunque aseguró que no han hecho
"absolutamente nada por subsanarlas". En este
sentido, el sindicato citó el nuevo edificio de
acceso al centro del que dijo que es "un auténtico
desastre" porque los tabiques se han realizado de un
material "que no resiste el mínimo golpe" y en el
que los cristales "no son a prueba de impactos".
Asimismo, aseguró que las ventanas de atención al
público "se pueden desmontar desde fuera" y pueden
ser "arrojadas al interior de la oficina contra los
funcionarios de servicio". Destacó que no se ha
colocado "ningún tipo de protección que no sólo
proteja de la alta radiación solar, sino que permita
la correcta visualización del monitor del escáner
existente".
El sindicato también denunció que desde el mes
pasado se ha modificado el horario de los talleres
productivos donde trabajan los internos, "no por
razones de beneficio" para los presos, sino "para
que la empresa externa que actúa en los mismos
obtenga un mayor beneficio económico".
Esa modificación hace que en tres módulos "un solo
funcionario tenga que hacerse cargo de 140 internos,
siendo el riesgo muy elevado, ya que si se produce
cualquier incidente el módulo estaría a merced de
los internos". Asimismo, denunció que se ha cerrado
el módulo destinado a los internos jóvenes más
conflictivos lo que supone que los reclusos que han
protagonizado peleas o incidentes con otros presos
"permanezcan en el mismo módulo donde se produjeron
los hechos".
Acaip criticó que "a pesar de los escritos,
quejas y peticiones" realizadas, "los responsables
del centro mantienen una política autoritaria y
dictatorial, que hace que cada día empeoren las
condiciones en las que los trabajadores desarrollan
su labor". Esta circunstancia también provoca que
cada año "queden gran número de plazas desiertas en
el centro, ya que los trabajadores, pese a ser de la
zona, o llevar arraigados en Valencia muchos años,
piden traslado a otros para no soportar esa
situación" |
27-08-06
|
Aportará mayor información a
los internos sobres esta posibilidad, agilizará los
trámites y estimulará a los países de origen En la
actualidad hay 19.919 presos extranjeros, el 31 por
ciento del total, siendo marroquíes el colectivo mayor,
seguido de colombianos |
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
tiene previsto poner en marcha a partir de
septiembre un plan para promover que los inmigrantes
cumplan las condenas en sus países de origen, según
informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
Para ello, prevé adoptar medidas de estimulación a
los países de origen de los internos, con el fin de
que los acojan en sus prisiones. En la
actualidad hay un total de 64.042 presos en las cárceles
españolas, de los que 55.048 están repartidos en todas las
cárceles dependientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y el resto, en las cárceles catalanas.
De esta cantidad total, 19.919 presos son extranjeros,
es decir, algo más del 31 por ciento. La población reclusa
está creciendo a un ritmo aproximado de 1.000 internos cada
tres meses, lo que provoca una saturación para los centros
penitenciarios españoles
1.000 INTERNOS MAS CADA TRES MESES
Con el objetivo de aliviar esta situación, la Dirección
General de Prisiones tiene previsto poner en marcha a partir
de septiembre una estrategia para promover el cumplimiento de
las condenas por parte de los extranjeros en su país de
origen.
Para ello, se contempla promover medidas de estímulo
para que estos países acojan a sus nacionales penados en
España. De momento, se están estudiando las fórmulas, pero
podrían consistir en ayudas a estos países para que mejoren
sus sistemas penitenciarios.
Además, está previsto ofrecer mejor y mayor información
a los internos sobre esta posibilidad, con el fin de que lo
puedan solicitar al juez. También se pretenden agilizar los
trámites para que se tarde menos y completar acuerdos con los
países de origen.
EL COLECTIVO MAS NUMEROSO ES DE MARRUECOS, SEGUIDO DE
COLOMBIA
Por nacionalidades, el mayor colectivo de internos
procede de Marruecos, con un total de 5.441, le siguen los
súbditos colombianos, de los que hay presos 2.137, seguidos de
los rumanos, con 1.365 internos y de los argelinos, con 1.323
presos.
A estos países les siguen, por número de internos en
España, Ecuador, con 614; República Dominicana, 382; Brasil,
306; Bolivia, 300; Guinea Bisau, 151; Chile, 160; Méjico, 168;
Lituania, 176; Nigeria, 281; Croacia, 133; Liberia, 132;
Ucrania 120 y Rusia, 101. En las cárceles catalanas destacan
por número, los internos de Bolivia, 103; Ecuador, 129;
Pakistán, 43; República Dominicana, 56.
