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El Puerto de Santa María, ciudad de los cien palacios y las
tres prisiones |
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16-06-07 |
| El Puerto de
Santa María (Cádiz), conocida como 'la ciudad de los cien
palacios' y por sus excelencias turísticas, alberga en su
término municipal tres centros penitenciarios, Puerto I, II
y el recién inaugurado Puerto III, con unos 3.500 reclusos
para una población total de 83.100 habitantes |
 A
sólo seis kilómetros del casco urbano portuense, las
prisiones Puerto I y II, inauguradas en 1981 y 1984,
respectivamente, tienen unos 1.200 presos, muy cerca
de ellas está Puerto III, inaugurada el pasado 7 de
junio con capacidad para unos 1.400 reclusos.
Estas cifras llevan al El Puerto
de Santa María a situarse en un ránking molesto para
diversos sectores sociales, que denuncian que es el
único municipio de Europa que alberga tres prisiones
en su término municipal.
Esto es lo que atestiguan desde la
Plataforma por la Seguridad de El Puerto, que el día
de la inauguración de la última cárcel se manifestó
ante las instalaciones, el Sindicato Unificado de
Policía o la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía.
José Rodríguez es el presidente de
la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (FLAVE)
y miembro de la Plataforma portuense que agrupa a
asociaciones de vecinos, comerciantes, sindicatos
policiales, agricultores o cazadores, y que desde
hace seis años demanda más plazas de policías para
la ciudad debido a la 'inseguridad' que vive el
municipio.
Un problema que achaca
principalmente a que los fines de semana un diez por
ciento de la población penitenciaria de los centros
que se encuentran en régimen de segundo y tercer
grado, entre 350 y 400 presos, salen a la calle,
provocando 'ciertos temores entre la ciudadanía y
una problemática añadida a varios barrios que tienen
la convivencia totalmente destrozada por la droga'.
A la falta de efectivos, se une el
hecho de que al cuartel de la Guardia Civil de El
Puerto 'le han quitado las competencias rurales',
que son asumidas por la propia Policía, lo que
provoca, según Rodríguez, 'que no exista un
compromiso de seguridad con la ciudadanía'.
'Ningún otro municipio europeo ha
consentido albergar tres centros penitenciarios,
nadie lo ha querido, pero además, no obtenemos
ninguna contrapartida ni plus por el hecho de acoger
tres centros penitenciarios', agregó.
Además, la repercusión económica
para el municipio es, según los comerciantes, muy
poca, puesto que todo lo relacionado con la
infraestructura carcelaria 'se gestiona a nivel
nacional y aquí sólo se recogen migajas'.
Por su parte, el secretario
provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP),
Francisco Camacho, explicó que aunque es pronto aún
para hablar sobre la repercusión que este nuevo
centro penitenciario tendrá para la ciudad, augura
un 'caos' en la seguridad ciudadana debido a la
falta de efectivos.
Los 600 funcionarios que
trabajarán en la nueva prisión no serán además, en
su opinión, una fuente de riqueza para el municipio,
'puesto que no todos vivirán aquí y la repercusión
económica será mínima'.
La falta de medios policiales para
garantizar la seguridad también fue resaltada por el
alcalde del municipio, Fernando Gago (Independientes
Portuenses), el día de la inauguración, cuando
calificó a Puerto III como la 'joya de la corona de
instituciones penitenciarias', pero apeló al
'sentido de la responsabilidad y sensibilidad' del
Gobierno 'para que todo discurra con la normalidad
deseada' en El Puerto, 'donde circulan ciertos aires
o rumores de inseguridad ciudadana'.
Aún así, Gago destacó que las tres
prisiones portuenses 'dan trabajo y generan riqueza
para la ciudad' |
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Inspección CGPJ propone expediente a juez por 4 faltas muy
graves y dos leves |
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18/06/2007 |
| El Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a la
Comisión Disciplinaria del CGPJ la apertura de un expediente
a la magistrada del juzgado de lo penal número 1 de Motril
(Granada), Adelina Entrena, por la posible comisión de
cuatro faltas muy graves y otras dos leves. |
Esta propuesta sobre Entrena, suspendida
provisionalmente de sus funciones y de baja por
enfermedad, será estudiada por la Comisión
Disciplinaria el próximo miércoles.
Según fuentes del Consejo, en concreto la inspección
propone la apertura de expediente disciplinario para
determinar si la magistrada incurrió en 3 faltas muy
graves de desatención, una falta muy grave de
'ignorancia inexcusable de los deberes judiciales' y
dos faltas leves de 'incumplimiento injustificado o
inmotivado de plazos legalmente establecidos para
dictar resolución'.
La Comisión Permanente del Consejo acordó el pasado
5 de junio la suspensión de Entrena, después de que
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) admitiera a trámite una
querella interpuesta contra ésta por el fiscal por
delito contra los derechos fundamentales, y autorizó
la práctica de una visita extraordinaria al juzgado.
El procedimiento que motivó la querella fue el caso
de un hombre, J.C.M., a quien Entrena tras haberlo
absuelto mantuvo en la prisión de Albolote durante
437 días por un delito de robo.
El Servicio de Inspección también detectó que otros
dos condenados, uno por maltrato familiar -D.A.S.- y
otro por quebrantamiento de condena -E.A.I-
estuvieron más tiempo de las penas que les fueron
impuestas por la juez de Motril (35 y 38 días
respectivamente).
En un informe sobre dicha visita se señala que 'el
libro de presos preventivos (...) se muestra como un
instrumento inútil para el control de este tipo de
causas'.
Por su parte, las faltas leves se refieren a un caso
en el que Entrena dictó una sentencia cuatro días
fuera de plazo y otro que la dictó dos días fuera de
plazo.
En la propuesta se indica que se de traslado de
estas actuaciones a la Fiscalía General, al
Ministerio de Justicia, al Colegio de Abogados de
Granada, a la consejería de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para que 'valoren
las actuaciones del ministerio fiscal, secretaria
judicial, abogados, funcionarios del juzgado y
centro penitenciario de Albolote'.
También explica que 'la conducta de la magistrada
supone la falta de adopción de las más mínimas
cautelas legales'.
'Salvo superior criterio -concluye- no se han
ejercido por la magistrada las competencias que le
correspondían, dejando de observar y cumplir las
reglas y obligaciones imprescindibles al ejercicio
de la potestad jurisdiccional'.
La Comisión Disciplinaria el próximo miércoles
podría abrir expediente a Entrena o también decidir
la incoación de diligencias informativas para
recabar más datos.
Esta juez ya fue expedientada en noviembre del año
pasado por el CGPJ por una falta muy grave por
presuntamente haber usado su cargo para obtener
ventajas injustificadas y favorecer a su ex pareja.
La LOPJ establece que las faltas leves sólo pueden
sancionarse con advertencia o multa de hasta 300
euros o con ambas y las muy graves con suspensión,
traslado forzoso o separación del servicio. |
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Las cárceles valencianas copan tres de los cinco
primeros puestos el número de decomisos de droga a
presos durante 2006. La prisión de Alicante II
encabeza la cifra de incautaciones con 145, seguida
de la de Valencia, con 130 decomisos. La prisión de
Alicante-Cumplimiento registró 100 operaciones de
este tipo. En el extremo contrario se sitúa el
centro penitenciario de Castelló, con dos
incautaciones, lo que le relega al puesto 51 de la
clasificación.
Con estos datos, las cárceles de la provincia de
Alicante se situaron durante 2006 como los centros
penitenciarios españoles en los que más decomisos de
drogas se realizaron a presos. Los funcionarios
practicaron 245 incautaciones, 145 en la prisión de
Villena y 100 en la de Fontcalent. Estos datos,
facilitados por el Ejecutivo central en una
respuesta parlamentaria, sitúan al penal del Alto
Vinalopó como el primero de todo el país en
aprehensiones. El de Fontcalent, por su parte, es el
quinto de la lista. El año pasado, Instituciones
Penitenciarias realizó un total de 1.638
incautaciones en 55 de las 77 prisiones que hay
repartidas por España. Y de todas ellas, el 15%
tuvieron lugar en los dos centros penitenciarios de
Alicante - sin contar el Psiquiátrico - .
Mientras, en la cárcel de Valencia hubo 130
decomisos -la segunda cifra más alta de todo el
país-. Por contra, en la de Castelló tan sólo hubo
una intervención de droga a presos. Tras la
Comunitat, la otra autonomía que ha registrado un
mayor número de aprehensiones es Andalucía. Así, las
cárceles de Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería y
Algeciras también se encuentran entre los ocho
centros penitenciaros con mayor número decomisos.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias y fuentes
próximas a ambos centros han señalado que la mayor
parte de aprehensiones han sido de cannabis, aunque
también se han detectado otras sustancias
estupefacientes como la cocaína e incluso la
heroína, según puntualizan. De hecho, y según un
estudio de la Unión de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente, alrededor del 75% de
los más de 60.000 presos que hay a día de hoy en
España están internados por problemas relacionados
con las drogas. |
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Topas-Guardias civiles alertan del riesgo de fugas en los
traslados de los presos a la Audiencia |
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19-06-07 |
| EL PELIGRO SE EXTIENDE EN LAS
VISITAS A LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA CAPITAL
Solución. Reclaman al subdelegado del Gobierno que se
instalen módulos acondicionados en los juzgados y hospitales
para acoger a los reclusos.
La Unión de Guardias Civiles (UGC) mostró ayer en
Salamanca su disconformidad con la reforma del Régimen
Disciplinario de la Guardia Civil que ultima el Gobierno y
cuestionó la situación de inseguridad que padecen los
agentes de la provincia. |
El secretario general del Comité Estatal de UGC,
Manuel Mato, advirtió del peligro de fuga que los
guardias civiles sufren en los traslados de los
presos a la Audiencia Provincial y a los centros
hospitalarios. «En ocasiones, los reclusos llegan a
duplicar y triplicar a los agentes». Mato reclama al
subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, que «al
menos en el Clínico se instale un módulo
acondicionado en el interior» que acoja a los
reclusos mientras esperan a ser atendidos.
Cada año entre 250 y 300 reclusos de Topas son
trasladados a los servicios de urgencias de los
hospitales de la capital, la mitad por consultas de
traumatología, algo que no sería necesario si
funcionara el servicio de rayos X del centro
penitenciario, lamenta UGC. La mejora de los equipos
médicos en Topas permitiría, según Mato, reducir el
riesgo de fugas, ahorrar costes al no ser necesario
alquilar ambulancias para los traslados y reducir la
carga de trabajo tanto de los guardias civiles como
de los facultativos.
El secretario general de este nuevo colectivo, que
nace de la fusión de varias asociaciones y que ha
suscrito en el ámbito nacional un protocolo de
colaboración con la Unión Federal de Policías y UGT,
alertó también de los peligros para su salud que
sufren los agentes en los traslados. «Muchos no son
informados de la patología que presentan los
reclusos», expone Mato, quien cree que ésa es la
causa del aumento de casos detectados de
tuberculosis dentro del Cuerpo |
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La situación de hacinamiento en el centro
penitenciario Puerto II sigue haciendo estragos y
prueba de ello es la denuncia de diferentes
colectivos sindicales en cuanto al ascenso del
número de internos en estas instalaciones que en
breve sufrirán un importante desquite en población
reclusa si se cumplen las predicciones de que Puerto
III acoja desde el fin de semana el primer
contingente de internos de este centro de carácter
preventivo, unos veinticinco o treinta.
Sindicatos como Acaip y UGT manifiestan que están al
límite y que durante la semana pasada una cifra
aproximada de cuarenta personas tuvo que dormir en
el suelo de los módulos de ingresos, en condiciones
que declaran infrahumanas no sólo para ellos sino
también para los propios funcionarios que no pueden
desempeñar con normalidad sus labores.
