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 Los
reclusos de Alhaurín llevan una semana con sólo una hora de agua al
día
La
seguridad de la cárcel de Topas en entredicho por un vídeo en
internet
Detenido
por seis robos con violencia estando de permiso penitenciario.
Detenido
en Torremolinos el preso fugado del hospital de Lugo en agosto
Jaén.-
El director de la cárcel atribuye la sobreocupación al arraigo
familiar
Las
Palmas 2: Los funcionarios denuncian una agresión en la prisión de
Juan Grande
Doble
castigo por incumplir una pena de trabajos sociales
Condenada
por llevar droga a su marido preso
La
cárcel de Archidona abrirá en 2013 con mil celdas
Cinco
años y medio de prisión para dos internos de El Dueso que agredieron
a un funcionario
Medio
millar de reclusos repartidos en 52 cárceles
Varios
funcionarios sancionados de Puerto III salvan a los internos de un
incendio
Funcionarios
de prisiones insisten en la masificación de las cárceles
Un
trabajador de la cárcel de Topas (Salamanca) recibirá el lunes la
Medalla al Mérito Penitenciario
La
cárcel suprime por primera vez en su historia las celdas de 4 presos
Los
sindicatos no asisten a los actos de la Merced
Los
reclusos de A Lama y Teixeiro exceden en un 64% y un 42% la
capacidad prevista
Arrestan
a un preso de Murcia acusado de violar a mujeres en sus permisos
Gallizo
descarta más traslados de presos de ETA a la nueva cárcel de Álava
Un
preso sufre quemaduras al prender el colchón de una celda de
aislamiento
El
traslado de internos de Nanclares a Zaballa se completará antes de
que concluya el año
Acaip
y CSIF no acudirán a la fiesta de Prisiones por la falta de
plantilla y el hacinamiento
Seis
años para un preso por poseer 0,17 gramos de heroína
Cuatro
sindicatos reclamarán la dimisión del director de la cárcel
Acaip
no asistirá este viernes a la fiesta de Prisiones en el Centro
Penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real)
Batalla
por los presos de ETA
El
corredor de la vida
Madrid
pondrá condiciones a la cesión de la cárcel de Nanclares al
municipio
Archidona.-
La cárcel extiende sus muros
El
Gobierno asegura que nunca dejará que Bildu visite a los presos de
ETA
Instituciones
Penitenciarias reconoce que entra droga en la prisión
La
nueva cárcel de Archidona, para finales del próximo año
Un
intento de fuga casi de película
Dos
presos tratan de fugarse de la cárcel
La
cárcel de Picassent registra hasta 460 accidentes graves o muy
graves en tres meses, según Acaip
Veinte
meses más de prisión por participar en un duelo
Gallizo
dice que habrá que esperar a un informe completo sobre la muerte de
un interno en Morón
Fallece
un preso tras una sobredosis de metadona vendida por dos reclusos
León
acoge el XIV Torneo de Fútbol Sala para Funcionarios de Prisiones
Arrestado
al tratar de introducir metadona en la prisión de Almería
La
nueva cárcel se abrirá a principios de 2012, según Mercedes Gallizo
Burgos.-
Interior no ampliará la prisión
Dos
presos etarras agreden a un marroquí porque les molestaban sus
ruidos
Instituciones
Penitenciarias defiende la correcta actuación de la cárcel con el
preso quemado
Huelva.-
El preso que ha sufrido lesiones en la prisión tiene el 28% del
cuerpo quemado
Un
certamen de relatos homenajea a Conrada Muñoz, asesinada por ETA
mediante una carta-bomba
Acaip
denuncia que una plaga de cucarachas obliga a desalojar un módulo de
la cárcel de Picassent
Abortan
un motín en la cárcel de Morón
Exigen
más funcionarios y mejor seguridad en la cárcel de Morón
La
Guardia Civil traslada a la prisión de Topas a un interno del Centro
de Inserción Social
Los
cabecillas del terrorismo islamista comparten cárcel con los jefes
etarras
Subdelegación
atribuye los últimos incidentes en la cárcel de Granada a hechos
aislados
Acaip
denuncia una alta tasa de conflictividad en la cárcel de Albolote
tras producirse tres incidentes
Los
cuatro concellos con cárceles exigen a Madrid compensaciones
económicas
Acaip
dice que el trato discriminatorio hacia la cárcel de Valencia pone
en peligro la seguridad de los trabajadores
León
no tiene proyecto para otra cárcel y Mansilla está al 128% de su
capacidad
El
Gobierno apuesta por acercar los presos a las cárceles del País
Vasco
Los
etarras ‘premiados’ por Interior en Nanclares acumulan 5.511 años de
condena
Madrid.-
Desciende un 11,6 el volumen de presos
La
cárcel de Zaballa abrirá sus celdas en la segunda quincena de
septiembre
Detenido
un preso huido en un permiso tras 4 atracos y un intento de
homicidio
Jaén.-
Funcionarios cogen a 21 presos con pinchos hechos para matar
El
número de reclusos fugados de la prisión de A Lama tras un permiso
creció en un año un 53%
Ceuta.-
La sanción a un funcionario de prisión y la caja de los truenos
El
PP quiere que Chaves explique si recortará más el salario a los
funcionarios
Ceuta.-
Derriba en parte la puerta de la prisión al golpear varias veces con
el automóvil
España
tiene casi 700 terroristas presos en sus cárceles
El
etarra Carrera, condenado por la muerte de Buesa, trasladado a
Nanclares
El
sueldo de los funcionarios, congelado en 2012 por la prórroga
presupuestaria
Bildu
se gasta el presupuesto de sus ayuntamientos en pagar a los etarras
La
prisión de Campos del Río alberga ya a 600 presos y recibirá a otros
200 este año
Menorca.-
Llegan los primeros presos
Las
cárceles de la Comunitat cuentan con 7.766 presos, el 50,74% de los
cuales son reincidentes
Almeria.-
Los sindicatos amenazan con paralizar las obras si no hay más
personal
Denuncian
la nefasta política penitenciaria en PUERTO III
Los
sindicatos de Puerto 2 inciden en la necesidad de personal
Un
preso se fuga de Puerto II por una zona del tejado sin cámara ni
alambres
Un
preso se fuga de Puerto II por una zona del tejado sin cámara ni
alambres
Hacia
una política penitenciaria de reinserción social
Los
funcionarios no tenían información que alertara de un ataque mortal
Detenido
un preso por violar a siete prostitutas en sus permisos
Acaip
denuncia que Puerto 3 sufre un ingreso constante de internos
peligrosos
Acaip
denuncia que el Centro de Inserción Social de Picassent está al
borde del colapso
Funcionarios
de Villabona detectan menos conflictos
Un
preso mata a otro en el módulo de aislamiento de Puerto 3
Acaip
denuncia la «sobreocupación» de una prisión que acoge a 320 internos
Las
fugas de reos de A Lama tras un permiso aumentan al registrarse 86
casos en un año
Casi
800 presos se fugaron en la última década tras lograr un permiso
Dos
presos de Zuera se culpan mutuamente de introducir heroína en la
cárcel
Comienza
construcción nueva cárcel en Ceuta sobre 23.4 hectáreas de terreno
Albacete.-
Acaip denuncia un «alarmante déficit de seguridad»
Zamora.-
Instituciones Penitenciarias deja en manos de Hacienda el uso de la
prisión
Melilla.-
El número de internos en el Centro Penitenciario duplica su
capacidad
Rentería
libre el día que la Policía prueba que retuvo a Ortega Lara
El
centro penitenciario de Menorca, que tendrá capacidad para 210
presos, se inaugurará en agosto
La
cárcel de Las Palmas II acogerá a los primeros internos a principios
del mes de agosto
Prisiones
guarda reserva sobre un programa de mediación penal para presos ETA
La
primera fase del nuevo Centro de Inserción Social estará a final de
año
El
Defensor sitúa a La Torrecica entre las prisiones más saturadas
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Acaip
- Noticias de prensa
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22/07/11 |
Un informe para prevenir la
tortura dice que en la prisión albaceteña hay hasta cinco
presos por celda
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 El
Defensor del Pueblo a nivel nacional advierte, en
su informe de 2010 sobre el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, que el centro
penitenciario de La Torrecica, en Albacete, es el
que cuenta con un problema más grave de
sobreocupación de los más de veinte centros
visitados para realizar el citado informe.
Así, advierte que «se debe insistir en el grave
problema de sobreocupación que se observa en
muchos centros penitenciarios españoles, que
supone un incumplimiento casi generalizado del
mandato legal del llamado principio celular, de un
preso por celda».
En el informe, desde la Defensoría del Pueblo se
denuncia que, salvo contadas excepciones, «las
celdas están duplicadas, triplicadas,
cuadruplicadas, como en los casos de Alcázar de
San Juan, Morón de la Frontera, Piccasent y Soria;
o incluso quintuplicadas, como en Albacete».
En el informe se pone de manifiesto que la prisión
de nuestra ciudad es la que registra los problemas
de sobreocupación más agudos de entre los centros
penitenciarios que se visitaron durante el año
2010 para elaborar este documento.
En el mismo sentido, advierten «de la necesidad de
dotar adecuadamente de funcionarios las plantillas
de los centros para evitar que las consecuencias
de la alta ocupación de las prisiones se agrave
por la falta de personal para las necesidades
reales de vigilancia y atención de los reclusos».
Detalla, además, que «en el curso de las visitas
realizadas, se ha observado que en aquellas celdas
ocupadas por varios internos resulta más difícil
mantener unas adecuadas condiciones higiénicas».
Sobre las deficiencias en centros, el documento
también hace referencia a la cárcel de Albacete en
materia de camas libres en el módulo de
Enfermería. Así, detalla que en los centros más
modernos las enfermerías poseen instalaciones
equiparables a cualquier instalación sanitaria
pública y están bien equipadas médicamente, si
bien los antiguos presentan «una situación
heterogénea, aunque mayoritariamente responden a
los requerimientos mínimos en este ámbito».
Apunta, eso sí, que existen en esa respuesta a los
requerimientos mínimos las excepciones de las
prisiones de Albacete y Alicante «donde es
frecuente que, debido a la falta de camas libres,
algunos internos enfermos deban acudir a los
módulos a dormir y el resto de día lo pasen en la
Enfermería».
Ventilación de las celdas
Respecto a la ventilación de las celdas en los
centros penitenciarios, el informe hace referencia
a que esta ventilación puede considerarse, por lo
general, adecuada, al contar con ventas que se
pueden abrir. Detalla que la presencia de planchas
de chapa perforada en las ventanas de algunas
celdas en ciertos centros por motivos de seguridad
«es actualmente excepcional». El informe apunta
que en los centros de Albacete y Alicante «se
informó de que está pendiente buscar una solución
técnica para su retirada definitiva».
Como aspectos positivos que se han podido
comprobar en la visita a los distintos centros
penitenciarios, el informe apunta hechos como que
existen diversos programas para el tratamiento de
toxicomanías, dirigidos por la propia
Administración penitenciaria o por entidades sin
ánimo de lucro.
También señala que, actualmente, la mayor parte de
estos centros penitenciarios disponen de un
catálogo de programas de tratamientos
especializados dirigidos a la reeducación y
reinserción social del condenado, de carácter
voluntario. No obstante, el informe precisa que
«resulta preocupante que algunos centros no puedan
ofrecer estas actividades a todos los internos que
acogen por la falta de personal especializado» y
recomienda que se dote de recursos a estos
programas.
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Cuando
el anterior Gobierno central proyectó el primer
Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez, lo hizo
basándose en unas previsiones que el tiempo no ha
tardado en demostrar que se quedaron cortas. Al
parecer, no tuvo en cuenta la demanda de internos
en régimen abierto que tenía la antigua prisión de
Jerez, que ya era de 82 personas en aquel momento.
Sin embargo, el CIS que se construyó entonces
tenía una capacidad para solo 67 personas.
Por ese motivo se intentó organizar la población
reclusa que cumple el tercer grado,
compatibilizando los internos que solo van allí a
dormir con los que pasan los fines de semana. Pero
aún así se hacia necesario más espacio. Y más
todavía tras la apertura de la prisión de Puerto
III, que ha derivado en un mayor número de
población reclusa en esta zona y, en
consecuencias, un aumento de personas cumpliendo
el tercer grado.
Esa falta de espacio es la que hizo, de hecho, que
el actual Gobierno central planteara la necesidad
de hacer un segundo centro. Y para ello
Instituciones Penitenciaria compró al Ayuntamiento
de Jerez 1.200 metros cuadrados de terreno junto
al actual CIS, a pie de la N-IV antes de llegar al
aeropuerto.
La primera fase del nuevo edificio estará
operativa a finales de este mismos año. Contará
con 7.374 metros cuadrados anexos al actual Centro
de Inserción Social. Dispondrá de 153
habitaciones, que, sumadas a las que tiene el CIS
actual, elevarán la oferta total a 186.
También prevé una zona de servicios sociales
externos que contará con biblioteca, aulas de
formación, de reciclaje, talleres productivos...
De esta forma, el tiempo que interno pase allí
podrá completar una formación que le facilite su
integración en la sociedad una vez cumplido su
tiempo de condena.
El presupuesto del proyecto supera los 5,5
millones de euros y la previsión es que entre 35 y
40 funcionarios trabajen allí una vez que abra sus
puertas.
Cabe reseñar que los centros de inserción social
representa la última fase del cumplimiento de la
pena de un interno. El objetivo es que los
condenados aprendan a llevar una vida digna y
respetuosa con los derechos de los demás,
facilitándole la inserción social y laboral. Con
la construcción de este nuevo CIS, por tanto, se
está facilitando a un mayor número de internos el
cumplimiento de los trabajos en beneficio de la
colectividad y especialmente a cumplir su régimen
abierto en un establecimiento con una dinámica
funcional propia y, sobre todo, muy distinta a la
de los centros penitenciarios convencionales.
Los trabajos
Precisamente, la obra del CIS de Jerez fue noticia
la semana pasada gracias a CC OO, que, a través de
su Sindicato Provincial de Construcción, Madera y
Afines, aseguró que denunciará ante la Inspección
Provincial de Trabajo a aquellas empresas que
incumplan la jornada de verano de la construcción,
establecida en el Convenio Provincial del sector
entre el 1 de julio y el 31 de agosto, de siete
horas diarias de lunes a jueves y cinco los
viernes de manera continua. El objetivo, evitar
las horas de más calor en un oficio que requiere
de un gran esfuerzo físico en las horas en las que
más pega el sol.
Según señalaron los representantes sindicales,
existen empresas en la provincia que «presionan a
sus trabajadores, bajo amenaza de despido, para
que realicen la jornada completa y también hay
otras que incluso obligan a sus empleados -con
idéntica amenaza- a firmar un documento por el que
aceptan de manera «voluntaria» la jornada completa
para así evitar la sanción de la Inspección de
Trabajo». Y cita como ejemplo las obras de
ampliación del Centro de Inserción Social (CIS) de
Jerez.
Por ello, este sindicato asegura que, además de
denunciar ante la Inspección de Trabajo todos
estos incumplimientos, está dispuesto «a acudir a
la Fiscalía, en caso de que se produzca algún
accidente grave, a personarse como parte».
Comisiones Obreras afirma que conoce estas
prácticas por denuncias que les han trasladado los
propios trabajadores y recuerda que la jornada de
verano para la construcción «es una medida de
salud laboral de carácter preventivo para evitar y
atajar cualquier riesgo que pueda sufrir el
trabajador si continúan en el tajo con las altas
temperaturas propias del verano». «Los temidos
golpes de calor han costado la vida a más de un
trabajador de nuestro sector», apostilla.
El Sindicato Provincial de Construcción, Madera y
Afines también denuncia que estos incumplimientos
de la jornada de verano en la construcción se han
detectado en obras de administraciones públicas
que están en ejecución, como la ampliación del
Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez, que
desarrolla la UTE Magenta-Estracos-Arcoex y que
cuyo titular es el Ministerio del Interior, o los
trabajos que desarrolla actualmente la empresa
Sacyr en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María.
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Mantenemos reserva sobre esos temas", se han
limitado a decir a Efe fuentes de Prisiones, que no
han querido confirmar ni desmentir la existencia de
ese programa en el que, según ha informado hoy la
cadena SER, estarían participando una decena de
presos etarras que ya se han desvinculado de la
banda terrorista. Dicha información destaca que
entre los participantes en el programa de mediación
penal para presos etarras se encuentra Idoia López,
alias "La Tigresa", considerada una de las
terroristas más sanguinarias de la historia de ETA,
y que el pasado verano fue trasladada desde la
prisión de A Lama (Pontevedra) a Nanclares.
"La Tigresa" está implicada en 23 asesinatos,
entre ellos los de los 12 guardias civiles muertos
en 1986 en la plaza de la República Dominicana de
Madrid y por los que fue condenada a 1.572 años de
cárcel, y llegó a Nanclares después de que firmara
un escrito en el que se desmarcaba de la
organización terrorista.
Fuentes de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo (FVT) han señalado hoy a Efe que no les
consta que ningún preso etarra haya pedido perdón a
miembros de esta asociación y que, en todo caso, los
colectivos de víctimas de terrorismo ya expresaron
su postura conjunta al respecto en el "Documento de
la Justicia de las víctimas".
Dicho texto está en contra de reducir a
actuaciones en el ámbito privado las exigencias a
los terroristas que estén dispuestos a romper con la
organización terrorista ETA.
"Escribir una petición de perdón, escribir el
reconocimiento del daño personal causado o el pago
de indemnizaciones pendientes no es suficiente,
porque los asesinatos perpetrados por ETA para la
consecución de su proyecto político poseen, además,
una dimensión pública innegable", dice el documento.
Además, las víctimas creen que la historia de
terror de ETA no tiene ninguna legitimación posible,
debe ser condenada y esa condena "debe ser exigida,
mayoritariamente de forma pública, como pública es
la estrategia terrorista".
"Tal condena debe ser exigida como uno de los
mínimos, sin cuyo cumplimiento no es posible ni
reinserción particular alguna, ni participación
alguna en el juego democrático. El mínimo, el primer
límite, está en la condena de la historia de terror
de ETA", añade el texto |
La nueva cárcel Las Palmas II, ubicada en San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), acogerá a los
primeros internos a principios del mes de agosto,
después de que haya quedado inaugurado por la
secretaria de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo.
El centro, que ha tenido un coste de 114 millones de
euros, está compuesto por unas 1.194 celdas
distribuidas en 16 módulos residenciales, uno de
régimen cerrado, otro de ingresos, salidas y
tránsitos, así como otro de enfermería. La mayoría
de las celdas están equipadas para dos personas,
según informó la Delegación del Gobierno en nota de
prensa.
Además acogerá a todas las mujeres que actualmente
se encuentran en la prisión del Salto del Negro, en
Las Palmas de Gran Canaria, según informó la Cadena
Ser y recogió Europa Press.
En cuanto a las instalaciones dispondrá de una
cocina, panadería, lavandería, aulas, biblioteca,
polideportivo, talleres y un edificio para
comunicaciones de internos con familiares o abogados
Además, cuenta con algunas novedades respecto a otros centros
penitenciarios similares, tales como que las celdas
son de casi 13 metros cuadrados, en lugar de los
diez de otros centros y se han construido talleres
formativos de cocina y jardinería para los internos.
Asimismo, se han sustituido las luminarias
tradicionales de las celdas por leds, lo que supone
ahorro energético y un bajo coste en mantenimiento.
El centro penitenciario Las Palmas II está
concebido como una pequeña ciudad en la que hay
diferentes edificios destinados a dar cumplimiento a
las necesidades de las personas allí internadas para
favorecer su reinserción social a la vez que se
garantiza su custodia.
Así, en los módulos se encuentran las celdas y
otros espacios en los que se desarrolla la vida
habitual de los internos. Además, están divididos en
dos plantas y cada uno de ellos cuenta con un patio
propio; mientras que en la baja se encuentra la sala
de estar, el comedor, un economato, la consulta
médica, un taller ocupacional, un pequeño gimnasio,
aulas y peluquería.
La planta primera y segunda tienen 36 celdas por
planta equipadas para dos personas. También cuatro
de los 16 módulos residenciales son polivalentes,
con 18 celdas por planta, lo que contribuye a una
"adecuada clasificación de los internos, mayor
seguridad y mejor desarrollo de los programas de
tratamiento".
ZONAS DEPORTIVAS Y DE OCIO
En cuanto a las zonas deportivas y de ocio con
las que cuenta, dispone de aulas para la formación
de los internos, biblioteca, auditorio y diversas
instalaciones para la práctica de diferentes
deportes.
Por otro lado, también cuenta con un edificio de
enfermería de 64 camas y diversas consultas para
atención especializada como odontología,
traumatología y radiología, así como instalaciones
necesarias para telediagnóstico y telemedicina,
mejorando de esta forma la asistencia a los internos
y reducir el número de traslados a centros
hospitalarios.
Otra de las novedades, es que la prisión Las
Palmas II se convierte en el primer centro que
cuenta con talleres formativos propios y para ello
se ha habilitado un espacio específico para
desarrollar talleres de cocina y jardinería, tanto
en su parte teórica como práctica, entre otros.
En cuanto al mobiliario del centro ha sido
realizado por internos que trabajan en talleres
productivos de otros centros penitenciarios. Por
ello, se persigue que en estas instalaciones
trabajen internos del centro penitenciario.
Otra de las zonas de las que dispone la prisión
Las Palmas II es una específica para que los
internos reciban visitas de familiares y abogados.
En el edificio de comunicaciones, se ubican 40
locutorios con cabida para tres personas en cada
uno de ellos, 22 salas para comunicaciones
familiares, otras tantas para visitas íntimas y un
espacio para efectuar ruedas de reconocimiento.
ANDRÉS SÁNCHEZ, NUEVO
DIRECTOR
El director de la nueva cárcel Las Palmas II
será Andrés Sánchez, quien ha dirigido previamente
la prisión de Lanzarote en los últimos dos años.
Previamente ocupó la subdirección de Seguridad en
el centro penitenciario de Las Palmas I, desde el
año 2000 hasta 2009.
Sánchez, de 46 años de edad, es natural de
Salamanca; licenciado en Geografía e Historia
ingresó en el cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias en 1989.
Ahora, el cargo que deja vacante Sánchez en
Lanzarote, lo ocupará Juan Hidalgo Pérez, que ya
estuvo al frente de este centro entre 1992 y 1994,
año en el que pasó a dirigir la prisión de
Tenerife II.
Hidalgo, de 57 años de edad, jurista, ha
ocupado desde octubre de 2004 la Subdirección del
área de Tratamiento en el centro penitenciario de
Albolote (Granada), asimismo ha estado en otro
cargos directivos en los centros de San Sebastián,
Madrid II y Algeciras.
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El nuevo centro penitenciario de Menorca se
inaugurará antes de que termine el mes de agosto,
según ha asegurado este jueves el director insular
de la Administración General de Estado, Javier
Tejero. La prisión tendrá una capacidad máxima para
210 internos y trabajarán en ella un centenar de
funcionarios.
Este mañana, en rueda de prensa, Tejero ha
presentado al futuro director de la cárcel, José
Alfredo Fernández Cuevas, quien ha explicado que los
60 presos vinculados a la isla que se encuentran
actualmente en la cárcel de Palma serán trasladados
de manera paulatina a la prisión menorquina a partir
de setiembre.
El director Insular, quien ha estado acompañado
durante el acto por el administrador, el jefe de
servicios médicos, la subdirectora de tratamiento y
la subdirectora de régimen, forma parte del cuerpo
de funcionarios de Instituciones Penitenciarias
desde 1996 y se estrenará como director de un centro
penitenciario en Menorca tras ejercer como
administrador de las prisiones de Mallorca y
Valdemoro-Madrid III.
"Tras mi estancia en Mallorca he perseguido este
puesto como director en el centro de Menorca. Desde
un principio me ha interesado este proyecto a pesar
de los problemas que han existido en relación a la
prisión", ha admitido Fernández, quien se ha
referido en concreto al retraso de la apertura de la
cárcel y a las reticencias mostradas por parte de la
población menorquina.
En este sentido, el nuevo director ha señalado
que el escepticismo de los ciudadanos "es muy común"
cuando se instala un centro penitenciario en una
zona cercana a núcleos urbanos.
"Las prisiones no crean más criminalidad en su
entorno y en muchos lugares en los que ha habido una
oposición inicial a la construcción de una cárcel se
ha acabado aceptando con normalidad", ha enfatizado.
"El desconocimiento de cómo funciona una prisión
crea miedos que, a pesar de ser comprensibles, son
infundados", ha matizado Fernández, quien ha
anunciado que se está estudiando la posibilidad de
llevar a cabo una jornada de puertas abiertas.
Asimismo, el director ha remarcado que, en un
primer momento, la cárcel tan sólo acogerá presos de
Menorca o vinculados a la Isla y, aunque la prisión
cuenta con un módulo de régimen cerrado, su
estructura no permite albergar gran cantidad reos de
un perfil alto de peligrosidad.
El centro penitenciario de Menorca, uno
de los más pequeños de España, se encuentra
ubicado en la carretera que une Maó y Sant Lluís,
justo al lado del cuartel de la Guardia Civil de Maó.
Precisamente, desde ámbitos cercanos a la
Benemérita se criticó la construcción de la cárcel
en la zona aunque, tal y como ha puntualizado este
jueves Tejero, "desde que comenzaron las obras no
hemos recibido ninguna queja por parte de agentes de
la Guardia Civil ni de sus familiares".
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Los
lazos se estrechan sobre el ex dirigente etarra
Ignacio Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería», en
relación con el secuestro del funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara, pero las nuevas
pruebas llegan cuando disfruta de sus primeras horas
en libertad provisional tras la decisión adoptada en
ese sentido por el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz
Las nuevas pruebas proceden de un informe pericial
caligráfico realizado por la Policía Nacional, donde
se confirma que el etarra que firmababa las órdenes
etarras como «Goristi», que según uno de los
condenados por ese secuestro fue quien mandó al
«comando» prorrogar la situación inhumana que sufría
el funcionario, corresponde a «Iñaki de Rentería»,
según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.
El informe policial lleva fecha de 13 de julio, la
misma en que el juez Pedraz decretó la libertad del
ex dirigente etarra, aunque el mismo no tuvo entrada
en la Audiencia hasta ayer mismo, según las citadas
fuentes. En el extenso dictamen policial, se analiza
de forma especial un documento incautado en Francia
al etarra Caride Simón escrito y fimado por «Goristi»
en febrero de 1993 y se pone en relación con la
prueba caligráfica que realizó «Iñaki de Rentería».
La conclusión no puede ser más rotunda: La identidad
de «Goristi» se corresponde con la de Ignacio Gracia
Arregi.
Esta conclusión es la misma a la que llegaba el
informe que realizó la Guardia Civil sobre ese mismo
extremo. Posteriormente, el juez Pedraz solicitó un
nuevo dictamen a la Policía Nacional, que ya ha
entregado a la Audiencia.
Estos informes adquieren especial relevancia porque,
tal como ponía de relieve el juez Pablo Ruz el
pasado 26 de mayo cuando ordenó el ingreso en
prisión de «Iñaki de Rentería», uno de los miembros
del «comando» condenados por el secuestro de Ortega
Lara, Jesús María Urribecheverría Bolinaga, declaró
tras su detención que, tras el arresto de del
entonces dirigente etarra Julián Atxurra, la célula
pasó a depender de un dirigente al que conocían como
«Goristi». En esa declaracíon,
Urribecheverría Bolinaga aseguró que «Goristi” se
negó a liberar a Ortega Lara, al que veían «muy
bajo», porque «las negociaciones estaban
muy duras y no veían solución», ordenándoles
mantener el secuestro.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional
recurrió ayer mismo la decisión del juez Pedraz y
solicita que se acuerde de nuevo la prisión de «Iñakli
de Rentería», y, como medida cautelar urgente «la
vigilancia del mismo y la prohibición de abandonar
el territorio nacional hasta la resolución de los
recursos».
En su escrito, breve pero más que contudente, el
departamento dirigido por Javier Zaragoza expresa su
más enérgico rechazo a la tesis del juez respecto al
riesgo de que Gracia Arregi pueda huir. Pedraz
consideraba que «resulta minimizado», porque no huyó
cuando quedó en libertad el pasado abril
Indicios para acusar
Sin embargo, el recurso, firmado por el fiscal Jesús
Alonso, recuerda que «Iñaki de Rentería» fue
detenido el 25 de mayo tras abandonar su domicilio,
con sus pertenencias, junto a la frontera francesa,
es decir, para impedir que «se fugara y eludiera la
acción de la Justicia». Por ello, entiende que el
juez «excluye el riesgo de fuga prescindiendo de las
reglas de la lógica al valorar una circunstancia
absolutamente irrelevante a estos efectos» y que,
además, hay dos nuevos datos objetivos desde
entonces: Su imputación judicial por el secuestro de
Ortega Lara y el intento de abandonar el territorio
nacional al producirse esta imputación».
Además, otro argumento que esgrime el fiscal para
mantener en prisión a Gracia Arregi es la gravedad y
trascendencia del hecho imputado, y de de forma
especial, el que ya existen indicios suficientes
tanto para «para formular una acusación provisional
por su participación en el secuestro de Ortega
Lara». Por ello,pide de nuevo la detención e ingreso
en prisión de Gracia Arregi. La duda surge sobre si
no habrá seguido entonces el mismo camino que
Troitiño.El
suplicio de Ortega Lara
José Antonio Ortega Lara permaneció encerrado
durante un año y medio en un nicho que apenas medía
2,40 metros por 1,70. Intentaba hacer ejercicio
todos los días, rezar y leer si le pasaban algún
periódico, e incluso escribir. A través de una
ventana plegable le pasaban la comida y dos garrafas
para que hiciese sus necesidades. En un lamentable
estado físico, cuando ya sólo pensaba en quitarse la
vida, fue liberado por la Guardia Civil. |
Acaip considera que la solución más deseable es
crear un nuevo edificio y rechazan un traslado de
presos, pues en la península “la situación es peor”.
La situación del Centro Penitenciario de Melilla
continúa sin ser la más deseable, según puso de
relieve en la jornada de ayer el secretario general
de Acaip, Julio César Manjuán, quien destacó en
declaraciones realizadas a 'El Faro' que el actual
nivel de ocupación de las celdas duplica la
capacidad del centro.
En este sentido, el dirigente sindicalista afirmó
que en las últimas semanas, coincidiendo con la
llegada del verano, el ingreso de personas en la
penitenciaria se ha incrementado, lo que ha llevado
a una situación de “hacinamiento” en las
instalaciones.
Ahondando en esta cuestión, reseñó que a día de hoy
hay dos o incluso tres reclusos por celda, cuando lo
normal es que fueran individuales. No obstante,
Manjuán se mostró pesimista de cara a que se
normalice la situación, pues subrayó que llevan
demandando medidas desde hace meses sin que
Instituciones Penitenciarias haya intervenido.
En cuanto a la posibilidad de solicitar un traslado
de reclusos a otros centros de la península, el
dirigente de Acaip destacó que es una posibilidad
complicada de articular, pues si bien es cierto que
serviría para aliviar los niveles de ocupación,
también añadió que en las penitenciaras del resto de
España la situación es peor que en la de Melilla.
“La petición sería viable, pero incluso daría
vergüenza solicitarla, ya que en la ciudad el
panorama es malo pero soportable, mientras que en
los centros de la península es mucho peor, ya que la
mayor parte están saturados. Supondría mejorar
nuestra situación en detrimento de la del resto de
los compañeros”.
Nuevas instalaciones
Al hilo de sus palabras, consideró que la mejor
opción para la Ciudad Autónoma es la de ampliar las
actuales instalaciones o construir un centro
penitenciario nuevo con infraestructuras más amplias
y modernizadas.
Al parecer, en el actual inmueble no se proporciona
a los reclusos un tratamiento “adecuado”, pues
Manjuán destacó que es complicado llevar a cabo una
separación bien definida de los módulos de
internamiento por grado de reclusión. De igual modo,
afirmó que algunas instalaciones, como los talleres
o las zonas deportivas, tienen unas dimensiones muy
reducidas.
“La capacidad de la penitenciaria es para 140
reclusos, y actualmente hay unos 270
aproximadamente, casi el doble de lo normal”,
subrayó Manjuán, “la situación es soportable pero
incómoda para internos y trabajadores, por lo que
más que un traslado sería necesario ampliar las
instalaciones o crear unas completamente nuevas, ya
que la ubicación de las actuales no es la mejor y
los funcionarios se sienten desprotegidos ante
posibles amenazas que pueden venir del exterior,
como ocurrió hace dos años, cuando dispararon contra
la garita de seguridad”, concluyó el dirigente de
Acaip, al tiempo que se mostró poco esperanzado de
que se produzcan mejoras sustanciales.
La situación en el Centro Penitenciario de Ceuta no
es mejor que en el de Melilla, pues su Dirección ha
decidido tomar medidas para que los niveles de
ocupación vuelvan a la normalidad ante la saturación
que hay en sus instalaciones.
Por ello, se ha optado por duplicar los traslados a
centros de la península, pasando de cuatro a ocho
conducciones diarias. Con esta iniciativa, se espera
que en dos semanas aproximadamente el número de
presos sea de unos 280, cifra que está dentro “de
los límites tolerables”.
Los traslados se están realizando a centros cercanos
al de Ceuta, como por ejemplo el de Botafuegos en
Algeciras, Alhaurín de la Torre, el Puerto de
Santamaría o el de Huelva.
La ocupación de la penitenciaría ceutí se ha
incrementado en los últimos meses al no haber estado
el número de salidas a la altura del incremento de
ingresos, produciéndose una situación de saturación.
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La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias remite a Patrimonio del Estado,
dependiente del ministerio de Economía y Hacienda,
la decisión sobre el futuro uso de la antigua
prisión provincial al ser este organismo el titular
de la infraestructura. Ante esta situación, ni el
Ayuntamiento de Zamora ni la Subdelegación del
Gobierno tienen potestad, de manera directa, para
decidir en el futuro del edificio si bien sí están
en condiciones de influir en la decisión final.
La propuesta de un grupo de jóvenes de convertir la
vieja cárcel, en desuso desde 1995, en un centro de
ocio se ha convertido en uno de los temas más
candentes del verano. Está previsto que los grupos
de la oposición planteen en el próximo Pleno del
Ayuntamiento un debate sobre el asunto, si bien la
alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, aclaró desde el
primer momento que la titularidad es estatal y, por
tanto, «no es el Ayuntamiento quien debe tomar la
decisión». Por su parte, la subdelegada del
Gobierno, Pilar de la Higuera, ha matizado en
reiteradas ocasiones que la titularidad de la
infraestructura corresponde a Hacienda y, en
consecuencia, «no se puede ceder a ninguna persona
porque más gente a título particular también lo
solicitaría».
El último episodio de la cárcel tuvo lugar el lunes,
cuando la antigua prisión provincial fue escenario
de un nuevo incendio provocado, presuntamente, por
una persona que quemaba cables de cobre en su
interior. La Policía Nacional identificó en las
inmediaciones a un toxicómano que portaba un saco
con cobre procedente de la cárcel como posible
desencadenante del fuego.
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El delegado del sindicato de prisiones Acaip en
Albacete, Luis Bayo, advierte de la «escasez de
personal» en la cárcel de La Torrecica que genera
«un alarmante déficit de seguridad».
A este respecto, apunta que a comienzos de verano
terminaron sus prácticas catorce trabajadores, que
ya no se encuentran desarrollando sus funciones
aquí, y que, sin embargo, «no hay sustitutos». Así,
explicaba que en el centro de inserción que abrieron
junto a La Torrecica «hay turnos en los que trabajan
solamente dos funcionarios y si uno no puede acudir
por cualquier motivo está solamente un trabajador,
que tiene que estar en el control».
Pidió a la Administración competente «que se
priorice en el gasto» y no se ahorre en personal.
