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19-01-06
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Nuevo punto de giro para
entrar en las obras de Puerto 3 |
 La SIEP toma las
medidas pedidas por Acaip para evitar el peligro en la
carretera de las prisiones
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DELEGACIÓN
el puerto.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP),
con autorización de la consejería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía, ha modificado el punto de giro en la
raqueta de la carretera CA-613 que permite el acceso a las
obras del nuevo centro penitenciario Puerto III. La
administración atiende así la reclamación del sindicato
Acaip, que advertía en diciembre del peligro que suponía
la coincidencia en esta carretera de acceso de los
automóviles de los trabajadores que se dirigían a las
obras de Puerto III con los funcionarios que entraban a
Puerto I y Puerto II. A su vez, vigilantes
convenientemente equipados avisarán a los conductores de
las posibles incidencias que se originen en el acceso a
los centros penitenciarios, además de colocar señales de
tráfico. De esta forma, se evitará que los camiones de
suministro de las obras coincidan con los coches de los
funcionarios de Puerto I y Puerto II, a primera hora de la
mañana.
Con estas medidas, se elimina durante el horario de más
circulación la coincidencia de los vehículos que llegan a
la obra desde El Puerto y utilizaban para girar la raqueta
de entrada a las prisiones, ya que se crea un nuevo punto
de giro a un kilómetro del ya existente. Todo ello,
acompañado de otros elementos de seguridad. |
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19-01-05
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félix bayón
PIENSO que ha sido
mi afición a las novelas humorísticas de Tom Sharpe lo que
me ha llevado a coleccionar todas las muestras de
angelismo que voy encontrando. Cada día tengo más, quizá
porque el clima es más propicio a su proliferación.
Conocedora de mi afición por las muestras de desmesurada
bondad, una buena amiga me hizo llegar ayer la entrevista
que la directora de la prisión de Botafuegos (Algeciras),
Isabel Martínez, concedía el domingo pasado al diario
El Faro Información.
La administración de las prisiones viene siendo durante
los dos últimos años excelente caldo de cultivo del
buenismo. Impermeables al pesimismo al que suele conducir
la contemplación de la condición humana observan el trozo
de realidad que les compete con un júbilo completamente
flower power. Nada más llegar al cargo, la directora
general, Mercedes Gallizo, destituyó a buen número de
directores de prisiones y creó doctrina con una memorable
intervención ante el Senado y unas declaraciones en las
que calificó de "xenófobos" a los funcionarios de la
prisión de Topas (Salamanca) que habían denunciado que los
fundamentalistas islámicos habían impuesto su ley entre
los presos musulmanes. Para Gallizo, el asunto no tenía
"mayor trascendencia" y era algo a resolver "amablemente".
Según ella, lo que pasaba es que los presos
fundamentalistas estaban allí más "desinhibidos". Poco
después, el juez Baltasar Garzón descubría que tanta
desinhibición les había llevado a organizar una célula
terrorista.
Con estos precedentes no hay que extrañarse de que la
directora de la prisión de Algeciras declare que los
presos de ETA "son personas tan normales como cualquiera y
de trato ameno", "personas muy cultas, muy honradas, de un
alto nivel intelectual". "Incluso", afirmaba, hasta "se
puede aprender de ellos. Saben estar, saben comportarse".
No soy quién para juzgar la amenidad, la cultura y el
nivel intelectual de los terroristas. Si Isabel Martínez
dice que ha aprendido de ellos, habrá que creerla. Más
dudoso es que se califique de honrados y normales a los
etarras y, más concretamente, a los que se albergan en la
prisión de Algeciras.
Hay doce presos de ETA en Botafuegos. Entre ellos, dos
tan distinguidos como el asesino de Yoyes, José Antonio
López Ruiz, Kubati, o el antiguo responsable del
comando Madrid, Juan Ignacio de Juana Chaos, autor de once
atentados y veinticinco asesinatos. De Juana Chaos es tan
normal, tan honrado, que después del asesinato del
matrimonio Becerril, en 1998, escribía en una carta: "Me
encanta ver las caras desencajadas de los familiares en
los funerales. Aquí, en la cárcel, sus lloros son nuestras
sonrisas y acabaremos a carcajada limpia. Esta última
acción de Sevilla ha sido perfecta; con ella, ya he comido
para todo el mes".
Ya ven, De Juana Chaos es un tipo de lo más normal.
Quizá, eso sí, un pelín desinhibido. |
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19-01-06
Ilustrísima Sra.
Mercedes Gallizo:
Le escribo con el fin de solicitarle el inmediato cese en sus
funciones de la Directora de la prisión de Botafuegos en
Algeciras, Isabel Martínez, como consecuencia de las graves
manifestaciones efectuadas por esta última al periódico "El
Faro de Algeciras", al señalar que los asesinos de la banda
terrorista ETA son personas "muy cultas, muy honradas, de un
alto nivel intelectual" y que "se puede aprender de ellos".
Dichas declaraciones resultan de una bajeza moral extrema, y
suponen un insulto a la memoria de las víctimas del
terrorismo, una injuria al reacuerdo de quienes dieron su bien
más preciado por la defensa de la vida y la libertad en
nuestro país. Resulta indignante que la máxima responsable de
la prisión de Botafuegos considere que quienes tanto dolor y
sufrimiento han ocasionado a la sociedad española, asesinando
a 816 personas e hiriendo a más de 7.000, supongan un ejemplo
para la ciudadanía. Esta afirmación, nos hace preguntarnos qué
valores posee la Sra. Isabel Martínez, para quien asesinos que
jamás han mostrado el menor signo de arrepentimiento y nunca
han pedido perdón a las víctimas del terrorismo, son
ciudadanos modélicos de los que se puede "aprender". Lo único
que pueden "enseñar" estos asesinos es a propagar el odio y el
rencor a la sociedad, a colocar coches bomba y a disparar en
la nuca a inocentes.
Por lo tanto, y a tenor de la gravedad de las declaraciones
anteriormente citadas, le solicitamos el cese de Isabel
Martínez como Directora de la prisión de Botafuegos en
Algeciras.
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.
Francisco José Alcaraz Martos
Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo |
19/01/2006
| Los testigos advierten
a la Audiencia de que están asustados por la represalias
que pueden sufrir si son reconocidos y los magistrados
estudian qué hacer |
 La
mitad de los funcionarios de prisiones que tienen
que comparecer como testigos en la repetición del
macrojuicio de Fontcalent ha pedido a la Audiencia
declarar por videoconferencia desde el centro
penitenciario. Diez funcionarios han remitido un
escrito al presidente de la Audiencia en el que
advierten de que están preocupados por las posibles
represalias que pueden sufrir si son reconocidos en
la sala. Los magistrados de la Sección Primera, que
son los encargados de organizar el juicio, todavía
no han tomado una decisión.
El Tribunal Supremo obligó en mayo a la Audiencia a
repetir el juicio porque los acusados declararon por
videoconferencia al entender que se vulneraron sus
derechos. Los funcionarios defienden que los
testigos sí que pueden comparecer por
videoconferencia sin que se mermen los derechos de
los acusados. El juicio del motín de Fontcalent
empezará el 30 de enero y está previsto que concluya
el 17 de febrero. Los 13 acusados del motín de 1990
van a ser trasladados a la sala de vistas entre
excepcionales medidas de seguridad.
El Tribunal Supremo anuló la sentencia de 2002 que
condenó a doce acusados a 763 años de prisión y
absolvió a 7 procesados. Era la primera vez que el
Supremo se pronunciaba sobre la legalidad del uso de
la videoconferencia en los juicios. El macrojuicio
de Fontcalent se inició con un arduo debate procesal
al entender los abogados de los acusados que se
estaba vulnerando el principio de inmediación. La
Audiencia justificó la utilización de la
videoconferencia en que era la mejor manera de
garantizar la seguridad dada la peligrosidad de los
procesados. Sin embargo, el Supremo falló que el
empleo de las nuevas tecnologías debía ser
excepcional y que no estaba justificado el uso de la
videoconferencia para ahorrar gastos o molestias en
los traslados porque la obligación del Estado es
«facilitar los medios» para garantizar el derecho de
defensa.
Los diez funcionarios que ahora se han dirigido a la
Audiencia entienden que la utilización de la
videoconferencia sí estuvo justificada «con
independencia de los defectos formales» por la
peligrosidad de los acusados. Los trabajadores de
Fontcalent apuntan en su petición que durante la
primera vista oral tuvieron que hacer frente «a las
críticas, desaires, improperios, agresiones verbales
y casi físicas de los presentes en la sala», sobre
todo familiares y amigos de los imputados.
Los testigos se lamentan de que tuvieron que
comparecer «a cara descubierta» ante más de un
centenar de espectadores del macrojuicio,
«afrontando, sin ninguna seguridad, múltiples
amenazas» contra su integridad, según recoge el
escrito.
Los diez funcionarios de prisiones consideran que la
repetición íntegra del juicio después de cuatro años
no sólo les infringirá «daños morales, sino que
habilitará un estado de riesgo absoluto».
El documento de los funcionarios de prisiones que
estudia la Sección Primera incluye una instrucción
de la Fiscalía, que sí admite en casos excepcionales
la declaración por videoconferencia de testigos y
peritos. Los trabajadores de Fontcalent inciden en
que su solicitud responde a «una posibilidad cierta
de peligro» y advierten de que la ley obliga a los
jueces a proteger a los testigos.
Los diez testigos que se sienten amenazados
recuerdan que «los hechos que motivan el presente
sumario ocurrieron en las instalaciones de un centro
penitenciario, fueron protagonizados por internos y
contaron con el apoyo "popular" de otros muchos
reclusos». Los funcionarios añaden que tendrán que
convivir en la prisión con algunos reclusos una vez
celebrado el juicio.
