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16.11-06
| La Dirección General
de Instituciones Penitenciarias ha solicitado a la
Audiencia Nacional una nueva autorización para poder
controlar el estado de salud del preso etarra Ignacio de
Juana Chaos, con el fin de evitar que éste empeore,
informaron a Efe fuentes jurídicas. |
 Instituciones
Penitenciarias ha adoptado esta decisión una semana
después de que el histórico dirigente del 'Comando
Madrid' reiniciara una segunda huelga de hambre para
protestar por la condena de doce años y medio de
cárcel que le impuso este tribunal por un delito de
amenazas terroristas contra cinco responsables de
prisiones.
En concreto, ha pedido autorización para que se le
practiquen exámenes médicos para controlar su
evolución aunque éste se niegue y que comparta celda
con otro preso que pudiera alertar de cualquier
incidencia que se produzca en el interior de la
misma.
Las mismas fuentes explicaron que Instituciones
Penitenciarias ha adoptado esta decisión ante la
negativa de De Juana a ser sometido a exámenes
médicos para comprobar su estado de salud, por si en
algún momento corriera peligro.
La sección primera de la Sala de lo Penal, que lleva
el caso, estudiará mañana la petición, señalaron las
citadas fuentes, que expresaron su convencimiento de
que ésta se va autorizar, como se autorizaron otras
de estas características. |
16-11-06
Instituciones
Penitenciarias confima que el etarra tiene 'órganos
resentidos'
Si se estima necesario se ordenará su ingreso en un
centro hospitalario
Podrá estar acompañado en su celda por otro interno |
La
Audiencia Nacional ha autorizado a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias los
controles médicos necesarios, incluido el ingreso
hospitalario, para vigilar la salud de José Ignacio
de Juana, que podrá estar acompañado en su celda por
otro interno. El etarra se encuentra en huelga de
hambre desde hace diez días.
En un auto notificado hoy, la Sección Primera de la
Sala de lo Penal de este tribunal dispone, "cuando
los facultativos lo consideren oportuno, la
realización de cuantos controles se estimen
necesarios para evaluar el estado físico del
interno, así como su ingreso en un centro
hospitalario si así lo estimaren necesario".
El tribunal también autoriza a Prisiones "la
adopción de cuantas medidas considere necesarias de
control personal del interno, incluida la
posibilidad de ser acompañado de otro interno en su
celda.
Órganos dañados
El preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, que
reinició hace diez días una huelga de hambre para
protestar por la condena de doce años y siete meses
de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional por
amenazas terroristas, tiene "varios órganos
resentidos".
Así lo aseguraron fuentes de Instituciones
Penitenciarias, que recordaron que hasta ahora
ningún preso ha estado tanto tiempo sin comer como
De Juana, que estuvo más de dos meses sin ingerir
alimentos, entre el 7 de agosto y el 8 de octubre.
Por este motivo, la salud del preso "se ha
deteriorado y tiene varios órganos resentidos",
explicaron las mismas fuentes, que apuntaron que
además De Juana ya había realizado con anterioridad
otras huelgas que le han llevado a tener un estado
de salud "delicado".
Ante esta situación, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias solicitó a la Audiencia
Nacional una nueva autorización, la segunda desde
que ETA decretara el alto el fuego permanente, para
poder controlar la salud del preso.
Ayunos en protesta contra la justicia
El preso de ETA Ignacio de Juana Chaos, que cumple
condena en la prisión de Madrid VI-Aranjuez, inició
el pasado día 7 de noviembre una nueva huelga de
hambre. Desde entonces, el ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado en
reiteradas ocasiones que, en caso de que fuera
necesario, De Juana Chaos sería alimentado
forzosamente para impedir el deterioro de su salud.
Esta decisión de De Juana Chaos supone retomar la
huelga de hambre que protagonizó entre el 7 de
agosto y el 9 de octubre para protestar por su
procesamiento en la causa por amenazas, una
actuación judicial que evitó que fuera excarcelado
en agosto de 2005 tras cumplir 18 años de prisión
del total de 3.000 con los que había sido condenado
por cometer 25 asesinatos. El pasado día 8 la
Audiencia Nacional le condenó a 12 años y 7 meses de
cárcel por amenazas terroristas, con la agravante de
reincidencia, que vertió en dos artículos en el
diario 'Gara' en diciembre de 2004 contra el
presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y cinco directores
de prisiones.
Nada más conocer la sentencia, el etarra solicitó
por escrito a la dirección del centro penitenciario
de Aranjuez ser sometido a un régimen de aislamiento
y que se impida que pueda recibir visitas, con el
fin de evitar que se especule con la idea de que
incumple la huelga de hambre, que aseguraba que
llevaría hasta sus últimas consecuencias. Ésta es la
tercera ocasión en la que De Juana se somete a una
huelga de hambre, ya que utilizó esta forma de
protesta en los años 90, lo que le produjo daños en
un riñón de los que ya se encuentra recuperado. |
16-11-06
| El
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados llevará a cabo una 'ofensiva' en relación a la
evolución de toda la política penitenciaria y, en
particular, sobre el 'disparate' que 'empieza a
extenderse' de que 'frente a la situación de las
cárceles, se diga que hay que intentar vaciarlas'. |
En
rueda de prensa en la sede del PP, el secretario
ejecutivo de Libertades Públicas, Justicia y
Seguridad, Ignacio Astarloa, señaló que 'una de las
mayores preocupaciones' de su partido en la gestión
del Ministerio del Interior es la política
penitenciaria.
'En la política penitenciaria en
este país en los últimos años no se han hecho más
que disparates', apostilló.
Astarloa anunció que en sede
parlamentaria 'vamos a vivir una ofensiva del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la evolución
de toda la política penitenciaria y, en particular,
con algo que nos produce una inquietud
extraordinaria'.
'No es ya que existan problemas de
masificación en las cárceles o que no haya una
política de previsión sobre la creación de nuevos
centros penitenciarios, es que empieza a extenderse
el discurso de que como el incremento de la
criminalidad es tan grande y empiezan a estar tan
llenas las prisiones de delincuentes, habría que
empezar a pensar fórmulas que permitiesen vaciar las
prisiones', señaló.
El dirigente del PP dijo que no
sabe 'cuál es la mente obtusa que está lanzando
estas ideas', que él calificó de 'disparate'.
Tras afirmar que el Gobierno debe
'asumir que se está produciendo un incremento
gravísimo de la delincuencia' y que, en
consecuencia, 'cada vez hay más presos en la
cárcel', reclamó que no se hagan planteamientos de
'ver cómo somos capaces de idear fórmulas para que
puedan salir de la cárcel los que tienen que estar
en la cárcel'.
'Es un disparate que frente a la
situación de las cárceles se diga que hay que
intentar vaciar las cárceles', aseveró Astarloa,
quien agregó que el planteamiento del PP es que 'los
señores que tienen que estar en la cárcel tienen que
estar en la cárcel'. |
17/11/06
Veintiséis
cárceles españolas, entre ellas la de El Dueso, en
Santoña (Cantabria), participan en un estudio sobre
el tratamiento de la hepatitis C, una patología que
afecta al 33 por ciento de los presos y que según
los expertos puede curarse hasta en el 85 por ciento
de los casos si se completa la medicación.
En el estudio 'Ribadot', que comenzó hace cuatro
meses, está previsto hacer el seguimiento de unos
250 internos infectados con el virus de la hepatitis
C, explicó en rueda de prensa el coordinador del
mismo, el doctor Pablo Saiz de la Hoya, médico del
centro penitenciario de Alicante, con motivo del VI
Congreso de la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria que se inauguró ayer en Zaragoza.
La alta prevalencia de esta patología -el 33 por
ciento en las prisiones españolas- la ha
convertido en el nuevo reto de la sanidad
penitenciaria, una vez que se ha conseguido reducir
la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) hasta un 10 por ciento en la población
penitenciaria, agregó.
Además, aproximadamente la mitad de los infectados
por el virus de la hepatitis C tienen el VIH, una
confección que, dijo, está considerada como un
problema sanitario de primer orden. Sin embargo al
contrario que el VIH, la hepatitis C tiene cura
entre el 40 y el 85 por ciento de los casos -en
función del genotipo del virus y de la confección
con el virus del sida- a los seis meses de acabar el
tratamiento que, dado que puede durar hasta un año,
muchos pacientes lo abandonan, señaló Saiz de la
Hoya.
Tratamiento
En opinión del doctor, es muy importante conseguir
una buena adherencia de los pacientes al tratamiento
algo que, aunque las cárceles tienen muchos
inconvenientes, puede ser más fácil para los
pacientes internados en ellas, dijo.
Por ello se ha impulsado el citado primer estudio
multicéntrico en España sobre el tratamiento de la
hepatitis C en 26 cárceles (seis de Andalucía,
cuatro de Cataluña y el mismo número de la Comunidad
Valenciana, tres de Madrid, dos de Castilla y León y
una de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La
Mancha, Cantabria, Extremadura y Murcia).
Aunque por el momento se han incluido sólo 70
pacientes, su coordinador informó de que se prevé
llegar hasta 250 y que los resultados se verán
previsiblemente en septiembre de 2008. Será entonces
cuando se constate si, como pretende 'Ribadot', se
ha reducido o no la transmisión de esta patología
entre internos. |
18/11/06
| Gallizo dice que la
seguridad requiere políticas de reinserción |
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, anunció ayer que está previsto que
las obras de la cárcel de Albocàsser concluyan a
finales de 2007, las cuales «van a buen ritmo y ya
están ejecutadas en un 20%». Según dijo, «será un
centro tipo, con casi 1.300 celdas funcionales, con
infraestructuras muy importantes para posibilitar
talleres productivos, con una calidad importante y
con las mejores medidas de seguridad». Gallizo
realizó estas declaraciones antes de la clausura del
VI Congreso sobre La integración, debate abierto,
celebrado por la organización Patim en la UJI.
Apuntó que en la construcción del centro de
Albocàsser «se introducirán muchas mejoras desde el
punto de vista bioclimático, para aprovechar las
energías y la reutilización de todo lo que se
consumo en el centro, por lo que será un orgullo
para nuestro sistema penitenciario y la provincia
que lo acoge».
