|
|
|
Subir
|
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
22/03/2006
|
jaime tapia
cree que el penal es un ejemplo de la "ineficacia" de la
política penitenciaria |
 vitoria.
Los presos de Nanclares "no tienen protegidos sus
derechos fundamentales". De este modo valoró ayer el
juez magistrado de la Audiencia Provincial de
Vitoria, Jaime Tapia, el trato que reciben los
internos de esta cárcel alavesa. Tras el último
intento de suicidio de un reo el pasado 13 de marzo,
Tapia califica la gestión de este centro
penitenciario como "ejemplo de la ineficacia de la
política penitenciaria".
Para el juez, la prisión "ha cumplido su ciclo" y la
solución pasa por "transferir la competencia de
prisiones a la Comunidad Autónoma". En este sentido,
explicó que existe un juez encargado de la
vigilancia penitenciaria, "pero pertenece a Bilbao,
por lo que es necesario crear esta figura
expresamente para el territorio alavés".
En cuanto al estado de la prisión, el magistrado,
que habló para Radio Vitoria , afirmó que Nanclares
"no preserva las condiciones mínimas necesarias,
está totalmente abandonada y la situación de
insalubridad es palpable". La política penitenciaria
"no ha sido la adecuada". Según Tapia, una persona
que cumple condena en la cárcel "sólo tiene privado
su derecho de libertad y debe tener reconocidos el
resto".
Por su parte, el secretario general del PSE-EE,
Patxi López, afirmó ayer que hay que hacer "un
esfuerzo" entre todas las administraciones para dar
una "salida urgente" a las condiciones que se dan en
la cárcel.
En una entrevista a ETB , se refirió a la situación
en esta prisión, en la que se han suicidado varios
presos y el pasado 13 de marzo un interno quiso
quitarse la vida. López afirmó que probablemente lo
que está fallando es que esta prisión "no es la
infraestructura más adecuada". En este sentido,
manifestó que "seguramente hay que dar una salida"
que "parece que no pasa por hacer un macrocentro
para tener en mejor condiciones a todos los reclusos
porque parece que nadie apuesta por este tipo de
estructuras penitenciarias".
No obstante, aseguró que hará falta construir alguna
otra cárcel para "atender mejor a los penados"
porque, además, según indicó, en Nanclares "se están
juntando una serie de reclusos con una serie de
condiciones psicológicas, de toxicomanías
complicadas que deberían ser atendidos mucho mejor
|
22/03/2006
Málaga.
El camino más largo para ser funcionario es aprobar
unas oposiciones y que un fallo informático te im pida
acceder a la plaza que has ganado por derecho hasta
casi una década después. Eso es lo que le ha
ocurrido a Miguel Escamilla, un ciudadano malagueño
ante el que ha acabado plegándose el Ministerio del
Interior que, no obstante, tan sólo ha reparado
parcialmente el perjuicio provocado por un error de
la Administración y que sólo ha accedido a hacerlo
tras verse conminado por una sentencia judicial.
De nada le valieron sus recursos por la vía
administrativa ni sus cartas al Defensor del Pueblo
y al ministro del Interior. Al final, para lograr la
revisión de una prueba que él tenía la certeza de
haber aprobado y que le dieron por suspensa, ha
tenido que pleitear por la vía
contencioso-administrativa. A finales de 1996 se
enfrentó a las oposiciones de Ayudante de
Instituciones Penitenciarias. Y a comienzos de 2004
le fue notificada la sentencia que le dio la razón.
En medio, se fueron ocho años.
Pero no acabó aquí el maltrato innecesario de la
Administración hacia este malagueño. Escamilla, que
está casado y es padre de dos niñas, vive hoy por
hoy a 700 kilómetros de su familia porque sólo ha
tenido acceso a los puestos disponibles en el centro
penitenciario de Ibiza. Tras obtener el favor de los
tribunales, Instituciones Penitenciarias le colocó
el último de la lista entre los casi 500 opositores
que habían superado las pruebas de la convocatoria
más reciente, la de 2004, pese a que su quinta
natural era la del año 1996. Y, además, se niega a
reconocerle la antigüedad que hoy tendría si no
hubiera habido un fallo informático en la corrección
de su examen.
"Yo aprobé antes que la promoción con la que me ha
tocado incorporarme, pero todos ellos han podido
elegir antes que yo, que estoy en Ibiza separado de
mi familia y gastándome un dineral en billetes de
avión y alojamiento. Me siento ultrajado. Siento que
me han robado", expone este ayudante de prisiones al
que lo que más indigna es que Instituciones
Penitenciarias no esté dispuesta a reparar el
perjuicio cometido: "La justicia, después de ocho
años, es una justicia a medias. Se ha anulado el
acto administrativo, pero no sus consecuencias".
Pero Miguel Escamilla no se resigna. Ya ha cumplido
un año en el centro penitenciario de Ibiza, está a
punto de ser nombrado funcionario de carrera y tiene
"todas las papeletas" para que su destino definitivo
no sea otro que las Islas Canarias o las mismas
Baleares. Por eso anuncia que volverá a los
tribunales si el Ministerio del Interior no le
reconoce su antigüedad "de cara a cobrar los
trienios y, sobre todo, a la hora de concursar, para
venirme a Málaga cuanto antes". Afirma que si
hubiera pedido destino con los opositores de su
convocatoria "nunca hubiera salido de Andalucía y
que ahora ya estaría en Málaga". Pero su destino se
torció y ahora calcula que le quedan al menos cinco
o seis años para acercarse a su hogar.
El caso de este funcionario de prisiones es el
paradigma del desamparo ciudadano ante la máquina
burocrática. Él lo resume con acierto en una frase:
"La Administración es un gran monstruo ante el que
estamos indefensos y si te toca la china, pues te ha
tocado".
A él le salvó un papel que guarda como una reliquia.
Es la hoja que contenía las instrucciones del examen
al que se enfrentó el 3 de noviembre de 1996. Tras
un primer test de 150 preguntas en 90 minutos y de
otro de 30 preguntas relacionadas con cinco
supuestos prácticos para el que dispuso de 75
minutos, le sobró tiempo. Y Escamilla, lejos de
relajarse, se dedicó a copiar una a una sus
respuestas a cada una de esas 180 preguntas. Por
eso, cuando acudió a la Subdelegación del Gobierno
en Málaga días después y pudo comparar la plantilla
correctora con lo que él había contestado en Madrid,
supo con certeza que había habido un error. Dos
preguntas de su examen no habían sido puntuadas, ni
para bien ni para mal, y él sabía que había
respondido a estas cuestiones y que, además, lo
había hecho correctamente.
Pero antes de todo eso había compaginado su trabajo
como administrativo durante un año con la
preparación de estas oposiciones, se había gastado
3.000 euros en corregirse la miopía con láser –los
funcionarios de prisiones no pueden usar lentes– y
había superado la primera parte de las pruebas, que
es un test de personalidad.
Escamilla también guarda con esmero otro papel: la
hoja del Boletín Oficial del Estado del 23 de
diciembre de 2004 que hizo público que había
aprobado las oposiciones en cumplimiento de una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. El regusto es amargo, pero sabe que le ha
ganado su pulso a la Administración
|
22/03/2006
Oviedo,
I. R.
Faustino García Zapico, educador responsable del
programa de toxicomanías de Villabona, participará
el próximo día 31 en el Congreso penitenciario
internacional, que se celebrará en Barcelona los
días 30, 31 de marzo y 1 de abril, organizado por el
Ministerio del Interior (Dirección General de
Instituciones Penitenciarias) y el departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña. Su comité
científico está presidido por Carlos García Valdés,
catedrático de Derecho Penal y ex director general
de Instituciones Penitenciarias.
Zapico intervendrá en el congreso en una mesa
redonda titulada «Modelos de buenas prácticas»,
durante la que se reservará un espacio específico
para el tema «Intervención en toxicomanías», en el
que el coordinador de la UTE expondrá el modelo
asturiano. Entre las ponentes en el congreso se
encuentra también Mercedes Gallizo Llamas, actual
directora general de Instituciones Penitenciarias,
que hablará sobre «Política penitenciaria y
políticas sociales».
|
22/03/2006
| La masificación y la
falta de funcionarios agravan el problema |
Los sindicatos de funcionarios de prisiones ACAIP, CSIF
y UGT concidieron ayer en que debe de reforzarse la asistencia
de salud mental en la cárcel de Zuera, donde el pasado lunes
se ahorcó un recluso en su celda. Para estas organizaciones,
la masificación del centro y la escasez de plantilla
contribuyen a agravar el problema.
"No hay una causa única de este incremento de suicidios.
Cada interno tiene sus particulares sensaciones y experiencias
que le pueden llevar a adoptar una decisión tan terrible. Se
necesitan más funcionarios. Dos vigilantes para 140 presos es
una barbaridad", señaló el portavoz de CSIF.
Para UGT, "un mayor número de funcionarios posibilitaría
que estuviéramos más pendientes de los problemas de los
presos, que éstos suelen magnificarlos en exceso, pero ahora
ni siquiera está cubierta la plantilla adecuada para la
capacidad real de la prisión. Aunque no se podrían evitar
totalmente estos sucesos, una mayor atención psiquiátrica
ayudaría a suavizar el problema"
Por su parte, el representante de ACAIP, considera
que "hay muchos factores que influyen en estos suicidios, que
han aumentado desde el 2004. La masificación, la escasez de
plantilla, el alejamiento de los presos de su entorno social.
Muchas veces, los reclusos extreman problemas que para
cualquier persona no tienen importancia. Un mayor número de
psiquiatras contribuiría a paliar algo esta situación, pero no
la resolvería". |
22/03/2006
Los acusados,
detenidos en el 2004 en España, pertenecen al grupo
Mártires de Marruecos
Serán juzgados por el intento de asesinato de un millar
de personas que trabajan allí |
Iban
en serio, no era una mera especulación. El grupo
salafista yihadista liderado por el emir marroquí
Abderrahman Tahiri, también conocido por los nombres
de Mohamed Acharf, Mikael Etienne Christian Lafevre
y Kamel Saadi, que fue desmantelado por Baltasar
Garzón en octubre y noviembre de 2004, lo tenía todo
preparado para volar la Audiencia Nacional, según el
auto de procesamiento notifi-cado ayer a las partes.
De haber consumado el atentado, en el que tenían
previsto utilizar un camión cargado con 500 kilos de
explosivos, el número de víctimas difícilmente
bajaría del millar. En esta emblemática sede
judicial trabajan a diario 300 jueces, secre-tarios
y funcionarios judiciales, 80 fiscales y personas
adscritas a las dos fiscalías -la de la Audiencia
Nacional y la Antidroga- 50 personas que trabajan en
la Secretaría de Gobierno, 200 agentes de seguridad
privada y policías nacionales y unos 350 abogados,
visitantes y acusados.
La voladura de un edificio de ocho plantas que ocupa
toda una manzana, a buen seguro que también se
llevaría por delante a la entidad bancaria ubicada
en los bajos y a más de uno de las decenas de
periodistas y cámaras que cubren a diario órgano
judicial. Sería un milagro que no alcanzase a alguno
de los centeneras de peatones que constantemente
circulan por sus inmediaciones.
Según el auto de procesamiento dictado por
instructor Fernando Grande-Marlaska Gómez, los
acusados, que fueron detenidos en el otoño de 2004
en varios puntos de España y en diversas prisiones,
entre ellas la pontevedresa de A Lama, donde fueron
reclutados varios, son miembros del grupo Mártires
de Marruecos. Su líder máximo, el emir
Abderrahman Tahiri, fue detenido en Suiza y
extraditado a España el pasado mes de abril.