Los trabajadores de Fontcalent reiteran que los
acusados son personas «de carácter violento y
peligrosamente reincidente. Algunos de ellos ya han
sido condenados por asesinatos como los que se
enjuician en esta causa. Durante el transcurso del
motín, los internos mostraron un ánimo revanchista
contra la institución penitenciaria. Si los testigos
nos enfrentamos en sala directamente con los
acusados existe un riesgo más que probable de que
seamos agredidos en el centro penitenciario, no sólo
por los acusados que seguirán cumpliendo condena,
sino por un sector numeroso de la población
reclusa».
Los funcionarios están convencidos de que si los
internos llegan a conocer su identidad, «sus
familiares y conocidos podrán tener acceso a dicha
información. Durante la celebración de la vista y a
la salida de la misma, fuimos amenazados -en algunos
casos hasta la muerte-, siendo palmaria nuestra
sensación de desprotección y desamparo», señala el
documento.
Los diez funcionarios, que piden que sólo se les
reconozca por su número profesional, concluyen el
escrito apuntando que el auto que obliga a repetir
el juicio exige que se adopten las medidas de
seguridad oportunas ya que hay «un claro, notorio y
evidente riesgo de peligro para los que comparecen
en la causa como testigos». En el juicio van a ser
juzgados 13 acusados por los delitos de secuestro,
asesinato, homicidio frustrado y lesiones.
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19/01/2006
| Los sindicatos
sostienen que la masificación es mayor de la que se
asume oficialmente Entre el 2003 y el 2004, la
población reclusa se incrementó en un 18% |
El
Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria al
diputado nacionalista Francisco Rodríguez, acaba de
reconocer la dramática situación que se vive en las cárceles
gallegas. No obstante, las cifras oficiales difieren
claramente de las que manejan los sindicatos. Como muestra,
un botón: Instituciones Penitenciarias asegura que los cinco
centros penitenciarios de la comunidad disponen de 3.641
celdas, mientras que las centrales mantienen que los penales
gallegos fueron construidos para albergar a 2.918 personas.
Tanto ACAIP como CC.OO. sospechan que el Gobierno computa
las celdas dobles, cuando la propia ley determina que tienen
que ser individuales y sólo en casos excepcionales para dos
personas.
La disparidad de criterios implica que la Administración
asume, si bien las cárceles gallegas han superado su
capacidad, que el nivel de ocupación existente sea del
100,6% y «claramente inferior al de otras comunidades
autónomas e inferior a la media nacional». Los sindicatos
sostienen que los 4.236 internos que había registrados en
octubre pasado -la semana pasada habían disminuido a 4.144-
suponían una masificación de más del 145%, casi nueve puntos
por encima de la media española.
En cualquier caso, ambas partes coinciden que el problema
comenzó a ser acuciante a lo largo del 2004, año en el que
se produjo un incremento del 18,3% en el número de internos
en centros penitenciarios gallegos
El mayor número de reclusos, según datos aportados por el
sindicato ACAIP y referidos al pasado 13 de enero, se
encuadra en la prisión de A Lama: 1.436 internos para 1.008
celdas. La situación de la otra cárcel tipo gallega, la de
Teixeiro (A Coruña), es semejante, con 1.392 presos y el
mismo número de dependencias.
Por su parte, en la cárcel de Ourense convivían hace una
semana 462 reclusos -274 celdas-, mientras que en Monterroso
y Bonxe, ambas en Lugo, estaban ingresadas 435 y 392
personas, respectivamente. Estos dos centros cuentan con 344
celdas, el primero, y 284, el segundo.
La respuesta parlamentaria también se hace eco de que la
situación de infraestructuras y equipamientos en las
prisiones de Galicia «puede calificarse de aceptable».
Durante el año pasado se han ejecutado reformas por un valor
total de 325.000 euros.
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Viernes, 20 de enero de 2006
La
directora de la prisión de Botafuegos (Algeciras),
Isabel Martínez de la Torre, pidió ayer disculpas
por las declaraciones efectuadas el domingo en un
diario local en las que aseguraba que los presos de
ETA son personas «tan normales como cualquiera, y de
trato ameno», además de «muy cultas, muy honradas,
de un alto nivel intelectual» de las que «a veces se
puede aprender». De la Torre lamentó sus
«desafortunados» comentarios «que no corresponden
con mi sentir ni con el de los trabajadores del
centro» y quiso aclarar que sus palabras se referían
al comportamiento de estos reclusos «dentro de la
cárcel» y no a su actividad delictiva, «que me
parece execrable», señaló.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había
exigido horas antes a Instituciones Penitenciarias
el «inmediato cese» de la directora al considerar
«indignante» que la responsable de una prisión pueda
poner a los terroristas como «ejemplo para la
ciudadanía». El texto, firmado por el presidente de
este colectivo, José Francisco Alcaraz, censuraba
también que se considerase «ciudadanos modélicos» a
quienes «jamás han mostrado signos de
arrepentimiento». |
18 de enero de 2006
| Dice que el Centro de
Inserción Social sustituirá a la prisión Provincial |
El
ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha
confirmado hoy que las reformas previstas en el
centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, no
contemplan su ampliación, además de que el futuro
Centro de Inserción Social (CIS) sustituirá cuando
esté construido a la Prisión Provincial de
Santander, tal y como ya había avanzado en este
sentido el delegado del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez.
Tras una reunión mantenida en Santander con Ibáñez,
y el consejero de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, José Vicente Mediavilla, Alonso precisó
en rueda de prensa que, dentro del Plan de Creación
y Amortización de Centros Penitenciarios, "tenemos
la intención de reformar y rehabilitar en todo lo
posible la prisión de El Dueso, que no se va a
ampliar, pero sí va a mejorar sus instalaciones".
Respecto a la Prisión Provincial, el ministro
precisó que "cuando tengamos" el CIS, "se irá
sustituyendo", si bien, "hasta entonces,
evidentemente, la Prisión de Santander seguirá
cumpliendo sus funciones". A nivel estatal, Alonso
expuso que dado el "aumento que hay de la población
penitenciaria" y "la importancia de la función de
instituciones penitenciarias", el objetivo del
Ejecutivo es garantizar que hay "suficientes" y
"buenas" prisiones, "donde se puedan cumplir esos
objetivos constitucionales", ya que "el Gobierno
está empeñado en eso" |
Jueves , 19 de enero de 2006
| La Audiencia afirma
que no se puede ignorar la realidad por no poder acceder
a una «costosa intervención quirúrgica» |
Oviedo,
Idoya RONZÓN
 María
Jesús Lastra Lamar, uno de los cuatro transexuales
que actualmente permanecen internados en el centro
de Villabona, fue trasladada ayer por la tarde al
módulo de mujeres, después de que en la prisión
asturiana se recibiera un auto de la Audiencia
Provincial de Oviedo ordenando su cambio de
departamento. El auto, de la Sección Tercera, cuya
ponente fue la magistrada Ana Álvarez Rodríguez,
revoca así la decisión de la propia Dirección
General de Instituciones Penitenciarias -que había
decidido mantener a Lastra en un módulo masculino
porque por el momento no se ha sometido a una
operación de cambio de sexo- y del Juzgado de
vigilancia penitenciaria asturiano, que también
había denegado su petición. Lastra, que ya libró una
batalla similar hace años contra la Administración,
durante una condena anterior en la prisión
asturiana, recibió entre lágrimas la decisión de la
Audiencia, según confirmaron fuentes penitenciarias.
La Sección Tercera -que en todo momento se refiere a
Lastra Lamar como «el interno» o «el recurrente», en
masculino- basa su decisión en los informes
realizados desde su internamiento en la prisión.
Aunque reconoce que Lastra no se ha sometido a
ninguna operación de cambio de sexo, sí subraya que
«sigue un tratamiento hormonal, con revisiones en
endocrinología», según los datos aportados al
proceso por la subdirectora médica del centro
penitenciario. Por su parte, según el psicólogo de
la cárcel, su comportamiento «cumple los criterios
para el diagnóstico de un trastorno de identidad
sexual», ya que «presenta una identificación acusada
y persistente con el otro sexo», que se manifiesta
con «síntomas tales como un deseo firme de
pertenecer al otro sexo, de vivir o ser tratada como
una persona del otro sexo o de experimentar las
reacciones y las sensaciones típicas del otro sexo».
Según el informe del psicólogo, María Jesús Lastra,
que en Villabona está inscrita como Jesús Lastra,
«presenta un malestar persistente con su propio sexo
y un sentimiento de inadecuación con su rol, que se
manifiesta a través de la preocupación de eliminar
las características sexuales primarias y
secundarias, a través de un tratamiento hormonal,
quirúrgico u otros procedimientos para modificar
físicamente sus rasgos sexuales». Su objetivo,
apostilla, es «parecerse al otro sexo, añadiendo que
dicha alteración le provoca un malestar clínicamente
significativo y un deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del
individuo». Además, «Lastra tiene una apariencia
femenina» y todos la conocen «como María Jesús».
Así, el psicólogo del centro concluye que «desde el
punto de vista conductual y emocional», Lastra -que
llegó a ponerse en huelga de hambre para reivindicar
sus derechos- «está más cerca del género femenino
que del masculino».
Según la Audiencia Provincial, «resulta evidente que
mantener a Lastra en un módulo de hombres supone
desconocer una realidad social representada por un
colectivo de personas que se identifican
intensamente con el otro sexo, con toda la
problemática añadida de la reclusión penitenciaria y
con el agravio comparativo según se haya podido
acceder o no a costosas operaciones quirúrgicas».