Por otro lado, y sobre la denuncia del informe del
Defensor del Pueblo en el que habla de la
sobreocupación de las cárcel de Albacete, Luis Bayo
lamentaba que «se han arreglado tres módulos en esta
prisión, pero siguen quedando dos y el módulo de
mujeres que tienen todavía celdas de hasta seis
personas». Además, expuso que los módulos que se han
arreglado, y se han dejado con celdas para dos
personas, «se han arreglado con poco más de 54.000
euros, porque las obras las hacen los propios
internos y no cuestan demasiado». Por ello, insistía
en la necesidad de priorizar el gasto para que «se
invierta en la mejora de estos módulos en los que
sigue habiendo hacinamiento de presos».
Módulo de Enfermería
Alertaba también que «el módulo que está en peores
condiciones es el de Enfermería», que no tiene patio
para que quienes están aquí puedan salir ahí durante
el día «y en el que los presos están hacinados y sin
clasificar», con el riesgo que ello puede suponer
para los trabajadores de este centro penitenciario.
Explicó, del mismo modo, que «no tiene ascensor para
acceder a él y los internos tienen que acceder por
las escaleras», con los problemas que ello puede
conllevar en el caso de presos con dificultades de
movilidad.
Bayo lamentó que «la plantilla está muy indignada»
con la situación y denunció que, en el problema de
la falta de personal, «si la solución no llega
pronto será imposible mantener la situación porque,
además, no se están respetando las vacaciones ante
la falta de personal».
No descartó que, como en ocasiones anteriores, se
puedan llegar a realizar nuevas concentraciones y
actos de protesta para exigir las mejoras necesarias
en este centro penitenciario. Desde hace tiempo,
Acaip viene advirtiendo de problemas como el del
hacinamiento de presos en estas instalaciones. |
Acompañado por técnicos de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario (SIEP),
así como de los responsables de la empresa
adjudicataria, la UTE CORSAN-Corviam-ISOLUX, el
delegado ha podido comprobar que se han iniciado los
trabajos de cimentación y estructura en cuatro de
los doce edificios del complejo.
Los trabajos han comenzado en el Centro de Inserción
Social, el edificio de control de acceso, los
módulos residenciales y la zona de talleres.
Estas obras de construcción se irán incrementando
cada semana hasta finales de octubre, cuando se
estima que los trabajos se encuentren a un 100 % de
productividad, lo que supondrá que, simultáneamente
haya entre 450 y 500 operarios trabajando así como
18 grúas en pleno funcionamiento.
En la actualidad se está acondicionando una zona
para prestar servicios a las plantillas que
construyen el complejo penitenciario, donde se van a
habilitar módulos para comedores, servicios
higiénicos, oficinas y módulos de asistencia a la
obra.
Durante la fase de movimiento de tierras, que se ha
acometido durante el último año aproximadamente, se
han extraído de la zona, un total de 2 millones de
metros cúbicos de roca, de los que 624.800 han
procedido de las 249 voladuras que han sido
necesarias para allanar el terreno, de difícil
orografía.
Esta inversión, la de mayor cuantía de la
legislatura, está a cargo de la Sociedad de
Infraestructura y Equipamiento Penitenciario (SIEP)
y para 2011, hay recogidos en los PGE una dotación
de 31,74 millones de euros.
El complejo, que incluye un centro de inserción
social y 12 edificios, cuando se ponga en
funcionamiento se estima la incorporación adicional
de unos 450 empleados. EFE
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Dos presos de Zuera se culpan mutuamente de introducir heroína
en la cárcel |
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22/07/11 |
| Dos presos de la cárcel del
Zuera se han sentado en el banquillo de la Audiencia de
Zaragoza acusados de introducir, supuestamente, droga en el
centro penitenciario. Los dos procesados lo han negado y se
han señalado como la persona que sí lo hizo. Sin embargo, los
funcionarios del centro tienen claro que fue Luis Miguel
Torralba. |
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Zaragoza.- Dos presos de Zuera se enfrentan a siete
años de prisión por introducir, supuestamente, once
papelinas de heroína en dicho centro penitenciario
zaragozano. Durante la vista se han señalado
mutuamente como la persona que las metió en la
cárcel.
Todo se descubrió en octubre de 2007 cuando los
funcionarios del centro encontraron la droga en una
cartera de José Pedro Franch. Éste argumentó que la
tenía porque la había introducido su compañero de
celda Luis Miguel Torralba y que le había pagado con
unas zapatillas de deporte.
En ese momento, los trabajadores fueron a tomar
declaración a Torralba, porque, según sus
informaciones procedentes de otros presos, era él
quien la había introducido. Algo que ha sido negado
durante el juicio, ya que, según Luis Miguel
Torralba, es una persona “drogadicta crónica y en el
caso de que hubiese conseguido droga sería para el
autoconsumo”.
A este respecto se ha referido el encausado al
que se le encontró la droga, quien ha aseverado que
es “imposible que él la introdujese en la prisión
porque hemos tenido muchos conflictos y no voy a
vender droga a una persona que no soporto”.
Lo que sí ha quedado acreditado es que uno de los
dos la entró aprovechando un vis a vis y que, según
los informadores secretos de los trabajadores de
Zuera que han declarado, lo hizo Luis Miguel
Torralba. Durante la vista también ha quedado
patente que a ninguno de los dos se les practicó
exploraciones del recto para saber si portaban droga
después del encuentro con sus amigos y familiares.
El Ministerio Fiscal acusa a los dos y pide siete
años de cárcel, mientras que sus abogados, Juan José
Serra e Inmaculada Bolea, solicitan la libre
absolución. |
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Tras varios años entre rejas, cientos de presos
aprovechan los permisos para saborear la libertad y
no volver a la celda en la que cumplen su condena.
El año pasado fueron un total de 130 los internos de
las cárceles gallegas que después de conseguir una
autorización de salida decidieron poner fin a su
vida carcelaria, una cifra que supera la media
registrada en los últimos diez años en la comunidad,
según la memoria de la Administración General del
Estado.
La pasada década unos 793 internos usaron el permiso
para huir del centro penitenciario en el que
cumplían condena. En la mayoría de los casos estas
salidas suelen ser cortas porque los agentes dan con
el paradero de los fugados a los pocos días y los
devuelven a la prisión de la que se escaparon. Los
reclusos de A Lama (Pontevedra) y Teixeiro (A
Coruña) protagonizan el mayor número de huidas
aprovechando una salida autorizada del penal.
El centro penitenciario pontevedrés registra los
peores resultados de los últimos diez años con 447
presos que se fugaron tras varios días fuera de la
cárcel. De ellos, el mayor volumen se concentró
entre 2006 y 2009, con 299 infractores, a los que
hay que sumar los 86 del año pasado. El hecho de que
A Lama sea la prisión con más presos a la fuga es
lógico si se tiene en cuenta que también es la que
suma más población reclusa, un total de 1.811 que
suponen el 40% de los 4.730 internos distribuidos en
las cinco penitenciarías de la comunidad.
En comparación con el centro coruñés de Teixeiro,
donde cumplen condena 1.538 reos, la proporción de
huidos del año pasado en el penal de Pontevedra es
de un 66% frente al 18,4% del de A Coruña. En la
cárcel coruñesa fueron 158 los que en la última
década se saltaron las normas y no regresaron a
prisión y las cifras comenzaron a empeorar a partir
de 2008. Hasta entonces los datos fueron creciendo
progresivamente, de los dos fugados del 2000, a los
16 de 2007. Al año siguiente se alcanzaron las 27
fugas, dos menos en 2009 y tres en 2010. En el
primer semestre de este año la prisión coruñesa no
ha contabilizado todavía ningún caso de este tipo.
Los condenados que en estos diez años no regresaron
a la celda tras varios días liberados se enfrentaban
a una pena máxima de cuatro años por delitos contra
la salud pública o robos. Salvo los extranjeros, que
acaban volviendo a sus países por lo que las fuerzas
de seguridad suelen descartar su detención, el resto
de los fugados son detenidos por los agentes pasado
un plazo corto de tiempo en su propio domicilio o en
el de algún familiar. Solo tienen derecho a
disfrutar de estos permisos aquellos que están en
segundo y tercer grado y ya han cumplido la cuarta
parte de la condena. Los reos del primer grupo
tienen 36 días libres frente a los 48 de los que
solo deben ir a dormir al penal.
En la última memoria de la Administración General
del Estado también se recoge que los delitos más
frecuentes entre los reos de las prisiones gallegas
son los que atentan contra las personas, con 439
detenidos por este motivo. De los 4.240 internos de
la comunidad, 3.695 están cumpliendo condena
mientras que los 545 restantes se tratan de presos
preventivos. |
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El año pasado se produjeron un total de 86 "fugas"
del centro penitenciario pontevedrés de A Lama. En
cualquier caso, los reclusos que deciden huir de la
vida entre rejas no trazan complicados planes para
sortear los anillos de seguridad de la prisión o
para saltar los altos muros que rodean el centro. Se
van por la puerta principal. La práctica totalidad
de los internos que se marchan del penal aprovechan
los permisos que reciben para vivir unos días en
libertad para no regresar más. Y cada año el número
es mayor. La Memoria de 2010 de la Administración
General del Estado en Galicia revela que el pasado
ejercicio se fugaron de A Lama con este método un
53% más de reclusos que en 2009, cuando fueron 56.
Es también una cifra superior a la de hace cinco
años, en 2006, cuando fueron 82 los presos fugados.
A Lama acumula más de la mitad de los reclusos que
no regresan a la cárcel tras disfrutar de un permiso
en la comunidad. En toda Galicia fueron el pasado
año 130, de los que los 86 mencionados cumplían
condena en Pontevedra, es decir un 66%. Con todo, la
de A Lama es la cárcel gallega más poblada, con
1.633 internos a fecha de 31 de diciembre de 2010,
frente a los 1.432 de Teixeiro (con 24 evadidos);
los 376 de Bonxe (con 5 presos que no regresaron de
permiso); los 387 de Monterroso (6 no volvieron); y
los 412 de Pereiro de Aguiar (con otros 9 huidos).
Teniendo en cuenta que entre un 40 y un 50% de los
reclusos gallegos disfrutan de permisos a lo largo
del año, la cifra no parece muy elevada. Son
internos que han cumplido gran parte de su pena y
deciden complicarse la vida no regresando al centro
tras el permiso. Cuando son descubiertos, se
enfrentan a una nueva condena adicional de seis
meses de prisión por quebrantamiento de condena.
La mayoría son condenados por penas que no exceden
los cuatro años de prisión por delitos contra el
patrimonio y suelen regresar pronto al centro tras
ser identificados por la policía en sus domicilios o
en el de familiares. Otros reinciden y vuelven tras
ser capturados. Por lo tanto, la mayoría tienen los
días contados fuera de prisión. Salvo casos
concretos, como extranjeros sin arraigo en nuestro
país y que aprovechan la oportunidad para huir. En
caso de reclusos con penas graves, el desarraigo
puede ser una de las causas que incluso desaconseje
la concesión del permiso penitenciario.
Excepciones
Los casos de reclusos que tratan de fugarse de la
cárcel a la antigua usanza, esquivando los controles
de seguridad, son hoy en día casi una anécdota. En
los últimos años han trascendidos dos intentos de
fuga de A Lama. El primero en abril de 2010 cuando
dos internos planearon irse de la prisión serrando
los barrotes de su celda y fugarse a través del
tejado. Los funcionarios descubrieron y abortaron su
plan cuando en una inspección rutinario comprobaron
que los barrotes de la ventana de la celda que
compartían los reclusos estaban serrados. Los reos
confesaron su plan y reconocieron que obtuvieron el
material empleado en uno de los talleres
ocupacionales del centro.
En enero de este año otro interno fue capturado por
los funcionarios y la Guardia Civil cuando había
conseguido saltar una de las vallas perimetrales de
la prisión y aún debería superar otra valla más y el
muro, lo que hace casi imposible este tipo de fugas.
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El Centro Penitenciario de Melilla duplica «con
creces» el número de reclusos. Así lo ha confirmado
Fernando Pons, del sindicato Acaip, quien ha
aclarado que de las 170 personas que tendría que
haber en prisión para que cada una de ellas
estuviera en una celda individual, hay 320 internos,
una cifra, recalca, «excepcionalmente alta» para la
ciudad.
En declaraciones a la cadena COPE, Pons aludió
también a la posibilidad de solicitar un traslado de
reclusos a otros centros de la península. En este
sentido, destacó que es una opción complicada
«puesto que, a pesar de que esta alternativa
serviría para aliviar los niveles de ocupación,
habría que recordar que la situación es peor en el
resto de cárceles de España». De ahí, apuntó, que la
mejor elección para descongestionar la
sobreocupación del centro pase por construir un
centro penitenciario nuevo, tal y como se ha hecho
en Ceuta.
Reconociendo que esta opción es «inviable» por
cuanto requeriría de una elevada dotación
presupuestaria - «que en época de crisis no puede
llevarse a cabo»-, el sindicato Acaip recalca que es
necesaria una mayor inversión para que los servicios
que se presten no se vean mermados ni por la
sobreocupación del centro ni por la falta de
personal.
Falta de personal en plantilla
El número de empleados que prestan servicio en estas
instalaciones es otros de los problemas a los que se
tiene que hacer frente a día de hoy, según Pons. El
sindicalista remarcó que en los últimos años se ha
experimentado un goteo en el número de trabajadores
prácticos que llegan a la prisión, lo que hace que,
anualmente, se pierdan entre 4 y 5 empleados. A
ello, le suma que la oferta de empleo público para
la prisión «es inexistente».
Así las cosas, el hecho de que tan sólo estén en
plantilla 180 funcionarios, no sólo repercute en las
prestaciones de la que disponen los internos sino
también en los derechos de los empleados que allí
trabajan. Se dan problemas, por ejemplo, a la hora
de poder coger vacaciones o poder obtener permisos
de diversa índole.
Desde Acaip se señala que se ha dejado de tener
esperanza, a corto plazo, de que esta situación
pueda resolverse. Ahora, apunta Pons, hay que
esperar a que haya un cambio en la Administración «y
ver si la cosa mejora». |
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Un preso canario que hacía poco había sido destinado
a Puerto 3 desde la cárcel de Picassent, al haber
matado allí a un interno, supuestamente mató anoche
a otro recluso. Agresor y víctima estaban recluidos
en el módulo 15, de aislamiento, donde salen al
patio de dos en dos. Y en el patio estaban ambos,
poco antes de las nueve de la noche, cuando el
canario, según ha podido saber este diario, asestó
un puñetazo en la cara a su compañero que le derribó
al suelo. Se abalanzó entonces encima, le propinó
varios cabezazos en la cara, que acabaron
desfigurándole el rostro, y terminó apuñalándolo en
el cuello, usando como arma el palo partido de una
fregona. Lo hizo con tal celeridad que los
funcionarios no pudieron evitarlo. |
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08/02/11 |
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Los funcionarios de prisiones han apreciado un
descenso en la conflictividad en la cárcel de
Villabona que relacionan directamente con el
descenso que se ha registrado en la población
reclusa. Sin embargo, creen que aún no se ha
alcanzado el ansiado ratio de un preso por celda, ni
se dispone de una plantilla de profesionales amplia
para cubrir la seguridad al cien por cien.
Villabona alberga actualmente a un promedio de 1.495
presos, lejos de la cifra de 1.600 internos que se
contabilizaba hace un año y medio. Una disminución
paulatina de internos que tiene su razón de ser en
la apertura de nuevos centros penitenciarios y en
las recientes modificaciones legislativas en el
ámbito penal.
La población reclusa está repartida en diez módulos
-nueve de hombres y el módulo de respeto de
mujeres-, a los que se suman Ingresos, Enfermería y
Aislamiento que no son módulos al uso. Tres unidades
terapéuticas y educativas (UTEs) acogen a los
internos de los módulos 1 al 6, mientras que los
únicos reclusos que no están siguiendo un
tratamiento más específico como las UTES o el módulo
de respeto son los que están internados del 7 al 9.
Los funcionarios consultados aseguran que “si se
exceptuan esos módulos que ya están funcionando
bien, la prioridad de la prisión debería ser
acentuar el tratamiento en estos otros tres
módulos”.
Más plantilla Joaquín Alonso, delegado de Acaip,
sindicato mayoritario en Villabona, recuerda que
cada módulo estaba concebido para 84 celdas, con lo
que sugiere que se haga una simple cuenta para
comprobar si hay o no masificación. “Si hay una
media de 131 internos y se preveía para 84 celdas,
ya se contesta si hay masificación”, comenta. No
obstante, no obvia que en la segunda fase de
construcción de la prisión cada celda iba ya
equipada con dos camas .
Según los cálculos de Acaip, en algunos módulos la
proporción es de dos funcionarios para vigilar a
130/140 internos. La plantilla de profesionales
debería incrementarse, a su juicio, para cubrir
mejor el capítulo de seguridad. “Lo ideal sería
contar con cinco funcionarios por módulo para
atender cuatro galerías, un patio y la sala de
televisión”, dice aún consciente de las limitaciones
que hay para llegar a ese objetivo.
La disminución de conflictividad es, para Acaip, un
hecho constatable. “Todo lo que sea reducción de
conflictos nos parece bien”, ratifica el delegado
del sindicato.
Joaquín Alonso advierte de que los índices de
conflictividad son muy fluctuantes. “Hay unas épocas
de mayor conflictividad que otras. Así, por ejemplo,
el calor o las fiestas señaladas afectan más a los
internos y son momentos en los que se dispara más el
nivel de agresividad”, rubrica.
La apertura de nuevas cárceles ha influido de forma
notable en la reducción de internos. La tendencia es
acercar los presos a las prisiones más próximas a
los lugares donde tienen más acentuado el arraigo
familiar, para facilitar el contacto con sus
parientes y garantizar así mejor las visitas.
La mayoría de la población reclusa que está
ingresada en Villabona, tanto preventiva como
penada, es de procedencia asturiana. Aunque también
hay internos originarios de otras comunidades
autónomas, se calcula que más del 80% son de la
región.
Esta reducción tan espectacular de internos ha
tenido ya sus primeras consecuencias positivas, en
opinión de la dirección de la prisión y de la
Delegación del Gobierno. Aseguran que ha aportado
una mayor calidad de la asistencia a los internos y
se ha traducido en una mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores. Mantienen que los
conflictos han sido de escasa relevancia.
“Es lógico que así sea. Si hay menos presos es más
fácil que haya menos problemas”, refrendan los
funcionarios.
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado
que el Centro de Inserción Social Torre Espioca
(CIS), ubicado en Picassent (Valencia), asiste en
los últimos meses a una pérdida insostenible de
funcionarios en el área administrativa y de
oficinas, que dificulta su funcionamiento. Así, está
"al borde del colapso".
Según ha indicado el sindicato en un comunicado, en
el último concurso de traslados, siete funcionarios
han solicitado traslado a otros centros, mientras
que solamente han llegado cuatro. Asimismo, 10
funcionarios en prácticas destinados en el centro
han causado baja al obtener destino en otros centros
penitenciarios, mientras que solo se han incorporado
tres.
Es decir, en la actualidad hay 10 funcionarios menos
que hace unos meses, lo que supone más de un 50 por
ciento de reducción de efectivos sobre un total de
17 funcionarios previstos en la Relación de Puestos
de Trabajo del Centro.
Con este número de funcionarios "resulta casi
imposible atender los servicios mínimos de
funcionamiento diario del centro, que solamente
sigue funcionando gracias al ímprobo esfuerzo que
están realizando los funcionarios que se mantienen
en él", ha indicado Acaip.
Así, como ejemplo, en la Oficina de Gestión donde se
trabaja con los expedientes personales de los
internos vinculados al CIS Valencia, solamente
cuatro funcionarios tienen a su cargo casi 4.000
expedientes, "cuando la cifra que la propia
Administración maneja como óptima es de 150
expedientes por funcionario", ha indicado.
"Esta abrumadora carga de trabajo --ha añadido--
puede conllevar responsabilidades no solo de índole
administrativa, sino también penal para los
funcionarios en el caso de que haya algún error u
omisión por su parte, algo que con los datos
aportados resulta muy fácil de que ocurra, ya que es
imposible llevar al día todos y cada uno de los
expedientes", ha advertido.
OLVIDO DE PLAZAS
Otro dato "clarificador" es que en otro departamento
--que gestiona, entre otras cosas, lo relativo al
mantenimiento del centro--, a la Administración se
le "olvidó" adjudicar plazas en el último concurso
de provisión de puestos de trabajo, por lo que dos
funcionarios en prácticas, que tienen menos de siete
meses de experiencia, son los encargados del mismo.
A pesar de su inexperiencia, están llevando a cabo
de forma "magnífica" su tarea con un "gran esfuerzo
personal", pese a que no estaban preparados para
asumir esa responsabilidad, ya que, en teoría, están
todavía en fase de aprendizaje, ha puntualizado el
sindicato.
"Esta es una nueva muestra de la situación en la que
día a día se mueven los distintos centros
penitenciarios, con cada vez más internos, cada vez
más carga de trabajo, y cada vez un número menor de
trabajadores", ha puntualizado.
"Las Ofertas de Empleo Público son casi
inexistentes, ni siquiera llegan a cubrir las
jubilaciones que se producen cada año. Mientras los
responsables de la institución continúan derrochando
dinero en dietas, viajes oficiales, coches oficiales
como si la crisis no fuera con ellos, habiéndose
incrementado el número de altos cargos en los
últimos años de forma importante", ha resaltado.
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El sindicato Acaip
denunció ayer que desde que se informó de la
intención de cerrar Puerto 1, "el módulo de primer
grado de Puerto 3 está sufriendo un ingreso
constante de internos extremadamente peligrosos". La
sección sindical del centro de Puerto 3 afirma que
"en estos momentos", esta prisión es de la que más
internos de estas características tiene en España y
que en cambio "sus funcionarios son de los que menos
cobran de todos los módulos que de estas
características existen en el territorio nacional".
Acaip emitió
ayer un comunicado tras los sucesos ocurridos en la
prisión el pasado martes, cuando un preso de uno de
los módulos de aislamiento mató supuestamente a otro
cuando salieron en pareja en el único rato que
tienen de esparcimiento. Ambos eran presos
clasificados de grado 1 y el supuesto autor del
homicidio ya había matado a otro reo en otra
prisión. Todo apunta a que la emprendió a golpes de
una manera "sorpresiva y rápida", tal y como
afirmaron desde la dirección de la prisión. .
El sindicato quiso dar su pésame a los familiares
del interno fallecido y a su vez felicitar a los
compañeros por su "ejemplar actuación". "Si bien no
pudo evitar la muerte del interno, sí que con
rapidez y frialdad pudieron controlar al supuesto
agresor, interno catalogado como extremadamente
peligroso sin que saliese nadie más herido",
aseguraron desde la sección sindical. En su nota
también quisieron hacer constar que "los ciudadanos
debe saber que existen trabajadores que día a día se
están jugando la salud, cuando no la vida, para
mantener el orden en cárceles tremendamente
masificadas, llegando a darse como normal que dos
funcionarios tengan que controlar módulos con más de
120 internos". "Mientras, la administración intenta
vender que no existen problemas de seguridad en las
prisiones y por eso es lógico cerrar centros de
primer grado, dícese Puerto 1", añadieron.
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La Guardia Civil ha detenido a Victor O. S., un
recluso de 36 años, del centro penitenciario de
Picassent (Valencia) como presunto autor de
siete violaciones
cometidas en los tres últimos años en la
ciudad del Turia. Las víctimas eran siempre
prostitutas a las que tras agredir sexualmente luego
les robaba, según informaron a
Público.es
fuentes del Instituto armado. La
‘Operación Oeste’ se inició en 2007, después de que
una de que una de estas mujeres denunciara que había
sido agredida por un individuo que había requerido
sus servicios sexuales.
A esta denuncia
siguieron otras seis en las que las víctimas
describían la agresión con idéntico modus operandi
por parte de su atacante.
Éste actuaba normalmente en
horas nocturnas en uno de los barrios de la ciudad
de Valencia donde se ejerce la prostitución
callejera. Tras escoger cuidadosamente a la víctima,
convenía con ella un precio por sus servicios
sexuales y la invitaba a subir a su coche.
Una vez en el automóvil, las
trasladaba a las
inmediaciones del cementerio de la ciudad, donde,
tras inmovilizarlas, las violaba. Tras la
agresión sexual, las trasladaba en el coche a
localidades del extrarradio de Valencia, donde las
abandonaba. En varios casos, las mujeres sufrieron
también el robo de sus pertenencias bajo amenazas.
La pista para su detención
llegó después de que la el Cuerpo Nacional de
Policía lo detuviera recientemente tras un robo
violento. Tras este hecho, y en aplicación de una
ley de 2007 que permite tomar la huella genética a
todos los detenidos en delitos violentos, se tomó
una muestra de saliva del detenido para cruzarlas
con la base de datos de perfiles genéticos que
comparten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
Estado. El trabajo de laboratorio arrojó rápidamente
resultados: su ADN coincidía con los rastros
recogidos en siete violaciones denunciadas en los
últimos tres años y que investigaba la Guardia
Civil.
Se da la circunstancia que el
ahora detenido
estaba cumpliendo condena por otro delito en la
cárcel de Picassent y que supuestamente
aprovechaba los permisos penitenciarios para cometer
sus agresiones sexuales. |
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Jacobo y Lanzin compartían horas de patio. Ambos
habían demostrado una conducta muy agresiva en sus
años de presidio y estaban incluidos en un régimen
cerrado (calificado como 91.3, según el Reglamento
Penitenciario) reservado para los presos más
peligrosos. Además de estar confinados en el módulo
15 de Puerto III, denominado de aislamiento, su día
a día estaba sometido a un control más estricto.
Entre otras diferencia con los presos comunes, los
FIES (ficheros internos de especial seguimiento cuya
nomenclatura ha sido desterrada oficialmente) están
recluidos en celdas individuales y tienen limitadas
las horas de patio. Solo bajan en pareja o en número
inferior a cinco y no se mezclan con el resto de
internos.
Al estar tan controlados, la labor de captación de
información sobre enemistades, venganzas y otras
cuentas pendiente entre estos reclusos es esencial
para detectar situaciones de riesgo. Fuentes
consultadas por este periódico confirmaron ayer que
no existía ningún dato que revelara que Jacobo, que
había llegado al centro en octubre de 2010 por
delitos violentos como agresiones, tuviera algún
problema con su asesino; de ahí que les dejaran
bajar juntos.
Y al igual que ocurriera hace dos años en Fontcalent
el origen de la pelea, que no está del todo clara,
fue una nimiedad ya que se encontraban los dos solos
en el patio. «Un cigarro, un mal gesto o un insulto
puede degenerar en una tragedia cuando se trata de
este tipo de presos», decía ayer una fuente del
centro. Para Lanzin B. E. con mentar a su madre es
suficiente. |
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Decía Concepción Arenal (1877): ¿Las prisiones deben
depender del ministerio de Gracia y Justicia,¿
siendo el modo de cumplir la pena una parte esencial
de la Justicia, al centro (Ministerio) especialmente
encargado de administrarla deben pertenecer los
establecimientos penales¿. Sin embargo, en España,
desde 1996, cuando pasaron a depender de Interior,
las cárceles se han convertido en una herramienta de
Interior, en un almacén de delincuentes, ajenas al
mandato constitucional de reeducación y reinserción
social. Pretendían y han conseguido sacar al
servicio público penitenciario de la normalidad
administrativa, y revestirle de un carácter
especializado para que quepan actuaciones
arbitrarias o de mera represión. Un ejemplo es que
se han creado en muchas prisiones grupos de
información y de intervención para policiales, tan
al margen de la Ley que han provocado la reforma del
Reglamento, para darles una mínima cobertura cuasi
legal. Pero los profesionales que trabajamos en las
cárceles somos personal de la Administración Civil
del Estado, nuestra función es muy distinta a la
política de seguridad y orden público que tan
dignamente llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Nuestra labor es más discreta,
aunque no menos ambiciosa: trabajamos con los
internos y sus familias, intentando descubrir y
potenciar las capacidades que tiene cada penado,
para llevar una vida honrada cuando alcance la
libertad. Estamos fiscalizados directamente por el
Juez de Vigilancia Penitenciaria y por los
Tribunales competentes en cada causa abierta a un
interno. Así debe seguir siendo, es de Justicia. |
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Rafael Pérez Carrillo, que cumplía condena
por tráfico de drogas, ha puesto en duda la
seguridad del centro penitenciario gaditano Puerto
II, después de fugarse de la prisión tras saltar la
valla de seguridad desde un tejado. El interno, de
29 años, no está considerado peligroso, aunque se
encontraba en el módulo de presos reincidentes.
Fuentes penitenciarias han confirmado a ELMUNDO.es
de Andalucía que el fugado tenía "bien
planeada" su huida y que pudo ser ayudado por otros
compañeros.
Los hechos se produjeron sobre las cinco y media
de la tarde del jueves, cuando el interno pudo subir
hasta uno de los tejados de la cárcel desde un patio
interior, a través de un punto de
iluminación donde no hay instaladas cámaras de
seguridad.
Una vez en las alturas, el preso se paseó
por varios tejados, desde donde saltó para
posteriormente descolgarse por un muro, ayudado por
unos tubos de sujeción de una antena de televisión,
y llegar a la última valla metálica de seguridad,
por la que pasó por debajo, al existir hueco
suficiente, "ya que cuando la colocaron no la
sellaron en su base". A partir de ahí, Rafael Pérez
Carrillo echó a correr sin que nadie se percatara de
su fuga ni lo detuviera.
No fue hasta tres horas después, en un
recuento rutinario de presos, cuando los
funcionarios comprobaron que faltaba un interno.
Los sindicatos con representación en la prisión
de Puerto II han aclarado que "las grabaciones de
las cámaras del perímetro donde queda reflejado el
salto del muro al recinto y posterior escalada al
siguiente, no se pudieron visualizar hasta pasadas
tres horas de la búsqueda del interno por el
interior y tejados del edificio, ya que
nadie tenía acceso mediante código a la memoria de
la grabación".
Las fuerzas sindicales defienden la actuación de
los funcionarios y denuncian la falta de personal en
un módulo con 86 internos que, el día de los hechos,
eran custodiados por cuatro funcionarios.
En el momento de la fuga del interno, varios
compañeros protagonizaron incidentes "en distintos
puntos del interior del departamento como
tapadera para distraer la vigilancia de la
zona utilizada para la huida".
Es la primera fuga de un preso
que tiene lugar en el centro de penitenciario Puerto
II desde su inauguración hace 27 años. Esta se
produce, a juicio de los sindicatos, por la falta de
personal en una prisión que necesita aumentar su
plantilla en 35 funcionarios. |
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| Acaip denuncia que Puerto 3
"sufre un ingreso constante de internos peligrosos" |
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9/08/11 |
| "Los funcionarios controlaron
pronto al preso que mató a otro y evitaron más heridos",
afirma |
El sindicato Acaip
denunció ayer que desde que se informó de la
intención de cerrar Puerto 1, "el módulo de primer
grado de Puerto 3 está sufriendo un ingreso
constante de internos extremadamente peligrosos". La
sección sindical del centro de Puerto 3 afirma que
"en estos momentos", esta prisión es de la que más
internos de estas características tiene en España y
que en cambio "sus funcionarios son de los que menos
cobran de todos los módulos que de estas
características existen en el territorio nacional".
Acaip emitió
ayer un comunicado tras los sucesos ocurridos en la
prisión el pasado martes, cuando un preso de uno de
los módulos de aislamiento mató supuestamente a otro
cuando salieron en pareja en el único rato que
tienen de esparcimiento. Ambos eran presos
clasificados de grado 1 y el supuesto autor del
homicidio ya había matado a otro reo en otra
prisión. Todo apunta a que la emprendió a golpes de
una manera "sorpresiva y rápida", tal y como
afirmaron desde la dirección de la prisión.
El sindicato quiso dar su pésame a los familiares
del interno fallecido y a su vez felicitar a los
compañeros por su "ejemplar actuación". "Si bien no
pudo evitar la muerte del interno, sí que con
rapidez y frialdad pudieron controlar al supuesto
agresor, interno catalogado como extremadamente
peligroso sin que saliese nadie más herido",
aseguraron desde la sección sindical. En su nota
también quisieron hacer constar que "los ciudadanos
debe saber que existen trabajadores que día a día se
están jugando la salud, cuando no la vida, para
mantener el orden en cárceles tremendamente
masificadas, llegando a darse como normal que dos
funcionarios tengan que controlar módulos con más de
120 internos". "Mientras, la administración intenta
vender que no existen problemas de seguridad en las
prisiones y por eso es lógico cerrar centros de
primer grado, dícese Puerto 1", añadieron. |
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Tras la fuga el pasado jueves de un preso del centro
penitenciario Puerto 2, los sindicatos ACAIP, APFP,
CCOO, CSIF y UGT han manifestado su descontento ante
la falta de personal en la plantilla. Aclaran que
desde la inauguración del centro hace 27 años, "no
se había producido ninguna fuga, siendo esta la
primera, casualmente cuando la necesidad de personal
en esta plantilla es de 35 funcionarios". De la
misma forma, se han solidarizado con todos los
funcionarios que se encontraban de guardia el día de
la fuga y respaldan la "profesionalidad" de todos
ellos.
Según explican en un comunicado, el día de los
hechos en el módulo se encontraban 86 internos
custodiados por apenas cuatro funcionarios que
tenían que atender a multitud de tareas y vigilar
todas las áreas del recinto (galerías, talleres,
accesos, sala de televisiíon, duchas, pasillos
etc.). Por otra parte, durante la tarde de la fuga,
se produjeron varios incidentes en diferentes puntos
del centro, que sirvieron "como tapadera para
distraer la vigilancia de la zona utilizada para la
fuga". Aseguran que las grabaciones que dejaban
constancia de la escapada no se pudieron visualizar
"hasta pasadas tres horas" desde que se procediera a
buscar al preso, ya que nadie tenía el código de
acceso para verlas.
Según confirmaron fuentes policiales, ayer aún no se
había podido localizar al preso huído, que tras
andar por los tejados logró saltar un muro de 7
metros y escapar. Desde la prisión se puso en marcha
una investigación para aclarar lo sucedido y las
fuerzas de la seguridad establecieron un
dispositivo. |
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Ante los hechos sucedidos recientemente en el centro
penitenciario de Puerto III, los funcionarios de
este centro han querido dar a conocer la situación
en la que se encuentra esta cárcel.
Según los representantes sindicales de este
colectivo, “los funcionarios llevan demandando
cámaras en todas las dependencias del modulo, al
igual que la cobertura de la señal de los walkies,
que apenas hace unos meses se sustituyeron por
otros”. Este hecho de vital importancia para el
desarrollo de estos empleados parece ser que limita
en algunas ocasiones el trabajo de los mismos, a
pesar de ello, se ha dado a conocer que la
Inspección Penitenciar ha asegurado que la próxima
semana se instalarán las demandadas cámaras en la
unidad.
La denuncia
El Módulo 15 de Puerto III alberga todas las
modalidades tanto de FIES como de internos en Primer
Grado, lo que, según los representantes sindicales
supone “un auténtico esfuerzo para los compañeros
que efectúan servicio en dicho Módulo”. Este se una
dificultad en las tareas de observación y
seguimiento, ya que, “no reúne las características
adecuadas”. Los representantes de los trabajadores
denuncian que la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias “pretende encubrir la ausencia de
internos en Primer Grado -repartiéndolos por los
Módulos de Aislamiento de distintos Centros de
España- para poner intereses distintos a la
verdadera naturaleza del C.P. Puerto I, que sí es la
única que puede llevar a cabo tal fin, donde se
pueden emplear los medios necesarios para poder
efectuar un seguimiento y tratamiento acorde con tal
grado”.