Por otra parte, explicó que no hay previsión de
cerrar el centro penitenciario de Castelló, «ya que
el sistema, en estos momentos, no está en
condiciones de cerrar muchas cosas, pues hay un
problema de plazas muy importante», aunque aclaró
que «en el futuro, si la población reclusa se
estabiliza, quizás podamos plantearnos prescindir de
algunas infraestructuras viejas».
Así mismo, Gallizo explicó que el Plan de Centros
incluye un centro más en la Comunitat Valenciana,
concretamente en la provincia de Valencia. Al
respecto, indicó que se está ultimando la
adquisición de terrenos donde se ubicará, y que en
este proyecto «hemos querido contar con la Comunitat
Valenciana para tratar la ubicación, por lo que será
de mutuo acuerdo». Según dijo, «próximamente
tendremos el terreno adquirido y podremos empezar a
desarrollar el proyecto».
Reincidencia del 50% de reclusos
Gallizo, aseguró ayer que la política de seguridad
requiere «que alejemos las razones que llevan a
algunas personas al delito y que hagamos políticas
de tratamiento y reinserción eficaces, así como un
sistema moderno, preparado y bien dimensionado». Al
respecto, aseguró que el índice de reincidencia de
la población reclusa española se sitúa en torno al
50%, «por lo que nuestra responsabilidad es evitar
la reincidencia con programas de tratamiento que
alejen a la gente del delito en cuya base de
comisión del delito está la drogodependencia, la
enfermedad mental o la marginalidad».«En esta tarea
-dijo- la colaboración de la sociedad y de
organizaciones como Patim es fundamental en el tema
de drogodependencia y en las políticas de
tratamiento dirigidas a personas condenadas por
delitos de maltratos, donde Patim está desarrollando
una gran actividad, tanto en el interior como en el
exterior». |
18/11/06
| Gallizo apuesta en
Castellón por realizar programas que consigan disminuir
el riesgo de volver a delinquir. La directora de
Prisiones apoya la iniciativa para rehabilitar a
maltratadores del penal castellonense |
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, apuntó ayer en
Castellón que la población reclusa tiene un alto
nivel de reincidencia, con unas cifras cercanas al
50%.
Gallizo, quien asistió al acto de clausura del VI
Congreso de Patim, destacó que estas son unas cifras
históricas que tiene el sistema penitenciario. Por
ello, dijo: "Nuestra responsabilidad es evitar la
reincidencia, desarrollando programas de tratamiento
que alejen a la gente del delito". Y "si en la base
de su actividad delictiva --añadió Gallizo-- está la
drogodependencia, la enfermedad mental o la
marginalidad, seamos capaces de desarrollar un
trabajo lo suficientemente eficaz como para que esa
persona vuelva a la sociedad en las mejores
condiciones de reinsentarse".
En este sentido, calificó la labor de organizaciones
como Patim como "fundamental" e "imprescindible",
porque de lo contrario, el trabajo de la
administración penitenciaria y del Estado se
quedaría "corto", sobre todo, en materia de
drogodependencias y políticas de tratamiento
dirigidas a condenados por delitos de agresión
contra las mujeres, donde trabaja Patim.
Por su parte, Carmen Moya, delegada del Plan
Nacional sobre Drogas, recordó que buena parte de
las personas privadas de libertad han tenido o están
relacionadas con el consumo de drogas antes de
entrar a prisión. Y alertó de los nuevos "perfiles
de consumo", que ya no son de heroína, sino de
otras, como cocaína, cannabis y alcohol. Se trata de
un hecho que, dijo, obliga a "adecuar las
estructuras y los dispositivos para hacer frente a
las nuevas necesidades". En este sentido, se refirió
a una encuesta realizada en el 2005/06 sobre 5.000
personas para conocer la problemática de las
prisiones.
El presidente de Patim, Francisco López, destacó, en
la lectura de conclusiones, la necesidad de que se
apruebe una ley supraterritorial que regule la
creación de las empresas de inserción y la creación
de un órgano rector que vele por la correcta gestión
y coherencia de las mismas.
La oenegé apuesta por la creación de entidades de
este tipo, que son "alternativa" para lograr la
inserción de colectivos de riesgo. La diferencia de
estas respecto al resto de firmas privadas es que la
reinserción debe mantener un equilibrio entre los
criterios sociales y empresariales.
Asimismo, destacó que desde los centros de día
especializados en adicciones se apuesta por una
integración sociolaboral abierta a otros colectivos
en riesgo de exclusión, como las mujeres
maltratadas, los parados de larga duración o los
inmigrantes. |
18/11/06
CÓRDOBA.
El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman
16 años de prisión para un preso, J.J.G, su madre,
D.G.R., y dos hermanas, ambas con las mismas
iniciales, M.J.G., a los que se acusa de un delito
contra la salud pública por intentar introducir más
de 80 gramos de cannabis en el centro penitenciario.
En su calificación provisional, el fiscal asegura
que el acusado J.J.G. se encontraba interno en la
Prisión Provincial de Córdoba el 22 de marzo de 2005
y concertó con su madre y sus hermanas una operación
para intentar introducir drogas en la cárcel. En
concreto, asegura que la madre, D.G.R., y las dos
hermanas, entregaron al acusado durante un «vis a
vis» 500 papelinas que escondió en sus calzoncillos,
así como otros diez pequeños paquetes que luego
guardó en el estómago para facilitar su entrada en
la prisión y que, en total, contenían más de 80
gramos de cannabis.
Las sustancias intervenidas hubierna tenido un valor
en el mercado de 269,87 euros, de un lado y, 73,65,
de otro.
En opinión del fiscal, los acusados son responsables
de un delito contra la salud pública, en su
modalidad de sustancia que no causa grave daño para
la salud, y solicita para cada uno de ellos cuatro
años de prisión y 600 euros de multa. Los hechos
serán juzgados el próximo mes de enero por el
titular del Penal 1 de Córdoba. |
19/11/06
La
sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de
la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)
denunció hoy la agresión sufrida por un funcionario
de la cárcel de Albolote (Granada) por parte de un
interno cuando era trasladado al departamento de
aislamiento tras un incidente.
Según informó el sindicato en un comunicado, el
funcionario, de 50 años y delegado y miembro de la
Junta de Personal de la Administración General del
Estado por Acaip, sufrió "múltiples lesiones en
cabeza, cara, ojos, nariz, así como la pérdida de un
diente" como consecuencia de la agresión, que tuvo
lugar ayer.
Los hechos se produjeron cuando un interno del
módulo 4 de la prisión granadina, identificado como
C.J.P., era trasladado al departamento de
aislamiento tras haber protagonizado un incidente en
el citado módulo.
El sindicato hizo un llamamiento a los responsables
administrativos y políticos sobre la "extrema
peligrosidad" a la que están sometidos los
funcionarios penitenciarios, y en especial los de la
"macroprisión" de Albolote, debido a la "escasez de
personal".
La de Albolote es la cárcel que cuenta con la menor
plantilla de funcionarios de todos los centros
denominados 'Tipo' de España, así como la de más
edad media, según el sindicato, que advierte de "las
preocupantes tasas de hacinamiento" que registra
este centro.
Según Acaip, con éste son tres los funcionarios del
centro penitenciario granadino que se encuentran de
baja en el servicio como consecuencia de hechos
similares ocurridos este año.
Estas circunstancias "están consiguiendo minar la
moral de los trabajadores" del centro al encontrarse
"en multitud de ocasiones impotentes ante
situaciones" como la ocurrida ayer, en la que se
pone "en serio peligro la integridad física y
psicológica" de los trabajadores, "así como su
propia vida".
El sindicato insta a los responsables del centro
penitenciario a que tomen las medidas oportunas para
que no vuelvan a producirse agresiones de este tipo
en la cárcel granadina.
|
19-11-06
El
alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín
Villanova, afirmó que desde el Ayuntamiento esperan
una respuesta por parte de Instituciones
Penitenciarias en relación a la propuesta realizada
de ceder terrenos cercanos a la cárcel malagueña,
ubicada en dicha localidad, para crear un centro de
empresas "que den trabajo a los reclusos".
Villanova dijo que esta propuesta ya la había
realizado cuando la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, visitó la cárcel y
recordó que también expuso públicamente la
iniciativa, que calificó de "pionera en España", el
Día de La Merced, "pero no hemos entablado
conversación alguna al respecto", señaló en
declaraciones a Europa Press.
La propuesta, explicó, consiste en la cesión de una
parte de los terrenos que el Ayuntamiento tiene en
propiedad y que están calificados como industrial
"para ponerlos a disposición de Instituciones
Penitenciarias y así construir unas naves y unos
talleres para que se pudieran implantar empresarios
malagueños con la obligación de ofrecer trabajo".
Señaló que las naves, situadas en el polígono
industrial La Moraga cerca del centro penitenciario,
"serían de cesión gratuita, como un vivero de
empresas durante un período máximo de cinco años".
De este modo, dijo, "a los jóvenes emprendedores
malagueños que no tienen posibilidad de comprar una
nave, se les facilitaría el montaje de una industria
y la única obligación que tendría el empresario
sería la de dar trabajo a los penados, internos que
bien han finalizado la condena o que estuvieran en
tercer grado".
Para poder acceder al tercer grado, explicó
Villanova, "uno de los requisitos básicos es que el
penado tiene que tener trabajo, y para ello es
necesario que el mercado laboral lo sepa aceptar".
Subrayó que "lo principal es la reinserción de los
presos, poder darles la oportunidad de insertarse en
el mercado laboral".
Con esta propuesta, matizó el primer edil,
"colaboraríamos mucho en la reinserción de estos
trabajadores, facilitaríamos puestos de trabajo,
incluso se generaría riqueza". En este sentido,
subrayó la dificultad de muchos penados para
reincorporarse a la vida laboral.
"Es un proyecto precioso, una buena idea, pionera en
España que podría difundirse por el resto del país y
ejecutarse, porque es una propuesta que permitiría
la reinserción de presos que no sólo cumplen su
condena sino que tienen una familia, incluso después
de su jornada laboral volverían a dormir al centro
penitenciario", manifestó Villanova.