Según confirmaron a este periódico fuentes
penitenciarias, una quinta presa transexual, que en
esta ocasión sí se sometió a una intervención de
cambio de sexo, lleva varios meses ingresada en el
módulo de mujeres.
La Sección Tercera apunta que «precisamente para
evitar este tipo de dislates y a instancias de la
Comisión parlamentaria de Política Social y Empleo
del Congreso de los Diputados, Instituciones
Penitenciarias emitió una instrucción con la
finalidad de hacer efectivo en el ámbito
penitenciario el respeto a los derechos de los
transexuales». Según esta instrucción, explica la
Audiencia, «deben buscarse fórmulas para que los
transexuales a los que no se les haya reconocido su
cambio de sexo en un documento oficial acreditativo
de su identidad sean ingresados en caso de condena
atendiendo al sexo socialmente reconocido y por el
que desarrollan su vida de siempre». |
| El programa también
prevé la creación de aulas informáticas en todas las
cárceles para darles una formación que les ayude a
encontrar trabajo cuando sean libres |
Los
centros penitenciarios serán dotados este año de una
sala de videoconferencias, desde la que los presos
podrán comunicarse con jueces y médicos
especialistas, lo que permitirá «liberar» a las
cuerpos de seguridad de parte de la carga de los
traslados. Estas salas, de las que ya hay 20 en
funcionamiento, son parte del convenio suscrito por
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
con el ente público Red.es.
El plan, con una inversión de casi 25 millones de
euros, de los que Red.es sufraga el 40 por ciento,
prevé la instalación en 2006 de las
videoconferencias y de aulas de informática, así
como de nuevos equipos informáticos en todos los
centros penitenciarios (excepto en Cataluña, que
tiene competencias propias).
Las consultas médicas se podrán hacer, en esta
primera fase, desde cárceles de Madrid, Extremadura
y Canarias (dos por comunidad) con especialistas de
un hospital de referencia en cada una de ellas. Esta
posibilidad se ha puesto ya a prueba con internos de
la prisión Madrid II para consultas de dermatología
y radiología con médicos del Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares.
La directora de Prisiones, Mercedes Gallizo, explicó
que este uso de la «telemedicina» será a criterio
del médico de familia de cada centro, que en muchos
casos ha de recurrir a envíos «cautelares» a
hospitales, y que será para aquellas consultas que
no requieran de una gran exploración del enfermo.
Hablar cara a cara con familiares
Otra ventaja de la videoconferencia es la
comunicación cara a cara entre presos y familiares,
que se ensayó las pasadas navidades con internos
canarios en centros peninsulares que, en algunos
casos, hacía dos años que no veían a los suyos.
El director de Red.es, Ramón Palacio, destacó que
este tipo de proyectos siempre requieren un
«aprendizaje» hasta que se van haciendo costumbre y
añadió que el convenio, suscrito para tres años,
forma parte del plan «Avanza».
Otro de los puntos del programa es la apertura de
aulas de informática para 20 alumnos en cada cárcel,
donde recibirán una formación que les ayude a
encontrar trabajo cuando salgan en libertad y podrán
navegar por internet, una ventana al mundo, aunque
su uso está muy restringido en las cárceles. |
Viernes, 20 de enero de 2006
| Cuarenta y seis
acusados de agresión sexual están en prisión provisional
La cifra de internos a la espera de juicio es «alta»,
según el Ministerio Público |
Un
incremento «preocupante» de las agresiones sexuales.
El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero,
definía ayer de este modo el «gran aumento» del
número de presos preventivos por violaciones
cometidas en la provincia. La cifra de personas
ingresadas en un centro penitenciario por atentar
contra la libertad sexual ascendió en el último
trimestre del año a 46. Este índice supone un 13%
del total de internos a la espera de juicio por
delitos graves.
 «La
cifra no es normal», señalaba ayer el fiscal jefe.
En comparación con otros trimestres, «el índice de
presos preventivos por agresión sexual es tremendo»,
lo que significa que un gran número de detenciones
por este tipo de delitos tuvieron lugar entre
octubre y diciembre del 2006.
La cifra de presos preventivos disminuyó en el
último trimestre del año respecto a los tres meses
anteriores, aunque «no de forma significativa»,
señala Romero. Si entre julio y septiembre los
juzgados de la provincia mantenían en prisión
provisional a 427 imputados a la espera de juicio,
el pasado 1 de enero la cifra había disminuido a
348.
Para José Antonio Romero, el descenso en la cifra de
presos preventivos responde a que «ya se han
celebrado juicios». En otros casos, los internos
están en libertad tras haber pagado una fianza.
Entre los que aguardan en un centro penitenciario a
que un tribunal vea su caso no hay ninguno que esté
cerca de los cuatro años que marca la ley como
periodo máximo para permanecer en prisión
provisional.
Aunque también hay una treintena de personas que han
recurrido la sentencia y que permanecen en prisión
provisional mientras el fallo judicial no es firme,
tampoco en estos casos existe riesgo de que los
plazos se agoten. De hecho, el asunto más antiguo es
el de un condenado en el año 2000 a 70 años de
cárcel por un crimen, pero la ley contempla que
puede cumplir la mitad de la pena mientras el
Supremo resuelve, explica el fiscal.
«La cifra de presos preventivos es alta», señala
Romero. De hecho, en la estadística sólo se cuentan
los que llevan en prisión provisional «más de tres
meses» al haber cometido «delitos graves». De hecho,
destacan los acusados por tráfico de drogas, delitos
contra la vida y agresiones sexuales. Además, es
relevante el elevado número de detenidos por atracos
o robos en casa habitada, ya que 77 personas esperan
en prisión a que se les juzgue por esta causa. Las
cifras de asesinatos y homicidios «sigue siendo
alarmante», añade el coordinador del Ministerio
Público.
Más de cien traficantes
Según las estadísticas, tres de cada diez presos
preventivos están en la cárcel por delitos contra la
salud pública. Entre los 108 internos que permanecen
en la cárcel mientras se instruye su caso se
encuentran varios imputados en casos sumarios. En
uno de ellos, «hay nueve personas imputadas que
están en prisión provisional», señala el fiscal
jefe.
Para José Antonio Romero, lo elevado de la cifra
responde a que «en la provincia abunda la droga»,
con un gran número de desembarcos de sustancias
tóxicas.
En cuanto a la nacionalidad, casi la mitad de los
presos preventivos son extranjeros. |
| Ante las quejas
reiteradas de los presos andaluces de las restricciones
impuestas para comunicarse con su abogados, familiares y
amigos, la APDH-A presenta hoy en Córdoba la primera
queja. |
19/01/2006
La
APDH-A inició actuaciones ante la propia Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, señalándole
las deficiencias e irregularidades que presentaba el
nuevo sistema que la Administración Penitenciaria
tenía intención de instaurar.
El Reglamento Penitenciario señala que las llamadas
telefónicas al exterior pueden autorizarse a los
presos en los siguientes casos:
a. Cuando los familiares residan en localidades
alejadas o no puedan desplazarse para visitar al
interno.
b. Cuando el interno haya de comunicar algún asunto
importante a sus familiares, al Abogado defensor o a
otras personas.
El nuevo sistema que se introduce ahora por
normativa interna, intenta regular la forma de
realizar las citadas llamadas, y supone algunas
mejoras para los internos en algunos extremos, pero
establece tres importantes restricciones:
a) El proceso para la autorización de los números se
puede alargar hasta 40 días, de suerte que sólo se
pueden solicitar la autorización de números de
teléfono entre los días 1 a 20 de cada mes, no
pudiendo llamar hasta el mes siguiente. Por lo que
si la necesidad de llamar se produce el día 21, la
llamada se demorará hasta dos meses después (40
días). Demasiado tiempo para estar incomunicado con
la familia o para no poder comunicar un asunto
importante.
b) El acceso al abogado no posee un cauce especial
que permita una asistencia jurídica efectiva, como
sí ocurre con las visitas del mismo a prisión, que
son instantáneas. De tal forma, que el preso no
podrá comunicar con su abogado con la inmediatez
precisa, hasta el punto que cuando tenga
comunicación telefónica con el abogado la misma
habrá perdido su finalidad, al haberse superado los
plazos legales.
c) Se suprime el acceso al cobro revertido que ha
sido la práctica habitual en el sistema
penitenciario habida cuenta de las circunstancias
especiales que rodean a muchos internos.
La drogadicción o enfermedad mental impiden o
dificultan en muchos momentos la utilización
adecuada del dinero enviado por familiares, amigos,
asociaciones..., destinándose a fines distintos de
los pretendidos y deseados por los mismos, por lo
que muchos optaron por elegir el sistema de llamadas
a cobro revertido.
En otras ocasiones los familiares y amigos no
disponen de liquidez que facilitar al interno, por
lo que no puede enviarle cantidad alguna, lo que
supone la incomunicación del preso.
Instituciones como el Colegio de Abogados o el
Defensor del Pueblo admitían este medio de
comunicación con los más desfavorecidos.
Los distintos intentos históricos de la
Administración Penitenciaria por acabar con este
sistema han sido declarados no ajustados por los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Ni los
impedimentos económicos señalados por la
Administración en el año 1995, ni las necesidades de
control del año 2003, fueron consideradas
suficientes por los órganos judiciales encargados de
velar por los derechos de los internos, al existir
mecanismos de control más adecuados que la
restricción del citado sistema. El nuevo sistema no
es necesario ni proporcional al fin perseguido, pues
ni parece necesario establecer un protocolo que
retrase la llamada hasta 40 días, ni el sistema de
cobro revertido suponía peligro alguno.
