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La queja formulada por el Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio se encuentra aún
pendiente de resolución y alude a una anterior denuncia que la
institución colegial elevó al juzgado en 2002 sobre las
"continuas dificultades que se vienen produciendo en el
traslado de los internos a las consultas médicas externas".
Aunque esa queja fue entonces acogida por el Juzgado de
Vigilancia, los letrados del servicio constatan en su última
memoria anual que "se continúan produciendo deficiencias y
dilaciones en los traslados, imputables al bajo número de
funcionarios policiales disponibles para custodiar a los
internos que han de someterse a pruebas o intervenciones en
centros médicos externos". Desde que el Colegio creó en junio de 2001 ese servicio, en
colaboración con Instituciones Penitenciarias y la Consejería
de Justicia de la Junta de Andalucía, los 40 letrados
especializados que lo prestan han incoado ya más de 8.000
expedientes de asesoramiento a internos del Centro
Penitenciario de Sevilla, Psiquiátrico Penitenciario y Centro
de Mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), relativos a la
vida diaria del recluso en la prisión, los permisos, la
clasificación y traslados de centro penitenciario. La población reclusa sevillana efectuó en 2005 un total de
2.027 consultas sobre cuestiones de derecho penitenciario a
los letrados adscritos a ese servicio del Colegio de Abogados,
lo que supuso un incremento del 21,96 por ciento respecto de
las consultas atendidas el año anterior. Según el decano del Colegio, estos datos "evidencian la
consolidación definitiva de un servicio socialmente muy
importante, que cada vez genera más confianza entre la
población reclusa, lo que explica el constante incremento de
asistencias durante estos primeros cinco años de
funcionamiento, con un resultado altamente satisfactorio". Los letrados atienden a los internos "sin rejas", en unos
despachos habilitados en el interior de los centros, teniendo
acceso al expediente del consultante, "lo que les permite
realizar un seguimiento de la vida penitenciaria del
interesado y asesorarles con el mayor grado posible de
eficacia", según se explicó desde la institución. La memoria de 2005 de ese servicio constata también el
continuo incremento de la población reclusa "a causa de las
reformas penales y penitenciarias realizadas por el anterior
Gobierno", lo que según ese documento está provocando en
muchas ocasiones la vulneración de los derechos a cumplir la
pena en centros cercanos al lugar de residencia y a disponer
de celdas individuales. |
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EL IBEROAMERICANO 14-05-06
El
clero musulmán fundamentalista, formado en una ideología
extranjera, licenciado en escuelas de financiación extranjera,
y actuando en coordinación con el fin de imponer una agenda
fundamentalista, ha logrado el monopolio sobre las actividades
religiosas islámicas en las prisiones estatales, federales y
locales americanas y en las cárceles.
Poco
después del 11 de septiembre del 2001, un grupo de
particulares con los que había trabajado y yo abrimos
consultas sobre un problema de islam radical en la cárcel.
Identificamos el cambio en las prisiones como un punto
relevante en la agenda de nuestra nación a la hora de derrotar
al enemigo terrorista. Algunos de nosotros hemos recibido
cartas de reclusos musulmanes de las prisiones americanas
denunciando que miembros radicales del clero han acosado y
sometido de otras maneras a musulmanes moderados en la cárcel
a humillaciones, discriminación, confiscación de literatura
islámica moderada, y hasta amenazas físicas.
Los
miembros radicales del clero musulmán han establecido un
régimen islámico fundamentalista sobre los convictos
musulmanes en las prisiones norteamericanas; imagine cada
comunidad carcelaria islámica como un pequeño reino saudí tras
los muros de la cárcel, sin los accesorios. En la práctica han
inducido a las autoridades americanas a establecer una forma
de "islam estatal" o "islam certificado por el gobierno" en el
sistema correccional.
Las
prisiones federales, estatales y locales de los Estados Unidos
han permitido la adopción de una posición privilegiada para
los misioneros del wahabismo, la secta religiosa estatal de
Arabia Saudí. El wahabismo enseña el odio a todos los
musulmanes no wahabíes, especialmente a los musulmanes chi'íes
y a los musulmanes espiritualistas, conocidos como sufíes.