Todo dispuesto
Según el instructor, fue él quien dispuso lo
necesario para hacer saltar por los aires el
edificio del tribunal. Tahiri había contactado con
otro de los procesados, el mauritano Kamara Diade,
para conseguir que un traficante de armas gitano, de
nombre Antonio, les vendiera mil kilos de goma dos.
La intención de los terroristas era empotrar un
camión cargado con media tonelada de ese explosivo
contra la Audiencia Nacional, ya que «carecía de
protección adecuada».
Todos los integrantes del grupo, haciendo honor a su
nombre -Mártires de Marruecos- habían manifestado su
voluntad de inmolarse en el atentado muyahidines
Grande-Marlaska apunta que la pretensión de los
islamistas era provocar el mayor número de muertos.
Dice el auto que Tahiri, además de una masacre,
buscaba destruir los archivos que afectaban a los
hermanos muyahidines y provocar una fuerte conmoción
social por la trascendencia de un atentado a un
organismo judicial emblemático como la Audiencia
Nacional |
22/03/2006
La unidad terapéutica,
con trescientos presos, inicia los trabajos para ampliar
el «espacio libre de toxicomanías» de tres a cuatro
módulos, de los diez que tiene la prisión
|
Funcionarios
de la unidad terapéutica y educativa (UTE) de la
cárcel de Villabona, que actualmente alberga a unos
300 internos, han iniciado los trabajos para ampliar
su «espacio libre de drogas» y ocupar cuatro de los
diez módulos de la prisión asturiana, sin contar
ingresos, enfermería o aislamiento. Actualmente, la
UTE está formada por tres departamentos, los módulos
I y II -que integran la llamada UTE 1- y el IV -la
UTE 2-, que trabajan con reclusos comprometidos en
el propósito de desengancharse de las drogas y
reinsertarse en la sociedad una vez finalizadas sus
condenas. La ampliación se hará al módulo III.
El pasado viernes se inició el primer paso. Para
ello fue preciso trasladar a los presos del módulo
III al V y viceversa. En total, unos 150 reclusos en
cada departamento. La razón es que, aunque la UTE se
extenderá al módulo III, los presos con los que se
trabajará serán los que hasta ahora ocupaban el
departamento V, con un perfil «difícil», según el
coordinador de la UTE, el educador Faustino García
Zapico. Estos reclusos son, en su mayoría,
toxicómanos y muchos de ellos están a tratamiento
con metadona, lo que supone «un reto» para la unidad
terapéutica. Los antiguos presos del módulo III, que
ahora ocupan el V, son principalmente condenados por
delitos sexuales.
Tratamiento voluntario
El tratamiento en la UTE es voluntario, de manera
que los internos que no deseen pasar a formar parte
de este proyecto serán derivados a otros módulos, al
igual que aquellos reclusos que no se comprometan
con el programa. Esta labor, la de selección y
primeras terapias con los presos, se prolongará
durante los próximos meses, aunque García Zapico
espera tener «liberado» el módulo III, como parte de
la UTE, antes de que finalice el año.
El embrión de la unidad terapéutica y educativa
comenzó a gestarse en 1992, en la antigua cárcel de
Oviedo, aunque no fue hasta 1996 cuando se formó el
verdadero «espacio libre de drogas». El proyecto,
del que sus precursores aún recuerdan sus difíciles
comienzos -con escasos o incluso nulos apoyos
institucionales-, no para de crecer. El 22 de marzo
de 2005 la unidad se amplió al módulo IV de la
cárcel. De este modo, el conocido como espacio libre
de drogas pasó a extenderse a los módulos I, II y IV,
su actual configuración, a la espera de la
«liberación» del III. En los dos primeros cohabitan
internos e internas (es mixto) y cuenta con unos 200
reclusos. El segundo es sólo para hombres y tiene
alrededor de 100 presos.
Su forma de trabajo, reconocido a nivel europeo, ha
sido imitada por diferentes cárceles españolas.
Además, uno de sus maestros, Julio Fernández Rubio,
coordinará un proyecto encaminado a crear «espacios
educativos» en prisiones de Alemania, Austria, Reino
Unido y Polonia.
|
22/03/2006
| El diputado a Cortes,
preocupado por la falta de funcionarios y el aumento de
la población reclusa. Para ello mantendrá un debate
con la directora general de Instituciones Penitenciarias |
Mañana
día 23 la Comisión de Interior del Congreso será
escenario del debate que mantendrá el Diputado
Nacional por Melilla, Antonio Gutiérrez y la
Directora General de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo.
Gutiérrez, solicitó la comparecencia del citado
cargo público del Ministerio del Interior y su
solicitud fue avalada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y votada por la Mesa de la
Comisión de forma favorable. De esa forma, la
Directora General tendrá que responder a las
cuestiones más importantes planteadas por el
diputado melillense como “los motivos por los que el
Gobierno ha marginado a Melilla en su política de
inversiones penitenciarias” o “las medidas que
piensa tomar para aliviar la presión asistencial en
el mismo”.
Gutiérrez ya tuvo otro debate con la directora
general precisamente sobre temas análogos y espera
la clarificación oportuna a las cuestiones que van a
debatirse. La sesión tiene previsto su comienzo a
las cuatro de la tarde.
|
22/03/2006
| El ministro del
Interior, José Antonio Alonso, defendió hoy la labor de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y
destacó el descenso en el número de suicidios de
reclusos internos en todas las cárceles gestionados por
el Estado en general, y en el centro de Nanclares de la
Oca (Álava), en particular |
Alonso
respondió así a una pregunta de la senadora del
Grupo Parlamentario Vasco, Elena Etxegoyen, sobre si
el Gobierno considera que el plan de choque y
prevención de suicidios de la cárcel de Nanclares de
la Oca es suficiente para garantizar la seguridad de
los internos.
Así, aseguró que el Gobierno está haciendo una
política penitenciaria que tiene el 'máximo cuidado'
en Nanclares de la Oca y en cualquier otro centro
penitenciario competencia de la Administración del
Estado, para 'garantizar' los 'más altos estándares
de bienestar' en la relación de especial sujeción
que vincula a los internos con la Administración.
En este sentido, recordó que en Nanclares se han
producido tres suicidios en los últimos doce meses,
ante los cuales la respuesta de la directora general
de Instituciones Penitenciarias fue 'inmediata',
activando un nuevo Plan de Suicidios y un Plan de
Choque específico que va a 'ofrecer muy buenos
resultados en el futuro, en Nanclares y el resto de
prisiones dependientes del Estado'.
'El Plan de Choque específico pone más
profesionales, tanto de asistencia psicológica, como
social y de formación, pone en marcha un nuevo
catálogo de actividades de tratamiento,
escolarización, formativas y laborales, de grupos de
auto ayuda y más actividades culturales que permiten
a los internos vivir su privación de libertad de la
manera menos gravosa posible dentro de lo que es el
cumplimiento de una pena', explicó.
CINCO SUICIDIOS EN LO QUE VA DE 2006
Asimismo, subrayó que el trabajo de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias está dando
'frutos', porque los datos a nivel nacional son
'buenos'. Según recalcó, ese trabajo 'intensivo'
dice que de los 40 suicidios de 2004 se pasaron a 36
en 2005, y en los primeros de 2006 hay cinco casos,
cuando en los mismos meses del año pasado hubo
nueve.
El ministro concluyó, por tanto, que Interior está
actuando con toda la 'eficacia' y el 'rigor
posible', algo que van a seguir haciendo para
'apuntalar' la relación de especial sujeción de los
internos con el Estado, que supone que la pena
privativa de libertad tenga que cumplirse,
'evidentemente, en condiciones humanitarias'.
Aprovechó, además, para defender a los funcionarios
de Instituciones Penitenciarias, quienes realizan su
trabajo con 'limpieza, honestidad y absoluto ajuste
a la legalidad que les vincula'.
La senadora Etxegoyen, sin embargo, afirmó que algo
está funcionando 'mal' en la cárcel de Nanclares,
por lo que hace falta 'mucho más' que las
directrices formuladas por el ministro, porque ya en
Nanclares, viendo la estadística, 'no es tiempo de
explicaciones'. 'El número alarmante de muertos en
Nanclares pone de manifiesto que las condiciones del
centro son de todo punto inadecuadas y no hay plan
de choque que valga ante una situación de
precariedad perpetua, por lo que hay que reconocer
que algo está fallando y que hay un fracaso de la
gestión penitenciaria en Nanclares', sentenció.
|
22/03/2006
| Emplaza a los Estados
español y francés a que reconozcan los resultados de un
proceso democrático en el que los ciudadanos decidan |
ETA
anunció hoy su decisión de declarar un alto el fuego
permanente a partir del 24 de marzo con el objetivo
de impulsar un proceso democrático en Euskal Herria
para construir un "nuevo marco en el que "sean
reconocidos los derechos que como pueblo nos
corresponden y asegurando de cara al futuro la
posibilidad de desarrollo de todas las opciones
políticas".
En un mensaje dirigido al pueblo vasco, que recoge
la edición digital del diario Gara, asegura que, al
final de ese proceso, los ciudadanos vascos deben
tener "la palabra y la decisión sobre su futuro".
"Los Estados español y francés deben reconocer los
resultados de dicho proceso democrático, sin ningún
tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos
vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser
respetada", añade.
En su mensaje, hacen un llamamiento a todos los
agentes para que actúen "con responsabilidad y sean
consecuentes ante el paso dado". Asimismo, también
pide a las a las autoridades de España y Francia
para que "respondan de manera positiva a esta nueva
situación, dejando a un lado la represión".
Asimismo, reclamaron a los ciudadanos vascos para
que se impliquen en este proceso y "luchen por los
derechos que como Pueblo nos corresponden".
Por último, muestra su deseo y voluntad de que el
proceso abierto llegue hasta el final, y "así
conseguir una verdadera situación democrática para
Euskal Herria, superando el conflicto de largos años
y construyendo una paz basada en la justicia".
ETA se reafirma en el compromiso de seguir dando
pasos en el futuro "acordes a esa voluntad" y
asegura que la superación del conflicto "aquí y
ahora", es posible. "Ese es el deseo y la voluntad
de ETA", concluye.
|
22/03/2006
Manuel Alcántara Madrid
Quienes crean que la oferta
etarra de un alto el fuego permanente no va a tener
contraprestaciones, es porque se chupan el dedo. No
exactamente el mismo que sirvió para señalar a las víctimas.
¿Cómo no alegrarse? Es un gran día. Lo que ocurre es
que es más grande para quienes no llevan luto en el corazón.
No puede extrañarnos, aunque nuestro júbilo sea
incontenible, que puedan contener el suyo los hijos, los
padres, los hermanos de los asesinados. Si se consigue que
el terrorismo cese, aunque el camino sea largo todavía y
difícil, se habrá logrado el objetivo deseado durante
treinta y tantos años. El presidente del Gobierno advierte
que quedan jornadas duras y que habrá que transitarlas con
prudencia. Claro que para prudencia nada comparable a la que
desarrollan los muertos. Ya no pueden decir que esta boca
era suya y se callan con obstinación.
Se especula ahora sobre las
neblinosas condiciones del abandono de las armas. No sabemos
nada acerca del trato aunque estemos, como el poeta, llenos
de "sospechas de verdades". Vivimos, por
fortuna, en democracia, pero el secreto de algunas cosas
trascendentales sólo lo conocen determinados demócratas.
Alguna gente piensa que habrá liberación de presos, ahora
que Interior acababa de alertarnos del repunte de presos en
los dos primeros meses del año. La verdad es que la
población reclusa española se había disparado. En un
trimestre aumentó en 700 personas. Una barbaridad si se
tiene en cuenta que en todo el 2005 se incrementó en 1.500
personas. La directora general de Instituciones
Penitenciarias ha dicho que la sobreocupación de las
cárceles es un problema gravísimo. Quizá haya ahora un
relevo en las celdas. Es pronto para saberlo. Es este un
momento de esperanza y hay que ser prudentes, muy prudentes.
