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22-04-06
 El
subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, confiaba
ayer en que el nuevo edificio que albergará el
Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo será
inaugurado en junio o julio. Según la previsión del
Gobierno, las obras del inmueble están muy avanzadas
y todo apunta a que quedarán concluidas en junio.
La subdelegación prevé consultar la agenda para que
asistan a la inauguración el ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, o la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo
Llamas. Da la casualidad de que la responsable de
prisiones había visitado, en condición de diputada
del PSOE, el 26 de septiembre del 2003 las antiguas
instalaciones de la avenida de Madrid, tras las
denuncias de algunos de los 50 presos sobre graves
deficiencias higiénicas y de la salubridad. A la
salida de su inspección, Gallizo había declarado:
«No hay intimidad en los dormitorios colectivos, las
camas de hierro están oxidadas, la calidad e higiene
de las sábanas es lamentable y los aseos están
obsoletos y desconchados». Por ello, urgió al
gobierno del PP a que invirtiese en la edificación
de un edificio moderno.
Tres años después, el inmueble, de varios pisos, se
levanta en unos terrenos contiguos a las ruinas de
la antigua cárcel de la avenida de Madrid. Dependerá
directamente de la cárcel de A Lama y permitirá
albergar a 133 internos que cumplan penas en régimen
de abierto y arrestos de fin de semana.
Este centro forma parte de los 24 que Instituciones
Penitenciarias pondrá en marcha para favorecer la
reinserción de los presidiarios que están a punto de
obtener la libertad.
Una vez que entre en funcionamiento, la vieja cárcel
será demolida. |
23/04/2006
LA TRANSEXUAL DIJO QUE
SUFRIÓ ABUSOS EN LA CÁRCEL
|
La
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha
interpuesto una demanda de conciliación contra la
famosa transexual la Veneno al considerar «falsas»
sus declaraciones en las que asegura haber sufrido
abusos y vejaciones por parte de funcionarios de
prisiones.
En la demanda de conciliación -paso previo a la
interposición de una querella- que el sindicato de
prisiones Acaip ha presentado en un juzgado
de Madrid éste exige a la Veneno una «rectificación
inmediata».
La que fue prostituta y colaboradora de un conocido
programa de televisión ha pasado tres años en la
prisión de Aranjuez acusada de defraudar a una
compañía de seguros al provocar el incendio de su
propia casa. | efe |
23/04/2006
| Acaip denuncia la
permisibilidad en las cárceles |
Las
prisiones de la Comunidad Valenciana recibieron en
el año 2004, último del que se tienen datos, a un
total de 2.611 internos toxicómanos, según un
informe del sindicato Acaip, que denunció
ayer que la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias prohíbe el consumo de drogas en la
cárcel, pero «facilita jeringuillas» a los presos
«para el consumo intravenoso».
El sindicato criticó la postura «de cinismo total y
absoluto», ya que, pese a que la drogadicción es «un
problema de gran trascendencia», la Administración
«ha renunciado a tratar de luchar contra la entrada
de droga».
Acaip denunció en un comunicado que «el
suministro de jeringuillas está basado en una
supuesta intención de reducción del daño que supone
el consumo de drogas pero ignora a todos aquellos
que a nivel mundial critican esta práctica, por no
haber conseguido reducir el contagio y la
transmisión de enfermedades».
Subrayó que el suministro se hace «de forma
prácticamente incontrolada» porque se entrega a los
internos que lo solicitan todas las jeringuillas que
quieran «aunque no devuelvan las ya usadas».
«Además, los internos incumplen determinadas normas
como que la jeringuilla debe estar siempre en lugar
visible para evitar pinchazos accidentales de los
trabajadores penitenciarios durante la realización
sus funciones», dice el sindicato.
Acaip considera que la Administración
penitenciaria ignora las recomendaciones del
Defensor del Pueblo sobre la instalación en las
prisiones de ecógrafos, «aparatos que resultan
totalmente inofensivos y de bajo coste económico»,
para luchar contra la entrada de droga en la cárcel. |
23/04/2006
La
población reclusa de las tres cárceles del País
Vasco -Martutene, Basauri y Nanclares de la Oca- ha
crecido un 5,1% durante los cuatro primeros meses
del año. A comienzos de 2006 se hacinaban 1.196
personas en las penitenciarias de la comunidad
autónoma, pero este mes se han contabilizado 61
nuevos reclusos, hasta sumar 1.257.
Ese incremento de la población penitenciaria -que ya
rebasaba de sobra la capacidad de las prisiones
vascas- apenas representa el 3,8% del aumento
registrado en toda España. Según las estadísticas
facilitadas por el sindicato de prisiones Acaip,
el pasado 31 de diciembre había 61.054 internos en
el conjunto de las cárceles españolas, mientras que
ahora suman 1.588 más.
El aumento de los presos se mantiene de forma
sostenida en casi todas las comunidades. Desde
enero, las cárceles catalanas tienen 435 presos más
(8.742 en total); las andaluzas, 457 (13.376); las
de Madrid, 224 (8.188); las de la Comunidad
Valenciana, 175 (6.007) y la de Murcia, 67 (878). En
el mismo periodo, Navarra ha pasado de 216 a 230.
Las únicas cárceles que han bajado en internos son
la de Santoña (de 750 a 684); la de Castilla-La
Mancha (2 menos, del total de 2.087) y la de Melilla
(de 323 a 322).
Los responsables de Acaip destacan que, en
Cataluña, el aumento ha sido mayor en estos cuatros
meses que el de todo 2005 (435 frente a los 204 del
año pasado). En Andalucía el crecimiento se ha
desacelerado, ya que la población reclusa creció en
594 personas en 2005. Lo mismo ha ocurrido en
Valencia, donde el incremento fue de 175 frente a
183 en 2005. |
23/04/2006
Sólo el cuatro por
ciento de los internos de Mansilla de las Mulas llegan a
esta zona de transición a la vida en libertad
El centro de inserción social Jesús Haddad acoge ahora a
56 internos |
La
jaula, aunque sea de oro, no deja de ser una jaula.
Pero salir de la prisión de Villahierro para empezar
a vivir en el Centro de Inserción Social (CIS) de
León cambia mucho la vida. Esta pequeña cárcel «de
oro» acoge actualmente a 56 internos del penal
leonés, de los cuales el 64% salen a diario a la
calle a trabajar -la mayoría en el sector de la
construcción y la hostelería-, un 15% están
controlados con pulseras y tobilleras electrónicas,
otro cinco por ciento cumplen en comunidades
terapéuticas y los demás intentan conseguir un
empleo o rehacer su vida con la familia poco a poco.