Frente a ello, el director de Puerto II, Antonio
Diego, reconoce que ayer el número de presos que no
disponía de un lecho en el que pasar la noche era de
unos quince. Una situación que no le es para nada
agradable, especialmente porque afirma que desde que
comenzara el año y se pusieran de relieve estos
problemas han sido numerosas las juntas
extraordinarias convocadas para derivar trescientos
internos a cárceles como las de Algeciras. Córdoba,
Huelva o Jaén, añadiendo que su cometido es el de
cumplir las órdenes que dictan los jueces en cuanto
a la reclusión de internos, responsables en última
instancia de las entradas y salidas de los mismos.
Por otra parte, fijó el número de internos de
carácter presencial en 823, a los que hay que sumar
los que pasan a los centros de integración social,
los que están en posesión de control telemático o
bien los derivados a comunidades terapéuticas.
Acaip muestra su disconformidad con estas
estadísticas, informando de que el número que ha de
ser tenido en cuenta para la realización coherente
de una valoración es el total conformado por más de
mil internos independientemente de la modalidad de
permanencia en la que se encuentren los internos.
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España transmite a Marruecos que tiene gran fe en la
reinserción de presos |
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20-06-07 |
| La Dirección
General de Instituciones Penitenciarias 'tiene una gran fe'
en la reinserción de los presos, según puso hoy de
manifiesto Gloria Corrochano, subdirectora general adjunta
de Instituciones Penitenciarias, en la inauguración de un
seminario hispano marroquí sobre derecho penitenciario. |
Este seminario, que se enmarca en
el proyecto ADL-Fortalecimiento y Modernización de
la Administración de Justicia de Marruecos, reúne
durante tres días a juristas, responsables
gubernamentales y directores de prisiones, que
tratarán de lograr un mayor conocimiento mutuo e
integración de los sistemas jurídicos y
penitenciarios.
Gloria Corrochano explicó que uno
de los grandes objetivos de Instituciones
Penitenciarias es impulsar el 'medio abierto', para
que los internos puedan salir cuanto antes de
prisión y seguir su tratamiento de integración
social en centros de inserción o unidades
dependientes.
La subdirectora general subrayó
que tiene mucha esperanza en las medidas
alternativas para la reinserción y reintegración en
la sociedad de las personas condenadas.
El otro gran objetivo de
Instituciones Penitenciarias, según explicó
Corrochano en el acto de apertura del seminario, es
convertir las prisiones en espacios educativos y de
tratamiento, algo que 'es muy costoso', pero también
fundamental.
En la sesión también intervino
Angel Llorente, magistrado de enlace con Marruecos y
director del proyecto ADL, quien destacó la
presencia en el seminario de los directores de los
centros penitenciarios de Tánger y Tetuán, que es
donde se concentra la mayoría de los presos
españoles.
También asisten los directores de
las prisiones canarias, y precisamente los
asistentes al seminario visitarán el centro
penitenciario Tenerife II.
Angel Llorente subrayó la
importancia de que España y Marruecos conozcan no
sólo sus respectivos sistemas jurídicos, sino
también que los propios titulares de las dos
administraciones se conozcan personalmente para
generar un clima de confianza y cooperación.
En esa línea se pronunció el jefe
de la División de la Reinserción del Ministerio de
Justicia de Marruecos, Jaouad Amar, para quien es
importantes mejorar el sistema de legalidad entre
los dos países mediante el conocimiento mutuo de los
sistemas legales.
El seminario, al que asisten como
invitados representantes de Mauritania, durará hasta
el viernes y en él se abordarán asuntos como el
sistema sancionador español, las alternativas a la
pena de prisión y el sistema de ejecución de penas |
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Así lo denunció ayer el delegado del sindicato de
prisiones Acaip en Albacete, Luis Bayo, que
recordó que en junio del 2006 visitó el centro
penitenciario el inspector de zona que elaboró un
dossier para remitir a Instituciones Penitenciarias
«del que desconocemos su contenido» pero sin que se
llevara a cabo ninguna medida. Fue con motivo del
secuestro de una funcionaria de Prisiones el pasado
mes de febrero cuando se mantuvo otra reunión con el
inspector de zona que se comprometió a informarles
de las medidas que se adoptarían «pero a día de hoy
no ha cumplido su compromiso de informar» por lo que
los trabajadores han mostrado su malestar.
Prisión hacinada
Y es que la prisión albaceteña es una de las que
sufre una mayor tasa de hacinamiento de toda España,
que alcanza ya el 237,77%, ya que alberga a 321
internos cuando está preparada para acoger a 135. Y
todo ello con la plantilla que se dimensionó en el
año 1981 cuando se inauguró la prisión y que poco a
poco ha ido menguando.
Bayo explicó a este diario que la situación en la
prisión sigue siendo igualmente peligrosa, ya que
sólo hay un funcionario por módulo, pese a que la
normativa establece que debe haber dos, y cada vez
que hay que mover a un recluso otros funcionarios
deben dejar sus ocupaciones de lado. Por ello
denuncian que se pone en riesgo la vida de los
funcionarios siendo frecuentes las agresiones y
amenazas.
Tras el secuestro de la funcionaria Instituciones
Penitenciarias concedió a cinco funcionarios en
prácticas a La Torrecica (que en un principio no
estaba previstos), pero tras varios meses de trabajo
hace unos días dos de ellos fueron trasladados.
Otra situación que ha provocado que el malestar de
los trabajadores de la prisión se incremente es que
una de las secuestradoras ha vuelto a La Torrecica
para asistir a los juicios que tiene pendientes (las
dos fueron trasladadas a Villena poco después del
incidente), «y el módulo femenino sigue estando
atendido por una única funcionaria, con lo que la
situación se podría repetir».
Consideran que haría falta medio centenar de
funcionarios para que se cumpliera la normativa
aunque se conformarían con que llegaran 24 «con el
fin de que podamos descansar y cogernos nuestras
vacaciones». |
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La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de
Ferrol ordenó ayer la puesta en libertad de Pablo
Prieto Piñón, que permanecía en la cárcel desde hace
más de un año por una gravísima agresión a su madre,
una anciana de Ortigueira.
El abogado de la defensa y el Ministerio Fiscal
pactaron una sentencia de conformidad según la cual,
el encausado se someterá voluntariamente a
tratamiento psiquiátrico en el hospital Novoa Santos
de Ferrol o en el servicio que se le asigne por los
especialistas en régimen ambulatorio.
La agresión ocurrió la mañana del 20 de enero del
2006. Como consecuencia de los golpes la anciana
sufrió numerosas fracturas que la mantuvieron en el
hospital durante más de un mes.
El inculpado llegó al juicio en Ferrol trasladado en
un furgón de la Guardia Civil desde el centro
penitenciario de Teixeiro.
El hombre sufre una esquizofrenia paranoide. El
Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales
había solicitado cuatro años de cárcel y orden de
alejamiento de la madre y de su domicilio por cinco
años. No obstante, ayer, tras examinar los informes
médicos, el acusador accedió a una fórmula que
permitiese su liberación, si bien bajo control
médico y alejamiento de la víctima |
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La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, apostó hoy por el
desarrollo de la intervención en medio abierto, un
grado penitenciario que a su juicio es "más eficaz"
que el cerrado por favorecer la integración social
de los reclusos, que ascienden a 65.810 en todo el
país.
Gallizo, en una conferencia en Zaragoza sobre la
"Reinserción social en las instituciones
penitenciarias: logros y déficits", resaltó que las
prisiones cumplen una función muy importante, "tener
aisladas a personas que puedan suponer un riesgo
para la sociedad", pero también tratar de que
aquellos "que tropezaron con el mundo del delito en
un momento de sus vidas" vean "una posibilidad para
encontrarse consigo mismos y reencauzar sus vidas".
En este sentido, afirmó que el mejor servicio para
la seguridad de todos no es tener "cada vez más
cárceles, muros más altos y más personas aisladas",
sino trabajar con el objetivo de "recuperar para la
sociedad al máximo de personas posibles", "educar en
aceptar que las personas pueden cambiar" y enseñar
que "todos podemos vivir en libertad si aprendemos a
respetar la libertad de los demás".
El 16 por ciento de todos los reclusos del país, un
92 por ciento de los cuales son hombres y un 8 por
ciento mujeres, disfrutan de un grado penitenciario
abierto, datos que distan mucho de la realidad de
nuestros países vecinos, donde el 25 o incluso el 50
por ciento de los presos se encuentra en esa
situación, dijo la directora general.
Por eso, insistió en que se debe seguir trabajando
por introducir una nueva cultura en el sistema de
penas, medidas alternativas que "parten de la
necesidad de intervenir en contextos socializadores
para disminuir los efectos des-socializadores de la
prisión".
Valoró asimismo que son penas de carácter educativo,
y sobre todo aquellas de trabajos en beneficio de la
comunidad, porque "se sitúan en el contexto de la
justicia reparadora", es decir, transmitir al
delincuente la idea de que "tienes que reparar el
daño que has hecho a la sociedad" con "tu tiempo,
trabajo o energía".
A su juicio, este modelo ayudaría también a ampliar
la eficacia de la intervención en el medio cerrado,
ya que "si tuviésemos más personas cumpliendo penas
de trabajo en beneficio de la comunidad o en régimen
de semi-libertad" la ocupación en las cárceles sería
menor y se podría trabajar con "mayor intensidad"
con esos presos.
"Estos cambios hay que hacerlos con cuidado, con
prudencia y con políticas muy consolidadas y firmes
para conseguir que el efecto sea al cien por cien
positivo", es decir, para que no se transmita a la
sociedad una idea pesimista sobre la utilidad del
cumplimiento de estas condenas, agregó.
Manifestó, no obstante, que no todos los reclusos se
pueden beneficiar de este modelo y explicó que es
necesario hacer una valoración exhaustiva del nivel
de peligrosidad del preso para acceder a una pena
que se aplica sobre todo en caso de penas de entidad
menor y en la última parte de cumplimiento de la
condena.
Gallizo afirmó que, a pesar de ser uno de los países
de la Unión Europea con el nivel de delincuencia más
bajo, el número de presos no ha dejado de crecer,
por lo que, reconoció, las cárceles en la actualidad
soportan un nivel de ocupación mayor del que
deberían.
Recordó que el Gobierno ya aprobó en diciembre de
2005 un plan en el que se contempla la construcción
de once nuevas cárceles, cinco unidades de madres,
otros centros de tamaño medio y 31 centros de
reinserción social, "una de las principales
carencias del sistema".
En su conferencia, Gallizo apuntó que este sistema
tiene otras necesidades, como aumentar el número de
trabajadores sociales de los centros penitenciarios;
fomentar el apoyo a las familias de los reclusos;
garantizar que éstos puedan disfrutar de todos los
derechos y no sean objeto de discriminación. |
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La cárcel
asturiana rompe fronteras |
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26-06-07 |
| Un proyecto europeo de
educación en prisiones, que coordina la unidad terapéutica
de Villabona, edita una revista que se distribuirá en la UE |
El proyecto europeo de educación en prisiones
«Creando espacios para el cambio» -dentro del
programa «Sócrates», de la UE-, que coordina la
unidad terapéutica y educativa de Villabona (UTE),
ha editado la revista «Espacio libre», que se
difundirá entre todas las cárceles de los países
socios del proyecto (España, Reino Unido, Alemania y
Austria), en instituciones educativas y bibliotecas,
y otros centros penitenciarios de la UE. El número
uno está dedicado de forma casi íntegra a la UTE.
Según Julio Fernández Rubio, maestro de la unidad
terapéutica y coordinador de «Creando espacios para
el cambio», «nuestro proyecto cree que la educación
en las prisiones ha de ser el agente desencadenante
del proceso de cambio personal de los internos,
contribuyendo así a lograr su futura reinserción
social. El proyecto busca la creación de "espacios
educativos" alternativos dentro de las prisiones».