En el caso de que Instituciones Penitenciarias
respondiera a la propuesta, Villanova explicó que
"habría que redactar un proyecto de ejecución de
obras de las naves, facilitar la financiación a
través del Estado y que el Ayuntamiento mantuviera
su propuesta con Instituciones como si de una
sociedad se tratara en la que ésta pusiera una parte
de la inversión y nosotros los terrenos". |
20-11-06
PANCHO PURROY
HE
LEÍDO por ahí, en la prensa derechona, que estar preso en
España es un chollo, que el estado se gasta por año unos
35.000 euros por recluso, que los centros de Instituciones
Penitenciarias parecen hoteles de lujo donde los internos
-ya sin cadenas, bola de hierro ni látigo que los azote- se
dedican a tumbarse a la bartola, fumar porros, bañarse en la
piscina, hacer pesas en el gimnasio para ponerse cachas y
apolíneos, e incluso follan más que en la calle, mientras
los funcionarios se dedican a abanicar a los condenados y
suministrarles ricas comiditas.
Para observar este presunto paraíso de vicio y lujo en el
centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, tras conectar
con el director José M. Cendón y el jurista Rafael Martínez,
acudimos a presentar el proyecto AVUMAN (Hombre y avutarda
en Mansilla), en cooperación con la Sociedad Española de
Ornitología -SEO/BirdLife- y la Universidad de León. En el
salón de actos, con Victorino Díaz, fotógrafo de pájaros del
Esla, explicamos que haremos tres cosas: salidas de campo a
Los Oteros para ver aves de secano, desde la avutarda a la
alondra; trabajos remunerados que mejoren el hábitat de la
fauna montaraz en los ayuntamientos vecinos al centro, y,
cursos de talla de madera, escayola y artesanía del hilo que
elaboren artesanías con motivos animales, desde bastones con
empuñadura de cabezas de aves a figuras de especies señeras
como el oso, la perdiz roja, el guacamayo rojo o la víbora,
esta última comprable como regalo para la suegra por parte
de esposos despechados.
Pocas veces he sentido tanta fraternidad y trato educado
como el recibido de esta gente, ávida de empezar una honesta
vida en la calle cuando finalice su pena. En el circuito
interno de televisión, Canal Amistad, los locutores Jean M.
Maignent y Luis Vidal, preguntaban con total libertad sobre
lo interesante de ligar naturaleza y cárcel, en una sociedad
que evoluciona de creer que el penado es escoria a ayudarlo
a vivir en paz.
|
20-11-06
| Diez municipios de
Castelló ofrecen hasta treinta plazas para la
rehabilitación por delitos leves |
El
Gobierno ofrece actualmente la posibilidad de que
los presos condenados por delitos leves puedan
redimir penas mediante trabajos en beneficio de la
comunidad. En la provincia de Castelló, hasta 30
ayuntamientos ofertan planes de este tipo, pero tan
sólo siete reclusos se benefician de ellos a fecha
de hoy.
Esta medida de penas por trabajos es fruto de los
convenios que la Prisión Provincial de Castelló ha
firmado con los diferentes municipios interesados.
En principio sólo los condenados a menos de dos años
de prisión podrían acogerse a este derecho, pero
paradójicamente no son muchos los que finalmente
cursan la solicitud. Según fuentes penitenciarias,
resulta complicado determinar cuáles son los
factores de este desinterés, aunque probablemente
estén relacionados con la falta de expectativas
laborales que sufre la población reclusa. Para la
mayoría de los presos, estos planes sólo sirven para
mantenerse ocupados durante los años de condena.
Pero una vez que salen a la calle, difícilmente
encuentran un trabajo. Además, existe un obstáculo
añadido: sólo se pueden acoger a los programas
aquellos presos que hayan nacido en los municipios
que consten en el convenio, con lo cual las
posibilidades se reducen aún más. Los únicos
ayuntamientos que figuran en el plan son, hasta la
fecha, los de Aín, Benicàssim, l'Alcora, Alcudia de
Veo, Vilavella, Onda, Peñíscola, Torreblanca, Eslida
y Borriol. En general, los trabajos son de esfuerzo
físico, casi siempre en tareas de mantenimiento, y
apenas están recompensados económicamente, lo que
retrae al interno.
Aunque el Gobierno está tratando de mejorar las
condiciones de vida de los internos, dentro y fuera
de las prisiones, parece que la reinserción social
sigue siendo una utopía en nuestro país.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró en una
reciente visita a Castelló que el nivel de
reincidencia entre los presos de Castelló es del
orden del 50% y añadió que la política de seguridad
requiere «que alejemos las razones que llevan a
algunas personas al delito y que hagamos políticas
de tratamiento y reinserción eficaces, así como un
sistema moderno, preparado y bien dimensionado».
Al respecto, aseguró que el índice de reincidencia
de la población reclusa española se sitúa en torno
al 50%, «por lo que nuestra responsabilidad es
evitar la reincidencia con programas de tratamiento
que alejen a la gente del delito, en cuya base para
su comisión está la drogodependencia, la enfermedad
mental o la marginalidad». «En esta tarea -dijo
Gallizo- la colaboración de la sociedad y de
organizaciones como Patim es fundamental en el tema
de drogodependencia», insistió al directora general. |
20-11-06
|
La Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria organiza un simposio científico sobre
hepatitis C |
Zaragoza
(20-11-2006). En España, el 35 por ciento de la
población reclusa, más de 21.000 personas, está
infectada por el virus de la hepatitis C y seis de
cada diez ya ha desarrollado enfermedades del hígado
de carácter grave. El consumo de drogas
intravenosas, práctica habitual en el 35 por ciento
de los internos en centros penitenciarios,
constituye el principal medio de transmisión de
VIH/SIDA y hepatitis C y, de hecho, los expertos
estiman que nueve de cada diez pacientes infectados
por el VIH lo están también por el virus de la
hepatitis C, estimándose que puede haber 6.000
reclusos coinfectados por ambos virus.
Ante esta situación, expertos presentes en el
simposio “Hepatitis C: un camino por delante”,
organizado con la colaboración de Schering-Plough en
el marco del VI Congreso de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria, han analizado las necesidades
específicas de los pacientes en los centros
penitenciarios. Las investigaciones muestran que la
infección por VIH provoca una evolución rápida hacia
enfermedad hepática grave en pacientes ya infectados
previamente con el virus de la hepatitis C. De
hecho, tal y como afirma el doctor Pablo Saiz de la
Hoya, especialista del centro penitenciario de
Alicante y moderador del encuentro, “las
enfermedades hepáticas ya son la primera causa de
mortalidad en los pacientes coinfectados, superando
a la mortalidad producida directamente el virus
VIH/SIDA”.
En este sentido, el especialista señala que “el
aumento de la esperanza de vida de los afectados por
infecciones virales provocará en los próximos años
un incremento de la incidencia de la enfermedad
hepática grave asociada al virus de la hepatitis C
en el medio penitenciario”.
Por otra parte, el desarrollo científico ha
permitido la administración de fármacos de gran
eficacia que permiten a los pacientes convivir de
manera crónica con el virus del VIH/SIDA pero, tal y
como recuerda Saiz de la Hoya, “a la vez esto da más
tiempo para que una hepatitis crónica no controlada
progrese a fases avanzadas cuyas complicaciones
pueden terminar con la vida del paciente”.
A este respecto, los expertos hacen hincapié en que
el tratamiento de la hepatitis C debe ser igual que
para el resto de pacientes no ingresados en un
centro penitenciario.
Optimizar el tratamiento
Asimismo, las últimas investigaciones presentadas en
este simposio han permitido establecer un nuevo
abordaje de los pacientes coinfectados basado, según
afirma el doctor Josep Mallolas, consultor del
servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Clìnic de Barcelona, “en optimizar el tratamiento,
atendiendo a la situación personal e individual del
paciente para establecer el momento óptimo para la
administración de los tratamientos, mejorar el
pronóstico y detener la evolución de la enfermedad
hepática”. |
20-11-06
| La
dirección de la Prisión Provincial de Córdoba ha aislado
a ocho internos que el pasado sábado participaron en un
motín en el centro penitenciario, en el que resultaron
heridos cuatro presos -tres leves y uno grave- y tres
funcionarios -todos leves-. |
La
directora de la Prisión Provincial de Córdoba, Elena
Puerta, explicó hoy a Efe que ésta es la primera
medida que se adopta para 'garantizar' la
convivencia en el interior del centro penitenciario,
que fue 'puesta en peligro'.
El pasado sábado, alrededor de las
18 horas, un grupo de internos se amotinó en un
patio y retuvo a varios funcionarios, después de que
dos de los presos comenzaran a pelearse y los
trabajadores del centro intentaran sofocar la riña.
Puerta señaló que tras la llegada
de funcionarios de refuerzo pudieron atajar el
amotinamiento y los presos implicados en el suceso
fueron separados y aislados.
Después de esta medida, un médico
revisó el estado de los internos porque 'el
aislamiento tiene que conllevar unas garantías para
la salud de los presos'.
A partir de ahora, la junta de
tratamiento del centro penitenciario tendrá que
estudiar las medidas disciplinarias que aplicará a
los involucrados en el disturbio.
La directora del centro
penitenciario calificó a los implicados en el suceso
como internos 'con una trayectoria complicada' y se
encontraban en régimen de segundo grado |
20-11-06
| Los
aproximadamente veinte internos del centro penitenciario
de Córdoba que el pasado sábado participaron en un
motín, de los cuales ocho se encuentran en aislamiento,
ya habían participado en otros altercados. |
La
directora de la prisión cordobesa, Elena Puerta,
explicó a Efe que la mayoría de estos internos
presenta un perfil similar con problemas de
desajuste y adaptación a la vida en prisión y
multirreincidencia en comportamientos de este tipo.
Añadió que, precisamente, el
módulo en el que ocurrió la revuelta está ocupado
por 48 internos que, con independencia de los
delitos por los que estén cumpliendo condena,
presentan una trayectoria de 'comportamiento
complicado' que impide el normal desarrollo de las
actividades de los otros presos.
Afirmó que en el momento de los
hechos había en el patio una veintena de presos, si
bien no todos participaron en el altercado, que
comenzó cuando dos de estos presos conflictivos
iniciaron una pelea por rencillas personales.
La directora de la prisión aseguró
que 'no suelen ocurrir' este tipo de incidentes
graves gracias a la profesionalidad de los
funcionarios, que consiguen controlarlos, si bien a
veces 'se calientan los ánimos'.
