Acaip
- Índice de Noticias de prensa -
Acaip
- Noticias de prensa
|
Jaén.- Los funcionarios de la cárcel se movilizarán en
septiembre |
 |
14/06/09 |
| |
Las movilizaciones de los trabajadores de la cárcel
de Jaén comenzarán en el mes de septiembre.
Afiliados al sindicato de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) expusieron
varias propuestas en una asamblea celebrada en la
capital.
Los funcionarios de prisiones que trabajan en la
cárcel de Jaén han decidido “pasar a la acción” y
preparan movilizaciones para expresar su malestar
por la masificación de reclusos a la que asisten
desde hace años. La decisión se tomó, el pasado
viernes, en una asamblea del sindicato de la
Agrupación de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip), que cuenta con unos
doscientos afiliados jiennenses, cifra que supone
más de la mitad de los empleados del centro
penitenciario. La asistencia a la reunión fue alta y
prácticamente el 50 por ciento de los implicados
manifestó su opinión sobre las acciones que se
pretenden organizar a partir del mes de julio.
Quienes no pudieron estar presentes en la cita
comunicaron su decisión a través del correo
electrónico, un hecho que facilitó la puesta en
común de las iniciativas planteadas.
La masificación es el principal problema que se
denuncia desde la Acaip, pero no el único. A los
casi ochocientos presos que alberga una cárcel
diseñada para unos cuatrocientos cincuenta hay que
unir la falta de personal y de medios materiales,
así como las condiciones laborales existentes,
hechos que causan el descontento de los
trabajadores. Por ello, el sindicato propone
acciones que incrementarán su repercusión, con el
paso del tiempo, siempre y cuando no se obtengan
soluciones a los problemas planteados por parte de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras
(Sgiipp). La Acaip ha convocado asambleas similares
a la celebrada en la capital en todos los centros
penitenciarios del país. La ejecutiva del sindicato
se encargará de valorar las propuesta recibidas
desde las diferentes provincias para elaborar, a
continuación, un calendario de movilizaciones, en el
ámbito nacional, que comenzarían a sucederse a
partir de septiembre.
iniciativas. La sección sindical de la Acaip en Jaén
señala en un comunicado que la primera de las
medidas que hay que tener en cuenta es la denuncia,
en la prensa, de agresiones, peleas y quejas
relacionadas con las condiciones laborales de los
funcionarios de la cárcel. A ello habría que unir
las denominadas huelgas de celo, es decir, el
cumplimiento riguroso del reglamento penitenciario,
y las concentraciones en la puerta de acceso a la
prisión. Finalmente, y como último recurso, los
trabajadores no descartan organizar una
manifestación, en el ámbito nacional, que se
desarrollaría en la sede de Instituciones
Penitenciarias de Madrid. |
ARACELI SILVA - PONTEVEDRA Los diputados del PP, Ana
Pastor, Jesús Pérez Arca y María Ramallo se
comprometieron ayer a llevar al Parlamento la
problemática que denuncian las funcionarias de
prisiones, tras la unificación de escalas en las
penitenciarías. Así lo anunció Ana Pastor tras un
encuentro con algunas de las responsables de la
Asociación de los Derechos de las Escalas en
Instituciones Penitenciarias (AEDIP), que tuvo lugar
en la sede provincial del PP.
Las representantes del colectivo, plantearon a los
populares los problemas con los que se están
encontrando las funcionarias de diversas cárceles
españolas, donde ya se está aplicando la disposición
que recoge la Ley de Igualdad de 2007, que determina
que tanto hombres como mujeres deberán trabajar en
módulos de presos masculinos y femeninos
indistintamente. Se prevé que este mecanismo esté en
marcha en Galicia a partir del próximo otoño. "Las
funcionarias reivindican que se están saltando sus
derechos y quieren que el PP lleve este tema al
Parlamento. Tenemos el compromiso de que el
Parlamento nacional estudie la situación a la que
les está llevando la aplicación de esta ley, que el
colectivo considera injusta. Nosotros nos
comprometemos a que su voz sea oída en el
Parlamento", matizó Ana Pastor.
No están preparadas
Por su parte, las representantes de las funcionarias
de la cárcel pontevedresa de A Lama, de Lugo y A
Coruña, que participaron ayer en el encuentro,
subrayaron que no se sienten preparadas para
trabajar en módulos de hombres, ya que a la hora de
superar las oposiciones no se le ha requerido
ninguna preparación física específica. "Las
prisiones están muy masificadas, con 140 hombres un
módulo de un centro tipo, y no nos sentimos
capacitadas para desarrollar este trabajo. Nuestras
funciones recogen que debemos de proteger la vida y
la salud de los propios reclusos y no podemos
intervenir en medio de una pelea, porque
probablemente pongamos en peligro nuestra propia
vida", señalan.
La violación de la intimidad de los recursos es otro
de los inconvenientes en los que han hecho hincapié
las funcionarias, que explicaron que cada mañana
realizan un recuento de las internas, en el que
pueden presentarse en pijama o sin él. "Si eso
sucede en el caso de los hombres, la cosa cambia
bastante porque tendríamos automáticamente una
denuncia por acoso", añadieron, al tiempo que
aseguraron que si sus demandas no son atendidas,
presentarán un recurso contencioso a la
Administración. |
AGENCIAS Dentro de la operación, ha sido detenido en
Bilbao el abogado Iñaki Goyoaga y en la cárcel de
Huelva la novia de un preso que había ido a realizar
una comunicación con el recluso. Además, fuera del
recinto penitenciario, han sido detenidos Inge
Urrutia, novia de otro de los presos implicados en
la fuga.
Los etarras que están siendo investigados anoche son
Igor Solana Matarrán, antiguo miembro del «comando
Andalucía», que se encuentra encarcelado en Valencia
desde el pasado mes de febrero aunque hasta entonces
estaba en Huelva; Jorge García Sertutxa, condenado
por intentar matar al Rey en Palma de Mallorca en
1995, que se encuentra en Huelva; y Arkaitz
Goikoetxea Basabe, miembro del «comando Vizcaya»,
que se encuentra en Valdemoro desde el pasado 6 de
mayo.
Fuga rocambolesca
Al parecer, la banda lo tenía todo planeado.
Comandos de ETA intentaron rescatar a dos presos de
la organización terrorista de la cárcel de Huelva
secuestrando al piloto de un helicóptero y
utilizando el aparato para la evasión. Según las
investigaciones, los terroristas realizaron
preparativos en dos años diferentes sin conseguir en
ningún momento sus propósitos.
Los viajes realizados a Portugal por miembros de la
organización terrorista tenían el propósito de
preparar la rocambolesca fuga, según informaron
fuentes de la lucha antiterrorista. La dirección de
la banda envió a Portugal un comando en la primavera
de 2007 y otro en el verano de 2008 para estudiar la
viabilidad del plan y ver si podían ejecutarlo, pero
en ambas ocasiones fracasaron. Se cree que también
se intentó una vez más pero sin éxito.
Una de las hipótesis con las que trabajan los
investigadores es que el plan de ETA consistía en
secuestrar a la familia del piloto de un helicóptero
para obligar al profesional a volar con el aparato
hasta el patio de la cárcel de Huelva donde
recogería a los dos presos y después los trasladaría
a territorio portugués.
La Guardia Civil trabaja con la posibilidad de que
ETA volviese a intentar ejecutar este verano el plan
de fuga de varios internos de la prisión de Huelva
ya que la dirección de la banda terrorista ETA
todavía mantiene activado el plan frustrado en años
anteriores. La Guardia Civil no descarta que la
banda lo volviese a intentar en los próximos meses
pese a prepararlo en 2007 y 2008, lo que ha
precipitado la operación policial que se ha saldado
con la detención, ayer, de siete personas, entre
ellos tres presos etarras.
Desde 1985, las cárceles españolas no han sufrido la
fuga de ningún preso de la banda terrorista ETA,
aunque sí han sido numerosos los intentos y los
planes de escapada con métodos tan osados como la
huida en helicóptero desde el patio de la cárcel, la
construcción de túneles o incluso el uso de
explosivos. La última fuga en España se produjo en
la cárcel donostiarra de Martutene en julio de 1985,
cuando los etarras Iñaki Picabea y Joseba
Sarrionaindía consiguieron escapar escondidos en el
interior de dos altavoces. Los fugados aprovecharon
la actuación musical que ese día había ofrecido en
el centro penitenciario el cantautor vasco Imanol
Lárzabal. Desde entonces, en España, todo han sido
fugas frustradas o planes fallidos. Bastante más
éxito han tenido en las últimas décadas los presos
etarras en suelo francés. |
Un total de 14 presos de la banda terrorista ETA se
encuentran internados a día de hoy en la Prisión
Provincial de Huelva, que cuenta con una población
total reclusa de 1.600 personas, según datos de la
Subdelegación del Gobierno en Huelva. ETA planeaba
ayudar a escaparse de la cárcel de Huelva a varios
etarras, entre ellos Jorge García Sertucha,
condenado a 109 años por intentar matar al Rey y
cuya celda fue registrada, según informaron a Efe
fuentes de la investigación.