Precisamente en la actualidad España está liderando la
adaptación del sistema penitenciario de Rumanía --uno de los
países con más súbditos presos en España-- a las normas de la
Unión Europea de cara al ingreso de este país en el club
comunitario.
PORTUGAL ES EL PAIS COMUNITARIO CON MAS PRESOS EN ESPAÑA
Además de los presos que proceden de países no
comunitarios, en las cárceles españolas también hay buen
número de presos que son súbditos de países comunitarios. Así,
destacan en las cárceles de todas las CCAA salvo Cataluña, los
presos de: Portugal, 416; Italia, 277; Reino Unido, 235;
Alemania, 184; Países Bajos, 142; Polonia, 142 y Bélgica,
75.
En las cárceles catalanas, los europeos que destacan por
número son: italianos, 87; los franceses, 85 y los portugueses
con un total de 46. Además de los internos de estos países,
que son los máS numerosos, hay presos en España procedentes de
un total de 143 países de todo el mundo. |
28-08-06
Alrededor
de 64.000 presos se hacinan en las cárceles
españolas. La población reclusa crece al ritmo
insostenible de 1.000 nuevos internos cada tres
meses. Los cambios en el Código Penal y el
crecimiento de la delincuencia han disparado la
cifra hasta llevar el sistema penitenciario al borde
del colapso.
En medio de este panorama desolador, hay un dato
especialmente llamativo. Alrededor del 31% de los
presos -unos 19.919 reclusos- no ha nacido en
España. La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias anuncia ahora un plan para promover
que estos inmigrantes puedan cumplir condena en sus
países de origen.
La idea no es novedosa. El Convenio de Estrasburgo
-al que se han ido adhiriendo decenas de estados en
todo el mundo- permite el traslado de reclusos
foráneos a cárceles de sus países de origen. Y
viceversa: la posibilidad de que españoles presos en
el extranjero cumplan sus condenas aquí.
En España son pocos los reclusos extranjeros que se
han acogido hasta ahora a esta posibilidad, bien por
desconocimiento, bien porque el trámite era
demasiado lento y demasiado costoso. Instituciones
Penitenciarias prevé aligerar el papeleo, informar
mejor a los presos y firmar acuerdos con nuevos
países.
El colectivo más numeroso en nuestras prisiones es
el marroquí (con 5.441 personas), seguido del
colombiano (2.137) y el rumano (1.365). España tiene
convenio con estos tres países, pero no siempre es
fácil cerrar los traslados. Instituciones
Penitenciarias apunta que nuestro país podría
aportar a cambio ayudas económicas para la mejora de
los sistemas penitenciarios de los estados que
reciban reclusos. El trueque no parece serio. Si
estos países han firmado los tratados, el Ejecutivo
debe exigir que los cumplan a cambio de nada en vez
de entregarles un dinero que en muchos casos puede
terminar en los bolsillos de burócratas corruptos.
En cualquier caso, la iniciativa del Ministerio del
Interior es positiva. La superpoblación endurece las
condiciones de vida en prisión y dificulta la labor
de reinserción prevista por la Constitución
Española. Eso sí, el Ejecutivo debe cerciorarse de
que los reclusos cumplirán de verdad su condena en
los países de origen y de que lo harán en unas
condiciones acordes con la dignidad humana, algo no
muy frecuente en ciertas latitudes. Hay que enviar a
quienes llegan legal o ilegalmente a nuestro país el
mensaje nítido de que delinquir no es una vía para
quedarse. |
29-08-06
La
prisión de Alhaurín de la Torre es el tercer centro
de los 12 que existen en Andalucía con mayor número
de internos matriculados en algún programa
formativo, por detrás del de Almería con 630, un
57,4 por ciento; y de Sevilla con 446, un 26,6 por
ciento. Según apuntó el diputado socialista Miguel
Ángel Heredia, el de Málaga es uno de los seis
centros penitenciarios de España donde se
desarrollan programas estables de acompañamiento
para la inserción de reclusos.
El diputado socialista Miguel Angel Heredia informó
ayer de que el 26,1 por ciento de los reclusos del
Centro Penitenciario de Málaga se encuentran
matriculados en diferentes niveles educativos.