Elena Puerta indicó, además, que
las ocho personas que se encuentran en aislamiento
son las que tuvieron una implicación más directa en
la trifulca, ya que 'la primera medida inmediata que
se toma es para garantizar la seguridad física de
los internos y los funcionarios y mantener el orden
en el resto de la prisión'.
Añadió que, a partir de ahora se
inicia un proceso para determinar el grado de
participación de cada uno de los internos que se
encontraba en el patio, de tal forma que la junta de
tratamiento estudiará si debe ser revisado el grado
de alguno de ellos, una propuesta que resolverá la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Al margen de esto, la aplicación
de alguna medida disciplinaria debe ser notificada
al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que es el
órgano judicial encargado de velar por las garantías
y los derechos de los internos.
Además, los hechos en sí han sido
notificados al Juzgado de Guardia para que valore si
el comportamiento de estas personas puede ser
constitutivo de algún delito o falta.
La directora de la prisión explicó
que varios de los internos que participaron en el
altercado estaban armados con 'pinchos' o armas
caseras, 'objetos prohibidos cuya posesión es motivo
de sanción'.
En el altercado resultaron heridos
leves tres funcionarios con erosiones y contusiones,
ya que los internos les arrojaron parte del
mobiliario, así como cuatro internos, tres leves y
uno de carácter moderado por presentar algún
pinchazo superficial.
No obstante, ninguno de los
afectados ha necesitado atención en un centro
sanitario. |
21/11/06
SEVILLA.
Las cárceles andaluzas están desbordadas. Los
índices de masificación se acercan al 170% lo que
quiere decir que en la mayor parte de los centros
hay 500 presos más de los que estaban previstos. Y
si los centros están desbordados, los funcionarios
que se encargan del orden y la seguridad lo están
aún más, pues su número no aumenta a la par que el
de los condenados. Sumese a eso que los funcionarios
envejecen, que el hacinamiento incita a las peleas y
que con tanto preso no hay reinserción posible y he
aquí el caldo de cultivo ideal de la violencia:
agresiones y motines empiezan a ser noticia diaria.
Los sindicatos en los que se agrupan los
funcionarios de prisiones no paran de denunciar y de
advertir que el colapso del sistema penitenciario es
inminente. Tanto
Acaip como CSIF dos de las
centrales sindicales mayoritarias en el sector
coinciden en las advertencias: aumentan los presos,
pero no los funcioanrios que se encargan de ellos.
El hacinamiento de presos (una media en las cárceles
andaluzas del 168 %) provoca según CSIF «caos en los
centros y unas alarmantes situaciones de
inseguridad»; Acaip denuncia que mientras los
presos han aumentado en los últimos años en un 34 %
el número de funcionarios lo ha hecho sólo en un
7,95 por ciento y que, además, gran parte de estos
últimos están dedicados a tareas administrativas.
Acaip denuncia también el envejecimiento
de los funcioanrios (el 57% tiene más de 40 años y
sólo un 5,7 menos de 30) y la mala salud de los
mismos debida a las duras condiciones de trabajo (el
60,7 sufre estrés, el 64,2 fatiga mental, el 42,8
angustia y ansiedad; el 25 % miedo a enfrentarse al
trabaj0; y el 41,9 alteraciones del sueño, entre
otros síntomas).
Clima «tenso»
Por su parte, CSIF hace hincapié en que dadas las
condiciones de masificación y de falta de personal
«es imposible llevar a cabo una política de
reinserción, pues no se cuentan con los medios ni
materiales ni humanos para ello». Asimismo, este
sindicato asegura que el clima actual en los centros
es «tenso», que las infraestructuras se encuentran
en pésimo estado; y que los sistemas de seguridad
están «obsoletos o son insuficientes». También
denuncian que los talleres y la formación de
reclusos son «mínimas» y que como consecuencia «la
ociosidad y la falta de espacio están haciendo
crecer la conflictividad». |
21/11/06
| Quedan aún al menos
ocho meses, según los cálculos más optimistas, para que
se inicien las obras del segundo centro penitenciario de
la Región, que lleva el nombre provisional de Levante I,
pero ya se conoce al menos la dotación de funcionarios y
su estructura, según los datos aportados por el
Ayuntamiento de Campos del Río e Instituciones
Penitenciarias. |
Ubicado
sobre una parcela de 400.000 metros cuadrados, de
los que una cuarta parte será construida, Levante I
será similar en su estructura a la cárcel de Villena
o la de Puerto de Santa María III. De hecho, el
penal gaditano ha servido de plantilla base para los
futuros 15 nuevos centros -incluido el murciano- que
se prevé levantar hasta el año 2012. Se trata de un
rectángulo de 300 metros de ancho y 330 de largo, en
el que se instalarán 14 módulos que albergarán 1.024
presos.
Salvo la torre central de vigilancia, la altura del
penal no superará los 12 metros. Según las primeras
estimaciones, Levante I contará con una plantilla de
800 funcionarios, a los que hay que sumar 40
guardias civiles para su vigilancia. El trazado del
acceso al futuro centro aún no ha sido decidido, ya
que existen dos nudos en la autovía del Noroeste que
podrían servir como enlace, el de Albudeite y el de
Campos del Río, aunque esta última opción, pese a
ser la más larga (4,4 kilómetros) es la preferida
por el alcalde de Campos del Río, Ricardo Valverde.
El acceso contaría con cuatro carriles y tendría
unos 40 metros de ancho.
El centro -que consumiría unos 1.100 metros cúbicos
de agua diarios- tendrá asegurado el suministro a
través de los depósitos de Albudeite, ya proyectado
por la Mancomunidad del Taibilla; y uno nuevo que se
construirá en Campos del Río con un coste de un
millón de euros y capacidad para 5.000 metros
cúbicos. Una subestación eléctrica pegada a la
cárcel garantizará a su vez el suministro eléctrico.
La expropiación de los terrenos en los que se
levantará la cárcel está prácticamente concluido, ya
que sólo resta reclamar un 2 por ciento de suelo de
propietario desconocido. Según fuentes municipales,
Instituciones Penitenciarias ha pagado a los
propietarios 3 euros por metro, 'un precio similar
al terreno urbanizable'.
|
21-11-06
El
pleno del Consejo Fiscal estudiará hoy el borrador de su
informe sobre la reforma del Código Penal, en el que se hace
una defensa cerrada de la inclusión en el texto de las penas
alternativas a la prisión. El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en su informe sobre el mismo asunto había
criticado en términos muy duros que se recogieran ese tipo
de penas, que van desde los arrestos de fin de semana, a la
libertad vigilada o a la localización permanente.
Así, respecto a los arrestos de fin de semana el documento
asegura que su inclusión «es plenamente adecuada y permite
augurar el futuro éxito de la misma», al tiempo que señala
que si en el pasado no funcionó fue porque «el legislador no
la planificó adecuadamente, al no reservarla para el perfil
de delincuente ocasional con vinculaciones familiares y
sociales. El error del legislador del Código de 1995 fue el
configurar la pena no como una pena sustitutiva sino como
una pena principal».
El Consejo Fiscal propone que para mayor seguridad jurídica
se establezca «expresamente la equivalencia» entre el
arresto y las penas de prisión y sugiere que se recupere el
criterio inicial de que cada fin de semana corresponda a dos
días de privación de libertad.
En cuanto a la localización permanente, el borrador del
informe del Consejo Fiscal asegura que la potenciación de
esta pena «permite evitar los efectos perjudiciales de la
reclusión en establecimientos penitenciarios». «La
limitación de su aplicación a las faltas -añade el
documento- se basaba en que su modesto alcance aflictivo
hace que esta pena no la hacía idónea para poder ser
utilizada para castigar delitos. Sin embargo, este argumento
entendemos que no es definitivo, pues existen supuestos en
los que las conductas delictivas no son sancionadas (al
acordarse la suspensión o la expulsión sustitutiva) o son
sancionadas con penas que suponen privaciones de bienes de
rango inferior (las multas atacan al patrimonio, mientras
que la localización permanente implica una efectiva
privación de libertad)». Alaba igualmente que se recoja en
la reforma del Código Penal la utilización de medios
telemáticos.
Asimismo, sobre la pena de libertad vigilada, la considera
como una «relevante novedad» que merece un juicio positivo
por su carácter casi preventivo y cautelar.
El borrador del informe, de 256 páginas, que avala las
novedades del proyecto de Código Penal, también es favorable
al tratamiento que se da a los delitos relativos a la
manipulación genética, otro de los aspectos que criticaba el
CGPJ. Para los fiscales «los avances tecnológicos en la
investigación genética han evidenciado que la legislación
vigente en la materia «se ha quedado anclada en una realidad
ya superada».
|
21-11-06
| INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS RECUERDA QUE LAS PLAZAS SON FUNCIONALES
Está diseñado para 1.008 presos y acoge a más de 1.700,
según CSIF.
Acaip habla de hacinamiento y cifra en un 175% la
sobrepoblación. |
La
Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) y la
central sindical CSI--CSIF destacan en sendos
comunicados de prensa que este altercado tiene como
origen la masificación de la prisión provincial de
Córdoba y la falta de personal adecuada a la
situación real.
La saturación de la cárcel de Córdoba en lugar de decrecer
o mantenerse registra un ascenso continuo de internos, según
ha denunciado CSI--CSI en varias ocasiones. La población
reclusa de Córdoba ascendía a 1.729 presos y en cuatro meses
ha subido a 1.766, un 2% más. La capacidad de la cárcel es de
1.008 internos, con lo que con la cifra de presos actual, el
centro acoge a un 75% más de reclusos.
El sindicato Acaip, por su lado, hizo público un
informe en junio pasado en el que señalaba que la prisión de
Córdoba tiene una tasa de hacinamiento del 175,14% y es la
quinta con mayor número de presos del territorio español, con
un total de 1.771 a fecha del 16 de junio del 2006. Según esta
fuente, le preceden Valencia (con 2.353 reclusos), Albolote
(Granada), con 1.795, Málaga (1.784) y Soto del Real (Madrid)
con 1.764.