Los
wahabíes sirven como religiosos a todos los niveles del
sistema penitenciario de los EE.UU. Principalmente son
licenciados y entrenados como funcionarios religiosos por dos
grupos: la Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA) y la
Escuela de Graduados de Ciencias Islámicas y Sociales (GSISS),
que se mudó a Ashburn, Virginia, tras rebautizarse
Universidad de Córdoba en el 2005.
Tanto la ISNA como la GSISS representan formas de islam
radical alineadas con el wahabismo, y ambas son objeto de
investigación federal por vínculos con el terrorismo.
Warith Din Umar es el ex religioso musulmán jefe del
Departamento de Servicios Correccionales del Estado de Nueva
York (DOCS). Nacido Wallace Gene Marks, Umar -- de 61 años de
edad hoy -- fue una vez fiel de Nation of islam, con el
alias de Wallace 10X. (La Nation of islam no es
considerada una expresión auténtica de la fe islámica por los
musulmanes normales).
Umar
comenzó sus actividades como religioso de prisiones en 1975.
El Gobernador de Nueva York George Pataki prohibió a Umar el
acceso a las prisiones en el 2003 después de que el Wall
Street Journal informase de que Umar había expresado su
apoyo a los terroristas del 11 de Septiembre -- afirmando
incluso que los musulmanes "afirman estar contra el terrorismo
y admiran y aplauden en secreto" a los asesinos de masas de
bin Laden. (Según Umar, el Corán no prohíbe el terrorismo ni
siquiera contra el inocente. "Este es el tipo de enseñanza que
no quieren en las prisiones", dijo. "Pero es lo que hago").
Pero
tras despedir a Umar, el estado de Nueva York no tomó medidas
adicionales contra un surtido de clérigos fundamentalistas a
los que él había instalado durante los más de veinticinco años
que había trabajado en el sistema de prisiones. El imán
Salahuddin Mohammed, el religioso del Correccional de Fishkill,
en Beacon, Nueva York, fue uno de los hombres contratados por
Umar.
En
denuncias planteadas por convictos chi'íes, Salahuddin
Mohammed se habría referido presuntamente a los presos chi'íes
como "intrusos y ladrones" durante sus sermones de viernes.
También es uno de los muchos religiosos de prisiones que han
difundido un panfleto anti-chi'í producido por los wahabíes,
titulado "La diferencia entre los chi'íes y la mayoría de
los académicos musulmanes". (Este documento fue publicado
por la Asamblea Mundial de Juventudes Musulmanas, una
agencia oficial saudí).
Existen otros personajes problemáticos que trabajan en el
sistema penitenciario. En marzo del 2006, Umar Abdul-Jalil,
director ejecutivo de servicios ministeriales y religioso
islámico jefe del Departamento de Correccionales de la Ciudad
de Nueva York, dijo presuntamente en un discurso que "los
mayores terroristas del mundo ocupan la Casa Blanca", que los
judíos controlan los medios, y que los musulmanes son
torturados en las prisiones de Manhattan. Abdul-Jalil arenga a
los presos musulmanes en una de las prisiones más peligrosas
de Nueva York, Rikers Island. El alcalde de Nueva York,
Michael Bloomberg, con motivo de la libertad de expresión,
rehusó despedirle.
Un
mes antes del incidente de Abdul-Jalil, Marwán Othman
el-Hindi, un ciudadano americano jordano de nacimiento fue uno
de los tres particulares procesados en Ohio. En ese caso,
Mohammed Zaki Amawi, un ciudadano con doble ciudadanía
jordano-americana, y El-Hindi (junto con un emigrante libanés)
fueron acusados de reclutar terroristas para luchar en Irak.
El-Hindi había servido previamente como imán del Correccional
de Toledo.
Las
organizaciones wahabíes saudíes reconocieron que el
crecimiento del islam normativo (en contraposición con grupos
como Nation of islam) ofrecía una oportunidad extraordinaria
para la infiltración de la ideología radical. En Estados
Unidos, esta base normativa carece de una estructura
institucional o comunitaria. De modo que se importaron imanes
a América, y muchos procedentes de, o tras formarse en, Arabia
Saudí.