La revista, añade, «pretende ser un medio para
fortalecer la conciencia de ciudadanía europea, de
pertenencia a una comunidad de la que las prisiones
no pueden quedar excluidas. Las cárceles y las
personas privadas de libertad son parte de la
sociedad y necesitan de ella. Nuestra revista
servirá para difundir las actividades de nuestro
proyecto, la labor de profesionales e internos que
creen que otra prisión es posible».
En el proyecto participan también el Lancaster and
Morecambe College, encargado de la educación en las
cinco prisiones del distrito de Lancashire, en el
Reino Unido, así como el Galli Group de Austria y
Festival of friends de Alemania, que trabajan el
teatro terapéutico en prisiones |
La masificación de las cárceles en la provincia está
provocando que en Fontcalent hasta tres reclusos
tengan que compartir celda, según denunciaron los
sindicatos de prisiones. Según una respuesta
parlamentaria del Gobierno, en la prisión de
Fontcalent el pasado mes de abril había 968 reclusos
para un total de 607 celdas; mientras que en Villena
hay un total de 1.285 reclusos en 845 celdas.
Según los sindicatos, en la actualidad el número de
reclusos de Fontcalent supera el millar mientras que
en Villena se han rebasado los 1.400. La saturación
en las prisiones está causando que los dos nuevos
centros penitenciarios que el Gobierno proyecta en
Murcia y Albòcasser nazcan ya llenos, según ACAIP.
Según la misma respuesta parlamentaria, las
prisiones de la provincia albergan reclusos de hasta
56 nacionalidades diferentes.
La tensión volvió a la cárcel de Fontcalent la
semana pasada después de que un recluso agrediera un
funcionario con un pincho en el cuello, tal y como
ya publicó este diario el pasado viernes. Para
fabricar el arma, el preso había usado el cristal de
la pantalla de su televisión. A juicio de ACAIP,
tener a tres presos por celda es una situación que
además de tener a los reclusos en condiciones
infrahumanas, supone un riesgo para los
funcionarios. Tener que registrar una celda que
comparten tres personas es mucho más problemático,
además de las tensiones que pueden surgir entre los
tres ocupantes del habitáculo. A esto se añaden las
altas temperaturas y que los presos comparten un
espacio muy reducido cuando, según los sindicatos,
con la ley en la mano debería haber un preso por
celda. Al que le toca la litera superior está
prácticamente pegado al techo. El delegado de UGT,
José Luis Guerrero, responsabilizó a los directores
de las prisiones de la provincia de permitir que se
produzcan estas situaciones y señaló que la máxima
preocupación de éstos es más intentar tapar estos
hechos que buscar soluciones
El aumento de la población penitenciaria en los
últimos años ha sido evidente. El 31 de diciembre de
2003, el Gobierno tenía contabilizados a 1.005
reclusos en Villena y 894 en Fontcalent. En abril de
este año, en Fontcalent se alcanzaron los 986 presos
y en Villena los 1.285. El carácter de cárcel para
presos preventivos que tiene Fontcalent viene a
complicar la situación en el penal alicantino. Las
causas contra el crimen organizado se van
incrementando año tras año, investigaciones que
suponen una instrucción muy compleja. La ley marca
un plazo de hasta cuatro años como el límite que
puede estar un detenido en prisión preventiva hasta
que se celebre el juicio. Por ello, si el delito por
el que estos detenidos están encarcelados es grave,
lo normal |
El
director de la prisión zaragozana de
Daroca propuso hoy que los centros
educativos prevengan a los menores de
edad frente a la droga. El responsable
del centro penitenciario dijo que los
jóvenes deben "tener una claridad
de ideas" en este asunto.
El responsable del centro carcelario
comentó que muchos jóvenes "se lo toman
como una aventura, como un juego", pero
entran en un círculo vicioso que "les
lleva a otro ámbito", como es la
delincuencia y la cárcel.
"La droga sólo tiene dos caminos, o
la cárcel o la droga", prosiguió el
responsable carcelario, quien consideró
que "la prevención es fundamental" y que
"una peseta invertida en prevención es
mejor que invertir un euro después".
Los responsables de Daroca y Zuera
están realizando una experiencia piloto
que consiste en llevar presos condenados
a causa de las drogas a centros
escolares, para que expliquen a los
menores los efectos del consumo y el
tráfico de drogas.
Los estudiantes de ESO y bachillerato
comprueban el deterioro físico y
psíquico que produce el consumo de
drogas. Con este programa, pretenden
alertar a los jóvenes frente al "falso
héroe" que consume drogas, que es
"absoluta escoria" y que "hay que
desmitificar".
El director de la cárcel de Daroca
indicó que la mayoría de los
delincuentes son hombres, también los
encarcelados a causa de las drogas, y
subrayó que antes había más heroinómanos
y ahora entran en prisión consumidores
de cocaína y de pastillas, muchos de
ellos sin saber "por qué" están en
prisión, ya que están presos por tener
conductas que ellos no perciben como
ilegales.
Una manera habitual de entrar en el
círculo vicioso de las cárceles es
consumir drogas y, una vez aumenta la
adicción y no es suficiente el dinero
habitual, dedicarse a la venta al
menudeo, lo que ya es un delito
sancionado con penas de cárcel.
Por otra parte, el director del
recinto penitenciario comentó que en las
cárceles si hay consumo de drogas, ya
que es "muy difícil" impedirlo y que los
alcohólicos que consumen drogas sí que
se pueden rehabilitar en prisión, ya que
en las cárceles nunca entra el alcohol.
Entre programas de rehabilitación, el
director de la cárcel de Daroca mencionó
el de dispensa de metadona y recordó que
en las prisiones hay módulos
terapéuticos para los presos que sí
desean abandonar la droga.
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El lugar idóneo para ubicar la
cárcel de Soria es el paraje denominado ‘La Laguna’
en el barrio de las Casas y próximo al monte
Valonsadero. Así lo manifestó hoy el director
general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Penitenciarias (SEIP), Juan José Azcona, durante la
reunión que mantuvo con los portavoces de los
distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Soria
y los representantes del consejo sectorial de
urbanismo de la ciudad. |
Desde un comunicado la Sección Sindical del Centro
Penitenciario de Las Palmas (Salto del Negro), se
denuncia ante los familiares de los internos
recluidos en el centro, ante las autoridades locales
y ante la opinión pública en general, “la grave
situación en la asistencia médica que desde hace una
semana se presta en este centro”.
La Sección Sindical explica que “la situación en la
que se encuentra este servicio a día de hoy, es que
sólo cuenta con un médico interino (de un total de 8
facultativos que se requieren), contratado desde
Madrid, de la noche a la mañana, para hacer frente a
los servicios cotidianos que el establecimiento
penitenciario debe y está en la obligación de
prestar: consultas médicas, urgencias, control y
seguimiento de los programas sanitarios de
tuberculosis, diabetes mellitus, hipertensión
arterial, SIDA, hepatitis, etc”.
Asimismo, quieren dejar constancia que “desde el día
15 de mayo, las guardias de presencia física médica
han dejado de existir por decisión de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, siendo éste
el único centro de todo el territorio nacional con
1400 internos en donde esto sucede. Entendemos que
con esta medida no se pretende más que amenazar a
este colectivo por reivindicaciones laborales
ganadas ante los tribunales de justicia, donde se
les han reconocido sus derechos, poniendo en peligro
la atención sanitaria de los internos”.
Desde el sindicato se “hacen responsable
públicamente a la Dirección del centro penitenciario
y a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias de la posible repercusión sobre la
salud de los internos, así como los fatales
desenlaces que pudieran ocurrir por falta de
asistencia médica”.
Por todo ello exigen “que se restablezca la
asistencia médica adecuada que a nuestros internos
se les debe prestar, estamos hartos de que siempre
paguen los platos rotos por la incompetencia en la
gestión de problemas la parte más vulnerable, los
internos y los funcionarios de Interior, sometidos
estos últimos a una sobrecarga de trabajo en su
quehacer diario por la falta de personal, agravada
por esta situación que si se demorase más en el
tiempo creemos que pudiera culminar con graves
incidentes regimentales”. |
El
fiscal de la Audiencia Nacional
Pedro Rubira solicita un total
de 464 años y seis meses de
cárcel para 30 presuntos
terroristas islamistas,
marroquíes y argelinos en su
mayoría, que fueron detenidos en
octubre de 2004 en el curso de
la denominada
'operación Nova'.
Al supuestos líder de la
célula,
Abderahman Tahiri,
'Mohamed Acraf', se le
acusa de crear cuatro células
terroristas desde la cárcel de
Topas (Salamanca) y de
planear atentados contra
diversos objetivos en España,
entre ellos la
Audiencia Nacional, que
pensaban hacer volar estrellando
contra ella un camión-bomba.
El Ministerio Público
solicita para ellos penas de
entre 2 años y medio y 46 años
de cárcel por
delitos de conspiración para
cometer atentado terrorista,
pertenencia a banda armada,
falsificación de documentos
oficiales y tenencia de útiles
para la falsificación de
tarjetas de crédito.
En su
escrito de calificación
provisional, que consta
de 54 folios, el fiscal señala
que 'Mohamed Acraf' constituyó,
como emir en la cárcel de
Topas, un grupo de personas
adoctrinadas en el pensamiento
del 'salafismo yihadista',
conectado a Al Qaeda. Entre sus
objetivos se encontraban, además
de la Audiencia Nacional, el
Tribunal Supremo, la
estación ferroviaria de
Príncipe Pío, el
parque Tierno Galván o
la sede del PP en la calle
Génova.
Sobre este presunto
cabecilla, el escrito añade que
durante su permanencia en
prisión, en 2000,
ideó la formación de cuatro
grupos encuadrados en la red
terrorista denominada "Mártires
por Marruecos", de los que sería
coordinador: uno que pasó a
controlar su hombre de confianza
Said Afif cuando
abandonó Topas; un
segundo en el Centro
Penitenciario de A Lama
(A Coruña), liderado por
Dibali Abdellah; un
tercer grupo situado en la
provincia de Almería y un cuarto
formado en Levante por otro de
los lugartenientes de 'Mohamed
Acraf', llamado
Djilali Mazari.
Para el atentado contra la
Audiencia Nacional
los terroristas trataron de
adquirir 1.000 kilos de Goma 2
ECO, de los cuales 500
serían utilizados en esta
atentado y el resto para otras
acciones terroristas. Su
propósito era cargar la dinamita
en un camión y lanzarlo a toda
velocidad contra el edificio de
la Audiencia Nacional en la
calle Génova.
El grado de preparación del
atentado había llegado a tal
extremo, según la Fiscalía, que
hasta siete de los procesados
(Said Afif, Kamara Birahima,
Mustapha Farjani, Mohamed
Boukiri, Mokhtar Siah y Mouad
Duoas)
habían manifestado su voluntad
de inmolarse junto a Tahiri
en la ejecución de este
atentado.
La compra de la GOMA 2
Para tal fin, Tahiri se
trasladó en
julio de 2004 a Almería
y solicitó a Birahima que
comprara una tonelada de
explosivo. El mauritano se puso
en contacto con una persona de
etnia gitana, llamada Antonio,
si bien finalmente no se produjo
la compra-venta. 'Momamed Acraft'
también le pidió conseguir
explosivo a una segunda persona
que declarará durante el juicio
como testigo protegido.
El líder de la célula también
entró en contacto, mediante
correo electrónico, con una
persona llamada Salim, de la que
se conoce que su nacionalidad es
Palestina y que reside en
Alemania, y que es especialista
en electrónica. Fue encargado de
fabricar el artilugio
electrónico para hacer estallar
el camión-bomba.
Según la Fiscalía, mediante
este atentado se pretendía
acabar con la vida de las
personas que trabajan
diariamente en la Audiencia
Nacional, unas 980 entre jueces,
fiscales, funcionarios,
periodistas y público en
general, así como
destruir los archivos
que afectan a otros
procedimientos abiertos contra
terroristas islamistas.