Los funcionarios alegan que los acontecimientos
sucedidos en el centro de Puerto III recientemente
(el fallecimiento de un preso y la fuga de otro)
“son fruto de la nefasta política penitenciaria
aplicada durante los últimos años, negando
obcecadamente la realidad de la existencia de
internos muy peligrosos clasificados en primer grado
los cuales necesitan centros especializados para su
tratamiento y custodia” |
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Los sindicatos han vuelto a reiterar
su disposición a impedir que se lleven a cabo las
obras de ampliación de El Acebuche mientras no se
produzca una importante ampliación del personal que
en la actualidad presta sus servicios en el centro
penitenciario.
El secretario general de
Acaip
en Almería, Marcelino Menéndez, aseguró a Diario de
Almería, que "antes de proceder a adjudicar el
proyecto, incluso a pensarlo, deberían habernos
explicado con qué personal cuentan para atender a
320 internos más. Por el momento no se ha convocado
ninguna Oferta de Empleo Público y lo que tenemos
muy claro es que mientras esta no se produzca no
estamos dispuestos a permitir que comiencen las
obras bajo ningún concepto; haremos lo que sea para
impedir que empiecen". |
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Las prisiones de la Comunitat Valenciana cuentan con
un total de 7.766 internos, de los que el 78,71 por
ciento está condenado, el 16,03 por ciento se
encuentra en situación preventiva y el 5,25 por
ciento en otros casos. De los condenados, el 50,74
por ciento son reincidentes y el 49,26 por ciento
son penados primarios.
Así lo señala un informe del sindicato Acaip, con
datos facilitados por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias con fecha 1 de junio,
que indica que el 92,52 por ciento de la población
reclusa son hombres, ya que hay 7.185 varones,
frente a 581 mujeres, que representan el 7,48 por
ciento.
En el establecimiento penitenciario de Picassent
(Valencia) hay 2.153 hombres y 263 mujeres; en el
CIS Valencia 423 varones y 65 mujeres; Alicante II
Villena cuenta con 1.262 presos de sexo masculino y
con 57 de sexo femenino; en Alicante Cumplimiento
existen 867 hombres y 100 mujeres; y Alicante
Psiquátrico tiene 327 hombres, frente a 39 mujeres.
Por lo que se refiere a las prisiones de Cstellón,
en Albocàsser todos son hombres (1.489), y en
Castellón I hay 663 internos varones y 57 mujeres.
Respecto a la estructura de la población reclusa
de la Comunitat condenada a penas de prisión, el
35,20 por ciento tiene menos de 30 años, el 34,37 se
encuentra en el tramo entre 31 y 40 años; el 0,88
por ciento tiene entre 18 y 20 años; y la población
mayor de 60 años supone el 2,02 por ciento, lo que
supone un carácter "residual", según Acaip, aunque
desde 2009 se ha incrementado en casi un 30 por
ciento.
Según el informe del sindicato, continúa el
descenso de los condenados a penas de prisión que
cumplen su condena por el Código Penal derogado y,
por tanto, pueden redimir penas por el trabajo. En
la actualidad suponen el 1,03 por ciento del total
--61 hombres y dos mujeres--.
Por la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal
vigente están condenados 5.623 hombres y 426
mujeres, es decir el 98,97 por ciento de los
penados. De ellos, la mayoría cumplen una condena
inferior a los ocho años.
En cuanto a la relación de los internos que
cumplen condena en los centros de la Comunitat, el
72,53 por ciento de la población reclusa penada está
clasificada en segundo grado de tratamiento
--régimen ordinario--. Los internos del tercer grado
representan el 13,23 por ciento.
PRESOS PELIGROSOS
Por su parte, el 2 por ciento de los penados lo
está en primer grado de tratamiento, es decir son
"los más peligrosos, conflictivos o inadaptados". En
el último año, ha aumentado un 18,4 por ciento el
número de este tipo de internos en las prisiones de
la Comunitat Valenciana.
En el establecimiento penitenciario de Valencia
el número de hombres en primer grado se ha duplicado
pasando de 16 en mayo de 2010 a 31 en junio de 2011.
Acaip asegura en su informe que el 24,62 por ciento
de este tipo de internas "muy peligrosas a nivel
nacional" se encuentra en las prisiones de la
Comunitat, en concreto el 15,38 por ciento están en
el centro de Picassent.
Acaip destaca que estos datos ponen de manifiesto
que el establecimiento penitenciario de Valencia
"alberga algunos de los internos más peligrosos
existentes en las prisiones españolas". |
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Menorca.-
Llegan los primeros presos |
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12/08/11 |
| El traslado de un grupo de 20
reclusos, procedentes de Palma, se realizó en un vuelo fletado
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que
aterrizó en el Aeropuerto a las 10.40 horas |
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Los primeros reclusos del Centro Penitenciario de
Menorca llegaron ayer por la mañana. En total fueron
20 las personas que ingresaron en la cárcel, todas
ellas procedentes de Palma. En los próximos días
está previsto que se complete el traslado de presos
hasta llegar a 60, todos ellos de origen menorquín o
afincados en la Isla. Las dependencias, ubicadas en
la carretera de Sant Lluís, tienen una capacidad
para 210 internos. De esta manera, la prisión empezó
a funcionar como tal dos semanas después de que
fuera inaugurada oficialmente.
El traslado de los reclusos se realizó con
discreción, aunque con evidentes medidas de
seguridad. La Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias fletó un avión de una compañía aérea
privada - un ATR de dos motores turbohélice- en el
que viajaron los 20 reclusos custodiados por otros
tantos agentes de la Guardia Civil (uno por preso).
Todos los internos estaban cumpliendo penas en la
prisión de Palma, de donde partieron hacia el
Aeropuerto de Son Sant Joan a primera hora de la
mañana en furgones de la Benemérita.
A las 10.40 horas, el avión aterrizó en el
Aeropuerto de Menorca. Poco después se inició la
operación de traslado hasta la cárcel mediante un
dispositivo consistente en un furgoneta de la
Guardia Civil que iba escoltada por un coche
patrulla del mismo Cuerpo. A las 12.30 ingresaban
los últimos reclusos sin que se registrara ningún
incidente. En los próximos días esta misma operación
se repetirá en dos ocasiones hasta completar el
transporte de los 60 presos menorquines que están
cumpliendo condena fuera de la Isla.
La entrada en funcionamiento de la cárcel se ha
adelantado una vez que desde el 1 de julio la
plantilla de las instalaciones, compuesta por un
centenar de funcionarios, estaba al completo y en
Menorca. Fue entonces cuando la secretaria general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
decidió acelerar el proceso pensando en el beneficio
que supone para las familias el acercamiento de los
reclusos.
Visitas
A parte de las visitas que han realizado las
autoridades de la Isla antes de su apertura, la
cárcel ha sido mostrada a dos colectivos. Este
miércoles fue un nutrido grupo de la Asociación
Menorca Britannia el que recorrió las instalaciones.
Hace unos días también se abrieron las puertas para
los usuarios del Hipódromo Municipal de Maó.
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La
prisión de Campos del Río vive estos meses una
ajetreada actividad. El centro, lejos de
entregarse al descanso veraniego, está trabajando
en este momento en coordinar la llegada de nuevos
internos y organizar la convivencia de los que ya
habitan entre sus gruesas paredes. Hasta la fecha,
más de 600 presos -concretamente, 610- cumplen
condena en este centro de máxima seguridad. A
partir de ahora la llegada de nuevos reos a la
prisión «se irá ralentizando», según explica Nahum
Álvarez, director del centro. Para finales de este
año se espera que entre 800 y 850 internos ocupen
la nueva cárcel.
El regreso a la Región de los presos que, debido a
la saturación de la prisión de Sangonera La Verde,
han tenido tradicionalmente que cumplir su condena
en otras cárceles españolas, siempre ha sido una
prioridad. Álvarez explica que alrededor de dos
tercios de los internos que actualmente ocupan el
centro, unas 400 personas, se encontraban hasta la
apertura de la nueva cárcel realojados en centros
de otras comunidades, principalmente Albocásser
(Castellón), Villena (Alicante) o Albolote
(Granada).
Esta situación hacía más complicada la relación
con sus familiares y, desde Instituciones
Penitenciarias, nunca se ha ocultado la
preocupación por acabar con este problema. La
secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya reconocía en
2009, durante una visita a las obras de Campos del
Río, que Murcia era «la Región con más internos
desplazados a otros centros». Con la apertura de
esta nueva cárcel, esta cuestión parece haber
encontrado solución. «Casi todos los internos
murcianos que querían volver ya han podido
hacerlo», sostiene Álvarez. Obviamente, no todos
los presos han querido trasladarse al nuevo centro
murciano. «Algunos ya tienen cierta estabilidad o
un puesto de trabajo en los otros centros y no les
interesa», razona el director de Campos del Río.
Preventivos y penados
El resto de los internos que han ingresado en
estas nuevas instalaciones provienen de la otra
prisión murciana, la de Sangonera La Verde. El
nuevo panorama que se abre en la Región con la
convivencia de dos centros penitenciarios permite
una mejor organización. De esta forma, Campos del
Río acogerá, por el momento, a todos los internos
penados, mientras que Sangonera La Verde se
especializará en albergar a aquellas personas que
se encuentren en situación de prisión preventiva,
a la espera de un juicio que determine si deben o
no cumplir una condena en el centro.
La excepción en este modelo de organización son
las mujeres, cuyo módulo ha sido trasladado por
completo a Campos del Río. Las féminas, por tanto,
sean penadas o preventivas, ven ya pasar los días
en la nueva cárcel. En la misma situación se
encuentran los internos menores de 21 años, que
cuentan, según Álvarez, con un módulo específico.
El ingreso en el centro de los primeros presos
está funcionando, según Álvarez, con absoluta
normalidad. Aunque este periodo de aclimatación ha
coincidido con el verano y, por tanto, con las
vacaciones de una parte de la plantilla, el
director del centro valora el trabajo de su equipo
que, asegura, ha logrado que «apenas se produzcan
incidencias. A partir de ahora, se llevará a cabo
una fase de estabilización con la llegada de un
menor número de internos, concretamente unos 200
más hasta final de año.
La nueva prisión de Campos del Río, con capacidad
para 1.196 presos, dista mucho de la cárcel de
Sangonera La Verde. La primera responde a un nuevo
modelo de centros por los que Instituciones
Penitenciarios apuesta actualmente. En éste, por
ejemplo, además de una mayor amplitud de las
celdas, se ha eliminado la característica torre de
control que solía dominar todos los centros
penitenciarios. En estas instalaciones se ha
incluido, además de gimnasio, piscina, auditorio o
biblioteca, unas aulas destinadas a la puesta en
marcha de talleres productivos de cocina o
jardinería. Con esta iniciativa, los internos
pueden mantenerse ocupados, aprender un oficio y
obtener unos ingresos de cara a ayudar a sus
familiares y a preparar su vida para cuando
disfrute la libertad.
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Los ayuntamientos gobernados por la formación
proetarra Bildu han convertido el
apoyo a los presos de la banda terrorista
ETA en una de sus preocupaciones
principales en la gestión municipal. Muchas de las
localidades que dirigen tienen sistemas de ayuda y
apoyo a los familiares de los presos. En la mayoría,
heredados de las políticas llevadas a cabo por su
antecesora, la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca
(ANV). Tras las elecciones del 22 de mayo, la
heredera de ANV se hacía con casi 100
alcaldías entre el País Vasco y Navarra,
algunos de los municipios más importantes de la
Comunidad Autónoma Vasca eran conquistados por la
formación separatista tras el visto bueno que el
Tribunal Constitucional dio a su presentación. De
esta manera se les permitió gestionar 1.621 millones
de euros, contando con la Diputación Foral de
Guipúzcoa y el consistorio donostiarra. La mayoría
de estos ayuntamientos han hecho especial hincapié
en fomentar el contacto de la ciudadanía con los
presos terroristas. Estas iniciativas van desde la
ayuda económica a los familiares para que visiten a
los reclusos hasta la celebración de actos de
solidaridad, pasando por la propaganda en sus
páginas web oficiales.
Así, en San Sebastián, el municipio
con mayor número de habitantes gobernado por Bildu,
su alcalde, Juan Carlos Izaguirre, apareció en
público durante las fiestas de Vitoria junto con dos
representantes de Etxerat, la asociación de
familiares de presos de ETA.
La corporación utiliza el dinero de los
donostiarras para financiar programas de apoyo a
presas de ETA en Martutene. Los
talleres de ayuda están dirigidos a tres áreas
fundamentales: masajes y conciencia corporal;
desarrollo personal; y salud y sexualidad. Además,
el consistorio subvenciona otras actuaciones
dirigidas al colectivo de mujeres presas, como
funciones de teatro y talleres
profesionales.
En Mondragón, uno de los grandes municipios
vascos de Bildu, con un presupuesto superior a 33
millones de euros, se subvencionan los gastos de
desplazamientos de los familiares de los etarras que
tengan como objetivo las visitas a las cárceles. El
ayuntamiento paga 0,10 euros por kilómetro recorrido
entre la localidad y el centro penitenciario, y la
subvención es compatible con cualquiera que se
obtenga por otra Administración para este fin. El
presupuesto para la visitas a etarras es de 20.000
euros.
El portal en Internet del Ayuntamiento de
Oyarzun, un pueblo guipuzcoano de cerca de
10.000 habitantes, aparece decorado con el típico
emblema reivindicativo de los etarras en el que se
pide el acercamiento de los presos de la banda al
País Vasco. La página web no tiene traducción al
castellano.
En Astigarraga, un pequeño municipio guipuzcoano
en el que Bildu consiguió mayoría absoluta el pasado
22 de mayo, una de las primeras decisiones “de
urgencia” del Pleno municipal fue la de condenar el
juicio de Bateragune. Este proceso se sigue contra
Arnaldo Otegui y otros siete miembros de la
izquierda abertzale –entre ellos, un ex concejal del
municipio– por su presunta participación en la
reactivación de la cúpula de Batasuna siguiendo
instrucciones de la banda terrorista ETA.
La moción fue respaldada por los siete concejales
de Bildu y contó con el voto en contra del edil de
Hamaikabat y con las abstenciones de los dos
concejales del PNV. En el texto aprobado en el Pleno
del 30 de junio se incluyen duras críticas al
“Estado español” y a su “profundo
déficit democrático”, se llama a la
movilización ciudadana y se ofrece la ayuda
económica necesaria para poder pagar los gastos del
juicio.
Los responsables de Bildu en Bermeo, un municipio
vizcaíno de 17.000 habitantes, también se vuelcan
con los colectivos de presos y con los familiares de
estos. En su página web, ofrece como servicio
municipal un vínculo a una asociación local –Bermeorant–
cuyo objetivo es el acercamiento de los presos
bermeanos al País Vasco. En el municipio de Pasajes,
durante sus fiestas, el pasado mes de julio, el día
30 estuvo dedicado a los presos y lo que ellos
denominan “refugiados”.
En el programa publicado por el ayuntamiento se
podía leer: “Queremos también hacer una
mención especial a los que, por una razón u otra, no
pueden celebrar estas entrañables fiestas con
nosotros: marinos, enfermos, trabajadores, presos y
refugiados políticos, residentes en el extranjero…
Nuestro saludo más cordial y emotivo para ellos”.
Finalmente, en Guernica, municipio emblemático del
separatismo vasco, mañana martes, en el marco de las
olimpiadas de cuadrillas, dentro de las fiestas
locales, está convocado para la noche un “Pasacalle
a favor de los derechos de los presos vascos,
partiendo de la plaza del ayuntamiento”.
Solicitud
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han
solicitado una reunión con la Fiscalía y la Abogacía
del Estado para hacerles llegar su malestar y
denunciar, además de hacerlo públicamente, el apoyo
que Bildu está haciendo a los presos de la banda
terrorista ETA. La Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) tiene la intención de mostrarles
los casos de lo que ellos consideran una “conducta
reiterada de defensa de los postulados y el mundo
etarra”.
Según Ángeles Pedraza,
presidenta de la AVT, “lo que está haciendo Bildu es
repugnante”, y califica al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero de “cómplice” del Tribunal
Constitución al permitir la entrada del entorno
terrorista en las instituciones.
Las acciones a las que se refieren desde la AVT
son tan llamativas como la complicidad del diputado
general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y el alcalde
de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ambos
miembros de Bildu, que aprovecharon las fiestas de
Loyola en el municipio guipuzcoano de Azpeitia para
intercambiar saludos con grupos de apoyo a los
presos de la banda. |
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El sueldo de los funcionarios seguirá congelado en
2012 por la prórroga presupuestaria. Ésta es una de
las principales consecuencias del adelanto electoral
al 20 de noviembre anunciado por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que, como él
mismo avanzó, supone ampliar la vigencia de los
Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Las cuentas de este año incorporaron la congelación
del salario de los funcionarios como parte
importante del plan de ajuste de mayo de 2010
con el que el Gobierno respondió al rescate de
Grecia. Mientras, el año pasado se llevó a la
práctica el primer recorte salarial de la historia
de la democracia a este colectivo con rebajas medias
en los sueldos de un 5% de media en el segundo
trimestre (frente al 0,3% pactado y vigente en los
seis primeros meses) y que, en el caso de los altos
cargos y miembros del Gobierno, llegó hasta el 15%.
Ahora, el Real Decreto de prórroga de los
Presupuestos de 2011 supondrá que, por cuarto año
desde 1994, los funcionarios cobrarán lo mismo en
diciembre que en enero. Este texto deberá ser
aprobado por el Consejo de Ministros antes de que
termine el año, pero no tiene que ser ratificado por
el Congreso y, por tanto, no necesita el apoyo de
los grupos parlamentarios.
Cuatro años consecutivos
Este Real Decreto, que tiene el mismo carácter
legislativo que la Ley de Presupuestos,
mantendría todas las partidas vigentes, entre ellas,
la de gasto de personal donde está incluida esa
congelación salarial que derivó en una huelga de
funcionarios el 8 de junio de 2010.
Sin embargo, el Gobierno se reserva la
posibilidad de incluir modificaciones en ese Real
Decreto, tal y como ocurrió en el año 1996
cuando el Ejecutivo de Felipe González tuvo que
prorrogar las cuentas del año 1995 por falta de
respaldo político.
De esta forma, el Gabinete de José Luis
Rodríguez Zapatero podría optar por aprobar un alza
salarial en 2012 para los 2,5 millones de empleados
públicos -una decisión que se convertiría en una
baza electoral para el candidato socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba- o bien dejar la prórroga como está
y pasar la patata caliente al próximo Ejecutivo,
tenga el color que tenga.
Rajoy: alza en función del PIB
Si Zapatero mantiene la congelación en el Real
Decreto, la decisión de ampliar a todo el año que
viene esa medida dependería del Ejecutivo que salga
de las urnas el próximo 20-N y de los Presupuestos
Generales del Estado que diseñe.
En el caso de que el candidato del Partido
Popular a la Presidencia, Mariano Rajoy, gane las
elecciones -tal y como apuntan la totalidad de las
encuestas-, el líder de Génova ya ha asegurado que
tiene intención de tener aprobado el Presupuesto en
el transcurso del primer trimestre y ha avanzado, en
una entrevista con Ep, que la subida del
sueldo de los funcionarios "dependerá del
crecimiento económico". Según las previsiones
que el Gobierno maneja a día de hoy en el cuadro
macroeconómico, se estima que el PIB crezca un 2,3%
en 2012.
Precisamente, Rajoy, cuando en 1997 era ministro
de Administraciones Públicas, congeló el sueldo de
los funcionarios, una decisión que también fue
respondida con una huelga en la función pública. La
primera vez en los últimos 20 años que se congeló el
salario de los empleados públicos fue en 1994,
cuando gobernaba Felipe González y Pedro Solbes
ejercía de ministro de Economía.
Desahogo para las arcas
A la espera de ver si Rajoy o si Rubalcaba optan,
en la campaña electoral, por prometer subidas en el
sueldo a los trabajadores de la Administración
Pública en 2012, la congelación sumaría una cantidad
no desdeñable en unas arcas públicas con ansias de
recaudar para cumplir sí o sí con el proceso de
consolidación fiscal comprometido con Bruselas.
De hecho, el Ministerio de Economía y Hacienda
avanzó cuando Zapatero anunció el recorte
salarial de 2010 que el Estado tenía previsto
ahorrar 2.300 millones de euros en 2010 y un total
de 4.500 millones en 2011, en una medida
aplaudida por los organismos internacionales.
Sin embargo, los datos publicados después por la
Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) confirmaron el pasado marzo que el ahorro por
el recorte salarial se quedó el año pasado en la
mitad de los previsto, esto es, en 1.126 millones de
euros. |
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El miembro de ETA Asier Carrera Arenzana, condenado
a cien años y nueve meses de prisión por el
asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa y
de su escolta Jorge Díez, se encuentra desde el
pasado mes de junio internado en la cárcel de
Nanclares de Oca (Álava), han informado fuentes
penitenciarias.
Carrera, que desde finales de febrero cumplía
condena en la prisión de A Lama (Pontevedra) después
de haber estado en prisiones andaluzas, fue
trasladado al centro alavés -que junto a los de
Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) concentra a
los etarras que han abandonado la disciplina de la
banda- con motivo del nacimiento de su hijo y con un
permiso extraordinario para conocerlo.
Asier Carrera fue detenido en noviembre de 2000 en
Bilbao y, en su declaración policial, confesó haber
accionado el coche-bomba que el 22 de febrero de
2000 mató en Vitoria a Buesa y a Díez.
El etarra cometió el atentado en compañía de los
también miembros del "comando Ituren" de ETA Luis
Mariñelarena y Diego Ugarte.
En 2003, la Audiencia Nacional dictó una nueva
condena para Carrera, en este caso de 36 años de
prisión por el intento de atentado con coche-bomba
en el año 2000 contra el entonces diputado general
de Álava, Ramón Rabanera (PP).
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España tiene casi 700 terroristas presos en sus cárceles |
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21/08/11 |
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Un total de 670
presos (567 hombres y 103 mujeres), pertenecientes a distintas
bandas terroristas, se encuentran cumpliendo condena en
cárceles españolas. La mayoría de ellos, 579, son de ETA o de
las organizaciones de su entramado, seguidos de Al Qaida y
otros grupos yihadistas (47); GRAPO, 35; anarquistas, cinco;
grupos gallegos, tres; y GAL, uno. Según el último listado
elaborado por el Ministerio del Interior, correspondiente a la
primera quincena de este mes, los reclusos cumplen condenas, o
son preventivos, en un total de 59 centros penitenciarios,
distribuidos por toda la Península. |
Dos
cárceles, situadas en el norte y el sur de España,
centran la política penitenciaria que sigue Interior
con los reclusos de ETA. En la prisión de Nanclares
de la Oca, en Álava, han sido concentrados los
internos que han expresado su rechazo a las
actividades criminales de la banda. Fueron
expulsados del «colectivo», en el que siguen la
mayoría de los presos bajo las directrices de la
organización terrorista.
Arrepentidos
En la cárcel alavesa se encuentran en la actualidad
un total de 23 ex etarras: Antonio Alza; José
Arizmendi; Aitor Bores; Rafael Caride; Luis María
Carrasco; Asier Carrera; Joseba Díaz Urrutia; Ibon
Echezarreta; José Fernández; Ángel Figueroa; Jesús
García Corporales; Carmen Guisasola Solozábal;
Valentín Lasarte; Luis María Lizarralde; Idoia López
Riaño; Fernando Luis Astarloa; Andoni Muñoz; Iurgi
Oteiza; Pedro Picabea; Miguel Ruiz de Eguilaz; José
Luis Urrusolo; Jorge Uruñuela y Sagrario Yoldi.
Pese a las noticias que se han publicado a lo largo
de este verano, no se han producido traslados
masivos de etarras a la prisión alavesa, que
mantiene un número estable de internos de la banda
desde hace algún tiempo.
El tristemente famoso pistolero Urrusolo Sistiaga, «Langile»,
uno de los sujetos más sanguinarios de los que han
militado en ETA, es, al parecer, el jefe de los
disidentes, entre los que figuran otros individuos
que también destacaron por sus instintos criminales:
Carmen Guisasola («comando Vizcaya»); Idoia López
Riaño («comando Madrid»); Rafael Caride, uno de los
autores de la matanza de Hipercor, en Barcelona;
Valentín Lasarte, condenado por los asesinatos de
Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica; y Pedro Picabea,
que llegó a ser jefe de las células de la banda.
A centenares de kilómetros, en la cárcel de Puerto
III, en el Puerto de Santa María, Cádiz, se
encuentran los considerados como más «ortodoxos»,
seguidores de la disciplina que marca ETA: Javier
Alegría; Óscar Barreras; Arkaitz Ballón; José María
Beristain; Aitor Cotano; José María Dorronsoro; José
Antonio Embeitia; David Gramont; Sebastián Lasa;
José María Matanzas; Henri Parot; Javier Rey; Germán
Rubenach y José Félix Zabarte.
Estos etarras comparten centro penitenciario con el
«grapo» Laureano Ortega, condenado, entre otros
crímenes, por el asesinato de dos guardias civiles
en Santiago de Compostela, en marzo de 1989, y con
el «yihadista» del GIA argelino, Mohamed Achraf, que
cumple una sentencia de 14 años por formar un grupo
que pretendía atentar contra la Audciencia Nacional
con un camión bomba.
«Aparato Político»
Javier Alegría y José María Dorronsoro fueron, en su
momento, dos de los responsables del «aparato
político» de la banda en España y Francia.
Jose María Matanzas, de cuyo «arrepentimiento» se
escribieron bastantes líneas, era uno de los
abogados más destacados del colectivo de letrados
que defienden habitualmente a los miembros de ETA.
Germán Rubenach, del «comando Madrid», fue jefe
«militar» de la banda.
El nombre de Henri Parot es sobradamente conocido
por los atentados que cometió, entre elllos el
perpetrado con coche bomba contra la casa cuartel de
la Guardia Civil de Zaragoza, en diciembre de 1987,
con el resultado de 11 personas asesinadas, cinco de
ellas niños.
Los portavoces del «Colectivo de Presos Políticos
Vascos» (EPPK), los «guardianes» de la «ortodoxia»,
Juan Lasa Michena, «Txikierdi», y Ana Belén Egües,
se encuentran, respectivamente, en las cárceles de
Sevilla II (Morón de la Frontera) y Huelva.
Paso previo
El centro de Zuera, en Zaragoza, es utilizado por el
Ministerio del Interior para concentrar a aquellos
etarras que, sin renunciar a las actividades de la
banda, muestran supuestas actitudes más favorables a
la desaparición del terrorismo. En esta cárcel
están, entre otros, Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»;
Jesus Arcauz Arana, «Josu de Mondragón»; Santiago
Arróspide Sarasola, «Santi Potros»; Ignacio Bilbao
Beascoechea, «Iñaki de Lemona»; Miguel Ángel Eguibar
Michelena «Elama»; Francisco Múgica Garmendia, «Pakito»;
Felipe San Epifanio, «Pipe»; y José Javier Zabaleta
Elósegui, «Baldo». Se ha dado el caso de reclusos de
ETA que habían sido «acercados» a esta prisión, pero
que después fueron alejados al no «progresar». |
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El conductor de un vehículo embistió en varias
ocasiones contra la puerta de la prisión en la
madrugada de ayer hasta que la derribó en parte, al
señalar que estaba huyendo de otro automóvil que le
estaba persiguiendo y pidiendo que le abriera para
poder refugiarse en el interior del centro
penitenciario.
Según cuentan vecinos de los alrededores, cuando el
automóvil que le perseguía llegó hasta su altura, el
conductor del coche que había pedido socorro
emprendió la huída nuevamente y con posterioridad
fue llevado hasta la misma prisión por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
analizar los destrozos que se habían producido unas
horas antes. |
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El
PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso del
vicepresidente del Gobierno y ministro de Política
Territorial, Manuel Chaves, para que explique si el
Ejecutivo va a recortar un 8 por ciento el
complemento por productividad que tienen los
funcionarios.
El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso
del vicepresidente del Gobierno y ministro de
Política Territorial, Manuel Chaves, para que
explique si el Ejecutivo va a recortar un 8 por
ciento el complemento por productividad que tienen
los funcionarios.
La portavoz del grupo parlamentario, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha explicado este lunes que quieren
escuchar del vicepresidente qué hay de este asunto
que, según ha dicho, "ha negado siempre". "Ahora hay
una carta, un documento que se ha hecho publico.
Queremos que comparezca y que explique por qué no lo
dijo cuando fue preguntado en el Congreso de los
Diputados por el PP", ha expuesto, en referencia a
una carta de la Secretaría de Estado de Hacienda en
la que se comunica ese recorte del 8 por ciento.
Por otro lado, los 'populares' han registrado
también una solicitud de comparecencia de la
ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar, para que dé cuenta de las gestiones de su
departamento sobre los ataque sufridos por los
agricultores españoles en Francia este verano, una
"crisis" más del campo español "muy ligada a la
falta de defensa" del sector por parte del Gobierno,
ha dicho la portavoz parlamentaria. |
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Un año ha tardado el Ministerio de Interior en
ajusticiar a uno de sus funcionarios. En julio de
2010 se inició el procedimiento sancionador y el 15
de julio de 2011 se inició la sanción. Las iniciales
de su nombre es J. P. C. P. y ha sufrido una condena
que raya la ejemplaridad: ocho meses de suspensión
de empleo y sueldo, demás de la pérdida del destino
en Ceuta, pena que corresponde a lo contemplado para
una “falta grave”. La cuenta atrás ya ha comenzado.
Él está dispuesto y concienciado para cumplir la
sanción sin alarmas o alardes, pese a que sus
compañeros califiquen la sanción de “barbaridad”.
Una vez acatado, se impone el futuro. “Lo único que
espero es que, tras el cumplimiento de la sanción,
me trasladen cerca de Ceuta: Algeciras, La Línea...”
Los puntos suspensivos no son fácilmente
interpretables, puesto que más que una ciudad puede
estar pensando en un hecho, en una verdad o en una
creencia. De arrepentimiento, nada. “No hice mal
alguno”. Tanto J. P. C. P como los miembros de los
sindicatos APFP, ACAIP, CCOO y CSI.F creen que la
falta impuesta –“falta de rendimiento que afecte al
normal funcionamiento de los servicios”– no es más
que una excusa para lo que realmente ocurrió: “se
persigue dar carpetazo a una situación que no gusta
o descalabrar a un trabajador público que es molesto
o que no cae simpático”, declararon en un texto
conjunto los sindicatos indicados.
Hasta aquí, los hechos parecen claros: un
funcionario sancionado que ha de volver a casa de su
madre, unos sindicatos que se muestran en desacuerdo
con la sanción al compañero y que señalan a la
dirección del centro penitenciario y al ministerio
calificados como severos, si no tendenciosos. Nada
más que revelar. O sí. Pero más por lo que no se
dice que por lo que se dice. De un lado, está el
sindicato UGT, el mayoritario entre los funcionarios
de la prisión y objeto de las invectivas de las
otras organizaciones sindicales. De un lado, su
condición de esquirol, al declinar la firma conjunta
en el escrito presentado por el resto. Del otro
lado, UGT es acusada de ser connivente con la
dirección de la prisión,a la que se le
responsabiliza del alto castigo impuesto al
funcionario.
Tras agradecer a los sindicatos que firman como
camaradas, J. P. C. P. manifestó que UGT sostiene
algo falso y demostrable: que la dirección sí tuvo
que ver con que la sanción finalmente impuesta haya
sido de tal extremo. Por alusiones, y sin querer
entrar en la típica guerra entre sindicatos, el
delegado de UGT en el centro de Los Rosales
respondió a las acusaciones diciendo que la no firma
conjunta se debió a que el contenido del texto no
fue convenido sino lo contrario. “Si nos hubiéramos
sentado, lo habría firmado”, dijo. UGT sostiene,
efectivamente, que la sanción al funcionario es
“excesiva” y que “no tiene interés alguno por
defender a la dirección” del centro. “UGT actúa
siempre que un trabajador sea perseguido”, anotó,
“es más, el funcionario sancionado seguirá
disponiendo de la defensa de UGT siempre que haga
falta”, expresó.
La dirección lamenta la sanción al
funcionario
La dirección del centro penitenciario de Los Rosales
manifestó, al verse involucrado en “una guerra entre
sindicatos en la que no creo necesaria nuestra
intervención”, que el funcionario sancionado fue
imputado con todas las garantías. “El acusado
siempre contó con las garantías de defensa
establecidas”. El director, Juan Hernández, lamentó
la sanción, “porque es un funcionario a quien tengo
en estima, a quien personalmente aprecio”, apuntó,
aunque se inclinó por atender a las
responsabilidades de los cargos públicos. “Los
funcionarios nos tenemos que atener a un régimen
disciplinario que hay que cumplir. En nuestra
profesión contamos con recompensas y con sanciones”,
explicó para, a continuación, aclarar que de sus
actuaciones depende “la libertad o no de los
reclusos”. |
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El año pasado se produjeron un total de 86 "fugas"
del centro penitenciario de A Lama. En cualquier
caso, los reclusos que deciden huir de la vida entre
rejas no trazan complicados planes para sortear los
anillos de seguridad de la prisión o para saltar los
altos muros que rodean el centro de Monte Racelo. Se
van por la puerta principal del centro. Y es que la
práctica totalidad de los internos que se marchan
del penal sin haber cumplido la totalidad de la pena
aprovechan los permisos que reciben para vivir unos
días en libertad para posteriormente no regresar más
al centro penitenciario. Y cada año el número es
mayor. Echando un vistazo a la Memoria de 2010 de la
Administración General del Estado en Galicia se
comprueba que el pasado ejercicio se fugaron de A
Lama utilizando este método un 53% más de reclusos
que en 2009, cuando fueron un total de 56. Es
también una cifra ligeramente superior a la que se
registraba hace cinco años, en 2006, cuando eran 82
los presos que no volvían a la prisión tras un
permiso.
Además, la prisión de A Lama acumula más de la mitad
de los reclusos que no regresan a la cárcel tras
disfrutar de un permiso en la comunidad autónoma. En
toda Galicia fueron el pasado año 130, de los que
los 86 mencionados cumplían condena en el centro de
Monte Racelo, es decir un 66%. Con todo, cabe
señalar que la de Pontevedra es la cárcel más
poblada de Galicia, con 1.633 internos a fecha de 31
de diciembre de 2010, frente a los 1.432 de Teixeiro
(con 24 evadidos); los 376 de Bonxe (con 5 presos
que no regresaron de permiso); los 387 de Monterroso
(6 no regresados); y los 412 de Pereiro de Aguiar
(con otros 9 huidos).
Teniendo en cuenta que entre un 40 y un 50% de los
reclusos gallegos disfrutan de permisos a lo largo
del año, la cifra no parece demasiado elevada. Se
trata además de internos que han cumplido ya gran
parte de su condena y que deciden complicarse la
vida no regresando al centro penitenciario tras el
permiso. Cuando de nuevo son descubiertos, se
enfrentan a una nueva condena adicional de seis
meses de prisión por quebrantamiento de condena.
La mayoría son condenados por penas que no exceden
los cuatro años de prisión por delitos contra el
patrimonio y suelen regresar pronto al centro
penitenciario tras ser identificados por la propia
policía en sus domicilios o en el de familiares.
Otros reinciden y vuelven al penal tras ser
capturados. Por lo tanto, la mayoría tiene siempre
los días contados fuera de prisión una vez que
deciden incumplir su permiso. Salvo casos concretos,
como extranjeros que no tienen arraigo en nuestro
país y que aprovechan esta oportunidad para huir. En
caso de reclusos con penas graves, el desarraigo
puede ser una de las causas que incluso desaconseje
la concesión del permiso.