Por contra, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias mantiene que la cárcel está diseñada para
acoger a más reclusos atendiendo a que las 1.080 son plazas
funcionales, y sostiene que el número de internos en Alcolea
está por debajo de los 1.700, lo que considera como aceptable |
22/11/06
| REUNION ENTRE LA
DIRECCION DE LA CARCEL Y LOS SINDICATOS También
quieren que los principales implicados pasen al régimen
cerrado. Los funcionarios demandan cámaras de vídeo en
las zonas muertas. |
La dirección de la prisión provincial y los
sindicatos han elevado una propuesta a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para que se
proceda al traslado inmediato de los tres cabecillas
del motín del sábado pasado en la cárcel de Alcolea
y su inclusión en el fichero de internos de especial
seguimiento.
El acuerdo entre ambas partes también incluye la
solicitud de reclasificar a los principales internos
que participaron en la revuelta. En caso de que sea
aceptada, estos presos pasarían a la condición de
primera fase del primer grado.
Este régimen cerrado se caracteriza por el
cumplimiento en celdas individuales, con limitación
de actividades en común y un mayor control de los
internos, que podrán disfrutar entre tres y cuatro
horas diarias de patio, donde no podrán permanecer
más de dos reclusos juntos.
CCOO, UGT, CSI--CSIF,
Acaip y APFP solicitan
en un escrito a Instituciones Penitenciarias la
dotación de material adecuado, concepto que incluye
cámaras de vigilancia en zonas muertas y adecuación
de los medios existentes, así como poder disponer de
elementos específicos de seguridad en zonas
habilitadas (búnker).
CURSOS En el capítulo de formación, sindicatos y
dirección han acordado que la plantilla participe en
cursos de especialización y que se programen
simulacros de actuación ante incidentes similares.
Por último, se notifica este acuerdo al juzgado de
guardia, a Vigilancia Penitenciaria, fiscalía,
Subdelegación del Gobierno e Instituciones
Penitenciarias.
Como se recordará, sobre las 19.00 horas del sábado
comenzó una pelea entre dos reclusos en el patio del
módulo 14, destinado a régimen ordinario (segundo
grado), a la que se sumaron unos veinte presos más,
quienes lanzaron objetos y mobiliario a los
trabajadores. Los funcionarios intervinieron y
fueron retenidos por los presidiarios que portaban
armas de fabricación casera. Esta situación duró
entre 20 y 25 minutos hasta que los refuerzos
lograron que los amotinados depusieran su actitud.
Resultaron heridos cuatro reclusos y tres
funcionarios, todos de carácter leve, excepto un
preso que presentaba lesiones de más gravedad
producidas por los pinchos carcelarios. La dirección
ordenó el aislamiento de ocho de los participantes. |
22/11/06
| Los empleados
denuncian la falta de medios y de recursos humanos para
actuar en la prisión de Albolote, que cuenta con el
doble de reclusos de los que permiten sus instalaciones |
No
pueden. La labor de rehabilitar los
 presos
en la cárcel de Albolote es imposible debido a la
masificación del centro, que alberga el doble (1.700
internos) de los reclusos para los que está
preparado. Lo denuncian los trabajadores sociales
del recinto, quienes recuerdan que el seguimiento
personalizado del interno de un centro penitenciario
y un estudio de su entorno familiar, social y
laboral pasaron a ser uno de los ejes de la
reinserción en la nueva política penitenciaria.
Pues bien, en la cárcel de Albolote eso se queda
casi en buenas palabras, ni más menos, porque no hay
suficientes «trabajadores de campo», es decir,
trabajadores sociales que pongan en práctica unos
programas que se venden como los mejores.
Hace apenas una semana «por enésima vez desde hace
siete años» han dirigido escritos a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, al director
del centro e incluso al juez de vigilancia
penitenciaria, el único que, hasta el momento, les
ha contestado dándoles la razón en un elocuente
alegato de defensa de los trabajadores. «Quiero
expresar mi profundo apoyo a la justa reivindicación
que el mismo se realiza al considerar que
efectivamente la plantilla de personal del C.P. de
Albolote, en cuanto a trabajadores sociales se
refiere, es absolutamente insuficiente para abordar
con racionalidad y sosiego el importante trabajo que
tienen encomendado», señala un escrito remitido a
los empleados.
Agrega que el trabajo «se ve dimensionado tanto por
la masificación de la prisión en cuanto al número de
internos, que excede mucho las previsiones iniciales
de su capacidad, como las nuevas competencias que se
derivan a los servicios sociales penitenciarios.
Entre esas nuevas competencias, se descargan en esos
trabajadores la gestión de expedientes de
reinserción de los internos, a quienes deben
realizar entrevistas iniciales y periódicas «sin
locales adecuados», además de realizar una serie de
contactos con los familiares y con sectores
laborales a los que el penado pueda acceder una vez
cumpla su condena o, sobre todo, alcance el tercer
grado. Ésta es quizá una de las etapas más
importantes en esos planes, puesto que la libertad
condicional es el último paso para la reinserción
programa por la normativa.
Demasiados expedientes
Por eso, el grupo de trabajadores sociales del
Centro Penitenciario de Albolote, que asegura que es
un problema que afecta a la mayoría de las prisiones
españolas, quiere dejar bien claro no asumir «la
responsabilidad» que pudiera derivarse del
mantenimiento la actual situación», que califican de
grave. Las bajas laborales que la Administración no
autoriza a cubrir, dos en la actualidad y por
estrés, agravan una situación «caótica por la falta
de personal y que está llevando a un descontrol
absoluto de la programación de los in ternos», según
un comunicado paralelo de Comisiones Obreras.
Algunos datos son más que llamativos para entender
el problema. Según informaciones recogidas por
IDEAL, los Servicios Sociales de la cárcel de
Albolote gestionan más de mil expedientes, entre
ellos los de los liberados condicionales, la sección
abierta o los de los trabajos en la comunidad,
medidas de seguridad, de suspensión de condena y
localización permanente y arrestos de fin de semana.
La cárcel granadina estaba preparada para un máximo
de 1.200 internos, cifra ya por encima de su
capacidad, y en la actualidad aloja a más de 1.700
internos. La plantilla de trabajadores no ha
aumentado ni se ha dotado a las instalaciones de
nuevas infraestructuras. |
22/11/06
| Uno de cada tres
presos españoles padece hepatitis C, según la SESP |
Redacción,
Zaragoza (22-11-2006). Casi uno de cada tres presos
españoles padece hepatitis C, según datos de la
Subdirección General de Sanidad Penitenciaria que se
han puesto de manifiesto en el VI Congreso de
Sanidad Penitenciaria, celebrado recientemente en
Zaragoza.
“Una vez que se ha conseguido reducir la prevalencia
de la infección por VIH hasta un 10 por ciento entre
la población penitenciaria, la hepatitis C es el
nuevo reto de la sanidad penitenciaria”, explica el
doctor Alberto Esteban, vicepresidente del Comité
Científico del Congreso y de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria (SESP).
Al contrario que el VIH, la hepatitis C es una
enfermedad que tiene cura en más de la mitad de los
casos (hasta el 90 por ciento, según el genotipo del
virus) con el tratamiento estándar. Sin embargo,
esta terapia es de larga duración (entre seis meses
y un año), lo que implica que la adherencia a la
misma no sea la óptima en algunos casos.
Tratamiento idóneo
Según señala el Dr. Miguel Ángel Simón, Jefe de la
Sección del Servicio de Digestivo del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza y participante en el
Congreso de la SESP, la adherencia al tratamiento es
difícil porque “produce una serie de efectos
secundarios variados que afectan fundamentalmente a
la calidad de vida de los pacientes: cansancio,
irritabilidad, depresión o que producen alteraciones
en los análisis de sangre: disminución de los
leucocitos y plaquetas o anemia”.
Por esta razón, “alrededor de un 5–10 por ciento
deben dejar el tratamiento y éste debe ser
modificado en un 20 por ciento de los pacientes,
cifras mucho más elevadas en grupos como los
coinfectados o el trasplante hepático donde pueden
ser el doble o más”. Comenta el especialista que “se
acepta como tratamiento idóneo cuando los pacientes
toman más del 80 por ciento de la medicación durante
más del 80 por ciento del tiempo previsto”. “Se ha
comprobado que la adherencia al tratamiento y su
cumplimiento es muy importante en los primeros meses
del mismo”, subraya.
“El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes
infectados por el Virus de la Hepatitis C (VHC)
requiere un importante convencimiento del paciente,
una adecuada preparación del equipo médico que le va
a tratar y múltiples pruebas diagnósticas y
controles terapéuticos. Sin un correcto estudio y
seguimiento la indicación terapéutica no se puede
realizar y es más difícil de conseguir una respuesta
terapéutica positiva”, explica el Dr. Pablo Saiz de
la Hoya, médico del centro penitenciario de
Alicante.
Este especialista ha coordinado un novedoso estudio
clínico, RIBADOT, que se ha presentado precisamente
en este Congreso y que ha sido promovido por la SESP
con el patrocinio de Roche Farma, con el objetivo de
estudiar si la terapia directamente observada (TDO)
del tratamiento es o no más eficaz que la auto
administración de los fármacos, como ocurre en
patologías como la tuberculosis.
Seguimiento continuado
Por su parte, el Vicepresidente de la SESP opina que
para mejorar las tasas de curación de hepatitis C,
“de manera similar a como ha ocurrido en el caso de
otras enfermedades infecciosas tratadas en prisión,
como la infección por VIH o la tuberculosis, es muy
importante conseguir una buena adherencia de los
pacientes al tratamiento” algo que, paradójicamente,
puede ser más fácil para los pacientes internados en
prisiones. “Para algunos pacientes, por su forma de
vida marginal y de escaso acceso al sistema
sanitario durante su vida en libertad, su estancia
en prisión se corresponde con la primera ocasión en
que les es ofertado un seguimiento continuado de su
enfermedad y la posibilidad de recibir tratamiento
para ella”.
Para este especialista en Sanidad Penitenciaria hay
dos puntos clave en el manejo de la hepatitis C. “Es
preciso educar a los internados en prisión que están
sanos en los mecanismos de transmisión del virus de
la hepatitis C y en la manera de prevenir esta
transmisión y, por otra parte, ofertar el
tratamiento a los enfermos que lo precisen y
conseguir una buena adherencia al mismo”.