No obstante la Dirección General ha vuelto a
suprimir este sistema, por lo que los presos han
decidido comenzar a interponer quejas, apoyados por
la APDH-A. Hoy se presenta en Córdoba, hecho que se
irá repitiendo en las distintas provincias
andaluzas, y estatales.
Finalmente señalar que el desarrollo de este
proyecto ha sido “gratuito” por parte de una
Compañía Telefónica concreta: Telefónica. El
anterior sistema permitía que el cobro revertido se
realizara a través de centralita e intervinieran,
por tanto, otra operadoras distintas a Telefónica.
Se podría afirmar que Dirección General y Telefónica
han logrado un acuerdo beneficioso para ambos, pero
que podría repercutir negativamente en sus
destinatarios: presos, familiares, abogados y
amigos. Este acuerdo impide además de llamar a cobro
revertido, el ejercicio del derecho a elegir la
compañía que más beneficie al usuario en igualdad de
condiciones que el exterior (tarifas,...). |
| Las madres presas en
el centro penitenciario de Logroño se reunieron ayer con
sus hijos |
Con
nostalgia y emoción desbordada. Así se vivió ayer
por la tarde en el Centro Penitenciario de Logroño
el acto de entrega de regalos a los hijos de las
reclusas que cumplen condena en el modulo de mujeres
del recinto carcelario con motivo de la festividad
de los Reyes Magos. Esta es la única ocasión que
tienen las madres reclusas de estar cerca de sus
hijos, en medio de un acto festivo, aparte de los
breves contactos que mantienen 'bis a bis' durante
el año.
|
 |
El Centro
Penitenciario de Logroño acoge en su módulo femenino a
11 mujeres. Dos de ellas salieron ayer de permiso de fin
de semana, mientras que otras nueve participaron en la
fiesta de los Reyes Magos a la que acudieron siete de
sus hijos, entre otros familiares.
En la fiesta se repartieron regalos a los pequeños y se
les sirvió una merienda con chocolate preparado por las
presas. La Ong Setén, Pastoral Penitenciaria, Pioneros y
la prisión. |
Eran las cinco de la tarde cuando siete pequeños,
algunos ya jovencitos, acompañados de sus familiares
más directos, empezaron el trayecto que les llevó
hasta sus madres. Con caras risueñas, alegres e
ilusionados, los menores desfilaron por los pasillos
de la prisión y cruzaron las puertas de barrotes
metálicos hasta llegar al módulo de mujeres de la
prisión.
Allí se encontraron con rostros esperanzados y
emocionados, los de sus madres inquietas ante los
barrotes de la puerta de acceso al área femenina. A
la llegada de los niños se produjo un gran silencio.
A continuación, los pequeños fueron recibidos entre
abrazos y lloros.
El módulo de mujeres, sus pasillos y el propio
comedor habían sido decorados para la ocasión con
motivos navideños, globos y otros adornos. Entre
cantos de villancicos, a todos les fue servida una
merienda con chocolate y después se les entregaron
los regalos.
El director de la prisión logroñesa comentó que «son
unas jornadas tristes para las madres en prisión y
por ello decidimos hacer esta fiesta para sus
hijos». Por su parte, una de las madres reclusas, de
nombre Begoña y tres años y medio de prisión,
agradeció la iniciativa de esta fiesta al director
de la prisión: «Son días muy tristes, pero estamos |
Viernes , 20 de enero de 2006
IVÁN
DE SANTIAGO
Vivimos tiempos modernos, o al menos eso nos dicen.
Tiempos en los que nos enorgullecemos de decir que
comparten piso, asiento en el autobús o cola en el
supermercado un negro y un indio, un blanco y un
chino, un cristiano y un musulmán. Se nos llena la
boca contando que, en nuestra avanzada sociedad
occidental y moderna, ya no se comenta en los
portales si el vecino del sexto se ha casado con una
mujer o con otro hombre (confiemos en que no
proliferen las indiscriminadas bodas con perros o
delfines, que se ven en ese que dicen que es el
primer país del mundo) y por la calle ya no se mira
a aquellos que llevan turbantes, burkas o txapelas.
Ahora los ciudadanos del mundo compartimos las
calles que nos pertenecen en igualdad de
condiciones.
Y no parece haber problemas mientras que cada uno
asuma claramente lo que es, o lo que pretende ser, y
además lo aparente. Las contrariedades suelen
presentarse cuando alguno se encuentra en las que la
antigua Dirección General de Seguridad de los
tiempos del franquismo denominaba situaciones
ambiguas. Y ambiguos son, por ejemplo, los
transexuales, con cuerpo de hombre y apariencia
femenina, o viceversa.
Me ahorro, en beneficio del lector, expresiones
poéticas del tipo de «atrapados en cuerpos de
hombre» o consideraciones sociológicas acerca de las
dificultades que atraviesan en sus vidas diarias,
para detenerme en el análisis de aquellas personas
que, a mayor abundamiento de padecer una sexualidad
que no coincide con su apariencia (ahora ya se puede
ser homosexual o heterosexual sin beneficios o
agravios legales, pero aún no se puede pertenecer a
ese «tertium genus») han cometido el error de
infringir la ley hasta el punto de sufrir una pena
privativa de libertad.
En España hay, aproximadamente, 8.000 transexuales
y, al menos 11 que cumplen condenas en diversos
centros penitenciarios a lo largo de la geografía
nacional. Y el inconveniente se plantea a la hora de
encuadrar a estos internos en los módulos femeninos
o masculinos. Supongo que no debo explicarles que
una prisión -sin que esto signifique ni una mínima
crítica a los funcionarios que desempeñan una labor
encomiable intentando salvaguardar la seguridad de
unos internos frente a otros- no es el lugar idóneo
para ejercitar libremente una opción sexual que me
atrevo a calificar de «arriesgada».
El problema parecían solucionarlo tajantemente las
circulares 0 y 1/ 2001 de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, que surgieron en
lógica respuesta a la lucha del colectivo, y en las
que se indicó expresamente que los internos serían
clasificados «en función de su identidad sexual
aparente». Y sin embargo, no parecen haber servido
de mucho. Pese a que en algunos centros, siguiendo
la doctrina emanada de las precitadas circulares, se
ha encuadrado a cuerpos masculinos con identidad
externa femenina en módulos de mujeres, en otros -al
menos el centro penitenciario de Villabona y uno de
los varios de la provincia de Cádiz- las internas se
encuentran en el módulo masculino. Este hecho ha
dado lugar a numerosas situaciones de crisis que han
desembocado en declaraciones en prensa, huelgas de
hambre y solicitudes de traslado que parece acabarán
convirtiéndose en auténticos «movimientos
migratorios carcelarios».
Los centros penitenciarios argumentan, en apoyo de
sus tesis que, para obtener el encuadramiento en
módulos masculinos, los transexuales deberían
operarse. Quizá, a mi más que humilde entender, un
funcionario de instituciones penitenciarias se
exceda en sus atribuciones cuando pretende poder
decidir sobre si una persona, por el simple hecho de
tener que sufrir un tiempo de reclusión, debe o no
pasar por un quirófano para disfrutar de unas
condiciones de vida dignas durante su internamiento.
No obstante, seguro que algunos de los afectados
están dispuestos a escuchar sus sugerencias si,
quien se piensa capacitado para decidir sobre una
intervención quirúrgica en un cuerpo ajeno, colabora
«poniendo la mosca», pues no olvidemos que estos
tratamientos no son precisamente módicos. Es decir,
se les dice que, para que se cumpla lo que ordena
Instituciones Penitenciarias deben alterar
definitivamente su cuerpo y que no sólo deben
adoptar la decisión, sino pagársela como puedan.
Suponemos que los tribunales acabarán, como hacen
siempre, dando una solución definitiva a tan
polémico asunto, si bien no puedo aventurar cuál
será, porque, con independencia de opiniones de
personas o colectivos, criterios de profunda
dogmática jurídica han de inspirar tan compleja
decisión, que sentará las bases de la futura
relación entre transexuales y Estado. Acaso la nueva
ley de Identidad Sexual que el Gobierno ha prometido
aprobar en el primer trimestre de 2006 también
colabore en enmendar la situación.
Sin embargo, lo que no podemos negar es que los
«ambiguos» siguen y seguirán siendo los principales
damnificados en esta sociedad que ya parece
admitirlo casi todo. Pero no nos engañemos, eso que
pretendemos disfrazar de apertura, de liberalismo,
de sociedad evolucionada y transigente, sigue
teniendo enormes poros, ciclópeas cavidades por las
que se nos escapan situaciones tan dignas de
protección como aquellas que nos mostramos
orgullosos de exponer como ejemplos de tolerancia.
Quizá ese perfecto asenso que pretendemos mostrar
descanse sobre un mullido colchón de hipocresía.
Quizá, sólo quizá.
Iván de Santiago es abogado y escritor. |
20-01-06
El nuevo director del Centro Penitenciario de Melilla,
Emilio Navas, se ha marcado como meta continuar con los
proyectos que dejaron sus antecesores en el cargo y
mejorarlos en la medida de lo posible, aunque sin lugar a
dudas el objetivo primordial será cumplir cuanto recoge la
Ley Orgánica General Penitenciaria, tal cual lo aseguró.
Navas señaló, como uno de los problemas del centro al que
se busca solución, acabar con el lanzamiento de objetos
desde las viviendas colindantes a los patios del centro.
Emilio Navas, a su salida de la reunión que mantuvo con el
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al
que mostró sus respetos como nuevo director del Centro
Penitenciario de Melilla, aseguró ante la prensa que
"cualquier centro se asume siempre con ilusión, y un
nombramiento debe producir siempre la ilusión suficiente
como para asumir la responsabilidad que se acepta".