A las nueve de la mañana, tras el desayuno, cuatro
hombres y mujeres realizan las tareas de limpieza
rutinarias en las salas comunes. Algunos bajaron con
ropa de calle porque esta mañana van a salir a hacer
gestiones, pero ninguna puerta se abrirá sin que
antes el funcionario dé el aviso o llegue la
trabajadora social que les acompañará.
En el centro Jesús Haddad, bautizado así en homenaje
al director de prisiones asesinado por los Grapo que
concebía la cárcel como una «escuela de ciudadanía»,
han reiniciado su vida cerca de 150 presos en los
nueve primeros meses de funcionamiento, desde su
apertura en agosto de 2005.
El centro de reinserción leonés, que ocupa la parte
frontal del que fue penal provincial hasta 1999,
tiene 120 plazas en 66 celdas -una de ellas adaptada
para personas con discapacidad física- pero hasta
ahora no ha aprovechado al cien por cien su
capacidad. El director del centro penitenciario,
José Manuel Cendón, señala que el objetivo a corto
plazo es tener ocupadas en torno a las cien plazas.
La alta presencia de extranjeros en el centro
penitenciario de Villahierro, que alcanzan el 51% de
los internos 1.500 que tiene de media la prisión, es
una de las causas de que la población que
potencialmente puede ir a medio abierto sea
inferior, explica Cendón.
Sin embargo, potenciar el cumplimiento en medio
abierto y las penas alternativas a la prisión son
alguna de las líneas de trabajo que pretende
fortalecer el Ministerio del Interior, no sólo en
León. El plan de amortización de centros
penitenciarios contempla, en este sentido, la
construcción de 31 nuevos centros de inserción
social con un total de 3.600 plazas para ubicar a
internos que cumplirán la última etapa de su condena
en un régimen de semilibertad.
Frente al actual modelo de cumplimiento de penas en
centros cerrados y supermasificados, se quieren
potenciar los centros abiertos de tratamiento como
instrumento de «transición entre la privación de
libertad y el reingreso en la sociedad».
Vivir en un centro de inserción, aunque signifique
«un lujo» para quienes llegan a sus celdas después
de haber pasado por uno de los catorce módulos de
Villahierro, no es la libertad. En el CIS hay que
«echar instancia» para salir al médico, a matricular
a un hijo en el colegio o a trabajar y cumplir a
rajatabla, además, el plan de tratamiento individual
(horarios, actividad laboral, tiempo de ocio, vida
familiar...) para alcanzar la libertad condicional
-el último paso antes de la libertad- sin retornar
al penal de Mansilla de las Mulas.
Las puertas están bien cerradas y controladas con
medios de seguridad, pero se abren desde las 5.30 de
la mañana para dejar salir a los reclusos que entran
más temprano al trabajo y no dejan de funcionar
hasta la una de la madrugada, la hora de regreso de
los últimos, empleados en la hostelería.
Los 56 internos no coinciden todos juntos ni
siquiera a la hora de dormir, ya que,
excepcionalmente, alguna mujer pasa la noche en casa
para estar al lado de su hijo pequeño. En el centro
de inserción los hombres y las mujeres no están
aislados, como sucede en de Mansilla, se ven las
caras.
«Si a cualquiera de nosotros nos metieran en un
centro donde tenemos que ir a dormir, dar cuenta de
lo que ganamos, pedir permiso para viajar, ¿nos
parecería que no estamos siendo castigados?»,
preguntaba José Manuel Cendón al alumnado de la
Facultad de Derecho de León. Una minoría selecta
Los internos del centro de inserción social apenas
suponen el 4% de los 1.500 reclusos dependientes de
la prisión provincial. «Quienes pasan por el tercer
grado salen en buenas condiciones a la vida real y
nuestro objetivo es trabajar bien dentro de la
prisión para que cada vez pueda venir más gente a
este centro», añade Cendón.
La apertura del centro Jesús Haddad ha supuesto una
mejora física del medio abierto, que cuenta con sala
de estar, biblioteca, comedor y patio con canchas
deportivas. Además se ha cuadruplicado el número de
plazas, al pasar de 36 a las 120 posibles, aunque la
dirección de la prisión cree un centenar sería la
ocupación idónea del CIS.
SITUACIÓN DE LOS 56 INTERNOS QUE CUMPLEN CONDENA EN
EL CIS JESÚS HADDAD DE LEÓN
Salen a trabajar al exterior
Control telemático con pulsera
Centro terapéutico Destino en CIS o buscan empleo 15 |
23/04/2006
| Tráfico ha propuesto
encarcelar por correr demasiado, ir bebido y conducir
sin carnet. La medida es aplaudida por las víctimas, que
piden el fin de la impunidad. |
Los
conductores que más corren podrían acabar con sus
huesos en la cárcel. Al menos, eso es lo que
pretende la Dirección General de Tráfico (DGT) con
una reciente propuesta de reforma del Código Penal
que supondría aplicar penas de prisión a quienes
rebasen en 60 kilómetros por hora la velocidad
máxima permitida, a los que conduzcan con un gramo o
más de alcohol en sangre y a quienes tengan el
carnet de conducir suspendido o cancelado.
De aplicarse a rajatabla esas tres premisas, algo
que requeriría su aprobación por las Cortes, 1.956
conductores aragoneses irían a parar tras los
barrotes de las cárceles cada año, según un estudio
de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
"Si tenemos en cuenta que, ahora mismo, la población
reclusa de Aragón se eleva a 2.416 reclusos, los
2.000 nuevos presos que llegarían a las cárceles de
la comunidad por delitos relacionados con la
conducción obligarían a duplicar la dotación
presupuestaria destinada a crear nuevos centros
penitenciarios", según señala la AEA.
VIVAS REACCIONES Pese a estar todavía lejos de
convertirse en realidad, la propuesta de la DGT ha
suscitado ya vivas reacciones. Por un lado, las
asociaciones de automovilistas consideran que
constituye un claro abuso que atenta contra los
derechos de los conductores. Pero, por otro, las
entidades que agrupan a los familiares de las
víctimas de accidentes de tráfico aplauden la
medida, porque ven en ella una forma de "acabar con
la impunidad en las carreteras españolas".
"La propuesta de la DGT vulnera el principio
jurídico de intervención mínima", sostiene Rafaela
Poyato, abogada de El Volante Aragonés. "En la
actualidad, los jueces sólo condenan a penas de
prisión a los conductores que ocasionan daños a las
personas", recuerda la letrada.