El Dr. Simón añade “la correcta información al
paciente, la disponibilidad del equipo médico a
atender incidencias, el adecuado control de los
efectos secundarios y, si es posible, adelantarse a
ellos y el tratamiento activo de las complicaciones
hematológicas para facilitar una buena respuesta y
tolerancia en determinados grupos de pacientes como
son los coinfectados por VHC-VIH”.
La coinfección por el Virus de la Hepatitis C (VHC)
y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un
problema de primer orden en España y en sus
prisiones, ya que casi el 50 por ciento de los
seropositivos están infectados por el virus de la
hepatitis C. |
22/11/06
El
Juzgado número 2 de lo Penal de Badajoz ha condenado
a tres años y un mes de cárcel a un interno del
centro penitenciario de la capital pacense por
«posesión preordenada al tráfico de estupefacientes
que no causan grave daño a la salud» dentro de
recinto carcelario.
El acusado, de 31 años y natural de Badajoz, fue
sorprendido en su celda cuando intentaba deshacerse
de 50 pastillas de trankimazín, una navaja y un
cúter con los que podía cortar los comprimidos para
facilitar su comercialización y distribución.
Según manifiesta el texto de la sentencia, tres
funcionarios del Centro Penitenciario procedieron a
efectuar un registro en la celda que ocupaba el
acusado que, sorprendido por esta acción, arrojó al
retrete una pequeña navaja, un cúter y dos
envoltorios de los cuales sólo pudieron recuperar
uno que contenía la sustancia nociva citada.
El valor en el mercado de las 50 pastillas de
trankimazín, según indicaron agentes de la Policía
Nacional, es de 3,45 euros, alcanzando el beneficio
ilícito al obtener los 172,50 euros.
En orden a la determinación de la pena, el Código
Penal establece entre 3 y 4 años y seis meses de
prisión y multa cuatro veces el valor de la droga
aprehendida, si bien el magistrado del juzgado
pacense contempló la circunstancia atenuante de
drogadicción. Por este motivo, el acusado fue
declarado responsable de un delito agravado contra
la salud pública a la pena de 3 años y un mes de
prisión, inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y
multa de 300 euros. |
22-11-06
Las
esposas e hijos de los afectados por el acoso
laboral en el destacamento de tráfico de Badajoz,
agradecemos el apoyo incondicional de la AUGC, SUP,
CEP, UFP,
Acaip, CC.OO., CSI-CSIF, UGT,
Plataforma Extremeña contra el Acoso laboral, así
como Izquierda Unida, único partido político que no
ha declinado estar presente. Agradecerle al PP y al
PSOE su poca sensibilidad con nosotras pues será que
somos ciudadanas de segunda. Ante la pasividad
mostrada por los mandos de la Guardia Civil y la Delegación
del Gobierno en Extremadura, tras la problemática surgida en
el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Badajoz, ya
que los mismos no han movido ni un solo dedo para solucionar
tan grave problema, el cual y de manera insostenible, está
afectando a nuestras familias, es por lo que nos hemos
decidido a dar la cara una vez más por nuestros maridos y lo
que es más importante por nuestras familias.
Llevamos ocho meses, en lo que por más respuestas que se
han solicitado, la única que se ha recibido es la sanción
disciplinaria para nuestros maridos, para con ello intentar
acallar las quejas. Quejas estas, encaminadas a poner al
descubierto el trato discriminatorio y a veces vejatorio que
por parte del entonces Teniente Jefe del Destacamento y del
Capitán Jefe del Subsector de Badajoz se estaban llevando a
cabo.
● Muchas preguntas sin respuestas.
No entendemos como la Guardia Civil dice preocuparse por
los miembros que la componen y 10 Guardias Civiles del
destacamento de tráfico de Badajoz, nuestros esposos, se
encuentran desamparados.
No entendemos como el Teniente Coronel médico de la
comandancia, que por cierto es médico estomatólogo, se atreva
a convencer a nuestros cónyuges para que se reincorporen a sus
puestos de trabajo, obviando este señor las consecuencias que
esto podría conllevar.
Nuestros cónyuges se encuentran en tratamiento psiquiátrico
por parte de un especialista en psiquiatría, el cual no
recomienda su reincorporación al trabajo.
Nuestras familias están destrozadas, yo le pregunto a la
Delegada del Gobierno, si tiene hijos, qué le parece que
nuestros hijos estén preguntando todos los días ¿ qué le pasa
a papa?¿por qué esta tan triste?, quisiera que ella me
contestara, como madre.
La Delegada del Gobierno tiene muy buenas palabras, pero
para nosotros son palabras ficticias.¿Dónde esta la respuestas
al escrito que se mando al Ministerio del Interior? .
No podemos permitir más que algunas de nuestras familias
sigan siendo tratadas psicológicamente, estamos hablando de
niños muy pequeños y que tienen que pasar por la tortura de
ser guiada por una psicóloga para poder afrontar lo que en su
casa esta sucediendo, por culpa de una sola persona.
Vivimos con miedo de que alguno de nuestros cónyuges
intente quitarse la vida.
Pues, por desgracia dos ya lo han intentado, se lo hemos
expuesto a la Delegación del Gobierno y a los mandos de la
Guardia Civil en Badajoz, y no hacen caso, hasta que un día
por desgracia pase. |
23/11/06
La
directora de Instituciones Penitencias, Mercedes
Gallizo, rechazó ayer en Oviedo la petición de las
reclusas del penal asturiano de Villabona de tener a
sus hijo con ellas, porque aseguró que las políticas
que desarrolla el Gobierno "van en dirección
contraria".
Gallizo, que inauguró unas jornadas sobre Delito y
Sociedad , afirmó que "esa petición no es viable,
porque trabajamos precisamente con la intención de
que no haya niños en prisión, para ello queremos
crear esas unidades de madre fuera de la estructura
carcelaria". Además insistió en que "la permanencia
de un niño en prisión no es buena" y auguró un gran
éxito para el proyecto que se desarrolla.
La directora de Instituciones Penitencias se refirió
a las medidas puestas en marcha por parte del
Gobierno para evitar la masificación de las cárceles
y para "hacer del tratamiento y la educación" las
bases a seguir. Así, resaltó que se trata del "plan
más ambicioso de la historia" con 18 nuevos centros
penitenciarios y 31 centros de inserción social para
esta legislatura. En esos centros se incluyen 5
unidades de madres que "permitan sacar a los niños
de las cárceles".
Gallizo puso a Villabona como un "ejemplo a seguir
por parte de otros centros del Estado". No sólo por
sus módulos terapéuticos, sino también porque a su
juicio, el modelo "integra a todos los profesionales
del sistema". |
23/11/06
El proyecto EMO 987
incluye el traspaso de la residencia Consejo de Europa
al municipio para albergue y aulas activas
Amilivia pide la cesión del edificio para integrarlo en
una manzana de ocio juvenil |
El
Ayuntamiento de León ha pedido la cesión de la vieja
cárcel del paseo del Parque, desocupada en 1999 tras
el traslado de los presos a Mansilla de las Mulas,
para tranformarla en un centro de interpretación
urbana dedicado a la juventud y como parte de un
proyecto llamado EMO 987 (Entornos Múltiples de
Ocio) que se desarrollaría en toda la manzana y la
ribera del Bernesga.
La vieja cárcel, con sus pabellones distribuidos en
forma de estrella, se convertiría, según el proyecto
de la Concejalía de Juventud, en el eje de un
espacio joven que incluye también la transformación
de la residencia Consejo de Europa en un espacio
para aulas activas y albergue juvenil.
EMO 987 contempla también la creación de una zona de
deportes extremos -Zona Extreme- en la parte trasera
del Estadio Hípico Municipal y de un corredor joven
en la margen izquierda del Bernesga, desde el puente
hasta la confluencia con el río Torío, dentro del
parque fluvial de La Lastra. Este proyecto juvenil
también afectaría al coto escolar, que se pretende
remodelar y dotar de nuevas dependencias para
ampliar las aulas activas infantiles con nueva
programación, explica Cristina Gómez, concejala de
Juventud.
El alcalde de León, Mario Amilivia, ha remitido
sendos escritos a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y a la Sociedad Estatal
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
que dirige el leonés Benigno Castro, para conseguir
gratis el antiguo penal, dado que Instituciones
Penitenciarias sólo ha utilizado para el Centro de
Inserción Social el edificio administrativo y de
viviendas de funcionarios.
Sin embargo, el recinto penitenciario propiamente
dicho, que no es visible desde el paseo del Parque,
está en desuso. El director general de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, Benigno Castro, conoce la petición
municipal, si bien señaló que «por ley» el Estado no
puede ceder el edificio y los acuerdos con los
ayuntamientos tienen que ser económicos, de tal
manera que con los ingresos se financie la
construcción de nuevas cárceles y centros de
inserción social penitenciarios.
Pero, salvo las dos misivas, ni el Ayuntamiento ni
la SIEP han iniciado conversación alguna para llegar
a un acuerdo sobre el valor de la vieja cárcel o de
su solar, que pronto se convertirá en un espacio
«vacío» dentro de la nueva zona residencial de La
Lastra.
A las más de 4.000 viviendas que se levantan en este
polígono hay que añadir otras 220, de promoción
municipal, que se van construir sobre los terrenos
que actualmente ocupan el depósito de la grúa y los
almacenes municipales, limítrofes, por el sur, con
el antiguo penal cuya construcción data de 1965. Por
el costado norte, este edificio está el Estadio
Hípico Municipal.
«La vieja cárcel es un lugar ideal para nuestro
proyecto porque queda como una isla en medio de un
barrio que está naciendo y su propia disposición en
forma de estrella es sugerente para organizar
actividades por pabellones», subrayó la edil.
El Ayuntamiento negocia también con la Junta de
Castilla y León la cesión de la residencia Consejo
de Europa. Según la concejala de Juventud, Cristina
Gómez, el traspaso del edificio al municipio «está
en trámite» a través de contactos con la Dirección
General de Juventud.