Los casos de reclusos que siguen intentando fugarse
de la cárcel a la antigua usanza, esquivando los
controles de seguridad, son hoy en día casi una
anécdota. Así, por ejemplo, en los últimos años han
trascendidos dos intentos de fuga de la prisión de A
Lama. El primero tuvo lugar en abril de 2010 cuando
dos internos planearon irse de la prisión serrando
los barrotes de su celda y fugarse a través del
tejado. Los funcionarios descubrieron y abortaron su
plan cuando durante una inspección rutinaria
comprobaron que los barrotes de la ventana de la
celda que compartían los dos reclusos estaban
serrados. Los propios internos confesaron su plan y
reconocieron que obtuvieron el material empleado
para serrar los barrotes de uno de los talleres
ocupacionales que se llevan a cabo en el centro.
En enero de este mismo año otro interno fue
capturado por los funcionarios y la Guardia Civil
cuando había conseguido saltar una de las valles
perimetrales de la prisión y todavía debería superar
otra valla más y el muro de la prisión, lo que hace
casi imposible este tipo de fugas. |
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Con horas y horas de paciente y laborioso trabajo,
un simple cepillo de dientes, un bolígrafo o los
cordones de unos zapatos pueden convertirse en un
arma letal. Son algunas de las mil formas que tienen
los reclusos para fabricar un 'pincho' carcelario,
un instrumento de defensa y ataque en la prisión.
Solo en lo que va de año, los funcionarios del
Centro Penitenciario de Jaén han cogido a 21
reclusos que llevaban estas armas fabricadas para
matar. El dato lo aporta el director en funciones de
la prisión, Juan Mesa. Afirma que no se trata de una
cifra excesivamente alta, sobre todo si se compara
con los decomisos realizados en otras cárceles
españolas. Sin embargo, cualquier arma de
fabricación artesanal supone un peligro tanto para
los funcionarios como para los propios internos.
Los trabajadores de la prisión saben que los
reclusos pueden fabricar un “pincho” con cualquier
cosa y con todo tipo de materiales. Así, se han
encontrado armas blancas realizadas con huesos de
animales, con cepillos de dientes, con bolígrafos e,
incluso, con las varillas de los carros térmicos de
la comida, los anclajes de los radiadores o los
vierteaguas de las ventas. Y eso que en la cárcel
las camas no tienen somieres metálicos, ni son de
metal los efectos que pueden utilizarse entre rejas.
Su efectividad consiste en trabajarlos bien y
dotarlos de un mango de trapo y celo, que permita
profundizar al clavar la parte punzante.
Para detectarlos, el principal elemento con el que
cuentan los funcionarios son los detectores de
metales y los “cacheos” de las celdas, registros que
se hacen de forma periódica y aleatoria y que tienen
como objetivo buscar este tipo de armas, además de
drogas, medicamentos o jeringuillas. Y aunque muchos
permanecen bien escondidos en los colchones, los
sanitarios e, incluso en el propio cuerpo, las
aprehensiones son muchas. En concreto, en lo que va
de año, ya se han decomisado 24 “pinchos”. El
castigo pasa por la apertura de un expediente
disciplinario que termina con una sanción. Si la
falta es considerada grave, el recluso puede ser
privado del paseo y de otras actividades de ocio de
tres a veinte días. Si se pone en peligro la
seguridad del centro, se considera una infracción
más grave, castigada con el aislamiento en celda
durante cinco días como máximo. Además, también se
da cuenta de los hechos al juez de Vigilancia
Penitenciaria, que lo valorará a la hora de conceder
un permiso. Los funcionarios se juegan el tipo con
estos instrumentos peligrosos. De hecho, los
trabajadores de vigilancia se han visto envueltos,
en más de una ocasión, en peleas entre internos en
las que han salido a relucir los “pinchos”. Juan
Mesa asegura que este verano está siendo muy
tranquilo: “No ha habido incidentes de
consideración, a pesar de que las altas temperaturas
suelen alterar a la gente”, concluye.
La población reclusa se estabiliza en torno
a los 685 presos
“Afortunadamente, ha bajado notablemente el número
de reclusos”, afirma el director en funciones, Juan
Mesa. El Centro Penitenciario alberga actualmente en
sus celdas a 685 reclusos. La población reclusa se
ha estabilizado en torno a esa cifra, lejos de los
800 que superó a principios de 2010, su récord
absoluto. |
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Miguel
Angel Magaña Noguera vuelve a estar entre rejas,
aunque de momento permanece en la cárcel de
Alhaurín de la Torre (Málaga) y no en la de
Badajoz, de la que salió el pasado 11 de julio con
un permiso carcelario y no regresó. Este hombre
de 45 años, natural de Melilla y con domicilio en
Málaga, calificado por las fuerzas de seguridad
del Estado como "un peligroso delincuente",
cumplía condena en el centro penitenciario de
Badajoz por homicidio, llevaba más de 15 años en
la cárcel pagando por este delito y por una
veintena de atracos perpetrados en los años
noventa.
A su larga lista de hechos delictivos se suman
ahora no solo el quebrantamiento de la condena
sino que, desde que salió de la cárcel hasta que
ha sido detenido en Málaga el pasado día 18, en
poco más de un mes, ha cometido presuntamente
cuatro atracos a mano armada, uno de ellos en una
sucursal bancaria de Badajoz, a los pocos días de
estar en la calle. Y otro delito aún más grave: un
intento de homicidio cometido el 17 de julio en
una pequeña localidad de Málaga, donde se dirigió
tras salir de Badajoz.
Fuentes consultadas por este diario aseguran
que el centro penitenciario le denegó el permiso,
pero el preso recurrió la decisión y el juez de
vigilancia penitenciaria se lo concedió. Este
diario intentó ayer contrastar los motivos por los
cuales el juez no coincidió en su decisión con el
informe negativo de los profesionales del centro
penitenciario que evaluaron la situación del
preso, pero quien se identificó como juez
desconocía en ese momento si había sido él quien
firmó el auto y no quiso dar más explicaciones.
La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía informaron ayer de la detención de este
delincuente, al que le constaban tres órdenes de
búsqueda y captura, dos por sendos delitos de
homicio. La detención se produjo el pasado día 18
por agentes de la Guardia Civil de Alhaurín de la
Torre, en colaboración con la Policía Local, tras
presuntamente atracar a mano armada una entidad
bancaria de Alhaurín de la Torre. Aquí acababa su
viaje, pero antes de esta última estación había
hecho otras cuantas paradas.
CON UNA PISTOLA El 14 de julio, tres días
después de haber salido de la cárcel de Badajoz
para disfrutar de su permiso, reincidió sin salir
de la ciudad. Presuntamente es el autro del robo
con violencia e intimidación perpetrado en la
sucursal de Caja Extremadura de la avenida de
Elvas. Ocurrió sobre las 13.30 horas. El atracador
irrumpió a cara descubierta en la entidad y, tras
intimidar a los empleados con una pistola,
consiguió 900 euros y 200 libras esterlinas,
huyendo del lugar posteriormente.
El Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la
Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría
Provincial de Badajoz inició las gestiones para
identificar y detener al autor y tras
indentificarlo, confirmó que esta persona se
encontraba interna en el centro penitenciario de
Badajoz cumpliendo una larga condena, pero no
había reingresado tras un permiso.
Posteriormente, en la Jefatura Superior de
Extremadura confirmaron que este hombre ya no
estaba en Badajoz porque tuvieron conocimiento de
que había herido de gravedad a la actual pareja de
su mujer en Chilches, un núcleo dependiente de
Vélez- Málaga.
Este hecho de mayor gravedad ocurrió tres días
después del atraco en Badajoz, el 17 de julio.
Miguel Angel Magaña se dirigió a Málaga, a casa de
la mujer con la que mantuvo una relación en el
pasado.
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Instituciones Penitenciarias ha acabado de deshojar
la margarita de las fechas y sus responsables han
decidido que la nueva cárcel de Zaballa abrirá sus
puertas, o mejor dicho cerrará sus rejas, a lo largo
de la segunda quincena de septiembre. Para el día de
la Merced, patrona de las prisiones, que se celebra
el 24 del mes que viene, está previsto que ya se
haya producido la inauguración formal del centro -se
estima que las autoridades acudan al acto en torno
al día 20- y que el nuevo penal sustituya a la
antigua prisión de Nanclares de la Oca. Lo que por
el momento no ha trascendido es cuándo se producirá
el traslado de los reos a las nuevas instalaciones,
si bien se ha anunciado que éste se producirá de
forma escalonada. Un total de 720 celdas aún por
estrenar acogerán en breve a los reclusos, que
podrán disfrutar de unas condiciones de
habitabilidad sensiblemente superiores a las
ofrecidas en la deteriorada cárcel de Langraitz. Con
una superficie construida equivalente a 18 campos de
fútbol, el centro de Zaballa, denominado
oficialmente Norte I, cuenta con diversas
clasificaciones penitenciarias y con diversos
edificios dotacionales. Sus portavoces lo presentan
como una pequeña ciudad formada por 12 minicentros
residenciales -8 de 72 y 4 de 36 celdas- dotada de
servicios culturales, sanitarios, deportivos y
productivos comunitarios. Está previsto que cerca de
medio millar de funcionarios trabajen en el centro
erigido sobre el viejo polvorín.
Lo que aún no se ha despejado del todo es la duda
que pende sobre el antiguo penal, aún en servicio.
En contra de las sospechas de algunos, que apuntaban
a la posibilidad de que se mantuvieran ambos
abiertos de forma simultánea, Instituciones
Penitenciarias ha asegurado que procederá a su
clausura en cuanto se ultime la mudanza y que se
dedicará a otros fines, para lo cual lo cederá al
Ayuntamiento de Iruña Oka. Ante tamaño ofrecimiento,
el Consistorio se ha apresurado y ya ha solicitado
que se dedique a fines turísticos.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, responsable de la
ejecución del polémico proyecto -la Diputación
alavesa lo denunció por incumplir presuntamente el
trámite de impacto ambiental, pero el proceso no
prosperó-, ya indicó en su día que dentro del
complejo se realiza un novedoso tratamiento de los
espacios libres interiores. Una pérgola adquirirá el
protagonismo necesario para optimizar las
circulaciones internas y permitir desplazarse a
cubierto entre los distintos edificios. Con la idea
de adaptarse mejor al entorno y al terreno, el penal
se organiza en cinco plataformas completadas por una
gran avenida central con dos bandas de edificación.
A la izquierda se sitúan los 12 edificios
residenciales y a la derecha los dotacionales. Como
ya sucede en otros centros penitenciarios en
construcción, la cárcel de Zaballa no tendrá torre
de vigilancia para minimizar su impacto visual. |
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Las cárceles de Castilla y León se acercan al
volumen «casi óptimo» de ocupación. Después de que
en los últimos años se haya denunciado un número
excesivo de habitantes, la tendencia ha cambiado y
tras un descenso paulatino parece que en los centros
penitenciarios comienzan a sentirse cómodos con el
volumen de huéspedes. Y es que en lo que va de año
los reclusos de las ocho prisiones y de los seis
Centros de Inserción Social (CIS) de la Comunidad se
redujeron en un 11,6 por ciento hasta los 6.078. Un
total de 799 internos menos, que permiten una mayor
tranquilidad y la bajada de incidentes, ya que el
roce estallaba y se manifestaba en disputas, ajustes
de cuentas e incidentes que, en algunas ocasiones,
terminaron en tragedia.
El descenso del volumen de reclusos se achaca a la
reducción de la delincuencia, además de a la
apertura de nuevos centros. Estos son los argumentos
del director del Centro Penitenciario de Mansilla de
las Mulas en León, José Manuel Cendón, que considera
que la tendencia a la baja ha llevado a que el
centro del que es responsable esté más cerca del
adecuado número de residentes. Lo «perfecto seria un
interno por celda, pero también hay que pensar que
hay que optimizar los recursos y habría celdas
vacías, porque algunos, por características
personales, quiere o tiene que convivir con
alguien». Es el caso, por ejemplo, de familiares, de
personas dependientes o de internos con riesgo de
suicidio. Así, y aunque desde las prisiones «siempre
queremos tener menos, hay que conjugar la economía
con el bienestar de quienes viven en ellas». Para
alcanzarlo, es clave registrar menos incidentes en
las cárceles, y «cuanto menos roce, menos
posibilidades de que surjan conflictos».
La población reclusa en la Comunidad es un 12,6 por
ciento inferior a la de hace cinco años. El pico de
este último lustro se registró en 2008, cuando los
internos se aproximaban a los 7.500. Desde entonces,
esta cifra se ha reducido en un 18,2 por ciento
hasta la actualidad. Y es que en 2008 la
«delincuencia aumentó», apunta Cendón. Con la
masificación comenzaron los problemas. La Ley
General Penitenciaria, en su artículo 19, determina
que todos los internos han de alojarse en celdas
individuales. La normativa contempla la posibilidad
de que en el caso de insuficiencia temporal de
alojamiento, se puedan compartir las celdas. Al
margen de los CIS, en las cárceles de Castilla y
León 5.735 reclusos conviven en 4.816 celdas. Esta
proporción implica un 119 por ciento medio de
ocupación. En diciembre de 2010 era de un 142,7.
Masificación
La prisión de Topas ha llegado a alcanzar un 189 por
ciento de ocupación en algunos módulos, según
denuncia el representante sindical de la Agrupación
del Cuerpo de la Administración de las Instituciones
Penitenciarias (Acaip) en la cárcel salmantina, José
Manuel Salvador. Esta situación dificulta, a su
juicio, las tareas de reeducación y reinserción de
los penados, que en ocasiones tiene que centrar sus
esfuerzos en «sobrevivir». La reducción del volumen
de residentes en las cárceles es «un paso hacia
adelante, pero no el definitivo, sigue estando por
encima del número de celdas», asegura Salvador, que
argumenta que aunque la sobreocupación se de en los
módulos «menos conflictivos, éstos acaban siéndolo»
a causa de la masificación, que es uno de los
detonantes de los incidentes en los centros
penitenciarios. Y es que «la convivencia, a veces,
es imposible, y ha habido asesinatos por gente que
no se acaba soportando», explica. Para el líder
sindical el descenso de presos se debe al incremento
de la extradición, la reducción de condenas en el
nuevo código penal y supone un trasvase un «poco
forzado» a los Centros de Inserción Social.
En la geografía regional se distribuyen una suma de
seis Centros de Inserción Social, que han pasado de
albergar a 286 personas en 2008 a un total de 343 en
la actualidad. |
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En la prisión alavesa de Nanclares de Oca
se está desbordando el número de interinos etarras.
En un intento del Gobierno de dividir el entramado
terrorista, poniendo en marcha una política de
premios y castigos, que entraña una recompensa a
aquellos etarras críticos con la banda, bien con
beneficios penitenciarios o con uno de los gestos
más reclamados por la banda, el acercamiento a
cárceles del País Vasco, este centro encierra a reos
que deberían pasar, en su totalidad, 5.511
años de prisión y que cumplirán mucho menos porque
presuntamente están arrepentidos.
Con la reciente incorporación de Asier
Carrera, asesino del ex dirigente del PSE
Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez
Elorza, en Nanclares se hace un hueco a un
nuevo etarra supuestamente desvinculado de ETA y que
está condenado a cien años y nueve meses de prisión.
Así, sigue creciendo la lista de fechorías y
asesinatos de los reos entre los barrotes de esta
cárcel alavesa. Entre los internos, cabe destacar
terroristas como el famoso pistolero
Urrusolo Sistiaga (quien cumple 497 años de
condena), alias Langile y, al parecer,
jefe de los disidentes; Kepa Pikabea (192),
uno de los asesinos más cruentos de ETA; el
sanguinario Iñaki Rekarte (203); Luis María
Lizarralde (74); Jorge Uruñuela (16); Fernando Luis
de Astarloa (100); Andoni Alza (33) y José María
Fernández Pérez de Nanclares (41), todos
ellos beneficiados por su desvinculación de ETA, a
pesar de ser responsables de una treintena de
asesinatos y de llevar a sus espaldas una reclusión
de 1.156 años.
Otros compañeros de prisión que también pernoctan
en la cárcel alavesa son Carmen Guisasola
(54), importante dirigente etarra al mando de los
comandos liberados hasta que fuera expulsada en
1998; Fernando Luis de Astarloa (100), quien
participó en dos asesinatos; Andoni Muñoz de Vivar
(67), que cumple condena en un módulo de respeto
tras ser acusado de diversos delitos de terrorismo;
Ibon Echezarreta (19); Miguel Simón Ruiz Egilaz
(100); Sagrario Yoldi Múgica (16) y Luis María
Carrasco (290), entre otros. Todos con unos
espeluznantes historiales a sus espaldas.
Jesús García Corporales, más
conocido cómo Josu, cumple una condena de 83 años de
cárcel. Atentó contra Irene Villa el 17 de octubre
de 1991 en el madrileño barrio de La Latina. También
se le atribuyen otras acciones terroristas como el
asesinato del guardia civil Miguel Miranda. Por su
parte, Idoia López Riaño, cumple 2.114 años
de condena por su participación en 23 asesinatos,
la mayoría de ellos formando parte del comando
Madrid. Trasladada desde penal granadino de Albolote
tras haberse declarado fuera de la banda, la Tigresa
ingresó en la prisión de Nanclares el verano de
2010. Es autora de perniciosos actos terroristas,
entre ellos, el atentado cometido en la
plaza de la República Dominicana en el año 1986,
donde fallecieron 12 guardias civiles. La
pistolera, que se ganó la fama de terrorista letal,
es la que más años acumula en la prisión alavesa.
Y aún continúa en los listados que elabora ETA sobre
sus presos.
Condenado a 370 años por cometer siete asesinatos
entre 1994 y 1996, está el integrante del comando
Donosti Valentín Lasarte. Entre sus
atrocidades, los asesinatos del dirigente del PP
Gregorio Ordóñez y el del político del PSOE Fernando
Múgica. 790 años son los que debe cumplir Rafael
Caride Simón, conocido por ser el autor del
tristemente famoso atentado en el Hipercor de
Barcelona, en el cual murieron 21 personas.
Más de 5.000 años y medio de prisión son
los que acumulan estos terroristas y aproximadamente
un centenar de asesinatos y víctimas.
Aunque para el ex ministro de Interior y hoy
candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, “en Nanclares de Oca no hay
ningún preso de ETA, porque todos los que están no
están con ETA”, según afirmó el 19 de julio de 2010. |
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Nanclares de Oca está cada vez más cerca del
overbooking. Con el anuncio, el pasado lunes, de que
el etarra Asier Carrera Arenzana, condenado a 100
años y nueve meses de prisión por el asesinato de
Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez el 22 de
febrero de 2000, se encuentra desde junio internado
en la célebre prisión, ya son 25 los terroristas
allí alojados.
Horas después del comunicado de instituciones
penitenciarias, Mikel Buesa, hermano del
desaparecido dirigente socialista -que llegó a ser
vicelehendakari segundo-, acusó a Interior y al juez
de la Audiencia Nacional (AN) de haber «sobrepasado
la ley», ya que el Código Penal vincula «el
arrepentimiento con la delación».
«Para la ley, solo está arrepentido el que actúa
como un chivato que ayuda a los jueces a probar los
delitos cometidos por sus compañeros», señaló este
catedrático de
Economía en la Complutense, quien recalcó que
Carrera, «de momento, no ha colaborado». Así,
recordó que en su declaración policial demostró que
era «un asesino disciplinado, seguidor de las
instrucciones» que recibía de Txapote, entre ellas,
la de accionar el mando a distancia del coche bomba
que mató a su hermano, o la de matar, sin éxito, en
2000 al diputado general de Álava, Ramón Rabanera.
El reo fue trasladado a Nanclares -que junto a los
de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) concentra
a los etarras que han abandonado la disciplina de la
banda- con motivo del nacimiento de su hijo, y con
un permiso extraordinario para conocerlo. En medio
año, cuando otros tardan varios, Carrera ha pasado
de cumplir condena en Andalucía -donde están los más
duros- a formar parte del grupo al que se atribuye
una ruptura total con la organización criminal.
Mikel Buesa tiene más motivos para estar dolido.
Otro de los asesinos de Fernando, Luis Mariñelarena
Garziandia, llegó la pasada primavera al santuario
de Villabona procedente de A Lama.
Hace meses, salió de Vitoria Txelis, uno de los
disidentes más destacados, que hoy cumple su condena
en Martutene (Guipúzcoa), de donde sale a diario
para trabajar. Hace poco daba clases de euskera a
padres de alumnos.
Carrera coincidirá con otros reclusos como Iñaki
Rekarte, Valentín Lasarte, Idoia López Riaño, La
tigresa -hace años se negó a declarar alegando que
«no quería salir en la BBC»- o Carmen Guisasola,
pendiente de la Audiencia Nacional para gozar de
unos días de permiso. Ya cuenta con un informe
favorable y es posible que aproveche para hacer un
gesto contra la violencia en una entrevista a un
medio de comunicación, una declaración o la
publicación de un artículo. También está Joseba
Urrusolo -implicado en 16 crímenes y dos
secuestros-, que no se cansa de pedir a ETA que
desaparezca. Durante las pasadas elecciones, hizo
campaña en favor de Bildu, «que traerá el cambio de
ciclo».
Con la entrada de Carrera no son pocos los que
piensan que el Gobierno, en la sombra, negocia con
ETA. También puede ser que no estemos ante una
teoría de la conspiración y que las actas de
Thierry, donde el Ejecutivo se comprometía a acercar
más presos, sean mera coincidencia. |
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La situación económica deja la construcción de una
nueva cárcel en León aparcado en el cajón. Pese a
ello, desde la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)
aseguran que seguirán “insistiendo” aunque reconocen
que, ante la crisis actual, su lucha “será en vano”.
Y es que a pesar de las reivindicaciones, el Consejo
de Ministros no incluyó la ‘nueva prisión’ de León
en el Plan de Creación y Amortización de Centros
Penitenciarios lo que dejó fuera de toda posibilidad
la creación de este nuevo espacio que aliviaría la
situación de la prisión de Mansilla de las Mulas.
“Ni si quiera se incluyó durante el Consejo de
Ministros el centro penitenciario de Zamora que
tiene más prioridad ya que, a pesar de que no está
incluida en el Plan, si lo tenían previsto. Nosotros
seguiremos con la reivindicación aunque la situación
es complicada”, señaló Valentín Llamas, presidente
de Acaip León.
Un Consejo de Ministros donde sin embargo se aprobó
la creación en la cárcel de Mansilla de las Mulas de
la Unidad de Madres del noroeste que está previsto
que acoge en unos meses a una treintena de madres
que podrán vivir junto a sus hijos mientras cumplen
condena.
Se trata de un proyecto pionero en Europa que
permitirá que los niños de hasta tres años tengan a
su disposición de unos espacios que faciliten la
relación materno filial.
Reducción de la población reclusa
A pesar de que por el momento León no tendrá una
nueva prisión, la apertura de cinco nuevo centros
penitenciarios a nivel nacional en el último año ha
permitido reducir la población reclusa en 600
personas y situarla en 1.400 internos. Un nivel que
poco a poco se acerca al "nivel óptimo", según
fuentes de la prisión. Sin embargo, la cárcel tiene
una capacidad para 1.008 personas por que
actualmente Mansilla supera el 128% de su cabida.
Un escenario que el sindicato ha denunciado en
reiteradas ocasiones y que supone que cada día sea
más difícil la convivencia en el centro
penitenciario y que el mandato constitucional de
rehabilitación como fin primordial de las penas
privativas de libertad sea absolutamente imposible
de cumplir.
La reducción del número de reclusos también se ha
registrado en todos los centros penitenciarios de la
Comunidad que en el último año han conseguido
reducir hasta en un 12% su población interna lo que
permite una rebaja de incidentes.
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha señalado
este martes que "el trato discriminatorio" hacia la
cárcel de Picassent (Valencia) no sólo pone "en
grave peligro" la seguridad de los trabajadores sino
que además "no se puede garantizar la seguridad de
todos los internos".
Al respecto, en un comunicado, ha explicado que
algunos de los puntos en los que se concreta esta
discriminación son "la acuciante escasez de
personal" ya que se ha reducido el número de
trabajadores que presta servicio en el Centro
respecto al año pasado, ya que en el 2010 había un
total de 30 funcionarios en prácticas, y este año
sólo 10. Es decir, se han perdido 20 funcionarios.
Además, han criticado "la deficitaria" dotación de
medidas de seguridad en comparación con otros
centros ya que pese a tratarse del Centro
penitenciario "más grande" de España, con algunos de
los internos "más peligrosos" de las prisiones
españolas, algunos de los módulos que albergan a
estos internos, tienen arcos detectores de metales
"averiados desde hace años, y existe un menor número
de los mismos que otros centros que albergan a
varios cientos menos de reclusos".
Del mismo modo, ponen de relieve que el
"insuficiente presupuesto" para atender el
mantenimiento más elemental del centro. Así, apuntan
que desde hace años "numerosas alarmas anti
incendios del centro no funcionan", por lo que en
caso de producirse algún incendio, como los ya
ocurridos, "no podrían detectarse a tiempo, con el
riesgo que ello supone en un edificio como una
prisión". Además, señalan que el mobiliario de las
oficinas de los funcionarios está "en un estado
cochambroso, los sillones y sillas dejan ver sus
interioridades".
Asimismo, indican que además de que las alarmas "no
funcionan", desde Instituciones Penitenciarias "se
excluye a los trabajadores del E.P. Valencia de los
cursos que anualmente se convocan en materia contra
incendios".
SIN CURSO DE PREVENCIÓN
Así, con fecha 22 de Agosto de 2011, la
Subdirección General de Recursos Humanos de II.PP.
convoca un curso de "prevención y extinción de
incendios" dirigido a un total de 43 centros
penitenciarios, entre los que no figura el E.P.
Valencia "pese a que es el centro con mayor número
de trabajadores, y que alberga a un mayor número de
internos".
Por ello, señalan que dado que en las ediciones
anteriores celebradas de este curso, solo han podido
asistir 24 trabajadores por curso, "serían
necesarios casi 40 años para que todos pudieran
realizarlo, al menos una vez".
Acaip ha destacado que se trata de un curso,
impartido por bomberos profesionales, que resulta
"muy útil" para "los trabajadores en caso de que se
produzca un incendio, bien fortuito, bien provocado
por algún interno".
"Es un ejemplo más, de cómo se pretende castigar
a este Centro penitenciario por parte de los máximos
dirigentes de las prisiones españolas", ha señalado
Acaip, que ha vinculado este trato con el hecho de
que los sindicatos del E.P. Valencia "denuncian
públicamente las condiciones en las que prestan
servicio los trabajadores del mismo, y los
incidentes que ocurren en el Centro, algo que está
muy mal visto", tanto por los responsables de la
prisión, como por los dirigentes de II.PP. en
Madrid, que, sin duda, preferirían que nada de todo
esto saliera a la luz".
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Los concellos gallegos con cárceles continúan
sumando reivindicaciones al frente común que
formaron el año pasado con municipios de todo el
país en las mismas circunstancias. Los alcaldes de
Curtis (A Coruña), Javier Caínzos, A Lama
(Pontevedra), Jorge Canda, Outeiro de Rei (Lugo),
José Pardo, y el teniente de alcalde de Pereiro de
Aguiar (Ourense) acordaron ayer reclamar al
Ministerio del Interior un paquete de medidas que
ayuden a compensar a sus respectivos concellos por
los gastos y las cargas añadidas que supone mantener
un centro penitenciario dentro de su término
municipal.
Los regidores insistieron, sobre todo, en el
perjuicio que supone para sus arcas que los reclusos
no computen en el padrón, a pesar de que en un
concello como Curtis, con 4.300 habitantes, los
1.700 presos de Teixeiro representan el 40% de todo
el censo. Por ello, piden a Madrid una compensación
económica o bien que se incorporen al padrón.
En la misma línea, también solicitan un refuerzo de
la seguridad y que las cuatro cárceles tributen en
el concello, pagando IBI (un tributo del que ahora
están exentas) y los servicios municipales de los
que disfrutan, como la basura. |
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El
sindicato Acaip ha denunciado públicamente el
"alto nivel de conflictividad" de la cárcel de
Albolote (Granada), tras haberse registrado tres
incidentes en la última semana, uno de los cuales
se saldó con un interno herido.
Este último incidente ocurrió el miércoles pasado
como consecuencia de una pelea en el módulo
cuatro, en la que intervinieron cuatro internos,
que utilizaron "todo tipo de objetos para
agredirse entre sí", informa el sindicato en un
comunicado.
Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro
hospitalario después de que otro de los
intervinientes en la trifulca le arrojara a la
cara una botella de lejía.
Los dos últimos incidentes ocurrieron el sábado
pasado en ese mismo módulo y en el número uno,
aunque en esta ocasión no se produjeron lesiones
graves entre los participantes.
El sindicato mantiene que desde el pasado mes de
enero, cuando Jaime Hernández asumió la dirección
del centro penitenciario, "el número de incidentes
ha aumentado de forma incomprensible, ya que ha
bajado la población reclusa".
Según Acaip, desde el pasado mes de enero y hasta
finales de julio se han registrado casi 750
incidentes frente a los 1.200 contabilizados en
2010 y a los 760 de 2009.
En los siete primeros meses del año se han
producido, según Acaip, siete agresiones a
funcionarios y cerca de un centenar a internos.
También en el mismo periodo se ha expedientado,
por motivos distintos, a más de 850 internos y se
aplicado el aislamiento provisional a casi 250
presos, según el sindicato, que considera los
datos "muy preocupantes" y advierte de la
"conflictividad" en el módulo de mujeres, donde
"se han tenido que tomar medidas excepcionales".
En concreto, ha sido creado un módulo nuevo de
mujeres, en el departamento de aislamiento, para
albergar a las internas más conflictivas, donde
son sometidas a un "estricto control" por parte de
las funcionarias, según Acaip, que reclama un
aumento de la plantilla.
Acaip sostiene que la administración penitenciaria
está creando nuevos puestos de trabajo sin que
esto suponga un aumento de la plantilla, lo que
conlleva un efecto "muy negativo"
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La
Subdelegación del Gobierno en Granada ha atribuido
los últimos sucesos ocurridos en el Centro
Penitenciario de Albolote a "hechos aislados" y ha
negado un aumento de la conflictividad, en contra
de lo que asegura la Sección Sindical de la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), que ha
alertado de que en los siete primeros meses del
año se han registrado un total de 750 incidentes.
Según han señalado fuentes de la Subdelegación,
los dos incidentes registrados la pasada semana no
han provocado bajas ni de internos ni de
funcionarios. Según las fuentes, la conflictividad
no ha aumentado en este año sino que, al
contrario, "ha disminuido mucho". De hecho, se ha
producido una "reestructuración interna" de presos
para disminuir el número de conflictos.
Sin embargo, Acaip mantiene que sí ha aumentado el
número de incidentes pese a la disminución de la
población reclusa, con lo que acusan a su
director, Jaime Hernández, que entró en el cargo
el pasado mes de enero, de no saber "atajar este
problema con la eficiencia requerida" y de crear
"malestar" entre los trabajadores.
Según han censurado en un comunicado, en los
primeros siete meses del año se han producido
siete agresiones a funcionarios y cerca de 100 a
internos, y se ha expedientado, por motivos
distintos, a más de 850 presos, y aplicado el
aislamiento provisional a casi 250, unos datos que
Acaip considera "muy preocupantes".
La Sección Sindical ha informado de que el
miércoles 24 de agosto se produjo una pelea en el
módulo cuatro en la que intervinieron cuatro
internos, que utilizaron todo tipo de objetos para
agredirse entre sí. Uno de los reclusos que
participaron en este incidente tuvo que ser
trasladado a un centro hospitalario de Granada
para ser atendido por el daño causado en sus ojos.
Al parecer, uno de sus rivales le arrojó a la cara
una botella de lejía y, como consecuencia, tiene
una considerable pérdida de visión.
El sábado 27 de agosto se registraron, según Acaip,
dos nuevos incidentes violentos, otra vez en el
módulo cuatro y en el módulo uno del centro. En
esta ocasión, gracias a la rápida intervención de
los funcionarios de servicio en ambos
departamentos, no hubo que lamentar lesiones
graves entre los intervinientes de estas peleas.
El módulo 9 (mujeres) se ha convertido en el "más
conflictivo" en los últimos meses, registrándose
un número de incidentes "totalmente desconocido".
Según Acaip, se han tenido que tomar medidas
excepcionales para poder atajar este alto número
de incidentes violentos. Se ha creado un módulo
nuevo de mujeres, situado en el departamento de
Aislamiento, para albergar a las internas más
conflictivas, donde están sometidas a un control
estricto control por parte de las funcionarias.
Una consecuencia directa de este alto nivel de
conflictividad, alertan desde la agrupación
sindical, es la "imposibilidad de la
administración penitenciaria de llevar a cabo la
tarea reeducadora y de reinserción en la sociedad
de los internos, que la Constitución le tiene
encomendada".
Desde Acaip ven "intolerable" este alto nivel de
conflictividad en la prisión de y señalan que esta
situación tiene "graves consecuencias" para los
trabajadores (agresiones, aumento del estrés,
descontento y desmotivación). Por ello, reclama
que se aumente la plantilla, puesto que el de
Albolote tiene "la relación de puestos de trabajo
más baja de todos los centros tipo".
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Los cabecillas del terrorismo islamista comparten cárcel con
los jefes etarras |
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31/08/11 |
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El medio centenar
de presos pertenecientes a grupos islamistas (Al Qaida,
Salafistas para la Predicación y el Combate, Laskar e Taiba,
etcétera), que cumplen condena en España, se encuentran
distribuidos en un total de 23 cárceles. El criterio de
dispersión, para evitar labores de adoctrinamiento, se cumple
a rajatabla y el número máximo por centro es de cinco
individuos. |
Según
el listado de reclusos terroristas al que ha tenido
acceso LA RAZÓN, los internos islamistas comparten
cárcel con miembros de ETA en casi todas las
ocasiones. Los centros de A Lama, en Pontevedra, y
la de Albolote, en Granada, son las que reúne más
internos de esta ideología, con cinco cada uno.
Rachid Aglif y Hamid Ahmidan, condenados por los
atentados del 11-M en Madrid, comparten prisión en A
Lama, con los etarras Íñigo Akaiturri, del «comando
Eibar»; Jesús María Bravo Maestrojuan, que llegó a
ser jefe de los huidos de la banda en México; y
Fernando Díez Torres, que fue compañero de José Luis
Urrusolo en el «comando Barcelona».
En Albolote, Fathi Abdalleh, del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC), que, con el
paso del tiempo, se convertiría en la actual Al
Qaida para el Magreb Islámico (AQMI), e Imram Cheema,
relacionado con el intento de atentados suicidas en
el metro de Barcelona, «disfrutan» de la compañía
de, entre otros, José Luis Barrios Martín, del
«comando Andalucía», asesino del concejal del PP del
Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y
de su esposa; y Diego Ugarte, relacionado con el
intento de colocar dos furgonetas bombas en el
complejo Azca de Madrid.
En Algeciras, Soubi Kunic, del GIA argelino,
comparte cárcel con varios etarras, entre ellos
Jorge García Sertucha, «Kokito», que intentó
asesinar a Su Majestad el Rey en Palma de Mallorca.
Imad Eddin Bakarat Yarkasm, alias «Abu Dahdah», jefe
de la primera célula de Al Qaida en España, se
encuentra en la cárcel de Estremera, en Madrid,
junto con, junto a Gorka Palacios, que fue jefe
«militar» de ETA, hasta su arresto en Francia. Dos
cabecillas de sendas bandas criminales cumpliendo
condena juntos.