De esta forma, Heredia, que conoció estos datos en
una reciente reunión mantenida con responsables de
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, señaló que según los últimos datos
disponibles, que corresponden al 20 de junio, el
número de reclusos matriculados es de 425, de un
total de 1.628 internos que existen en el centro.
enseñanzas. En concreto, indicó que 106 internos
están matriculados en alfabetización, 208 en
enseñanzas de consolidación de conocimientos, dos en
enseñanza secundaria, seis en bachillerato, nueve en
la universidad a distancia y 94 en otras enseñanzas
como español para extranjeros.
Asimismo, destacó que durante el presente año se ha
registrado un crecimiento del 16 por ciento en el
número de reclusos que cursan estudios en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre.
En este sentido, recordó que en enero de este 2006
solo estudiaban 367 internos, esto es un 23 por
ciento, y ahora son 425, un 26,1 por ciento.
El diputado socialista subrayó que el centro de
Málaga es el tercer centro de los 12 que existen en
Andalucía con mayor número de internos matriculados,
por detrás del de Almería con 630, un 57,4 por
ciento; y de Sevilla con 446, un 26,6 por ciento.
Además, apuntó que el de Málaga es uno de los seis
centros penitenciarios de España donde se
desarrollan programas estables de acompañamiento
para la inserción de reclusos.
Al respecto, precisó que en España existen 77
centros penitenciarios, “por tanto el hecho de que
el de Málaga se encuentre dentro de los seis
seleccionados para llevar a cabo estas políticas de
reinserción de presos demuestra la apuesta de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
por potenciar el tercer grado en el de nuestra
provincia”, consideró. |
LA VOZ DE ASTURIAS
29-08-06
| Interior promoverá a
partir de septiembre un plan específico |
Más
de un centenar de presos de Villabona podrán
acogerse al programa que promoverá a partir de
septiembre la Dirección general
de Instituciones Penitenciarias para que los presos
extranjeros puedan cumplir condena en sus países de
origen si lo desean.
Los últimos datos facilitados por el centro
penitenciario asturiano cifraban el número de
internos extranjeros en 143, una cifra que puede
haber variado sensiblemente desde el mes de marzo.
No obstante, las estadísticas sitúan al penal
asturiano como uno de los que menor número de
internos extranjeros concentra en todo el territorio
nacional al tener en funcionamiento el módulo
terapéutico.
El nuevo programa del Ministerio del Interior
comenzará a desarrollarse en unos días con una
batería de información a los propios presos para que
tengan conocimiento de esta opción, que en ningún
caso serán obligatoria según puntualizan fuentes de
Interior.
Para que la iniciativa sea realmente eficaz se
revisarán los convenios con los países de
procedencia y se agilizará todo lo posible los
trámites de petición y concesión del cambio de los
reclusos interesados.
La posibilidad de que los presos extranjeros cumplan
condena en sus países significaría una rebaja en la
masificación que sufren muchas de las prisiones
españolas y afectaría a casi 20.000 presos
extranjeros recluidos en la actualidad |
29-08-06
| Piden la revisión de
los casos por los que han sido privados de libertad sin
tener en cuenta sus derechos fundamentales, en su caso,
la presunción de inocencia. |
Los
presos del módulo cuatro de la cárcel de Jaén
iniciarán una huelga de hambre el próximo miércoles,
día 30, para mostrar su rechazo a la Ley de
Violencia de Género.
En declaraciones a Europa Press, el director
accidental de la cárcel de Jaén aseveró hoy que "los
reclusos del módulo cuatro han enviado una instancia
a la dirección para comunicar que iniciarán una
huelga de hambre a partir del próximo miércoles para
mostrar su desacuerdo con la Ley de Violencia de
Género".
Este grupo de presos justifica la huelga porque
consideran que la Ley de Violencia de Género es
"anticonstitucional" y que "vulnera flagrantemente
sus derechos como ciudadanos", tal y como adelantó
Diario Jaén.
Así, con esta huelga, los presos aseguraron que
quieren "presionar a los estamentos jurídicos,
jueces, fiscales y abogados para la modificación de
la norma y la revisión de los casos por los que han
sido privados de libertad sin tener en cuenta sus
derechos fundamentales".
De esta forma, la primera razón que los reclusos
esgrimen para posicionarse en contra de la ley es
que el texto vulnera "el derecho, ratificado en la
Constitución, de presunción de inocencia".