Casi tanto como los que murieron y no pueden alegrarse.
|
22/03/2006
A nivel nacional
serían 60.000 las personas que tendrían que entrar en
las cárceles
|
Cerca
de 1.500 conductores cántabros tendrían que entrar
en prisión de prosperar la reforma del Código Penal
propuesta recientemente por la Dirección General de
Tráfico (DGT), según un reciente estudio elaborado
por la organizacióin de defensa de los conductores,
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que estima
que, a nivel nacional, serían una 60.000 las
personas que tendrían que entrar cada año en las
carceles españolas con dicha reforma.
Mediante dicha reforma se pretende castigar con pena
de cárcel a aquellos conductores que superen la tasa
de un gramo de alcohol por litro de sangre
(actualmente el límite está en 0,5 gr/lt); así como
a aquellos que superen en 60 kilómetros hora los
límites de velocidad, o circulen con el carnet
suspendido o retirado. Según AEA, en el año 2004 la
DGT formuló 2.568.428 denuncias en las carreteras
españolas (sin contar el Pais Vasco y Cataluña), de
las cuales un 25% eran por excesos de velocidad; un
3% por alcoholemias y un 8% por infracciones
relativas al permiso de conducir. Del total de
conductores que se excedieron en los límites de
velocidad sólo el 2% superaba el limite de 60 km/h
propuesto ahora por la DGT como merecedor de una
pena de carcel. Es decir, que por esta infracción
entrarían en prisión 12.840 personas (397
cántabros).
ALCOHOLEMIAS Y CARNÉ SUSPENDIDO
Respecto de los conductores que pudieron superar en
un gramo la tasa de alcohol, AEA estima que en esta
situación se encontraban 1 de cada 3 conductores, o
lo que es lo mismo, 23.121 personas (716 cántabros).
En el tercer grupo de infractores se incardinan
23.021 conductores (325 cántabros), que representan
el 11,2% del total de denuncias referidas al permiso
de conducir.
Sumando los tres grupos de infractores anteriores,
la AEA señala que nos encontraríamos con un total de
58.982 personas que, según la propuesta de la DGT,
cada año tendrían que entrar en prisión. De ellos
1.438 serían cántabros. Se trata, según destacó la
asociación, de una cifra prácticamente similar a la
actual población reclusa que, al 3 de marzo de este
año, era de 61.918 personas en toda España entre
preventivos y penados - en Cantabria la cifra de
reclusos asciende a 746-- lo que a juicio de AEA "supondría
duplicar la actual dotación presupuestaria destinada
a la creación de nuevos centros penitenciarios". |
22/03/2006
El
presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, valoró hoy el alto
el fuego permanente anunciado por la banda
terrorista ETA y apeló a la unidad de todos los
partidos políticos "para que se monten en este carro
y el fin de ETA sea una realidad para siempre".
En declaraciones a Europa Press, Vidal subrayó que
"luchamos por la paz, no queremos más dolor ni el
terror que hemos padecido, ni más viudas ni
huérfanos, ni más familias rotas", al tiempo que
añadió que "si hemos sido capaces de superar una
Guerra Civil, esto ya tenía que estar resuelto".
El presidente del colectivo, tras precisar que
"tenemos que ir con cautela", agregó que "tengo que
valorar que el presidente Zapatero nos llamó en
junio de 2005 para pedirnos nuestra opinión.
Queremos que se entreguen las armas y se haga
justicia y que sobresalgan y se recompense a las
víctimas, que se sientan protegidas y queridas por
el pueblo, porque esto no se puede olvidar".
A su juicio, las víctimas del terrorismo "hemos dado
una lección magistral durante la Democracia" y
recordó a sus compañeros --funcionarios de
prisiones-- y a todos los asesinados, "pues su
sangre tiene una compensación por continuar la
Democracia, que es igual que decir libertad, diálogo
y paz. Que lo vean desde donde estén. Esto es un
triunfo de las víctimas y una derrota de los
asesinos", concluyó.
|
23/03/2006
| Los once presos de ETA
encarcelados en Villabona pasaron una jornada
´tranquila´. |
El
anuncio de una tregua permanente de los activistas
de ETA no alteró la vida cotidiana de los once
reclusos de la organización encarcelados en la
macroprisión asturiana de Villabona.
Los nueve varones y las dos mujeres que están
cumpliendo condena en Asturias por su colaboración
con la banda armada --con penas que oscilan entre 6
años y un día y 30 años-- no sufrieron variación
alguna en su programa de actividades habitual y, de
puertas para afuera, no hicieron comentario ni gesto
alguno que evidenciara un estado de ánimo diferente
al de cualquier otro día. Salvo el revuelo que causó
la noticia al conocer el anuncio de la tregua entre
la población reclusa, no hubo ningún incidente
relevante.
Los reclusos de ETA realizan "de forma periódica"
medidas de protesta cada vez que, desde el entorno
abertzale, se les insta a posicionarse sobre
situaciones que les atañe, desde su rechazo a
accidentes en los que se vean involucrados
familiares al ir a visitarles a cualquier cárcel del
país a reivindicaciones específicas de solicitud de
aproximación de los internos al País Vasco.
Este grupo de internos se caracteriza además porque
suelen aprovechar el tiempo de cumplimiento de las
condenas para realizar estudios universitarios.
Normalmente, los presos de ETA siguen el mismo
régimen que el resto de internos aunque, en
ocasiones, en cumplimiento de las circulares que
dicta la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias a todas las cárceles del país, se les
regresa de grado o se les ingresa en el Módulo de
Aislamiento para evitar posibles incidentes ante
hechos puntuales, como ocurrió tras el atentado del
11-M en Madrid, donde la vigilancia se acentuó con
los catalogados dentro del Fichero de Internos de
Especial Seguimiento (Fies).
En Villabona han llegado a coincidir hasta 17
internos de la organización, durante la política de
dispersión emprendida hace unos años por
Instituciones Penitenciarias. Los momentos de mayor
tensión se vivieron intramuros cuando ETA secuestró
al funcionario de prisiones Ortega Lara. Sus
compañeros en todas las prisiones convocaban
periódicamente unos minutos de silencio a las
puertas de la cárcel. Tampoco, en aquella ocasión,
hubo altercados.
|
23/03/2006
El Código Penal de
1995 y la reciente doctrina del Supremo sobre el caso de
Henri Parot han endurecido las penas
|
ETA
ha anunciado su renuncia a las armas con más de 660
activistas encarcelados con condenas firmes o en
prisión preventiva. Los presos se han considerado
siempre una de las cuestiones a abordar en una
hipotética negociación entre el Gobierno y la banda
terrorista. Desde las instituciones se ha reiterado
históricamente el mensaje de que la democracia sería
benévola con quien abandone la violencia.
Los presos de ETA se reparten entre centros
penitenciarios de España (más de 500), Francia
(150), México (5) y Gran Bretaña (1). Las cifras
exactas bailan en función de la fuente. Al margen de
excarcelaciones, nuevas detenciones o extradiciones,
los datos que manejan en el Ministerio del Interior
y en asociaciones de familiares como Etxerat no
suelen coincidir. Mientras en Instituciones
Penitenciarias los últimos registros hechos
públicos, a mediados de 2005, contabilizan 544
presos de ETA encarcelados en centros de la
península, en Etxerat se reduce la cantidad a 507.
Algo parecido ocurre con los internos en las
prisiones vascas de Nanclares, Basauri y Martutene:
el Gobierno habla de 24 reclusos etarras, el doble
de la contabilidad que lleva la asociación de
familiares. Teniendo en cuenta uno u otro registro,
la población etarra recluida en Euskadi no supera en
ninguno de los dos casos el 5% del total.
Todos coinciden en que Madrid y Andalucía, así como
el distrito central de París alojan en sus centros
penitenciarios el mayor número de reclusos de la
banda. En los tres casos se supera de forma holgada
el centenar de internos. En ambas capitales, se debe
a la necesidad de trasladar a los terroristas a la
Audiencia Nacional o a los tribunales centrales de
Francia por tener aún pendientes diferentes causas
judiciales.
Desde 1988
La política de mantener diseminados a los presos
etarras por diferentes centros penitenciarios
comenzó a aplicarse en 1988, en la segunda
legislatura de Felipe González. La decisión,
consensuada con el PNV, buscaba un doble objetivo.
Por un lado, rebajar la tensión en las prisiones
donde permanecía el mayor número de miembros de la
banda y evitar que se dieran situaciones similares a
las de las cárceles norirlandesas, donde los
terroristas mantenían continuos enfrentamientos con
los funcionarios. Además, trataba de reducir el
control de la cúpula etarra sobre los encarcelados y
así favorecer su posible desvinculación de la banda
y su ingreso en los programas de reinserción.
Todos los gobiernos desde entonces han mantenido
esta política, sólo alterada, con ciertos matices,
en momentos de tregua. Entre 1998 y 1999, el
Gabinete Aznar acercó a más de 135 presos de ETA a
prisiones cercanas a Euskadi y Navarra, en lo que se
consideró el traslado de reclusos más importante en
las dos últimas décadas. Desde entonces, ningún
miembro de la banda en prisiones españolas cumple su
sentencia fuera de la península.
La presión policial y las sucesivas caídas de
comandos y dirigentes etarras han provocado una
situación inédita en la historia de ETA. Los
activistas con mayor historial delictivo se
encuentran en prisión, mientras que los actuales
jefes de la banda apenas tienen imputaciones.
El horizonte de los presos se ha complicado con los
últimos cambios legales. El Código Penal aprobado en
1995 durante el Gobierno del PP endureció el
cumplimiento de las condenas respecto a lo que se
contemplaba en el anterior, fechado en 1973. La
reforma eleva para los terroristas el plazo máximo
de estancia en prisión hasta los 40 años, antes el
tope estaba en tres décadas. Una modificación a la
que hay que sumar la doctrina aprobada recientemente
por el Tribunal Supremo al hilo del caso de Henri
Parot, por la que la reducción de penas por buen
comportamiento o por realizar estudios se descuenta
del total de la sentencia y no del tiempo máximo de
internamiento que prevé el Código Penal.
La interpretación de la ley efectuada por el
Supremo, que obligará a revisar los casos de más de
un centenar de reclusos de la banda, evitará que
miembros de ETA con condenas de miles de años a sus
espaldas no cumplan, en la práctica, más de 18 años
de prisión. La cuestión ha saltado al primer plano
justo en el momento en el que se aproxima la
excarcelación de algunos de los terroristas con
mayores condenas.
Las víctimas
Las víctimas del terrorismo se han convertido en un
agente activo en relación con los presos. Desde las
posiciones que defienden el cumplimiento íntegro de
las condenas hasta las partidarias del diálogo,
todas las asociaciones de damnificados por la
violencia etarra mantienen la exigencia de la
petición de perdón como condición previa para la
concesión de eventuales beneficios penitenciarios.
La ecuación de 'paz por presos' ha ido perdiendo
apoyos en la opinión pública española, que se
muestra más receptiva, según las encuestas, a las
concesiones políticas.