Interior
acerca a otro pistolero
El Ministerio del Interior trasladó en el mes de
junio al histórico etarra Jesús María Mendinueta
Flores a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, procedente
de la prisión de Albocasser (Castellón). Este etarra
fue condenado a 105 años por tres asesinatos. El
Ejecutivo socialista continúa con su política de
acercar a presos de la banda que muestren algún
síntoma de rechazo a la violencia. |
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Un interno de la prisión de Topas (Salamanca) tuvo
que ser trasladado anoche a la cárcel charra desde
el Centro de Inserción Social (CIS) en el que tenía
previsto pernoctar dado que al llegar al mismo en
estado de embriaguez agredió verbalmente a varios
funcionarios y al ser traslado a su celda no depuso
su actitud, según explicaron a Ical fuentes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
El recluso, sobre el que pesa una condena de tres
años que termina el próximo 18 de octubre, había
salido del CIS a una consulta médica. A su regreso,
sin embargo, presentaba síntomas de haber bebido e
increpó reiteradamente a los trabajadores del centro
que finalmente optaron por llamar a la Guardia Civil
para que trasladara al preso a Topas. Al salir de la
celda que ocupaba en el CIS, precisaron las mismas
fuentes, se le requisó un teléfono móvil, cuyo uso
sí está permitido en el centro pero prohibido en la
prisión.
En los informes realizados por los funcionarios se
califica el suceso de ‘incidente imprevisible’ dado
que el recluso nunca había dado problemas de
comportamiento ni tenía antecedentes por asuntos
relacionados con un excesivo consumo de alcohol.
Los partes realizados no reflejan que el interno
portara algún tipo de objeto punzante a su llegada
al CIS o en su celda, una información que sí ha sido
difundida por el sindicato de prisiones
Acaip que a través de
un comunicado de prensa aseguró que el sujeto
intentó acuchillar a su compañero de celda y a
varios de los funcionarios que intentaron reducirlo.
El sindicato criticó que los CIS fueron diseñados
para albergar a internos en tercer grado de
tratamiento que saliesen a trabajar y pernoctasen en
los mismos. Sin embargo «y con motivo de la
masificación de los centros penitenciarios», la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
«potenció la salida a estos centros de internos en
segundo grado de tratamiento y que no salen a
trabajar, pero que sí realizan salidas terapéuticas
o para otro tipo de actividades programadas en la
ciudad».
Desde Instituciones Penitenciarias aclararon que
este hecho es un procedimiento normal que, al amparo
del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario,
permite la incorporación gradual a la sociedad a
aquellos individuos que, sin haber alcanzado el
tercer grado, cumplen casi todas las condiciones y
pueden disfrutar de una situación propia de un
régimen penitenciario superior.
Para Acaip, esa circunstancia ha hecho que un centro
diseñado inicialmente para 36 personas (igual al
número de celdas de las que dispone) «tenga en la
actualidad una sobreocupación del 122 por ciento».
Instituciones Penitenciarias, por su parte, matizó
que son más de 36 personas las que
administrativamente dependen del CIS, lo que no
quiere decir que todas pernocten en las
instalaciones.
En su comunicado, Acaip tambien se quejó de que
estos centros no se han dotado del personal
necesario, una situación «que se lleva padeciendo
desde su inauguración» y cuya corrección se ha
reclamado «en multitud de ocasiones». A ello hay que
sumarle que los CIS «no disponen de las medidas de
seguridad de un centro penitenciario», por lo que
ante situaciones como la vivida ayer, «la seguridad
de los trabajadores y resto de internos se pone
gravemente en peligro».
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias destaca que hay seis
funcionarios para 54 presos ingresados
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip)
ha exigido que se amplíen el número de funcionarios,
así como las medidas de seguridad en la cárcel de
Morón de la Frontera tras el suceso protagonizado
este domingo por dos reclusos "conflictivos", según
ha narrado que tenían previsto secuestrar a dos
trabajadores del centro penitenciario. Este hubiera
sido el segundo secuestro perpetrado en menos de
seis meses, debido a que en el mes de marzo de este
año un preso retuvo a un educador durante una mañana
entera con un "pincho" en el cuello.
Según han informado fuentes de Acaip a Europa Press,
los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando tras
una serie de investigaciones llevadas a cabo por los
funcionarios que trabajan habitualmente en el
departamento de aislamiento averiguaron que dos
presos, identificados como P.A.M.R. y N.Y.S., del
citado centro estaban planeando secuestrar al día
siguiente a dos funcionarios.
En este sentido, según han precisado las fuentes,
los reclusos para llevar a cabo el secuestro tenían
guardado entre sus pertenencias, un "cuatro pinchos"
que habían fabricado artesanalmente a partir de las
pletinas de metal que sirven de soporte a las
televisiones de plasma que existen en todas las
celdas. Asimismo, el cabecilla de la idea P.A.M.R.,
que cuenta con antecedentes de este tipo, ha sido
trasladado a una prisión de Huelva. Este interno
protagonizó en 2007 el secuestro de tres
funcionarios a quienes los reclusos amenazaron con
objetos punzantes y "pinchos", motivo por el que ha
sido condenado recientemente a 21 años de prisión,
añade el sindicato.
Solo hay seis funcionarios
Por todo ello, desde Acaip
han subrayado que en el citado centro
penitenciario actualmente hay ingresados 54 presos y
"solo seis funcionarios" encargados de su vigilancia
y del desarrollo de las innumerables tareas
asignadas. Del mismo modo, ha exigido que se
"incrementen los medios de seguridad" en el
departamento de aislamiento y que se retiren
cualquier elemento susceptible de ser manipulado
para su posterior uso como elemento de agresión. Al
hilo, las mismas fuentes han señalado que "no se
deben aplicar" los programas de tratamientos con
internos de peligrosidad extrema, pues consideran
que al margen de poner en riesgo la integridad de
los funcionarios, "supone una innecesaria
sobrecarga, otra más, añadida a la labor de
vigilancia de dichos internos".
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«Hoy no, mejor otro día». La frase, oída de soslayo
por un vigilante del módulo de aislamiento de la
cárcel de Morón, fue el detonante para abrir una
fulminante investigación que ha permitido abortar un
plan, aún incipiente, para secuestrar a dos
funcionarios del centro sevillano. Es verdad que se
trataba solo de cinco palabras; pero el currículum
criminal del interno que las pronunciaba y también
del que asentía eran lo suficientemente inquietantes
como para abrir de inmediato las pesquisas.
Los funcionarios del módulo de aislamiento, muy
especializados, se entrevistaron con varios reclusos
para averiguar hasta qué punto esa frase podía
esconder algo más peligroso. La investigación no
tardó mucho tiempo en dar resultado:
según relató uno de los internos, dos de sus
compañeros, P.A.M.R. y M.Y.S., planeaban secuestrar
a dos de los vigilantes.
El «modus operandi» era relativamente sencillo:
durante las dos horas de patio, que los implicados
compartían habitualmente con otros dos reclusos,
agredirían a uno de ellos. Como es lógico, ante el
ataque intervendrían de inmediato los dos
funcionarios de turno en labores de vigilancia y los
amotinados aprovecharían ese momento de confusión
para apresarlos antes de la llegada de sus
compañeros. Una vez con ellos en su poder, exigirían
el cumplimiento de sus condiciones para liberarlos.
Estaba previsto que un tercer interno también
interviniera en los hechos, si bien parece que en
este caso habría funcionado el código carcelario,
aún vigente en este tipo de módulos, según el cual
si no te sumas a la «movida» acabarás siendo víctima
de ella.
El relato del recluso era creíble, entre otras
razones porque uno de los principales implicados,
P.A.M.R., ya había perpetrado una acción similar en
la cárcel alicantina de Picassent en noviembre de
2007. En aquel episodio, junto con otros
internos, secuestró a tres funcionarios a los que
amenazó con objetos punzantes. No hace mucho que fue
condenado por estos hechos a otros 21 años de
cárcel. Pero había más; el plan relatado era
perfectamente verosímil. Por tanto, había que actuar
con rapidez.
El pasado domingo los funcionarios de aislamiento de
Morón cachearon y registraron a fondo las celdas de
los implicados, que opusieron resistencia. Uno de
los principales implicados, camino del «chabolo»,
amenazó con autolesionarse; el segundo golpeó
repetidamente la puerta metálica de la suya y
amenazó con prender fuego a la estancia. Se les
intervinieron pletinas de metal que sirven de
soporte a las televisiones de plasma —hasta seis en
las tres celdas de los investigados, según el
sindicato Acaip—, aún
no afiladas pero susceptibles de ser manipuladas
para convertirlas en estiletes.
Traslado a Huelva
Ya el lunes por la tarde, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ordenó el traslado del
cabecilla, P.A.M.R., a la cárcel de Huelva. Los
otros dos implicados están sometidos a una
vigilancia más estrecha.
Fuentes de Prisiones consultadas por ABC destacaron
la profesionalidad de los funcionarios del módulo de
aislamiento de Morón, que desde el momento en
que saltó la alarma trabajaron con rapidez para
abortar cualquier peligro. Por su parte, desde
Acaip se exigió a
Instituciones Penitenciarias más medios de seguridad
en Aislamiento y la retirada de cualquier elemento
susceptible de ser manipulado para su posterior uso
como elemento de agresión.
También reclamó una mayor plantilla y el «cese de
los experimentos de tratamiento con internos de
peligrosidad extrema», a pesar de que los datos del
Programa de Intervención con Internos en Régimen
Cerrado son claramente positivos.
Acaip considera sin
embargo que esta iniciativa pone en riesgo a los
funcionarios y les supone «una innecesaria carga de
trabajo». |
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado
en un comunicado que una plaga de cucarachas ha
obligado a desalojar un módulo de la cárcel de
Picassent (Valencia), para fumigar a fondo esta
instalación, por lo que los reclusos han sido
trasladados a otra zona.
El sindicato ha destacado que, en "numerosas
ocasiones", ha denunciado que el centro
penitenciario de Picassent "está invadido por todo
tipo de animales, ratones o cucarachas" y que
"siempre se han puesto excusas para quitarle
importancia a este hecho, como que está situado en
el campo, los movimientos de tierras producidos
primero por las obras del AVE, luego por las del
campo de golf anexo o la falta de limpieza debido a
la poca cultura higiénica de los internos".
En esta línea, ha criticado que desde la Dirección
del Centro e Instituciones Penitenciarias (IIPP)
"siempre se ha dicho que las denuncias de
Acaip eran
exageradas, que en ningún caso se podía hablar de
plagas".
Sin embargo, según el sindicato, en el módulo 11 de
la Unidad de Cumplimiento la situación en los
últimos meses era "exagerada" y se habían elevado
varios informes por parte de los funcionarios de
servicio que alertaban del "enorme número de
cucarachas existente". Como ejemplo, señala que
varios trabajadores tuvieron que ver como estos
insectos se les subían por los pantalones y alguno
de ellos llegó a sufrir ataques de ansiedad.
Acaip ha
explicado que en lareunión del Comité de Seguridad y
Salud del centro celebrada el pasado 8 de julio, el
Delegado de Prevención propuesto por este sindicato
denunció las plagas de cucarachas y ratas existentes
aunque la dirección no hizo el "mínimo caso" a la
protesta.El pasado 30 de agosto visitó el módulo
el juez de Vigilancia Penitenciaria, "quien pudo
comprobar en primera persona, el desorbitado número
de cucarachas existente, alguna de las cuales,
incluso, llegó a subir por encima de la ropa de
alguno de sus acompañantes".
A raíz de este incidente, según el sindicato, la
dirección del centro ha ordenado la clausura del
módulo, y el traslado a otros de los internos que lo
ocupaban "para poder realizar una fumigación a
fondo" que "debido a la falta de dinero, no se sabe
cuando se podrá realizar".
"Si en lugar de ser un módulo pequeño, hubiera
sido uno de los grandes que alberga a 150 internos,
y hubiera sido necesario desalojarlo, no sabemos
dónde se hubiera podido realojar a todos esos
internos", ha señalado el sindicato, que ha
denunciado públicamente "las condiciones en las que
los trabajadores de II.PP. desarrollamos cada día
nuestro trabajo, alguna de las cuales, rozan lo
insalubre, y lo seguiremos haciendo todas las veces
que sea necesario, pese a quien pese".
Acaip se ha
mostrado convencido de que "no será la última
ocasión en que se produzcan situaciones de este
tipo". De hecho, ha apuntado que en la cocina del
centro "se han detectado también focos de estos
insectos". "No es de recibo que la excusa para todo
sea la falta de dinero, y que eso suponga que,
incluso, los trabajadores tengan que traerse el
papel higiénico de casa como está sucediendo
últimamente", ha dicho.
Por otra parte, el sindicato ha asegurado que
tras la denuncia realizada por Acaip sobre la
"discriminación" sufrida por Picassent a la hora de
ser excluido por IIPP en la convocatoria del curso
de prevención y extinción de incendios, la cárcel ha
sido incluida entre los centros que realizarán este
curso.
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Más de un centenar de presos de diversos lugares
como Cuba, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y
España, han participado en el II Certamen de Relatos
en homenaje a Conrada Muñoz, madre de un funcionario
de prisiones que fue asesinada en 1989 por la banda
terrorista ETA mediante una carta-bomba que recibió
en su domicilio de Montillana.
Este certamen de relatos está enmarcado en el II
Memorial ‘Conrada Muñoz’, que surgió hace dos años
de la sección sindical de Acaip en el Centro
Penitenciario de Albolote (Granada) para homenajear
a todas las víctimas del terrorismo, según ha
informado a Europa Press uno de los responsables del
sindicato, Rafael Molina.
Conrada Muñoz fue asesinada el 11 de agosto a través
de un paquete que parecía contener un libro y que
iba dirigido a su hijo, un funcionario de prisiones
que había sido destinado a Las Palmas de Gran
Canaria tras haber desempeñado su labor en Murcia.
El sobre fue enviado inicialmente al domicilio que
la familia tenía en Granada capital, aunque
finalmente fue remitido a la residencia de verano de
la familia en Montillana.
Aunque el paquete tenía un remitente sospechoso –”de
un buen amigo de Murcia”–, Conrada Muñoz decidió
abrirlo, con lo que estalló el material explosivo
que iba dentro causándole la muerte.
Con este Memorial ‘Conrada Muñoz’, que incluye un
torneo de fútbol 7 –previsto para el viernes 16 de
septiembre– y la subida al Pico del Veleta –jueves
15 de septiembre–, los funcionarios quieren
homenajear a la madre de este compañero de prisiones
y al resto de víctimas de la banda terrorista ETA.
Respecto al certamen de relatos cortos, este viernes
se ha reunido el jurado en la Biblioteca Pública de
Andalucía para deliberar sobre los relatos ganadores
y emitir su fallo. El primer premio (mil euros) se
ha ido para el texto titulado ‘Los presagios de
mamá’ de Nélida Leal Rodriguez (Cádiz) mientras que
el segundo (500 euros) ha recaído sobre el relato
‘Tocata y fuga’ de Lucia Benavente Muñoz Cobos
(Valencia). Además, se han fijado tres menciones
honoríficas.
En total, se han presentado 135 relatos procedentes
de distintos puntos geográficos como Cuba,
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, EEUU y España.
Las obras son de argumento libre y la mayoría de
ellas han versado sobre la vida en prisión y los
anhelos de los reclusos, según han informado desde
Acaip.
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El preso del centro penitenciario de Huelva José
María López, cuya familia ha denunciado a la prisión
en los juzgados onubenses por "la falta de seguridad
existente" en el centro y por una posible actuación
negligente tras sufrir este interno lesiones y
quemaduras, tiene quemado el 28 por ciento de su
cuerpo. Según han informado a Europa Press fuentes
del Hospital Virgen del Rocío donde se encuentra
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
desde hace cinco días, el interno está sedado y con
ventilación mecánica, aunque su estado es estable.
Este jueves se ha interpuesto la citada denuncia
con el fin de investigar el origen de los hechos y
"ver si ha habido una actuación negligente" por
parte del centro penitenciario, según han informado
fuentes judiciales cercanas al caso.
Por su parte, fuentes de la familia han asegurado
que este preso sufre "quemaduras de tercer grado y
más de la mitad del cuerpo quemado".
Del mismo modo, estas fuentes se quejan de no
haber recibido ningún aviso de lo sucedido por parte
de la prisión, ya que, según aseguran, se han
enterado "por un primo que también está interno", a
la par que han señalado que han acudido a la cárcel
para pedir explicaciones y le dijeron que "podría
haber sido un intento de suicidio", algo que
descarta la familia "porque él llevaba seis años
interno, pero anímicamente está bien".
La familia no descarta a su vez que éste "se
pudiera haber quedado dormido fumando un cigarro y
que ardiera el colchón", aunque han lamentado que en
la prisión "no hubiera habido más vigilancia para
controlar estos hechos".
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La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias ha defendido la "correcta" actuación
de los funcionarios del centro penitenciario de
Huelva en el incendio de un colchón en una celda que
acabó con el interno de la misma, José María López,
con quemaduras e intoxicación por inhalación de
humo.
Fuentes de la Secretaría han explicado a Europa
Press que el suceso tuvo lugar en torno a las 22,30
horas del pasado viernes. El interno, que se
encontraba solo en su celda, había quitado el
colchón de su cama y lo había colocado contra la
ventana, han indicado.
En cuanto se detectó el incendio los funcionarios de
guardia acudieron a la celda y procedieron a sofocar
el mismo. El recluso fue trasladado y atendido
"inmediatamente" en la enfermería de la prisión y
trasladado al hospital Virgen del Rocío, después,
según las mismas fuentes.
Además, han señalado que los trabajadores del centro
velaron por que el resto de los internos no hubiesen
resultados afectados por el incendio y no tuviesen
problemas de inhalación de humos.
En el mismo sentido, Instituciones Penitenciarias ha
respaldado el protocolo seguido por el centro para
dar aviso a los familiares del incidente y ha
aclarado que se llamó "insistentemente" al teléfono
de contacto familiar que el recluso había facilitado
en el momento de su ingreso en prisión "pero nadie
contestó".
Los funcionarios advirtieron al personal el hospital
que no habían podido hablar con la familia de López
y fueron los servicios sociales del Virgen del Rocío
los que finalmente lograron hacerlo. Concretamente
con un primo, al que informaron de lo sucedido.
La familia de López ha denunciado a la prisión en
los juzgados onubenses por "la falta de seguridad
existente" en el centro y por una posible actuación
negligente. Instituciones Penitenciarias ha dicho
que no se ha abierto una investigación de lo
sucedido porque la cárcel actuó "correctamente". |
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Almería.-El agredido, que
recibió puñetazos y golpes, es musulmán y se
levantaba antes del alba para comer durante el
Ramadán. Dos presos etarras agredieron a
un marroquí en la prisión almeriense de El Acebuche
porque les molestaban los ruidos que hacía
al levantarse al alba para comer durante el
mes del Ramadán, recientemente concluido.
Los hechos se produjeron días antes de que
finalizara el mes del ayuno para los musulmanes. Una
vez que se abrieron las puertas del módulo donde se
encontraban los tres presos, pasadas las ocho de la
mañana, los dos etarras se abalanzaron sobre
el marroquí y la emprendieron a puñetazos y golpes,
hasta que fueron separados por funcionarios de la
prisión.
El agredido tuvo que ser atendido en la
enfermería del centro por heridas leves, mientras
que los dos etarras fueron reducidos e
inmediatamente conducidos a celdas de
aislamiento provisional, al tiempo que se
comunicó de lo sucedido al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria.
Según fuentes de la prisión consultadas por
ELMUNDO.es de Andalucía, los etarras se
quejaban de que los ruidos del marroquí al
levantarse de madrugada para comer antes del alba,
como marca el rito del Ramadán -por el que se debe
ayunar hasta la puesta del sol-, les impedían
dormir, puesto que, supuestamente, hablaba en voz
alta y ponía la radio con un volumen elevado.
La cárcel de Almería facilita a los presos de
religión musulmana que adecúen sus horarios al
Ramadán, por lo que aquellos que lo practican se
levantan a primera hora de la mañana.
Tantos los agresores, que cumplen prisión por
delitos de gravedad, como la víctima son
presos de primer grado y por tanto cuentan
con celdas individuales y están sometidos a un
control especial. En la prisión almeriense han
causado extrañeza estos hechos porque los presos
etarras no suelen verse involucrados en peleas. En
la actualidad, en el centro penitenciario almeriense
hay una quincena de miembros de la organización
terrorista cumpliendo condena.
A pesar de que el agredido no sufrió lesiones
graves, la trifulca ha levantado polémica en la
cárcel e incluso ha trascendido a altas instancias
de Instituciones Penitenciarias, al tratarse de
presos de primer grado, los más vigilados del
sistema y, en concreto, etarras. Los dos
terroristas han sido expedientados y ya cumplen
sanción. Una agresión a otro interno está
considerada como una falta muy grave y puede suponer
hasta 14 días de aislamiento en celda. |
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Burgos.-
Interior no ampliará la prisión |
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5/09/11 |
| El proyecto para albergar a 300
reclusos más queda aparcado • «El actual escenario
presupuestario no permite, por el momento» contemplar otra
inversión que no sea la de un edificio complementario para el
CIS |
El Ministerio del Interior ha aparcado sin fecha el
proyecto de ampliación del centro penitenciario de
Burgos, que contemplaba levantar 3 módulos más en el
complejo de la barriada Yagüe y aumentar en otros
300 reclusos la capacidad de internamiento de unas
instalaciones que llegaron a superar los 600 presos
en 2008 y 2009. Pese a que la cifra media ha bajado
hasta los 530, aún queda muy lejos de la ratio de
celda por persona establecida como adecuada en la
legislación. Se mantienen varias celdas de 4 plazas,
en las que se han llegado a ubicar hasta 8
individuos.
Estos eran los planes que el Gobierno barajaba desde
hace al menos 2 años y que comunicó a los
representantes de la plantilla en 2009. En
septiembre de ese año, un ingeniero técnico de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP), la empresa pública creada en
1992 para la construcción y equipación de las
prisiones españolas, visitó Burgos y comprobó que la
gran cantidad de terreno disponible en el perímetro
de las instalaciones hacía viable cualquier
proyecto. La cárcel ocupa una superficie construida
de 26.524 metros cuadrados, en una parcela de casi
300.000 (298.529)
Un mes después, el entonces director general de
Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias,
Antonio Puig, anunció sus intenciones de acometerlo
«a corto plazo» y dejar para más adelante la
ubicación de un Centro de Inserción Social (CIS).
El tiempo no ha confirmado los planes de este alto
cargo, más bien al contrario. El CIS sí se ha puesto
en marcha en lo que anteriormente se denominaba
Sección Abierta (el anexo al recinto principal,
ubicado a la derecha, según se accede), con una
inversión para la reforma de las infraestructuras de
escasa cuantía y una dotación de plantilla también
pequeña. La capacidad se aumentó en 24 plazas, hasta
las 48, con una dotación de 11 puestos de trabajo,
que en parte se han cubierto con traslados de la
plantilla del propio centro, con las consiguientes
vacantes generadas, según denunció en su día el
sindicato Acaip. En concreto, se han creado los
puestos de subdirector del CIS, coordinador de
servicios, 5 encargados del Departamento de Interior
y otros 5 trabajadores del mismo.
Extrañados por la ausencia de noticias y el paso de
los meses, los senadores del Partido Popular
recurrieron de nuevo al cauce que más noticias del
Gobierno central genera para la provincia de Burgos
en los últimos meses, el Parlamento. En una
respuesta a la que ha tenido acceso este periódico,
el Gobierno reconoce que «el actual escenario
presupuestario no permite, por el momento,
contemplar otro tipo de ampliación en el referido
centro penitenciario», que no sean las relacionadas
con el citado CIS.
Un Centro de Inserción Social es un establecimiento
penitenciario destinado al cumplimiento de penas
privativas de libertad en régimen abierto y de las
penas de arresto de fin de semana, así como al
seguimiento de penas no privativas de libertad.
También se controla a las personas en libertad
condicional que tenga adscritos la prisión.
Para integrar en el CISotros servicios, el Gobierno
anuncia en la misma respuesta parlamentaria (fechada
en junio pasado) la próxima adjudicación de la
construcción de un edificio anexo.
Según explicó la diputada socialista por Burgos
María del Mar Arnáiz en octubre de 2010, para la
redacción y ejecución de esta ampliación se contaba
con un presupuesto de 270.000 euros. Los trabajos
consisten en dotar a las instalaciones de la antigua
Sección Abierta de salas para desarrollar programas
de tratamiento y ubicar el Servicio de Gestión de
Penas y Medidas Alternativas. El nuevo edificio
albergará los actuales Servicios Sociales, salas de
formación, la zona de administración y la
telemática. |
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Así lo ha considerado Gallizo, quien ha visitado las
obras del centro "Norte II", ubicado en la colina de
Santa Lucía de Pamplona y que constará de Centro
Penitenciario y de Centro de Inserción Social (CIS),
el primero con 504 celdas residenciales con
capacidad para dos internos cada una y el segundo
con 51 habitaciones dobles.
Como novedad, el centro penitenciario carece de
torre de vigilancia, sustituida por otros modernos
sistemas, dota a cada celda de 13 metros cuadrados
frente a los 10 habituales, e implanta nuevos
talleres formativos destinados al desarrollo de
programas de formación y ocupacionales, así como un
módulo deportivo-cultural, con gimnasio,
polideportivo, piscina, frontón, biblioteca y aulas.
Por su parte, el CIS
está destinado a internos que cumplen su pena en
régimen abierto o que se encuentran en un proceso
avanzado de reinserción, que están en situación de
libertad condicional o cumplen medidas alternativas
a la pena como la localización permanente.
Al respecto, Gallizo
ha destacado ante los periodistas la "compleja"
tarea de la institución que dirige, porque a su
responsabilidad en materia de seguridad con el
internamiento de los presos se suma el deber de
"devolver a la sociedad a mejores personas de lo que
eran cuando entraron en prisión. Y creo que este
centro nos va a ayudar a cubrir ese objetivo", ha
apostillado.
Ha recordado que la
centenaria actual cárcel de Pamplona, que se ubica
en el barrio de San Juan, es uno de los primeros
centros que visitó cuando en 2004 asumió el cargo,
momento en el que pudo comprobar que no reunía las
"condiciones adecuadas para que la dignidad, los
derechos y las posibilidades" de las personas
privadas de libertad pudiesen desarrollarse
adecuadamente.
Vio también que se
trata de un centro de "difícil reforma", por su "muy
antigua" estructura pero sobre todo por ser ésta
"obsoleta, que no responde para nada al modelo
penitenciario del siglo XXI", basado en la
actividad, en la participación, en la educación y en
la reinserción.
No ha obviado que "no
ha sido fácil" llegar a este punto, ya que fue
problemático contar con una ubicación de "consenso"
con las administraciones locales y autonómica,
aunque "afortunadamente" se acordó levantar en la
colina de Santa Lucía un centro "a la altura de
nuestro sistema democrático y del siglo en el que
vivimos".
Así, ha reiterado que
al "aislamiento de la sociedad" que conlleva la
privación de libertad debe unirse el deseo de
Instituciones Penitenciarias de que ese tiempo en
prisión "sirva para que esas personas hagan frente
al problema que les llevó al delito, sea la
drogodependencia, la agresividad", o cualquier otro.
Por ello, el centro de
Pamplona está dotado de espacios ocupacionales y
deportivos, ha dicho Gallizo tras considerar "muy
importante" el deporte, no sólo como forma de
emplear el tiempo libre y entretenerse, sino porque
el cuidado del cuerpo tiene que ver con el de la
salud y con "establecer nuevos parámetros de
conducta y de forma de estar en el mundo".
También se cuida la
parte educativa, con espacios y aulas para
desarrollar la educación reglada y la formación
ocupacional, con la novedad en el centro de Pamplona
de un taller de formación en hostelería, que se une
a otros: "Aproximarse al mundo del trabajo es muy
importante para personas que en muchos casos no han
tenido un trabajo estable nunca, a veces ni siquiera
un trabajo".
También se ha referido
Gallizo a la capacidad del centro de Pamplona con
504 celdas residenciales que podrían ocuparse por
dos internos cada una, lo que responde al objetivo
de hacer un "centro adecuado a las necesidades de la
comunidad autónoma", para albergar a internos
vecinos de Navarra y a otros que, sin serlo, tienen
causas pendientes en la Comunidad.
Al respecto, ha
deseado que no llegue "en ningún momento" a superar
los mil internos, y ha destacado que en España,
"afortunadamente hemos pasado el momento malo de
crecimiento de la población reclusa y llevamos dos
años en los que está disminuyendo".
Además, ha señalado
que cuando se abra el centro, previsiblemente a
principios de 2012, se hará de forma "gradual", ya
que primero lo ocuparán los internos actuales de la
vieja prisión con los funcionarios que allí
trabajan, para cuando se tenga "rodaje", "pensar en
ampliar" el número de internos y de funcionarios.
Preguntada por el
futuro de la actual cárcel del barrio de San Juan,
Gallizo ha confirmado que, cuando deje de albergar
internos, el Estado dejará de tener responsabilidad
en ella, ya que el acuerdo firmado en su día incluía
revertir los terrenos al Gobierno de Navarra. EFE mm |
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ALMERÍA.- Sobre las 19’30 horas del pasado día 2,
agentes de la Guardia Civil, encargados de prestar
seguridad en el Centro Penitenciario de “El
Acebuche” de Almería, proceden a la detención de
Oualid M., de 21 años y con domicilio en Almería,
como autor de un delito contra la salud pública, al
aprehenderle distintos tipos de medicamentos y
algunas 8 unidades de metadona, que pretendía
introducir en dicho centro.
La Guardia Civil realiza la detención a
requerimiento de funcionarios del Centro
Penitenciario, para que se personaran en las
dependencias del servicio de registro de paquetería
y comunicaciones, ya que durante la inspección de
una persona, que pretendía realizar una visita a un
interno, habían localizado distintas cantidades de
lo que parecen ser medicamentos, escondidos entre
sus ropas.
De inmediato los agentes de la Guardia Civil se
personan en dichas dependencias, donde después de
entrevistarse con los funcionarios, confirman que
los medicamentos encontrados corresponden a
ansiolíticos y sedantes, así como algunas unidades
de metadona, por lo que tras identificar a Oualid
M., como la persona que intentaba introducirlos en
el Centro Penitenciario, proceden a su detención
como presunto autor de un delito contra la salud
pública.Las diligencias
instruidas por la Guardia Civil, junto con el
detenido y medicamentos aprehendidos, fueron puestas
a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de
Almería. |
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Distintos pabellones de deportes leoneses
(Hispánico, Chf, San Esteban y Margarita Ramos)
acogerán durante los días 9 y 10 de septiembre,
dentro de los actos organizados en homenaje a Jesús
Hernández de la Rosa (ex director del Centro
Penitenciario de ‘La Moraleja’, en Palencia) por el
sindicato mayoritario de prisiones,
Acaip, el ‘XIV
Torneo de Fútbol Sala para Funcionarios de
Prisiones’ en el que participarán 16 equipos de
distintos centros penitenciarios españoles, así como
varios equipos de la ciudad de León.
El torneo se desarrollará compitiendo los 16 equipos
participantes en 4 grupos (octavos), grupos de los
que saldrán 8 equipos (cuartos), pasando 4 de éstos
a disputar las semifinales y la final. Éstas,
semifinales y final, se celebrarán el día 10 de
septiembre en el Pabellón de Deportes 'Margarita
Ramos' (Polígono X) a las 16,00 h. y 17,00 h. y a
las 19,00 h. respectivamente.
Asimismo, tanto con jugadores como con familiares de
los mismos, se realizarán durante el desarrollo del
torneo diversas visitas a monumentos tanto de la
provincia como de la ciudad leonesa y otros actos
culturales.
Este torneo tendrá como colofón el día 10 de
septiembre a las 22,00 h. una cena-homenaje que se
celebrará en el Hostal de San Marcos, a la que
asistirán, además de los participantes en el citado
Torneo y familiares de los mismos, responsables
penitenciarias, tanto nacionales como locales,
Subdelegación del Gobierno en León, políticos
locales y provinciales (Ayuntamientos y Diputación)
y directivos de Caja España-Duero. En la misma se
entregarán los trofeos a los ganadores y diversas
placas conmemorativas además de otros detalles.
Por último queremos reiterar una vez más nuestro
agradecimiento tanto a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias como Caja España-Duero,
Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento y
Diputación de León por su inestimable colaboración
en el susodicho evento.
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Un preso interno en la cárcel de Morón de la
Frontera (Sevilla), cuya identidad se desconoce
hasta el momento, ha fallecido a consecuencia
supuestamente de una sobredosis de metadona que le
vendieron dos hermanos reclusos también en esta
cárcel sevillana, según fuentes penitenciarias
consultadas por Europa Press.
En este sentido, las mismas fuentes han señalado que
fue el pasado día 22 de agosto cuando un funcionario
del módulo en el que se encontraba el fallecido
encontró el cuerpo en la celda, tras todo lo cual se
pusieron en marcha los mecanismos correspondientes
al objeto de intentar esclarecer quien le habría
proporcionado esa metadona.
De este modo, y fruto de esta investigación, se pudo
certificar que fueron dos hermanos, presos también
en la prisión de Morón de la Frontera, quienes, en
un 'bis a bis' con miembros de su familia,
recibieron esta metadona que posteriormente
vendieron al finado. Esta es la tercera muerte de
estas características que se produce en la cárcel de
Morón en lo que va de 2011.
Por último, las fuentes consultadas por Europa Press
han explicado que, una vez tuvieron la certeza de
que estos dos hermanos eran los responsables de la
venta de la metadona, han aplicado el artículo 75
del reglamento penitenciario y han procedido de
manera preventiva a su aislamiento en espera de los
informes oportunos. |
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La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias (IIPP), Mercedes Gallizo, ha indicado
este lunes que habrá que esperar a que haya un
informe completo sobre la muerte de un interno en la
cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), ocurrida
hace unos días, supuestamente por una sobredosis de
metadona.
Gallizo ha explicado que siempre que hay un
fallecimiento se produce una investigación y "en
este caso hay sospechas de que pueda haber un
consumo de alguna sustancia que está prohibida
dentro de la prisión", aunque ha considerado que
"hay que ser cautelosos, porque hasta que no haya un
informe completo no se sabrá cuál es la razón".
La secretaria de IIPP, que ha inaugurado este lunes
la exposición del colectivo Moraga 'Arte sin
etiquetas' en la Ciudad de la Justicia de Málaga, ha
querido dejar claro que "somos muy cuidadosos con el
reparto de metadona que se hace en prisión, porque
es un tratamiento que ayuda a superar la
drogodependencia".
Así, ha indicado que "se administra de forma líquida
para que no se pueda comercializar con la metadona y
se controla que se ingiera con presencia de un
funcionario", aunque ha apuntado que "a veces sí que
se introduce desde el exterior algún tipo de
sustancias y peleamos contra ello", indicando que
"afortunadamente estos casos son excepcionales".
En este punto, ha asegurado que "yo siempre explico
a las familias, que en algunos casos son quienes
hacen correo de la introducción de pastillas o
drogas, que no hacen ningún favor a la persona que
está dentro, al contrario, le ponen en riesgo,
además de crearles otro problema con la justicia".
Los hechos en la prisión de Morón sucedieron el
pasado día 22 de agosto. Según un funcionario del
módulo en el que se encontraba el fallecido encontró
el cuerpo en la celda, tras todo lo cual se pusieron
en marcha los mecanismos correspondientes al objeto
de intentar esclarecer quien le habría proporcionado
esa metadona.
De este modo, y fruto de esta investigación, se pudo
certificar que serían dos hermanos, presos también
en la prisión de Morón de la Frontera, quienes, en
un 'bis a bis' con miembros de su familia,
recibieron esta metadona que posteriormente
vendieron al finado. Esta es la tercera muerte de
estas características que se produce en la cárcel de
Morón en lo que va de 2011. |
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Dos internos del Centro Penitenciario de Cáceres
seguramente se lo pensarán dos veces, antes de
participar en otros duelo con 'pinchos carcelarios'.
Han sido condenados a 20 meses más de prisión.
Los dos reclusos son: Severiano G. G. y Santiago
Miguel S. B. La disputa la tuvieron en la mañana del
8 de diciembre de 2009. Por causas que no han
trascendido en el juicio, los dos se retaron primero
en el comedor y luego en el patio del centro. Cada
uno exhibió frente al adversario un 'pincho
carcelario' de importantes proporciones.