En su opinión, elevar de infracción a delito el
exceso notorio de velocidad "colapsará los juzgados
y no ayudará a reducir los accidentes, pues la
seguridad vial no se resuelve con medidas
represivas, sino educativas".
"Ojalá se lleve a efecto la propuesta de la
Dirección General de Tráfico", afirma, por su parte,
Dolores Bernal, responsable de Stop Accidentes en
Zaragoza.
"No cabe duda de que es mejor reeducar a los
conductores que causan accidentes", reconoce Bernal.
"Pero cuando en un siniestro intervienen factores
como la temeridad o el exceso de alcohol y se
producen daños personales, está claro que hay que
tomar medidas contundentes", subraya.
En el año 2004, la Guardia Civil de Tráfico formuló
en Aragón un total de 91.218 denuncias. El 25% de
ellas (22.804) eran por exceso de velocidad. Y un 2%
(455) se impusieron a conductores que rebasaron en
60 por hora el límite de velocidad establecido, que
es de 40 o 50 por hora para zonas urbanas, 90 para
carreteras convencionales y 120 para autopistas.
Estos infractores irían a prisión de prosperar la
reforma del Código Penal que propone la DGT.
Paralelamente, en el mismo ejercicio fueron
sancionados 2.736 automovilistas que circulaban con
una tasa de alcohol superior a la permitida, es
decir, por encima de los 0,5 gramos por litro de
sangre. Con un gramo por litro o más fueron
sorprendidos 821 conductores que, asimismo, podrían
ir a prisión si se endurecieran las penas
contempladas para los delitos llamados de riesgo.
Finalmente, 680 conductores fueron detectados cuando
iban al volante pese a que se les había retirado o
suspendido el carnet de conducir, por lo que
incurrieron en un delito de quebrantamiento de
condena. En total fueron retirados o suspendidos
7.297 carnets.
En el conjunto de España (exceptuadas las
comunidades vasca y catalana), el año 2004 se cerró
con un balance de 2.568.426 denuncias, de las que
642.107 correspondieron a exceso de velocidad,
12.840 a excesos graves, 77.052 a conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, 23.121 a
automovilistas con un gramo de alcohol o más por
litro de sangre, y 23.021 a personas que conducían
aunque habían sido privadas temporalmente del
permiso obligatorio por infracciones previas. |
23-04-06
2005
como para llenar una prisión modelo MADRID, 23
(EUROPA PRESS) El número de reclusos en las
prisiones españolas, incluidas las catalanas, ha
crecido desde que se iniciase el año en 1.588
reclusos, según ACAIP.
Para el sindicato de prisiones, este número de
presos es igual al que puede albergar una prisión de
las que se incluyen en el nuevo Plan de
Infraestructuras de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
En comparación con el crecimiento total de reclusos
registrado en 2005, en 111 días de 2006 (del 1 de
enero al 21 de abril) este aumento de internos
supone del 94,58 por ciento del producido en todo el
año pasado.
En abril de 2006, la población reclusa dependiente
de Instituciones Penitenciarias (toda la de España,
exceptuando Cataluña) asciende a 53.900 personas
repartidas en 66 centros penitenciarios, por los
52.747 que había el 31 de diciembre de 2005, lo que
supone un incremento del 2,19 por ciento.
Los 66 centros bajo jurisdicción del Ministerio del
Interior disponen de 38.785 plazas En Cataluña, el
número de internos ha aumentado en estos cuatro
primeros meses del año en un 213,23 por ciento
respecto al incremento total en 2005.
Otro dato destacado por el sindicato de prisiones es
el aumento de reclusos en la Comunidad Autónoma
Valenciana, que ha sido de un 100 por cien respecto
al incremento total del año 2005.
El plan de nuevas infraestructuras aprobado por el
Ministerio del Interior supondrá una inversión de
1.647 millones de euros para la construcción de 11
nuevas cárceles en Andalucía (probablemente Málaga),
Ceuta, Comunidad Valenciana (no se precisa la
localidad de ubicación), Fuerteventura, Gran
Canaria, San Sebastián, otra en un lugar del País
Vasco aún sin cerrar, Menorca, Murcia, Pamplona y
Soria.
+stas se sumarán a las cuatro ya previstas en Morón
de la Frontera (Sevilla, cuyo concurso de
adjudicación ya está convocado), El Puerto de Santa
María (Cádiz, la única ya iniciada), AlbocÓsser
(Castellón) y Estremera (Madrid), de la que la
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, y el ex ministro del Interior,
José Antonio Alonso, colocaron la primera piedra el
pasado 7 de marzo |
23-04-06
| 1.588 PRESOS MÁS DESDE
ENERO |
El
número de reclusos en las prisiones españolas ha
crecido desde que se iniciase el año en 1.588
reclusos, según ACAIP. Para el sindicato de
prisiones, este número de presos es igual al que
puede albergar una prisión de las que se incluyen en
el nuevo Plan de Infraestructuras de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. En
comparación con el crecimiento total de reclusos
registrado en 2005, en 111 días de 2006 (del 1 de
enero al 21 de abril) este aumento de internos
supone del 94,58 por ciento del producido en todo el
año pasado.
En abril de 2006, la población reclusa dependiente de
Instituciones Penitenciarias (toda la de España, exceptuando
Cataluña) asciende a 53.900 personas repartidas en 66
centros penitenciarios, por los 52.747 que había el 31 de
diciembre de 2005, lo que supone un incremento del 2,19 por
ciento. Los 66 centros bajo jurisdicción del Ministerio del
Interior disponen de 38.785 plazas
En Cataluña, el número de internos ha aumentado en
estos cuatro primeros meses del año en un 213,23 por ciento
respecto al incremento total en 2005. Otro dato destacado
por el sindicato de prisiones es el aumento de reclusos en
la Comunidad Autónoma Valenciana, que ha sido de un 100 por
cien respecto al incremento total del año 2005.
15 CÁRCELES MÁS
El plan de nuevas infraestructuras aprobado por el
Ministerio del Interior supondrá una inversión de 1.647
millones de euros para la construcción de 11 nuevas cárceles
en Andalucía (probablemente Málaga), Ceuta, Comunidad
Valenciana (no se precisa la localidad de ubicación),
Fuerteventura, Gran Canaria, San Sebastián, otra en un lugar
del País Vasco aún sin cerrar, Menorca, Murcia, Pamplona y
Soria.