Preguntado sobre los objetivos que pretende cumplir en
esta nueva etapa al frente del Centro Penitenciario, dijo
que son los que vienen marcados por la Ley Orgánica
General Penitenciaria, por el reglamento y las directrices
de la Dirección General. No obstante, señaló que hay
muchos proyectos iniciados por sus antecesores que
pretende continuar. "He venido a complementar el trabajo
hecho por los dos directores anteriores, continuarlos,
mejorarlos en la medida de lo posible y sacar a nuestros
internos lo mejor que podamos hacia adelante, que es
nuestra misión".
Dijo que por el momento no hay fecha cerrada para la
próxima visita de técnicos de Instituciones Penitenciarias
a la ciudad, aunque sí aseguró que vendrán para conocer de
primera mano las condiciones del Centro Penitenciario
local e "incidir después en aquellas cuestiones que puedan
ser mejorables". Sin lugar a dudas uno de los problemas
presentes es buscar fórmulas para evitar que desde las
viviendas colindantes puedan lanzarse objetos hacia los
patios del recinto carcelario. También señaló que se
llevarán a cabo algunas mejoras en el centro que sin lugar
a dudas "van a ser buenas para el edificio, los internos y
los propios funcionarios".
Emilio Navas, hasta este momento, venía desempeñaba el
puesto de coordinador de Formación del Centro
Penitenciario. Nacido en Melilla hace 55 años, lleva más
de treinta como funcionario y ha ocupado puestos diversos
en las diferentes Áreas de la Administración
Penitenciaria. Entre otros cargos, ha sido subdirector de
Régimen en la Modelo de Barcelona y director del Centro
Penitenciario de Huesca.
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20-01-06
|
Los dirigentes del PP, que
visitaban la obra de la macro cárcel, fueron 'atrapados'
por un centenar de operarios que exigía a su empresa el
pago de las nóminas |
el
puerto/Cádiz. La alcaldesa de Cádiz, senadora
y parlamentaria del PP Teófila Martínez, y el
diputado nacional y portavoz municipal de la
formación en El Puerto, Aurelio Sánchez
 Ramos,
fueron ayer retenidos durante dos horas y media en
la puerta de la nueva cárcel Puerto 3, en el término
municipal de El Puerto, después de que unos 120
obreros que participan en la construcción del
complejo taponaran los accesos como medida de
protesta por las pésimas condiciones en que se
desarrolla su actividad laboral. Las obras fueron
adjudicadas a la UTE (Unión Temporal de Empresas)
conformada por Dragados y Construcciones y Bahía San
Kristóbal, que han subcontratado los trabajos de
construcción a dos firmas sevillanas, Ovidio
Estructura y Premia, a las que pertenecen los
trabajadores en huelga.
Los dirigentes populares habían iniciado a las nueve y
media de la mañana un recorrido sorpresa para conocer
la marcha de estas obras, en el que estuvieron acompañados por
el subdirector de Instituciones Penitenciarias, Javier Ramos,
varios técnicos, arquitectos y directivos de la UTE
constructora y dirigentes sindicales de UGT y ACAIP.
Una vez concluida la visita, el microbús en el que viajaban
se vio obligado a detenerse ante la puerta de salida del
complejo, al ser cortado el paso por la protesta laboral. Los
obreros taponaron las dos puertas de acceso al gigantesco
recinto, amurallado, en cuyo interior comenzó a levantarse la
nueva macro cárcel hace seis meses.
Avisados por la sorprendida comitiva, en la zona se
personaron efectivos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como
de la Policía Local portuense, sin que finalmente fuera
necesario que intervinieran para nada más que mediar entre las
partes. Y es que a pesar de que en los primeros instantes se
vivieron momentos de incertidumbre y tensión, lo cierto es que
no se registraron incidentes dignos de mención. Eso sí, los
trabajadores aprovecharon para explicar a los dirigentes del
PP las malas condiciones laborales en que se encuentran (falta
de servicios y agua corriente, aparcamientos que son un
barrizal, falta de accesos seguros por carretera, etc.), y en
especial el impago del salario del mes de diciembre. Según
denunciaron a este periódico varios de los afectados, la UTE
tan sólo ha abonado a las subcontratas el 25 por ciento de los
salarios de los trabajadores, no habiendo recibido éstos a
estas alturas del mes de enero cantidad alguna.
Mientras representantes de la empresa intentaban negociar
con los trabajadores, la comitiva popular aprovechó para
abandonar la zona. Aunque hubo de hacerlo por la retaguardia,
toda vez que el personal no acababa de retirarse de la salida
principal, y no en el microbús en el que habían llegado, sino
en un todoterreno particular de un empleado de la empresa, con
el que enfilaron por un poco transitable camino trasero.
Ni Teófila Martínez ni Aurelio Sánchez Ramos quisieron
efectuar declaraciones, minimizando lo ocurrido este último,
resaltando que su visita a la obra era meramente casual y que
no tenían nada que ver con el problema.
Los trabajadores, por su parte, no ocultaron su indignación
por haberse visto obligados a recurrir a medidas extremas como
las de ayer para reclamar sus derechos y lograr ser escuchados
por las empresas adjudicatarias. Y es que según desvelaron a
este diario, comenzaron sus movilizaciones este pasado lunes,
parando durante hora y media los trabajos. Con ello no
lograron nada. Así que este pasado miércoles, al llegarles
rumores de que Teófila Martínez iba a realizar una visita a la
obra, decidieron aprovechar la ocasión para que su protesta
fuera sonada. Y no hay duda de que al menos lograron la
atención esperada.
Al mediodía, representantes de la UTE comenzaban a negociar
con las subcontratas al objeto de llegar a un acuerdo. Los
trabajadores, como medida de buena voluntad, volvieron a la
obra por la tarde, esperando una fumata blanca que al cierre
de esta edición no había llegado. Así las cosas, anunciaron su
intención de protagonizar hoy una nueva huelga. Y así seguirán
hasta que cobren y hasta lograr una mejora en unas condiciones
de trabajo que, en el siglo XXI, son tercermundistas.
 |
20-01-06
El
auto de la Audiencia Provincial de Oviedo provocó
ayer un enorme revuelo tanto en la prisión asturiana
de Villabona como en la propia Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. La decisión de la
Sección Tercera de trasladar a Lastra Lamar al
módulo X obligó a la dirección del centro a redactar
una circular destinada a las funcionarias del
departamento -en el módulo femenino sólo hay
trabajadoras, ningún trabajador- para indicarles
cuál deberá ser su comportamiento con Lamar y cómo
actuar en determinadas situaciones, según explicaron
fuentes penitenciarias.
En concreto, la dirección de la cárcel de Villabona
ya ha adoptado la medida de instalar a Lastra Lamar
en una celda individual, por temor a que lo
contrario acarrease algún problema porque aún
conserva sus genitales masculinos. Además, las
funcionarias de la prisión únicamente podrán
cachearla «con medios electrónicos», nunca de forma
manual, por el mismo motivo.
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20-01-06
| El Consejo Islámico
pide a Alonso «afinar más» las detenciones para evitar
daños a inocentes |
La cárcel salmantina de Topas aparece cada vez con más
claridad como uno de los núcleos fundamentales de las tramas
terroristas islamistas en España. Los servicios de
Información de la Guardia Civil han descubierto en las
últimas semanas que aquella prisión, en la que nació la
célula que iba a volar la Audiencia Nacional, también fue el
lugar donde se creó el grupo salafista desarticulado en
diciembre en la Costa del Sol, y que se dedicaba al asalto
de mansiones de lujo para financiar la 'yihad' en Argelia.
La investigación del instituto armado denominada 'Green' ha
determinado que el jefe del grupo desmantelado en Málaga, el
argelino Fathi Abdallah, conocido también como 'Feti', 'Luigi'
o 'El afgano', fue captado para las redes islamista durante
su estancia en Topas, donde cumplía condena por un delito
común. En este centro penitenciario, según informes
confidenciales de la Guardia Civil, 'Feti' coincidió con un
cabecilla integrista del Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (GSPC), Abdelhakim Fekkar -'Hakim' y 'Abu
Lina'-, nacido en Argelia en mayo de 1964.
A su salida de la cárcel, 'Hakim', que logró zafarse de la
operación de diciembre, dirigió en Argelia un comando del
GSPC. El cabecilla terrorista siguió manteniendo contactos
con 'Feti', al que terminó por convertir en el jefe de una
célula de apoyo salafista en España dedicada a financiar
atentados islamistas en suelo argelino.
Según los atestados de la Guardia Civil, el jefe detenido en
Málaga «recibió adoctrinamiento religioso de 'Hakim', como
se desprende del contenido de numerosas conversaciones
telefónicas que ambos mantuvieron y de los frecuentes
mensajes que intercambiaron». Los investigadores han llegado
a la conclusión de que el argelino captado en Topas se
convirtió en un «subordinado» de 'Hakim' y que era
totalmente consciente de que enviaba miles de euros para
mantener la 'yihad' en Argelia.
Reunión con el ministro
Entre tanto, representantes de la comunidad musulmana
española pidieron ayer al ministro de Interior, José Antonio
Alonso, «afinar más» las operaciones contra células de
presuntos terroristas islamistas, pues hay personas que
después quedan en libertad sin cargos pero «marcadas como
sospechosas». Esa es una de las reivindicaciones que
plantearon en una reunión con Alonso el máximo responsable
de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas,
Mansur Escudero, y el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatari, dirigentes ambos del
Consejo Islámico de España.