Los pinchos son armas punzantes, que los dos
emplearon para realizar diversos ademanes de
apuñalamiento. Ninguno resultó herido debido a la
intervención de los funcionarios de prisiones y de
otros internos del centro penitenciario.
Además de los 20 meses más de prisión, cada uno es
condenado a no poder acercarse al otro, en un
espacio de 300 metros, durante cuatro años. |
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Acaip
ha denunciado que, entre junio y agosto, se han
registrado hasta
460 incidentes graves o muy graves en el
centro penitenciario de Picassent en un verano en
el que se han visto más desbordados que anteriores
dado que hay
20 funcionarios menos que en las mismas
fechas del año pasado, mientras que se mantienen
los mismos niveles de población reclusa. Además,
critican que desde II.PP. se hayan hecho coincidir
los traslados de trabajadores con el período de
vacaciones estivales.
Todo ello, supone que durante muchos días este
verano se haya estado por debajo de las cifras
mínimas de funcionarios necesarios para garantizar
un funcionamiento normal del Centro, subrayan
desde Acaip. "Cada día se producen varios
incidentes en el Centro, muchos de ellos graves o
muy graves, a consecuencia de los cuales son
agredidos o amenazados trabajadores del Centro u
otros internos", precisan.
Entre los incidentes subrayan las
siete agresiones a funcionarios con
lesiones de diversa gravedad, algunas de las
cuales incluso provocó que algún funcionario
tuviera que permanecer de baja, dos intentos de
agresión a personal, 68 amenazas graves,
coacciones o insultos a trabajadores e incluso un
intento de revuelta interna, ya que un interno
trataba de que el resto del módulo de Aislamiento
protagonizaran un altercado regimental.
Además, se han contabilizado
42 agresiones entre internos, con varios
lesionados, y se han encontrado 98 objetos
prohibidos (varios 'pinchos', teléfonos móviles, y
diversos tipos de drogas) y se han detectado ocho
intoxicaciones graves por consumo de
estupefacientes.
Por otro lado, en quince ocasiones se han
producido
daños graves en mobiliario o dependencias
del centro, así como ocho internos
se han puesto en 'huelga de hambre', entre
otros incidentes.
A la vista de estos datos, Acaip considera
"urgente y necesario que el equipo directivo del
E.P. Valencia, tome conciencia de la realidad del
Centro, de que la problemática del mismo no se va
solucionar solamente con la realización de
actividades ocupacionales y programas de
tratamiento, sino que la seguridad y el
mantenimiento del régimen interno deben ser
pilares necesarios sobre los que se asiente esa
mejora de la situación actual".
Desde Acaip están a favor de que se realicen esas
actividades y programas tratamentales, "siempre y
cuando haya un número suficiente de funcionarios
para llevarlos a cabo, y no se descuide la
seguridad interior del Centro". Los trabajadores
no se sienten protegidos por la Dirección del
Centro, sino al contrario, "a la mínima se les
presiona con expedientes disciplinarios".
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Un nuevo susto en la cárcel de Jaén. Dos presos,
ambos delincuentes habituales por robos con
violencia, trataron de escapar realizando un agujero
en su celda. La rápida actuación de los funcionarios
abortaron la operación. El sindicato UGT lamentó la
masificación del centro, una de las causas de este
tipo de incidentes.
Eran las 21:30 horas, J.C.T. y R.A.M., compañeros de
celda del módulo 5, uno de los más problemáticos,
comienzan a golpear con una hoja de la ventana (que
habían arrancado) la pared de la habitación que da
al patio con la intención de abrir un boquete por el
que fugarse. Para ello, según aclara el sindicato
Acaip, contaban con
varias sábanas trenzadas para bajar hasta el suelo.
Ante el ruido, varios funcionarios llegaron hasta
ellos y lograron detenerlos. Ambos internos son
llevados al departamento de aislamiento, donde se
encuentran actualmente a la espera de que pasen por
la Junta de Tratamiento. |
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La historia parece una película, pero ocurrió en la
noche del 12 de septiembre —ayer— en el centro
penitenciario de Jaén. Los funcionarios evitaron la
fuga de dos presos, que intentaron escapar por un
agujero que trataron de hacer en su celda para
descolgarse con la ayuda de una cuerda hecha con
sábanas.
A las nueve y media, se hizo el recuento y se cerró
el módulo cinco de la cárcel de Jaén. Los
funcionarios constatan que todos los internos están
en sus celdas. Algunos ven la televisión. Otros se
disponen a dormir. Sin embargo, el personal de la
prisión empieza a sospechar al escuchar unos golpes
que procedían del módulo cinco. Parece como si
alguien golpeara una de las paredes. A las diez
menos cuarto, el personal de la prisión ya tenía
claro que algo raro pasaba. Por ello, se disponen a
localizar la celda de la que proceden los extraños
ruidos. Media hora más tarde, ya saben que es la
número 25 y se disponen a entrar.
Pasaban las diez y cuarto, cuando acceden a la
celda. Allí encuentran a Jesús C. T y a Raúl A. M.,
supuestamente, dispuestos a emprender la huida.
Habían descolgado una hoja de la ventana y con su
marco metálico golpeaban el muro de su celda.
Intentaban hacer un agujero justo debajo de la
ventana —con rejas— para descolgarse hasta un patio
que prácticamente no tiene uso. Suponía bajar desde
un primero hasta el suelo agarrados a una cuerda de
sábanas que tenía un “ancla” —construida con el
soporte de la televisión—, que le serviría para,
cuando estuvieran en el patio, lanzarla hasta el
muro y trepar alrededor de tres metros hasta llegar
a un tejado. Si hubieran llegado allí, era casi
misión imposible, ya que deberían caminar por un
espacio con sensores de movimiento, cámaras de
seguridad y patrullas de agentes de la Guardia
Civil.
Al final, se quedaron en la celda y no lograron
superar la primera parte del plan, que consistía en
salir por el agujero. El muro de hormigón y la
intervención rápida de los funcionarios hizo que
solo ahondaran unos centímetros en vez de los
cuarenta que hay de grosor en esta pared preparada,
precisamente, para evitar situaciones como esta.
Fuentes sindicales aseguran que los dos internos
opusieron gran resistencia y que la mantuvieron
hasta que entraron en el módulo de aislamiento. Se
encontraban en segundo grado. Uno tenía prevista su
salida en noviembre de 2012. El otro, el 21 de marzo
de 2022. Sin embargo, el intento de fuga cambiará
sus condiciones. El centro penitenciario ha aplicado
el Artículo 75 del reglamento, que hace que se
encuentren aislados. Además, ahora la junta de
tratamiento revisará el segundo grado, lo que,
posiblemente, puede acarrear el traslado a otro
centro penitenciario. Asimismo, el juzgado de
guardia ya tiene conocimiento de que se ha producido
un presunto delito de quebrantamiento de condena.
El director del centro, Juan Antonio Marín, habló,
ayer por la mañana, con los dos internos y felicitó
a los funcionarios que estaban de servicio. “Tenemos
una plantilla muy experimentada y unas medidas de
seguridad que hacen que escapar sea, prácticamente,
imposible”, manifiesta Juan Antonio Marín.
El sindicato Acaip
también felicita a los funcionarios por su
profesionalidad y eficacia en una situación como un
intento de fuga. UGT elogia a los profesionales,
pero aprovecha para denunciar la “masificación” que
sufre el centro penitenciario y señala que hay que
ser muy buen profesional para reducir a los internos
con una latente falta de personal. Asegura que
trabajan en unas condiciones que son bastante
penosas. |
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La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias (IIPP), Mercedes Gallizo, aseguró
ayer que los plazos de construcción de la nueva
prisión de Málaga, que estará en Archidona, «se
están cumpliendo» y las obras van «incluso un poco
por delante de lo previsto», por lo que estimó que a
«finales de 2012 podemos decir que la nueva prisión
que tanto necesita esta provincia y por la que tanto
hemos peleado será ya una realidad».
Gallizo indicó que «aún no se cumple un año desde
que se inició la obra», pero está avanzada «como de
un año», calculando que falta otro para que
concluya. Así, incidió en que la ejecución está «más
o menos a la mitad» y destacó que cuando se hace una
obra de este tipo «se da trabajo a mucha gente». «En
la construcción de un centro penitenciario en sus
diferentes momentos pueden trabajar hasta 1.000
personas, por lo que es un buen momento para la
provincia en la que se está haciendo porque es
trabajo de construcción que no suele abundar».
Además, afirmó que la prisión de Alhaurín de la
Torre atraviesa una situación «mucho mejor», después
de «unos momentos difíciles en ocupación, con una
población por encima de lo que nos gustaría tener».
«Cuando se abra la nueva cárcel no sólo Alhaurín se
verá beneficiada, sino que muchos malagueños que en
estos momentos están cumpliendo condena en otro
sitio». |
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La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias (IIPP), Mercedes Gallizo, indicó ayer
que habrá que esperar a que haya un informe completo
sobre la muerte de un interno en la cárcel de Morón
de la Frontera, ocurrida hace unos días,
supuestamente por una sobredosis de metadona.
Gallizo reconoció, no obstante, que "a veces se
introducen desde el exterior sustancias".
La secretaria general de IIPP explicó que siempre
que hay un fallecimiento se produce una
investigación y "en este caso hay sospechas de que
pueda haber un consumo de alguna sustancia que está
prohibida dentro de la prisión", aunque consideró
que "hay que ser cautelosos, porque hasta que haya
un informe completo no se sabrá cuál es la razón".
La secretaria de IIPP, que inauguró la exposición
del colectivo Moraga Arte sin etiquetas en la Ciudad
de la Justicia de Málaga, quiso dejar claro que
"somos muy cuidadosos con el reparto de metadona que
se hace en prisión, porque es un tratamiento que
ayuda a superar la drogodependencia". Así, indicó
que "se administra de forma líquida para que no se
pueda comercializar y se controla que se ingiera con
presencia de un funcionario", aunque apuntó que "a
veces sí que se introduce desde el exterior algún
tipo de sustancias y peleamos contra ello". Los
hechos en la prisión de Morón sucedieron el pasado
día 22 de agosto. Un funcionario encontró el cuerpo
en la celda y comenzó la investigación. |
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El
viaje de cuatrocientos kilómetros resultó baldío.
La delegación de una veintena de miembros de la
izquierda abertzale y firmantes del Acuerdo de
Gernika que viajó ayer a Madrid para entrevistarse
con la secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, fracasó en su
intento. No sólo no fueron recibidos, sino que el
Gobierno les recordó que la situación de los
presos de ETA no es negociable, que jamás
permitirá que Bildu acceda a las cárceles para
entrevistarse con los reclusos y que tampoco habrá
cambios en la política penitenciaria hasta que la
banda terrorista desaparezca.
Ni en Euskadi ni en Madrid serán oídos. El
Ejecutivo de José Luis López Zapatero reiteró al
grupo encabezado por el histórico de Batasuna
Tasio Erkizia, el sindicalista de LAB Jabier
Garnika y los miembros de Bildu Maiorga Ramírez y
Oskar Matute que el Estado nunca ofrecerá
contrapartidas a ETA a cambio de que
definitivamente abandone las armas. No habrá
gestos con los presos, ni se pondrá fin a la
'doctrina Parot', ni se extenderán los beneficios
penitenciarios, como reclaman desde el Acuerdo de
Gernika que hace casi un año firmaron una
treintena de colectivos independentistas para
apostar por las vías políticas y reclamar un alto
el fuego definitivo de la banda armada. Únicamente
gozarán de beneficios penitenciarios la
cincuentena de internos que han firmado la
declaración de renuncia a la violencia, pidieron
perdón a sus víctimas y se comprometieron a
afrontar el pago de indemnizaciones y a colaborar
con la Justicia.
En el ministerio se cree además que la izquierda
abertzale lo que realmente pretende no es
convencer a los reclusos de que se desvinculen de
la actual dirección de ETA, sino recuperar su
influencia en las cárceles españolas, que acogen a
alrededor de 550 terroristas de la organización
armada. El Ejecutivo seguirá, por tanto, con las
medidas de dispersión del colectivo recluso y se
mantendrá sordo ante las peticiones que desde
enero realizan los nuevos dirigentes de Batasuna
para llevar a cabo una interlocución con los
internos de ETA.
«Contraproducente»
El Gobierno mantiene su discurso, pero igual lo
hacen en Bildu, que cree «imprescindible» que los
terroristas encarcelados debatan sobre el Acuerdo
de Gernika y llama al Estado a «salir de su
cerrazón para no frustrar el proceso de paz»,
según explicó ayer Oskar Matute poco después de
registrar en Instituciones Penitenciarias su
petición de acceder a las prisiones. «La política
que se aplica es completamente contraproducente
para llegar a la resolución democrática,
entorpeciendo la relación de EPPK -colectivo de
presos etarras- con el resto de los agentes
políticos y sociales, que debemos impulsar un
proceso de diálogo, negociación y normalización»,
señala el documento sellado en el Ministerio del
Interior.
Desde la izquierda abertzale se estima que el
acercamiento de los presos al País Vasco, la
puesta en libertad de los reclusos enfermos y la
aplicación sin restricciones de las redenciones
favorecería la toma de una decisión de ETA a la
hora de abandonar su actividad. «La 'doctrina
Parot' -la aplicación de las redenciones sobre el
total de la pena impuesta y no sobre el máximo de
cumplimiento en España (30 años)- supone una
cadena perpetua para personas que ya tenían que
haber sido puestas en libertad tras pagar por sus
delitos», dijeron en Madrid los firmantes del
Acuerdo.
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Tendrá
oficinas, almacenes, cocina, enfermería y hasta un
campo de fútbol. La segunda cárcel de Málaga que
se está construyendo en Archidona será una ciudad
en miniatura con pequeños edificios que no
superarán las cuatro plantas. Desde el aire ya
puede percibirse el esqueleto de lo que será el
recinto penitenciario. No en vano, las obras de la
prisión van a buen ritmo. Los plazos «se están
cumpliendo» y los trabajos van «incluso un poco
por delante de lo previsto», según aseguró la
secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante la
inauguración el pasado lunes en la Ciudad de la
Justicia de Málaga de una exposición del colectivo
Moraga, formado por internos de la cárcel de
Alhaurín de la Torre.
Los datos no engañan. La Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep)
apunta que las estructuras de la prisión, que se
llamará Málaga II, están ya levantadas al 72%. La
albañilería se encuentra ya a un nivel de
ejecución del 45% y los prefabricados están ya
instalados al 70%. Más avanzados están los
movimientos de tierra (81%) y las cimentaciones
(90%) y algo menos, la carpintería y cerrajería
(55%), los solados y revestimientos (20%) y las
cubiertas (13%).
La cárcel se está construyendo en el kilómetro 6
de la carretera que une Archidona y Villanueva del
Trabuco, en una finca conocida como La Saucedilla
que está próxima a la A-92. Ocupa una extensión de
350.000 metros cuadrados, de los que la superficie
construida será de 110.291 metros cuadrados y la
ocupada de 43.988, según publica Siep en su página
web.
Las instalaciones
El recinto, que servirá para descargar la prisión
de Alhaurín de la Torre, albergará dentro 1.008
celdas para 2.000 reclusos distribuidas en módulos
residenciales que se situarán en los laterales,
donde también estarán los talleres productivos y
el campo de fútbol. En la banda central, se
ubicarán, según Siep, los edificios llamados de
ingresos, salidas y tránsito, jefatura de
servicios, comunicaciones, cocinas y almacenes,
enfermería y deportivo-cultural. Otras
instalaciones del centro penitenciario serán los
edificios de accesos y oficinas, además también
contará con puntos de vigilancia y todo el recinto
quedará protegido del exterior por cinco
cerramientos de seguridad. Igualmente, contará con
una planta termosolar de 700 metros cuadrados,
zonas verdes y depuradora.
En la ejecución de las obras, que está realizando
la empresa Vías y Construcciones desde noviembre
de 2010, se invertirán 89,19 millones de euros. El
objetivo del Ministerio de Interior es ponerla en
marcha durante el próximo año, ya que los trabajos
tienen un plazo de ejecución de dos años. Durante
la fase más intensa de las obras se llegarán a
emplear a 850 trabajadores y, una vez operativa,
la cárcel dará empleo a 500 funcionarios, cien
trabajadores laborales fijos y cien guardias
civiles.
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Empieza la cuenta atrás para la llegada de la nueva
cárcel del territorio alavés. El Gobierno recibirá
el próximo miércoles el centro penitenciario de
Zaballa de las manos del SIEP después de tres años
de controversias. Una polémica que no ha terminado
con la confirmación del penal como una realidad sino
que ha encontrado nuevos capítulos para la trama a
través del debate sobre el futuro de su homóloga
Nanclares. Sin embargo, Mikel Cabieces, delegado
de Gobierno en Euskadi, despejó ayer dudas y
confirmó que el actual centro penitenciario
desaparecerá tras la puesta en marcha de la
infraestructura del antiguo polvorín militar. "La
idea es que una cárcel sustituya a la otra", apuntó.
Esta tesis ya se había defendido con anterioridad
por parte de distintos representantes del Ejecutivo
español, pero lo cierto es que no se había expresado
en ningún momento con seguridad. De hecho, en
febrero de 2009 la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se
comprometió a "proponer" que se amortizara Nanclares
tras construir Zaballa, pero no quiso ir más allá en
sus promesas.
Sin embargo, Cabieces despejó ayer dudas en
declaraciones a Radio Vitoria. "Lo que es verdad es
que allí no habrá una cárcel", puntualizó. De esta
forma, respondía al PNV que presentaba el jueves una
moción en las Juntas Generales de Araba para exigir
al Ministerio de Interior el cierre de Nanclares y
la posterior cesión de sus instalaciones al
Ayuntamiento de la localidad para su
aprovechamiento.
En cuanto a este último aspecto, el delegado del
Gobierno en Euskadi aclaró que se cumplirá con el
compromiso de hablar con el Consistorio de Iruña Oka
pero que esto no significa que se vayan a ceder las
instalaciones sin establecer unos acuerdos. "Parece
que se pide a la Administración del Estado que
regale terrenos", señaló.
No hay que olvidar que es poco probable que el
actual centro penitenciario alavés en funcionamiento
cierre a corto plazo. Y es que aunque Zaballa será
entregada como infraestructura el próximo miércoles,
todavía necesitará superar las correspondientes
pruebas de funcionamiento y someterse al paulatino
traslado de reclusos desde Nanclares y otros puntos.
Será sólo entonces cuando se contemple la opción de
finalizar con el uso penitenciario del penal actual.
De hecho, la circunstancia de que no se haya
fijado un plazo concreto para su cierre, las
recientes reformas llevadas a cabo dentro del penal
y que su desaparición no está contemplada en el
vigente plan de amortización y creación de centros
penitenciarios ha llevado a que diversos sectores
sociales y políticos hayan expresado sus dudas
reiteradamente y centren ahora su caballo de batalla
en lograr este punto. |
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El corredor de la vida |
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19/09/11 |
| El régimen de aislamiento es el
más severo del sistema penitenciario. Sus internos,
clasificados como muy peligrosos, pasan 20 horas en sus
celdas. Un proyecto intenta rescatarlos. Entramos en lo más
hondo del pozo. |
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Nuestro primer encuentro con Diego y Rafael se
desarrolla en un gimnasio improvisado enterrado en
lo más profundo del módulo 13, donde los escasos
aparatos (una bicicleta estática y una bancada
herrumbrosa) están atornillados al suelo como las
camas de un camarote, y las pesas y mancuernas no
pueden ser extraídas de un arnés anclado a la pared.
Hay un balón, un saco de boxeo y una cuerda para
saltar. Y manojos de viejas botellas de plástico
rebosantes de agua y soldadas entre sí con cinta
aislante que los presos utilizan para levantar más
peso en sus obstinados ejercicios de musculación. El
resto del espacio muestra una desnudez desoladora.
Brilla como un piso en venta. El silencio es total.
No hay un mueble, un papel, una colilla. No hay
nada; no huele a nada. Ni un objeto susceptible de
convertirse en un arma, ni un resquicio en el espeso
hormigón de esta cárcel de alta seguridad ideada
para albergar reclusos con grandes penas. Hasta
llegar a la entrada del módulo de aislamiento hay
que atravesar cuatro pesados portones, pasar por un
arco de seguridad y entregar a un guardia todos los
objetos metálicos, encendedores y teléfonos móviles.
Antes de abandonarlo, nos interrogará: "¿Echan de
menos algo de lo que traían?". La primera
conclusión es que de aquí es imposible fugarse. Nos
lo comentó antes de acceder al interior el director,
José Vidal Carballo, un médico andaluz que entró en
la empresa hace casi 25 años y gobierna este
centro desde su creación en 2008. Si un preso
lograra escapar del aislamiento, aún tendría que
superar la torre de vigilancia, las cámaras de
visión nocturna, las alarmas activadas con
infrarrojos, los muros coronados de concertinas
afiladas como cuchillas de afeitar y las patrullas
de la Policía Nacional. Y aún le quedaría un
desierto de polvo, cardos y olivos en mitad de
ninguna parte.
El calor es sofocante bajo el despiadado sol
sevillano que golpea la cubierta del módulo 13,
proyectada translúcida para facilitar el asalto de
los GEO mediante helicópteros en caso de motín. Tras
atravesar otra media docena de puertas corredizas de
barrotes y cristales de dos dedos de espesor que se
han ido abriendo y cerrando a nuestro paso con una
lentitud enervante y un bramido mecánico que culmina
con un golpe sordo (una no se abre hasta que la
anterior no se ha cerrado), accionadas por un
funcionario desde una pecera acorazada tapizada de
pantallas a cada seca orden por su Motorola del
funcionario que nos escolta ("cierre rastrillo 40;
abra rastrillo 41"), nos topamos con los dos presos
en el modesto recinto deportivo. No esperábamos un
primer encuentro tan directo. Nos observan con
curiosidad. Son jóvenes, en buena forma, y muestran
una palidez enfermiza. Sus ojos, grandes, muy
oscuros, en los que apenas se distinguen las pupilas
(como los de un caballo), miran con aire ausente:
tras meses en aislamiento, su vista no está
acostumbrada a enfocar más allá del par de metros de
la celda. Además, la medicación antipsicótica que se
les administra regularmente les hace surfear entre
nubes de algodón. Diego y Rafael visten ropa
deportiva; pantalón corto y camisetas sin mangas que
dejan al descubierto sólidos bíceps, toscos tatuajes
realizados con artilugios carcelarios (la mina de un
bolígrafo, una aguja de coser y un motorcito
artesanal) y profundas cicatrices en los antebrazos
resultado de viejas autolesiones (chinarse lo
llaman aquí) reivindicativas o psicóticas. El cuerpo
de algunos de estos presos, como el de Aarón
Fernández, es una gran cicatriz de surcos paralelos
hechos a cuchillo hasta perder la última gota de
sangre. "Mis fatiguitas en prisión", resume. Los
brazos de estos presos son capítulos abiertos de su
biografía carcelaria.
Sudamos frente a frente. Segundos de indecisión.
¿Cómo hay que comportarse con los presos de primer
grado? ¿Intentarán secuestrarnos? Tienen un aspecto
más temible que los funcionarios que les custodian
uniformados con un rancio polo gris y sobado
pantalón negro. Y además, estos no van armados.
Llevan al cinturón un par de guantes y un
transmisor. Los elementos disponibles para aplacar
una rebelión, las esposas, porras, espráis, cascos,
chalecos y escudos, están almacenados bajo llave en
una dependencia a la entrada del recinto. No hay
marcha atrás. Hay que actuar con naturalidad. Es la
única forma de ganárselos. En nuestras primeras
conversaciones, los presos de aislamiento repetirán
una misma idea: "No somos animales". Amparados en
esa filosofía, nuestro objetivo es llegar hasta
donde ellos quieran. Al final, confiarán en
nosotros. Y no querrán que nos marchemos.
Estamos en su territorio; en el módulo de
aislamiento del Centro Penitenciario Sevilla II, en
Morón de la Frontera, en lo más profundo de un
submundo que pocos conocen. En esta dependencia, los
presos permanecen encerrados en la soledad de sus
celdas (ellos dicen chabolos) 20 horas
diarias; su horizonte cotidiano es un rectángulo de
un blanco grisáceo de tres por cuatro, con una
ventana que conecta con un paredón; muebles de obra,
ducha, lavabo y retrete metálicos, cerrado por una
doble puerta; la primera, de barrotes (el
cangrejo); tras ella, otra compacta de acero que
se acciona por control remoto y está horadada por
una mirilla para el recuento y una trampilla para
introducir la comida. A primera hora de la mañana se
les entrega el palo que le falta a su escoba, una
maquinilla de afeitar y un cepillo de dientes que
deberán devolver tras asearse. Fuera de las horas de
salida al patio de los internos (entre tres y cinco
al día según su clasificación), los funcionarios
tienen prohibido abrir sus celdas. Cuando hacen acto
de presencia en las mismas, el preso debe colocarse
al fondo con las manos visibles y disponerse al
cacheo.
La clave del sistema de aislamiento es que el
interno salga lo menos posible del módulo, que
cuenta con patios, locutorio, enfermería y estancias
para vis a vis. Y cuando lo haga, solo, el tiempo
estrictamente necesario, rodeado de funcionarios y
cumpliendo unos estrictos protocolos de seguridad.
Dentro de esa lógica, los presos de régimen cerrado
no pueden ir al economato y tampoco a la piscina. Ni
trabajar. Solo pueden acceder al teléfono de tarjeta
a través de una ranura de un palmo practicada en un
cristal blindado que lo separa del patio. Sus
colchones son ignífugos, y el recinto está sembrado
de alarmas antiincendio. Se les cachea antes y
después de cada salida; su celda es registrada a
diario, y si los responsables del módulo lo
consideran oportuno, pueden ser despojados de su
ropa; así lo especifica el artículo 93 del
Reglamento Penitenciario, la biblia del sector:
"Cuando existan fundadas sospechas de que el interno
posee objetos prohibidos y razones de urgencia
exijan una actuación inmediata, podrá recurrirse al
desnudo integral por orden motivada del jefe de
servicios, dando cuenta al director".
El margen de rebelión es mínimo. En caso de
provocar un altercado grave, el preso sería reducido
por hasta los siete funcionarios del módulo,
esposado o sujeto con correas a una cama y, una vez
cumplida su sanción, desplazado al módulo de
aislamiento de otra prisión. Y vuelta a empezar.
Cualquier otro tipo de violencia por parte de los
funcionarios está prohibido. "Puedes ser más o menos
severo a la hora de reducirles, pero no hay palizas;
no nos preparan para eso, somos funcionarios por
oposición, la mayoría tenemos carrera y no queremos
problemas. Te pueden denunciar al juez de
vigilancia. No vale la pena", explica Javier, un
guardia del módulo. Cuando se les pregunta a los
reclusos al respecto, no son tan categóricos ante
esa supuesta ausencia de malos tratos; relatan
palizas, noches esposados y tortura psicológica,
aunque trasladan esas experiencias a otras prisiones
españolas. Uno relata: "En el módulo de aislamiento
de la cárcel de Huelva descubrí lo que era el miedo.
Me golpeaban todos los días. Los médicos encubrían
las palizas y los funcionarios me decían: 'Una noche
te vamos a colgar y a decir que te has suicidado'.
Me orinaba cuando les oía llegar".
Seguimos en el gimnasio. Tres funcionarios
nos guardan la espalda sin abrir la boca. Nos
calibran. Esperan ver si tenemos lo que hay que
tener. No les hace feliz nuestra visita. Distorsiona
el orden y afloja la disciplina. Multiplica las
entradas, salidas y cacheos. El módulo se convertirá
a lo largo de una semana en un colegio en día de
fiesta. Y no es conveniente que nada ni nadie rompa
el rígido funcionamiento de este recinto donde cada
día es igual al siguiente, no hay fines de semana ni
vacaciones, y los presos y sus guardias envejecen
juntos. Cualquier relajo de la seguridad puede poner
en juego sus vidas. Y lo saben. Los funcionarios de
vigilancia nunca se confían. Tampoco fuera de la
prisión. Lo explica el encargado del módulo: "Somos
un objetivo de ETA y otras organizaciones. Nuestros
datos no los tiene ni Tráfico; usamos matrículas de
seguridad y recibimos circulares para prevenir un
atentado. Nunca estamos tranquilos. Y encima, somos
unos apestados, aunque hagamos un trabajo
imprescindible. Representamos el último eslabón de
la seguridad del Estado, pero no somos rentables
políticamente. Cuando el Rey hace un discurso, se
acuerda hasta de los bomberos, pero nunca de
nosotros. La gente piensa que somos torturadores,
llevamos rifle y gafas de sol, y vemos todos los
días violaciones en las duchas. Pura leyenda. Esta
es una salida laboral; al principio tienes miedo (y
el que diga lo contrario es tonto), pero luego te
inmunizas. Y unos se queman y otros se implican:
como en cualquier otro trabajo".
-Los reclusos son más fuertes que ustedes y no
tienen nada que perder. ¿Cómo responderían a un
ataque de ellos?
-Si ellos son machos, nosotros somos muchos.
Nuestra arma en este módulo es el número de
funcionarios.
-¿Cobran más por estar en aislamiento?
-Noventa euros más al mes por peligrosidad.
Los dos reclusos nos observan con curiosidad. No
son machacas. Son tipos con prestigio en el
medio carcelario. "Tengo más cornadas que
nadie", me dirá orgulloso Rafael. Gozan del máximo
estatus entre los presos. Ingresar en aislamiento
supone convertirse en alguien respetado. Son kies:
cabecillas en su lenguaje. Populares en el universo
penitenciario por su conflictividad y carrera
delictiva. Con grandes penas a la espalda. Gente que
no se rinde. Que ha hecho turismo por toda la
geografía carcelaria. ¿Por qué Rafael y Diego están
enterrados en vida? Los funcionarios se niegan a dar
pormenores. "Que se lo cuenten ellos".
Lo único claro es que, al estar clasificados en
primer grado (el régimen más severo que aplica la
Administración penitenciaria española), Diego Gil
López, alias Marrajo, murciano, de 28 años;
Rafael Hidalgo Castro, alias Rafi, cordobés,
de 31, y el resto de sus compañeros de módulo son
considerados presos conflictivos y muy peligrosos.
Así lo especifica el artículo 89 del Reglamento: "El
régimen cerrado será de aplicación a aquellos
penados que, bien inicialmente, bien por una
involución en su personalidad o conducta, sean
clasificados en primer grado por tratarse de
internos extremadamente peligrosos o manifiestamente
inadaptados". En la práctica, todos los clasificados
en primer grado han cometido delitos que denotan una
personalidad agresiva y antisocial; han llevado a
cabo actos especialmente violentos contra la vida,
la propiedad y la libertad sexual, o forman parte de
bandas armadas (sin que hayan mostrado síntomas de
arrepentimiento).
Más allá de los graves delitos por los que han
sido condenados, Diego y Rafi (y los otros internos
del módulo) han ido escalando peldaño a peldaño
dentro de la prisión hasta la cima de la
inadaptación. Han sumado sanciones, fabricado armas
(José Luis, el subdirector de seguridad, guarda una
completa colección de pinchos artesanales
intervenidos a los internos, desde el
realizado con un hueso de cordero hasta la pata de
una silla de plástico afilada hasta transformarse en
una navaja de barbero) y atacado a funcionarios. Se
han automutilado, han destrozado y prendido fuego a
sus celdas; se han fugado, encabezado revueltas,
traficado con droga y acabado con la vida (o, al
menos, lo han intentado) de otros internos. Desde
que eran unos adolescentes que ya ingresaron en
centros de menores, ha regido toda su existencia una
siniestra cultura carcelaria. Un mundo paralelo al
nuestro con sus leyes, donde el pez grande se come
al chico; donde eres kie o machaca;
donde trapicheas o consumes; donde matas o te matan;
donde para ser respetado y bruñir tu autoestima
tienes que ser más temible que nadie. Y entrar en un
bucle que se alimenta de delirios de grandeza y
adrenalina del que el único proyecto de vida es otra
cárcel. Los internos de aislamiento han quemado su
juventud entre rejas; concibieron a sus hijos en vis
a vis; entre estos muros se engancharon a la
heroína, se contagiaron de VIH y aprendieron a
matar. Su escuela ha sido un presidio. La función
del Estado es arrancarles de las garras de esa
cultura carcelaria. No darles por perdidos. Dotarles
de habilidades sociales, psicológicas y educativas
para enfrentarse al futuro y que aprendan a
empatizar. Como afirma la Constitución: "Las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción".
El director de la prisión, Pepe Carballo, se
refiere al proceso de simbiosis del recluso con el
medio carcelario como un síndrome adaptativo.
Algo así como la tolerancia que desarrolla un adicto
con una sustancia de la que necesita una dosis cada
vez más elevada. "Ese proceso es especialmente
intenso entre los internos de aislamiento", explica
Carballo, "que para sobrevivir se terminan adaptando
a una situación anómala que debería ser excepcional
y transitoria. Pueden pasar años en régimen cerrado
y no bajarse del pedestal. Cuando son jóvenes, es
más difícil sacarles de esa adicción; les
gusta ser reconocidos, se juntan con los peores y se
adaptan. Tienen que pasar al menos cinco años
hasta que ven que no hay salida. Entonces empiezan a
pensárselo. Y nosotros debemos saber aprovechar ese
momento para convencerles. Para jugar con el palo y
la zanahoria. Y rescatarles".
Durante años, Diego y Rafi han hecho gala
de una peligrosidad extrema. Y la Administración ha
respondido a su envite clasificándoles en primer
grado, reduciendo al máximo su ya de por sí estrecho
margen de libertad, limitando sus relaciones con los
otros reclusos, restringiendo sus actividades e
incrementando el control, vigilancia y disciplina
que se les aplica durante las 24 horas al día y que
incluye continuas rondas nocturnas. Si además están
incluidos en el Fichero de Internos de Especial
Seguimiento (FIES), un banco de datos del Ministerio
del Interior en el que están registrados los
delincuentes más peligrosos, los terroristas y los
miembros del crimen organizado presos en nuestro
país, todas sus comunicaciones escritas, telefónicas
y personales son controladas, y cada paso que dan,
fiscalizado. En el último escalón del régimen de
aislamiento, el que se aplica a los catalogados en
el artículo 91.3, los reclusos no pueden salir al
patio de 20 metros cuadrados más de tres horas
diarias y acompañados de solo otro preso, y cada una
de sus conducciones es custodiada por tres
funcionarios.
El aislamiento es la cárcel dentro de la cárcel.
Una burbuja de hormigón. Más allá no hay nada. Algo
más de 900 reclusos (de un total de 70.000) cumplen
condena en nuestro país sujetos a ese estricto
régimen penitenciario. Medio centenar son mujeres.
La mitad son miembros de bandas terroristas; la gran
mayoría, irreductibles de ETA. Esos 900
individuos son (en teoría) los peores presos de
nuestro país; 50 están en Morón. En cada cárcel
española denominan al módulo de aislamiento con un
nombre distinto: el agujero, el búnker,
el hoyo, el departamento especial, la
zona cero... pero en todas coinciden en
llamarlo "el pozo". Quizá sea la metáfora que mejor
refleja su situación.
El régimen cerrado representa el fracaso del
sistema penitenciario, de la reeducación y
reinserción del preso. Es un sumidero. Un sistema
que destroza al individuo. El interno que pasa
amplios periodos de tiempo aislado desarrolla
trastornos de difícil solución. Pierde el control de
su vida, la capacidad de relación, los lazos
familiares y la autoestima; se convierte en un ser
apático, ansioso, desorientado, irritable, temeroso
del futuro, sin voluntad, con una sexualidad
alterada y reafirmado en la cultura carcelaria, al
que le es imposible vivir en sociedad. Alguien que
vive por y para la cárcel.