En relación con estos hechos, las mismas fuentes
precisaron que al menos se ha producido una
detención en la cárcel de Huelva, que se trataría de
la novia -de visita en el centro penitenciario- de
uno de los presos que planeaba fugarse del centro
penitenciario onubense.
Uno de los protagonistas de la investigación
culminada ayer por la Guardia Civil en el marco de
la Operación Txoko, Jorge García Sertucha, estaba
interno en Huelva, de donde planeaba escapar. Fue
miembro de un comando legal de apoyo al comando
Vizcaya de ETA en 1991; tras su huida a Francia, se
integró en el comando que se desplazó a Mallorca
para intentar atentar contra el rey don Juan Carlos.
Fue detenido en agosto de 1995 y desde entonces
permanece encarcelado, condenado a 109 años de
prisión, caracterizándose como uno de los presos que
en mayor medida se mantiene en la órbita del apoyo a
las tesis de la dirección de ETA.
El otro elegido por la banda terrorista para
protagonizar la fuga, Ígor Solana Matarranz, también
había pasado por las celdas de la prisión onubense,
hasta que el pasado mes de febrero fue trasladado a
la valenciana de Picassent. En 1993 se integró en
ETA como miembro del comando de información Atxarre
y en agosto de ese año participó en la agresión
multitudinaria a un agente de la ertzaintza durante
las fiestas de Bilbao. Posteriormente, se integró en
el comando de liberados Erraia, participando en
varias acciones terroristas, entre ellas los
asesinatos de José María Martín Carpena, Luis
Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos. Fue
detenido en Sevilla el 16 de octubre de 2000 y desde
entonces permanece en prisión. Ya en enero de 2001
intentó fugarse sin éxito del Centro Penitenciario
de Nanclares de la Oca (Álava), tras serrar los
barrotes de su celda.
En la prisión provincial de Huelva se hallan además
otros históricos de la banda, como Antonio Troitiño,
miembro del comando Madrid y hermano de Domingo
Troitiño, responsable del atentado de Hipercor de
Barcelona que se cobró la vida de 21 personas en
1987. Por estos hechos fue condenado a 794 años de
prisión, aunque podría ser de los primeros en salir
del centro penitenciario onubense. Troitiño
participó en 1986 en un atentado en la plaza de la
República Dominicana de Madrid en el que murieron
doce guardias civiles, intentó asesinar al Fiscal
General del Estado y colaboró en otros dos
atentados. Está juzgado y condenado por numerosas
acciones que suman una condena de más de 2.500 años,
aunque su puesta en libertad está prevista para
2013.
Un año después podría salir a la calle Jesús María
Zabarte, que fue el responsable del histórico
comando Donosti hasta 1984, cuyas condenas rondan
los 600 años de cárcel por 17 asesinatos. Ingresó en
ETA en 1967 y fue encarcelado en los setenta, pero
quedó en libertad gracias a la amnistía de 1977.
Tras dos años dedicados al reclutamiento de nuevos
activistas y a colocar alguna bomba ocasional, en
diciembre de 1980 huyó a Francia ante el temor de
ser detenido. Dos meses después de haber huido,
regresó como integrante del comando Donosti en el
que permaneció hasta su arresto, el 24 de junio de
1984. Al lado de activistas como Juan Oyarbide
Aramburu, Txilibita, o Manuel Urionabarrenetxea,
Manu, ya fallecidos, protagonizó una de las etapas
más sangrientas del comando Donosti.
Otro histórico es el líder del comando Barcelona,
Felipe San Epifanio, ex miembro de la Mesa Nacional
de HB (fue parlamentario en 1991), que tiene condena
hasta el 2022. San Epifanio, discípulo del máximo
dirigente financiero de ETA, organizó la red de
extorsión para el cobro del impuesto revolucionario.
Cumple una condena de 31 años y seis meses.
Juan Ignacio Aldana Celaya, por su parte, también
pasa sus días tras las rejas de la prisión onubense,
con una condena impuesta de 50 años de prisión por
su participación en diversas acciones y atentados
(entre éstos, contra un policía local de Baracaldo),
formó parte del comando Vizcaya y fue condenado por
encubridor en varios asesinatos.
Por otra parte, José Carlos Apezteguía pasó una
corta estancia en la Prisión del Puerto III después
de que se descubriera que estaba recabando datos de
los funcionarios de la cárcel de Huelva durante un
registro en su celda, en el que se halló un listado
con los nombres de una veintena de trabajadores.
Tras este episodio, el que fuera uno de los
principales cobradores y miembros de la red de
extorsión de la banda terrorista, regresó a la
macrocárcel onubense en abril del 2008.
De los últimos miembros en llegar es el abogado
habitual de los componentes de la organización
terrorista, Txema Matanzas, que fue condenado en el
macrojuicio contra la banda por integración en ETA
en grado de dirigente a un total de 14 años de
cárcel.
Alrededor de dos años lleva en el módulo de
aislamiento de Huelva Arkaitz Agote, uno de los
pistoleros del comando Donosti desarticulado en
marzo de 2007, en cuyo poder se encontró
documentación sobre las negociaciones entre el
Gobierno y ETA, así como un manual sobre las
fórmulas barajadas por los terroristas para que
Batasuna pudiera presentar a las elecciones de ese
año e información referente a 450 personas.
Otro de los reclusos de Huelva es el etarra Gorka
Loran, condenado a 2.775 años de prisión por la
colocación de 28 kilos de dinamita en el Intercity
Irún-Madrid el 24 de diciembre de 2003. También se
halla en la prisión provincial Ana Belén Egues
Gurruchaga, máxima responsable del comando Madrid
entre 1999 y 2001, así como Lourdes Churruca,
miembro del comando Vizcaya desde 1993 a 1994, Asier
Carrera e Ignacio Bilbao, más conocido como Iñaki de
Lemona, uno de los etarras encarcelados que envió
una carta a la dirección de la banda terrorista en
agosto de 2004 pidiendo el abandono de las armas. |
Todos los intentos de fuga de presos de ETA que se
han registrado en España en los últimos veintitrés
años han fracasado.
En Francia, sin embargo, Ismael Berasategui se
escapó el 17 de agosto de 2002 de la prisión de La
Santé cambiándose con su hermano gemelo que había
ido a visitarle. Cinco meses más tarde fue capturado
de nuevo.
La última fuga con éxito se produjo el 7 de julio de
1985 en la prisión guipuzcoana de Martutene de donde
se escaparon dos miembros de ETA con la colaboración
de quien posteriormente fue el jefe del aparato
político de la organización terrorista, Mikel
Albizu, "Antza".
Los diversos intentos de fuga ocurridos en los años
posteriores han quedado frustrados. La mayor parte
de ellos no pasaron de la fase de planificación, sin
que llegaran a ponerse en marcha.
El último intento fue protagonizado por Igor Solana
en la prisión de Nanclares el 18 de agosto de 2001
cuando serró los barrotes de su celda, se encaramó a
un muro y trató de descolgarse con una sábana,
momento en el que fue capturado.
El 6 de marzo de 1993, en la cárcel de Granada, el
etarra José María Sagardui realizó un agujero en el
techo de su celda y llegó a un tejado, desde donde
intentó saltar el muro exterior, pero fue capturado
en ese punto por la Guardia Civil.
En 1992, ETA creó un comando especial para preparar
una fuga de miembros de ETA que se encontraban en la
prisión de Puerto I, entre ellos Henri Parot o "Kubati"..
En este operativo debían utilizar un helicóptero
para rescatar a los presos, pero la vigilancia de la
Guardia Civil sobre el comando impidió que pusieran
en práctica su plan.
Otro comando especial para sacar presos de la cárcel
con un helicóptero fue desmantelado por la policía
en 1990. Esa célula tenía que sacar a de la cárcel
de Herrera a De Juan Chaos y otros cuatro etarras a
los que se pretendía trasladar a Portugal.
En 1992, presos de la cárcel de Ocaña I idearon un
plan similar de fuga mediante un helicóptero y se lo
propusieron a la dirección de la banda, pero tampoco
se materializó.