Éstas se sumarán a las cuatro ya previstas en Morón de
la Frontera (Sevilla, cuyo concurso de adjudicación ya está
convocado), El Puerto de Santa María (Cádiz, la única ya
iniciada), Albocàsser (Castellón) y Estremera (Madrid), de
la que la directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, y el ex ministro del Interior, José
Antonio Alonso, colocaron la primera piedra el pasado 7 de
marzo. |
23-04-06
Se
presenta a bombo y platillo el primer centro de
atención y seguimiento de toxicomanías (CAS) de Can
Brians. Las cifras son elocuentes: al ingresar en
prisión el 44% de presos ha consumido cocaína, el 36
% heroína y el 23% drogas por vía parenteral. Entre
el 50 y el 70% de la población reclusa es
drogodependiente. El intercambio de jeringuillas no
se permite en las prisiones catalanas, excepto en
los centros de Tarragona y Lleida, aunque en Euskadi
hace ya cinco años que se autorizó. Sin embargo, los
sindicatos de funcionarios de prisiones, por razones
de seguridad, se oponen a esta práctica. La
instalación de sala de venopunción en las cárceles
es la única solución, según los expertos, para
empezar a enfocar el tema. Sin el reconocimiento de
la realidad, que la droga circula abundante y
libremente por el interior de las cárceles, es
imposible cualquier atisbo de solución. ¿Hasta
cuánto las cárceles catalanas serán sumideros de
sida? |
23-04-06
La
'Veneno', conocido travestí, ha sido demandado
por la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
por acusar en televisión a los funcionarios de
la cárcel de Aranjuez, de haber cometido
diversos delitos continuados de agresión sexual
contra su persona, lesiones y prevaricación
administrativa. Sus afirmaciones podrían
constituir un delito de «injurias y calumnias».
|
24/04/2006
| La población reclusa
en Extremadura asciende a 2.669 presos, de los que el
53% goza de libertad. Las excarcelaciones están
motivadas por la concesión de libertad condicional o por
decisión de los jueces |
No
todos los condenados dependientes de las dos
instituciones penitenciarias que existen en
Extremadura, una en Badajoz y otra en Cáceres, están
internos en dichos centros. De hecho, sólo el 47% de
ellos se encuentran en estos momentos encarcelados.
Según las últimas estadísticas facilitadas por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes
al número de internos que a fecha 1 de abril pasado
había en cada uno de los 77 centros penitenciarios
existentes en territorio español, la población
reclusa en Extremadura ascendía a 2.669 personas,
1.715 en el centro de Badajoz y 954 en el de
Cáceres.
Pero de estos 2.669, según datos facilitados a EL
PERIODICO por la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, sólo 1.246 están internos en ellos.
En concreto, en la cárcel de Badajoz hay en la
actualidad 779 internos (744 hombres y 35 mujeres),
mientras que en la de Cáceres hay 467 internos (443
hombres y 24 mujeres).
EXPLICACION El que casi la mitad de los condenados
que dependen de los dos centros penitenciarios de la
comunidad autónoma extremeña no estén encarcelados,
algo que ocurre también en otras comunidades, "es
algo que puede sorprender a los ciudadanos, pero
tiene su explicación", indicaron a este diario
responsables de comunicación de de Instituciones
Penitenciarias y del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura.
Se debe, señalaron, a que muchos de los que cumplen
condena no están ya internos por encontrarse en
libertad condicional al haber cumplido parte de la
condena o bien por haber determinado para ellos los
jueces alguna otra medida que no conlleva estar en
prisión, "aunque figuran en las estadísticas porque,
aunque no estén internos en los centros, son penados
que siguen estando sujetos al régimen
penitenciario".
Por lo demás, de los 2.669 condenados dependientes
de las cárceles extremeñas, 58 cumplen condenas (45
en Badajoz y 13 en Cáceres) impuestas por la
Audiencia Nacional, 8 (todos en la cárcel de
Badajoz) condenados por el Juzgado Central, 404 (246
y 158) cumplen condenas impuestas por las audiencias
provinciales y 2.122 (1.371 en la cárcel de Badajoz
y 751 en la de Cáceres) condenas impuestas por los
juzgados de lo penal. Junto a éstos se encuentran en
prisión provisional un total de 77 personas, presos
preventivos a la espera de ser juzgados por alguno
de los citados tribunales.
En cuanto a los delitos que entre la población
reclusa extremeña figuran como más frecuentes,
fuentes de Instituciones Penitenciarias indicaron
que varía según sean hombres o mujeres. Así, los
delitos que figuran en los tres primeros lugares
como cometidos por los presos que se encuentran en
las cárceles extremeñas son los delitos de robo,
contra la salud pública (tráfico de drogas) y
lesiones; mientras que en el caso de las mujeres, el
delito contra la salud pública en primer lugar,
seguido de los de robos y hurtos.
|
24/04/2006
El Ministerio Público
remitió además a la Junta otros 28 relativos a
infractores menores de 14 años
|
La
Fiscalía de Menores de Palencia tramitó el pasado
año 260 diligencias de registro general, llegándose
a incoar un total de 114 expedientes -doce más que
en el 2004-, según los datos de la Memoria Anual de
la Fiscalía del 2005.
Dentro de esos 114 expedientes incoados, 85 fueron
remitidos al Juzgado de Menores solicitando la
apertura de audiencia; siete se remitieron a ese
juzgado demandando conclusión de acuerdo con
artículos de la Ley Orgánica Reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor (LORPM); en otros
ocho se solicitó el archivo y sobreseimiento de
acuerdo con artículos de esa ley, y el resto, 28
expedientes, se encontraban en tramitación a fecha
31 de diciembre del 2005.
En cuanto a la responsabilidad civil, se presentó
demanda por parte del Ministerio Fiscal en diez
casos, habiéndose dictado 24 sentencias civiles.
Durante el 2005 se celebraron 88 audiencias,
dictándose 77 sentencias penales. Además, se
tramitaron 78 expedientes en materia de ejecución,
dos menores fueron puestos por la Policía a
disposición del fiscal tras haber sido detenidos y
se pidió y accedió por parte del Ministerio Público
al internamiento en un centro cerrado en una ocasión
y de convivencia en grupo educativo en otra.
En la Memoria Anual de la Fiscalía del 2005,
presentada recientemente por el fiscal jefe, Manuel
Martín Granizo, figura también la remisión a los
Servicios Sociales de 28 expedientes
correspondientes a los infractores menores de 14
años; la inhibición a un juzgado de menores en 14
casos; el archivo por sobreseimiento en 80 casos,
tras la pertinente investigación en la fase procesal
de diligencias, y la remisión a otras fiscalías de
menores en otros dos supuestos por resultar las
competentes territorialmente.