El director de esta prisión sostiene que
se ha hecho un largo camino en materia penitenciaria
en los últimos 20 años. Cuando comenzó a trabajar en
Prisiones, allá por 1987, las cárceles eran palacios
de los horrores regidos por viejos funcionarios con
poca formación y abrasados por la marginalidad de su
trabajo; los establecimientos estaban estructurados
en enormes galerías, en las que se mezclaba lo
bueno, lo malo y lo peor; con un alto nivel de
hacinamiento, falta de intimidad y violencia sexual;
los reclusos carecían de médicos, maestros,
psicólogos y educadores; estaban diezmados por la
heroína y el sida y gobernados por mafias. Carballo
marca el mandato del socialista Antoni Asunción
(1988-1994) como el momento del despegue. En dos
décadas, las cárceles han mejorado en medios y,
sobre todo, en la filosofía que les da sentido. Son
espacios más dignos y habitables donde, para
empezar, hay una mejor clasificación de los presos.
A partir de ahí se han creado equipos
multidisciplinares, módulos de madres, programas de
intercambio de jeringuillas y de administración de
metadona; reparto de preservativos, encuentros vis a
vis, celdas y duchas individuales, e incluso módulos
libres de droga, módulos gestionados por los presos,
módulos de inserción social y módulos abiertos. En
los últimos años, la estrategia penitenciaria se ha
centrado en la reeducación del preso, en el llamado
tratamiento, más que en la aplicación
sistemática del régimen disciplinario. A partir de
la llegada de Mercedes Gallizo (veterana militante
de izquierdas) a la cúpula de Instituciones
Penitenciarias, en 2004, se comenzaron a extender
los programas que habían dado buen resultado en una
prisión al resto de los centros penitenciarios. La
experiencia ha funcionado.
La asignatura pendiente era el aislamiento. El
pozo. Gallizo impulsó en 2005 un protocolo de
actuación. En junio de 2009, el centro penitenciario
de A Lama, en Pontevedra, iniciaba un revolucionario
programa de régimen cerrado al que podrían acceder
los internos de los módulos de aislamiento con el
objeto de rescatarles mediante un plan de
actividades, terapia, deporte y educación, elaborado
por un equipo multidisciplinar (formado por un
psicólogo, un abogado, un educador, un maestro, un
médico, un monitor deportivo y otro ocupacional y un
funcionario de vigilancia). El objetivo era trabajar
a su lado hasta integrarlos en un módulo ordinario
donde podrían llevar una vida digna (ir a la
piscina, ver películas, trabajar, hacer deporte e
incluso acceder a permisos de fin de semana) durante
el resto de su condena. Se intentaba evitar que esos
seres encerrados como animales en las catacumbas del
sistema durante años pasaran sin escalas de la
soledad de su celda a la selva de la calle. El
programa de régimen cerrado se extendió a finales de
2009 a la prisión de Villena, en Alicante, y en 2010
llegaba a esta prisión sevillana. En menos de un
año, dos internos de aislamiento (Félix Medina y
Óscar Sierra) han salido por la puerta grande en
dirección a un módulo ordinario; Diego Gil está a
punto de conseguirlo, y otros cuatro están en buen
camino (Rafael Hidalgo, Mohamed Larbi, Aarón
Fernández y Jesús Fernández Mallén). El proyecto
tiene también sus grietas. El pasado mes de marzo,
dos internos inscritos en el programa secuestraron a
su educador con sendos pinchos. El incidente
duró una hora, y al final se rindieron sin que
hubiera heridos. En los días siguientes fueron
pasaportados hacia otras prisiones.
Del testimonio de los internos de
aislamiento se obtiene una primera conclusión: hay
aún una clase social que es la cantera de la que se
alimentan nuestras cárceles: la de los
desfavorecidos. La mayoría de estos presos son
analfabetos y proceden de medios marginales; de
barrios extremos; de familias desestructuradas, con
episodios de violencia doméstica y sexual. Tienen
padres y hermanos en prisión, y desde niños han
percibido la cárcel como un elemento con el que se
tendrían que topar inevitablemente a lo largo de su
vida. Con escasa formación, sin experiencia laboral,
una débil resistencia a la frustración, mínimo
autocontrol y avidez de consumo y autoafirmación, la
prisión ha sido su destino manifiesto desde que eran
chavales. Un escenario aderezado por el azote de la
heroína y la cocaína.
Después de los primeros titubeos, al día
siguiente realizamos la primera entrevista a un
asistente al programa, Diego Gil. De él nos dirán
tres miembros del equipo que trabaja en su
recuperación (Raquel, la subdirectora de
tratamiento; Ana, la psicóloga, e Isabel, la
monitora): "Representa la mejor evolución de un
interno de primer grado. Llevaba aislado 10 años. Y
en meses ha pasado de estar en lo más hondo a estar
a punto de salir. Ha sabido aprovechar la
oportunidad". No exageraban. El último día de
nuestra estancia en Morón, Diego recibía desde
Madrid la notificación de que había progresado hasta
el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo
que suponía que podría pasar varias horas al día en
un módulo ordinario hasta estar preparado para dar
el gran paso y abandonar definitivamente el pozo.
Recorrer el módulo 13 en dirección a la celda de
Diego permite entender un poco más este territorio.
Está estructurado por un largo corredor del que
nacen a derecha e izquierda pequeñas galerías
estancas de celdas con su propio patio. Mientras
avanzamos, contemplamos a internos en cada uno de
esos pequeños patios acristalados como habitantes de
un zoo humano. En el primero hay un solitario
mafioso del Este; en el siguiente, cuatro presos
comunes de aspecto patibulario; en el tercero,
varios militantes de ETA que hacen ejercicio con
disciplina militar. El que parece estar al frente es
Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Txikierdi.
Rafael Hidalgo, Rafi, comparte salidas al
patio con los etarras. Dice que no paran de hablarle
de Bildu y la lucha del pueblo vasco. Le pregunto si
son duros. Se ríe. Rafi sí es un tipo duro.
Entró en la cárcel a los 18 años. Su padre era
alcohólico y su madre está en silla de ruedas. Tiene
siete hermanos. Atracador desde joven, en 2005 huyó
de la justicia. En 2008 mató a un hombre de un
disparo a bocajarro en la cabeza por un asunto de
droga; huyó de nuevo y fue detenido 19 días después;
en 2010 se escapó por un túnel con su hoy compañero
de galería y programa, Mohamed Larbi, de la vieja
cárcel de Sevilla. Un mes más tarde les detuvieron
en Lérida. Tiene decenas de causas. Pero está
dispuesto a empezar de nuevo. Le fascinan los
trabajos manuales. "Aquí hay gente muy dura; hombres
de verdad que no temen a la muerte. Los etarras no
tienen esa carne de talego; habrán matado, pero se
achantan con los comunes; no llegan ni de
coña a lo que es aquí un tipo duro; son otra cosa.
Se acojonan".
Diego nos acoge en su chabolo. El
mobiliario es una silla y unas baldas de hormigón
con ropa, botellas de agua y un radiocasete. Una
ventana enrejada da a ningún lado. Me siento en su
cama. La primera parte de su relato es una anárquica
retahíla sobre los malos tratos de los que ha sido
objeto en su trayectoria carcelaria. Extiende por el
suelo un enjambre de cartas, sentencias,
comunicaciones, peticiones e instancias. Es su
currículo. Diego lleva cerca de diez años en
aislamiento. Tiene 28 y nació en Águilas (Murcia).
Comenzó a drogarse a los 10 años, a los 13 se inició
en la heroína, y a los 17, en el crack. Su
padre está preso. Diego comenzó a delinquir pronto.
Recién cumplida la mayoría de edad le condenaron a
10 años por robo con violencia. "A partir de ahí me
convertí en lo peor de la cárcel. Era un rebelde a
mi manera; me chinaba, rompía la celda, me
tragaba pilas, me tomaba la justicia por mi mano con
los violadores; matamos a uno en las duchas; nos
rapamos todos para que no nos identificaran, pero me
pillaron. Abrí la cabeza a todos los chivatos que
pude encontrar. En 2002 entré en aislamiento en
Murcia y de ahí pasé al búnker de Zaragoza.
En 2006 se me fue la cabeza, me empastillé y
le pegué 62 puñaladas al médico de Azebuche, en
Almería, y me cayeron otros ocho años. De ahí me
enviaron al agujero de Castellón, donde quemé
la celda. Llegué a este penal el 13 de junio de
2010. Estaba acabado. El director vino a verme y me
trató mejor de lo que me habían tratado nunca. Me
ofreció entrar en el programa. Suponía estudiar,
estar con la psicóloga, hacer deporte, ver
películas. Pensé que si me respetaban, podría buscar
mi libertad. Empecé en agosto de 2010. Lo hago por
mi madre. En primer grado no pinto nada; que sigan
otros".
Fuera de la celda aguardan tres funcionarios. Su
esfuerzo ha sido básico en el éxito del programa.
Son los que mejor conocen a los reclusos. Nunca se
había contado con ellos. Hoy, su experiencia
comienza a ser aprovechada en el tratamiento.
"Cada mañana, cuando abres las celdas, les hueles;
ves su lenguaje corporal y ya sabes si la van a
liar", afirma un funcionario. "Conocemos todo de
ellos. Somos su eslabón con el exterior; su padre,
hermano y paño de lágrimas. Los que cursamos sus
peticiones y aguantamos sus quejas. Los que
conocemos sus penas. Les podemos hacer la vida
imposible, y ellos a nosotros. Viajamos en el mismo
barco. Debemos entendernos".
La figura del 'tutor' se ha convertido en
una pieza clave del programa de régimen cerrado.
Algunos de estos funcionarios de vigilancia han
decidido ser la sombra de cada uno de los reclusos
participantes durante su proceso de resocialización.
José Luis, el subdirector de seguridad, ejerció ese
papel de acompañante con Félix Medina, al que
conocía del barrio sevillano de ambos, durante un
año. Con su ayuda, Félix consiguió abandonar en mayo
el pozo. Y ha cambiado. Es un tipo serio, educado y
atildado. Está preocupado por quedar bien. Le gusta
que le refuercen. Como a un niño.
La entrevista transcurre en un banco del patio
del módulo 10. Félix, alias Ito, tiene 29
años, una condena hasta 2036 y un hijo de nueve años
al que no ve hace seis. No conoció a su padre;
cuando su madre ingresó en prisión, le criaron sus
abuelos. A los 16 años entró en un correccional, y a
los 18, en la cárcel. "Yo pensaba: 'Cuando sea
grande, nadie volverá a hacerme daño'. De chaval
entré en la Banda del Demonio; nos movíamos
en moto, y todas las noches reventábamos comercios
en Sevilla. Teníamos 100 causas. Yo era un tío
respetado; tenía dinero, droga y chicas. En 2001
entré en prisión por un atraco. No he vuelto a
salir. Estos 10 años han sido de motines, peleas y
agresiones. Me intenté ahorcar; a un policía le
clavé un pincho en un pulmón y a otro le rompí la
cara de un cabezazo. Era un cabecilla. No me
considero malo, pero no podía parar. Si lo hacía,
los kies me decían que era un cagón y mi
prestigio se iba al suelo. No me podía achantar. Me
la tenían jurada. Tenía que andar todo el día
empalmado...".
-¿Perdón?
-Nosotros decimos empalmado a ir con el
pincho. Pensaba: "Cuanto antes esto acabe, mejor. Y
mientras, voy a hacer todo el daño que pueda". En
Huelva, en 2010, tras un motín, me dieron una paliza
y me enviaron aquí. Estaba acabado. Un funcionario
me habló del programa. Me miró a los ojos y me dio
una paz interior que nadie me había dado antes. Le
dije: "Adelante". Entonces empezaron a joderme los
kies; iban diciendo por ahí: "Ito se ha
acojonado; Ito es un gallina; a Ito le van a dar por
culo los funcionarios". He aprendido a aguantarme.
Estaba acostumbrado a solucionar todo por lo fácil;
a apuñalar, matar, eso es lo fácil; lo difícil es no
reaccionar si te hablan mal, pasar de la violencia.
Soy otro. Me queda mucha condena, pero tengo huevos
de sobra para salir adelante.
Cuando abandonamos la cárcel de Morón, ellos se
quedan dentro. Los internos y los funcionarios.
Durante días hemos practicado una rendija en el
hermético universo del aislamiento. Los internos y
los funcionarios no han bajado la guardia, pero a
ratos se ha roto el hielo. ¿Hay salida para los
internos de aislamiento? ¿Pueden cambiar? Nadie
tiene la respuesta absoluta. Sin embargo, una de las
grandezas del periodismo es dar con profundas
reflexiones existenciales donde menos te lo esperas.
Como esta con la que se despidió Félix: "¿Conoce el
bambú? Cuando siembras una semilla, durante seis
años no pasa nada. Y llegas a pensar que se ha
muerto. Sin embargo, al séptimo año, en seis
semanas, crece 30 metros. Yo soy como el bambú. He
echado una semilla y tardará en crecer. Si al bambú
le metes prisa, no brota. Hay que abonarlo, regarlo
y tener paciencia porque está echando raíces. En
siete años, las mías se irán asentado, y en seis
semanas treparé por encima de los muros de esta
cárcel y dejaré todo atrás". |
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La
batalla sobre un posible fin de ETA también se
libra en las cárceles. No porque a la banda le
interese la opinión de sus presos ni porque el
Gobierno estudie algún cambio de su política
penitenciaria, sino porque ni la organización
terrorista ni la izquierda independentista quieren
perder el 'activo' que suponen los cerca de 700
reclusos repartidos por los penales de España y
Francia y la presión constante que ejercen en la
calle sus familiares.
Los responsables de Instituciones Penitenciarias y
del Ministerio del Interior han constatado que la
última maniobra del mundo independentista radical
pasa por tratar de ocupar el espacio que ETA ha
perdido entre la colonia de presos para mantener
la cohesión del 'frente de makos'.
Desaparecido 'de facto' el histórico EPPK, el
colectivo de internos y sus familiares; golpeado
policialmente el aparato H-Alboka, el grupo de
abogados que oficiaban de mensajeros de la banda
dentro de las cárceles; y asfixiada judicialmente
Askatasuna, la banda terrorista durante los
últimos tres años ha perdido su influencia en los
presos hasta límites inimaginables hasta hace
poco.
Sobre todo entre 2009 y 2010, cuando el plan del
entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de
potenciar las escisiones logró conseguir que más
de medio centenar, muchos de ellos terroristas
históricos, rompieran con la banda tras firmar una
carta en la que renuncian a la violencia, piden
perdón a sus víctimas, y se comprometen a afrontar
las indemnizaciones y a colaborar con la justicia.
La cascada de escisiones, según reconocen los
responsables penitenciarios, se ralentizó en
septiembre de 2010, cuando ETA hizo su primer
comunicado, y se ha paralizado casi del todo desde
que en enero anunció el alto el fuego «permanente
y verificable». Y es en esta situación, explican
expertos de la lucha antiterrorista, en la que la
izquierda independentista intenta «tomar el
relevo» de ETA. Y no para alentar los movimientos
individuales de ruptura con la banda o avivar las
críticas de los díscolos a los terroristas, sino
para intentar que el 'frente de makos' no se
disuelva y presione en la búsqueda de una «salida
colectiva» para los reclusos, alternativa de la
que el Gobierno no quiere ni oír hablar. Según los
informes de las fuerzas de seguridad, la
vanguardia de esta estrategia es el colectivo 'Egin
Dezagun Bidea' ('Hagamos Camino'), nacido y
potenciado a la sombra del éxito electoral de
Bildu.
Los dirigentes de esta plataforma y los propios
responsables de la coalición independentista son
los que desde el pasado enero intentan cohesionar
a los presos. La última iniciativa para evitar
escisiones «y de paso dar una esperanza a los
reclusos», como afirman los responsables
penitenciarios, es la apertura un debate el pasado
junio sobre el apoyo en «bloque» al acuerdo de
Gernika, el pacto firmado hace un año por una
treintena de colectivos independentistas en el que
se aboga por un alto el fuego definitivo y
verificable de la banda.
Visita a Madrid
En este contexto, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias no se sorprendió
cuando el pasado martes una comisión de la
izquierda independentista, encabezada por miembros
de Bildu, se presentó en Madrid para solicitar una
reunión no con los presos de ETA, sino con el
«aparato de interlocución» de los reclusos de la
banda, un grupo creado por la propia ETA y ahora
casi desaparecido por la presión de la política
penitenciaria y, que, obviamente, el Ministerio
del Interior ni reconoce y al que no va a dar alas
permitiendo un encuentro con los dirigentes de la
coalición independentista.
Desde Interior se ven con cierta inquietud, que
«no con preocupación», esos movimientos alentados
por la izquierda independentista en tanto en
cuanto tratan de minar la llamada 'vía Nanclares',
denominada así porque es la cárcel de Álava en la
que el departamento que ahora dirige Antonio
Camacho concentra desde hace meses a los etarras
que han roto con la organización tras firmar los
cuatro puntos de la famosa carta y que, por tanto,
al no ser ya formalmente miembros de ETA, son los
únicos a los que el Gobierno está dispuesto a
conceder los beneficios penitenciarios similares a
los de los presos 'comunes', sobre todo permisos
de salida, terceros grados, libertad condicional y
el acercamiento al País Vasco.
El Gobierno es tajante en ese punto: la intención
de Bildu y su entorno de hacer creer a los presos
que una firma colectiva de apoyo al 'acuerdo de
Gernika' -ya conocida como la 'vía Gernika'- puede
servir de «sucedáneo» a la 'vía Nanclares' es
«irreal» y un «engaño» a los propios presos porque
Interior ya ha hecho saber a los internos que
«solo y exclusivamente» su firma en el documento
en el que se pide perdón a las víctimas conduce a
los beneficios.
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La sección sindical de Acaip en el Centro
Penitenciario de Herrera de la Mancha, en Ciudad
Real, no asistirá a ningún acto institucional con
motivo de la Festividad de Nuestra Señora de la
Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, en
protesta por la reducción de suelo, en un 5% en
2010, y la congelación de estos en 2011.
En un comunicado enviado a los medios de
comunicación, el sindicato denuncia que los
funcionarios son los que están "pagando" la crisis
cuando no son responsables de esta situación.
Igualmente, advierte de que en los periodos de
"bonanza económica" sus retribuciones siempre han
crecido por debajo del IPC, al tiempo que critica
que el poder adquisitivo de los empleados públicos
"ha ido bajando paulatinamente" y por lo tanto "no
tenemos ánimo para ningún tipo de celebraciones".
Con esta medida, el sindicato pretende denunciar el
"continuo deterioro" de las condiciones de trabajo
de los funcionarios, principalmente debido a la
falta de personal en los centros Penitenciarios,
unido a la "masificación" existente en los mismos,
provocando "más conflictos" en el interior de las
prisiones y un "elevado" número de incidentes
violentos.
Según el sindicato, la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
"ignora" a sus trabajadores de forma sistemática,
con el incumplimiento de sus compromisos en las
mesas de negociación, principalmente el pacto de
2005 firmado por la Administración Penitenciaria y
los Sindicatos del Sector. |
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Los sindicatos ACAIP-USO, ATP, UGT y CSIF han
convocado para este sábado una concentración
silenciosa en la prisión de Palma para pedir, una
vez más, la dimisión del director del centro
penitenciario, Manuel Avilés.
Bajo el lema “Por el respeto y la dignidad
profesional, Avilés dimisión”, los convocantes
mostrarán así su descontento con la gestión que en
numerosas ocasiones han calificado de “pésima” del
jefe de la prisión palmesana.
La concentración se llevará a cabo este sábado a
partir de las 10.30 horas en el aparcamiento de la
prisión y coincidirá con la celebración del día de
la Merced, patrona de los funcionarios de prisiones.
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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Zaragoza ha condenado a seis años y un día de
prisión a J. P. F. A., un recluso del centro
penitenciario de Zuera al que los funcionarios
intervinieron 0,17 gramos netos de heroína al
registrar su celda el 11 de octubre del 2007. El
estupefaciente estaba dividido en 11 papelinas que
sumaban un peso bruto de 0,31 gramos y cuya pureza
era del 55,4%, según los análisis del Servicio de
Farmacia de la Delegación del Gobierno, cuyos
técnicos lo tasaron en 34 euros.
El tribunal ha impuesto al acusado la pena mínima
que contempla el Código Penal para el delito de
tráfico de drogas en el interior de recintos
penitenciarios. Por el contrario, ha absuelto a L.
M. T B., que según la Fiscalía era quien le había
suministrado el estupefaciente a su compañero de
banquillo tras recibirla en una comunicación.
L. M. T. B. negó cualquier relación con la droga,
mientras que J. P. F. A. sostenía que aquel le había
vendido las papelinas a cambio de unas zapatillas y
negaba que las quisiera para traficar, sino que iba
a tomárselas él, ya que era toxicómano. "Me tuve que
buscar las habichuelas", dijo en el juicio.
La defensa ha anunciado ya la presentación de un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo. |
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Los representantes de los sindicatos Acaip y CSIF no
acudirán este año a los actos oficiales de La
Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en
protesta por la tasa de hacinamiento que se registra
en la cárcel de Burgos y por las condiciones de
trabajo de la plantilla, que además consideran
escasa para las necesidades actuales de la prisión.
CSIF ya ha anunciado en un comunicado de prensa que
no asistirá a ninguna celebración en España, dada la
política del actual Gobierno con los funcionarios y,
más en concreto, con los de prisiones. Además de la
reducción del salario en un 5% de media en 2010 y la
congelación prevista para este año, lamentan el
recorte de la oferta pública de empleo, de la
carrera administrativa y de las relaciones de
puestos de trabajo (RPT).
Asimismo, insiste en el incumplimiento del pacto que
en 2005 firmaron con Instituciones Penitenciarias
para la mejora de las condiciones de los
funcionarios.
En la misma línea se posiciona Acaip, mayoritario en
el sector, si bien en Burgos están pendientes de
confirmar la decisión esta semana. «Llevamos ya
tiempo sin asistir a una fiesta dirigida más a los
internos que al funcionario y este año la línea va a
ser la misma», explican desde la Agrupación de
Cuerpo s de la Administración de Instituciones
Penitenciarias en Burgos.
«Parece que la crisis la tenemos que pagar los
funcionarios», prosiguen, para añadir la delicada
situación que se produce en la cárcel de Burgos,
donde parte de las jubilaciones de una plantilla
cada vez más envejecida no se cubren y, además, se
generan vacantes por traslado, aunque sea dentro de
las propias instalaciones, como ha ocurrido en el
caso del Centro de InserciónSocial (CIS), habilitado
en lo que antes era la Sección Abierta. Un déficit
de personal que se suple «con el esfuerzo de los
funcionarios» que fichan cada día.
Desde Acaip insisten en que todas las celdas de la
prisión burgalesas «están dobladas», si bien
reconocen que el número de internos ha disminuido en
los últimos años en aproximadamente un centenar,
hasta estabilizarse en torno a los 500.
Tras publicar este periódico que Interior aparcaba
la ampliación de la prisión por falta de
disponibilidad presupuestaria, el director del
centro, Jesús Amable, negó que exista necesidad de
ampliar las plazas, si bien reconoció que los
módulos previstos «les hubieran venido bien». Los
representantes de Acaip no se pronuncian, por cuanto
aseguran no tener conocimiento de dicho proyecto. |
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Entre otros muchos equipamientos cuenta con piscina,
polideportivo, biblioteca, economato, auditorio,
enfermería, talleres de formación y zonas de
esparcimiento, aunque se trata de una cárcel en toda
regla. El complejo penitenciario de Zaballa abrió
ayer de nuevo sus puertas para celebrar su segunda
inauguración en lo que va de verano, esta vez con el
mobiliario completamente dispuesto y con la
asistencia de un buen número de personalidades,
entre las que destacaron la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; el
presidente de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP),
Ángel Martínez Sanjuán; el delegado del Gobierno en
Euskadi, Mikel Cabiezes; el consejero vasco de
Interior, Rodolfo Ares, la portavoz del Ejecutivo de
Lakua, Idoia Mendia; y el diputado general alavés,
Javier de Andrés. Tal y como señaló Gallizo tras
recorrer las instalaciones, los primeros reclusos
llegarán al centro antes de que concluya el año.
Antes de que esto suceda, los responsables del nuevo
penal efectuarán las necesarias comprobaciones de
seguridad y formarán a los funcionarios en las
labores que habrán de desempeñar. El traslado será
progresivo, aunque la directora precisó que, dada la
cercanía que separa a la vieja prisión de la nueva,
el proceso será rápido y fluido. El aspecto
general del complejo se asemeja al de una gran
urbanización dotada de todo tipo de servicios.
Presentada en tonos blancos y verdes, la nueva
infraestructura se compone de 12 módulos
residenciales -ocho de 72 celdas dobles y cuatro más
polivalentes con 36 celdas cada uno-, lo que suma un
total de 720 células de unos 13 metros cuadrados
cada una. Dominado por grandes espacios abiertos, el
centro penitenciario se asienta sobre 96.000 metros
construidos, "algo que le dota de amplitud y genera
menos tensiones", según apuntó el presidente de la
SIEP. "Se trata de instalaciones que todos quieren
tener y tenerlas cuanto antes", añadió Cabiezes para
ilustrar la calidad del complejo. Aunque su
ubicación le confiere unas amplias vistas al valle y
la montaña, lo cierto es que se trata de un enclave
abiertamente expuesto al frío y la humedad, por lo
que, según indicaron los responsables de la obra,
los muros de hormigón cuentan con un aislamiento
especial y las cámaras están dotadas de radiadores
independientes.
Cada uno de los módulos cuenta con una planta
inferior, dotada de patio exterior con equipamientos
deportivos, economato, cafetería, consulta sanitaria
y sala de estar con televisión, más dos pisos
superiores en los que se ubican las celdas. Los
internos sólo abandonarán estos edificios en caso de
que se les autorice explícitamente a ello, bien para
dirigirse al centro de salud, bien para trabajar en
alguna de las dependencias o talleres, o bien para
acudir al auditorio o a la piscina, equipamiento
éste último orientado a mejorar la salud y los
hábitos de los reclusos. "Existía una clara
necesidad de construir este centro desde hace años
para sustituir al actual, que está obsoleto, pero
nos hemos encontrado muchos problemas y zancadillas
por el camino", declaró ayer durante la presentación
el presidente de la SIEP. "se ha ejecutado en 24
meses, un tiempo récord, se han invertido 115
millones y se ha empleado a 3.000 trabajadores, con
lo que ha generado riqueza y empleo", apostilló.
l Equipamiento deportivo. Sala
de rehabilitación de la enfermería. l
Piscina. De uso terapéutico y formativo
para los reclusos. l Cocina.
Equipamiento moderno. l Biblioteca.
Abastecida de libros. l Enfermería.
El edificio está integrado en la red de Osakidetza. |
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Un recluso del centro penitenciario de Badajoz,
identificado con las iniciales T. S. E., tuvo que
ser trasladado ayer a la Unidad de Quemados del
Hospital de Cáceres de manera urgente, debido a las
quemaduras que sufrió en el 20% de su cuerpo. La
causa de sus lesiones está en que prendió fuego al
colchón u otros elementos de la cama cuando se
encontraba recluido en una celda de aislamiento, en
el módulo 7 del centro, según ha podido saber este
diario de fuentes conocedoras del caso. Los hechos
ocurrieron al parecer hacia las 11.00 horas de ayer.
La primera atención sanitaria se le prestó en el
propio centro, de donde fue llevado en una
ambulancia hasta el Hospital Infanta Cristina. Una
vez en él, los médicos decidieron que se lo
trasladara al centro de quemados cacereños.
Fueron los funcionarios de la prisión quienes se
percataron del suceso y sacaron de la celda al
interno, que cumple una condena de 18 años por
asesinato y robo. Fuentes cercanas a la prisión
indicaron que los colchones son ignífugos, por lo
que debió prender "una sábana, un cobertor o una
toalla". Al parecer, el interno había expresado su
interés por que le cambiaran de prisión.
Por otro lado, se plantean la pregunta de cómo
pudo el interno meter en la celda un mechero u otro
objeto con el que prender fuego. |
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La nueva cárcel de Zaballa (Álava) se abrirá a
finales de este año con los internos que actualmente
cumplen sus penas en Nanclares, y no hay previsión
de más traslados de presos de ETA. Así lo ha
afirmado hoy la secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tras la
inauguración de la nueva cárcel de Zaballa, cuyo
nombre oficial es Centro Penitenciario de
Araba/Álava.
Está ubicada a pocos kilómetros de la vieja
prisión de Nanclares, la cual dejará de tener usos
penitenciarios a principios de 2012, y es de tamaño
"medio", con capacidad para albergar a unos 1.440
presos.
Los internos serán trasladados de manera
progresiva a finales de año a la nueva cárcel, más
moderna, segura y mejor dotada.
En una comparecencia de prensa, Gallizo ha
explicado que los reclusos que acogerá Zaballa serán
los que están actualmente en Nanclares, y a
preguntas de los periodistas sobre si está previsto
el traslado de más presos de ETA al nuevo centro, ha
dicho que esa posibilidad está "totalmente
descartada".
"No va venir ninguna oleada de internos de
ninguna organización terrorista", ha subrayado.
Actualmente cumplen pena en Nanclares alrededor
de una veintena de presos de ETA que se han
desmarcado de la banda o han sido expulsados de
ella.
Preguntada sobre si le parece bien que haya
interlocutores de Bildu que puedan reunirse con los
presos de ETA para hablar sobre su posible adhesión
al Acuerdo de Gernika, ha recordado que los presos
en España tienen derecho a recibir visitas de
familiares y amigos.
Respecto a si Instituciones Penitenciarias ha
intensificado el control de los presos de ETA para
evitar que tengan voz en un hipotético final de la
banda, Gallizo ha aclarado que no hay ningún
colectivo ni portavoces de presos de ETA como tal y
ha explicado que son personas que están cumpliendo
condenas por sus delitos; por lo tanto, cada cual
debe tener libertad de pensamiento.
No obstante, ha advertido de que el Gobierno no
permite que las personas que siguen perteneciendo a
una organización terrorista se organicen dentro de
las cárceles.
Respecto a la nueva cárcel de Zaballa, ha opinado
que el País Vasco se merecía tener una prisión como
ésta y ha subrayado que sus instalaciones permitirán
a los internos tener más posibilidades de inserción
social y de recuperar su salud mediante la práctica
deportiva en el gimnasio o en la piscina, así como
trabajando en talleres para la cárcel o para
empresas externas.
La nueva cárcel dispone de 720 celdas de 13
metros cuadrados repartidas en ocho módulos de 72
celdas cada uno y otros cuatro de 36. Además, cuenta
con un edificio de enfermería con 64 camas y
consultas de atención especializada, así como
instalaciones para telediagnóstico y telemedicina,
lo que supondrá una reducción de los traslados a
hospitales.
El Gobierno ha invertido 116 millones de euros en
la obra y en el equipamiento, y esta infraestructura
se va a completar con otra similar en Zubieta
(Guipúzcoa), cuyas obras ya han empezado, y con
sendos centros de inserción en cada territorio.
Entre los asistentes al acto de inauguración han
estado el delegado del Gobierno en el País Vasco,
Mikel Cabieces; los consejeros vascos de Interior,
Rofolfo Ares, y de Justicia, Idoia Mendia; el
diputado general de Álava, Javier de Andrés; el
alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, y el
presidente de SIEP, Ángel Martínez San Juan. |
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Aprovechaba
sus permisos carcelarios para calmar su apetito
sexual. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de
la localidad jienense de Úbeda han detenido a un
interno de un centro penitenciario de Murcia
acusado de violar a dos mujeres en este municipio
durante sus escasos periodos de libertad. S.C.A.C.,
de 33 años de edad y con diferentes antecedentes
policiales, fue arrestado, según fuentes
policiales, en las inmediaciones de la prisión
murciana, cuando regresaba de uno de esos
permisos.
La Policía Nacional explicó ayer que los agentes
de la Comisaría de Ubeda habían iniciado una
investigación tendente a esclarecer las sendas
denuncias por agresión sexual que se habían
interpuesto en la Oficina de Atención al Ciudadano
en días pasados. Dos mujeres de esta localidad
aseguraban haber sido agredidas sexualmente por un
individuo con rasgos y edad similares y los
agentes comenzaban ya a seguirle la pista. Así, y
fruto de sus investigaciones, se logró identificar
al presunto autor de estos hechos delictivos.
Resultó ser un preso de la cárcel murciana.
S.C.A.C. se encuentra cumpliendo condena en un
centro penitenciario de Murcia y, según fuentes
policiales, aprovechaba sus permisos carcelarios
para presuntamente cometer estas agresiones
sexuales a mujeres de la localidad jienense. En
coordinación con la Jefatura Superior de Policía
de Murcia, se logró detener al varón en las
inmediaciones de la prisión murciana cuando se
disponía ingresar tras haber cumplido su permiso
penitenciario.
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La población reclusa de A Lama (Pontevedra) y
Teixeiro (La Coruña) sobrepasa en un 64% y un 42%,
respectivamente, la capacidad inicial prevista por
el Gobierno central para los que son los dos mayores
centros penitenciarios de Galicia (la Comunidad
cuenta, además, con las instalaciones lucenses de
Bonxe y Monterroso; la de Pereiro de Aguiar, en
Ourense; y los Centros de Internamiento Social —para
menores, o personas en régimen de semilibertad, y en
adelante CIS— de La Coruña y Vigo).
La preocupante cifra, que refleja la situación de
las penitenciarías a finales de 2010, fue hecha
pública ayer por el Fiscal Superior de Galicia,
Carlos Varela, durante su intervención en los actos
de apertura del año judicial. En la misma, Varela
recordó que los penales gallegos se encuentran entre
los que presentan una mayor ocupación de toda
España, un país cuya elevada población carcelaria,
con 157 reclusos por 100.000 habitantes, está ya de
por sí «por encima de la media de nuestro entorno».
Varela preció que A Lama finalizó el pasado año con
1.663 internos en sus instalaciones, mientras que
Teixeiro acogía a 1.432, «cuando inicialmente fueron
previstas para acoger un máximo de 1.008 personas
internas cada una de ellas».
Agotamiento del sistema
Aunque la complicada situación que viven los centros
no es nueva, ni se encuentran en los peores índices
(las cifras del sindicato de funcionarios de
prisiones Acaip muestran que el punto crítico se
alcanzó en 2008, con una muy leve mejoría en 2009 y
2010), el Fiscal Superior trazó en su exposición un
panorama de «agotamiento» en las dos principales
salidas del sistema penitenciario, «con tendencia a
funcionar en el límite de sus capacidades»: la
privación de libertad, por una parte, y la
imposición de multas, trabajos en favor de la
comunidad y controles permanentes de localización.
Por ello, apostó por «inversiones masivas» en los
dos ámbitos, aunque reconoció que «el estado de la
economía y de las finanzas no permite encarar a
corto o siquiera a medio plazo la posibilidad de
estas inversiones», en particular en el caso de la
construcción de nuevas penitenciarías. De este modo,
apostó por la vigilancia electrónica, que permitiría
a las administraciones y al sistema judicial seguir
a distancia, mediante medios tecnológicos, a
delincuentes «de riego bajo a medio». Esta vía solo
se emplea en Galicia, relataba Varela, en 135
penados de 4.410 internos, únicamente un 3% del
colectivo.
La realidad de los centros de internamiento que
dibuja, en sus informes, el sindicato mayoritario
del sector, Acaip, no es positiva. El colectivo que
representa a la mayoría de funcionarios de prisiones
establecía para el año 2010 una Tasa de Hacinamiento
del 154,18% para el conjunto de Galicia, resultado
de la relación existente entre el colectivo de
presos a fecha de 19 de marzo de 2010 (4.798) y el
número de celdas funcionales (las que emplea en la
vida diaria el interno, es decir, sin contabilizar
las de instalaciones como la enfermería, la zona de
aislamiento, la de ingresos y la de salidas) o
habitaciones de los CIS de La Coruña y Vigo (3.112).