En septiembre de 1987, se abortó otro intento de
fuga en la prisión de Alcalá-Meco al descubrir los
funcionarios de prisiones una pistola oculta en el
interior de unas zapatillas entregadas al miembro
del "comando Madrid" Antonio Troitiño. Al parecer,
el plan de fuga consistía en aprovechar uno de los
traslados a la Audiencia Nacional para amenazar a
los guardias civiles encargados del traslado y
escaparse.
En Francia también ha habido varios intentos
fallidos. En 2004, Igor Letona Viteri trató de
escapar haciéndose pasar por abogado pero fue
detectado en un control.
Un año antes se descubrió otro plan para sacar a
cinco presos de La Santé volando con explosivos un
muro.
Fugas consumadas
La última fuga de miembros de ETA registrada en
España se produjo el 7 de julio de 1985 en la
prisión de Martutene. José Ignacio Picabea Burunza y
Joseba Sarrionaindia consiguieron huir ocultos
dentro de los bafles de música con la ayuda del
actual miembro de la ejecutiva etarra Mikel Albizu
Iriarte, "Antza".
En enero de 1980, otros tres miembros de ETA que se
encontraban en Martutene lograron escaparse al salir
a la calle mezclados con los familiares que habían
ido a visitarles.
Sin embargo, la más espectacular de todas las
escapadas protagonizadas por los presos de ETA fue
la registrada en abril de 1976 en la cárcel de
Segovia, cuyo relato ha sido llevado al cine. 24
presos de ETA, junto a cinco de otros grupos se
fugaron por un túnel que habían excavado hasta
conectar con una alcantarilla. A través de ésta
llegaron al exterior donde un camión especialmente
adaptado les trasladó hasta Pamplona.
Luego, desde la capital navarra, se desplazaron
hacia la frontera francesa por las proximidades de
Espinal. Sin embargo, al intentar cruzar la frontera
a través del monte los huidos se encontraron con la
Guardia Civil. En el enfrentamiento resultó muerto
uno de los fugados y capturados el resto, salvo
cuatro que llegaron finalmente a territorio francés.
El mismo año, dos miembros de ETA intentaron huir de
la cárcel de Basauri. Tras abandonar el módulo en el
que estaban encerrados, se ocultaron en un falso
techo. En este lugar permanecieron durante un mes,
mientras los responsables del centro los daban por
fugados. Sin embargo, al cabo de un mes fueron
localizados.
En diciembre de 1969, diez presos de ETA lograron
darse a la fuga en este mismo centro.
El asalto a centros penitenciarios u hospitalarios
en los que había recluidos miembros de ETA ha sido
el sistema utilizado en varias ocasiones para
conseguir la fuga.
En los años sesenta un comando armado intento
asaltar la cárcel de Pamplona para conseguir la
puesta en libertad de una etarra allí encarcelada.
El intento quedo frustrado al ser herido de un
disparo uno de los asaltantes.
Lo mismo ocurrió, en la prisión barcelonesa de La
Trinidad, donde un comando formado por dos miembros
de ETA pm intentó liberar a Karmele Barandiarán
Santiago haciéndose pasar por abogados. Los
asaltantes redujeron a un funcionario, mantuvieron
un tiroteo con la Guardia Civil y finalmente se
entregaron.
Por el contrario, este procedimiento tuvo éxito en
el asalto a la Residencia Sanitaria de San Sebastián
donde un comando armado logró liberar a Juan Urcelay
tras desarmar a los policías de vigilancia. |
Palencia, 14 jun (EFE).- El sindicato
Acaip ha convocado,
mañana lunes, una asamblea informativa en el Centro
Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas (Palencia)
para estudiar posibles movilizaciones ante "la
dramática situación que viven las prisiones
españolas".
Acaip
(Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias) es el sindicato
mayoritario en el Centro Penitenciario de Dueñas,
donde representa al 50 por ciento de los 500
funcionarios que trabajan en La Moraleja y está
convocando en todos los centros penitenciarios
asambleas informativas, para estudiar el inicio de
movilizaciones.
Según ha informado el sindicato, en el centro
penitenciario de Dueñas esta asamblea de
funcionarios se celebrará mañana.
En ella se estudiará la disposición de los
trabajadores a llevar a cabo cuantas medidas de
presión sean necesarias para poner freno a los males
endémicos que sufren todos los centros
penitenciarios, y, que por supuesto afectan también
a éste.
Entre ellos Acaip
ha destacado el incremento de la población reclusa,
que está alcanzando niveles desconocidos hasta
ahora, mientras que el número de funcionarios se
mantiene, o incluso en algunos centros disminuye.
En este sentido denuncian que "los funcionarios de
prisiones no pueden garantizar su integridad física,
ni la de los internos a su cargo". |
|
|
La prisión provincial Jaén II vive una situación
límite debido a su hacinamiento. El centro
penitenciario alberga en la actualidad a 800
internos, casi el doble de la capacidad para la que
se diseñó la prisión, con 450 plazas. El sindicato
mayoritario de prisiones
Acaip ha advertido de las consecuencias
de esta saturación: "Los funcionarios de prisiones
no pueden garantizar su integridad física, ni la de
los internos a su cargo", aseguran. Aunque la
situación se da en otras cárceles del país,
Acaip sostiene que
en el caso de la prisión de Jaén "se están
alcanzando niveles de saturación nunca hasta ahora
conocidos".
La prisión de Jaén entró en servicio a principios de
la década de los noventa y, desde entonces, los
sindicatos aseguran que el aumento de internos ha
ido creciendo de forma progresiva mientras que la
plantilla -de 350 funcionarios, de los que sólo 200
están dedicados a tareas de vigilancia- sigue
estabilizada desde entonces. ¿Qué está provocando
esta situación? "Hay unos índices de masificación
del 187%, y una ratio de dos internos y medio por
funcionario, algo insostenible", se lamenta Pablo
Viedma, delegado de Acaip
en Jaén y miembro de la ejecutiva nacional del
sindicato.
La saturación del centro provoca situaciones de
tensión e incluso frecuentes altercados entre los
internos y los funcionarios, algo que se ha
agudizado en los últimos días debido a las altas
temperaturas en Jaén, por encima de los 40 grados.
Así, el espacio de las zonas comunes está saturado,
algo que no es baladí si se tiene en cuenta la
procedencia de los internos, pues entre un 70% y un
85% de los internos son reincidentes y también hay
una docena de presos etarras, un terrorista
islamista y un miembro de los Grapo. "El número de
internos ha crecido debido al aumento de
inmigrantes, muchos procedentes de los países del
Este", apunta Viedma, que resalta la
profesionalización de los funcionarios. "Si no hay
más conflictos es porque los empleados están dando
la cara en una situación de gran tensión".
Acaip prepara
medidas de protesta en toda España ante una
situación que considera cada vez más generalizada en
las cárceles españolas. "Mientras se recorta
salvajemente en gastos necesarios, como por ejemplo
en el mantenimiento de los centros, se producen
auténticos despilfarros de dinero instalando
televisores de plasma en las celdas de los centros
de nueva construcción, comprando bicicletas de
montaña de más de 750 euros para que los internos de
algún centro hagan salidas terapéuticas, salidas de
internos a balnearios o a cenas en restaurantes
típicos, o disparando el número de altos cargos y
asesores", censura el sindicato
Acaip, que el
pasado viernes celebró asambleas en los centros
penitenciarios para estudiar movilizaciones.
Tampoco ha gustado a los funcionarios de prisiones
que se "imponga, en contra del criterio de todos los
profesionales de la institución, una unificación de
escalas que obliga a los funcionarios a trabajar en
módulos con internos de distinto sexo, con los
problemas que ello puede conllevar no solo en caso
de incidentes, sino en el funcionamiento diario de
las prisiones".
Tan sólo cuando abrió la nueva prisión Sevilla II en
Morón, en noviembre de 2008, se produjo un alivio
momentáneo en la masificación de la cárcel de Jaén,
debido al traslado de 120 internos. Precisamente,
Acaip ha denunciado
esta última semana la agresión sufrida por un
funcionario de la cárcel de Morón por parte de un
interno armado con dos palos.
|
|
Cinco incidentes "graves" producidos entre los
internos en el Centro Penitenciario de Albolote
dejaron ayer a varios heridos, uno de ellos un
funcionario que tuvo que ser atendido en la
enfermería del Centro.
Según la Sección Sindical de
Acaip (sindicato
mayoritario en el ámbito penitenciario) de la cárcel
de Albolote, los incidentes originados entre los
internos del Centro "son debidos al hacinamiento
existente y a la falta de funcionarios".