Los
radicales wahabíes y sus apologistas afirman que sólo existe
una forma de islam, y está representada por el wahabismo; que
el wahabismo es un movimiento reformista comparable al
Unitarismo en el cristianismo; y que, por supuesto, Arabia
Saudí es un aliado de Estados Unidos y objetivo de al Qaeda.
Al tratar este fenómeno, las autoridades judiciales y
penitenciarias norteamericanas carecieron de la experiencia
legal y educativa para distinguir entre las formas de islam
radical y moderada.
La solución es más simple de lo que parecería: identificar a aquellos religiosos que siguen y predican el wahabismo y despedirlos. Los académicos musulmanes moderados pueden proporcionar fácilmente un nuevo grupo de religiosos para cubrir el vacío hasta que entre en vigor un programa apropiado de formación y licenciatura, incluyendo un plan de estudios para religiosos que destaque las buenas prácticas cívicas y la rehabilitación penitenciaria. |
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 La
directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
aseguró recientemente en el Congreso de los Diputados que no
descarta la construcción en Melilla de una nueva cárcel a
partir de 2012, cuando concluya el actual Plan de
Modernización de centros. En
cualquier caso, y después de reconocer en la Cámara Baja que
se «asombró» de las condiciones de la prisión durante su
última visita a la ciudad, Gallizo tiene la intención de
paliar en parte la situación de la cárcel de Melilla con la
creación de un Centro de Inserción Social similar al que va
a abrirse en Ceuta.Y es que, como confirmó el viernes el responsable de Acaip, Florencio Merino, la prisión local alberga en estos momentos a 322 internos, lo que sitúa a la ciudad entre las trece cárceles más «masificadas» de toda España. Esta situación, que «no tiene vías de solución» debido a la continua entrada de presos, obliga a los internos a compartir las escasas 146 celdas con las que cuenta el centro penitenciario. En declaraciones al programa 'La mañana de Melilla', de la Cadena Cope, Merino señaló que «mucho se tendrían que complicar» las cosas para que el Gobierno central decidiera adelantar la construcción de un nuevo centro. En este sentido, el responsable de Acaip hizo especial hincapié en el mal estado de una cárcel que, a pesar de funcionar desde hace sólo 14 años, «ha envejecido mucho debido a su mal mantenimiento». Muros más altos En cuanto a la posibilidad de elevar los muros para evitar que se continúen arrojando objetos desde el exterior, Merino recordó que los técnicos de Instituciones Penitenciarias descartaron esa posibilidad tras su última visita a Melilla, de ahí que sea el «techado parcial» la solución más viable para impedir que caigan desde fuera «pinchos, navajas, sustancias estupefacientes e incluso teléfonos móviles, con sus baterías, preparados para hacer fotos». |
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Las prisiones vinculadas al Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia cumplen las regulaciones y los presos no
tiene queja sobre las reglas o el trato del personal
penitenciario, según publicó hoy una auditoría independiente
sueca. No obstante, la auditoría, ordenada después de la muerte
en su celda el pasado marzo del ex dictador serbio Slobodan
Milosevic, sugirió que algunas condiciones de los prisioneros
podían ser mejoradas, incluida la comida, más tiempo al aire
libre y más facilidades para las visitas. A pesar de las acusaciones de que Milosevic fue
envenenado y de que recibió una pobre atención médica, la
auditoría señala que las instalaciones médicas en la unidad de
detención de la ONU son buenas y que la única queja de los
prisioneros es la falta de exámenes médicos regulares. El TPIY
mostró su satisfación por el informe. La unidad de detención tiene 48 detenidos por crímenes
cometidos en la guerra de los Balcane en los años 90 despues
de la ruptura de la antigua Yugoslavia. Aunque algunos de los
presos eran enemigos durante la guerra pasan el tiempo juntos.
"No hay indicios de antagonismos étnicos", dice el informe. |
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Las
cárceles de la Comunitat registraron un total de 3.977
hechos calificados de "muy graves" o "graves" teniendo en
cuenta aquellos actos que finalmente fueron objeto de
sanción disciplinaria, no aquellos que fueron sobreseídos
por diversas causas, según informaron hoy fuentes de la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip).