Entre los procesados hay un
español,
Baldomero Lara Sánchez,
para quien el fiscal solicita 11
años de cárcel por pertenencia a
banda armada, y cuya función en
el grupo era la de recibir las
cartas que iban dirigidas a otro
islamista,
Addila Mimon, para
evitar las sospechas sobre las
actividades terroristas de este
último.
El sistema empleado por Lara,
según el escrito de la Fiscalía,
era que las cartas llegaran a su
nombre como destinatario,
utilizando el de su esposa como
remitente. En su declaración
judicial ante el juez Baltasar
Garzón, que fue el instructor de
esta causa, Baldomero reconoció
que Mimon le pidió que pusiera
su remite para mandar una carta
a un nombre árabe de la
provincia de Almería.
Adoctrinamiento en la cárcel
Los objetivos que persigue el
Grupo Salafí para la Predicación
y el Combate, al que pertenecían
estos presuntos terroristas, son
conquistar el poder mediante la
'Guerra Santa' a fin de
establecer la Sharia o Ley
Islámica, practicar esta guerra
contra el mundo occidental,
"como respuesta de la
provocación que realiza contra
la forma de vida musulmana" y la
aceptación el martirio.
Una vez aceptados estos
principios, los procesados
recibían
adoctrinamiento religioso
y otro propiamente
paramilitar, según el
escrito de calificación
provisional de la Fiscalía.
El adoctrinamiento religioso,
que se realizaba en prisión,
comprendía el estudio de la ley
islámica, historia islámica y
política islámica contemporánea,
así como disciplina para
conservar la fe "en el mundo de
los no creyentes". La formación
paramilitar incluía actividades
propiamente terroristas, según
la acusación pública.
Para la consecución de sus
fines, la "célula" realizaba
actividades como la de
falsificación de pasaportes,
tarjetas de residencia,
duplicación de tarjetas de
crédito y reclutamiento y
adoctrinamiento de personas,
"tanto en el ámbito
penitenciario como de otras que
se encontraban en situación
legal en España desarrollando
profesiones laborales diversas".
Además, los internos
adscritos a este grupo en las
cárceles enviaban dinero y
cartas a otros presos con el fin
de reclutarlos para su causa,
tal y como se señala en la
numerosa documentación epistolar
incautada en esta "operación" y
que será presentada como prueba
en el juicio.
Los acusados son Tahiri (para
quien se piden 46 años de
prisión), Kamara Birahima (37),
Said Afif (29 años), Mustapha
Farjani (27), Mohamed Boukiri
(27), Mokhtar Siah (27), Mouad
Duoas (27), , Dibali Abdellah
(13), Djilali Mazari (13), Majid
Sahouane (13), Mohamed Arabe
(11), Djanel Merabet (13 años y
6 meses), Baanou Abdulah (11),Eddebdoudi
Taoufik (11), Mohamed Amine
(11), Babir Belhakem (11),
Mohamen Amin (11), Aspir Smali
(11), Mustapha Zanibar (11),
Soubi Kunic (11), Abdelkrim
Bensmail (11), Salah Zelmat
(11), Redha Cherif (11), Djamel
Seddik (11), Mohamed Boualem
(11), Hocine Kedache (11),
Baldomero Lara Sánchez (11),
Ahmed Chebli (11), Mourad Yala
(2 años y seis meses) y Majid
Mchmacha (2 años y seis meses de
prisión)
|
El sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario
aseguró que el taller, ubicado en el módulo 24 de la
Unidad de Preventivos de la prisión, está gestionado
por una empresa privada que, según afirmó, "no ha
puesto ningún monitor que supervise el mismo, lo que
supone un gasto menos que deben afrontar, y se
traduce en un aumento de sus beneficios, mientras
que el Centro pone todo lo demás", lo que , a su
juicio, representa a "la Administración sometida al
chantaje de una empresa privada".
En este sentido, el sindicato destacó que en el
módulo residen de forma habitual 137 internos, de
los cuales unos 25 trabajan en ese taller. Por otra
parte, "sólo hay dos funcionarios de servicio en el
mismo, que además de controlar a todos los internos,
y de ocuparse de todas las tareas propias de un
módulo de esas características", según apuntaron,
"uno de los que mayor carga de trabajo soportan en
todo el centro", los funcionarios "tienen que
vigilar el desarrollo de los trabajos en el taller".
Además, "para llevar a cabo esos trabajos",
explicaron que los internos tienen "en su poder
material peligroso como el utilizado para hacer las
abrazaderas metálicas o destornilladores". Según
destacó Acaip, esas abrazaderas metálicas,
"se puede convertir muy fácilmente en un pincho, que
puede ser utilizado contra otros internos, o contra
los funcionarios".
Acaip denunció que no es una situación
"descabellada" pues la pasada semana, aseguraron,
"se encontró uno de de unos 20 centímetros de
longitud", y que empeora al "funcionar de forma
deficiente" el arco detector de metales que hay en
la entrada del taller, y que, "en ocasiones, no
detecta los elementos metálicos, por lo que los
internos pueden entrar y salir con todo tipo de
material peligroso", añadieron.
Por otra parte, el hecho de que se haya instalado
"en un lugar que no reúne, ni de lejos, ningún tipo
de condición de seguridad, ni de protección de
instalaciones industriales", supone que a la entrada
y a la salida de la materia prima, además de los
productos elaborados, sea "imposible proceder a un
registro efectivo de los mismos, por lo que se puede
introducir o sacar cualquier tipo de objeto |
|
A las nueve de la mañana de ayer hacían su entrada
en la nueva prisión de Puerto 3 los 28 primeros
internos que van a ocupar estas instalaciones. Todos
ellos son presos con condenas en firme procedentes
de la cárcel de Puerto 2, que de esta manera poco a
poco se irá descongestionando con traslados en
grupos de aproximadamente 30 personas hasta
completar las previsiones para estos primeros meses
de funcionamiento. Los presos que tendrán como
destino Puerto 3 (un total de 436, 36 de ellos
mujeres) serán todos procedentes de la zona de El
Puerto y ciudades cercanas. A los 28 que llegaron
ayer habrá que sumar otros tantos mañana miércoles y
en los días sucesivos irán llegando nuevas remesas
de internos, en este caso procedentes de prisiones
como las de Huelva, Algeciras, Córdoba y Jaén.
La prisión, que fue inaugurada el pasado 7 de junio,
no había tenido ocupantes hasta ahora salvo los
funcionarios, que han tenido que adaptarse en estos
días al funcionamiento de unas instalaciones
completamente nuevas para ellos. Los presos llegados
ayer no tuvieron ocasión de conocer la prisión al
completo, sino únicamente el módulo residencial al
que estarán adscritos, aunque en los próximos días
podrán hacer uso de las dependencias previstas como
talleres y espacios deportivos. Ya la prisión ha
contratado personal de cocina, de lavandería y de
los demás servicios necesarios para poner a andar
las nuevas instalaciones, aunque en próximas fechas
se irá destinando a estos trabajos a presos de
confianza que colaboren en estas tareas.
Como explica el director de la prisión, Francisco
Sanz, la razón de que la llegada de los presos vaya
a ser tan escalonada responde a dos motivos. Por un
lado, el hecho de que los furgones de la Guardia
Civil tienen capacidad para transportar apenas a una
veintena de presos en cada viaje, y por otro lado a
la necesidad de ir probando las instalaciones con
tranquilidad y con calma. De hecho, ayer por la
mañana se vivía uno de los problemas que sin duda se
repetirán a lo largo de estos primeros días con la
cárcel ya ocupada. En este caso fue la rotura una
tubería que hubo que reparar sobre la marcha. "El
día a día de la prisión hará sin duda que al
principio surjan dificultades de diversa índole que
habrá que ir solucionando. Me he reunido con los
primeros internos que han llegado y les he pedido
paciencia, aunque ellos me han contestado que han
pasado de viajar en un 600 a hacerlo en un
Mercedes", comentó.
Los internos, a partir de ahora, seguirán su rutina
habitual con su régimen de visitas previsto y su día
a día, aunque en unas instalaciones a estrenar y
desde luego con menos estrecheces que en las
prisiones de procedencia.
En otro orden de asuntos, la Plataforma Local por la
Seguridad valoró de forma positiva en su última
reunión la concentración celebrada el pasado día 7 a
las puertas del nuevo centro penitenciario, así como
la movilización del día 14 reclamando más policías
para la ciudad. La plataforma volverá a reunirse el
día 4 de julio para concretar las nuevas
movilizaciones que se llevarán a cabo. La plataforma
exige la convocatoria urgente del Consejo Local de
Seguridad Ciudadana. |
Imágenes virtuales del edificio, mapa de
localización y una ficha que describe al detalle el
futuro centro de inserción social para la población
reclusa anunciado por Instituciones Penitenciarias.
Sin embargo, no se ha dado fecha de finalización de
las futuras instalaciones ni de su entrada en
funcionamiento. Ha pasado casi año y medio desde que
la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios lanzara las últimas
noticias sobre el centro, y desde entonces no se ha
producido ningún movimiento, según los sindicatos,
pese a la masificación de la macrocárcel onubense
-denunciada por sindicatos y organizaciones no
gubernamentales- por el progresivo aumento del
número de internos.
La entrada en funcionamiento del centro de
inserción, destinado al cumplimiento de las penas
privativas de libertad en régimen abierto y de las
penas de arresto en fin de semana -además del
seguimiento de penas no privativas de libertad-,
contribuiría a aliviar -según admitió la propia
Dirección General de Instituciones Penitenciarias-
la llamada sobreocupación de la prisión, en la que
la propia Fiscalía de Huelva ha detectado un aumento
de la conflictividad, reflejado en el notable
incremento de los expedientes abiertos por el uso de
medios coercitivos.
El proyecto está ya incluso publicado. El edificio
se localiza al noreste de la ciudad, en el sector de
Vistalegre -entre la Universidad y la autovía de
circunvalación-, en una parcela de 3.624 metros
cuadrados. El centro contará con un total de 150
habitaciones dobles, más otras cuatro plazas
complementarias (dos de aislamiento y dos de
enfermería), organizadas en un único edificio de
seis plantas de altura máxima en una de sus zonas,
que deja en su interior una zona libre exterior para
uso peatonal y para zonas deportivas.
Además de la zona de control de acceso al centro y
de las habitaciones, se prevé una zona de estancia,
en la que estarán ubicados el comedor y la
cafetería-economato, cada uno con sus dependencias
correspondientes, según el proyecto publicado por la
Siep y una sala de estar que podría ser habilitada
como taller.
En la zona ocupacional se contemplan una biblioteca,
un gimnasio, talleres ocupacionales polivalentes,
una sala de trabajo y reuniones, mientras que en las
dependencias asistenciales se prevén la zona
sanitaria, con una consulta médica, una enfermería,
una farmacia y una celda sanitaria con accesibilidad
para personas de movilidad reducida, así como dos
despachos para la atención de internos (en los que
se les ofrecerá asesoramiento jurista o laboral) y
una zona de espera común.
El aumento de la población reclusa en la macrocárcel
de Huelva ha vuelto a registrar un importante salto
en el año en el que se cumple el décimo aniversario
de su apertura.
Los sindicatos mantienen la alerta ante la
masificación cuando la ocupación del centro rebasa
el 155 por ciento, si se tienen en cuenta tanto el
número de plazas funcionales en las celdas (un total
de 1.008) como las complementarias (72 para
ingresos, salidas o tránsitos; 64 en enfermería y 36
en aislamiento) |
La sobrina de los poetas Antonio y Manuel Machado,
Leonor Machado, ha visitado esta mañana las Cortes
de Castilla-La Mancha, donde ella nació en 1924,
cuando su padre, Francisco Machado, trabajaba
aquí como funcionario de prisiones.