En declaraciones a 'Efe', Escudero denunció que las últimas
detenciones «masivas» han afectado a «gente inocente» a la
que se ha causado un daño y aseguró que la comunidad
islámica «se siente demonizada». En este sentido, añadió que
algunas personas han tenido que dejar sus barrios o ciudades
tras una detención porque «están marcados».
En una nota de prensa, Alonso expuso que la reunión tuvo el
objetivo de «integrar, sumar y unir» y que había expuesto a
los representantes musulmanes que «hará todo lo posible por
consolidar en la conciencia de toda la sociedad que esta
comunidad defiende valores legítimos que nada tienen que ver
con el terrorismo internacional».
|
20/01/2006
Los sindicatos con representación de
los trabajadores de la cárcel de Botafuegos de Algeciras
(Cádiz) manifestaron hoy su 'más enérgica protesta e
indignación' por la continuidad como responsable de este
centro penitenciario de Isabel Martínez de la Torre.
|
Los
sindicatos CSI-CSIF, USO, UGT, CCOO, ACAIP y
ATP expresaron en un comunicado conjunto su
'indignación por la continuidad y ratificación' como
responsable de la prisión de Botafuegos de Martínez
de la Torre, realizada por la directora de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
Martínez de Torre dijo, el pasado
día 15 en una entrevista al diario 'El Faro
Información', que los presos de ETA son 'personas
tan normales como cualquiera, y de trato ameno'.
Añadió que los presos de la banda
terrorista 'son personas muy cultas, muy honradas,
de un alto nivel intelectual', y de las que 'a veces
se puede aprender'.
La directora de la prisión
algecireña pidió ayer disculpas por unas
'desafortunadas' declaraciones en las que afirmaba
que los presos etarras son 'personas honradas' de
las que 'se puede aprender' y que han motivado
críticas y peticiones de dimisión.
Martínez matizó en una nota
pública que sus 'desafortunadas' declaraciones 'no
corresponden' ni con su 'sentir como ciudadana
española, ni con el sentir de los trabajadores del
centro, ni de la Institución Penitenciaria sobre las
personas condenadas o acusadas de terrorismo'.
Precisó también que sus
comentarios estaban dichos en el contexto del
comportamiento de los etarras 'dentro de la cárcel',
y no en referencia a su actividad delictiva
'execrable'.
|
21/01/2006
| Los presos de otras
nacionalidades suponen más del 46% de los internos en el
penal alicantino frente al 16% de la cárcel de Villena y
el 24% de la de Picassent. |
El
centro penitenciario de Fontcalent duplica la media
de reclusos extranjeros en toda España, según una
respuesta parlamentaria del Gobierno en el Congreso
a la diputada Susana Camarero, del Grupo Popular,
que desvela que un 46,6 por ciento de los 960 presos
de esta cárcel son de procedencia extranjera. En
España, la media se sitúa en torno al 28 por ciento.
Este dato coloca también a Fontcalent muy por encima
del resto de prisiones de la Comunidad Valenciana en
número de reclusos de otras nacionalidades, donde
los porcentajes están dentro de la media. En
Picassent suponen el 24,3 por ciento; mientras que
en Castellón son el 26,9 por ciento. En cambio, la
cárcel de Villena sólo tiene un 16,4% de internos
extranjeros, a pesar de ser un centro que está
ubicado en la misma provincia que Fontcalent. El
último estudio del sindicato de funcionarios de
prisiones ACAIP (ver INFORMACION del 17 de
enero) establecía que en Fontcalent hay reclusos de
hasta cincuenta nacionalidades diferentes. Los más
numerosos son los procedentes de países del norte de
África, el Este de Europa y Sudamérica. Según este
sindicato, la población reclusa en la Comunidad se
ha disparado en más de un 200% en cinco años.
En el último informe de la Fiscalía de Alicante
sobre presos preventivos, se constató por primera
vez el ingreso de tres ciudadanos chinos en
Fontcalent, que estaban encarcelados por una
extorsión.
Tanto la Fiscalía como ACAIP coincidieron en
apuntar como causa de estos elevados índices el
hecho de que Fontcalent es una cárcel para presos
preventivos. Por el contrario, Villena tiene una
población reclusa más estable porque allí van
principalmente presos que ya tienen una condena
judicial en firme. Desde ACAIP, se incide en
que en muchas ocasiones el preso preventivo
extranjero es una persona sin arraigo familiar,
circunstancia que le impide el obtener la libertad
hasta que se celebra el juicio; hecho que en cambio
es más sencillo para un preso español. El arraigo
familiar le facilita lograr el dinero para la
fianza, así como reduce el riesgo de fuga.
Por otro lado, Fontcalent es una de las prisiones de
la Comunidad Valenciana con menor número de reclusos
sometidos a tratamientos de metadona. De acuerdo con
datos de Instituciones Penitenciarias 95 internos de
Fontcalent recibían metadona; en Villena, 142; en
Picassent, 355, y Castellón, 58. |
21/01/2006
|
La plantilla muestra su
indignación por la continuidad de Martínez y negocia con
los funcionarios de Puerto 1 y 2 las medidas de presión
|
cádiz/algeciras.
Los sindicatos ACAIP, CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF
y ATP, en representación de la totalidad de la
plantilla que integra el centro penitenciario
Botafuegos de Al geciras,
mostraron ayer su "más enérgica protesta e
indignación" por la ratificación y continuidad en el
cargo como responsable de la cárcel de Isabel
Martínez de la Torre. La directora de la prisión
declaró el pasado fin de semana en una entrevista
que los presos de la banda terrorista ETA eran
"personas muy cultas y honradas, de un alto nivel
intelectual, y de las que a veces se puede
aprender".
Estas palabras desataron el pasado jueves un aluvión
de críticas dirigidas a la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
instándola a destituir de forma inmediata a De la
Torre. La directora de Botafuegos pidió perdón y
afirmó que sus palabras hacia los etarras había que
enmarcarlas dentro del contexto de la convivencia en
la cárcel. Una excusa que ha contentado a pocos. Aún
así, Gallizo adelantó que mantendría en el cargo a
De la Torre. Pese a ello, la polémica ha llegado a
otras prisiones.
La representación de UGT en las cárceles de Puerto I
y II y en la Junta de Administración Periférica de
los Funcionarios de la provincia aseguró ayer que
las declaraciones de la directora de la cárcel de
Botafuegos "afectan a la moral y sensibilidad de
todo un colectivo", por lo que piden que "se depuren
responsabilidades".
Por ello, los trabajadores de las prisiones del
Puerto están negociando con sus compañeros de
Algeciras las medidas de presión a adoptar, entre
ellas iniciar una huelga y el corte de carreteras si
no destituyen a Martínez.
El presidente de la mencionada junta, secretario
sindical de UGT en las cárceles portuenses y
funcionario de prisiones, Juan José Hernández,
informó de que han remitido un escrito a la
Subdelegación del Gobierno en Cádiz para que "depure
responsabilidades y dé cuenta de las acciones que se
adopten al respecto".
En este sentido, manifestó que Isabel Martínez "no
puede estar ni un momento más teniendo un puesto de
responsabilidad" en una cárcel "porque pone en
peligro a todos sus trabajadores".
De otro lado, aseguró que a raíz de este asunto los
directores de las demás prisiones "han recibido una
instrucción interna para que no abran la boca".
Asimismo, el secretario del Sindicato Unificado de
Policía (SUP) de Algeciras , Juan Morillo, exigió su
dimisión "inmediata", ya que sus declaraciones "son
de extrema gravedad y no debería quedar impune por
el mero hecho de haberse retractado". Morillo dijo
que las frases "son un insulto gravísimo a las
víctimas del terrorismo".
|
21/01/2006
cádiz.
R. Romero Hay veces en las que no es suficiente con
pedir perdón. La directora de la prisión de
Botafuegos, Isabel Martínez, con sus desafortunadas
declaraciones, ha reabierto una vieja herida que,
por muchos años que pasen, no termina de cicatrizar.
A no pocos funcionarios del Penal portuense aún se
les saltan las lágrimas cuando se acuerdan de Ortega
Lara, víctima del secuestro más largo en la historia
de ETA. El rostro de este funcionario, privado de
libertad durante 532 días en algo peor que un campo
de concentración, un zulo ínfimo, y liberado in
extremis de una muerte segura por parte de la
Guardia Civil, se clavó en su corazón.
Durante 78 sábados consecutivos, como en el resto
del país, en pleno centro de El Puerto, en la plaza
del Polvorista, sus compañeros de las prisiones de
Puerto 1 y Puerto 2 se concentraron para pedir su
libertad.
Y lo hicieron con un lazo azul colocado en la
solapa, el mismo que, justamente diez años después,
sigue prendido en su memoria. Ese lazo azul que
durante aquel larguísimo cautiverio del compañero de
Logroño llevaba, como todos, la funcionaria del
Penal portuense que fue amenazada por familiares de
presos etarras que acudían de visita.
Unos familiares que, descubrieron los funcionarios
con horror poco después, apuntaban sin disimulo
alguno las matrículas de sus coches cuando acudían a
la cárcel para algún vis a vis. Retando siempre.
Jugando al terror siempre. Y sin jugar. Porque no
pocos funcionarios de las prisiones gaditanas se han
sabido objetivo prioritario de ETA en primera
persona. En más de una operación policial en la que
han caído terroristas y comandos, han aparecido
papeles. Recortes de prensa. Listas. Con nombres y
apellidos. Los suyos. Los de sus compañeros.