Por otro lado, criticaron la "desproporcionalidad"
que existe entre "delito y castigo" y señalaron que
se infringe su derecho a un proceso equitativo,
"dando el apoyo, en la mayoría de los casos, a las
féminas".
Por último, los presos, que condenaron la violencia
de género, destacaron la "poca efectividad" de la
ley como medio disuasorio contra el maltrato y
resaltaron "los efectos negativos de un texto que ha
desestructurado familias en las que desaparece por
completo la figura paterna", quedando los hijos
huérfanos en este sentido, precisaron. |
29-08-06
| El presidente del PNV,
Josu Jon Imaz, aseguró hoy que las "circunstancias
temporales aconsejan que se acelere" el acercamiento de
los presos de ETA a cárceles vascas y navarras para
"bajar la presión también en ese mundo" y "contribuir
entre todos a que el proceso de paz avance". |
Imaz
ofreció una rueda de prensa en San Sebastián con
motivo de la celebración en esta ciudad de la
reunión semanal ordinaria del Euskadi Buru Batzar
(EBB), que habitualmente tiene lugar en Bilbao y que
en esta ocasión se trasladó a la capital
donostiarra.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, presidió este
encuentro, en el que los máximos dirigentes del
Partido Nacionalista Vasco analizaron la actualidad
política, marcada por los procesos de normalización
y pacificación, y la próxima cita electoral de 2007.
Imaz, acompañado por el presidente de su partido en
Guipúzcoa, Joseba Egibar, ofreció una rueda de
prensa, en un receso de la reunión, en la que se
refirió a la política penitenciaria que constituye,
a su juicio, un ámbito "complejo". El dirigente
nacionalista apuntó, en este sentido, que no es el
momento de "adelantar debates", aunque sí señaló que
"habrá que dar pasos en el camino".
Consideró "urgente" acercar los presos de ETA a
cárceles vascas y navarras para "bajar la tensión en
ese mundo" y también por una "cuestión de derechos
humanos" ya que, según dijo, los familiares de los
reclusos "no han cometido ningún delito y no hay
ninguna razón para que sean penados" y obligados a
desplazarse "miles de kilómetros".
Tras opinar que esto debería haberse abordado "hace
ya mucho tiempo", Imaz se refirió al diálogo
bilateral entre partidos que, según reiteró, ha
tenido ya un "recorrido amplio en los últimos
meses".
"Esperamos que en las próximas semanas siga su curso
y tenga avances", enfatizó Imaz, al tiempo que
anunció que el PNV "acrecentará" ahora sus
"contactos con el conjunto de formaciones" para
tratar de alcanzar un acuerdo sobre "las bases, los
procedimientos, las metodologías y los calendarios
de la mesa de partidos".
El objetivo es que este foro de diálogo político
pueda ser realidad en un "horizonte próximo" para
poder responder así al "ansia de la ciudadanía" por
avanzar en el proceso de paz, añadió Imaz, quien
insistió en que la "discreción" debe imperar ahora
en el devenir político.
Deseó que todos los partidos se impliquen en el
proceso, "también el PP", que "apuesta excesivamente
por su fracaso", ya que, a su juicio, "sería bueno
que todos hiciesen sus aportaciones" para que sea
exitoso y pueda alcanzarse la paz definitiva y un
"acuerdo político de fondo sobre el futuro de
Euskadi".
Recalcó que más allá de las descalificaciones y de
los debates en los medios de comunicación lo más
importante es "seguir haciendo un trabajo de forma
discreta con todos, también con Batasuna y con el PP"
si este partido "se dejase".
Respecto a la coalición que podrían constituir PNV y
EA de cara a la próxima cita electoral, Imaz
consideró que la "colaboración estratégica" entre
ambos partidos nacionalistas es "clave para alcanzar
la paz y la normalización política".
"También hemos visto siempre de forma positiva la
coalición, pero queremos ser extremadamente
cuidadosos sin pretender interferir en el debate
interno de EA", comentó Imaz, quien rehusó "hablar
de plazos límite" para obtener una respuesta por
parte de Eusko Alkartasuna, aunque sí anunció que su
partido celebrará el próximo día 15 una asamblea
general en la que tiene previsto iniciar el proceso
de calendarios y de elección de candidatos. |
29 de agosto de 2006
Las
cifras hablan por sí solas. De los casi 65.000
presos que hay en las cárceles españolas, un 31% son
extranjeros y cada tres meses ingresan en prisión
1.000 nuevos reclusos. De seguir con este ritmo
nuestras prisiones, ya suficientemente saturadas,
llegarían a una masificación insoportable, con lo
que eso significa, sobre todo, en términos de
inseguridad.