Acompañada por la consejera de Cultura, Blanca
Calvo, Leonor ha reconocido que le ha hecho “mucha
ilusión recordar tiempos muy pasados”, del lugar en
el que ella vivió hasta que los seis años.A la
visita también ha asistido Mercedes Lecea Machado,
sobrina de Leonor y nieta de los célebres poetas. En
el recorrido también han participado la directora
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Ana Julia
Salvador; el Secretario General de las Cortes,
Francisco Calvo, y el director general de Relación
con las Cortes, Jorge Moreno.
“Ha cambiado totalmente”, ha expresado Leonor acerca
de este edificio que en su día fue cárcel y donde
había un frontón para que jugaran los presos, tal y
como ha recordado viendo algunas fotos de la época.
Francisco Machado, padre de Leonor, fue el menor de
seis hijos, se licenció en derecho y tras aprobar
las oposiciones se convirtió en funcionario del
cuerpo de prisiones. Tras varios destinos, llegó a
Toledo en abril de 1918 como subdirector de la
Prisión Provincial, donde residieron él, su mujer y
sus tres hijas hasta 1931.
Acerca de Francisco, Enrique Sánchez Lubián publico
en el año 2005 el libro “El reloj de la cárcel”, un
compendio de todas las obras que se conocen del
menor de los Machado, ya que en sus ratos libres
también se dedicaba a escribir.
Uno de estos poemas, el mismo que da título a ese
libro, lo ha recitado hoy Leonor Machado en su
visita al Salón de Plenos, en las Cortes regionales.
De su padre, Leonor ha explicado que se formó bajo
el influjo de la Institución Libre de Enseñanza, y
ha destacado el trato humanitario que les
proporcionaba a los presos, quien “les preparaba
para que salieran y fueran personas”. En este
sentido, la consejera de Cultura, Blanca Calvo, ha
destacado la muchísima confianza que Francisco
Machado tenía en el ser humano.
Tan buena era la relación que tenían los internos
con él, que incluso éstos decidieron cambiar la
fecha de una fuga que tenían prevista, porque esa
noche era a Francisco a quien le tocaba hacer turno,
ha recordado Leonor.
De aquellos años de vida en Toledo, Leonor ha
recordado cómo su tío y padrino Antonio, venía a
visitarles y “disfrutaba aquí mucho”, al tiempo que
les recomendaba que leyeran El Quijote |
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un
fichero de datos de carácter personal para facilitar
el seguimiento de las circunstancias de riesgo de
las víctimas de la violencia de género y, de esta
manera, prevenir nuevas agresiones.
Este fichero, que se llamará "Violencia doméstica y
de género", busca mejorar la eficacia en la
protección de las víctimas, facilitar el seguimiento
de las circunstancias de riesgo que concurren en
ellas, alertar de su evolución y prevenir el riesgo
de nuevas agresiones. Además, se utilizará para
fines estadísticos y asistenciales.
Entre otros datos, recogerá información sobre
infracciones y antecedentes penales de los presuntos
autores y situación penitenciaria de los mismos,
sobre la concesión de permisos o la puesta en
libertad de los internos que se encuentren sujetos a
medidas de judiciales de alejamiento o prohibición
de comunicación con la víctima.
Los datos procederán de las denuncias presentadas
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los
atestados policiales y de las resoluciones dictadas
por las autoridades judiciales y penitenciarias.
El acceso a esta información quedará limitada a los
órganos judiciales del orden penal y los juzgados de
violencia sobre la mujer, al Ministerio Fiscal,
policía judicial y unidades policiales
especializadas en violencia de género, a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y
a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno |
Efectivos de la Policía Nacional han detenido a una
ciudadana nigeriana de 44 años, que responde a las
iniciales B.I.E., por tratar de introducir droga,
supuestamente heroína, durante un vis a vis en el
centro penitenciario de Topas. Según informaron
fuentes policiales, la detenida, que ya ha pasado a
disposición judicial, trató de introducir la droga
oculta en su ano en un paquete en forma de huevo que
contenía cinco bolsitas con un total de 26,3 gramos
de heroína.
Los hechos se produjeron cuando B.I.E. iba a
mantener un encuentro con un interno que cumplía
condena en la penitenciaría salmantina y con
antecedentes por tráfico de droga. Gestiones
realizadas por efectivos de la Policía Judicial
hicieron sospechar que la mujer pretendía introducir
droga en la cárcel, por lo que inicialmente se la
retuvo por carecer de documentación para acceder al
vis a vis. Posteriormente, en las dependencias
policiales, ella misma se extrajo la droga del ano.
Asimismo, durante un registro, al ciudadano con el
que la detenida pretendía mantener el vis a vis le
fueron encontrados 1.525 euros con los que,
presuntamente, pagaría la droga que quería
introducir la nigeriana.
Tanto la mujer como el ciudadano al que iba a
visitar cuentan con antecedentes penales por tráfico
de droga y ambos utilizan diferentes personalidades
para cometer delitos |
Medio centenar de agresores condenados por delitos
de violencia hacia las mujeres en León están
pendientes de realizar un programa de rehabilitación
para maltratadores, como alternativa a su ingreso en
prisión. Se trata de hombres juzgados por delitos de
violencia de género, sin otros antecedentes penales
y con una pena de privación de libertad que no
rebasa los dos años.
Según el subdelegado del Gobierno en León, Francisco
Álvarez, Instituciones Penitenciarias ha firmado
convenio con Proyecto Hombre ejecutar las sentencias
que conllevan un programa de reeducación. La
Fundación CALS llevará a cabo este programa que
Instituciones Penitenciarias inaugura en León y
Ponferrada como experiencia piloto con la intención
de extenderlo después al resto de la comunidad
autónoma.
El programa Trébol, tal y como ha sido bautizado,
contará con dos psicólogos, un trabajador social y
un psiquiatra. La incorporación de un titulado en
psiquiatría es una novedad con respecto al programa
Fénix, realizado exclusivamente por psicólogos
mediante un convenio de la Dirección General de la
Mujer con el Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León.
Los jueces tienen la potestad de decretar la
suspensión del ingreso en prisión de una persona
condenada por violencia de género a cambio de que
participe en cursos de reeducación especialmente a
destinados a maltratadores.
Sin embargo, la administración penitenciaria no ha
puesto en marcha los mecanismos para ejecutar estas
sentencias en León y, desde septiembre del año
pasado, se han acumulado unos cincuenta casos en la
provincia.
Hasta entonces otros tantos hombres condenados por
maltrato fueron remitidos por los servicios sociales
penitenciarios al programa de reeducación de
agresores Fénix, financiado por la Dirección General
de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta.
Pero la administración autonómica decidió suspender
la admisión de hombres que acudían obligados por una
sentencia judicial y no voluntariamente en
septiembre del 2006. La demanda de los juzgados
leoneses había desbordado las previsiones
presupuestarias para el tratamiento psicológico y
conductual de los agresores.
La participación de la especialistas de la
asociación Proyecto Hombre en el programa de
reeducaciñon de maltratadores se explicaría por la
incidencia de las adicciones a alcohol u otras
drogas que sufren algunos agresores, pero que en
ningún caso son consideradas como las causantes de
la violencia de género.
Dentro de la cárcel
Por otro lado, Instituciones Penitenciarias tiene en
proyecto contratar a cincuenta psicólogos interinos
y casi un centenar de trabajadores sociales para
dotar a las prisiones, centros de inserción social y
secciones abiertas de programas de reeducación de
convictos por violencia hacia la mujer en el medio
penitenciario.
Hasta ahora, en la prisión provincial de León,
ubicada en Mansilla de las Mulas, se realizan
programas similares con agresores sexuales pero no
cuenta con suficientes psicólogos para llevar a cabo
programas en torno a la violencia de género.
A mayo del 2007, en el penal leonés había diecisiete
internos preventivos por violencia de género, 48
penados no tenían permisos de salida y otros dos
internos se encuentran en tercer grado
penitenciario, según datos que han sido facilitados
por la Subdelegación del Gobierno |
Las
obras en la
antigua
prisión
comenzaron
por sorpresa
ayer y no
fue para
construir el
gran centro
cultural
prometido
por el
candidato
del PSOE,
hoy portavoz
socialista
en el
Ayuntamiento,
Javier
Torres Vela.
Ni tampoco
para
albergar el
equipamiento
vecinal
solicitado
por los
residentes
de la zona y
apoyado por
el gobierno
municipal e
Izquierda
Unida.
Finalmente,
nada se ha
movido y el
Gobierno
central
continúa con
su proyecto
de mantener
en la cárcel
un centro de
inserción
para presos.
El
comienzo de
la obra
parece
contradecir
el
compromiso
del
presidente
del
Gobierno,
José Luis
Rodríguez
Zapatero,
que en plena
campaña
electoral,
hace sólo
dos meses,
mostró su
"mejor
disposición"
en un acto
de apoyo a
Torres Vela
para
construir un
equipamiento
cultural en
la antigua
cárcel en
lugar del
centro de
inserción
para presos
previsto por
el
Ejecutivo.
Al parecer,
según
informó la
diputada
socialista
del Congreso
de los
Diputados,
María
Escudero, el
Gobierno
habría
cumplido su
promesa si
el gobierno
local,
constituido
hace
prácticamente
dos semanas,
hubiese
puesto a
disposición
del
Ministerio
del Interior
un solar
donde ubicar
el centro de
inserción
penitenciario.
No obstante,
tanto
Escudero
como el
portavoz
socialista,
Javier
Torres Vela,
anunciaron a
este
periódico
que la
medida no es
irreversible
y que aún
cabe la
posibilidad
de negociar
un cambio de
uso de la
antigua
cárcel.
El
gobierno
local se
limitó ayer
a constatar
el inicio de
unas obras
que le
cogieron por
sorpresa. De
hecho, el
área de
Urbanismo ,
ante las
reiteradas
llamadas de
los vecinos
alertando de
los
trabajos,
envió a
media mañana
a un grupo
de policías
locales para
informarse
de la
naturaleza
de la
intervención
y pedir los
permisos
pertinentes.
Y fue aquí
donde se
encontró con
una nueva
sorpresa.
Los trabajos
han
comenzado
sin la
preceptiva
licencia.
Los
responsables
de las obras
defendieron
que no es
obligatorio.
En su
opinión, el
acuerdo del
Consejo de
Ministros
para la
licitación
de los
trabajos ya
es
suficiente
para que el
Estado pueda
ejecutar su
proyecto,
una opinión,
en cambio,
que no
comparten
los
representantes
municipales,
que aseguran
que no
tienen
constancia
de ese
acuerdo del
Ejecutivo.
Fuentes
municipales
apuntaron
que hasta el
momento sólo
tiene una
comunicación
de principio
de año en la
que el
Gobierno le
anuncia su
intención de
seguir
adelante con
el proyecto
de crear un
centro de
inserción.
Desde ese
momento
hasta la
fecha han
pasado
muchas
cosas,
incluyendo
el inicio de
contactos
entre el
municipio e
Instituciones
Penitenciarias
para buscar
otra
ubicación a
ese edificio
que tiene
previsto
habilitar el
Estado en
una zona tan
céntrica de
la ciudad.
Para
empezar, el
propio
portavoz
socialista
en el
Ayuntamiento
y presidente
de la
Comisión de
Infraestructuras
del Congreso
solicitó a
la directora
de la
sociedad
Estatal de
Instituciones
Penitenciarias,
Mercedes
Gallizo, la
paralización
de sus
planes para
la antigua
prisión.
Igual
petición
acordaron
por
unanimidad
los grupos
políticos en
el
Ayuntamiento
en el último
pleno del
anterior
mandato. Sin
embargo, y
pese a la
oposición
de casi
toda la
ciudad, el
Gobierno
central ha
decidido
seguir hacia
delante
Las obras en la antigua
prisión comenzaron por sorpresa
ayer y no fue para construir el
gran centro cultural prometido
por el candidato del PSOE, hoy
portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Javier Torres
Vela. Ni tampoco para albergar
el equipamiento vecinal
solicitado por los residentes de
la zona y apoyado por el
gobierno municipal e Izquierda
Unida. Finalmente, nada se ha
movido y el Gobierno central
continúa con su proyecto de
mantener en la cárcel un centro
de inserción para presos.