Por centros, son Pereiro de Aguiar (195%) y Teixeiro
(178%) los más saturados, mientras que Monterroso
(130,8%) y A Lama (138,4%) serían los menos
sobreocupados.
Si se consultan informe anteriores, por ejemplo el
que retrata el periodo 2000-2005, y se comparan con
las cifras actuales, el nivel de saturación de los
penales de la Comunidad es evidente. Entre 2000 y
2005, señalaba Acaip, el colectivo de presos
extranjeros con presencia en Galicia se multiplicó
por once, y la población reclusa en conjunto pasó de
los 2.528 del año 2000 a los 4.245 del 2005. Desde
entonces, el número de celdas y dependencia de CIS
ha aumentado (de 2.894 a 3.112), pero también el
número de reclusos, que el sindicato independiente
situaba en su último recuento en 4.798 personas.
Policía autonómica
Y mientras Varela pedía más medios en el sistema de
la justicia penal para combatir la criminalidad
compleja, la que se comete a través de sofisticados
e intrincados medios legales, económicos y
administrativos, desde la Xunta el secretario xeral
de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva,
insistía en que el Ministerio de Interior «no
cumple» con la Comunidad y está «reduciendo de forma
continua el cuadro de personal» de la unidad de
Policía Nacional adscrita a Galicia, mientras que el
Gobierno gallego mantiene su partida propia para los
gastos de mantenimiento de las patrullas.
Así respondía, como recogía Europa Press, a una
pregunta del diputado del PSdeG Juan Carlos
Francisco Rivera, que reclamó al Gobierno autonómico
que establezca una partida de 6 millones de euros
para cofinanciar el servicio territorializado, de
acuerdo con lo fijado en el convenio entre la
administración gallega y la estatal. Villanueva
replicó que el anterior ejecutivo de la Xunta no
renovó dicho convenio en el año 2008 (el equipo de
Touriño dejó San Caetano tras las elecciones de
marzo de 2009), y que para resolver este conflicto
se mantuvieron tres reuniones con representantes del
ministerio, que ha dado su «negativa» a cubrir las
bajas que se producen en la unidad adscrita a
Galicia y había alegado que el Ejecutivo gallego
debía dar su aportación económica.
En la actualidad forman parte de esta unidad 352
policías. Según el último balance de la
Administración General del Estado, y con datos de la
Jefatura Superior de Policía de Galicia, el año 2010
se cerró en la Comunidad con 388 agentes de la
unidad adscrita a la Xunta, ocho menos que el año
anterior).
En cuanto a las previsiones de agentes para 2012, el
responsable de Emerxencias ha indicado que preveían
seis bajas por la petición de paso a segunda
actividad formuladas por trabajadores que superaban
los 55 años, pero las condiciones de este cuerpo se
han modificado y esas vacantes se producirán solo en
caso de que estas personas opten a la jubilación o a
un concurso de traslados (si este se convocase). |
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Los sindicatos con representación en la prisión de
Badajoz Acaip-Uso, CSIF y UGT anunciaron ayer que no
asistirán a ningún acto de celebración de la fiesta
de la Merced, patrona de Instituciones
Penitenciarias, como medida de protesta por la
reducción salarial del 5% en el 2010 y la
congelación de sueldos en el presente año. Las
centrales hicieron público un comunicado al tiempo
que la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen
Pereira, y la directora del centro, Araceli Servián,
participaban en un acto oficial en la Delegación del
Gobierno, en el que entrega distinciones a
funcionarios del centro pacense.
Asimismo, los sindicatos criticaron el trato que
reciben los trabajadores penitenciarios por parte de
la dirección, a la que acusan de crear "un clima de
tensión en el trabajo diario que sin duda redunda en
la buena marcha del servicio".
También rechazan "la deriva impositiva de la
Administración con medidas unilaterales que empeoran
las condiciones de trabajo, como la falta de un
servicio de transporte; el "incumplimiento del pacto
firmado en el año 2005 entre sindicatos y
Administración"; y el recorte en la oferta pública
de empleo. |
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El director de la cárcel de Burgos, Jesús Amable,
salió al paso ayer de las denuncias de hacinamiento
y falta de plantilla que han realizado los
sindicatos Acaip y CSIF en la última semana. En la
fiesta de la patrona de Instituciones
Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, señaló
que la prisión «no está masificada». Y ofreció un
dato para él «revelador». Es la primera vez en «80
años de historia del centro en los que no hay
ninguna celda de cuatro presos, todas son de dos o
de una». Lo cual revela, señaló, que «no se
necesitan nuevas plazas».
A su juicio, y también en el de la subdelegada de
Gobierno, Berta Tricio, «no se puede hablar de
prisión masificada cuando hay en torno a 500 presos
y 54 están en el Centro de Inserción Social (CIS)
-tercer grado- y otros 79 en los módulos denominados
de respeto.
Tricio puso de relieve el compromiso de «los
funcionarios» con los objetivos de la prisión.
Subrayó la importancia de la cárcel desde el punto
de vista de la inserción social y laboral. En este
sentido indicó que en estos momentos hay 150 reos
trabajando en los diferentes talleres en marcha, a
los que se unirán en los próximos días otro de
aluminio y otro de confección. Y además ofrece 400
plazas formativas en diferentes cursos y educación
reglada.
Todas estas acciones que ofrece el centro
penitenciario burgalés, sostuvo la subdelegada,
tratan de aportar a los presos «esa capacidad de
reinserción tan necesaria para volver a la sociedad
con total garantía».
Sobre la supresión del autobús que trasladaba
funcionarios a la prisión a diario, Amable señaló
que «no era demasiado usado». Se trataba de un
vehículo de 60 plazas que era utilizado por entre
dos y cinco trabajadores. Tricio justificó la
eliminación del servicio por el mal momento
económico. «Hay que priorizar el gasto y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
entiende que hay aspectos más importantes que
atender», señaló. Los funcionarios de la cárcel,
todos menos los representados por Acaip y CSIF,
celebraron ayer su fiesta en la Sala Polisón del
Teatro Principal, donde se entregaron diplomas de
reconocimiento a la labor de 9 trabajadores por sus
25 años en el centro y a otros dos empleados por su
labor en el ámbito de la lucha contra la violencia
de género. |
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Un trabajador del centro penitenciario de Topas
(Salamanca) recibirá el lunes, 26 de septiembre, la
Medalla al Mérito Penitenciario, que fue solicitada
por el sindicato ACAIP. Según han recordado a
Europa Press fuentes del sindicato, el 21 de
septiembre de 2009, el homenajeado se interpuso
entre dos internos que estaban peleando, uno de los
cuales portaba un arma de fabricación casera.
Entonces, actuó con "inmediatez" sujetando al
recluso que tenía el arma, pese al peligro que ello
representaba para su integridad física, evitando así
las "trágicas consecuencias" que de la misma reyerta
podrían haberse derivado,
Durante la intervención, recibió un corte en la
mano, por el que causó varias semanas de baja
laboral y que "por milímetros no le secciono varios
tendones".
El interno agresor fue posteriormente condenado a
nueve meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal de
Salamanca.
El sindicato ACAIP ha señalado que estas
concesiones meritorias son "un reconocimiento a la
labor de todos los trabajadores del centro", pese
"al continuo deterioro de nuestras condiciones
laborales, agravado por la falta de personal y los
incumplimientos de los compromisos alcanzados en las
Mesas de Negociación".
Igualmente se llevará a cabo el reconocimiento a
otros 35 trabajadores del Centro Penitenciario que
llevan prestando servicio en la Institución durante
25 años. Este es el año que un mayor número de
trabajadores alcanza los 25 años de servicio.
Desde el sindicato ACAIP han querido con el
comunicado "felicitar a todos los compañeros que
serán homenajeados el próximo día, orgullosos de
pertenecer a una misma plantilla que trabaja día a
día y codo con codo, para lograr un servicio lo más
efectivo posible".
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El Sindicato de Funcionarios de Prisiones Acaip-USO
critica la falta de interés del Gobierno y en
concreto de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para solucionar los problemas de
sobreocupación de los centros penitenciarios de la
región. En concreto apuntan a la situación de la
cárcel de Badajoz, que actualmente cuenta con unos
800 internos. Esto supone que la instalación se
encuentra al "180%" de su capacidad, según denuncian
desde esta organización sindical. A este problema
de masificación, Acaip-USO suma la "insuficiente
dotación" de personal de vigilancia. "Son necesarios
más funcionarios para tantos presos", aseguran, al
tiempo que ponen como ejemplo que en el centro
penitenciario de Badajoz hay 300 funcionarios (uno
por cada dos reclusos y medio), pero solo 140 se
dedican a labores de vigilancia, con ocho turnos de
guardia. "Esto supone que cada turno cuenta con 16
guardias para todos los presos", concretan estas
fuentes.
Ante esta situación y las deficiencias que
aseguran que existen en el mobiliario de la prisión,
los delegados sindicales de Acaip-USO tienen
previsto mantener mañana una reunión con la
dirección del centro pacense. En el encuentro le
propondrán medidas para mejorar el funcionamiento de
la instalación. |
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Desde la sección sindical de Acaip-Uso,
correspondiente al centro penitenciario Puerto III,
sindicato mayoritario del sector, informan de que el
pasado 20 de septiembre sobre las 22.30 horas, un
interno del departamento de aislamiento de este
centro, en el que cumplen condena los internos de
primer grado, provocó un incendio de manera
premeditada en su celda, aprovechando para ello su
colchón.
Destacan desde el sindicato que pueden asegurar que
fue de manera premeditada porque antes de prender
fuego al colchón, el interno, que responde a las
iniciales A. M. B. había recogido toda su ropa en
una bolsa y con ella se había parapetado en la ducha
de su celda para así evitar que le alcanzar el fuego
ocasionado.
Pese a que las alarmas antiincendios no funcionaron,
primera denuncia que realiza este sindicato, los
funcionarios de servicio, destacan, procedieron a
desalojar a los internos que ocupadan dicha galería
y la contigua debido a la cantidad de humo que
había, siguiendo el protocolo establecido para estos
casos, para con posterioridad acceder sin
visibilidad a la celda incendiada, poniendo en
peligro su propia vida, para sacar al interno que se
encontraba en la misma.
Indican desde Acaip-Uso que da la casualidad de que
los funcionarios de servicio en el momento del
incendio son los mismos a los que la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, amparada en
el silencio y complicidad de la dirección del centro
penitenciario, quiere sancionar por la muerte de un
recluso a manos de otro en dicho departamento de
aislamiento acaecida a finales del mes de agosto.
Una muerte ocurrida en un lugar carente de cámaras
de seguridad, como apuntan, algo que no debería ser
así en un centro que califican de moderno, de alta
tecnología, “fallos que se vuelven a repetir en este
caso donde no funcionan los sistemas de alarma por
fuego, todo ello debido a la nefasta gestión llevada
a cabo por la dirección”.
Felicitaciones
Desde el sindicato quieren felicitar una vez más a
estos compañeros, que aún teniendo “la espada de
Democles de una sanción sobre su trabajo, en una
nueva demostración de su gran profesionalidad,
volvieron a solucionar nuevamente otro altercado sin
daño alguno para ningún interno del departamento” ya
citado con anterioridad.
Desde Acaip-Uso “esperamos que con la misma
celeridad que su apertura de expediente anterior, se
reconozca la valentía de los funcionarios que
intervinieron en el incendio y en particular a los
que se jugaron la vida para salvar a un interno”, a
pesar de que saben de antemano que las
fecilitaciones no llegan tan pronto como las
amonestaciones, algo que lamentan, pues no deja de
ser un incentivo para el trabajo que realizan los
funcionarios a diario.
La sección sindical vuelve a reiterar que “este
centro es uno de los que reúne un mayor número de
internos de estas características, entre ellos hay
islamistas, etarras, asesinos, etc de toda España,
debido a la nefasta gestión realizada durante los
últimos años por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias”.
No es la primera vez que los funcionarios hacen una
denuncia de este tipo, pues los medios que tienen a
su alcance no están a la altura de las labores que
tienen que desempeñar, a lo que hay que unir por
ejemplo que los controles que alertan de los
incendios no estén en funcionamiento, por los
problemas que destacan con anterioridad. Pero los
sindicatos arrastran una serie de denuncias que no
dejan de ser reivindicaciones de lo que consideran
necesidades, pero la pasividad de la Secretaría
General es mayúscula ante las mismas, a pesar de que
de ellos dependen los internos y su calidad de vida. |
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Las cárceles españolas albergan ahora a 535 presos
de ETA, a los que hay que sumar otra treintena
larga de reclusos condenados por pertenencia a la
organización terrorista, pero que han roto con la
banda y a los que ni el Ministerio del Interior ni
el colectivo de presos vascos (EPPK) considera
miembros de ETA. Fuera del territorio nacional
están encarcelados otros 144, la inmensa mayoría,
140, está en Francia, dos en el Reino Unido, otro
en Portugal y uno más en México.
Desde que en 1989 el entonces ministro de
Justicia, Enrique Múgica, ordenara la dispersión
del colectivo como forma de debilitar la
influencia de la banda sobre sus reclusos, la
separación de presos ha sido la seña de identidad
de la política penitenciaria antiterrorista.
Ese alejamiento ha permanecido casi inalterado a
lo largo de los gobiernos de Felipe González, José
María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Con
una excepción, el acercamiento de 190 presos
durante la gestión de Jaime Mayor Oreja entre 1996
y 1999 al frente del Ministerio del Interior,
incluida la aproximación a cárceles del País Vasco
de 105 etarras de una sola tacada en septiembre de
1999, en plena tregua de ETA.
Mayor Oreja ordenó terminar con la dispersión
fuera de la península. El colectivo penitenciario
está repartido por 52 centros, ninguno de ellos en
Canarias, Baleares o las ciudades autónomas
africanas.
En Extremadura
En Extremadura hay más de 20 reclusos
pertenecientes a la banda. Informaciones recientes
situaban en el centro penitenciario de Badajoz a
11 presos, entre los que figuran Andoni Gabiola,
Txomin Resende, Igor Madiola, Alberto Marín, Jon
Zubiaurre, Iñaki Zugadi y Josune Onaindía.
Igualmente hay presencia en Cáceres, en cuya
prisión había otros 11 miembros de ETA en fechas
recientes. Entre ellos se encontraban Xabier
Balanzategui, Aitor Maurtua, Aitor Olaizola,
Andoni Otegi y Juan Tobalina, entre otros. Estos
datos podrían haber sufrido pequeñas variaciones
durante los últimos meses.
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha
condenado a cinco años y medio de prisión a dos
internos, padre e hijo, de El Dueso, en Santoña, que
agredieron a un funcionario que les había pedido que
no fumaran en las instalaciones del centro. Los
hechos sucedieron en febrero de 2010, cuando el
empleado llamó la atención a uno de ellos, J.M.T.,
que estaba fumando en el Salón Cultural del centro,
algo que está prohibido. El día antes, el
funcionario le había vuelto a avisar, en este caso,
por subirse a las mesas del salón.
El padre del interno, S.M.P., reaccionó
insultando al funcionario, que pidió ayuda a sus
compañeros y salió para ello hacia la garita de la
entrada, pero los dos condenados le persiguieron y
le impidieron, a empujones, patadas y puñetazos en
la cara, que se marchara del lugar, llegando a
arrinconarle contra una de las paredes de la
oficina.
El padre alegó en el juicio que el funcionario
había cometido un abuso de autoridad por reprender a
su hijo, y que ese abuso le llevó a su reacción
violenta, por lo que reclamó la atenuante de
arrebato u obcecación, que no acepta el juez.
Así que ambos son condenados por sendos delitos
de atentado (ataque a agentes de la autoridad) con
lesiones, a tres años de prisión el padre, y a dos y
medio, el hijo, además de a indemnizar al
funcionario con 13.552 euros.
La reincidencia del padre es el motivo por el que
su condena es mayor. S.M.P había sido condenado en
el pasado por otro delito de atentado, además de a
uno de resistencia contra agentes de la autoridad,
por el robo de un vehículo, y por otro robo con
violencia. En total, el conjunto de sus condenas
sumaba cuatro años y dos meses de prisión.
Su hijo, por su parte, acumulaba condenas por un
total de seis años y cuatro meses de prisión por
delitos de lesiones, obstrucción a la justicia,
tener armas sin licencia y robo con violencia
Sin medidas de seguridad
La acusación critica que, pese a ser un lugar
habitual de reunión de los reclusos, el Salón
Cultural "carece de las medidas de seguridad
necesarias" de las que sí disponen el resto de
dependencias de El Dueso.
Entre ellas, refiere que no había cámaras de
seguridad, mecanismos de alarma, o que sólo había un
funcionario trabajando en esas dependencias, y
haciéndolo además con un walkie talkie como único
medio de comunicación.
Esta parte también efectúa el reproche de que
hubo un retraso "injustificado" en la llegada del
apoyo que había reclamado el funcionario al ser
agredido —hasta cinco minutos—.
La acusación particular elevaba su petición de
pena a ocho años de prisión, y pedía además la
responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, por la
infracción de los reglamentos, la "insuficiente"
dotación de personal y la "falta de adopción" de las
medidas "mínimas" de seguridad.
El Juzgado de lo Penal no se pronuncia sobre este
aspecto, porque la acusación particular no se la
trasladó así posteriormente a esa Administración. |
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El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López
Luna, el director gerente de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP),
Juan José Azcona, y el director de la prisión
provincial, Ángel Herbella, han visitado este lunes
las obras del nuevo centro penitenciario que se está
construyendo en Archidona (Málaga), que contará con
un total de 1.008 celdas y en el que se invertirán
117 millones de euros.
La parcela en la que estará situada la nueva prisión
se encuentra al sudoeste del citado término
municipal, en el kilómetro seis de la carretera que
une Archidona con Villanueva del Trabuco. Ocupa una
extensión de 350.000 metros cuadrados, de los que la
superficie construida será de 110.291 metros
cuadrados y la ocupada de casi 44.000 metros
cuadrados, ha precisado López Luna.
Se trata de una "pequeña ciudad" formada por 17
minicentros, con diversos edificios residenciales y
rotacionales e incorpora algunas innovaciones ya
implantadas en los últimos centros inaugurados.
Entre éstas destacan la ampliación de las celdas de
10 a 13 metros cuadrados y el cambio de las
luminarias por otras de última generación de bajo
consumo y mayor eficiencia y durabilidad.
En su conjunto, los espacios libres y ajardinados se
dibujan como una H en la cual los dos puntos de
corte entre los tres ejes sirven de puntos de
vigilancia, definidos ambos por puestos de
funcionario, uno adosado al edificio de cocinas y
otro principal, situado frente a la Jefatura de
Servicios.
Para conseguir esta simplificación y unificación del
tráfico interno se han suprimido los viales
laterales, manteniendo el criterio de los últimos
centros penitenciarios en construcción, y se han
adosado las edificaciones que conforman el eje
central a los pabellones de módulos residenciales,
incorporando a estos edificios --Deportivo, cultural
y enfermería-- las zonas existentes bajo la citada
galería.
En la banda central se ubican, de delante a atrás,
los edificios de ingresos, salidas y tránsitos;
Jefatura de Servicios, comunicaciones, el edificio
deportivo-cultural, la enfermería y los Servicios
Generales integrados en el edificio de cocinas y
almacenes. A ambos lados de esta banda central se
sitúan los módulos residenciales, el campo de fútbol
y los talleres productivos. |
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Una mujer fue sorprendida cuando visitaba a su
marido en el centro penitenciario de Badajoz, el 16
de mayo del 2010, tras comprobar los agentes de
guardia que llevaba droga en el interior de su
cuerpo, en concreto 0,86 gramos de heroína, 0,14 de
cocaína y 10,51 gramos de hachís en su vagina. La
mujer se disponía a mantener un vis a vis con su
esposo, que se hallaba preso. Por estos hechos se
celebró ayer un juicio en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Badajoz, que se resolvió de
conformidad entre las partes. De este modo, ante la
asunción de responsabilidades por parte de los
acusados, el fiscal planteó una reducción de las
penas de dos años solicitados inicialmente por un
delito contra la salud pública a uno, quedando
suspendida para M. V. C., no para Pedro Escudero
Gallardo, que se encuentra en prisión. |
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Doble castigo por incumplir una pena de trabajos sociales |
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05/10/11 |
| Cumplió 12 de los 660 días de
trabajos en beneficio de la comunidad a los que había sido
condenado y no volvió, lo que le ha supuesto una nueva condena
Ahora tendrá que pagar una multa de 1.800 euros, y además
ejecutar los 660 días de trabajos |
Aceptó
sustituir una condena de 22 meses de prisión, que
un juez le había impuesto por un delito de
lesiones y un delito de allanamiento de morada,
por otra de trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta, nada más y nada menos, que de 660 días de
trabajos sociales, lo que posiblemente la
convierta en una de las más elevadas, si no la más
alta, de este tipo de penas impuestas en la
provincia. Pero aunque estuvo conforme con el
cambio, Miguel C. M. no cumplió. Cuando llevaba 12
días de los 660 que habría de cumplir, se fracturó
una pierna y la ejecución de la condena se
suspendió, solo, se haría constar en aquel
momento, "hasta tanto el acusado sea dado de
alta". Pero pese a esta advertencia, y a los
reiterados requerimientos que se le hicieron tras
recibir el alta médica, el condenado no volvió a
incorporarse, lo que ahora le ha supuesto otra
condena, el pago de una multa de 1.825 euros por
un delito de quebrantamiento de condena.
Y no es solo que se le haya impuesto otro
castigo, es que Miguel C. M. tendrá, además, que
cumplir también la condena cuyo quebrantamiento ha
motivado la pena de multa ahora impuesta,
sustituible esta por prisión en caso de impago. En
definitiva, el acusado tendrá un doble castigo,
tendrá que pagar 1.825 euros y, además, cumplir
los 660 días --menos los 12 que ya cumplió-- de
trabajos en beneficio de la comunidad.
Reincidente
No es la primera vez que Miguel C., que se
encuentra en la actualidad interno en el Centro
Penitenciario de Cáceres, se ve ante la justicia.
Tampoco es la primera vez que es condenado y,
tampoco, la primera vez que comete un delito de
quebrantamiento de condena.
Ya tenía antecedentes penales cuando en mayo
del 2006 el Juzgado de lo Penal número 1 de la
ciudad le declaraba responsable de un delito de
quebrantamiento de condena, así como de los
delitos de allanamiento de morada y de lesiones, y
se conformaba por las partes sustituir la condena
de prisión por la ya indicada anteriormente de
trabajos en beneficio de la comunidad, a lo que
unos meses después daría el visto bueno el Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria.
Fue concretamente con fecha 11 de diciembre del
2006 cuando dicho Juzgado dictaba el auto por el
que se aprobaba la condena de trabajos sociales
impuesta a Miguel C., que no comenzaría a
cumplirla hasta 15 meses después. Exactamente
habían pasado un año y tres meses cuando empezó a
desarrollar los trabajos sociales a los que por
condena se le obligaba, pues fue en marzo del 2008
cuando se fracturó la pierna y, por este motivo,
se suspendió provisionalmente la ejecución cuando
tan solo había cumplido 12 días.
Así consta en la sentencia, condenatoria, que
para él acaba de dictar el Juzgado de lo Penal 2,
donde Miguel C. fue juzgado el pasado día 22 por
este segundo delito de quebrantamiento de condena.
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La sección sindical de
ACAIP-USO en el centro penitenciario de
Las Palmas 2 informa de la agresión sufrida por un
funcionario de esta prisión, inaugurada hace cuatro
meses. El incidente se produjo en el módulo 9,
que alberga a 84 internos y que en ese momento se
encontraba vigilado por dos funcionarios, según la
nota de prensa del sindicato..
Los hechos se produjeron durante el reparto de la
cena, "uno de los momentos más delicados del día",
cuando un interno quiso pasar en una fila que no era
la suya. Al ser recriminado por el funcionario,
entabló una discusión con él ante el resto de
internos, agrega la nota.
El funcionario intentó que el incidente no fuera
a mayores, pero, según denuncian, el interno
aprovechó para agredirle y los dos terminaron por el
suelo.
Con ayuda de un compañero que servía la cena, el
funcionario objeto de la agresión pudo reduicr al
recluso.
"De resultas de la agresión, el funcionario
sufre diversas contusiones por todo el cuerpo,
además del estres postraumático al recibir una
agresión, y recordamos de nuevo a las autoridades y
opinión pública que no nos pagan por recibir
agresiones de los internos", indica la nota.
Esta es la primera agresión que sufre un
funcionario en el nuevo centro penitenciario, que
cumple cuatro meses desde su e inauguración.
"Ya advertimos", afirman los funcionarios, "que
la prisión de Juan Grande nació con escasez de
personal, y el tiempo nos dará la razón".
Este sindicato espera que "la dirección del
centro actúe con contundencia con el interno
agresor" . |
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El
director del Centro Penitenciario de Jaén, Juan
Antonio Marín, ha afirmado este jueves que no
existe masificación de internos en esta prisión,
donde sí se da una 'ligera sobreocupación' que en
buena parte ha atribuido al principio del arraigo
familiar.
Así lo ha indicado tras una reunión con el
alcalde de la capital, José Enrique Fernández de
Moya (PP), y a preguntas de los periodistas sobre
las críticas que diversos sindicatos vienen
realizando sobre las consecuencias de esa
presunta masificación. En este sentido, ha
asegurado que su conocimiento del sistema
penitenciario español, en el que ha sido durante
25 años responsable de la ocupación y de la
organización interior de los centros, le permite
"decir que ahora mismo masificación en los
centros penitenciarios no la hay". Según ha
explicado, hay prisiones en las que "ya están casi
a uno por celda", como recoge la normativa,
mientras que en otros, como es el caso de la de
Jaén, "el 50 por ciento de las celdas estarían
ocupadas por dos internos", si bien ha precisado
que "están preparadas" para ello. "Por tanto, en
relación con otras haya un poquito más de
población, pero es por el arraigo familiar. Es
preferible que esté un poquito elevada la
población, pero que el interno esté en su entorno
familiar y no desplazado en otros centros", ha
apuntado. Marín ha añadido que en la actualidad la
cárcel jiennense cuenta con unos 660 reclusos,
aunque ha confiado en que, a pesar de "repuntes"
como el que hubo la semana pasada, la población
"va a seguir disminuyendo" para equilibrarse y
situarse "en torno a los 580-600" internos, que
sería la "población ideal". Algunos de ellos se
encuentran en tercer grado, pero no cuentan con
un Centro de Inserción Social (CIS) que
debe cumplir una "función extraordinaria" en lo
que a su regreso normal a la sociedad y el
mercado laboral se refiere y que en el resto de
provincias andaluzas "o están ya terminados o
están en fase de ejecución". "Los hemos formado y
están preparados para estar en ese centro, hacer
vida en libertad; por tanto, para insertarse en
el sistema laboral, que es lo que pretendemos,
porque ahora las condiciones en el centro son un
poco deficitarias y necesitamos ese centro", ha
asegurado.
Por ello, ha agradecido la "sensibilidad" de
Fernández de Moya, quien ha ofrecido "total
disponibilidad" para que el proyecto se realice
en el menor
tiempo posible, de modo que "si todo va bien
podría ser realidad "en dos años o dos años y
medio aproximadamente", según ha incidido Marín.
Al respecto, el alcalde ha señalado que el
Ayuntamiento debe actuar como agente mediante la
cesión gratuita de suelo a la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias (IIPP), que se
encargaría de ejecutar la obra del CIS, que
tendría capacidad para un centenar de personas.
Para ello, los técnicos municipales contactarán
la próxima semana con los de IIPP para analizar la
ubicación, para la que se ha apuntado a la zona
de Vaciacostales.
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Un preso de origen marroquí del centro penitenciario
de Monterroso, que se fugó del Hospital
Universitario de Lugo tras ser atendido por
diferentes lesiones, ha sido detenido en
Torremolinos-Malaga, tras algo más de un mes de
huida.
La detención de O.B. se registró ayer en esta
localidad malagueña tras la comisión de un presunto
delito de robo con fuerza.
El interno había sido trasladado el 30 de agosto
desde el Centro Penitenciario al HULA por una serie
de lesiones, del que se fugó.
El detenido pasó a disposición judicial en el
Juzgado de Instrucción número dos de Torremolinos.
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Agentes
del Grupo Operativo de Investigación de la
Comisaría de Policía Nacional del Distrito Centro
de Sevilla han detenido a
M.L.S. nacido en 1972, por varios delitos
de robo con violencia supuestamente cometidos en
mayo mientras disfrutaba de un permiso
penitenciario. Según ha informado la Policía en un
comunicado, el detenido abordaba en calles del
centro de Sevilla a personas que transitaban solas
por la noche, intimidándolas con un
arma blanca, navaja o cuchillo que les
colocaba en el estómago amenazando con clavárselo,
llegando a cortar en la mano a una señora "a modo
de aviso" cuando pensó que ésta se resistía a
entregarle el bolso con sus pertenencias.
La investigación se inició cuando fruto del
análisis
diario de las denuncias recibidas y de las
declaraciones de las víctimas los agentes
determinaron por las descripciones físicas
obtenidas y
la forma de cometer el ilícito que en seis robos
en concreto, cometidos entre el día 11 y el
17, la autoría correspondía a una misma persona
especializada en robos con violencia. Según la
Policía, "se inició así una de las investigaciones
más laboriosas de las que estos agentes, de
probada experiencia en el esclarecimiento de
hechos de la misma naturaleza, han desarrollado".
En una primera fase los agentes dirigieron sus
esfuerzos a la identificación de un sospechoso y
su localización al objeto de poder, en una segunda
fase, determinar su implicación en los robos,
siendo de destacar que tras la identificación de
M.L.S. las diligencias se vieron
obstaculizadas al no poder ser localizada esta
persona, que se encontraba interna en el Centro
Penitenciario de Morón de la Frontera cumpliendo
condena desde el
mes de abril de 2010.
Los investigadores pudieron constatar que durante
el tiempo en que
se cometieron los robos, del 11 al 17 de mayo
uno cada noche, M.L.S. había disfrutado de
un permiso penitenciario, lo que explicaba por qué
habían cesado los mismos de manera repentina en la
referida fecha. Para finalizar la investigación,
los agentes solicitaron de la Autoridad Judicial
las autorizaciones oportunas para la excarcelación
del investigado durante el tiempo necesario para
realizar las diligencias policiales
correspondientes y, tras imputarle formalmente
estos nuevos delitos, ser detenido y reingresado
al
Centro Penitenciario donde cumplía condena
a la espera de juicio por estos hechos. A M.L.S.
le constaban nueve detenciones anteriores, seis de
ellas por robo con violencia y tres por ilícitos
de otra naturaleza.
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Un vídeo grabado presuntamente por un interno del
Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), en el que
se ve a dos presos saliendo de sus celdas
por la noche y paseando por los pasillos,
ha vuelto a subirse ayer a la plataforma de youtube
después de que fuera retirado.
Según explicó Valetín Ortíz, representante del
sindicato de funcionarios ACAIP en Topas, las
“terribles” deficiencias que se producen en el
sistema de apertura y cierre de las puertas
de las celdas ya ha sido denunciado en numerosas
ocasiones por parte de los funcionarios, debido a
que pueden abrirse de forma manual sin que los
funcionarios manipulen el sistema.
Ortiz recalcó que desde el año 2005 se advirtie de
esta situación que, a su juicio, pone en
“grave riesgo” la vida tanto de los internos como de
los funcionarios que realizan su trabajo en la
prisión, ya que, puso como ejemplo, “una
riña entre reclusos podría saldarse entrando en la
celda de otro compañero, en las horas en las que las
puertas deberían estar cerradas”.
A raíz de estas imágenes, el representante sindical
remitió personalmente un escrito el pasado 11 de
octubre al Ministerio del Interior y a la Secretaria
General de Administraciones Penitenciarias,
solicitando medidas que palien estas deficiencias en
el sistema de seguridad y denunciando que el vídeo
hecho público “era algo que se veía venir” y para lo
que no se ha puesto solución.
Ortiz confesó que aunque se han hecho
“reparaciones” en el sistema solo han servido como
“parches” y a la larga los fallos se han vuelto a
producir, por lo que solicitó que se lleve
a cabo una inversión para cambiar los “obsoletos”
sistemas que están dando fallos.
A su juicio, si no se soluciona “de raíz”
este problema, auguran que se encontrarán con “una
desgracia, como el que alguien pierda la vida”.
Por último, explicó que durante la última semana los
funcionarios de las zonas donde se producen estos
fallos realizando informes y la situación sigue
siendo la misma, aunque confesó que les consta que
desde la dirección del centro se ha reclamado una
solución a Instituciones Penitenciarias.
Un vídeo
polémico
El vídeo, que tiene una duración de tres minutos 13
segundos, muestra a dos hombres, a los que se les ve
el rostro a lo largo de la secuencia, saliendo de su
celda de noche y accediendo a pasillos del centro.
Ellos mismos aseguran que están en el Centro
Penitenciario de Topas e incluso llegan a cuestionar
que se trate “de una cárcel de alta seguridad”.
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Malos olores, insalubridad y tensión entre los
internos. Así se encuentra la prisión de Alhaurín de
la Torre después de que el pasado lunes 17 de
octubre comenzaran los cortes de agua que ha
mantenido a los 1.400 reclusos con tan sólo una hora
de suministro al día durante la última semana, según
denunció ayer el sindicato Acaip. Por este motivo,
prevén llevar la situación ante la inspección de
Trabajo "para ver si se cumplen los requisitos
mínimos sanitarios", explicó ayer Francisco Macero,
representante de Acaip.
Las restricciones en el suministro de agua fueron
achacadas en un principio al "elevado consumo",
aseguró Macero, "aunque hoy [por ayer] han sacado
una orden diferente justificando los cortes en la
rotura de una bomba", añadió el representante de
Acaip, que describía cómo los internos recogieron
ayer con cubos agua de lluvia para poder utilizarla
luego en sus inodoros.
Desde Acaip consideran que "no es suficiente una
hora de suministro al día para la limpieza de celdas
y zonas comunes" y que tampoco "se les ha dado agua
mineral suficiente para el consumo" lo que ha
provocado la incomodidad de los internos. "Nos
preocupa la seguridad y, sobre todo, la salud",
comentó Mancero, que pedirá que la dirección del
centro explique las condiciones en las que se
encuentran los pozos y aljibes.
Desde UGT aseguraban que un grupo de presos del
módulo 13 protagonizó ayer un plante y se negó a
subir a sus celdas hasta que no estuviese arreglado
el problema. Antonio González, representante de UGT
en la prisión de Alhaurín, subrayó "la situación tan
tensa para internos y funcionarios" que se está
viviendo en estos días en la cárcel malagueña.
Por su parte, el director del centro penitenciario,
Ángel Herbella concretó que el pasado jueves se
rompió la bomba que impulsa el agua desde el pozo.
"La nueva bomba llegó el viernes y hoy [por ayer] se
ha instalado, por lo que mañana [por hoy] se
restablecerá el suministro de agua, la situación se
normalizará", aseguró Herbella. De no contar con
agua suficiente, el director agregó que se
contratarán camiones cisterna para rellenar los
aljibes con cubas.
Además, el director de la prisión quiso subrayar que
"no han tenido problemas con el agua potable porque
se les han dado dos botellas de agua mineral para su
consumo al día". También relató que durante el día
de ayer se recurrió al agua almacenada en los
dispositivos contra incendios para que se pudiera
proceder a la limpieza del centro.
Herbella aseguró que el agua es el "mal endémico" de
la cárcel y que desde hace dos meses se está
construyendo un aljibe y un pozo nuevos para evitar
que durante el verano, con la bajada de la capa
freática, se produzcan este tipo de problemas. |
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