Así, concretaron que, según los datos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias a los que han tenido
acceso, de las cerca de 4.000 sanciones, 1.335 fueron por
faltas tipificadas de "muy graves", entre las que se
incluyen participar en motines, plantes o desórdenes
colectivos, o instigar a los mismos si se llegan a producir;
así como agredir, amenazar o coaccionar a funcionarios u
otros internos; resistencia activa y grave o intentar,
facilitar o consumar la evasión.
Las 2.642 sanciones restantes fueron por "faltas graves"
entre las que se consideran insultos graves a los
funcionarios o a otros reclusos; instigar a otros reclusos a
motines sin ser secundados o introducir o poseer objetos
prohibidos en el centro penitenciario entre otros,
informaron desde Acaip
Por centros penitenciarios, la cárcel de Alicante II,
ubicada en la población de Villena, registró un total de 970
sanciones, de las que 354 faltas fueron por hechos "muy
graves" y 616 por sucesos "graves", mientras que en el
centro de Alicante Cumplimiento se registraron un total de
883 faltas, de las cuales 315 fueron "muy graves" y 568
"graves".
Por su parte, en la penitenciaría de Castellón, sobre un
total de 463 sanciones, se efectuaron 136 por hechos "muy
graves" y 327 por hechos "graves", mientras que el
establecimiento penitenciario de Valencia registró 1.659
sanciones, de las que 530 fueron "muy graves" y 1.129
"graves". Por último, el Centro de Inserción Social de
Valencia sumó dos "faltas graves más".
Incremento
Estos datos, según Acaip , suponen que "cada día los internos en las penitenciarías de la Comunitat protagonizan 10,9 hechos de media que revisten la consideración de graves o muy graves".
En este sentido, señalaron que respecto a años anteriores,
en los que solamente se disponen de cifras del
establecimiento penitenciario de Valencia , las faltas "muy
graves" en el periodo 2003-2005 se incrementaron de 192 a
530 y las "graves" de 400 a 1.129 para un total de 592 en el
año 2003 frente a las 1.659 del año 2005.
Estos datos son una "prueba más del deterioro paulatino que
se viene produciendo en la situación del Centro
penitenciario de Valencia ", de la que son "víctimas los
internos y los funcionarios, que ven como día a día empeoran
las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo",
señalaron desde Acaip .
Además, advirtieron de que el "hacinamiento" que presenta el
Centro hace que la clasificación interior de los presos en
los distintos módulos no se pueda realizar "adecuadamente",
por lo que afirmaron que "a los internos se les ubica donde
hay sitio, y no en el módulo donde les correspondería de
acuerdo a su perfil, lo que hace que coincidan en un mismo
módulo internos muy diferentes, lo que aumenta la
conflictividad".
Asimismo, señalaron que todo esto va unido al "cada vez
menor" número de funcionarios de servicio que hace
"realmente imposible controlar los diferentes departamentos"
y señalaron que esta situación, "lejos de mejorar, tiende a
empeorar", ya que desde el Ministerio del Interior y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias han sido
"incapaces de conseguir" una Oferta de Empleo Público
"suficiente" que "permita paliar la escasez de personal en
los Centros existentes, y la apertura de los nuevos en
construcción".