Por eso, les parece un sarcasmo que alguien pueda
decir que de los etarras se aprende. Que son
inteligentes. Que son sensibles. Máxime si se dice
de los que cumplen condena en la cárcel de
Algeciras, con Iñaki de Juana Chaos al frente. El
preso que se hizo tristemente famoso por brindar con
champán cada vez que la banda cometía un atentado
con víctima mortal, que escribió una carta en la que
confesaba que le provocaban carcajadas los rostros
desencajados de dolor tras el asesinato del concejal
del PP sevillano Alberto Jiménez Becerril, es un
viejo conocido en el Penal portuense. Allí cumplió
una época condena, tras ser trasladado desde la
cárcel canaria a raíz de la política de acercamiento
emprendida durante la tregua terrorista, la farsa de
ETA para reorganizarse, hasta que fue enviado a
Botafuegos tras ser apaleado por un preso marroquí.
37 presos pertenecientes a la banda terrorista ETA
se encuentran en la actualidad cumpliendo condena en
las cárceles gaditanas. Veinte de ellos lo hacen en
las dos cárceles de El Puerto, y los 17 restantes,
en la de Algeciras.
|
21/01/2006
| El proyecto de Ley del
Menor incluye medidas de internamiento para integrantes
de bandas |
La reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor
aprobada ayer en el Consejo de Ministros otorga a los jueces
la facultad de decidir, excepcionalmente, que un menor
delincuente, al cumplir los 18 años, pase a un centro
penitenciario de adultos. Incluye el posible internamiento en
régimen cerrado de los integrantes de bandas juveniles o
delictivas aunque no hayan cometido delitos violentos, permite
las órdenes de alejamiento (para combatir el acoso escolar),
agrava las medidas de internamiento y evita que las menores
víctimas de delitos sexuales declaren ante sus agresores. La Ley del Menor acaba de cumplir cinco años desde su
aprobación. El proyecto de ley para reformarla, aprobado ayer
y que será próximamente remitido a las Cortes, supone un
tratamiento más firme de la delincuencia juvenil e introduce
medidas para combatir fenómenos como las bandas organizadas o
el acoso escolar. Sigue manteniendo en los 14 años el mínimo
necesario para exigir cualquier tipo de responsabilidad penal.
- Posible cárcel a los 18 años. Cuando el menor internado
cumpla 18 años, podrá continuar en el mismo centro o bien ser
trasladado a uno de adultos. El cambio lo decidirá el juez si
la conducta del menor "no responde a los objetivos propuestos
en la sentencia". Deberán ser oídos el abogado defensor y el
fiscal. Cuando el menor cumpla 21, la regla general es que ira
a la cárcel, aunque el juez puede adoptar otra solución
teniendo en cuenta la existencia de una buena rehabilitación o
de circunstancias excepcionales.
- Pertenencia a bandas. Si el menor que delinque pertenece
o actúa al servicio de una banda, organización o asociación,
se le podrá imponer una medida de internamiento incluso aunque
el delito no sea grave o de carácter violento. El Gobierno ha
defendido la conveniencia de esta fórmula para alejar a estos
menores del "ambiente que favorece el delito" y poder
apartarlos de las bandas.
- Órdenes de alejamiento. Es una de las novedades del texto
legal. Los jueces podrán imponer al menor una orden de
alejamiento de la víctima y sus familiares, así como de su
domicilio, centro docente o lugar de trabajo. Se trata de una
medida con la que se pretende combatir el acoso escolar,
prohibiendo al agresor acudir a la escuela de la víctima.
- Víctimas de delitos sexuales. Tanto en las declaraciones
previas como en el acto del juicio oral, los jueces y
tribunales tendrán la obligación de evitar que se vean los
menores víctimas de delitos contra la libertad sexual y los
inculpados, "utilizando para ello cualquier medio técnico que
haga posible la práctica de esta prueba". Hasta ahora, la
regulación, contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
facultaba pero no obligaba al juez a evitar la confrontación
visual.
- Sanciones más duras. Se agravan en un año las medidas de
internamiento para los delitos graves, muy graves o violentos.
Si el menor ha cometido varios delitos y uno es especialmente
grave (asesinato, violación...) el límite máximo de
internamiento será de 10 años (ahora son 8) para los menores
de 16 y 17 y de 6 años (ahora son 5) para los de 14 y 15.
- Protección de las víctimas. Las víctimas de un delito
cometido por un menor, aunque no quieran ser parte en el
procedimiento penal, tendrán derecho a que se les comuniquen
todas aquellas resoluciones que puedan afectar a sus
intereses. |
Domingo, 22 de enero de 2006
El
programa de Antena 3 TV, 'Espejo público' emite
mañana un reportaje realizado en la cárcel de
mujeres de Yeserías, donde las reclusas interpretan
obras teatrales. El teatro les permite unos días de
libertad fuera de la prisión para emprender sus
giras de actuaciones y, de paso, viajar a otros
tiempos y culturas. 'Espejo público' realizará un
reportaje sobre este grupo teatral, denominado 'Yeses',
formado por siete mujeres internas de la cárcel
madrileña. El programa también ofrecerá un trabajo
sobre el 'Circo chino', que está actualmente de gira
por España, y ofrecerá otro sobre personas que están
a la espera de un trasplante de corazón, así como de
las que ya han sido trasplantadas, entre otros. |
| Para Mercedes Gallizo,
Directora de Instituciones Penitenciarias, las disculpas
de Isabel Martínez de la Torre, la directora de la
prisión de Botafuegos que dijo que los etarras "son muy
honrados", parecen ser más que suficientes. |
Gallizo
da por zanjada así la polémica, por lo que la
directora no será destituida de su cargo, tal y como
habían pedido tanto la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y el sindicato CSI-CSIF, que agrupo a
funcionarios de prisiones. En la prisión que dirige
cumplen condena algunos destacados ex dirigentes
etarras como José Ignacio de Juana Chaos o José
Antonio López Ruiz, alias «Kubati».
 La
directora de la cárcel de Botafuegos, tras conocer
que el sindicato de funcionarios de prisiones exigía
su dimisión, pide disculpas por decir, entre otras
lindezas, que se puede aprender de los presos de
ETA.
En un comunicado envíado a los medios, la Directora
se retracta de sus declaraciones al Diario El Faro:
En relación con unas declaraciones efectuadas por mi
al diario local El Faro Información de Algeciras, el
pasado día 15 de Enero, sobre internos de la
organización terrorista ETA, quiero aclarar lo
siguiente:
En primer lugar, pido disculpas por lo que han
podido ser unas ser unas desafortunadas
declaraciones que no se corresponden ni con mi
sentir como ciudadana española, ni con el sentir de
los trabajadores del centro, ni de la Institución
Penitenciaria sobre las personas condenadas o
acusadas de delitos de terrorismo.
Los comentarios vertidos por mí en la entrevista
sobre estos internos, estaban dichos en el contexto
de su comportamiento DENTRO DE PRISIÓN y no en
referencia a su actividad delictiva que,
naturalmente me parece execrable.
Somos conscientes de que los funcionarios de
prisiones somos objeto de amenazas permanentes por
parte de la organización terrorista ETA, lo cual no
impide que desarrollemos nuestro trabajo con
eficacia y respeto escrupuloso a los principios de
un Estado Democrático. |
domingo, 22 de enero de 2006
Elsemanaldigital.com
El locutor de Onda Cero ha lanzado una dura réplica a
las declaraciones de la directora de la prisión de
Algeciras, que elogió a los presos de ETA como "honrados
y normales". |
20
de enero de 2006. Las declaraciones de Isabel
Martínez de la Torre aparecieron en el diario El
Faro-Información y hoy han encontrado justa
respuesta en las páginas de ABC por parte de Carlos
Herrera. El popular radiofonista, objetivo de la
banda terrorista, no se ha cortado un pelo a la hora
de ponerle proa a la citada directora, a la
responsable de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, y al Gobierno en sí. Así lo ha
hecho constar Herrera en el siguiente párrafo que
reproducimos:
"La estupidez espetada por esta funcionaria -que
algunas voces califican de apología del terrorismo-
puede haber sido causada por un transitorio e
igualmente injustificable «síndrome de Estocolmo» o
por el deseo confesado de pertenecer a la estirpe de
políticos al estilo de Rodríguez Zapatero, que
piensan que los derechos individuales de los
miembros de Batasuna son intocables, ésos que les
permitirían celebrar congresos con el anagrama de
ETA por muy ilegalizados que estén. En cualquiera de
ambas posibilidades, Isabel Martínez merece que la
destituyan; conociendo, no obstante, la doctrina
imperante dictada por la muy meliflua y progresista
directora de Asuntos Penitenciarios, lo más probable
es que la asciendan o le suban el sueldo. En la
España de este PSOE todo es posible. El desprecio
por las víctimas que reflejan estas manifestaciones
está en perfecta consonancia con la política hacia
ellas que el Gobierno de la nación ha puesto en
práctica desde que en sus planes sólo entra pactar
con la banda terrorista en lugar de terminar con
ella. Poco importa, por lo visto, que entre los
presos de ese centro se encuentre un sujeto como De
Juana Chaos, que a no pocos funcionarios de
prisiones ha amenazado con sus soflamas habituales.
¿Qué tiene de «admirable» que un preso de ETA
solicite langostinos y champán cuando sus compañeros
de banda asesinan a un matrimonio como los
Jiménez-Becerril? ¿De qué pretende convencernos una
irresponsable como la tal Martínez?" |
| Excepciones. Algunos
grupos, como los de las Fuerzas de Seguridad, Justicia o
Entes Públicos no podrán flexibilizar sus horarios |
Han
pasado tres semanas desde que comenzara 2006, desde
la prohibición de fumar en la mayoría de los lugares
públicos y desde que el Gobierno pusiera en marcha
el llamado Plan Concilia, enmarcado dentro del Plan
Moderniza de la Administración Central.