Las asociaciones de familiares de presos aseguran
que esta cuestión va a convertirse en «moneda de
cambio» en una futura negociación entre el Gobierno
y la banda, y recuerdan que Aznar ya señaló que el
Ejecutivo español podría ser «generoso» con los
presos si ETA abandona las armas de manera
definitiva. El colectivo exige desde hace años el
agrupamiento para evitar que los allegados realicen
«miles de kilómetros» al año para visitar a sus
reclusos. «Pedimos a los socialistas que acaben con
este sufrimiento para los presos y sus familias»,
afirma Estanis Etxaburu, portavoz de Etxerat.
|
23/03/2006
| El presidente de esta
entidad, Mario Arnaldo califica de «barbaridad» que el
Código Penal se aplique como medida de prevención en
lugar de para castigar |
La
propuesta de la Dirección General de Tráfico para
reformar el Código Penal y enviar a la cárcel a
personas que incumplan algunas normas de tráfico
supondrá, según Automovilistas Europeos Asociados,
que anualmente entrarán en la cárcel cerca de 60.000
conductores y que, de ellos, más de 11.700 serán
andaluces.
La idea del Gobierno, que esta misma semana fue
anunciada por el propio ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, supondrá que, las personas
que en los controles de alcoholemia superen un gramo
de alcohol por litro de sangre irán a la cárcel al
igual que lo harán aquellos conductores que superen
en 50 kilómetros la velocidad permitida en ciudad y
en 70 kilómetros la que se permite en carretera.
Además, cuando entre en vigor la reforma penal,
también serán encarceladas las personas que
conduzcan sin carnet de conducir una vez que éste le
haya sido retirado de forma temporal o permanente.
Los últimos cinco años
Así, de aplicarse estas normas, Automovilistas
Europeos Asociados ha calculado, tras analizar las
cifras de denuncias de la DGT de los últimos cinco
años, que en Andalucía irían a las cárcel por estos
motivos 11.747.
En 2004, la DGT formuló 2.568.428 denuncias en las
carreteras españolas, de las cuales un 25 por ciento
eran por exceso de velocidad, un 3 por ciento por
alcoholemias y un 8 por ciento por infracciones
relativas al permiso de conducir.
En Andalucía, en ese mismo año, la DGT formuló un
total de 554.198 denuncias de un censo de 3.987.099
conductores en toda la comunidad autónoma. De entre
estas denuncias, las de exceso de velocidad grave
(es decir, las que su peraron los límites de 50 a 70
kilómetros por encima de lo permitido) fueron en
Andalucía 2.772, lo que supondría que ese número de
personas serían los andaluces que, con la nueva
normativa, tendrían que ser encarcelados.
En cuanto a las tasas de alcoholemia, AEA estima que
en esa situación de superar más de un gramo de
alcohol en sangre se encontrarían uno de cada tres
conductores que fueron sorprendidos con exceso de
alcohol. Ello supondría que 4.989 andaluces tendrían
que ir a la cárcel por esos motivos.
Y en el tercer grupo de infractores, los que sean
sorprendidos conduciendo pese a habérsele retirado
el carnet, según AEA, podría haber 3.986 andaluces.
Al final irían a la cárcel en Andalucía un total de
11.747 personas.
Harían falta más cárceles
Esas cifras, como recuerda la propia AEA, son muy
similares a la población actual de reclusos que hay
en la comunidad autónoma que el pasado 3 de marzo
era de un total de 13.197 presos lo que, según IEA,
supondría «duplicar la actual dotación
presupuestaria destinada a la creación de nuevos
centros penitenciarios.
Con estas cifras, el presidente de Automovilistas
Europeos Asociados, Mario Arnaldo, calificó de
«barbaridad» la reforma que se pretende llevar a
cabo. Y es que, según Arnaldo, el Código Penal está
para castigar pero no para prevenir. «El Código
Penal debe aplicarse cuando se trata de situaciones
o accidentes con resultados de muerte», explicó
Arnaldo que se mostró en contra de que se envíe a la
gente «a la cárcel sin importar el resultado».
En ese sentido, Arnaldo aseguró que el
endurecimiento del Código Penal no ha servido para
reducir los accidentes de tráfico en otros paises
como Francia donde ya se aplican estas medidas. Así,
según Arnaldo, los franceses, que en el año 2003
vieron reducir en un 21 por ciento el número de
muertos, no tuvieron un descenso tan elevado en las
muertes en 2004, pese a que ese año ya estaba en
vigor las nuevas normas y el carnet por puntos. Así,
en 2004, los accidentes sólo se redujeron en un 8
por ciento mientras que, un año después, en 2005,
sólo lo hicieron en un 4 por ciento.
Por ello Mario Arnaldo insistió en que llevar las
reformas al extremo del Código Penal supone un
fracaso dela sociedad y tratar al conductor como un
«delincuente»
|
24-03-06
| Todos están aislados y
calificados como presos peligrosos |
El
anunció de un «alto el fuego permanente» por parte
de la banda terrorista ETA ha puesto sobre la mesa
la situación de los presos de la banda, un colectivo
que podría ser el primer beneficiado de un proceso
de negociación con el Gobierno. Los observadores
hablan de acercamiento a las prisiones vascas e
incluso de amnistía encubierta para aquellos que no
estén condenados por delitos de sangre. Se habla, en
cualquier caso, de un posible cambio en su situación
actual, que dista mucho de parecerse al resto de los
presos.
Según fuentes del Ministerio del Interior, en las
cuatro prisiones de la Comunidad Valenciana hay en
la actualidad cerca de cincuenta etarras, una parte
muy importante de los más de seiscientos que hay
repartidos por toda España.
El grupo más numeroso está en la cárcel de Valencia,
donde la cifra oscila entre los 17 y los 19,
dependiendo de los compromisos judiciales del
momento. En Castelló hay 12, 11 en Villena y media
docena en Alicante.
Todos ellos, sin excepción, están calificados en
primer grado, es decir, como presos peligrosos. Por
tanto, están alojados en celdas individuales y
disfrutan de cuatro horas de patio aproximadamente,
generalmente por la mañana.
Lo que los distingue de los primeros grados comunes
es que también sufren la dispersión dentro de la
cárcel. En vez de estar juntos en un módulo, ellos
están repartidos por toda la prisión con un máximo
de dos etarras por módulo. Eso impide que se junten
incluso en el patio o a la hora de comer.
También les distingue el poder adquisitivo del que
hacen gala. Todos los presos de ETA reciben dinero
periódicamente de las asociaciones vinculadas al
Movimiento Vasco de Liberación Nacional y en
consecuencia disfrutan de unas condiciones bastante
privilegiadas dentro de la prisión. Esas
subvenciones les permite también recibir visitas de
sus familias, que semanalmente -cada vez menos-
fletan autobuses desde el País Vasco para visitarles
allá donde estén recluidos.
En lo que a comportamiento se refiere, no suelen ser
presos conflictivos. Según fuentes penitenciarias,
es habitual la colocación de pancartas en las
ventanas de las celdas pidiendo la reagrupación de
presos - «La dispersión mata a nuestras familias»,
dicen sus mensajes- y en las últimas elecciones
autonómicas algunos de ellos lucieron camisetas
reclamando el voto para el Partido Comunista de las
Tierras Vascas, formación que supuestamente
sustituyó a la ilegalizada Batasuna en aquellas
comicios. Pero nunca son violentos. Ni siquiera
cuando son cambiados de celda, algo muy habitual,
protestan airadamente. Para mostrar su desacuerdo
con la dispersión interna lo que hacen es no
colaborar en los traslados y tienen que ser
literalmente arrastrados de un módulo a otro.
Tras el anunció de alto el fuego, no hay noticias de
reacciones por parte de los presos de ETA, ni en un
sentido ni en otro, aunque desde Instituciones
Penitenciarias se ha pedido a los funcionarios que
extremen la vigilancia y comuniquen cualquier
incidencia.
En la prisión de Valencia, Idoia López Riaño es la
etarra que más delitos de sangre tiene a sus
espaldas. La «Tigresa» también es una de las más
activas, aunque recientemente la Audiencia Nacional
ha rechazado su petición de redimir 45 días de
condena por la realización de cursos de valenciano.
López Riaño fue extraditada desde Francia en mayo de
2001 a petición de las autoridades españolas, que la
consideran responsable de al menos 23 asesinatos.
Así mismo, era integrante del comando Levante que
asesinó al profesor Manuel Broseta en Valencia el 15
de enero de 1992, aunque no se le podido atribuir la
participación directa en el mismo. Después de pasar
por varias prisiones, Idoia López Riaño lleva ya
varios años en Valencia, donde contrajo matrimonio
con el también etarra Juan Ramón Rojo el 10 de mayo
de 2004. Precisamente, ha causado sorpresa entre los
funcionarios las supuestas facilidades que han
tenido para estar juntos, aunque la realidad es que
sólo les dejan verse una vez a la semana y tener un
«vis a vis» al mes. |
24-03-06
| De los 17 presos que
cumplen condena en Fontcalent y Villena, al menos seis
tienen delitos de sangre Entre los reclusos hay miembros
de varios comandos desarticulados |
Francisco Zabala Echegaray José María Múgica Picabea Nerea
Garro Pérez Juan Luis Alaña Arrinda Juan Bilbao Moro Lander
Maruri Basagoiti Olatz Camino Uribe Juan Trecet Sastre IRENE
GENOVÉS / L. V. María Nagore Múgica Álvarez Ainara Esteran
Cruz Jesús Arcauz Arana, conocido como 'Mondragón' Fernando
Alonso Abad Ángel Aranburo Sudupe José Cándido Zubikaray
Badiola Santos Berganza Cendegui Pedro María Celarain
Oyarzabal/ALICANTE
Diecisiete terroristas en las cárceles alicantinas, aunque
uno de ellos acaba de ser trasladado temporalmente para
que pueda asistir a un juicio. Entre los presos de la
banda armada no faltan dos antiguos jefes del grupo armado
y al menos a seis de ellos se les imputan delitos de
sangre y el asesinato de al menos tres guardias civiles.
Mientras que este mismos año acabará de cumplir su condena
una de las integrantes de ETA que se encuentra en
fontcalent, Olatz Camino Uribe, a otros les quedan más de
dos décadas de cumplimiento.
En Fontcalent se encuentran en estos momentos cuatro
hombres y dos mujeres, todos en primer grado. La máxima
pena es la de Lander Maruri Basagoiti, condenado por
asesinato, que acabará en el año 2027. La mínima es la de
Olatz Camino Uribe, que finalizará este año y a quien sólo
se le imputa cooperación con banda armada.
De los seis terroristas que se encuentran en la prisión de
Fontcalent, sólo hay dos con delitos de sangre: Juan
Bilbao Moro, que está cumpliendo desde el año 82 y cuya
condena acabará en el 2010, y Lander Maruri Basagoiti, a
quien aún le quedan 21 años de condena por el asesinato de
un guardia civil.
Los otros tres presos de ETA que se encuentran en
Fontcalent, dos de ellas mujeres, están cumpliendo pena
sólo por cooperación con banda armada. En el caso de Nerea
Garro Pérez también existe una condena por tenencia
ilícita de armas.
En Villena se encuentran representantes de un buen número
de comandos desarticulados en los últimos 15 años. Entre
los reclusos no faltan antiguos líderes de la banda
armada, como el lugarteniente de Pakito, Jesús Aracauz
Arana. Considerado el número 2 de ETA, y conocido como
Mondragón, fue detenido en Francia en 1991. En su
historial se encuentra el uso de explosivos y varios
atentados terroristas. Su condena es de 45 años de cárcel
y está considerado uno de los históricos de la banda
armada.
No es el único ex dirigente de ETA que se encuentra en las
cárceles alicantinas. Juan Carlos Iglesias Chouzas,
conocido como Gadafi, cumple actualmente condena en
Villena, aunque en estos momentos ha sido trasladado para
que pueda comparecer a un juicio pendiente. El recluso fue
entregado por las autoridades francesas Francia en julio
del año 2003 para ser juzgado en España en relación a
cuatro causas, entre ellas el asesinato del hijo pequeño
de un guardia civil en 1991.