En este sentido, según el sindicato, la primera
agresión se produjo a las 9:00 horas, entre dos
internos en el módulo ocho, "los cuales deben ser
aislados por su manifiesta agresividad". Del mismo
modo, a las 10:00 horas tuvo lugar un intento de
agresión a varios funcionarios mientras conducían a
un interno a su módulo.
Otro de los incidentes tuvo lugar a las 12:30 horas,
cuando una pelea entre dos internos en los
locutorios generales tuvo como consecuencia un
interno herido, la incautación de un objeto punzante
y "un funcionario lesionado al tratar de impedir
dicha agresión".
Finalmente, a las 13:00 horas otros dos internos se
pelearon en el interior del módulo 7, con el
consecuente aislamiento de los presos, y a las 14:15
horas uno de los aislados provocó destrozos en la
celda en la que se encontraba, por lo que tuvieron
que reducirlo y esposarlo.
Desde Acaip
manifestaron que esto es consecuencia de la
"precariedad de efectivos" que padece el centro de
Granada y aseguraron que está "olvidado para los
responsables de la Institución a pesar de que el
próximo día 16 inauguran el nuevo Centro (CIS) con
capacidad para 350 internos".
Además indicaron que se prevé un verano "muy
conflictivo" y aseguraron que lo que se produjo ayer
en el centro penitenciario " es un anticipo y no se
puede enmarcar como algo puntual porque se trata de
acciones cada vez más frecuentes".
Asimismo puntualizaron que si se produce un nuevo
conflicto como los que tuvieron lugar ayer no
disponen de más celdas de aislamiento , ya que sólo
quedan "dos celdas libres en la galería de mujeres,
de manera que la tensión se hace cada vez más
evidente". |
|
La Sección sindical de
Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias -II.PP.-),
mayoritario en el Centro Penitenciario de Melilla y
en el ámbito penitenciario, ha convocado asambleas
informativas de funcionarios para estudiar
movilizaciones en II.PP "ante la dramática situación
que viven las prisiones españolas".
En la prisión de Melilla, está asamblea de
funcionarios se celebrará el día 17 de Junio. A la
misma están convocados todos los afiliados del
Sindicato (casi el 60% de los funcionarios del
Centro y el 85% de los funcionarios de vigilancia
interior). Según informó
Acaip, en la misma estudiarán la
disposición de los trabajadores a llevar a cabo
"cuantas medidas de presión sean necesarias, sin
descartar ninguna, para poner freno a los males
endémicos que sufren todos los centros
penitenciarios, y, que afectan a éste aún en mayor
medida". Así, asegura que "el incremento de la
población reclusa está alcanzando niveles nunca
hasta ahora conocidos, mientras que el número de
funcionarios se mantiene, o incluso en algunos
centros disminuye".
De este modo advierte que "los funcionarios de
prisiones no pueden garantizar su integridad física,
ni la de los internos a su cargo" Por otro lado,
indica que los incidentes regimentales en las
prisiones se disparan. "Cada día se producen más
amenazas y agresiones a trabajadores penitenciarios
y entre los internos" asevera el sindicato.
De igual modo, apunta que "la incapacidad política
de los máximos responsables de prisiones, les hace
incapaces de defender ante los distintos organismos
ministeriales los incrementos de plantilla que ellos
mismos en privado reconocen como necesarios”. |
|
IBIZA | RAÚL SÁNCHEZ Desde que entró en vigor la Ley
de Igualdad en marzo de 2007 las funcionarias de
prisiones ya pueden trabajar en los módulos de los
hombres, circunstancia que ha generado problemas en
varias cárceles españolas. Sin embargo esta
situación no se produce en el centro penitenciario
de Can Fita, en Ibiza, donde trabajan trece mujeres
y 52 hombres como funcionarios de prisiones, según
informa la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
«La prisión de Ibiza es tan pequeña que no es
necesaria la presencia de las mujeres en los módulos
de los hombres», explican desde esta secretaría del
Ministerio del Interior, desde donde recuerdan que
hay labores que siguen siendo exclusivas de cada
género, como los cacheos, al igual que sucede por
ejemplo en los aeropuertos o en los registros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En las
cárceles las funcionarias seguirán cacheando a las
mujeres y los funcionarios a los hombres.
«En Ibiza se cumple la Ley de Igualdad a pesar de
que sólo hay trece mujeres trabajando en vigilancia
interior del total de 65 funcionarios desempeñando
esta función», recuerdan desde Instituciones
Penitenciarias.
Antes de que entrase en vigor la Ley de Igualdad las
oposiciones se hacían teniendo en cuenta el número
de reclusos de cada género. Como tradicionalmente
siempre ha habido más hombres que mujeres en las
cárceles españolas las plazas convocadas
discriminaban a estas últimas.
Esta situación ya no se repite desde el año pasado,
fecha de las primeras oposiciones con igualdad de
oportunidades. Sin embargo esta realidad aún no se
refleja en todas las cárceles españolas, sobre todo
en las de menor capacidad, como es el caso de la de
Ibiza. Cuando más mujeres obtengan plaza fija, en la
prisión de Can Fita las funcionarias tendrán que
trabajar posiblemente en los módulos de hombres,
comentan desde el Ministerio del Interior.
Entonces se puede repetir en la isla la problemática
existente en la actualidad en otros centros del
país, como en Picassent, en Valencia, donde las
funcionarias han puesto en marcha una plataforma
para evitar tener que trabajar en los módulos de
hombres, según informa el diario Levante. Estas
mujeres entienden que su físico no es el apropiado
para tratar con varones potencialmente conflictivos
y temen que algunos colectivos, como el musulmán o
el gitano, no asuman correctamente sus órdenes. |
|
Las prisiones de la Comunidad soportan desde el año
2004 una tasa de hacinamiento de internos que se
sitúa entre un 160% y un 180%, según puso de
manifiesto la Sección sindical de Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip).
El delegado sindical de
Acaip en la cárcel de 'La Moraleja' de
Dueñas (Palencia), Eduardo Rodríguez, presidió una
asamblea informativa con funcionarios que se
repetirá en todos los centros penitenciarios durante
este mes. "Tenemos que duplicar esfuerzos y trabajo
para no poder después garantizar la seguridad ni de
presos ni de funcionarios, y por ello debemos
trasladar nuestra queja a la administración",
apuntó.
Los trabajadores del recinto carcelario de Dueñas
aprobaron el inicio de un calendario de
movilizaciones que dará comienzo en septiembre.
"Después de informar a las plantillas, en julio se
recopilarán todos los datos precisos sobre la cifra
de internos, que en el caso de Palencia son 1.700
frente a los 1.000 para los que se diseñó la cárcel,
con una tasa de exceso del 170%", indicó Rodríguez.
A juicio del responsable sindical, "se trata de un
mal endémico" desde hace cinco años, ya que la cifra
de presos en España ha pasado de 54.000 a 75.000
"sin que se haya hecho nada para solucionar el
problema". En opinión de Eduardo Rodríguez, se hace
preciso que Instituciones Penitenciarias "se vaya
haciendo cargo de la tensión que existe, donde vamos
a ir de menos a más con concentraciones, encierros y
otras medidas de presión sin descartar los paros".
Desde Acaip se
viene denunciando que el incremento de la población
reclusa está alcanzando niveles nunca hasta ahora
conocidos, mientras que el número de funcionarios se
mantiene, o incluso en algunos centros disminuye.
"Los incidentes se disparan y cada día se producen
más amenazas y agresiones a trabajadores
penitenciarios y entre internos. La incapacidad
política de los responsables de prisiones les hace
incapaces de defender ante los organismos
ministeriales los incrementos de plantilla, que en
privado reconocen como necesarios", sostuvo
Rodríguez. |
|
Un intento de motín registrado anoche en la prisión
provincial de Granada, ubicada en Albolote, se ha
saldado con cuatro funcionarios heridos y la
decisión de la plantilla de movilizarse para
denunciar la situación que atraviesan por la "falta
de personal y el hacinamiento de reclusos".
Así lo ha explicado hoy a Efe el delegado del
sindicato de prisión
ACAIP, Francisco José Carpena, quien ha
señalado que la situación actual de "hacinamiento"
hace que estos problemas se generen "con una
facilidad inusual", a lo que se une una "carencia
endémica" de trabajadores que dificulta controlar
estos "sucesos violentos".
Los hechos se produjeron a las 22.30 horas de ayer,
cuando el interno J.M.M., que era conducido del
módulo uno -donde están los presos de peligrosidad
medio-alto, según ACAIP-
a la enfermería por presentar un "cuadro de
agitación extremo", se abalanzó sobre el personal
que lo custodiaba.