Con este panorama, la iniciativa de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias de promover
que los presos foráneos cumplan las condenas en sus
países de origen puede aliviar un poco la situación,
si es que se consigue que los países en cuestión lo
acepten. Se ha dicho y es verdad, que la idea no es
novedosa, que el Convenio de Estrasburgo permite el
traslado de presos y el cumplimiento de condenas en
los respectivos lugares de nacimiento o residencia
si es que estos han suscrito dicho convenio, pero a
la hora de la verdad, los papeleos son tan largos y
las gestiones tan complicadas, que rara vez, salvo
casos excepcionales, se formaliza tal decisión.
Teniendo en cuenta que en España el colectivo de
presos extranjeros más numeroso es el marroquí, con
casi 5.500 personas, seguido del colombiano (2.137)
y el rumano (1.365) y que nuestro país tiene
convenio con estos tres países, en teoría no tendría
que haber mayores problemas con la ley en la mano.
Sin embargo, la idea que maneja la responsable de
prisiones es incentivar a esos países con ayudas
económicas para que mejoren sus sistemas
penitenciarios. Estos tendría sentido en países
donde existen las mínimas garantías sobre el uso que
se le de a ese dinero, pero sería absurdo en
aquellos done está sobradamente demostrado el
altísimo nivel de abusos y corrupción de sus
prisiones.
Se podría enviar ayuda económica a Rumania, donde el
gobierno está dirigiendo el proceso de adaptación
del sistema penitenciario a las normas de la Unión
Europea, de cara al ingreso de dicha nación en el
club comunitario. Teniendo en cuenta el elevado
número de rumanos encarcelados en España, no estaría
mal hacer un esfuerzo económico para que dichos
presos cumplan las penas en su país.
Caso distinto es el de Marruecos o el de países
donde se conculcan sistemáticamente los derechos
fundamentales de sus ciudadanos y más aún en sus
prisiones, donde no existe ningún tipo de garantías
para los reclusos. En estos casos, el Gobierno debe
limitarse a exigir el cumplimento de los convenios
firmados sin ningún tipo de ayudas para su
aplicación.
Sea como fuere, si el número de ingresos en prisión
continua creciendo en España al ritmo actual, el
Gobierno se vería obligado a tomar medidas de
urgencia y, o promueve que los inmigrantes sean
devueltos a sus países o ya puede ir pensando en
construir nuevas cárceles, con la carga de
impopularidad que ello supone de cara a las
elecciones de mayo del año que viene.
Eso es lo que tiene gobernar y tener el poder que,
guste o no, hay que tomar decisiones, aunque sean
impopulares. |
30-08-06
El
sindicato de funcionarios Manos Limpias ha
denunciado a la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, por un presunto
delito de prevaricación en la concesión del tercer
grado a Rafael Vera.
En un escrito presentado el jueves ante la Fiscalía
General del Estado, el sindicato afirma que la
decisión «supone un trato de favor, una flagrante
discriminación, un manifiesto agravio comparativo,
una vulneración al principio de igualdad ante la
Ley». Además, añade que ha sido concedido «como
contraprestación o pago al silencio del beneficiario
de no denunciar a sus superiores».
El escrito recuerda que el Ministerio Público se
opuso a la concesión del indulto a Vera «por dos
motivos que siguen en vigor a la hora de la
concesión del tercer grado»: por no dar muestras de
arrepentimiento y por no haber satisfecho las
responsabilidades civiles.
Además, la denuncia describe como «amenaza al fiscal
general» la carta que 11 diputados del PSOE
remitieron a Conde-Pumpido el pasado 6 de abril
exigiendo la libertad de Vera, «o en caso contrario
ejercitarían acciones contra él». También enumera lo
que considera «privilegios» del ex secretario de
Estado en el año y medio que ha cumplido de prisión
y aduce la «alarma social» que supone su puesta en
libertad. |
31-08-06
| Desvincula el
acercamiento de la legalización de Batasuna y advierte a
sus líderes que si no dan el paso «el tiempo buscará a
otros que lo hagan» Asegura mantener una «posición
firme» a favor de la ley de partidos |
El
PSE intervino ayer en la polémica sobre un posible
acercamiento de presos de ETA, cuestión recuperada
para el debate el lunes por Josu Jon Imaz, quien
exigió al Gobierno de Zapatero adoptar medidas en
esa dirección como gesto para calmar las tensiones
internas de Batasuna. El coordinador de la ejecutiva
del PSE-EE, Rodolfo Ares, aseguró que, «como ha
demostrado el pasado», adoptar este tipo de medidas
con el colectivo de reclusos no favorece que el
proceso de paz avance. «En el pasado, durante la
tregua entre 1998 y 1999, hubo acercamiento de
presos y después no contribuyó precisamente a que el
camino avanzara», explicó.