«La desamortización de las antiguas prisiones se
utiliza para obtener fondos con los que financiar en
parte las nuevas y los centros de inserción» BENIGNO
CASTRO, presidente de SIEP |
23/11/06
| La directora general
de Instituciones Penitenciarias aboga por impulsar el
cumplimiento de penas en régimen abierto como medida
para descongestionar las cárceles españolas |
La
directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró ayer en
Oviedo que la cárcel de Villabona es «el modelo a
seguir por el resto de centros penitenciarios
españoles», no sólo por su Unidad Terapéutica y
Educativa (UTE) -el llamado «espacio libre de
drogas»-, sino porque su forma de trabajo «tiene una
gran virtud: integrar a todos los profesionales del
sistema. Todos están comprometidos y actúan con
entusiasmo y dedicación. Sacar a la gente de las
drogas es la mejor manera de apartarla del delito y
Villabona se ha convertido en una verdadera "escuela
de prácticas" para el resto de centros
penitenciarios».
Gallizo intervino en la inauguración de las Jornadas
sobre delito y sociedad, organizadas por el
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo
Posada y que se prolongarán hasta mañana. Al acto
asistieron también Jaime Rabanal, consejero de
Economía y Administración Pública; Ignacio Vidau,
presidente del Tribunal Superior de Justicia;
Gerardo Herrero, fiscal jefe del Principado; y el
director de Villabona, José Carlos Díez de la Varga.
La directora general de Instituciones Penitenciarias
aseguró que las drogas están detrás «del 70 por
ciento de los delitos» que se cometen actualmente en
España y especificó que «el 47 por ciento de los
reclusos», a nivel nacional, padece algún tipo de
toxicomanía. Según Gallizo, un alto número de esos
presos llegaron a esa situación «por problemas de
marginalidad o exclusión social» y destacó «la
necesidad» de que el sistema penitenciario español
tenga «un carácter educativo». «En 2005», explicó,
«el 11,8 por ciento de las personas que estaba en
prisión era analfabeta y un 60 por ciento tenía
estudios de Educación Primaria, la mayoría
incompletos». Por este motivo, incidió, «se pone un
especial empeño en la educación». Hoy, dijo, el 27
por ciento de los reclusos «ya sigue programas de
formación reglados».
Mercedes Gallizo abogó también por desarrollar «de
manera prudente» el cumplimiento de condenas en
régimen abierto, implantado ya en otros países de la
Unión Europea «con grandes resultados», y que
permitiría reducir el número de internos en las
cárceles. La directora general de Instituciones
Penitenciarias admitió que España tiene una de las
tasas más elevadas de población reclusa de Europa,
con 146 reclusos por cada 100.000 habitantes. Entre
1990 y 2006 la cifra de internos en las cárceles
españolas prácticamente se ha duplicado y esta
masificación también existe en Villabona, con un
total de 1.386 presos en la actualidad. No obstante,
según Gallizo, el incremento en la sensación
subjetiva de inseguridad por parte de los ciudadanos
no se corresponde con las tasas de delincuencia que
se registran, en especial en aquellos delitos que
causan «más alarma» y cuyas cifras se sitúan en
España por debajo de las de países de su entorno.
En defensa del sistema de condenas en régimen
abierto, Mercedes Gallizo aseguró que el modelo
penitenciario español tiene «a demasiada gente en la
cárcel» y lamentó que generalmente se identifique
esta medida con un «no cumplimiento de la pena»
porque «es un error».
La directora general de Instituciones Penitenciarias
admitió que el régimen abierto «no está bien
desarrollado en España». «Es una tarea que nos hemos
propuesto desarrollar, siempre de una forma prudente
y con una profunda reflexión». Gallizo, quien
precisó que «nos estamos refiriendo siempre a
personas que no representan un riesgo para la
sociedad», situó esta iniciativa en el marco del
plan de centros penitenciarios aprobado por el
Gobierno central.
Este plan, matizó, es «el más ambicioso de la
historia» y recoge la construcción de 18 nuevas
prisiones y de 31 centros de inserción social (para
el cumplimiento del régimen abierto). «La progresiva
puesta en marcha de estas instalaciones permitirá
descongestionar nuestras cárceles», precisó Gallizo,
quien aseguró que el sistema penitenciario español
«no debe ser el basurero de desechos de la sociedad,
sino un instrumento para ayudar a los que están
dentro y fuera de él». |
23/11/06
| La Guardia Civil
detuvo hoy en Los Cortijos (Ciudad Real) a G.P.M., de 45
años, un preso que permanecía fugado del centro
penitenciario de Herrera de La Mancha desde el pasado 1
de septiembre. |
Gobierno,
los agentes detuvieron también a su hijo, G.P.S., de
19 años, por un supuesto delito de encubrimiento.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
mantiene abierto un expediente para tratar de
averiguar las circunstancias que rodearon la fuga de
este interno de la prisión y si pudo haber
negligencia por parte de personal del centro o
problemas de seguridad.
G.P.M., que estaba condenado a más de cuatro años de
cárcel por agresión y lesiones, se fugó el pasado 1
de septiembre cuando se encontraba haciendo trabajos
de mantenimiento en el exterior de la prisión. |
23/11/06
La
directora de la prisión provincial de Córdoba, Elena
Puerta, señaló hoy que para evitar situaciones que
se pueden dar en el centro, como el motín ocurrido
el sábado pasado, sería necesario mejorar el sistema
de cámaras y cuestiones de protocolos de actuación y
situaciones de conflicto.
En declaraciones a los periodistas, Puerta explicó
además que entre otras medidas de prevención ante
futuros incidentes sería analizar qué posibles
fuentes de información previas al suceso del sábado
pasado se han pasado por alto, además de analizar
los días y todas las actuaciones previas que hubiera
habido por si hubiera posibilidades de detección de
alguna anomalía previa.
Cabe recordar que los hechos comenzaron cuando
varios internos empezaron a agredirse con pinchos de
fabricación casera y cuando intervinieron los
funcionarios fueron amenazados con las armas
punzantes que portaban una multitud de internos y
que les fueron colocados a los funcionarios en
cuello y abdomen para que no interviniesen ni
parasen la pelea.
La directora insistió en que la situación se
resolvió con absoluta profesionalidad, ya que las
circunstancias duraron 25 minutos aproximadamente y
apuntó que el problema surgió por las
características peculiares de los internos porque no
es un módulo que esté hacinado, respondiendo así a
las críticas de los sindicatos que aseguran que las
agresiones a los trabajadores penitenciarios están
provocadas "por la falta de seguridad que es
consecuencia de la masificación actual en el centro
penitenciario". No obstante, Puerta reconoció que la
prisión cuenta con casi 1.700 internos y la
capacidad óptima es de 1.008. |
25/11/06
| Los sindicatos
denuncian el hacinamiento en la cárcel al superar el
200% de su capacidad y piden más plantilla |
L
os cinco sindicatos con representación en la prisión
de Fontcalent -USO, UGT, ACAIP. CC OO y CSIF-
están hartos de la situación de hacinamiento que se
vive en la cárcel alicantina al estar un 200 por
cien por encima de su capacidad real y alertan de
los peligros que conlleva la masificación por las
agresiones a funcionarios y peleas entre internos.
Durante esta semana se han producido varios
incidentes y en uno de ellos dos funcionarios
resultaron heridos al ser atacados por un preso
peligroso del Módulo 4, mientras que en otro
altercado un funcionario fue amenazado por un
recluso armado con una cuchilla. Los sindicatos
acusan a la dirección de la prisión alicantina de
«dejadez» y exigen a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias una urgente solución,
que pasa, entre otras cuestiones, por incrementar de
una vez la plantilla en al menos 50 trabajadores,
como la dirección ha reconocido en varias ocasiones.
La prisión de Fontcalent tiene actualmente en sus
celdas a 1.022 internos, cuando el centro se
construyó para 450 reclusos.
Este hacinamiento, según advierten los sindicatos,
«repercute negativamente en todos los departamentos,
pero especialmente en el Módulo 4». En este
departamento se encuentran los presos más peligrosos
y el pasado martes uno de los internos agredió a dos
funcionarios. Uno de ellos sufrió una lesión en el
labio de un puñetazo y otro trabajador sufrió
lesiones en un dedo, según aseguran los delegados
sindicales.
Este ataque, según los sindicatos, se podría haber
evitado porque el interno implicado «ya tenía
antecedentes por agresión a otro funcionario y se
había pedido por la Junta de Tratamiento que se le
clasificara como preso de primer grado», lo que
supone establecer una serie de limitaciones a su
vida diaria en el centro penitenciario. Sin embargo,
los sindicatos aseguran que «la dirección del centro
le quitó las limitaciones regimentales que ya
tenía».
Además del suceso registrado el martes, el pasado
jueves se registró una pelea de presos en el Módulo
3 y en el Módulo 2 un interno amenazó con una
cuchilla a un funcionario y a continuación se
autolesionó, según informaron los sindicatos
Los delegados sindicales alertan de que existe en
Fontcalent «un estado de tensión difícil de
controlar» y denuncian que es «el resultado de la
dejadez con la que la dirección del centro gestiona
la situación de hacinamiento que vivimos». |
25/11/06
| lLa plantilla del
centro rechaza su comportamiento, «indigno e impropio» l
La Guardia Civil no descarta más arrestos, incluso fuera
de la prisión |
El
funcionario de Villabona que presuntamente se
dedicaba al tráfico de drogas dentro de la prisión y
que fue detenido el pasado jueves con 200 gramos de
heroína y pastillas en su coche era ayudado
supuestamente por presos de la cárcel asturiana para
que pudiera desarrollar su actividad, según
confirmaron fuentes de la investigación. El
trabajador, cuya identidad responde a las iniciales
L. M. G. M., pasó ayer su segunda noche consecutiva
en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y
esta mañana será puesto a disposición judicial en
Oviedo para que preste declaración. Una vez que
exista una decisión judicial -sobre enviarlo o no a
prisión preventiva-, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias iniciará los trámites
oportunos para decretar su suspensión temporal de
empleo y sueldo.
El funcionario fue detenido a un kilómetro escaso de
la cárcel, vestido con el uniforme reglamentario de
Instituciones Penitenciarias y cuando se dirigía a
la prisión para iniciar su jornada de trabajo.