El resultado fue de tres funcionarios y un jefe de
servicios heridos que requirieron atención en la
enfermería de la cárcel, así como la extensión de
"la alteración" entre los internos del módulo, que
"arrojaron objetos contundentes por las ventanas,
indujeron a la quema de sábanas y colchones,
insultaron a los funcionarios y golpearon
fuertemente las puertas de las celdas", según
Carpena.
Los presos de otros módulos cercanos se sumaron a la
protesta que, según este sindicato de prisiones,
"llegó a tener tintes de un inicio de motín, con
consecuencias inesperadas".
A ello se unen los cinco incidentes registrados
entre las 9.00 y las 14.15 horas de ayer en la misma
prisión, en los que resultaron heridos dos internos
y un funcionario.
Tras estos altercados, los trabajadores del centro
penitenciario han celebrado hoy una asamblea a
instancias de ACAIP
en la que se ha aprobado trasladar al Comité
Ejecutivo Nacional del sindicato una propuesta de
movilizaciones que incluye encierros de sus
delegados, sin descartar una huelga general del
sector.
Carpena también ha informado de que se harán
públicos todos los incidentes que ocurran en las
prisiones para que la sociedad conozca los problemas
que sufren sus trabajadores.
Las reivindicaciones de este sindicato se centran en
la falta de personal de las prisiones, así como en
el "desfasado" modelo organizativo de funcionamiento
interno, que la Administración se comprometió a
cambiar en 2005, ha explicado Carpena. |
|
El juzgado de lo Penal número tres ha condenado a un
año de prisión a un interno de la cárcel por
insultar a un funcionario de prisiones y agredir a
un jefe de servicio dentro de su celda.
Los hechos se registraron el 11 de agosto del 2007
cuando el procesado empezó a insultar a un
funcionario de prisiones quien le requirió que
depusiese su actitud, si bien el otro volvió a
insultarle a voces, según fuentes judiciales
consultadas por Europa Press.
Por todo ello, el funcionario llamó a un jefe de
servicio quien acudió a la celda de este hombre, que
en todo momento mantuvo una actitud agresiva con el
puño en alto.
Así, cuando el jefe de servicio fue a retirar un
recorte que tenía en la pared, el procesado se
abalanzó contra él, agarrándole del cuello y
produciéndole erosiones y hematomas en el tórax.
De este modo, el magistrado ha impuesto a este
hombre, identificado como Manuel S.C., -ya condenado
en firme por un delito de atentado a tres años de
prisión y por un delito de conducción bajo la
influencia de alcohol a nueve meses de cárcel- una
pena de un año de prisión por un delito de
resistencia y al pago de una multa de 300 euros por
sendas faltas de lesiones y amenazas. |
|
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
hoy en un comunicado que Instituciones
Penitenciarias (IIPP) ha creado grupos "ilegales" de
control y de seguimiento de internos terroristas en
la cárcel valenciana de Picassent, tanto de los
pertenecientes a la banda ETA como de los
relacionados con el terrorismo islamista.
Al respecto, criticaron que estos puestos de trabajo
"no tienen ningún tipo de cobertura legal", y "no
tienen funciones definidas ni aparecen catalogados
en la relación de puestos de trabajo del centro",
por lo que "es como si no existiesen", dijeron. Este
hecho, por tanto, "motiva que no puedan ser
cubiertos por ninguna forma legal de provisión de
puestos de trabajo, y sean otorgados a dedo".
Así, lamentaron que este tipo de grupos está rodeado
"de un gran ocultismo", y las afirmaciones "falsas"
de la propia Secretaría General de IIPP que, en
comparecencia en la Comisión de Interior del Senado,
el 10 de noviembre de 2008, aseguraba que "la
provisión de estos puestos, que son recientes, se ha
llevado a cabo por el procedimiento de concurso, con
personas motivadas y con una formación previa en
esta materia tan sensible".
Al respecto, indicaron que estas afirmaciones son
"falsas", y "fácilmente desmontables", desde el
momento en que las plazas no están creadas y no
pueden salir a concurso de méritos. Asimismo, no hay
ninguna formación previa en la materia, de hecho,
pese a tener que controlar a internos de ETA o
islamistas "no se exige tener conocimientos de
euskera o de árabe, ni ningún otro requisito",
señalaron.
Estos grupos de control, de hecho, según comentaron,
"trabajan en base a un manual elaborado desde la
propia Secretaría General de IIPP, dejando de lado
un "manual de buenas prácticas para afrontar el
terrorismo islamista" elaborado en el año 2008 por
un grupo de expertos de la UE. Es decir, "para hacer
frente a un fenómeno global como el terrorismo
islamista, no se sigue una línea común de actuación,
sino que se va por libre", criticaron. Así, a este
grupo de control y seguimiento se les da un curso de
20 horas, "y ya está".
Agregaron que, actualmente, no está en absoluto
claro como se trata la información que se recoge
sobre estos internos. Se desconoce, por tanto, si
hay dado de alta un fichero para almacenar estos
datos, por lo que los funcionarios que los integran
podrían estar incurriendo en algún tipo de
responsabilidad legal.
Otra "irregularidad" relacionada con la creación de
estos grupos es que, dado que no tienen ningún tipo
de cobertura legal, los funcionarios que los
integran van a cobrar por desempeñar su trabajo en
festivos o por las noches, cuando en realidad no los
van a trabajar. Por tanto, advirtieron de que se
puede estar hablando de una posible "malversación de
fondos públicos" y, como tal, "se va a denunciar
ante la Intervención Delegada de Hacienda".
En resumen, indicaron, la Administración
penitenciaria "se salta la legalidad, creando
puestos inexistentes, sin cobertura legal, sin
funciones definidas, sin esclarecer como se maneja
la información recogida, con posible malversación de
fondos públicos". "Se crea un servicio de seguridad
paralelo al existente actualmente, pero que trabaja
en las sombras del sistema penitenciario",
añadieron. |
|
|
¿Qué pasa en la
cárcel de Albolote? |
|
16/06/09 |
| El sindicato mayoritario de
prisiones denuncia unos «gravísimos»
disturbios que la dirección del penal minimiza: ambas
partes sólo coinciden en el exceso de presos |
Hace unos días, el secretario de Estado de
Seguridad, Antonio Camacho, afirmó que la cárcel de
Granada no está saturada. Quizá sea una casualidad,
pero desde entonces se han sucedido los problemas.
La situación es ahora mismo de enfrentamiento
abierto entre el sindicato Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip)
-mayoritario entre los funcionarios de prisiones- y
la dirección de la cárcel de Albolote. Sólo
coinciden en un dato -imposible de ocultar, pese a
Camacho-: en el penal granadino hay un exceso de
presos. En concreto, casi el doble de los 1.080 para
los que se proyectó y construyó.
Aquí se acaban los puntos de encuentro. Para
Acaip, esa
situación de 'superpoblación', unida a la escasez de
un personal cada vez más entrado en años, es la
causa de los «gravísimos» disturbios que se han
producido en el presidio provincial en las últimas
horas. Según el sindicato, el domingo se registraron
cinco altercados en los que resultaron heridos
funcionarios e internos. Eso ocurrió durante el día.
Al anochecer, el panorama no mejoró. El traslado a
la enfermería de un recluso que, al parecer, sufría
un ataque psicótico, desembocó -siempre según la
versión de Acaip-
en «una protesta» generalizada que «llegó a tener
tintes de un inicio de motín».
Exageración
Para Acaip,
tanto la alteración mental del preso como el
posterior 'levantamiento' de sus compañeros tuvo un
origen claro: el «hacinamiento» que existe en
Albolote, del que dependen -y el dato es del propio
Ministerio del Interior- ahora mismo 1.976
delincuentes -condenados o todavía presuntos-. Es
una cifra récord.
Nahúm Álvarez, director del centro penitenciario,
reconoció que el nivel de ocupación de la cárcel
granadina no es el deseable, pero también hizo
alguna precisión: no todos los reclusos ocupan
celdas: unos 200 de los 1.976 de que habla la
estadística estarían cumpliendo sus penas en el
exterior, caso de aquellos penados que son vigilados
por medios telemáticos -están localizados
permanentemente gracias a unas pulseras-.