Ares replicó de forma directa al presidente del PNV
al considerar que «se equivocan» quienes exigen un
movimiento de presos para ayudar a la paz. Reiteró
que este tipo de medidas «compete» al Gobierno
central, un Ejecutivo que, según recordó, «ha dicho
que no están previstos por ahora movimientos en
política penitenciaria». No obstante, hizo una
matización: «ya veremos lo que habrá que hacer en el
futuro y si contribuye a avanzar».
El dirigente socialista recordó, durante una
entrevista en la radio pública vasca, que el
Gabinete Zapatero «ha hecho todo lo que tenía que
hacer» en referencia a ETA y recalcó que la cuestión
de los presos no tiene «nada que ver» con que
Batasuna decida «legalizarse». «No se puede vincular
en absoluto con el cambio en la política
penitenciaria», precisó.
La necesidad de que la izquierda abertzale entre de
nuevo en el marco legal ocupó buena parte de la
intervención del representante del PSE. No en vano,
es una de las cuestiones que parece haber enquistado
las relaciones entre socialistas y Batasuna, a la
espera de que el Gobierno revele algún dato en
septiembre de los contactos entre sus emisarios y la
cúpula de ETA.
Ares instó a la formación dirigida por Arnaldo Otegi
a «hacer el proceso que tenga que hacer» para
retornar a la legalidad. A su juicio, el partido de
Patxi López ha realizado ya «muchos esfuerzos» desde
la declaración de alto el fuego permanente por lo
que «ahora le corresponde a la izquierda abertzale
tomar decisiones».
«Pedagogía» abertzale
El dirigente socialista creyó oportuno que la
cúpula de Batasuna comience a hacer «pedagogía»
entre sus bases «para convencer a su gente de que
ésta es una oportunidad y un camino que tienen que
recorrer para hacer política». El PSE, recordó,
mantiene una «posición firme» en torno a la
conveniencia de no derogar la ley de partidos al
entender que «es una ley necesaria». «Todos -señaló-
deberíamos ser más exigentes con la izquierda
abertzale para que cumpla las reglas que cumplimos
todos los demás».
Aun reconociendo que los miembros de Batasuna «son
necesarios en el diálogo político», Ares no utilizó
las medias tintas al sostener que si la dirección de
la izquierda abertzale no aprovecha «la oportunidad»
que se ha abierto y no opta por adentrarse en la
legalidad «el tiempo buscará otros dirigentes que lo
hagan».
Ésta es para los socialistas la única condición que
debe cumplirse para que la mesa de partidos eche a
andar con la izquierda abertzale como uno de sus
integrantes. En este línea, Ares restó credibilidad
a quienes aseguran que el PSE busca «excusas» para
que ese foro no eche a andar y aseguró que su
formación está «dispuesta a sentarse» a la mesa
«cuanto antes» una vez que se los grupos resuelvan
las «cuestiones de metodología».
Así, rechazó la propuesta de Ezker Batua para
configurar una comisión técnica porque, en su
opinión, el diálogo bilateral es «mucho más eficaz».
Ares anunció que los socialistas continuarán en las
«próximas semanas» con sus encuentros con otros
partidos vascos, aunque rechazó que vayan a haber
una segunda reunión pública con Batasuna hasta que
no acepte las «reglas del juego democrático».
El dirigente del PSE tuvo también palabras de
reproche para el PP. Primero, al subrayar que «el
tiempo ha demostrado» que el Gobierno y los
socialistas «no tienen pactos» con ETA o con la
izquierda abertzale, aunque exista «un camino
trazado en el que, por reflexión política, cada uno
sabe lo que tiene que hacer». Después, hizo un
llamamiento a los populares para «no autoexcluirse»
del diálogo multipartito y «cambiar de actitud». «Si
no lo hacen ahora, lo harán en el futuro»,
pronosticó.