Actualmente en Villena cumplen condena nueve hombres y dos
mujeres, aunque actualmente entre sus muros no se
encuentra Gadafi. Todos se encuentran en primer grado,
excepto una de las integrantes femeninas que ya está en
segundo grado. Entre los reclusos no falta un periodista
del diario Egin, Fernando Alonso Abad, condenado a 39 años
de prisión en 1997 por pertenecer a la banda armada.
Cuatro de los presos de ETA que se encuentran en Villena
están acusados de delitos de sangre. Entre ellos no falta
Ángel Aranburo Sudupe, que participó en un tiroteo contra
la Guardia Civil y que posteriormente fue detenido con un
cargamento de dinamita.
José María Múgica Picabea era detenido el 17 de agosto de
1991 en Rentería por su supuesta pertenencia al comando de
apoyo rentería de ETA, dentro de la operación policial en
la que se desarticuló el comando donosti. Además también
hay miembros de los comandos Zaragoza, madrid, Renterías´
, Vizcaya y gohierri Costa.
|
24-03-06
| El nuevo penal, con
capacidad para 500 reclusos, se ubicará en un antiguo
polvorín militar, más alejado del pueblo |
La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, anunció ayer en el Congreso que la cárcel alavesa
de Nanclares de la Oca será demolida y, en su lugar, se
construirá un nuevo penal de tamaño medio en unos terrenos
ocupados por un antiguo polvorín militar en el mismo término
municipal. El deplorable estado de conservación del centro
acelerará esta actuación, que se iniciará en cuanto el
Ministerio del Interior cierre con Defensa la transferencia
de la titularidad del solar.
Se despeja así la incógnita sobre la ubicación de la segunda
cárcel prevista en Euskadi dentro del Plan de Creación y
Amortización de Centros Penitenciarios, que incluye la
construcción de 46 nuevas
infraestructuras carcelarias en todo el Estado hasta 2012,
con una inversión global de 3.151 millones de euros. El otro
proyecto, que ya está muy avanzado, consistirá en la
demolición del penal guipuzcoano de Martutene y la
edificación de un nuevo complejo en el Alto de Zubieta.
Gallizo reveló por sorpresa la ubicación de la nueva cárcel
alavesa en su comparecencia ante la comisión de Interior del
Congreso, donde acudió para informar sobre la situación de
las prisiones españolas en general y, más en concreto,
acerca del elevado número de suicidios de presos registrados
en los últimos meses. Los terrenos elegidos para la
construcción del centro, que podría iniciarse este mismo
año, albergaron años atrás el antiguo polvorín militar de
Zaballa. La intención de Instituciones Penitenciarias es
efectuar un traslado progresivo de los reclusos del viejo
penal al nuevo, según se vayan edificando los módulos.
La zona está próxima a las actuales instalaciones
carcelarias, aunque más alejada del núcleo urbano de
Nanclares de la Oca, al otro lado de la N-1. El diputado
Emilio Olabarria recibió con sorpresa y satisfacción el
anuncio de Gallizo: no en vano, se trata de la misma
ubicación que propuso el PNV apenas dos días atrás. «Ha sido
una casualidad», confesó al término de la comparecencia.
«Está hecho trizas»
Tanto Olabarria como Begoña Lasagabaster (EA)
vertieron duras críticas a Gallizo por las «dramáticas»
condiciones de habitabilidad y el «hacinamiento» de las
cárceles vascas que, a su juicio, añaden un «agravante» a
las condenas de los presos. Ambos diputados se centraron
sobre todo en el desvencijado Nanclares. «Está hecho trizas»
resumió Olabarria. «En estas condiciones la resocialización
de los presos es una utopía», añadió el diputado, que
atribuyó en parte a ese deterioro general el «alarmante»
número de suicidios registrados en las últimas fechas.
«Ustedes deben ser los guardianes de la vida y la integridad
física y social de los individuos sujetos a su custodia», le
reprochó Olabarria, que calificó de «problema de Estado» las
deficientes condiciones de las cárceles españolas.
El parlamentario nacionalista propuso la celebración de un
debate monográfico en el seno de la Comsión de Interior para
abordar un problema que, en su opinión, ha alcanzado el
grado de «patología social». La idea fue recogida por
Gallizo, que la consideró «muy interesante», aunque acusó a
los diputados nacionalistas de hacer un discurso «demasiado
demoledor». «Las cárceles están mal, pero están mejor que
hace unos años y nuestros servicios sanitarios son
excelentes».
A preguntas de los grupos, Mercedes Gallizo hizo una
minuciosa exposición de las circunstancias que han
concurrido en los últimos suicidios de presos en Nanclares y
en otros penales, tan detallada que Olabarria la consideró
«más propia de un entomólogo». A su juicio, al margen de las
condiciones «inhabitables» del inmueble, en el penal «pasan
otras cosas», como las denuncias sobre abusos sexuales a
presas o las referidas a la existencia de mafias de
funcionarios. «El 40% de los presos está sometido a
tratamiento psiquiátrico», recordó.
Gallizo, sin embargo, eludió atribuir cualquier relación
causa-efecto entre los suicidios y el mal estado del penal.
«Las personas en prisión son muy vulnerables a la conciencia
del daño causado, al rechazo social, a una visita que no han
recibido, a problemas sentimentales... Sólo durante la
Navidad del año pasado, hubo seis suicidios en distintos
penales».
|
24-03-06
Sólo nueve presos etarras (el 1,8% del total) cumple condena
en cárceles del País Vasco. Según informes confidenciales de
Instituciones Penitenciarias fechados hace apenas quince
días, hay seis reclusos etarras en la cárcel alavesa de
Nanclares de Oca y tres en el penal guipuzcoano de
Nanclares. Otro interno está en Navarra. Todos ellos son
presos con condenas próximas a extinguirse y que han
demostrado un buen comportamiento en prisión. Los 486
restantes están dispersados por el resto de las cárceles
españolas.
Las estadísticas actualizadas del Ministerio del Interior
dan cuenta de la política de dispersión de la población
reclusa etarra: los 495 contabilizados a principios de este
mes estaban distribuidos en 51 de las 66 prisiones
dependientes de la administración central, todas ellas
ubicadas en la península. Los informes subrayan que los
etarras están repartidos por todas las comunidades
autónomas, salvo Cataluña (donde las competencias
penitenciarias están transferidas a la Generalidad), y los
dos archipiélagos.
El establecimiento con mayor población etarra es Soto del
Real-Madrid con 30 internos (la mayoría preventivos). Le
siguen Aranjuez-Madrid (20 presos) Herrera de la
Mancha-Ciudad Real (19), Teixeriro-Coruña (17), Navalcarnero-Madrid
(17), Almería (16), Topas-Salamanca (16), Puerto I-Cádiz
(16), Brieva-Ávila (15), Alcalá-Madrid (15), Albolote-Granada
(14), A Lama-Pontevedra (14) Zuera-Zaragoza (14),
Botafuego-Algeciras (13), Jaén (13), Mansilla-León (13),
Villena-Alicante (11), Monterroso-Lugo (11), Huelva (10) y
Villabona-Asturias (10). El resto de prisiones acoge a menos
de una decena de internos.
En el último año, la política de dispersión no sólo se ha
mantenido sino que se ha intensificado. Frente al actual 1,8
por ciento de internos en el País Vasco, en junio del pasado
año el porcentaje se situaba en más del doble (un 4,4 por
ciento). Entonces había una población reclusa de ETA de 544
reclusos de los que 24 estaban en los penales de Euskadi.
También en Francia continúa activa la política de dispersión
de reclusos de la banda. Las estadística del Ejecutivo
sostienen que en el país vecino estaban encarcelados hace
quince días 155 miembros distribuidos en 30 centros
diferentes de todo el país. Según los datos del Gobierno de
París, tres prisiones congregan más de la mitad de toda la
colonia etarra reclusa en el país vecino: Fleury Merggis
(38), Fresnes (36) y La Sante (16). También hay cinco
reclusos en México, distribuidos entre el Reclusorio
Preventivo Norte y la prisión de Santa Marta.
La suma total de internos asciende a 655. El 75,5% de los
reclusos en cárceles españolas, un 23,6% en Francia y un
0,9% en México.
|
24-03-06
Emilio Olabarria volvió a hacer un repaso de las tenebrosas
condiciones de vida que soportan los presos de Nanclares.
«El problema de las grietas y las obras de infraestructura
es permanente. El frío es insoportable y en los últimos
años, apenas se han acometido reparaciones, salvo el pintado
de algunas celdas o el arreglo de cañerías». Citó
expresamente el módulo 5, donde «las ratas, que pululan a su
antojo, tienen el tamaño de los gatos». «La cárcel no es
regenerable bajo ningún concepto», insistió.
Gallizo aclaró que el problema del intenso frío «no es una
cuestión de la calefacción» sino de «las ventanas que no
cierran, puesto que son de hierro y están oxidadas». Gallizo
anunció, en este sentido, la renovación de las mismas en una
actuación que «no estaba prevista, pero que se va a
desarrollar este año».
La explicación que la directora de Instituciones
Penitenciarias dio a la presencia de roedores en las celdas
fue algo más peculiar. «El entorno en el que se ubican
algunos centros provoca que haya determinados animalitos»,
dijo. Y relató «una anécdota»: «Durante la visita a un
penal, un interno me aseguró que había cucarachas en su
celda. '¿Cómo es posible? Quiero verlas', le dije. No vi
ninguna, pero sí observé que había restos de comida en
cuatro puntos diferentes de la celda. El problema es que hay
gente con pocos hábitos de higiene y determinadas normas de
salubridad no se pueden cumplir».
|
|
|
24-03-06
| La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, anunció hoy en el Congreso que está
estudiando la posible colocación en las prisiones de
detectores de objetos ocultos bajo la ropa, para evitar
así la entrada de droga. |
Se trata de detectores de onda milimétrica, no de
rayos X, como puntualizó Gallizo, que se sumarían a
los detectores de metales ya existentes en los
controles de acceso.
La directora explicó a los
diputados de la comisión de Interior del Congreso
que esos aparatos permiten detectar objetos y
envoltorios ocultos bajo la ropa y que actualmente
se está haciendo un estudio de su coste económico.
Otro mecanismo de control probado
en las prisiones el año pasado fue un analizador de
partículas para la detección de drogas, en este caso
en los internos que hubieran salido a la calle por
un permiso u otros motivos, pero resultó ser de un
coste muy elevado y de relativa fiabilidad,
explicaron a EFE fuentes de Instituciones
Penitenciarias.
Según datos ofrecidos por la
directora, 43 de las 201 muertes registradas en las
prisiones españolas en 2005 fueron por sobredosis,
mientras otras 35 por VIH-SIDA, 33 por suicidios, 4
por accidentes y el resto por causas naturales.
|
|
24-03-06
| CERCA DE 500
TERRORISTAS EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS Sólo nueve
etarras están internados en el País Vasco |
MADRID.-
Son apenas una decena los presos de la organización
terrorista ETA los que están internados en centros
penitenciarios del País Vasco, según estadísticas
elaboradas este mismo mes. En total casi 500
presos de ETA están repartidos por las cárceles
españolas, mientras más de 150 están recluidos en
Francia. En concreto, en la actualidad hay en la
prisión alavesa de Nanclares de la Oca seis presos de la
organización terrorista mientras que en Martutene, son tres
los etarras. En junio de 2005, el número de internos de la
organización terrorista internados en prisiones del País Vasco
ascendía a 24, según las últimas estadísticas oficiales de
Instituciones Penitenciarias.