El comienzo de la obra parece
contradecir el compromiso del
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que en
plena campaña electoral, hace
sólo dos meses, mostró su "mejor
disposición" en un acto de apoyo
a Torres Vela para construir un
equipamiento cultural en la
antigua cárcel en lugar del
centro de inserción para presos
previsto por el Ejecutivo. Al
parecer, según informó la
diputada socialista del Congreso
de los Diputados, María
Escudero, el Gobierno habría
cumplido su promesa si el
gobierno local, constituido hace
prácticamente dos semanas,
hubiese puesto a disposición del
Ministerio del Interior un solar
donde ubicar el centro de
inserción penitenciario. No
obstante, tanto Escudero como el
portavoz socialista, Javier
Torres Vela, anunciaron a este
periódico que la medida no es
irreversible y que aún cabe la
posibilidad de negociar un
cambio de uso de la antigua
cárcel.
El gobierno local se limitó
ayer a constatar el inicio de
unas obras que le cogieron por
sorpresa. De hecho, el área de
Urbanismo , ante las reiteradas
llamadas de los vecinos
alertando de los trabajos, envió
a media mañana a un grupo de
policías locales para informarse
de la naturaleza de la
intervención y pedir los
permisos pertinentes. Y fue aquí
donde se encontró con una nueva
sorpresa. Los trabajos han
comenzado sin la preceptiva
licencia.
Los responsables de las obras
defendieron que no es
obligatorio. En su opinión, el
acuerdo del Consejo de Ministros
para la licitación de los
trabajos ya es suficiente para
que el Estado pueda ejecutar su
proyecto, una opinión, en
cambio, que no comparten los
representantes municipales, que
aseguran que no tienen
constancia de ese acuerdo del
Ejecutivo. Fuentes municipales
apuntaron que hasta el momento
sólo tiene una comunicación de
principio de año en la que el
Gobierno le anuncia su intención
de seguir adelante con el
proyecto de crear un centro de
inserción.
Desde ese momento hasta la
fecha han pasado muchas cosas,
incluyendo el inicio de
contactos entre el municipio e
Instituciones Penitenciarias
para buscar otra ubicación a ese
edificio que tiene previsto
habilitar el Estado en una zona
tan céntrica de la ciudad.
Para empezar, el propio
portavoz socialista en el
Ayuntamiento y presidente de la
Comisión de Infraestructuras del
Congreso solicitó a la directora
de la sociedad Estatal de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, la
paralización de sus planes para
la antigua prisión. Igual
petición acordaron por
unanimidad los grupos políticos
en el Ayuntamiento en el último
pleno del anterior mandato. Sin
embargo, y pese a la oposición
de casi toda la ciudad, el
Gobierno central ha decidido
seguir hacia delante
|
Las
intenciones para acercar
posturas y buscar una ubicación
alternativa al centro de
inserción de reclusos se quedan,
por ahora, sólo en un deseo ante
la realidad de las obras que
Instituciones Penitenciarias ha
comenzado en la antigua prisión
provincial. Tanto es así que el
Ayuntamiento ya ha anunciado que
ha incoado un expediente
sancionador a Instituciones
Penitenciarias por haber
iniciado los trabajos del centro
sin la autorización necesaria.
La falta de licencia fue
constatada el pasado lunes por
la Policía Local que paralizó
los trabajos y, ayer por dos
inspectores municipales que
acudieron al recinto para poner
en orden la situación. Y es que
la concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Granada, Isabel
Nieto, asegura que el informe
técnico del proyecto de Interior
incluye un edificio que no
respeta los espacios libres, ni
retranqueos previstos en el PGOU,
ni tampoco contempla la apertura
de un vial recogida en el
planeamiento vigente. "Aún así,
insisto en que nuestra intención
a la negociación sigue abierta y
pongo a disposición de
Instituciones el mapa de solares
de la ciudad para reabrir el
diálogo", dijo Nieto
La nueva concejal de
Urbanismo fue tajante ayer al
denunciar la falsa "pasividad"
que Interior le achaca al
Consistorio en este tema cuando,
"el propio alcalde, a petición
de la Junta Municipal del
Distrito Beiro, solicitó por
escrito y en dos ocasiones una
reunión con el subdelegado del
Gobierno, Antonio Cruz,
representantes de Instituciones
de Prisiones y los portavoces
vecinales y aún no han tenido
respuesta".
La edil Urbanismo insiste en
la ilegalidad de las obras y en
la falta de potestad de
Instituciones Penitenciarias
para hacer los trabajos, ya que,
según la disposición adicional
tercera de la Ley de Contratos,
si las obras pretendidas no se
adecuan al planeamiento vigente,
el Ministerio de Obras Públicas
debe elevar al Consejo de
Ministros la petición de que
acuerde llevarlas a cabo, pero a
través de un informe previo de
los organismos urbanísticos
competentes de la comunidad
autónoma. Así, el Consejo de
Ministros puede decidir la
ejecución del proyecto, siempre
que ordene la modificación del
PGOU y es en este aspecto al que
el Ayuntamiento se agarra pues
no ha recibido orden alguna de
tal modificación.
Por otro lado, desde la Plaza
del Carmen se hace hincapié en
que en febrero pasado, Luis
Gerardo García Royo -anterior
responsable de Urbanismo-,
reiteró a Instituciones
Penitenciarias su ofrecimiento
de ubicar el centro de inserción
en el Polígono El Florío, a
cambio de que cedieran la
antigua cárcel para albergar los
equipamientos municipales
necesarios del barrio, pero que
lejos de aceptar su propuesta se
presentó el proyecto vigente.
Todo esta sucesión de
acontecimientos hacen pensar a
Nieto que la actuación de
Interior es inadecuada y
dictatorial. "Han llegado
arrasando, sin atender a
cuestiones de trámite, y por
encima de la opinión vecinal,
algo que resulta inadmisible".
|
En los últimos días, el centro penitenciario de A
Lama ha sido escenario de dos incidentes violentos
que supuestamente se han saldado con agresiones de
internos a funcionarios públicos. En ambos casos,
los presos permanecen aislados del resto de la
población reclusa a la espera de que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias toma un
decisión sobre la petición cursada desde el penal de
que ambos reclusos sean catalogados como de primer
grado o régimen cerrado, una medida que restringiría
algunas de las libertades de las que gozaban hasta
este momento.
El primero de los sucesos se produjo el pasado
jueves y fue protagonizado por un preso del módulo
11 cuando, según trascendió, un funcionario
pretendía hacerle un cacheo rutinario. El interno se
negó, se revolvió supuestamente golpeando al
empleado público y, al parecer, esgrimió una especie
de pincho con el que amenazó al trabajador.
Otros funcionarios tuvieron que intervenir para
reducir y desarmar al interno. La rápida reacción de
estos últimos impidieron que el suceso se agravase.
Días después, concretamente este lunes, se produjo
la segunda de las agresiones. En este caso el
escenario no fue un módulo, sino todo ocurrió en el
pabellón polideportivo del centro penitenciario
pontevedrés de A Lama.
Todo parece indicar que una funcionaria observó como
uno de los internos estaba consumiendo alguna
sustancia estupefaciente, posiblemente un porro. A
la vista de esta situación, la empleada del penal le
pidió al recluso que le entregara la droga y éste se
habría negado.
Según trascendió, la insistencia de la víctima, que
le habría querido quitar los estupefacientes, tuvo
como respuesta que el recluso reaccionara
violentamente. Así, las fuentes consultadas aluden a
que el preso le agarró del brazo por detrás y se lo
retorció, así como le propinó un fuerte golpe.
De nuevo tuvieron que intervenir otros funcionarios
para poner orden y aislar al recluso.
Los trabajadores tuvieron que ser atendidos en la
propia enfermería del centro penitenciario
pontevedrés, sobre todo en el caso del primero de
los empleados agredidos. En cualquier caso, no
tuvieron que solicitar la baja del servicio activo.
Los presuntos agresores son reclusos de origen
gallego. Las fuentes consultadas no se explican la
reacción del segundo de ellos, el que protagonizó el
incidente del lunes, ya que disfrutaba de permisos
de salida. «Ahora se va a ver muy perjudicado»,
precisaron. |
|
El agente herido está animado y será dado de alta en breve |
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06-07-07 |
| El agente herido durante el
tiroteo en O Burgo y que responde a las iniciales de G.C.,
recibirá el alta médica en breve. Ricardo Dovigo Castro,
jefe de la policía local de Culleredo acudió en la mañana de
ayer a visitar al agente al hospital donde se encuentra
ingresado desde el pasado martes y comentó que "se encuentra
muy bien, mejorando día a día y muy animado, ya que es
consciente de la suerte que ha tenido, ya que su
recuperación va a ser total y sin secuelas". "Si a bala le
hubiese alcanzado un poco más arriba se habría quedado
cojo", explica. |
El otro de los heridos durante el tiroteo, Jaime
Santerbás González, progresa también favorablemente
de las heridas provocadas en una pierna por seis
heridas de bala y permanece ingresado en la unidad
específica destinada a presos a la espera de que se
recupere definitivamente y pueda pasar a disposición
judicial.
Santerbás había cumplido ya condena en el momento de
perpetrar en compañía de Manuel Pereira el atraco a
la sucursal de O Burgo. Su compañero, en cambio,
disfrutaba de un permiso penitenciario en el momento
de cometer el robo. Un permiso que, según expresaron
los portavoces de Instituciones Penitenciarias le
fue concedido por el juez de vigilancia
penitenciaria en contra del criterio de la prisión.
Declaración > Manuel Pereira, el hombre de 44 años
detenido el pasado lunes en la estación de Renfe
como uno de los presuntos autores del atraco
perpetrado a la sucursal de O Burgo pasará hoy a
disposición judicial tras permanecer retenido en
Lonzas desde el momento de su detención.
Por otra parte, la Guardia Civil finalizará en breve
las diligencias, tras recoger durante estos días las
declaraciones de los policías que intervinieron en
el atraco y de otros testigos de los hechos.
Inseguridad > Pese al espectacular tiroteo del
pasado lunes, la calma ha regresado finalmente a O
Burgo. Vecinos de la zona se muestran todavía
incrédulos ante lo sucedido, pero la mayoría no duda
en afirmar que se trata de un hecho aislado. Aún
así, el atraco sigue siendo tema habitual de las
tertulias que se forman en algunas cafeterías, sobre
todo las más cercanas a la sucursal en la que se
produjeron los hechos.
Sin embargo, en algunos sectores, el incidente ha
puesto de nuevo sobre la mesa el tema de la
seguridad ciudadana, y tanto representantes de
ciertos partidos políticos del municipio, entre los
que se encuentra el dirigente de APdeC, José Ramón
Rioboo, como algunos vecinos de Culleredo, reclaman
mayor presencia policial en las calles.
En este sentido, Rioboo afirmó que "este atraco pone
de manifiesto la inseguridad que existe en el
municipio, donde en menos de dos meses se han
producido dos atracos de importancia en un radio de
cincuenta metros", y reclama la contratación de más
agente de la policía local para hacer frente a este
tipo de sucesos.