Así que, según Álvarez, Albolote no estaría en este
momento pasando por su peor momento en cuanto a
ocupación se refiere. Y el horizonte está la
apertura del Centro de Inserción Social, situado en
el solar de la antigua cárcel y que tendrá capacidad
para atender a un máximo de 300 reclusos con penas
leves o que estén ya en el tercer grado
penitenciario. Es decir, que el presidio granadino
quedará en una situación cercana a la normalidad,
según Álvarez
Respecto a los «gravísimos» disturbios denunciados
por Acaip, el
director de Albolote consideró que el sindicato
exageró lo ocurrido por motivos internos. «Parece
que van a convocar movilizaciones y quieren calentar
el ambiente. Lo que sucedió el domingo entra dentro
de lo que pasa con frecuencia en una cárcel. La
prueba de ello es que, cuando salió la noticia,
llamé a la persona que estaba de responsable ese día
y nadie le había comunicado que hubiese ocurrido un
incidente extraordinario. Se enteró por mí»,
concluyó Álvarez. |
|
La secretaria general de Instituciones
Penitenciaras, Mercedes Gallizo, dijo hoy que España
ha registrado en los últimos años un "gran
incremento" de la población reclusa que obligará a
estudiar la dimensión de las plantillas para
adaptarlas a la realidad de las centros, si bien
advirtió de que la crisis "no es el mejor momento"
para incrementar el número de funcionarios.
Gallizo efectuó estas declaraciones en la
inauguración del Centro de Inserción Social (CIS)
'Matilde Cantos Fernández' de Granada, donde fue
recibida por un grupo de funcionarios de la prisión
de Albolote (Granada) que protestaron por los
últimos incidentes registrados en el centro, que se
saldaron con varios funcionarios heridos y que
achacan a la masificación y la falta de personal.
Preguntada por este asunto, dijo a los periodistas
que es "perfectamente consciente" del incremento de
la población reclusa, que fue de un 10 por ciento en
2008 y se estima similar para el presente año, y por
ello el Gobierno tendrá "seguramente" que plantearse
la dimensión de las plantillas para cumplir
adecuadamente con asuntos como la atención
personalizada a los presos, lo que "le preocupa de
manera especial".
Aseguró en este sentido que el incremento de los
presos no se corresponde con el índice de
delincuencia de España, que está 20 puntos por
debajo de la media europea, sino que es consecuencia
de un sistema penal "más duro" que el de otros
países del entorno.
No obstante, matizó que en situaciones de crisis
"hay que reducir el gasto público" y consideró que
no es el mejor momento para incrementar el número de
funcionarios, a los que pidió "solidaridad" en esta
materia.
Consideró que el Gobierno "ha entendido" la
situación que registran los centros penitenciarios
españoles en cuanto a los ratios de ocupación, como
a su juicio demuestra el hecho de que casi la mitad
del empleo público que se ha aprobado para 2009 vaya
destinado a las instituciones penitenciarias, con
casi 1.200 funcionarios nuevos.
"Hay que buscar soluciones factibles para
desarrollar el trabajo --en las cárceles-- pero
también tenemos que ser solidarios" con la actual
situación, añadió.
Gallizo aseguró que los incidentes registrados el
pasado domingo en la cárcel de Albolote, siendo el
último de ellos un "intento de motín" que según los
sindicatos se saldó con cuatro trabajadores heridos,
fueron "leves" tal y como lo indicaron los propios
funcionarios que elaboraron los partes y "no se
produjeron en el patio".
Dijo que son incidentes "puntuales y sin
trascendencia" que "están a la orden del día" en la
sociedad actual y abogó por "ser responsables" y no
distorsionarlos, a fin de evitar un posible "efecto
llamada".
La secretaria general de Instituciones Penitenciaras
también fue recibida a las puertas del centro por un
grupo de funcionarias en contra de la unificación de
escalas que les obliga a custodiar a hombres presos,
para lo que dijeron no sentirse preparadas.
Respecto a este asunto, Gallizo recordó que la
medida pretende cumplir la Ley de Igualdad y
eliminar la discriminación de las mujeres en el
acceso a las instituciones penitenciarias, puesto
que hasta ahora necesitaban más nota que los
hombres.
Recordó además que en la mayoría de países de Europa
no existen escalas diferenciadas y mostró su
compromiso de buscar fórmulas que eviten los
conflictos en este proceso de transición. |
|
|
Miguel A. I. ha pasado a la “historia” del Centro
Penitenciario de Jaén como uno de los pocos reclusos
que ha conseguido fugarse. Este interno burló la
seguridad mezclándose entre las visitas. Estuvo en
la calle durante cuatro horas.
Su propia madre lo devolvió a prisión. Ahora, ha
sido condenado a seis meses más de cárcel por
el_Juzgado de lo_Penal número 2 de Jaén como autor
de un delito de quebrantamiento de condena. Un
castigo que podrá cambiar por 180 días de trabajos
en beneficio de la comunidad. Los hechos ocurrieron
el 9 de marzo de 2008, el día en que se celebraron
las últimas elecciones generales. Miguel A. I.
estaba encarcelado por delitos contra el patrimonio.
Había alcanzado la recta final de su condena y, de
hecho, ya estaba clasificado como preso de tercer
grado. En el Centro Penitenciario de Jaén, estos
reclusos están en un edificio muy cercano a la
puerta exterior de entrada. Aquel 9 de marzo, Miguel
A. I., de 45 años, aprovechó la visita de familiares
a otros internos. Se mezcló con una multitud de
gente que, en ese momento, salía del recinto.
Confundido entre la marabunta, abandonó el recinto
carcelario alrededor de las siete de la tarde. La
sentencia asegura que regresó a las once de la noche
del mismo día: “Se reintegró voluntariamente”, dice
de forma literal su señoría, el juez Raúl Calderón.
No obstante, detrás de la fuga relatada en los
hechos probados, Miguel A. I. tiene una historia que
no se narra en la resolución judicial. Al parecer,
el recluso decidió marcharse porque le llegaron
noticias de que su madre había caído enferma. Así
que no se lo pensó dos veces. Era domingo, un día
como mucho ajetreo de visitas. Tan sólo tuvo que
mezclarse con los familiares de los internos. “Fue
fruto de la desesperación”, dicen funcionarios con
años de experiencia. Sin embargo, el plan, infalible
de puro simple, le salió muy bien. Tanto que ha sido
uno de los pocos internos que se ha fugado de la
cárcel de Jaén en los casi veinte años de historia
de la penitenciaría de Las Infantas.
Miguel A. I. acudió a ver a su madre. Fue la propia
progenitora la que lo devolvió al presidio alrededor
de las once de la noche. Se trató de una escapada de
ida y vuelta, de apenas cuatro horas. Volver tan
pronto le ha supuesto un castigo menos severo. De
hecho, el fiscal solicitaba una condena de seis
meses más de prisión para este recluso. Finalmente,
esa pena se sustituirá por 180 días de trabajos en
beneficio de la comunidad por un delito de
quebrantamiento de condena. El director del Centro
Penitenciario de Jaén,_Manuel_Martínez Cano, asegura
que este tipo de fugas no son frecuentes. “Es la
primera que se ha producido desde el interior del
recinto”, explica. Son más usuales aquellas en las
que un preso sale de permiso y no vuelve a prisión
en la fecha acordada. Funcionarios explican que la
fuga de Miguel A. I. “no tuvo mucho mérito”.
Recuerdan que este recluso estaba en tercer grado,
es decir, con más libertad de movimientos. Por ello,
cumplía su condena en un edificio muy cercano al
control de acceso y con menos seguridad. Además,
salía casi todos los fines de semana a la calle. Sin
embargo, aquel día quería ver a su madre. |
|
La cárcel de Zuera ha batido en los últimos días su
récord de ocupación al pasar de 1.920 reclusos --el
viernes sumaba 1.913-- cuando fue diseñada para
acoger a menos de 1.200 --un máximo de 1.088 más
otro centenar en los módulos de Enfermería e
Ingresos--, lo que está provocando problemas para
garantizar la seguridad en su interior, según
denunció ayer el sindicato
Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias). La
Dirección General Instituciones Penitenciarias
rebajó esa cifra a 1.646, que en cualquier caso
rebasa claramente el máximo previsto.
Acaip ha
convocado asambleas de funcionarios para hoy en la
cárcel de Daroca y mañana en Zuera y Teruel con el
fin de debatir "el inicio de movilizaciones ante la
dramática situación que viven las prisiones
españolas", según informó en un comunicado, en el
que afirma que "los funcionarios de prisiones no
pueden garantizar su integridad física, ni la de los
reclusos a su cargo".
Fuentes del sindicato indicaron que, en el caso de
Zuera, el hacinamiento se suma a la escasez de la
plantilla, en la que faltan 32 de los 165
funcionarios de Régimen asignados --y en octubre
concluyen sus prácticas una veintena--, siete de los
catorce trabajadores sociales y cinco de los 18
auxiliares de clínica. Daroca tiene celdas con
cuatro internos.