Además de la droga -heroína, pastillas y unas
ampollas, presumiblemente anabolizantes- los agentes
del equipo de delincuencia organizada y antidroga (Edoa)
de la Guardia Civil también se incautaron de una
balanza de precisión y tres teléfonos móviles. La
Guardia Civil no descarta practicar más detenciones
en las próximas horas, no sólo de presos que
supuestamente pudieron ayudarle para «mover» la
droga dentro de la cárcel, sino de personas del
exterior, apuntaron las mismas fuentes.
L. M. G. M. era investigado desde hace meses, ya que
los agentes estaban sobre la pista del tráfico de
drogas al que presuntamente se dedicaba el
funcionario. Su arresto causó una gran indignación
entre la plantilla del centro penitenciario, que
ayer expresó su rechazo al comportamiento del
trabajador, que calificaron de «indigno» e
«impropio».
Todas las fuerzas sindicales con representación en
el centro penitenciario, ACAIP, Comisiones Obreras,
CSI-CSIF, UGT y USO, hicieron público un comunicado
conjunto en el que afirmaron ser «los primeros en
repudiar este tipo de actitudes» y añadieron que
«este hecho puntual no puede, ni debe, mancillar la
honorabilidad y honradez con que el conjunto de
trabajadores de la prisión de Villabona desarrolla
diariamente su dura y difícil labor». Fuentes
sindicales calificaron de «repugnante» la actitud de
L. M. G. M. -«de ser cierta la acusación»,
apostillaron- e insistieron en que «en la prisión
somos 500 funcionarios. En todos los colectivos hay
garbanzos negros». La dirección de la cárcel,
encabezada por José Carlos Díez de la Varga, tiene
precisamente entre sus objetivos primordiales la
lucha contra el tráfico de drogas dentro del centro.
Otro funcionario procesado
No es la primera vez que un funcionario de la
prisión de Villabona es detenido por tráfico de
drogas. Otro trabajador, A. T. G., se encuentra
actualmente procesado después de que el 17 de
noviembre de 2004 se descubrieran en un almacén del
departamento de ingresos 737 gramos de hachís y 36
de cocaína. Según la juez del caso, «A. T. G. era
quien introducía la droga en la cárcel,
aprovechándose de la libertad de movimientos de la
que gozaba y de la ausencia de controles» de que
disfrutaba por razón de su trabajo». |
26-11-06
|
La mujer es hermana de uno de
los tres presos con los que supuestamente el trabajador
traficaba dentro de la cárcel |
El
juez de guardia de Oviedo envió ayer a prisión al
funcionario de Villabona detenido el pasado jueves
con 200 gramos de heroína y pastillas, y a una
mujer, M. J. B. D., su presunta proveedora de droga,
detenida el pasado viernes por la Guardia Civil. El
trabajador de Instituciones Penitenciarias fue
conducido inicialmente a la cárcel asturiana, aunque
sólo el tiempo necesario para preparar su traslado a
la prisión de Mansilla de las Mulas (León), donde ya
durmió esta noche, para evitar posibles problemas o
altercados en Villabona.
L. M. G. M. fue acusado de un delito de tráfico de
drogas, que supuestamente desarrollaba dentro de la
cárcel asturiana con la ayuda de tres presos.
Precisamente, según confirmaron fuentes de la
investigación, la mujer detenida es hermana de uno
de los reclusos imputados por la Guardia Civil (por
el momento ninguno de ellos ha pasado a disposición
judicial), A. B. G., con antecedentes por tráfico de
drogas.
El funcionario fue detenido a un kilómetro escaso de
la prisión de Villabona, a las ocho de la mañana,
cuando se dirigía al centro penitenciario para
iniciar su jornada laboral. Junto a la droga, que se
encontraba dentro de una bolsa en el coche, el
equipo de delincuencia organizada y antidroga (Edoa)
de la Guardia Civil se incautó de una balanza de
precisión y tres teléfonos móviles. El trabajador
era investigado ya desde hace varios meses ya que
los agentes sospechaban del tráfico de drogas al que
supuestamente se dedicaba. Su arresto se enmarca
dentro de la intensa lucha contra la venta de
estupefacientes dentro de la cárcel que desarrolla
la dirección del centro penitenciario asturiano,
cuyos trabajadores rechazaron de forma unánime su
comportamiento, «indigno e impropio», según un
comunicado enviado por todos los sindicatos de la
cárcel.
Siempre según las mismas fuentes, uno de los tres
presos implicados en el caso por la Guardia Civil,
G. A. G. Q., no es la primera vez que se dedica a
este tipo de actividades. El recluso, sudamericano,
está actualmente procesado por otro alijo encontrado
en la prisión, en noviembre de 2004, por el que
también fue imputado otro funcionario de Villabona,
A. T. G.
Este preso, G. A. G. Q., piloto comercial, fue
condenado en 2005 por la sección tercera de la
Audiencia a seis años y medio de cárcel y al pago de
90.000 euros por narcotráfico. El hombre, que
reconoció los hechos, fue detenido el 8 de noviembre
de 2002 después de que entrara en España desde
Caracas -vía Amsterdam- por el aeropuerto de El Prat
de Barcelona. Iba acompañado de una mujer, que fue
sorprendida con 745,800 gramos de cocaína (de una
riqueza del 70,98%) en sus zapatos. Además, llevaba
en el interior de su cuerpo diversas bolas, que fue
expulsando en días sucesivos.
En el caso del alijo de 2004, 737 gramos de hachís y
36 de cocaína encontrados en un almacén del
departamento de ingresos de la cárcel, la juez del
caso otorga un papel principal a G. A. G. Q. Según
la magistrada María Luisa Llaneza, la droga fue
introducida en la prisión asturiana por el
funcionario procesado por encargo del sudamericano.
La juez sostiene que tanto el trabajador como G. A.
G. Q. coincidieron en el mismo módulo de la prisión,
donde este último ostentaba el puesto de encargado
de comedor, «por lo que salía del departamento y se
desplazaba por el interior de la cárcel». |
26-11-06
| Agentes de la Policía
catalana han detenido a un violador en régimen abierto
acusado de intentar abusar de una mujer marroquí
haciéndose pasar por inspector de la Generalidad y
ginecólogo y asegurándole que tenía que hacerle una
exploración genital para agilizar los trámites de
concesión de un nuevo piso. Según fuentes próximas a la
investigación, el violador había obtenido el régimen
abierto el pasado 26 de octubre y estaba en periodo de
observación para acabar de cumplir una condena de 20
años de cárcel por dos violaciones cometidas en 1993 en
Santa Cristina de Aro y Palamós (Gerona). El detenido ha
ingresado en la Prisión Modelo de Barcelona. |
Aprovechando
las salidas del régimen abierto, el violador, J.L.S.,
de 37 años y que reside en Regencós (Gerona), hizo
varias visitas a la mujer marroquí, que vive en un
piso de un inmueble de la calle Mirador de Olot
(también en Gerona) pendiente de desahucio porque
está afectado por una reurbanización de la zona,
donde se van a construir los nuevos juzgados de la
ciudad.
El detenido visitó a la mujer en tres ocasiones, una
en septiembre y dos en octubre, siempre cuando
estaba sola, haciéndose pasar por un inspector de la
Generalidad que venía a hacer una revisión de la
vivienda. El hombre aseguraba a la mujer que también
era ginecólogo y le prometía que si accedía a que le
hiciera una revisión ginecológica podría acelerar
los trámites de cambio de vivienda.
El pasado día 13, el hombre regresó de nuevo al
piso, pero esta vez la mujer no le abrió y decidió
llamar a la policía local que, tras sospechar del
individuo, procedió a su detención. En su
declaración negó que hubiese intentado abusar de la
mujer y explicó estaba en régimen abierto tras ser
condenado por violación.
El violador también aseguró que la mujer no le dejó
entrar porque ésta le explicó que su religión
musulmana impide que cualquier hombre entre en su
casa si no está su marido. Los agentes no creyeron
la versión del hombre que fue detenido, acusado de
un intento de abusos y de usurpación de cargo
público, le fue revocado el tercer grado y ha
ingresado en la prisión Modelo de Barcelona. |
26-11-06
| DENUNCIA CONTRA UN
PROGRAMA DE TV Y UNA PRODUCTORA |
El
Juzgado de Instrucción número 1 de
Alcobendas (Madrid) ha admitido a trámite la
querella del ex alcalde de Marbella Julián
Muñoz por unas imágenes suyas captadas en el
patio de la prisión de Alhaurín de la Torre
(Málaga) mientras arreglaba una portería y
emitidas en televisión.
El ex regidor interpuso una querella por
supuesto
delito de descubrimiento y revelación de
secretos contra el director del
programa que emitió las imágenes, así contra
la productora que pudo venderlas, según la
resolución judicial.
El titular de este
juzgado madrileño tomó
esta medida al entender
que los hechos podrían
ser constitutivos de
delito y admite la
práctica de "las
actuaciones necesarias
para la averiguación y
esclarecimiento de los
hechos, sus autores y
circunstancias". Este
juzgado investigará los
delitos de
descubrimiento y
revelación de secretos
pero acuerda que
no procede la exigencia
de prestación de fianza
como solicitaron los
representantes legales
de Julián Muñoz.
En el auto del
juzgado de Alcobendas se
acuerda incoar
diligencias previas y
dar traslado al
ministerio público para
que estudie el caso. En
los próximos meses el
juez realizará una serie
de pruebas necesarias
para la investigación y
tomará declaración a los
querellados.
Julián Muñoz fue
encarcelado en la
prisión de Alhaurín de
la Torre (Málaga) por su
presunta vinculación con
el
'caso
Malaya' y
posteriormente condenado
a un año de prisión por
un delito contra la
ordenación del
territorio.
El pasado octubre
Instituciones
Penitenciarias decidió
su
traslado a la prisión de
Jaén tras
detectarse una red de
reclusos que, desde la
cárcel, vendían imágenes
tomadas a detenidos por
la trama de corrupción
urbanística de Marbella,
como Julián Muñoz o el
ex asesor de Urbanismo
Juan Antonio Roca, que
también fue trasladado,
pero en su caso a la
cárcel de Albolote
(Granada).
Instituciones
Penitenciarias también
inició una investigación
debido al riesgo de que
se captasen imágenes de
la estancia de estos dos
reclusos en la cárcel
con
algún móvil,
aparatos que está
prohibido tener en la
cárcel, aunque todas las
semanas se hallan
algunos en los registros
que efectúan los
funcionarios.
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