Algunos vecinos llaman la atención sobre los robos
acaecidos hace algunos meses en urbanizaciones de la
zona, haciendo especial hincapié en el asalto
perpetrado al chalé de Caamaño |
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Libertad a media jornada |
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06-07-07 |
| Un grupo de presos de
Villabona participa en un taller de trabajo en Caborana
Caborana acoge esta semana un taller de trabajo en el que
participa un grupo de internos de la penitenciaría de
Villabona. En total dieciocho presos realizan labores de
recuperación medioambiental bajo la coordinación de la
Fundación ADSIS. Los alleranos les han acogido con afecto. |
Lo que comenzó como una experiencia de fin de semana
trabajando en sextaferia en el alto Aller por parte
de un colectivo de jóvenes reclusos pertenecientes a
la unidad terapéutica del centro penitenciario de
Villabona ha logrado tener una continuidad en el
tiempo. Bajo el lema «Momentos de libertad», un
grupo de dieciocho jóvenes acogidos al programa de
inserción social de personas drogodependientes
privadas de libertad participa estos días en un
campo de trabajo, siendo la localidad elegida para
acoger la iniciativa el pueblo de Caborana. Los
presos realizan desbroces, limpieza de calles y
otras actividades en favor de la comunidad. La
propuesta parte de la Fundación ADSIS y cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de Aller.
El campo de trabajo comenzó a funcionar el pasado
lunes y se prolongará durante toda la
semana.Colabora un colectivo de nueve personas en
función de apoyo, entre monitores y voluntarios,
coordinados todos ellos por Javier Illarramendi, de
la Fundación Adsis.
Durante estos ocho días los internos tienen un
programa claramente estructurado. El grupo parte a
primera hora de la mañana de Villabona hacia
Caborana, donde realiza los trabajos de colaboración
ciudadana, para dedicar la tarde a actividades como
talleres y propuestas educativas en el albergue
juvenil de Bustiello. Al final del día retornan a la
penitenciaría.
Esta experiencia es valorada muy positivamente por
los dieciocho jóvenes participantes. Les permite un
contacto real con la calle, lo que asumen como un
paso hacia su reinserción, ya que les ofrece, según
explican, un tiempo de reflexión. Los terapeutas
puntualizan que el trabajo en un grupo fomenta la
solidaridad, «tanto con sus compañeros como con el
pueblo en general, algo que desemboca en un
fortalecimiento de las relaciones interpersonales
constructivas y gratificantes».
Una de las cosas que más valoran estos jóvenes,
inicialmente temerosos del contacto con la libertad,
es la excelente acogida que les han dispensado los
alleranos, con algunos de los cuales comparten el
descanso del bocadillo y el refresco. Las
conversaciones están cargadas de ánimo y buenas
intenciones.
Cuando los presos retornen definitivamente a sus
celdas para cumplir el resto de la condena, en
Caborana quedará, a buen seguro, su sello positivo
de colaboración y buen hacer en el mantenimiento
medioambiental, que, a golpe de herramientas y de
manera altruista, han desarrollado durante esta
semana. El Ayuntamiento de Aller ya ha manifestado
su intención de seguir colaborando en años venideros
con la penitenciaría de Villabona para seguir
acogiendo esta singular iniciativa de marcado
carácter social |
--¿Ha sido el de De Juana Chaos el
peor episodio desde que está en la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias?
--No ha sido el peor. Es verdad que
tenía todo el día los focos delante y
había una fuerte presión de la prensa y
de la oposición, no muy constructiva
esta. Las complicaciones que acarrea el
cargo son otras, la responsabilidad de
personas que cumplen condena, la
obligación de mejorar su situación y el
compromiso de avanzar hacia una sociedad
más protegida.
--¿Cuántos presos salen a la calle
cada año sin acabar de cumplir condena
por prescripción médica o motivos
humanitarios?
--Una media de 300. El último, José
María Ruiz Mateos. En el caso de De
Juana Chaos solo le quedan por cumplir
unos meses. Hay excarcelaciones por
motivos humanitarios con mucho más
tiempo pendiente de condena.
--Recientemente, Etxerat,
asociación de familiares de presos de
ETA, denunciaba que doce de estos
reclusos estaban enfermos de gravedad.
--En nuestro sistema penitenciario
hay muchas personas enfermas, a las que
tratamos y cuidamos. A veces, esas
enfermedades son tan graves que pueden
empeorar por su permanencia en prisión.
De ahí que el sistema tenga prevista la
excarcelación cuando su vida corre
riesgo. También hay personas con
enfermedades gravísimas, que no es el
caso de los doce reclusos de ETA, pero
no las podemos dejar marchar, porque si
salen hacen una gorda. Vuelven a
delinquir.
--Existe la impresión de que la
seguridad en España se pretende
conseguir a costa de pasar a ser un
Estado penitenciario. ¿No son muchos
65.810 presos?
--Son muchísimos, tenemos la mayor
población penitenciaria de Europa, con
146 penados por cada 100.000 habitantes.
Superamos a Inglaterra. Encarcelar a los
delincuentes es un recurso fácil, pero
es discutible que la sociedad sea más
segura con más gente en las prisiones.
Hay otras alternativas, como que el
estafador o el delincuente económico
devuelvan las cantidades defraudadas.
Eso les resulta más duro que estar unos
meses privados de libertad.
--Sin embargo, la sociedad tiene
la percepción de que el Código Penal es
más suave en España que en otros países
y pide más condenas.
--Es una distorsión interesada de la
realidad. Las cárceles se llenan como
hace 80 años. Es una vergüenza para
nuestro sistema.
--¿Hasta qué punto influyen los
presos extranjeros en el problema de
hacinamiento?
--Hay que resaltar que el inmigrante,
por definición, es una persona que viene
a trabajar y a ganarse la vida, tiende a
adaptarse al sistema. Lo que ocurre es
que vivimos en un mundo cada vez más
globalizado y España es un lugar de paso
para muchas cosas, también para las
redes transnacionales de delincuencia.
La población reclusa extranjera alcanza
al 32%, según las últimas cifras. La
mayoría de los presos cumple penas por
tráfico de drogas. Son personas
utilizadas por las redes de
narcotraficantes para pasar droga por
Barajas o que llegan por el estrecho.
--¿No hay una tendencia al
incremento de delincuentes violentos de
países del Este?
--El de la delincuencia organizada es
otro problema. Estos presos son menos
que los traficantes, pero son violentos
y de mucho riesgo. No obstante, el
grueso de los presos no son los
inmigrantes, siempre son los pobres con
pocos recursos, sin trabajo ni formación
cultural.
--Dada su trayectoria personal y
política, ¿no le produce frustración que
se haya llegado a una sociedad que prima
el castigo sobre la prevención?
--Frustración no es el término. Estoy
desolada porque no hemos conseguido
transmitir a la sociedad la complejidad
del mundo penitenciario. Se trata de
problemas muy complejos y de difícil
solución, porque los delitos tienen
determinadas causas, la pobreza, la
incultura, la marginalidad, que no se
resuelven en las cárceles. Es desolador
comprobar que el extraordinario esfuerzo
para ampliar las estructuras y mejorar
la habitabilidad de las cárceles se ve
desbordado por el constante incremento
de presos.
--La respuesta social es que se
condene más y más conductas.
--¿Han bajado los delitos por ello?
La respuesta fácil es condenar. Si los
conductores corren más, hay que
enviarlos a la cárcel, lo mismo que a
los autores de violencia de género. Hay
otro tipo de actuaciones para evitar que
los conductores no conduzcan a gran
velocidad. Se trata de evitar que se
produzcan estos hechos y con mandar a la
cárcel al autor no se evitan. Lo único
que ocurre es que la venganza de la
sociedad se deja ver con más fuerza.
--¿Las alternativas son la
integración, la cultura, la educación?
--La educación es importantísima.
Estoy sorprendida por los límites que ha
alcanzado el debate sobre la asignatura
Educación para la ciudadanía. Soy
partidaria de una educación en valores y
queremos que la asignatura llegue a las
cárceles, porque es una de las carencias
fundamentales en los reclusos.
--Otra de las alternativas son los
centros de inserción para presos en
régimen abierto, pero son insuficientes
o disponen de pocas plazas, como ocurre
en Zaragoza
--A ocho meses de
culminar la legislatura, ¿ha
meditado si querría seguir
en el cargo?
--Creo que no es el
momento de pensar en ello,
no suelo hacer previsiones
para más de una semana o un
mes.
--¿Le ha compensado esta
responsabilidad política?
--Sí. Tengo un compromiso
asumido con mi partido, mi
Gobierno y mi país. Mi
función ha sido compartir el
trabajo con las personas que
colaboran con Instituciones
Penitenciarias.
--¿Ha sido incómodo
habituarse a la vida en
Madrid?
--Ya había estado allí
como diputada, aunque es
verdad que mi trabajo no
requería una presencia tan
continuada. Estoy bien allí
y me gusta mucho la política
nacional. En relación con mi
vida personal, es cierto que
la política no te deja
tiempo para ella. No me
acostumbro a llevar escolta
siempre, pero así son las
cosas.
--La lejanía de su
trabajo no le impide volver
siempre que puede a
Zaragoza.
--Es que tengo mi casa
aquí. Soy zaragozana y
ejerzo de ello, esté donde
esté y cualquiera que sea mi
actividad.
|
E l centro penitenciario Alicante II ubicado en
Villena ha comenzado a emplear pulseras de
localización permanente con GPS para controlar los
movimientos de los internos que disfrutan de
permisos carcelarios. La medida es totalmente
voluntaria para los presos y se aplica únicamente a
los terceros grados, que disfrutan de un régimen de
semilibertad, y en casos de especial conflictividad
por tratarse de violadores, maltratadores,
pederastas, reincidentes o reclusos peligrosos. En
cualquier caso, la decisión corresponde a la junta
de tratamiento del centro que debe elevar la
propuesta al juez de vigilancia penitenciaria para
su autorización.
La medida se ha puesto en marcha esta semana y ha
resultado positiva, según se ha indicado desde la
dirección del centro. Una mujer de Villena ha sido
la primera en beneficiarse de este novedoso sistema
telemático tras disfrutar de tres días en libertad
por un permiso ordinario. Además de la pulsera, que
puede colocarse indistintamente en la muñeca o en el
tobillo, los internos deben llevar consigo un
pequeño dispositivo que se asemeja al mando a
distancia de un garaje. El artilugio está conectado
a un satélite desde donde se envía información a una
central de Madrid que es supervisada las 24 horas
del día por personal de Instituciones
Penitenciarias. Desde allí se controla en todo
momento y a tiempo real el lugar exacto donde se
encuentra el recluso y se graban todos sus
movimientos. Se pueden trazar incluso «zonas de
sombra» para que en la central se active una alarma
en caso de que el portador del GPS viole la
prohibición de salir de casa por la noche o bien se
aproxime a una zona a la que no puede acudir por
tener una orden de alejamiento vigente. En tales
casos se avisaría de forma inmediata a la Policía o
Guardia Civil para proceder a su detención y del
mismo modo se actuaría si el penado se quita la
pulsera ya que cualquier intento de manipulación del
sistema es detectado gracias a su avanzada
tecnología. Al preso también se le pueden enviar
mensajes de texto a través de la pulsera - como si
de un teléfono móvil se tratara - para darle
indicaciones concretas o advertirle de que está
vulnerando las condiciones por las que le fue
concedido el permiso carcelario.
Este localizador se utilizó por vez primera en las
prisiones catalanas y el Gobierno quiere extenderlo
al resto de centros porque, según mantiene
Instituciones Penitenciarias, se ha podido comprobar
que la mayoría de los reclusos tienen un índice
menor de reincidencia si disfrutan de permisos antes
de alcanzar la libertad definitiva. Pero si además
se saben vigilados el porcentaje de éxito aumenta.
«Por lo tanto, la medida contribuye a que los
internos se acerquen progresivamente a la vida
comunitaria y facilita su desvinculación del mundo
de la cárcel», destacan las mismas fuentes.
La prisión de Villena ha sido la primera de la
provincia en implantar este dispositivo telemático y
está previsto que esta misma semana un segundo
interno se beneficie de la misma |
No
hay mejor cirineo para
adentrarse en el centro
de preventivos de
Picassent que el padre
Miguel Fons García.