Según explicaron fuentes carcelarias, si la administración
penitenciaria decidiera modificar la actual política de
dispersión y acercar progresivamente a los presos etarras a
las prisiones vascas se generaría un grave problema
logístico. Durante los últimos meses, casi un
centenar de presos comunes del País Vasco no ha podido ya
acceder a estos recintos y ha tenido que ser enviado a otras
cárceles cercanas a esta comunidad autónoma. La situación de
estas prisiones (de las más antiguas del Estado) requeriría
importantes reformas para poder acoger a todos los internos de
ETA.
La propia directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, admitió ayer en el Congreso
que las condiciones de los centros penitenciarios en el País
Vasco no son óptimas. Es más, reconoció que,
incluso, las condiciones higiénicosanitarias tampoco son las
aconsejables. Ratificó su decisión de cerrar el centro alavés
de Nanclares de la Oca y de abrir una nueva prisión en esa
provincia. En esta cárcel, según los datos de Gallizo,
murieron un total de 15 internos. En lo que va de año, la
cifra se ha situado ya en siete. La directora general de
Prisiones informó, asimismo, de que durante el pasado año el
número de muertos en prisiones ascendió a 201.
Según los datos que obran en poder de este periódico, a día
de ayer, en las cárceles españolas estaban cumpliendo condena
498 presos (preventivos y penados) de ETA en una cincuentena
de prisiones. Hace apenas 24 horas había uno más, que estaba
en prisión preventiva vinculado con el entorno de ETA y que
fue puesto en libertad bajo fianza. Las apuestas internas
entre los funcionarios de prisiones eran si el interno número
500 de ETA sería el líder de Batasuna Arnaldo Otegi.
Prisiones madrileñas
Según los datos oficiales, 155 de estos presos son
preventivos (pendientes de juicio) y otros 343 están ya
cumpliendo condenas; 418 son hombres y 80, mujeres.
Son las prisiones madrileñas las que más miembros de ETA
albergan. Por ejemplo, en el centro de Soto del Real
son 30 los integrantes de la organización que permanecen
encarcelados. Otra de las cárceles madrileñas donde hay más
etarras es Aranjuez (Madrid VI), con una veintena.
Precisamente fue en este centro donde ayer se escenificó de
nuevo la alegría de los presos de ETA tras el anuncio de "alto
el fuego permanente". Estos internos permanecieron toda la
mañana reunidos, en el ala sociocultural de la cárcel,
comentando las noticias que rodean al anuncio etarra,
abrazándose, llamando a sus familiares... exteriorizando
claramente su satisfacción por el anuncio, según explicaron
fuentes penitenciarias.
Ya el pasado miércoles, los episodios de alegría en los
recintos penitenciarios se multiplicaron aunque, según
explicaron fuentes carcelarias, no se puede considerar en
ningún caso que la noticia del alto el fuego provocara
euforia.
Pero los integrantes de la organización terrorista ETA no
se encuentran únicamente en prisiones de España. Un importante
número se encuentra encarcelado en centros penitenciarios de
Francia. En total, son más de 150 los presos de ETA internados
en el país vecino.
Los terroristas están repartidos en una treintena
de cárceles.Pero, el grueso más importante se
encuentra en tres centros: Fleury Merogis, (donde están
internados 37 etarras), Fresnes (con 35 terroristas de ETA) y
La Sante (con 15 presos etarras).
Pero no es Francia el único país junto con España en el que
cumplen condena presos de ETA. Según los datos que obran en
poder de este periódico, hay cinco miembros de esta
organización que están internados en centros penitenciarios
mexicanos. En concreto, hay cuatro en el Reclusorio Preventivo
Norte de México D. F.y un quinto, en la prisión de Santa
Marta, también en al capital de este país americano. |
24-03-06
|
A LOS 183 OBJETOS PUNZANTES DE
PICASSENT LE SIGUEN LOS 101 DE LA CÁRCEL DE VILLENA
El sindicato ACAIP
denunció este viernes que Picassent es la
prisión española donde los funcionarios
intervinieron a los reclusos más objetos de tipo
punzante en el periodo entre marzo y octubre de
2005, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias a los que ha
tenido acceso esta central sindical. Por detrás de la
cárcel valenciana, en la que se localizaron 183
"pinchos carcelarios", se situó la de
Villena, con 101 objetos. Por debajo de esa
cifra se encuentra la prisión de Jaen, con 79 objetos. |
De
acuerdo con el sindicato, el dato de Valencia,
referido a ocho meses, supone un "espectacular
incremento" respecto a las anteriores cifras
facilitadas desde mayo de 2004 a marzo 2005, periodo
en el que se incautaron un total de 148 objetos.
Según Acaip, esto demuestra "el paulatino deterioro
de la situación regimental en el Establecimiento
Penitenciario de Valencia, motivado por la política
aplicada por la Dirección del centro y por la
Dirección General de IIPP".
En el resto de las prisiones de la Comunidad las
cifras fueron 4 objetos en Fontcalent y 14 en
Castellón. Como objeto punzante, según explicó el
sindicato, "se puede entender desde navajas o
cuchillos hasta cualquier tipo de instrumento
fabricado por los internos que, en un momento
determinado, puede ser utilizado como arma, bien
contra otros internos, bien contra los funcionarios
de prisiones".
En el caso de los fabricados por los internos, la
procedencia de los materiales empleados es "muy
diversa" ya que pueden utilizar vierteaguas de
ventanas, varillas de los carros de comida, palos de
escoba, cuchillas de afeitar, bolígrafos o cepillos
de dientes afilados |
24-03-06
El
centro penitenciario Sevilla II ha cursado una
solicitud a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior, a
instancias de la Delegación de Pastoral
Penitenciaria de la Archidiócesis de Sevilla, para
que una decena de reclusos del centro pueda salir
este año por primera vez a ver las procesiones de la
Madrugá sevillana desde la Catedral. Así lo
confirmaron hoy a Europa Press fuentes penitenciarias, que
precisaron que ante la petición de la Pastoral --adelantada
hoy por la prensa local-- se habría podido reservar ya un
sitio en la Catedral para los reclusos y sus acompañantes, sin
que conste a las citadas fuentes que se haga similar en otra
ciudad española.
A su juicio, la iniciativa tendría, de llevarse a
efecto, "un efecto positivo" en los reclusos participantes en
la misma. "Saldría bien, estamos contentos", se subrayó, al
tiempo que se informó de que, en el caso de que se autorice,
los presos permanecerían en el lugar habilitado para ello
hasta que concluyeran las procesiones de la Madrugá |
25/03/2006
El
sindicato Acaip vuelve sobre la situación del
centro penitenciario melillense para asegurar que la
cárcel local está masificada en un 221 por ciento.
También apunta que la población reclusa extranjera
está en retroceso, puesto que entre 2004 y 2005 ha
pasado de 178 a 172, mientras que la cifra de
nacionales se ha incrementando en 9. También apunta
que entre los años 2000 y 2004 se abortaron cuatro
intentos de fuga y se registraron tres muertes en el
centro melillense, una de ellas fruto de una
agresión.
El un nuevo comunicado el sindicato Acaip
expone que entre los años 2000 y 2006 el número de
internos en el Centro Penitenciario de Melilla ha
crecido en tan sólo siete personas, pasando de 316 a
323 personas. También señala que con 146 celdas
funcionales y 323 internos, la tasa de hacinamiento
de Melilla se sitúa en el 221,2%.
Otro dato que añade es que entre los años 2004 y
2005 se redujo en seis el número de internos
extranjeros hasta situarse en 172 personas, mientras
que la cifra de nacionales pasó de 142 a 151
personas, es decir, nueve más.
Según Acaip, casi la totalidad de internos
son hombres, situándose la población femenina en un
3,41%. En relación con su situación procesal o
penal, el 78,6% de la población reclusa está
condenada a penas de prisión y el 21,3% se encuentra
en situación preventiva."Si comparamos los datos de
la población reclusa penada de Melilla respecto de
la media de la población nacional que se sitúa en el
77,19%, vemos que está 1,45 puntos porcentuales por
encima", precisa Acaip.
También apunta el sindicato que el 39,6% de los
internos son reincidentes. Por sexos, nos
encontramos con que las mujeres son reincidentes en
un 88,8% frente al 37% de los hombres. Los datos
ponen de manifiesto que el grado de reincidencia de
los presos de Melilla está casi veinte puntos por
debajo de la media nacional. El 70% de la población
reclusa, 182 presos, se encuentra en situación de
segundo grado de tratamiento y 30 presos están en
tercer grado. No hay población clasificada en primer
grado como sería en el caso de terroristas. Casi
ocho de cada 10 internos penados tienen menos de 40
años. En resumen, hay 69 internos preventivos (66
hombres y 3 mujeres) y 254 penados (246 hombres y 4
mujeres). La población extranjera representa el
52,9% de la población reclusa con 169 internos.
Conflictividad
Un último apartado del informe de Acaip se
refiere a la conflictividad de la prisión de Melilla
en el periodo comprendido entre los años 2000 y
2004. En total se produjeron catorce agresiones a
funcionarios con resultado de lesiones leves, y una
grave, así como 53 amenazas y coacciones muy graves
a funcionarios. También se registraron 251
agresiones entre internos con lesiones leves, una
con lesión grave y otra con lesión muy grave.
Las cifras hablan de que en este periodo se
contabilizaron 130 autolesiones y un fallecimiento
por agresión. Por suicidio no se produjo ninguna
muerte, pero sí que se contabilizaron diez intentos
de suicidio, cuatro intentos de evasión del centro y
dos fallecimientos por muerte natural.
|
25/03/2006
| Los agresores
aprovecharon la subida a las celdas para atacar a golpes
y con un pincho a los lesionados, a los que acusan de
extorsiones en el módulo que alberga a reclusos
reincidentes |
Una
reyerta entre dos grupos de presos en la cárcel de
Fontcalent se saldó ayer con tres heridos, uno de
ellos de arma blanca al ser atacado con un pincho de
fabricación casera. Unas presuntas extorsiones en el
módulo por parte de los tres heridos originaron la
agresión por parte de reclusos que se sienten
extorsionados, según confirmaron fuentes
penitenciarias. El herido de arma blanca fue
evacuado al Hospital General y los otros dos fueron
atendidos de golpes en la enfermería de la prisión,
aunque otras fuentes consultadas indicaron que
también precisaron asistencia hospitalaria.
El altercado se originó ayer a mediodía poco después
de que se produjera una pelea previa en el patio del
módulo 2 de Fontcalent entre dos presos de origen
magrebí. Uno de los implicados acusaba al otro de
extorsionarle y se enzarzaron en una pelea que
concluyó sin lesiones al intervenir los funcionarios
que vigilan el módulo. Ambos reclusos fueron
trasladados a celdas de aislamiento y cuando
finalizó el tiempo de patio ocurrió la reyerta. Los
presos estaban subiendo a las celdas y aprovecharon
que habían aislado a uno de los presuntos
responsables de las extorsiones para atacar a tres
presos magrebíes que pertenecen al mismo grupo del
anterior. Uno de ellos resultó herido en el muslo al
clavarle un pincho fabricado con una pieza de una
cisterna, mientras que los otros dos recibieron
multitud de puñetazos y uno de ellos fue atendido de
un fuerte golpe en un ojo.
El módulo 2 alberga a los presos reincidentes y
multireincidentes y actualmente hay unos 130
reclusos en este departamento de Fontcalent.
La Sección Sindical en Valencia de la Agrupación
de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el
ámbito penitenciario, denunció ayer en un
comunicado que Picassent es la prisión española
donde más «objetos de tipo punzante» se incautaron
en el período marzo-octubre de 2005, con un total de
183 «pinchos carcelarios». En segundo lugar se
encuentra la prisión de Alicante II en Villena,
donde se localizaron 101 objetos, mientras que en
Fontcalent decomisaron 46 pinchos.
|
25/03/2006
| SOBREOCUPACIÓN EN LAS
CÁRCELES GALLEGAS |
El
hacinamiento en las prisiones de la comunidad,
motivo de denuncia en repetidas ocasiones, queda al
descubierto al comparar la capacidad óptima de
ocupación de cada penal con su capacidad operativa,
variable que incluye a todos los presos, incluidos
los de régimen abierto.