Un plan al que según la Subdelegación pueden
acogerse los cerca de 2.400 funcionarios que
trabajan para el Estado en Palencia, aunque no todos
ellos pueden acceder a la totalidad de las ventajas
de este plan que intenta conciliar su vida laboral
con la personal y familiar.
Una de esas ventajas es la flexibilización de los
horarios de los trabajadores de la Función Pública
en dos horas, con el límite de las 18 horas como
salida, aunque sin reducir su jornada laboral. Ésta
es una de las medidas a las que no se podrán acoger
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la
Administración de Justicia, los entes públicos, al
tratarse de grupos especiales.
Según el último censo de funcionarios en Palencia,
restando éstos, serían unos 1.200 los que podrían
verse beneficiados por esta flexibilización del
horario.
Pero ésta no es la única ventaja vinculada al Plan
Concilia. Por ejemplo, a todos los empleados
públicos que tengan un hijo, o lo adopten, se les
concederá 10 días de permiso de paternidad con los
que además se podrán ampliar los periodos
vacacionales. En el caso de las madres, podrán
sustituir el permiso de lactancia (una hora diaria)
por otro de cuatro semanas libres para cuidar a
hijos menores de 12 meses. Desde la Subdelegación de
Palencia se asegura que ya se han solicitado los
primeros permisos de este tipo «en Instituciones
Penitenciarias», aunque prefieren no dar más
detalles de este primer caso en la provincia
palentina ya que se está estudiando su viabilida al
pertenecer a un grupo especial.
En cualquier caso, desde la extensión del Ejecutivo
en la provincia, aseguran que «estas medidas
especiales no van a afectar al trabajo que se
desarrolla en la Subdelegación del Gobierno. Es más
va a mejorarlo, porque una persona no puede trabajar
en condiciones si en la cabeza está que tiene que ir
a buscar a los niños o que su mujer le espera en
casa recuperándose de una cesárea», explicó el
subdelegado del Gobierno en Palencia, Gabriel
Castañeda.
¿Y el resto de los trabajadores? El Gobierno ha
querido, con el Plan Concilia, dar ejemplo a otras
instituciones y a las empresas privadas a la hora de
conciliar la vida de sus trabajadores con sus
ocupaciones familiares. Sin embargo, Castañeda opina
que aún es pronto para que se extiendan las medidas
propuestas por el Gobierno a otros ámbitos, aunque
espera que finalmente puedan llegar a la mayoría.
«El plan nace con esa intención, y tanto los
funcionarios de otras instituciones como el resto de
los trabajadores llegarán a gozar de este plan»,
concluye Castañeda.
ALGUNOS DETALLES DEL PLAN
• Horarios . Se mantiene el número de horas
semanales pero se reduce la parte fija del horario,
de 9 a 17 horas con una interrupción mínima para la
comida en el horario de mañana y tarde. La parte
flexible alcanza a dos horas diarias y nunca podrá
rebasar las seis de la tarde. Antes era un hora
diaria. Las excepciones son las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, Justicia
y los Entes Públicos.
• Padres. Concesión de diez días de permiso de
paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de
un hijo. Antes no había más que tres. Derecho de los
empleados públicos a acumular el periodo de
vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y
paternidad.
• Madres. Pueden ampliar la baja por maternidad,
sustituyendo, con carácter opcional, el permiso de
lactancia de los hijos menores de 12 meses por un
permiso adicional de hasta cuatro semanas.
• Cuidado de hijos y dependientes. Ampliación de la
reducción de jornada a quienes tengan a su cuidado
directo hijos menores de 12 años. Antes era hasta
los seis años. Derecho a flexibilizar en una hora el
horario fijo de jornada para quienes tengan a su
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o
personas con discapacidad. Hasta ahora esta medida
tenía carácter excepcional. Si se trata de un solo
padre, la medida, de forma excepcional, afectará a
dos horas. En el caso de tratarse de un hijo de con
discapacidad, las flexibilidad de dos horas será
general. Tendrán también derecho a solicitar una
reducción del 50% de la jornada laboral durante un
mes, con carácter retribuido, para atender el
cuidado de un familiar en primer grado, por razón de
enfermedad muy grave. Se amplía a tres años del
periodo máximo de excedencia al que tienen derecho
los empleados públicos para el cuidado de cada hijo
o un familiar a su cargo, hasta el segundo grado de
consanguinidad. En el tercer año no se guarda el
mismo puesto sino uno parecido.
• Violencia de Género. La empleada pública víctima
de violencia de género que se vea obligada a
abandonar el puesto de trabajo podrá solicitar un
traslado en distinta unidad administrativa o en otra
localidad. Además, tendrá derecho a una excedencia,
para su protección o su asistencia social integrada.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia se
percibirán retribuciones íntegras.
• Formación. Los empleados públicos podrán recibir y
participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad, paternidad, así como durante
las excedencias por motivos familiares.
• Adopción y fecundación. Derecho a un permiso de
dos meses en los supuestos de adopción
internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, manteniendo las retribuciones
básicas del salario. Se permitirá ausentarse de su
puesto para poder asistir a las sesiones de
fecundación. Además, si el parto es prematuro, se
conceden dos horas diarias de permiso. |
Domingo, 22 de enero de 2006
BARCELONA.
Un incendio calcinó ayer al mediodía un módulo
prefabricado de la cárcel de Quatre Camins, en La
Roca del Vallès. Era uno de los tres que se están
construyendo para ampliar la prisión, por lo que no
hizo falta evacuar a ningún recluso ni provocó daños
personales.
El aviso se dio sobre las 13.49 horas cuando,
posiblemente un soplete, según los Mossos d´Esquadra,
pudo originar el fuego, que no afectó a los otros
dos habitáculos. Hasta ocho dotaciones de los
Bomberos se desplazaron al lugar. El fuego se dio
por controlado sobre las 16.00 horas, aunque cinco
unidades permanecieron trabajando.
A la prisión se desplazaron el secretario de
Instituciones Penitenciarias, Rehabilitación y
Justicia Juvenil, Albert Batlle, y el director
general de Infraestructuras de la Conselleria de
Justicia, Salvador Illa, además del director del
centro y el responsable de la empresa constructora.
Justicia evaluará ahora si este incidente afectará a
la puesta en marcha de los módulos, que debían
albergar reclusos a finales de febrero. |
Domingo, 22 de Enero de 2006
Entrevista | Fernando
Romay Graña
El conocido letrado pontevedrés exige una mayor
implicación de la Administración y de la sociedad con
los reclusos, al tiempo que destaca el papel de la nueva
dirección de la prisión |
Fernando
Romay, abogado de la Comisión Penitenciaria de
Pontevedra, destaca que uno de los principales
problemas de la cárcel de A Lama se está subsanando:
«La escasez de funcionarios está siendo corregida
por un incremento de la plantilla».
-¿Cuál es la situación de la prisión?
-La situación penitenciaria está mejorando. No
obstante, quedan por resolver problemas como es el
hecho de que los presos no tienen qué hacer, están
en los patios sin trabajo, sin posibilidad de ganar
un salario y ninguna empresa pontevedresa o de otro
punto de la provincia les lleva trabajo. Cuando
existía la cárcel de A Parda, año 1971 o 1972, había
la empresa que empleaba a toda la cárcel, teniendo
en cuenta que había entonces sesenta presos.
-Sí, pero ahora son más de 1.500 reclusos...
-Los tiempos han cambiado, pero tampoco se puede
olvidar la masificación. Nuestro contacto, el de los
34 abogados que todos los jueves del año se turnan
para ir allí gratuitamente, nos permite observar que
los reclusos, cuando no encuentran un apoyo, una
referencia, vienen a nosotros con un problema
patológico de convivencia.
-Entonces, los cursos de formación no son una salida
para la población del penal.
-Son cursillos, pero si luego no tienen donde
continuar y donde obtener recursos, solo se quedan
en actividades meritorias para el expediente.
-¿Está diciendo que, una vez cumplida la condena, el
pasado es un lastre?
-Sí, pesa más el pasado que la formación. En esta
ciudad, como en las demás, hay una serie de presos
que nos hemos regenerado y que somos un exponente de
que, de una prisión, puede salir una persona
decente. Con antecedentes penales, pero decente.
-¿Qué es lo que falla?
-Creo que debería haber unos criterios de selección.
De tal modo que la Administración ponga los medios
suficientes para todos aquellos que la sociedad
puede apostar por su rehabilitación. ¿Hasta qué
punto compensa gastar dinero en una persona que no
va a trabajar?
-Pero, ¿no se trata de rehabilitar a todos?
-Me tocas la bestia negra del sistema penitenciario
español. No tengo conocimiento de los indices de
reincidencia. Sé que se habla de números altísimos,
que superan el 50% o más. Algunos presos dicen que
de los veinte que no vuelven, diez son delincuentes
ocasionales, cinco se mueren y otros tantos se
arrepienten.
-¿Vislumbra alguna posible solución?
-Hay que ir poco a poco. Pediría encarecidamente a
todos los pontevedreses que van a misa y son
cristianos buenos que le echasen un cable a don
Isaac, el párroco de A Lama. Tiene dos pisos para
acoger a presos sin recursos gratuitamente. Sé que
hay pisos desocupados y si hubiese que pagar los
gastos no habría problema. De este modo se podría
ayudar a este hombre en su cruzada.
-Por lo que cuenta, la sociedad pontevedresa parece
querer olvidar a sus presos.
-Pues sí. Pero no sólo la sociedad, la prisión es la
gran olvidada de los presupuestos de las
Administraciones. Sólo hay que pensar que no hay
autobuses que vayan a la cárcel y estamos hablando
de una población de 1.500 personas, más que muchos
pueblos de Galicia. |