Los centros abiertos, anotaron, también están
desbordados. Las 65 habitaciones de Torrero resultan
insuficientes para 200 internos --aunque varias
decenas de los asignados están en centros de
desintoxicación--, lo que hace que todas las celdas
tengan al menos dos ocupantes, y diez de ellas,
tres.
Acaip también
critica la unificación de escalas que destina
funcionarios masculinos a módulos de mujeres y
viceversa. |
|
Zaragoza.- El incremento de población reclusa en
Aragón hasta niveles nunca conocidos está provocando
que los funcionarios de prisiones no puedan
garantizar su integridad física ni la de otros
internos. Así lo ha explicado el delegado sindical
de Acaip, que ha
exigido a las administraciones más medidas de
seguridad o estudiarán hacer movilizaciones.
Por ello, el Acaip,
sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario,
está convocando en todos los centros penitenciarios
asambleas informativas, para estudiar el inicio de
movilizaciones en Zuera, Daroca y Teruel “ante la
dramática situación que viven las prisiones
españolas”.
Según el delegado sindical, en las tres principales
“hay una sobreocupación bestial” y ha recordado que
antes de la Expo ya advirtieron de que se habían
alcanzado cifras récord y ahora se están superando
esos números.
Debido a este incremento, ha asegurado que los
incidentes regimentales en las prisiones se disparan
y que “cada día se producen más amenazas y
agresiones a trabajadores penitenciarios y entre los
internos”.
Por ello, ha denunciado “la incapacidad política de
los máximos responsables de prisiones, que les hace
incapaces de defender ante los distintos organismos
ministeriales los incrementos de plantilla que ellos
mismos en privado reconocen como necesarios.
Mientras se crean nuevos puestos de trabajo de forma
ilegal”.
Por último, ha subrayado que “los funcionarios de
prisiones están hartos de la situación”, de ver como
cuando “son agredidos para los responsables de
prisiones eso va en el sueldo”, del “desprecio” de
muchos de sus superiores, de la “degradación diaria”
de los centros, de que “no se renueve el material”
de seguridad, del “derroche en programas inútiles de
entretenimiento” de los internos, de la “falta de
medios materiales y efectivos humanos”. |
|
|
 
La apertura del Centro de Inserción Social Matilde
Cantos prevista para finales de este verano aliviará
la masificación endémica que sufre la prisión de
Albolote. El CIS tiene capacidad para albergar a 300
internos y contará con una plantilla propia de 70
funcionarios, según confirmó ayer la secretaria
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, durante el acto de presentación oficial de
las instalaciones. La futura apertura del CIS –que
entrará en funcionamiento de forma paulatina durante
los meses siguientes– sacará del centro
penitenciario a trescientos internos y propiciará el
regreso a Albolote de los 25 funcionarios que, pese
a ser plantilla del penal, en la actualidad estaban
destinados al sistema de régimen abierto.
La cárcel tiene una capacidad para 1.005 plazas y en
la actualidad hay 1.950 internos que dependen del
centro. Esta cifra disminuye en el día a día hasta
los 1.750 internos porque alrededor de unos
doscientos disfrutan de régimen abierto o están
controlados a distancia por medios telemáticos. Aun
así, el déficit de funcionarios obliga al personal a
enfrentarse a situaciones comprometidas que en
ocasiones generan incidentes.
Hechos "leves". El sindicato
Acaip asegura que
en los últimos días se han producido hasta seis
incidentes graves, el último de ellos un intento de
motín el domingo por la noche que acabó con cuatro
funcionarios heridos. La secretaria general de
Instituciones Penitenciarias calificó estos hechos
como "incidentes puntuales" que "forman parte de la
realidad" del entorno penitenciario. Gallizo afirmó
que los propios funcionarios calificaron como
"leves" los altercados ocurridos en Albolote y restó
importancia a un posible enrarecimiento de la
convivencia en el penal.
Reconoció además que el Gobierno es "perfectamente
consciente" del incremento de la población reclusa y
de la necesidad de "redimensionar" la plantilla de
funcionarios, pero parece que al menos no será
inminente. Gallizo zanjó el asunto argumentando
sobre la creación de más puestos que "en tiempos de
crisis hay que reducir el gasto público", tesis que
es justamente la contraria a la que defienden, entre
otros, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. |
|
LA OPINIÓN Unos cuarenta funcionarios recibieron
ayer con abucheos y pitidos a la secretaria general
de Instituciones Penitenciarias a su llegada al CIS
Matilde Cantos. Por un lado, unas veinte mujeres
exigían el reconocimiento de la escala femenina como
rechazo a la unificación de escalas prevista por
Interior. Este cambio les obliga a vigilar a presos
masculinos.
Mercedes Gallizo explicó después que la medida se
adopta para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad,
eliminado de esta forma la discriminación de la
mujer a la hora de acceder a la institución
penitenciaria porque se le exigían notas más altas.
“En los módulos masculinos siempre ha habido
presencia de mujeres”, ratificó la secretaria
general, quien se comprometió a buscar una fórmula
de adaptación que no cree conflictos. Otro grupo de
funcionarios se quejaban de la falta de medios y la
masificación del centro, circunstancias que han
generado conflictos y que pueden complicar la
seguridad del centro en caso de que no se adopten
medidas urgentes de refuerzo.
Los discursos institucionales fueron interrumpidos
en varias ocasiones por los gritos de protesta de
los funcionarios que llegaban del exterior ya que no
pudieron acceder al recinto. El subdelegado del
Gobierno, Antonio Cruz, se refirió a los abucheos
como “música de fondo”, aunque después reconoció el
derecho a expresar libremente las quejas. |
|
El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a
España que acoja al menos a cuatro prisioneros del
centro penitenciario de Guantánamo. Por su parte, el
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, anunció que la intención del gobierno
español es responder con "un espíritu positivo",
aunque advirtió que se estudiará "caso por caso" y
aquellos que sean acogidos serán sometidos a un
control de vigilancia.
El titular de Exteriores afirmó en comparecencia
conjunta con su homólogo belga, Karel de Gucht, que
el Ejecutivo estadounidense presidido por Barack
Obama solicitó formalmente al Gobierno de España que
acoja al menos a cuatro prisioneros de la base
militar estadounidense, situada en territorio
cubano. No obstante, no quiso desvelar las
nacionalidades de estos cuatro sujetos y prefirió
mantener la prudencia hasta que se decida si acepta
o no la acogida de estos individuos.
Asimismo, Moratinos señaló que la intención de
España es responder con "espíritu positivo". Sin
embargo, avanzó que el Gobierno estudiará "caso por
caso" y antes de decidir la admisión, para la que no
se pone fecha límite. Añadió, además, que las
autoridades españolas tratarán de forma
"pormenorizada" las "consecuencias jurídicas" de
esta acogida. En este sentido, el Ministerio de
Interior informó de que se prestará especial
atención a la nacionalidad de los detenidos para
evitar que la acogida de eventuales prisioneros
pueda abrir un conflicto diplomático con un país con
el que España mantenga lazos especiales. En esta
misma línea, el titular de Exteriores dejó la puerta
abierta a que la Administración norteamericana
presente "algún caso más" en el futuro.
En su momento, la ONG Reprieve (Indulto), que
representa a más de 30 personas que permanecen en
Guantánamo sin cargos, apostó por España como
destino para tres o cuatro prisioneros de
nacionalidad siria y tunecina que conocen bien
nuestro país, bien por tener nociones del idioma o
bien por la presencia de familiares. A principios de
este mes, el secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, manifestó la voluntad de España de
acoger prioritariamente a los detenidos que tengan
"una relación particular" con España.
Moratinos anunció que se establecerá un "sistema de
vigilancia y observación" en torno a los detenidos
que finalmente vengan a España, con el objetivo de
garantizar la seguridad de la sociedad española y a
pesar de que esas personas no tengan cargos ni sean
peligrosas. El procedimiento es "bastante similar",
en cuanto a la involucración española, al que en
2002 hizo el Gobierno al acoger a 3 activistas
palestinos encerrados con 120 compañeros en Belén. |
|
MADRID, 17 (SERVIMEDIA) El sindicato
Acaip, mayoritario
entre los funcionarios de prisiones, aseguró hoy que
para que los presos de Guantánamo puedan ser
internados en cárceles españolas deben existir
resoluciones judiciales.
José Luis Pascual, secretario general de
Acaip, dijo a
Servimedia que "para estar en prisión (en España)
tiene que haber un auto de prisión", sea éste "de
prisión provisional o de cumplimiento de condena".