Por su parte, la Audiencia de Palencia repuntó el
pasado año en el ámbito penal y dictó 19 sentencias,
tres más que en el 2004, de las que la mayor parte
fueron por tráfico de drogas. El trabajo del alto
tribunal palentino incluyó también 48 sentencias
resolviendo recursos de apelación del Juzgado Penal;
192 sentencias unipersonales contra sentencias
dictadas en juicios de faltas por los jueces de
instrucción, 226 autos resolviendo recursos de
apelación, y tres solucionando recursos de queja
contra autos de los juzgados de instrucción.
También supuso un volumen importante de trabajo para
la Audiencia de Palencia los 655 autos resolviendo
el recurso de apelación contra autos del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, en relación a las quejas
planteadas por los internos del centro penitenciario
de La Moraleja, en la localidad de Dueñas. |
24-04-06
Según
ha informado el sindicato de prisiones ACAIP,
las dos cárceles extremeñas acogen en la actualidad
a 1.240 reclusos, lo que supone 19 más con respecto
a los contabilizados a 31 de diciembre del pasado
año.
A través de una nota de prensa, el citado sindicato
critica que entre el 1 de enero y el 21 de abril la
población reclusa española ha aumentado en 1.588
presos, lo que equivale al número de celdas que
tiene un centro penitenciario nuevo.
Con respecto al aumento registrado, éste ha
supuesto, en sólo 111 días, el 94,58% del incremento
total de reclusos que se produjo en las prisiones
españolas el año pasado. |
24-04-06
| La
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD) cuestionó hoy el papel de las
cárceles españolas en su función reeducadora y
reinsertadora para las personas con problemas de drogas
prevista en el artículo 25.2 de la Constitución
Española, con motivo de la inauguración de las primeras
jornadas de Drogodependencia y Prisión de UNAD. |
Según
UNAD, la prisión no está cumpliendo su 'misión
reinsertadora', por lo que su propuesta es la
utilización de las comunidades terapéuticas, centros
de día y otros recursos asistenciales para el
cumplimiento alternativo de penas privativas de
libertad. 'No se puede luchar contra las drogas sin
unas medidas sociales concretas', señaló la
consejera técnica del Plan Nacional sobre Drogas,
Graciela Silvosa.
En este sentido, el presidente de
UNAD, Luciano Poyato, afirmó que 'el modelo
represivo que se aplica en la actualidad ya ha
demostrado su fracaso en la reinserción de personas
drogodependientes, por lo que son necesarias otras
soluciones que nazcan del enlace entre la
administración y las entidades asociativas de
drogodependencia'.
Del mismo modo, la subdirectora
general de Sanidad de Instituciones Penitenciarias,
Carmen Archanco, manifestó que 'el abordaje
multidisciplinar de la drogodependencia requiere de
la coordinación y participación de órganos
jurisdiccionales y asociaciones'. 'Es necesario
reflexionar y potenciar las fórmulas legales que el
sistema posee', agregó.
UNAD recordó además la entrega
realizada en 2004 al ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, de un documento con una
serie de medidas tendentes a rebajar los aspecto más
punitivos de las leyes para las personas que se
encuentran inmersas en la problemática de la
adicción. |
24-04-06
El
Partido Popular ha presentado en el Parlamento de
Andalucía una Proposición no de Ley mediante la cual
insta a la Junta de Andalucía a que promueva la
colaboración con todas las corporaciones locales de
la Comunidad Autónoma, así como con la
administración penitenciaria, con el fin de hacer
efectiva la implantación de penas de trabajo en
beneficio de la comunidad.
La vicesecretaria de Igualdad del PP de Cádiz, Adela
Fernández, considera que esta modalidad ha supuesto "una
innovación muy importante en el Código Penal desde el punto de
vista del efecto de reeducación y reinserción social".
Mediante esta propuesta, los populares solicitan al
Gobierno de Chaves que "promueva la colaboración de todas las
entidades públicas y privadas que realicen una actividad de
interés público con la administración penitenciaria, con el
objetivo de conseguir que se lleve a cabo la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad".
Según ha señalado la vicesecretaria de igualdad del Partido
Popular de Cádiz, "los trabajos en beneficio de la comunidad
tienen un importante efecto sobre los jóvenes que se los
llevan a cabo, puesto que el autor de un delito tiene la
oportunidad de cambiar su ingreso en un centro penitenciario
por la realización de tareas que beneficien al conjunto de la
sociedad". |
24-04-06
La Audiencia Nacional ha desestimado la queja
presentada por el preso etarra Premín Sampedro
Larrañaga contra un cacheo integral que consideraba
"ilegítimo", que se le realizó en la cárcel de
Villabona (Asturias) después de contactar con
personas en el exterior de la prisión. El tribunal
también rechaza otros recursos de etarras
solicitando redenciones de penas, como en el caso de
Idoia López Riaño, alias "La Tigresa", quien pedía
esta medida por la realización, entre otros, de
cursos de Tai Chi.
En el caso de la protesta de Premín Sampedro, la
Sección Primera de lo Penal ratifica la decisión del
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en un
auto hecho público hoy. Según la Audiencia Nacional,
el Reglamento Penitenciario contempla la posibilidad
de realizar cacheos integrales en determinados
casos, y concretamente en éste considera que,
"habida cuenta la pertenencia del interno a la
organización terrorista ETA", existe la "necesidad"
de efectuar el cacheo "en los supuestos de contacto
con personas del exterior".
El tribunal también ha rechazado otra queja de su
compañero de ETA Jon Koldo Aparicio porque, según
él, se revelaron sus datos médicos. La Audiencia ha
desestimado el recurso del preso, puesto que "se ha
acreditado que no se produjo tal revelación de
secreto", puesto que el informe del médico fue
emitido por petición de un juez.
Asimismo, ha ratificado la baja en las redenciones
del miembro de ETA Miguel Benaito Villagarcía por la
realización de "plantes" en la cárcel en junio y
septiembre de 2003, en los que se negaba, junto con
otros reclusos, a subir a su celda después del
cumplimiento de su tiempo de patio.
En este sentido, el auto de la Audiencia Nacional
destaca que los plantes son considerados como faltas
en el Reglamento Penitenciario y afirma que la "mala
conducta reiterada", puesta de manifiesto por dos
sanciones por faltas muy graves, permite la baja del
preso de este tipo de beneficios carcelarios.