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"Zuera tiene 508 trabajadores, lo que es una plantilla suficiente para una población penitenciaria de unos 1.500 reclusos", replicó Gallizo, aunque matizó que "no iría mal tener más funcionarios en determinadas tareas de vigilancia". DESAJUSTES DE PLANTILLA "Zuera no es un centro poco atractivo, y además los desajustes de plantilla se subsanan temporalmente con los funcionarios en prácticas", subrayó Mercedes Gallizo, que acudió a la prisión de Zuera para inaugurar una exposición de pintura organizada por la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón. La directora general de Instituciones Penitenciarias trató asimismo de restar importancia a la frecuencia con que se producen incidentes con pinchos carcelarios. "Una prisión no es un colegio mayor ni un instituto, sino un lugar en el que algunos de los internos presentan problemas de agresividad", afirmó. Sin embargo, señaló que la conflictividad se ha reducido en un 24% en el primer cuatrimestre del 2006 respecto al mismo periodo del año anterior, a tenor del nivel de uso de medios coercitivos. "No debe ser noticia que haya incidentes en un centro penitenciario, pues es el día a día", añadió. Gallizo, que precisó que no entra en los planes del Gobierno el traspaso de las competencias penitenciarias a las comunidades autónomas, reconoció que todavía no han empezado las obras para adaptar la red de agua de la cárcel tras declararse varios casos de legionelosis. "El plan está estancado en el diseño de los grifos monomando", dijo. |
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Los Ministerios de Justicia e Interior, del que depende
Instituciones Penitenciarias, pretenden con este convenio
implantar un sistema de comunicaciones a través de
videoconferencia entre los centros penitenciarios dependientes
de Interior y las sedes judiciales y del Ministerio Fiscal,
dentro del ámbito del Ministerio Justicia, para celebrar
vistas, diligencias, ruedas de reconocimiento y otras
actuaciones. Justicia se compromete a instalar y mantener equipos de
videoconferencia en las sedes de los órganos judiciales y del
Ministerio Fiscal, mientras que Interior, a través de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se
encargará de los equipos instalados en los centros
penitenciarios. Asimismo, el convenio prevé la creación de una comisión
técnica de seguimiento entre ambos departamentos, con el
objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento. La
comisión, que estará integrada por tres representantes de cada
una de las partes, será la encargada de aprobar, de manera
consensuada, todos los planes de actuación para el
cumplimiento de los objetivos del acuerdo. Según el Ministerio de Justicia, este acuerdo supondrá
un importante ahorro en personal de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, una importante mejora de la seguridad al
evitar excarcelaciones de internos para asistir a diligencias
judiciales de trámite y mejorará la calidad de vida de los
internos al evitarles |
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Según informó las Cadena Ser, los gendarmes encontraron restos de sangre junto a la furgoneta, lo que les lleva a apuntar que sus ocupantes sufrieron un accidente y posteriormente huyeron. Gracias a este indicio, los responsables de la lucha antiterroristas señalaron que en el accidente probablemente un etarra resultó herido y otros dos ilesos. Fuentes de la seguridad del Estado español han señalado que desde que ETA anunció el alto el fuego permanente, según informa La Vanguardia
El rastro de ETA El vehículo siniestrado es una Renault Kangoo que apareció volcada fuera de la carretera de la que se salió por causas desconocidas. La gendarmería acudió al lugar avisada por otros conductores y cuando llegó constató que los ocupantes de la misma habían desaparecido. Un primer registro de la furgoneta permitió descubrir indicios de que en ella viajaban tres personas con toda seguridad pertenecientes a ETA, según las citadas fuentes. Al mismo tiempo otras fuentes señalan que el vehículo contenía otras matrículas falsas abandonadas en su interior, que podrían haber sido fabricadas con una troqueladora robada hace años en el País Vasco. |
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El
Gobierno prepara un decreto para que los empleados públicos,
cuya actividad profesional lo permita, puedan ejercer su
profesión desde casa, es decir, para el desarrollo del