Cualquier pasillo,
módulo, patio o
dependencia de este área
de la cárcel valenciana
que alberga a más de
1.100 presos -en total
junto al centro de
cumplimiento hay 2.400
internos- tiene para él
una explicación. Un
lugar para la esperanza
entre rejas.
Y en cualquier rincón es
interpelado por alguno
de los presos que ven en
él un punto de apoyo
hacia el exterior: la
libertad... no sólo en
el sentido físico del
deseo.
«Padre, ¿qué hay de lo
mío?», es una de las
expresiones que le
rodean. Lo «mío» puede
ser el último entuerto
judicial en el que se ha
metido el interno, una
recomendación para poder
asistir a uno de los
cursos que ofrece la
capellanía, un mensaje
para algún familiar o un
simple pitillo para
aliviar durante unos
minutos la espera del
tiempo. La gran mayoría
de internos y todos los
funcionarios le conocen.
Fue hace seis años
cuando el padre Miguel
-originario de la
localidad valenciana de
Turís- decidió
compaginar su sacerdocio
en la parroquia de
Gandía con su labor
humanitaria y de
servicio espiritual en
la cárcel de Picassent,
donde coordina a unos
cuarenta voluntarios que
se involucran en
talleres tan diversos
como manualidades,
expresión corporal,
expresividad, costura,
contra el alcohol,
Biblia, así como la
atención neocatecumenal,
entre otros.
Unas actividades a las
que asisten todo tipo de
presos: «Nunca miramos
el credo», explica el
padre Miguel para quien
el «hecho religioso» en
la cárcel -propósito de
este reportaje para el
cual nos pusimos en
contacto con
Instituciones
Penitenciarias- tiene
como mensajes
fundamentales «el amor
de Dios, la gratuidad,
la esperanza y la
humanización».
«Es muy importante que
nuestra labor, en esta
mole tan hostil, pueda
servir para dignificar y
humanizar la estancia de
los internos». Futuro,
creer en sus
posibilidades,
autoestima, superación
de la ruptura interna
que supone la vida
privados de libertad y
la noción del perdón
-«muy importante cuando
todo lo que han visto
son juicios»- son otros
de los mensajes
subrayados por el padre
el Miguel durante sus
homilías en la misa que
se celebra en el centro
penitenciario cada
sábado. «La cárcel te
engancha».
Una de esas
«enganchadas» es
Higinia, voluntaria del
taller de habilidades
sociales, comunicación y
escucha activa. Es
apodada por los reclusos
como «Canin» y es
profesora en un colegio
de Valencia.
«Entablar un diálogo»
Hoy, como una de las
actividades, los
reclusos pintan una
careta -muchos no ha
tenido ningún tipo de
formación educativa-,
«es la excusa para
entablar un diálogo,
hablar de sus
preocupaciones, de lo
que sienten, de sus
anhelos. Lo que más
quieren es que les
escuches».
Uno de los reclusos
lleva dieciocho de sus
40 años entre rejas. Su
casa. «El momento en el
taller es como una
rendija a la libertad»,
cuenta «Canin» quien
explica, emocionada, la
satisfacción que le
supone este servicio de
voluntariado en la
capellanía católica del
centro penitenciario.
«Entre lágrimas ha
venido uno de ellos y me
ha dado las gracias. Es
mucho más los que
recibes que lo que tú
ofreces». Tres mujeres
(también están María
Soler y Mayte) frente a
una decena de presos que
tatuados reciben al
periodista y el
fotógrafo con efusión y
miradas cómplices.
«Mucha suerte», nos
despiden.
La vida en el «talego»
en los últimos cinco
años ha cambiado... «y
vaya que ha cambiado»,
comenta Nicanor, uno de
los funcionarios del
centro que nos acompaña
en la visita con el
padre Miguel.
La población reclusa
inmigrante es la que
empieza a predominar en
los patios o en la
piscina que mitiga el
calor del páramo donde
se ubica el centro de
Picassent (algo
característico en los
demás centros de la
Comunidad Valenciana).
Marroquíes, rumanos,
argelinos, colombianos,
nigerianos,... conforman
un nuevo crisol que
supone a su vez un
desafío para la
seguridad y el día a día
del centro
penitenciario. Casi el
20 por ciento de los
presos son inmigrantes.
Desde algunos sindicatos
como Acaip se
denuncia que la tasa de
sobreocupación de las
cárceles de la Comunidad
Valenciana -junto a
Picassent están Alicante
I, Alicante II, Alicante
psiquiátrico y
Castellón- ha pasado del
166% al 199% en tan sólo
dos años. Desde el 2000
el número de presos ha
crecido un 52%.
«Algunos de los presos,
sobre todo los de Europa
del Este, responden a
una pauta más
organizada, han estado
en estructuras militares
en sus países de origen,
son muy fuertes... todo
un reto», explica otro
de los funcionarios del
centro de preventivos de
Picassent. También hay
un grupo de presos «yihadistas»
ligados a la red
terrorista Al Qaida: «No
dan ningún problema».
Los rumanos, por su gran
número, son ahora la
gran preocupación.
Cuando un recluso entra
en la prisión se le
asigna un módulo tras
analizar su situación.
«Nunca se encuentran un
argelino y un marroquí
juntos; o un ruso con un
lituano... porque se
llevan de por sí mal
entre ellos y pueden
ocasionar problemas».
La irrupción de los
inmigrantes en las
cárceles también ha
influido en el hecho
religioso. En el centro
de preventivos de
Picassent además de
estar «acreditados» dos
sacerdotes católicos (el
padre Chimo, «toda una
institución», es el
otro), también hay dos
pastores evangélicos, un
testigo de Jehová y uno
de la iglesia de
Filadelfia. Además
pastores protestantes,
un rabino y alguna vez
(«pocas», comentan) ha
venido un imán de la
mezquita.
Sobre la conflictividad
dentro de la cárcel, el
padre Miguel nos da el
titular: «El milagro es
que no pase nada». Un
«milagro» cimentado en
el trabajo de los
funcionarios, de los
voluntarios que
humanizan la vida en el
«talego», de la
capellanía católica y
asentado también en la
propia conducta de los
presos que, aunque en
ocasiones puedan generar
algún altercado, más de
los deseados («no hay
que olvidar que esto es
la cárcel»), en general
la conducta es adecuada,
sostienen los
funcionarios consultados
en los pasillos de la
visita a Picassent.
En el módulo 23
«Existe mayor
agresividad en la calle
que en el interior de la
cárcel», ironiza uno de
ellos al tiempo que
vigila un extraño
movimiento de uno de los
reclusos que deambula
junto a una de las
canastas de baloncesto
(sin tablero ni aro) de
uno de los patios de la
cárcel.
El módulo más
conflictivo es el 23. En
él el padre Miguel se
mueve como pez en el
agua. En el momento que
le ven, los presos se
agolpan en los barrotes
del patio -pasamos por
el pasillo- para hablar
con él. En este módulo,
donde los presos no
tienen apenas medios
económicos, llega otro
voluntario con el
«ropero solidario». Se
trata de ropa que se ha
recolectado en
diferentes parroquias y
que se le ofrece a los
indigentes del centro.
Emprendemos el camino
hacia el exterior. Las
puertas, una tras otra,
se cierra a nuestras
espaldas. Nos
encontramos con «Macu»,
uno de los presos más
veteranos en Picassent.
Entre otras, tiene
encomendada la labor de
repartir el periódico a
los presos etarras -el
diario «Berria»-. «Su
vida está aquí. Hay
algunos presos que no
saben vivir ahí a fuera.
Aquí son alguien. Es
triste, pero es cierto»,
reflexiona el padre
Miguel quien en el
camino se topa con uno
de sus tantos presos
conocidos que mochila en
mano le espeta un
«¡Padre me voy!»... «¿Te
vas a la calle? ¡Qué
bueno! Bendito sea Dios
que todo llega».
«Humanizar la prisión»,
éste es uno de los
objetivos del padre
Miguel Fons, coordinador
del voluntariado dentro
de la cárcel de
Picassent: Un lugar para
la esperanza entre rejas
_Marroquíes, rumanos,
argelinos,
colombianos,...
conforman un nuevo
crisol que supone un
desafío para la
seguridad
El padre Miguel dialoga
con un grupo de reclusos
del centro preventivos
de Picassent
Taller de habilidades
sociales, comunicación y
escucha activa donde
colaboran tres
voluntarias de la
capellanía católica
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El aumento de la población reclusa de origen
extranjero en las cárceles españolas ha conformado
un nuevo perfil de preso. Perfil al que los
programas de formación de Instituciones
Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio
del Interior, no se han adaptado, a juzgar por las
manifestaciones del sindicato de prisiones ACAIP.
Los últimos datos sobre reclusos foráneos de
Instituciones Penitenciarias indican que de los
54.998 presos que había en 2006 en España, el 31,4%
era extranjero. Los principales países de origen son
Marruecos, Colombia, Argelia y Rumanía, por ese
orden.
En su mayoría, son reclusos que proceden de bandas
del crimen organizado de Europa del Este, a jóvenes
latinos integrantes de
maras
(bandas juveniles) y a radicales islámicos
vinculados al terrorismo.
"La formación para el funcionario no se ha adaptado
al cambio de reclusos. Los cursos son muy genéricos
y no analizan los nuevos perfiles, ni ofrecen
herramientas para que trabajemos correctamente con
ellos", señala un portavoz de ACAIP, que no
ha querido desvelar su identidad.
El principal escollo es la diferencia de idiomas.
Para salvarlo, Instituciones Penitenciarias ofrece
cursos en la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) para los
funcionarios y clases de español para presos.
"No obstante, no son obligatorios y deberían. Por
otro lado, los cursos para el funcionario se reducen
al inglés y al árabe. Deben realizarse fuera del
horario laboral y no en todas las comunidades es
posible realizarlos", señalan en ACAIP.
Amenazas
incomprensibles
El sindicato mantiene que los problemas derivados
del desconocimiento de idiomas son constantes. "En
las cárceles hay peleas. Si debes intervenir en una
entre dos argelinos que no sepan español, por
ejemplo, ¿como te entiendes?. Además, no es que sean
frecuentes; pero las amenazas existen; aunque si te
amenazan en árabe, no entiendes nada".
ACAIP exige también la presencia de
psicólogos para tratar a los presos extranjeros y
cambiarles la percepción que muchos de ellos tienen
del delito. "Hace poco ingresó en la prisión donde
trabajo un preso colombiano. Me dijo: pero si yo
sólo he matado a un hombre", señala el portavoz de
ACAIP.
Por último, los centros penitenciarios también debe
amoldarse al nuevo perfil. "No puede ser que en las
bibliotecas, una de las vías de escape más empleadas
por los reclusos, sólo puedan encontrarse libros
escritos en español".
"El trato con el
preso será cada vez menor"
La masificación y saturación de las cárceles
españolas ha llevado al Gobierno a optar por la
construcción de las llamadas macrocárceles. Centros
penitenciarios de grandes dimensiones y con
capacidad para miles de presos.
"Con la construcción de estas instalaciones el trato
con el preso será cada vez menor. La necesidad de
que se forme al funcionario para una mejor
convivencia dejará de existir", señala el
responsable del área de Prisiones de la Asociación
Pro Derechos Humanos, Pablo Ces.
Los cursos
Los cursos de formación y reciclaje que imparte
Instituciones Penitenciarias se centran en el
tratamiento del preso, la seguridad penitenciaria y
en la población reclusa más joven, que engloba desde
delincuencia común a miembros de bandas latinas,
pasando integrantes de la
kale borroka.
Además, se ha creado un curso especial para tratar
con los presos condenados por violencia doméstica.
La cifra
El 25,7% de los 16.327 presos extranjeros que había
en España en 2006 era marroquí. Los colombianos
forman el 11,6% de la población reclusa extranjera.
Los reclusos rumanos representan el 7,7% del total
de los presos foráneos, los argelinos el 6,3% y los
procedentes de Ecuador el 3,6%. |
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