REDENCIONES POR TALLERES Y ESTUDIOS
Por otra parte, la Sección Primera de lo Penal
también ha rechazado el recurso del preso etarra
Jesús Amantes Arnáiz contra la denegación de la
redención extraordinaria de 30 días de su condena,
en el segundo trimestre de 2005, que pedía por la
asistencia a un taller de confección de puzzles y de
pintura al óleo. El auto explica que "ninguna de
estas actividades presenta una especial dificultad o
penosidad" que comporte la reducción de su tiempo de
condena.
En el mismo sentido se ha pronunciado respecto a
otros tres recursos del preso de ETA Jesús María
Mendinueta Flores contra el rechazo a su petición de
redención extraordinaria por haber estado
matriculado en la carrera de Políticas y Sociales de
la Universidad del País Vasco (UPV) entre los años
1994 y 2003, por haber aprobado durante este periodo
"asignaturas sueltas", y por matricularse también en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
En cuanto a su matriculación en la UPV y la UNED,
por lo que pedía que se le redimiesen 2 años y 4
meses de su condena, la Sección Primera de lo Penal
argumenta que "esta formalidad" no "supone esfuerzo
alguno, ni laboriosidad, ni mucho menos
rendimiento".
En cuanto a las asignaturas aprobadas en Políticas y
Sociales, afirma que la superación de dichas
asignaturas "no es garantía de que haya existido un
efectivo aprovechamiento del curso, hasta el punto
de que actualmente no están homologados sus cursos
con Instituciones Penitenciarias", y destaca que se
trata de "estudios que no pueden seguirse de una
forma eficaz sin una presencia física, incompatible
con la situación del interno en un Centro
Penitenciario".
La Audiencia Nacional también ha desestimado los
recursos para la redención de penas de los etarras
Juan María Gabirondo, quien había asistido a
actividades deportivas en la cárcel, e Idoia López
Riaño, alias "La Tigresa", quien basaba su petición
en la asistencia a talleres de Tai Chi, cerámica y
habilidades sociolaborales. |
25-04-06
|
Afirma que existe un "exceso"
de población reclusa en esta cárcel |
La
prisión de Orense, situada en el municipio de
Pereiro de Aguiar, ya no cuenta con ningún preso
de ETA desde que la banda terrorista anunció, hace
ahora un mes, la tregua permanente, según afirmó hoy
en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por
Europa Press, el director de la cárcel ourensana,
Manuel Arias. Arias explicó que antes del
anuncio de la tregua, trasladaron a "otro centro
penitenciario" al único terrorista de esta banda que estaba
hasta esos momentos en la prisión. Desde la década de los 90,
la cárcel de Pereiro de Aguiar siempre acogió a terroristas de
ETA, llegando a alcanzar hasta 9 miembros de esa organización
terrorista.
Así, explicó que desde esa fecha hasta la actualidad,
todos los años, la prisión contaba en su interior con algún
miembro de ETA, aunque "nunca hubo problemas específicos pero
daban más trabajo" porque se realizaban "controles
exhaustivos" que obligaban a estar "más pendientes de ellos".
Asimismo, el director de la cárcel manifestó que existe
un "exceso" de población reclusa en la prisión ourensana, que
en la actualidad cuenta con medio millar de internos en su
interior. Manuel Arias señaló que proceden de "varias
comunidades autónomas" pero sobre todo del sur por el exceso
de "población inmigrante". "Lo idea sería atender a un
centenar menos en el interior de la prisión", aseveró el
responsable de la prisión ourensana.
Por otro lados, los empleados de la prisión deben atender a
unos 200 personas fuera de la cárcel, que realizan trabajos en
beneficio de la comunidad, arrestos domiciliarios o programas
de rehabilitación de drogas y alcoholismo en distintos centros
que controlan desde la prisión.
Para ello, se sirven en muchos casos de "medios
telemáticos" mediante una "pulsera" a través de un ordenador
en el centro penitenciario que sirve "para comprobar" si
estuvo en casa, cumplió los horarios o se produjo alguna
novedad. También hay posibilidad de utilizar GPS que conectado
por vía satélite "informa del lugar" donde se encuentra el
interno. |
25-04-06
El
juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó
hoy el ingreso en prisión por un supuesto delito de
estragos terroristas del ex dirigente etarra Julián
Achurra Egurola, "Pototo", a quien puso a
disposición del Juzgado Central de Instrucción
número 5, encargado de investigar la causa por la
que Francia lo ha entregado temporalmente a España
por tercera vez, informaron fuentes jurídicas.
El etarra, que llegó ayer a España trasladado por agentes de
la Interpol desde Francia, deberá ahora comparecer ante el
juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande-Marlaska, para que le interrogue en relación
con el atentado por el que será juzgado en esta ocasión.
Es la tercera vez que "Pototo" ha sido entregado
temporalmente por Francia, donde cumple condena por asociación
de malhechores con fines terroristas, para ser juzgado en
España por diferentes crímenes vinculados con su pertenencia a
ETA, entre ellos la orden de secuestrar al funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara entre 1996 y 1997, delito
por el que la Audiencia Nacional le condenó a 32 años de
cárcel el pasado mes de septiembre.
Julián Achurra Egurola, de 47 años y nacido en en
Lequeitio (Vizcaya), presuntamente dirigía la infraestructura
de ETA cuando fue arrestado en Lasseube (Francia) en Julio de
1996. Fue entregado temporalmente a las autoridades españolas
en abril de 2002, siendo devuelto nuevamente a Francia en
agosto del mismo año para continuar cumpliendo condena en el
país vecino por asociación de malhechores con fines
terroristas, impuesta por el Tribunal Correccional de Paris.
En septiembre de 2004 se produjo su segunda entrega temporal
desde Francia.
TRAYECTORIA TERRORISTA
Durante las anteriores entregas temporales, Achurra
Egurola ha sido juzgado por diferentes delitos, entre ellos,
el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega
Lara. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional
le condenó el pasado mes de septiembre a 32 años de cárcel, al
igual que al dirigente etarra Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza",
por dar las órdenes y proporcionar el dinero y el material
necesario para el secuestro del funcionario de prisiones,
quien permaneció retenido 532 días entre el 17 de enero de
1996 y el 30 de junio de 1997.
A finales del año 1982 fue detenido, siendo localizado
en su domicilio diverso material para la elaboración de
"cócteles molotov" además de un manual de explosivos. En el
año 1984 se integró en el "Comando Vizcaya", donde facilitó
información sobre objetivos de la banda terrorista, realizando
diversas labores de colaboración en dicho comando.
En 1986 junto con otros dos miembros "liberados" de la
banda asesinaron a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía
en Bilbao, realizando durante ese año diversos atentados con
explosivos. En octubre participaron también en el asesinato de
otro miembro de la Policía. Un mes más tarde colocaron un
artefacto explosivo bajo el vehículo de Magín Nogueira
Rodríguez, a quien confundieron con un integrante de las
Fuerzas de Seguridad del Estado resultando este último herido
de gravedad.