Ares lanzó asimismo una advertencia al lehendakari
Ibarretxe, que el viernes emprende el arranque del
curso con el primer consejo de Gobierno tras las
vacaciones. El coordinador de la ejecutiva
socialista afirmó que su partido no apoyará que la
ciudadanía vasca participe en el proceso de paz
mediante iniciativas como «una consulta sin soporte
jurídico» y sin un acuerdo previo entre los partidos |
1-09-06
Los
representantes del Partido Socialista de Euskadi (PSE)
se comprometieron con el líder de la ilegalizada
formación, Arnaldo
Otegi, a que el Gobierno de
José Luis Rodríguez
Zapatero pusiera en marcha en un corto
plazo de tiempo medidas para flexibilizar la
política penitenciaria que actualmente se aplica a
los reclusos de la banda armada. En concreto, ambas
partes hablaron de que las dos primeras fueran, por
este orden, el reagrupamiento de las aproximadamente
ochenta mujeres encarceladas de la organización en
unos pocos centros penitenciarios y, posteriormente,
la puesta en libertad de la media docena de etarras
que sufren enfermedades incurables. Así lo han
asegurado a El Confidencial fuentes
cercanas a la izquierda abertzale, que
añaden que éste era un compromiso firme y que los
socialistas lo están incumpliendo. Miembros del PSE
consultados por este diario confirman que,
efectivamente, en dichas conversaciones se ha
tratado la necesidad de tomar medidas con los
reclusos y que, entre ellas, se habló tanto del
reagrupamiento de las etarras -“se supone que son
más propensas a sufrir depresiones que puedan
provocar actitudes suicidas”- como de la salida de
la cárcel de los que sufren dolencias graves, pero
niegan que exista un acuerdo que comprometa al
Ejecutivo de Madrid o le marque plazos.
Fuentes políticas vascas aseguran que todo apunta
a un nuevo problema de “sobreentendidos” entre ambas
partes. “En este tema, como en otros, socialistas y
Batasuna han interpretado las manifestaciones del
otro en dichas reuniones según su conveniencia, sin
que en muchos casos, como se ve, se ajustara
realmente a lo que querían decir”, añaden fuentes
del Ejecutivo vasco. Lo cierto es que la izquierda
abertzale ha convertido el tema de los
presos en su principal caballo de batalla y, por
ello, negocia en las últimas semanas con las
formaciones del tripartito de Vitoria la formación
un frente común para reclamar el acercamiento de
presos a partir de septiembre.
‘Amago’ de reagrupamiento
No obstante, el Ministerio del Interior ya hizo
un amago de reagrupar a las presas de ETA a
finales del pasado junio. Como informó en exclusiva
El Confidencial entonces (ver
la edición del pasado 17 de julio),
en los últimos días de aquel mes, 16 reclusas de la
banda armada -una quinta parte del total-
coincidieron durante unos días en el madrileño
Centro Penitenciario de Soto del Real, entre ellas
Ana Belén Egües,
nombrada por ETA para compartir con el histórico
Juan Lorenzo Lasa
Mitxelena, Txikierdi, la
interlocución etarra en las cárceles españolas. Con
ella estuvieron destacadas reclusas como
Irantzu Gallastegi
-una de las asesinas de
Miguel Ángel Blanco-,
Belén González
Peñalva -quien participó en las
negociaciones de Argel y Zurich- e
Inés del Río Prada.
Entonces, fuentes oficiales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias confirmaron
la cifra, aunque insistieron en desligar el
agrupamiento del proceso de paz. De hecho,
insistieron que había sido algo “circunstancial”
motivado por “cuestiones estrictamente judiciales”
-para que estuvieran a disposición de la Audiencia
Nacional para la celebración de juicios o la
práctica de diligencias-, y destacaron el hecho de
que, pocos días después, diez de ellas volverían a
las cárceles de origen, como así fue. Sin embargo,
las fuentes sindicales consultadas por este diario
mostraban su convencimiento de que dicho
concentración no había sido casual y que “lo que
Interior pretendía era facilitar la transmisión de
directrices entre las reclusas”.