Las cifras facilitadas por el Gobierno central
revelan que las cinco cárceles ubicadas en Galicia
tienen sobreocupación, siendo el caso más destacado
el de la prisión de A Lama, en Pontevedra, que
alberga a 542 presos por encima de su capacidad.
Mientras que su ocupación óptima de ocupación
estaría en 1.149 personas, el centro pontevedrés
tiene en sus instalaciones un total de 1.691 presos.
Esta situación de masificación se repite en todas
las prisiones de Galicia. Así, la coruñesa de
Teixeiro cuenta con 386 presos por encima de los que
sería su ocupación óptima. Le sigue Pereiro de
Aguiar, en Ourense, con 168 personas de más; y las
cárceles lucenses de Bonxe y Monterroso, que cuentan
con 116 y 85 presos, respectivamente, por encima de
su capacidad.
Respecto al número de extranjeros internos en los
centros penitenciarios gallegos, esta cifra ascende
a 1.330. De ellos, 464 permanecen en A Lama; 146 en
Bonxe; 286 en Monterroso; 47 en Ourense, y 387 en
Teixeiro.
TRANSFERENCIA
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco
Rodríguez, demandó al Gobierno estatal la
transferencia a la Xunta del sistema penitenciario
gallego, “tal e como fixo co catalán”. Sin embargo,
el Ejecutivo responde a esta petición con una
negativa al afirmar que la política penitenciaria se
considera “de Estado”.
A pesar de reconocer el problema de hacinamiento que
sufren las cárceles gallegas, el Gobierno no prevé
construir nuevos centros en la comunidad, al menos
hasta el año 2012. Así lo recoge el ‘Plan de
Creación y Armonización de Centros Penitenciarios
2006-2012’, aprobado recientemente por el Consejo de
Ministros.
El Ministerio del Interior construirá en este
periodo 15 nuevas cárceles en España, además de
ampliar otras seis, pero Galicia se queda fuera de
estos proyectos. Por ello, al menos en los próximos
siete años no está previsto ampliar el número de
plazas penitenciarias en la comunidad, donde ninguna
de las cárceles será tampoco ampliada ni reformada.
|
25/03/2006
El
sindicato Acaip denunció ayer que en la
prisión de Castelló se han intervenido 14 objetos
punzantes potencialmente peligrosos, una cifra lejos
de la registrada en la de Picassent, la cárcel
española donde los funcionarios intervinieron a los
reclusos más objetos de este tipo en el periodo
entre marzo y octubre de 2005, de acuerdo con
datos oficiales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido
acceso esta central sindical.
Por detrás de la cárcel valenciana, en la que se
localizaron 183 «pinchos carcelarios», se situó la
de Villena, con 101 objetos. Por debajo de esa cifra
se encuentra la prisión de Jaén, con 79 objetos.
De acuerdo con el sindicato, el dato de Valencia,
referido a ocho meses, supone un «espectacular
incremento» respecto a las anteriores cifras
facilitadas desde mayo de 2004 a marzo 2005, periodo
en el que se incautaron un total de 148 objetos.
Según Acaip, esto demuestra «el paulatino
deterioro de la situación regimental en el
Establecimiento Penitenciario de Valencia». |
25/03/2006
cádiz.
El diputado nacional del PP por la provincia de
Cádiz Aurelio Sánchez Ramos criticó ayer a la
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, por declarar que no quiso
destitución de la directora de la prisión de
Botafuegos, Isabel Martínez, para no dar argumentos
a los etarras. Así lo manifestó durante su
comparencia del jueves en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados, donde explicó por qué
no destituyó a la directora tras efectuar unas
declaraciones acerca de la honradez de los presos
etarras.
Sánchez Ramos recordó que uno de los argumentos
usados por Gallizo, y que fueron calificados por él
como peregrinos, fue que el PP pretendía dar una
bofetada al Gobierno en la cara de la funcionaria.
Asimismo, según el dirigente del PP, otro de los
argumentos dados por Gallizo fue que, "si supiera
que la directora no sabe lo que es o representa el
terrorismo, la hubiera cesado porque podría dar una
imagen de que es condescendiente con los
terroristas".
El diputado popular manifestó que "precisamente el
síndrome de Estocolmo y el miedo que le tiene a los
etarras se ponen de manifiesto en las declaraciones
de la directora de Botafuegos", ya que, según
Sánchez, "sin que nadie le pregunte, dice que jamás
ha tenido miedo ni delante del preso más peligroso,
para luego decir que son personas normales, de trato
ameno, muy cultas, muy honradas, de un alto nivel
intelectual y que hasta a veces se puede aprender de
ellos".
Estas declaraciones motivaron la petición de su
destitución, ya que "ignora la presión, imposiciones
y exigencia de la que hacen gala los presos etarras,
lo que la incapacita para dirigir un centro
penitenciario y refleja una falta de autoridad que
se traduce en desconfianza y peligro para los
funcionarios, tal y como ellos denuncian".
Para el dirigente del PP, Gallizo "pretende ignorar
que las denuncias y exigencias de destitución
provienen de todos los sindicatos y sociedad en
general, que no aceptan como normal semejantes
manifestaciones". Recordó que es la máxima
responsable de un centro donde hay 13 etarras,
algunos tan famosos y peligrosos como Kubati y De
Juana Chaos, con 25 asesinatos a sus espaldas.
Sánchez manifestó que, "después de brindar con cava
por cada asesinato, sólo por ella –por la directora
de Botafuegos– pueden ser considerados los etarras
muy honrados y un ejemplo a seguir", concluyó. |
25/03/2006
El
número de presos en las cárceles aragonesas aumentó
un 0,4 por ciento en el último año, al pasar de
2.430 en 2005 a 2.442 en 2006.
El número de presos en cárceles españolas se
incrementó en lo que va de año en catorce
comunidades autónomas, especialmente en Murcia y en
la ciudad autónoma de Ceuta, descendió sólo en
Cantabria y Castilla-La Mancha, y no experimentó
variación en Galicia y Melilla. Según datos
facilitados por el sindicato mayoritario de
funcionarios de prisiones, ACAIP, desde el 1
de enero al 17 de marzo la población reclusa ha
aumentado en España en 1.171 presos, un 1,9 por
ciento.
Por comunidades autónomas, además de los incrementos
de Murcia y Ceuta (10,1 y 10,5 por ciento,
respectivamente), el número de presos aumentó más en
ese periodo en La Rioja (7,7 por ciento) y Navarra
(6 por ciento). Por el contrario, sólo se
registraron descensos en Cantabria, donde la
población reclusa se redujo un 4,4 por ciento; y en
menor medida en Castilla-La Mancha (-0,3 por
ciento).
En términos absolutos, el mayor número de presos se
concentra en Andalucía, donde a 17 de marzo de este
año había 13.300; seguida de Cataluña (8.601) y
Madrid (8.084), mientras que en el extremo contrario
se sitúan Navarra (229) y La Rioja (390), además de
las ciudades autónomas de Ceuta (261) y Melilla
(323).
El siguiente cuadro recoge el número de presos en
cárceles españolas a 31 de diciembre de 2005 y a 17
de marzo de 2006, así como la diferencia absoluta
entre ambos periodos, según los datos de ACAIP.
|
25/03/2006
| El número de presos en
cárceles españolas es de 62.225, según los últimos datos
facilitados por el sindicato mayoritario de funcionarios
de prisiones, ACAIP, que destaca el ingreso en una sola
semana de 148 nuevos presos |
Según
este informe, desde el 1 de enero al 17 de marzo la
población reclusa ha aumentado en 1.171 presos, lo
que supone casi el 70 por ciento del incremento
total de reclusos durante el pasado año.
En los centros gestionados por la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
el aumento ha sido de 877 internos (de 52.747 a
fines de 2005 a 53.624), mientras en Cataluña, que
tiene las competencias transferidas, se ha cifrado
en 294 (de 8.307 a 8.601).
En total, las prisiones españolas
tienen en este último recuento, cerrado el 17 de
marzo, 62.225 internos, un 1,92 por ciento más que a
fines de 2005.
Los datos de ACAIP reflejan
que las cárceles andaluzas han acogido el mayor
número de presos este año, con 381, seguidas de las
catalanas, con 294, y de las madrileñas, con 120
reclusos más. |
26/03/2006
| La mayoría de los
reclusos abonan el fin de la violencia, según un
análisis. Más de 20 etarras están ya en Euskadi, y casi
un centenar en lugares limítrofes |
El
jueves, tan pronto como ETA anunció el alto el fuego
permanente, la administración penitenciaria se puso
manos a la obra. La dirección general de
Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio
del Interior, vigila con especial celo a los presos
etarras para saber cómo han acogido la decisión de
la banda. Los internos favorables al abandono de las
armas tendrán más posibilidades de ser trasladados a
cárceles próximas a Euskadi, según fuentes de
Interior. Los datos recabados en los últimos meses
revelan que una gran mayoría de los reclusos etarras
abonan el fin de la violencia y confían en que sirva
para acelerar su libertad.
Dentro de la población reclusa, los condenados por
terrorismo u otros delitos especialmente violentos
están siempre en el punto de mira de los
funcionarios de Prisiones. La supervisión de los
presos etarras, inscritos en el Fichero de Internos
de Especial Seguimiento (FIES), es constante, pero
se estrecha ante acontecimientos relevantes como
atentados terroristas de gran magnitud o, en este
caso, el cese de la violencia de ETA.
TRASLADO A CARCELES VASCAS El resultado de este
estudio concreto, según Interior, será muy útil si,
como gesto de distensión antes o durante el diálogo
con ETA, el Gobierno decide dar satisfacción a una
de las históricas reivindicaciones de la izquierda
aberzale: el traslado a cárceles vascas de los
presos etarras. Prisiones podrá acercar a Euskadi a
quienes más comprometidos estén con el fin de la
violencia, pero también podrá aislar a los que la
rechacen para que no influyan en el resto.
La política de dispersión de los presos etarras se
ha flexibilizado en los últimos años, hasta el punto
de que, desde la tregua de ETA de 1999, ninguno de
ellos está recluido fuera de la península. En señal
de buena voluntad, José María Aznar acercó a los
etarras que estaban internos en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla, y desde entonces ningún otro
miembro de ETA ha ocupado esos centros
penitenciarios.
De hecho, una veintena de etarras ya están
encarcelados en las prisiones vascas --Basauri,
Nanclares y Martutene-- por razones humanitarias, y
hay otro centenar en las comunidades limítrofes de
Castilla y León, Asturias, Navarra y La Rioja.
|
26/03/2006
La
llegada de la delincuencia internacional a España es
especialmente palpable en las prisiones. Según los
datos facilitados por Instituciones Penitenciarias,
un 30% de los reclusos es extranjero. A principios
de este año, más de 18.000 internos de las cárceles
habían nacido en otro país sobre un total de
internos que supera los 61.000 (ver recuadro).
La escalada de las cifras es paralela a la
implantación de la delincuencia organizada en España
y registró un incremento notable durante el año
pasado, pues, según un estudio del sindicato de
prisiones Acaip, el 78% de los presos que
ingresó en las cárceles españolas durante el 2005
tenía otras nacionalidades. Explican los autores del
detallado estudio que la creciente presencia de
extranjeros en los penales está estrechamente
relacionada con la actitud de los jueces, que
aplican con más rigor la prisión preventiva con
quienes han nacido fuera de nuestras fronteras
alegando la incertidumbre de si se presentarán o no
al juicio. Entre los presos nacionales, los
preventivos suponen el 22% del total, mientras que
entre los no españoles el porcentaje asciende al
40%.