Durante los años posteriores continuó su actividad en la
banda terrorista facilitando explosivos, informaciones así
como ordenando la realización de varios atentados. En el año
1989 confeccionó el explosivo e instruyó a los autores del
atentado que terminó con la vida del policía Ignacio Pérez
Alvarez en Galdácano.
En 1990 participó en dos atentados mediante el
lanzamiento de granadas contra el cuartel de la Guardia Civil
de Amorebieta y de Ondarroa, ocasionando en este último
únicamente daños materiales. |
16-04-06
| ANA ACOSTA DIRECTORA
DE LA PRISIÓN DE TOPAS El centro penitenciario
salmantino pone en marcha un proyecto de integración a
través de perros-guía |
Ana Acosta cumple tres meses al frente de la prisión de
Topas. Esta albaceteña de 42 años recogió el testigo de José
Ignacio Bermúdez tras haber desarrollado su carrera de
responsabilidad en la cárcel de Melilla. Asegura trabajar a
diario por facilitar la reinserción y
la reintegración de la población reclusa en una de las
cárceles con más porcentaje de presos extranjeros de toda
España.
-¿Qué le ha sorprendido de la cárcel de Topas?
-Ya lo conozco bastante mejor que cuando llegué y sigo
pensando lo mismo que al principio: es un reto dirigir un
centro más que consolidado en su línea de funcionamiento. Un
referente en muchos aspectos en toda España.
-¿Sigue fijándose como gran meta la apertura a la sociedad
de esta cárcel?
-Creo que el nivel de conexión de este centro con su entorno
es muy satisfactorio. La sociedad de Salamanca y Castilla y
León valora muy positivamente las acciones que aquí se
llevan a cabo en cuanto a integración y desde luego queremos
seguir trabajando en esta línea
-¿Cómo se articula el trabajo para fomentar esa inserción de
los reclusos?
-Nos preocupamos especialmente de la ocupación de los
internos, sobre todo en aquellos casos en los que hasta su
ingreso en prisión no habían encontrado ningún recurso para
vivir. Trabajamos continuamente en este apartado buscando la
inserción laboral, por ejemplo con la creación de empresas
en el interior de la propia prisión. Ahora mismo estamos a
punto de poner en funcionamiento una dedicada a realizar
cajas para jamones, en la que se van a ocupar cerca de 20
presos. La inserción laboral es la mejor manera de cumplir
la misión de la integración y de contribuir a crear personas
socialmente adaptadas.
-Uno de los proyectos más llamativos en este sentido es el
que se plantea de colaboración con la ONCE para acogida en
la cárcel de perros guía, ¿en qué consiste?
-Ha generado mucha ilusión, tanto en nosotros como en los
internos. Hace unos meses nos pusimos en contacto con la
Escuela de Perros Guía de la ONCE para conocer el destino de
los perros jubilados, que han sido guías para ciego en su
etapa activa y que ahora han perdido facultades. Sabemos que
estos perros vuelven a la ONCE y lo que pensamos es que es
posible traerlos aquí ya que los animales ayudarán mucho a
la rehabilitación de personas con problemas. Hoy llegarán
los dos primeros animales y creemos que puede ser muy
interesante para estas personas ver cómo estos perros
desarrollan un afecto incondicional por ellos y cómo eso
puede despertar su sentimiento de responsabilidad.
-El sindicato Acaip ha denunciado que en Topas hay 1.645
reclusos cuando su tope son unos mil presos, ¿está
masificada la cárcel?
-Que el número de reclusos baje sería bueno para todos.
Tendemos a trasladar a los dos centros de inserción social
que dependen de nosotros a los presos en cuanto las
circunstancias lo hacen posible. La masificación es una
característica general de las cárceles en este momento,
porque hay que distribuir una población reclusa importante.
-¿Considera que Topas tiene plantilla suficiente?
-Siempre pedimos más. Topas es un centro muy bien dotado
pero siempre es necesario reforzar la plantilla. La
Dirección General conoce perfectamente nuestras necesidades.
-Topas cuenta con 16 presos etarras. ¿Cómo se ha vivido la
situación generada tras el alto el fuego declarado por la
banda?
-Con total normalidad, la vida de los reclusos ha continuado
como siempre, ni siquiera el día del anuncio se vivió nada
particular. Es una situación muy especial y es conveniente
actuar con responsabilidad y no enrarecer el ambiente.
-Sobre Topas se han realizado denuncias de situaciones de
gran presión generada por la veintena de presos islamistas,
¿hay medidas excepcionales para ellos?
-Se desarrollan medidas similares a las de otras cárceles
españolas. Hay un seguimiento especial a determinadas
personas para ver si hay comportamientos que induzcan a
pensar en situaciones de liderazgo dentro de la prisión y no
se ha observado nada por el momento. Eso sí, todos los
reclusos tienen la garantía de poder cumplir con su
confesión religiosa, pero no se ha creado ningún tipo de
problema por eso.
-¿Le ha servido su experiencia en Melilla para afrontar la
dirección de una cárcel donde el 61% de los presos (990 de
1.600) son extranjeros?
-Es positivo para mi haber mantenido mucho trato con la
población musulmana reclusa, que es mayoría en la prisión de
Melilla. También aquí hay muchos presos de esa procedencia
aunque hay otros muchos extranjeros no musulmanes. Creo que
mi experiencia en Melilla también me permitió conocer la
situación de esos presos que tienen una realidad agobiante
de distancia física hacia sus familias que hay que intentar
comprender. Sabemos que nos interesa que esa relación con su
familia se mantenga, porque es una forma de potenciar la
reinserción.
-¿Cree que servirá para ese objetivo el programa de
videoconferencias que ya se ha probado en Topas?
-Las conexiones ya se están haciendo, se experimentó en
Navidad con presos canarios en cárceles de la Península.
Después se han hecho otras pruebas y ahora estamos a la
espera de que sean los jueces los que estimen la posibilidad
de realizar diligencias a través de este medio, que es una
de sus utilidades. En cuanto a potenciar la relación de los
presos con las familias, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias tiene mucho interés en ello,
aunque estamos pendientes de que se articulen las normas
concretas de funcionamiento para comenzar a aplicarlas.