teletrabajo. El proyecto pretende prolongar y aprovechar el éxito de una experiencia piloto de 30 trabajadores voluntarios del Ministerio de Administraciones Públicas, según informó ayer su titular Jordi Sevilla. Un 31% de los participantes aseguró que su productividad había aumentado, y un 19%, que había mejorado. Las declaraciones de Sevilla tuvieron lugar en un desayuno informativo, organizado por el Foro de Europa Press. Durante su comparecencia, rechazó que los sindicatos participen (tal y como demandan CC.OO., UGT y CSIF) en la selección y contratación del personal de la administración. Por el contrario, sí es partidario de que colaboren en la elaboración de los criterios que marcarán los procesos y las evaluaciones. De todas las maneras, no dio por cerrada la cuestión recordó que las negociaciones sobre el borrador del Estatuto Básico del Empleado Público están abiertas. Sobre los procesos de jubilación anticipada en la Administración General del Estado (AGE), el ministro de Administraciones Públicos explicó que “hay preocupación en otras áreas del gobierno por su coste”. Recordó que el Gabinete es partidario de “restringir” el adelanto de los retiros “en el conjunto del país”. En junio de 2005 él mismo anunció que unos 25.000 empleados, con edades entre los 58 y los 64 años, podrían acceder a la prejubilación (antes de los 60 años) o a la jubilación anticipada (a partir de los 60 años). Casi un año después y ante la ausencia de medidas que permitan poner en marcha ese plan, Sevilla apuesta porque la AGE sea también “una avanzadilla” en la aplicación de la auténtica “jubilación flexible”. |
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Antonio Gutiérrez tiene claro que “lo que no se puede hacer es esperar hasta el año 2012”, tal y como lo ha apuntado la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que se construya un nuevo centro en Melilla, “puesto que la situación que se vive allí –en referencia a la cárcel de Melilla- es del todo insostenible”. El diputado del Partido Popular de Melilla cree que no existe evidencia más clara de la situación insostenible que se vive en estos momentos en el seno del Centro Penitenciario de Melilla, que las palabras de la propia directora general de Instituciones Penitenciarias, quien calificó de “asombroso” el estado en el que se encuentra el referido centro, con un total de 146 celdas para los 323 internos que hay. Gutiérrez entiende que esas cifras “son más que elocuentes como para que desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en lugar de hablar de proyectos de futuro mirando al horizonte del 2012, se dé una respuesta eficaz a esos problemas de hacinamiento, no es una denuncia única y exclusiva del Partido Popular, sino que se ha reiterado en diversas ocasiones por los propios sindicatos de los funcionarios de prisiones”, que para el parlamentario melillense, “son los que más sufren y padecen las consecuencias derivadas de esa situación”. Por último añadió Gutiérrez que presentó recientemente una serie de preguntas al Ministerio del Interior a fin de conocer si tiene intención de construir módulos específicos para enfermos psiquiátricos en los actuales centros penitenciarios dentro de la actual legislatura y el número de internos con discapacidad psíquica que se encuentran en el Centro Penitenciario de Melilla. |
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Los hechos sucedieron a las 10 horas de ayer cuando, por
causas que se desconocen, comenzó en el patio una discusión
entre dos internos. En un momento de la disputa uno de los
reclusos agredió al otro con un objeto punzante. Una vez
comprobada la gravedad de las heridas, la víctima fue
trasladada de inmediato y escoltado por agentes del Cuerpo
Nacional de Policía al servicio de urgencias del Hospital
San Millán.
Tras ser atendido, el recluso, de nacionalidad marroquí, quedó internado, bajo vigilancia policial, en el centro hospitalario de la capital riojana. La dirección del centro penitenciario de Logroño comunicó el incidente en el juzgado de guardia. |
14-05-06
14-05-06
de
Vigilancia Penitenciaria la "deficiente" asistencia
psiquiátrica que reciben los internos en los centros
penitenciarios sevillanos. Según los letrados esta
atención "generalmente se limita a la visita
quincenal de un psiquiatra, lo que es
manifiestamente insuficiente y gravemente
perjudicial para los internos con enfermedades
psíquicas", según confirmó a Europa Press el decano
del Colegio José Joaquín Gallardo. 
15-05-06
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fuentes. Una de ellas sería el «malestar» de Lastra
Lamar en el módulo 10, denunciado por la propia
gijonesa desde su llegada al departamento. Según
ella misma aseguró a este periódico, no todas sus
compañeras de módulo compartían la decisión de la
Audiencia de considerarla una mujer más y
trasladarla a sus celdas. Por otro lado, la reclusa
chocó desde su ingreso con algunas funcionarias del
módulo, que se negaban a dirigirse a ella como
«María Jesús», llamándola simplemente «Lastra
Lamar». No obstante, y ésta sería la segunda razón,
las mismas fuentes precisaron que uno de los
verdaderos motivos que llevaron a la gijonesa a
solicitar su reubicación en el módulo 5 fue la
presencia de su compañero sentimental en este mismo
departamento. Así, añadieron, pueden estar juntos.
15-05-06
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