Pero más allá de los números, lo que denuncian los
funcionarios de prisiones es la existencia de un
reducido grupo de delincuentes internacionales muy
peligrosos a los que creen que debería vigilarse más
de cerca. Individuos de los que se sospecha que
siguen dirigiendo sus organizaciones criminales
desde dentro del penal. Precisamente, el cabecilla
de la red rumana recién desarticulada por toda
España en la operación Braila estaba ingresado
pendiente de que sus subordinados reuniesen el
dinero de su fianza. Lo que no parecía obstáculopara
seguir dirigiendo a sus hombres.
Aunque en teoría está prohibido tener teléfonos
móviles en el interior de las cárceles e incluso se
instalaron en la mayoría de los penales inhibidores
para impedir su funcionamiento, son frecuentes las
inspecciones de celdas donde se descubren teléfonos
celulares. Yno parece razonable pensar que los
tienen para jugar utilizándolos a modo de
videoconsola.
Los vigilantes de las prisiones también llaman la
atención sobre otro fenómeno difícil de entender: la
situación en que quedan los delincuentes extranjeros
cuando salen de prisión. "No se les expulsa a su
país, pero tampoco se les documenta, porque tienen
antecedentes penales y eso les inhabilita para
solicitar un permiso de residencia. Así, recién
salidos a la calle, se les vuelve a condenar a la
clandestinidad y al retorno a la delincuencia",
expone un portavoz del sindicato Acaip.
Sobre el fenómeno del crecimiento de la población
reclusa extranjera, el sindicato tiene muy claro que
existe un peculiar efecto llamada. En los últimos
cinco años han ingresado casi 1.000 rumanos en los
penales españoles, la mayoría de ellos con
antecedentes en su país, de lo que cabe suponer que
han llegado alentados por los comentarios de sus
compatriotas sobre la situación en el otro extremo
del continente. La ´prosperidad´ del delincuente
Vicente Garrido, profesor de Criminología de la
Universitat de València, explica que hay varias
razones que pueden explicar de forma razonable ese
crecimiento tan acusado de extranjeros dentro de las
prisiones en los últimos cinco años. El primero es
el incremento proporcional de la población
inmigrante en el mismo periodo. El segundo, que
España ha sido considerada como objetivo preferente
por las mafias procedentes del este de Europa. A
ello ha contribuido la saturación de delincuentes en
sus países y la existencia de un Código Penal
español que Garrido califica como "moderado". La
tercera razón ha sido la prosperidad de algunos
criminales llegados a estas latitudes hace algunos
años, ejerciendo un efecto de arrastre muy
característico de las migraciones convencionales. El
cuarto motivo que halla Garrido para explicar el
fenómeno es la progresiva especialización de la
policía, que cada vez conoce mejor el comportamiento
de la criminalidad organizada y va ganando
eficiencia en su lucha. Por último, el criminólogo
alude a la situación de inestabilidad que han vivido
muchos inmigrantes llegados en estos últimos años.
"La lejanía de sus culturas y la ausencia de la
presión familiar ha hecho posible que muchos hayan
caído en la delincuencia cuando si hubieran seguido
en sus países seguramente no lo habrían hecho",
reflexiona el experto.
Los funcionarios no creen que los extranjeros
incorporen más problemas que los nacionales a las
aglomeradas prisiones españolas, más allá de los
derivados de la adaptación inicial. Sin embargo, no
dudan en destacar la situación de algunas prisiones
donde los foráneos son abrumadora mayoría. Como en
el penal de La Moraleja-Dueñas, en Palencia, donde
los delincuentes de otros países suponen el 77,5% de
los internos. O Monterroso, en Lugo, donde son el
65,7%. Curiosamente, ambos casos se dan en prisiones
ubicadas en provincias donde la población inmigrante
es significativamente baja.
La estadística recopilada por los funcionarios
muestra también que uno de cada cuatro extranjeros
en prisión tiene un pasaporte marroquí y que el 11%
es colombiano. No parece casual que ambos países
sean, respectivamente, principal punto de origen del
planeta de hachís y de cocaína. Sin embargo, el
incremento más acentuado en el último año ha sido,
ahora que tanto se habla de Mauritania y sus
piraguas, de los nacionales de ese país africano. En
el 2004 sólo había 36 internos originarios de ese
Estado en las prisiones españolas y hace dos meses
eran ya 327.
Los argumentos expuestos por funcionarios y expertos
no pueden sino prever una evolución que siga la
misma tendencia ascendente. El Gobierno ya ha puesto
en marcha un plan de construcción de prisiones
orientado a ampliar la capacidad de la red
penitenciaria y mejorar la capacidad de plazas en
los centros de reinserción social.
Pero dentro y fuera del Gobierno son muchos los que
se preguntan si es la edificación de más cárceles la
mejor forma de resocializar a los delincuentes, sean
éstos nacionales o extranjeros, y cuál es el límite
que puede aguantar el sistema carcelario y la
sociedad española.
|
|
Un
preso golpea con una silla en la cabeza a un
funcionario en la prisión de Málaga |
26/03/2006
El agresor es un
inglés condenado por homicidio y protagonista de
numerosos altercados en prisión, que atacó al trabajador
cuando lo estaban medicando
|
Un
preso golpeó con una silla en la cabeza a un
funcionario de vigilancia del módulo de aislamiento
de la prisión de Alhaurín de la Torre el pasado
viernes causándole heridas leves al trabajador.
El incidente ocurrió a última hora de la tarde en el
módulo de aislamiento, el número 7, cuando varios
funcionarios administraban su medicación al recluso
y éste, repentinamente, reaccionó de forma agresiva
contra el funcionario. Inmediatamente, el interno
fue reducido y aislado de nuevo y el funcionario
trasladado al Hospital Clínico Universitario.
El herido fue sometido a diferentes pruebas de rayos
x y scánner, sin que dieran resultado negativo. El
golpetazo no causó lesiones graves, sólo un
hematoma, al funcionario que no recibió puntos de
sutura, según fuentes de la prisión de Alhaurín de
la Torre. Durante su estancia en el hospital, el
trabajador estuvo acompañado por familiares y por un
grupo de 13 compañeros, además del director del
centro, Ángel Herbella. A la una de la madrugada,
los médicos dieron el alta al lesionado.
Conflictivo y peligroso. El presunto agresor es el
interno D.G.R, un británico condenado por homicidio
y con dos juicios pendientes, uno por tentativa de
homicidio y otro por lesiones. El recluso está
catalogado de "conflictivo y peligroso" por diversos
altercados con funcionarios y presos en Málaga y en
otras prisiones, según las fuentes consultadas.
Anteriormente estaba en la prisión de Alhaurín de la
Torre y tras uno de esos incidentes fue conducido a
la de Córdoba, pero esta semana regresó de nuevo a
Málaga para asistir a uno de sus juicios. El centro
penitenciario tenía previsto ordenar su traslado de
nuevo a Córdoba el 29 de marzo, pero gestionó ayer
con la Guardia Civil una conducción al presidio
cordobés ayer tarde.
|
26-03-06
| DENUNCIA DE ACAIP
Los reclusos fabrican las armas con vierteaguas de
ventanas, bolígrafos, cuchillas o cepillos de dientes |
Los
funcionarios de la prisión de Valencia intervinieron
183 «pinchos carcelarios» en los ocho meses que van
de marzo a octubre de 2005, 35 más que en los ocho
meses anteriores. Así lo aseguró ayer la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato
que atribuye este aumento al «paulatino deterioro de
la situación regimental de la prisión de Valencia».
Según los datos de Acaip, la cárcel de Picassent
está a la cabeza de España en intervenciones de
pinchos carcelarios. La segunda, curiosamente, es
Villena, con 101 objetos incautados, mientras que
Alicante y Castelló ocupan puestos intermedios con
46 y 14 intervenciones respectivamente.
Los denominados pinchos carcelarios «son
instrumentos fabricados
por los internos que en un momento determinado
pueden ser utilizados como arma, bien contra otros
internos, bien contra los funcionarios de
prisiones», recuerda Acaip «La procedencia de
los materiales empleados es muy diversa -añaden-.
Así, nos encontramos con vierteaguas de ventanas,
varillas de los carros de comida, palos de escoba,
cuchillas de afeitar, bolígrafos, cepillos de
dientes afilados, etc.».
Su fabricación, por tanto, representa un peligro
para la seguridad de la prisión.
Precisamente, el sindicato asegura que el incremento
de estos objetos «viene a poner de manifiesto el
paulatino deterioro de la situación regimental en el
establecimiento penitenciario de Valencia, motivado
-añaden- por la política aplicada por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias».
Después de las prisiones valencianas, las más
afectadas por este problema son las de Jaén y
Córdoba, en las que se han intervenido 79 y 74
objetos punzantes respectivamente. Por contra, en la
prisión de Logroño no se ha encontrado ninguno en
estos ocho meses. |
|
|
26-03-06
| El
número de presos en cárceles españolas se incrementó en
lo que va de año en catorce comunidades autónomas,
especialmente en Murcia y en la ciudad autónoma de
Ceuta, descendió sólo en Cantabria y Castilla-La Mancha,
y no experimentó variación en Galicia y Melilla. |
Según
datos facilitados por el sindicato mayoritario de
funcionarios de prisiones, ACAIP, desde el 1
de enero al 17 de marzo la población reclusa ha
aumentado en España en 1.171 presos, un 1,9 por
ciento.
Por comunidades autónomas, además
de los incrementos de Murcia y Ceuta (10,1 y 10,5
por ciento, respectivamente), el número de presos
aumentó más en ese periodo en La Rioja (7,7 por
ciento) y Navarra (6 por ciento).
Por el contrario, sólo se
registraron descensos en Cantabria, donde la
población reclusa se redujo un 4,4 por ciento; y en
menor medida en Castilla-La Mancha (-0,3 por
ciento).
En términos absolutos, el mayor
número de presos se concentra en Andalucía, donde a
17 de marzo de este año había 13.300; seguida de
Cataluña (8.601) y Madrid (8.084), mientras que en
el extremo contrario se sitúan Navarra (229) y La
Rioja (390), además de las ciudades autónomas de
Ceuta (261) y Melilla (323).
El siguiente cuadro recoge, por
comunidades autónomas, el número de presos en
cárceles españolas a 31 de diciembre de 2005 y a 17
de marzo de 2006, así como la diferencia absoluta
entre ambos periodos, según los datos de ACAIP |
|
26-03-06
La
organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
calcula que cerca de 60.000 conductores irían a la
cárcel cada año por incumplir los límites de
velocidad y alcoholemia propuestos por la DGT en la
reforma del Código Penal.
La DGT formuló en el 2004 (último dato facilitado)
2.568.428 denuncias en las carreteras españoles, excepto en el
País Vasco y Cataluña. De ellas, un 25% eran por exceso de
velocidad, un 3% por alcoholemia y un 8% por infracciones
relativas al permiso de conducir. En cuanto a los conductores
que se excedieron en los límites de velocidad, 12.840
superaron los 60 kilómetros por hora, lo que supondría un
delito de prisión. Además, 23.121 automovilistas sobrepasaron
en un gramo la tasa de alcohol y 23.021 fueron sorprendidos
conduciendo con el carnet suspendido o retirado, por lo
también tendrían pena de cárcel.
En el 2005 se registraron en Extremadura 90 accidentes con
víctimas, en los que murieron 97 personas, 48 menos que en el
2004.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, cree que
6.000 conductores perderán al año el carnet en España con el
nuevo permiso. |