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26-04-06
| Prisiones someterá a
especial seguimiento a todos los reclusos que apoyen o
colaboren con etarras o islamistas |
El Ministerio del Interior ha reforzado en las últimas
semanas el control sobre todos los reclusos terroristas de
las cárceles españolas (etarras e islamistas) para conocer
sus movimientos dentro de prisión y comprobar su evolución.
La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, ha remitido una circular a los 66 centros
dependientes de la Administración central en la que
reestructura el llamado Fichero de Internos de Especial
Seguimiento (FIES), que recoge datos privados sobre la vida
en la cárcel de los internos de bandas armadas y otras
organizaciones criminales, para autorizar en la práctica la
intervención de todo tipo de comunicaciones de supuestos
terroristas o de reclusos que simplemente se relaciones con
ellos o que muestren «afinidad a su ideario».
La circular 6/2006, denominada Protocolo de Actuación en
Materia de Seguridad, fue elaborada por la propia Gallizo el
22 de febrero, un mes antes de la declaración del alto el
fuego de ETA, aunque comenzó a distribuirse en las prisiones
algún tiempo después.
La directora general de Prisiones justifica este
endurecimiento del control por el «necesario seguimiento
especial de internos pertenecientes a bandas terroristas» y
con el fin de mantener el orden dentro de las prisiones
«frente a fórmulas delictivas altamente complejas y
potencialmente desestabilizadoras del sistema
penitenciario». Además, Gallizo insiste en la «necesidad» de
la Administración de «disponer de una amplia información
sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad».
Preocupación islamista
Además del endurecimiento del control sobre internos
terroristas en general, la nueva circular ordena a los
centros extremar la vigilancia sobre presos integristas.
Instituciones Penitenciarias reforma el llamado FIES-5,
'Características Especiales', para que los directores de las
cárceles incluyan en ese fichero a todos los «internos que,
sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista,
destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al
ideario terrorista o por liderar o integrar grupos de
presión o captación en el centro penitenciario».
El Ministerio del Interior asegura que es indispensable
intensificar el seguimiento de los radicales encarcelados en
España para impedir «conductas o actitudes fanáticas y
violentas» o que en los centros se lleve a cabo
«proselitismo para organizar células terroristas», como ya
ocurrió en la cárcel salmantina de Topas, en la que se gestó
el grupo integrista que pretendía volar la Audiencia
Nacional con un camión-bomba. En esta línea, prisiones da
instrucciones a los responsables carcelarios para que
extremen la vigilancia sobre los «jefes o miembros» de estos
grupos extremistas, ya que «pueden reclutar a otros
internos, coaccionar o comprar sus servicios».
Mercedes Gallizo aprovecha el documento de siete páginas
remitido a los centros para defender la siempre cuestionada
legalidad del FIES, que, a su juicio, «es plenamente
ajustado al ordenamiento jurídico vigente». En ese sentido,
recuerda a los directores de los centros que la inclusión
este fichero, con la consiguiente restricción de los
derechos de los internos, debe regirse por los principios de
«necesidad y proporcionalidad» y siempre «con respecto a la
dignidad y a los derechos fundamentales». ESPECIAL
SEGUIMIENTO
Internos afectados Todos aquellos internos ingresados por
vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, así
como a cualquier preso que colabore o apoye a estos grupos.
Incorporación al fichero especial
Bastará un informe de las Fuerzas de Seguridad sobre la
supuesta relación con terroristas.
Medidas ordenadas
Supervisión detallada de todas las actividades del preso,
sus relaciones con otros internos, el control de sus visitas
y de las conversaciones con sus familiares, la intervención
de sus comunicaciones con el exterior, además del registro
regular de su celda y pertenencias.
Aplicación
Debe regirse por los principios de necesidad y
proporcionalidad y siempre con respecto a la dignidad y a
los derechos fundamentales, según la circular.
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26-04-06
El
Gobierno central ha afirmado que la investigación
que ha desarrollado la Inspección Penitenciaria en
torno a la muerte el pasado mes de febrero del preso
de ETA, Igor Angulo, en la prisión de Cuenca,
determina que no ha existido "irregularidad alguna"
en la actuación de los diferentes profesionales de
instituciones penitenciarias. En la respuesta a
las interpelaciones de EA sobre esta cuestión, a la que tuvo
acceso Europa Press, el Ministerio de Presidencia señala que,
tras no haberse detectado en las actuaciones administrativas
irregularidades, las diligencias previas sobre este asunto se
siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cuenca.
Además, indica que, una vez finalizadas las actuaciones
judiciales, se reanudará la investigación administrativa para
proceder a dictar una resolución definitiva.
El recluso Igor Angulo Iturrate apareció ahorcado de la
ventana de su celda de la prisión de Cuenca, a donde fue
trasladado en 2001, y tenía las manos atadas cuando falleció. |
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26-04-06
Un
preso que se encontraba ya en situación de tercer
grado se escapó ayer de la Sección Abierta, situada
en la antigua cárcel, en la capital de Málaga,
escalando por los muros de la misma, según
confirmaron desde el sindicato Acaip, quienes
indicaron que este hecho "viene a corroborar la
falta de seguridad" en dichas instalaciones.
Según explicaron, el interno había conseguido un contrato de
trabajo la semana anterior, pero durante ese tiempo se ausentó
en varias ocasiones, por lo que ayer se le dijo que no fuese a
trabajar para analizar la situaciones con el graduado social.
"Temiendo ser rebajado de grado y llevado de vuelta a la
prisión de Alhaurín de la Torre", el preso decidió darse a la
fuga sobre las 12.00 horas, apuntaron.
Desde el sindicato denunciaron de nuevo "la falta de
seguridad de la antigua prisión provincial", algo que ya
expusieron el pasado lunes al subdelegado del Gobierno en
Málaga, Hilario López Luna, a través de un escrito en el que
se recordaba, según precisaron a Europa Press, "todo lo que
sucede con la Sección Abierta para que nos dé una solución, ya
que el pasado año se dieron tres casos de fuga, pero con
agresión a los funcionarios".
En este sentido, expusieron que la actual política,
consistente en aplicar "masivamente" el tercer grado para
descongestionar las prisiones "conlleva a este tipo de
problemas, al bajarse mucho los parámetros para conceder el
régimen de semilibertad". Especificaron que "en un año se ha
pasado de 150 internos a 300 en tercer grado".
"La solución al gravísimo problema de hacinamiento es un
tema que ha de abordarse en profundidad y de forma decidida y
que no consiste en devolver a las calles demasiados internos
que no están preparados para la vida en libertad", declararon,
al tiempo que señalaron que el gobierno "tiene que hacer un
replanteamiento de la situación y unificar criterios con
jueces y policías". |
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