Culpa de ‘Txapote’
Fuentes socialistas culpan del retraso en la
aplicación de éstas y otras medidas de
flexibilización -entre ellas, el acercamiento de un
número importante de presos a las cárceles del País
Vasco y provincias próximas- al miedo que Moncloa
tiene al impacto negativo que estas decisiones
pueden tener en una opinión pública que aún tiene
muy reciente los desplantes del dirigente etarra
Javier García
Gaztelu, Txapote, cuando fue
juzgado en la Audiencia Nacional por los asesinato
de Miguel Ángel Blanco y el abogado
Fernando Múgica.
Y ello a pesar de que el Gobierno de Zapatero
tiene encima de la mesa desde hace meses un plan
elaborado por la directora general de Instituciones
Penitencias,
Mercedes Gallizo, para poner punto final a
la política de dispersión. Diversas fuentes
consultadas coinciden en señalar a El
Confidencial que ha sido precisamente el
ministro del Interior,
Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien en las últimas semanas ha
convencido al presidente del Gobierno para que dé un
frenazo a la puesta en marcha de dicho plan
con el argumento de no “malgastar” esta carta al
inicio del diálogo con ETA.
Una postura con la que, curiosamente, discrepan
altos mandos de la lucha antiterrorista, los cuales
se muestran convencidos de que un acercamiento de
presos facilitaría enormemente el fin de la banda
armada y quitaría argumentos al sector de la
izquierda abertzale más contrario a las
negociaciones. “Además, es una medida en la que se
puede dar marcha atrás”, añaden. Una postura que
comparten con la mayoría de los dirigentes
socialistas vascos, con su presidente,
Jesús Eguiguren,
y su secretario general,
Patxi López, a la cabeza. Éstos creen que
el traslado de los reclusos facilitaría que ETA
transformara el “alto el fuego permanente” de marzo
en irreversible. Algo que, en su opinión, allanaría
definitivamente el camino para la legalización de
Batasuna y la posterior creación de la mesa de
partidos.
|
1/09/2006
Las
Fuerzas de Seguridad del Estado han activado el
dispositivo de búsqueda de un preso fugado en la
tarde de este viernes del centro penitenciario de
Herrera de la Mancha.
1 de septiembre de 2006. La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias ha abierto una
investigación para determinar las circunstancias en
las que se ha producido la evasión de un interno del
centro penitenciario de Herrera de la Mancha a
primeras horas de esta tarde, informa el Ministerio
del Interior a través de la Subdelegación del
Gobierno de Ciudad Real.
Según los datos obtenidos hasta el momento, el
interno G.P.M., de 45 años, penado a 4 años y 36
meses por agresión y lesiones, se encontraba en el
exterior del centro penitenciario realizando tareas
de mantenimiento. Antes de la hora de la comida, a
las 12:45, el trabajador responsable de supervisar
las tareas se ha dado cuenta de que faltaba uno de
los internos e inmediatamente ha dado comienzo su
búsqueda por el exterior del recinto penitenciario.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han activado el
dispositivo de búsqueda por toda la zona. |
1/09/2006
| 60 dosis de hachís y
30 gramos de heroína |
La
Guardia Civil se ha incautado del may or
alijo de droga que se pretendía introducir en el
centro penitenciario provincial de Albolote
(Granada) en los últimos seis años, operación en la
que detuvo a un hombre con 60 dosis de hachís y 30
gramos de heroína.
El detenido, de 36 años, vecino de Güéjar Sierra e
identificado como J.M.H.Q., iba a visitar a su
hermano, que cumple condena en dicha prisión, el
pasado miércoles y "presuntamente pasarle la droga
ahora decomisada", según informó hoy el instituto
armado en un comunicado.
Los agentes del centro sospecharon de él y lo
cachearon antes de que accediera al interior,
momento en el que le encontraron en la entrepierna
una bolsa con heroína y hachís. |
2/09/06
Ecuador
desea aplicar un convenio vigente con España para
permitir el regreso de alrededor de 600 ecuatorianos
detenidos en cárceles española, informó el viernes
el Ministerio de Exteriores.
La entidad dijo en un comunicado que la
subsecretaría de Asuntos Migratorios y Consulares
instruyó a la misión diplomática en España que
inicie las labores para la aplicación del tratado
que permitirá que los reclusos terminen de cumplir
sus condenas en Ecuador.
El Ministerio señaló que la decisión se adoptó
después de conocer que la dirección general de
Instituciones Penitenciarias de España ha previsto
poner en marcha un programa para promover que los
inmigrantes detenidos cumplan sus condenas en las
naciones de origen.
Añadió que la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y
el Ministerio trabajarán coordinadamente en el tema. |
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