Añadió que también "puede haber convenios para el
cumplimiento de sentencia o de autos de prisión",
pero en estos casos también debe existir una
resolución judicial.
Este representante de los funcionarios de prisiones
remarcó que no conoce más fórmulas para que
"legalmente" sean acogidos en España presos de otros
países.
Se da la circunstancia de que la polémica
internacional generada respecto a la prisión de
Guantánamo tiene que ver con el hecho de que los
internos en esta cárcel no se han enfrentado a un
tribunal antes de ser recluidos en este centro
penitenciario. |
|
El Gobierno Vasco tiene previsto retomar el convenio
marco que mantenía con el central para la prestación
de servicios sanitarios y educativos en las
prisiones de la Comunidad autónoma, que quedó sin
efecto en 2007.
La consejera de Justicia del Ejecutivo de Vitoria,
Idoia Mendia, se va reunir mañana con la secretaria
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, para tratar este asunto, según han
confirmado a Efe fuentes de su Departamento.
El objetivo de este encuentro es retomar el convenio
que quedó suspendido y que persigue mejorar las
condiciones de vida de los reclusos.
El anterior Gobierno Vasco tripartito dejó sin
efecto este convenio, firmado por primera vez en
1994, el 18 de abril de 2007, por la negativa del
Gobierno español a transferir la competencia en
materia penitenciaria.
En virtud de ese convenio, el Gobierno Vasco
prestaba servicios sanitarios, educativos y de
carácter social en las tres prisiones vascas.
El consejero de Justicia la pasada legislatura,
Joseba Azkarraga (EA), anunció la denuncia de dicho
convenio y que a partir de ese momento el Gobierno
Vasco mantendría las acciones que venía
desarrollando, pero sin cooperación con la
Administración del Estado.
En la reunión de mañana no está previsto que la
consejera plantee a Gallizo la transferencia a la
comunidad autónoma de la competencia penitenciaria,
aunque las citadas fuentes han precisado que el
Gobierno Vasco "no renuncia" a iniciar más adelante
las conversaciones, siempre desde el acuerdo con el
Ejecutivo español, ya que es una materia vinculada a
la lucha antiterrorista en la que el Ejecutivo del
lehendakari Patxi López no quiere introducir
elementos que la "distorsione".
El artículo 10 del Estatuto de Gernika establece que
la Comunidad autónoma tiene la competencia en la
organización, régimen y funcionamiento de las
instituciones y establecimientos de protección y
tutela de menores, penitenciarios y de reinserción
social, conforme a la legislación general en materia
civil, penal y penitenciaria. |
|
La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias admitió ayer que las cárceles
andaluzas están saturadas de reclusos, al igual que
el resto de centros penitenciarios españoles.
Minimizó no obstante la magnitud del problema de
inseguridad denunciado por los funcionarios de la
prisión de Albolote (Granada), que se traduce en
cinco trabajadores heridos por presos durante el
último fin de semana.
«No es bueno dar una imagen exagerada de la
situación», dijo. A su juicio, agrandar un pequeño
conflicto constituye un riesgo por su potencial
efecto llamada en la población reclusa. Lo dijo
durante la inauguración del centro de inserción
social Matilde Cantos, ante cuyas puertas se
concentraron decenas de funcionarios de la prisión
granadina para protestar por una situación que
consideran insostenible a causa de la reclusión de
casi 1.900 presos en una cárcel diseñada para
albergar 1.008 internos.
Los trabajadores aguardaron la llegada de Gallizo
separados por sexos. Ellos en una acera, ellas
enfrente. Aunque los primeros se solidarizan con la
problemática de mujeres, y viceversa, prefirieron
escenificar la separación porque sus
reivindicaciones son distintas. Los hombres
denuncian la conflictividad derivada de la
masificación mientras que las funcionarias protestan
contra de la normativa de unificación de escalas que
les obligará el año próximo a custodiar a presos
varones, labor para la que no se sienten preparadas
ni física ni psicológicamente y que, además, excede
las funciones reflejadas en su contrato de trabajo.
Gallizo, que señaló la importancia de dimensionar
las plantillas, elogió el esfuerzo desarrollado por
los funcionarios y pidió un mayor reconocimiento
para ellos. Puntualizó que la situación es la que es
porque por una parte crece el número de reclusos un
10% y por otra la crisis tiene un efecto disuasorio
sobre los planes de empleo del Gobierno. «No es buen
momento para que el sector público aumente su número
de funcionarios», explicó, si bien resaltó que la
administración central, consciente de la necesidad
de incrementar las plantillas de los centros
penitenciarios, ha otorgado prioridad a este
departamento para paliar el desequilibrio por el
crecimiento de presos. |
|
Un interno de la prisión de Morón de la Frontera
intentó el pasado día 15 hacerse fuerte en la
enfermería de la cárcel después de autolesionarse,
según denunció la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciaias
(Acaip). El recluso se había provocado un
corte en el brazo con una cuchilla de afeitar y,
cuando estaba siendo curado en la enfermería,
sustrajo un bisturí del material sanitario y amenazó
al personal de estas dependencias. Los funcionarios
lograron reducirlo y arrebatarle el bisturí.
Acaip criticó
que el preso volviera al día siguiente a su módulo,
pasando sólo unas horas aislado. Días atrás, un
funcionario de la prisión fue apuñalado por un
interno. "Los hechos no parecen preocupar mucho a la
dirección del centro, que los asume como normales. Y
es que para ellos es más importante abrir módulos
con internos con patologías psiquiátricas
camuflándolos en los llamados módulos de respeto y
sin contar con la dotación de personal necesaria". |
|
Las secciones sindicales de la Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip),
en los centros penitenciarios gaditanos de Puerto I,
II y III, sindicato mayoritario en el ámbito
penitenciario, convocaron el miércoles día 17
asamblea de funcionarios, en la que se ha aprobado
el comienzo de las movilizaciones con el calendario
que marque el Comité Ejecutivo Nacional.
Los funcionarios de prisiones, en breves pinceladas,
dicen estar hartos “de la situación, de ver cómo
cuando son agredidos para los responsables de
prisiones ‘eso va en el sueldo’, del desprecio de
muchos de sus superiores, de la degradación diaria
de los centros, de que no se renueve el material de
seguridad, del derroche en programas inútiles de
‘entretenimiento’ de los internos, de la falta de
medios materiales y efectivos humanos”.
Según apunta Acaip
en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de
Cádiz, el incremento de la población reclusa en
España está alcanzando “niveles nunca hasta ahora
conocidos”, mientras que el número de funcionarios
se mantiene, o incluso en algunos centros disminuye.
Así, los funcionarios de prisiones aseguran que “no
pueden garantizar su integridad física, ni la de los
internos a su cargo”.
Mientras, los incidentes regimentales en las
prisiones “se disparan”. Cada día se producen más
amenazas y agresiones a trabajadores penitenciarios
y entre los internos.
Y, según este sindicato, “la incapacidad política de
los máximos responsables de prisiones, les hace
incapaces de defender ante los distintos organismos
ministeriales los incrementos de plantilla que ellos
mismos en privado reconocen como necesarios.
Mientras se crean nuevos puestos de trabajo de forma
ilegal”.
Además, “se recorta salvajemente en gastos
necesarios como por ejemplo en el mantenimiento de
los centros, que contribuirá a una más rápida
degradación de los mismos”, y paralelamente, “se
producen auténticos despilfarros de dinero
instalando televisores de plasma en todas y cada una
de las celdas de los centros de nueva construcción,
comprando bicicletas de montaña de más de 750 euros
para que los internos de algún centro hagan ‘salidas
terapéuticas’, salidas de internos a balnearios o a
cenas en restaurantes típicos, o disparando el
número de altos cargos y asesores “a dedo”.
Pagándoles a través de subvenciones el carnet de
conducir en una autoescuela del ‘Juncal’, o sea que
le dan permiso para salir todos los días que dure
las clases”.
Denuncia también Acaip
que se impone, en contra del criterio de todos los
profesionales de la Institución, una unificación de
escalas “que obliga a los funcionarios a trabajar en
módulos con internos de distinto sexo, con los
problemas que ello puede conllevar no sólo en caso
de incidentes regimentales, sino en el
funcionamiento diario de las prisiones, dificultando
todavía más la gestión de personal diaria en los
centros penitenciarios”.
Y se incumplen los acuerdos alcanzados con los
sindicatos “que permitirían una organización más
racional en el funcionamiento de los centros, y una
adecuación de los funcionarios que prestan servicio
en contacto directo con los internos”. |
|
Los funcionarios que viajaban aquella mañana en el
autocar tiroteado consideran que «Instituciones
Penitenciarias nos ha dejado tirados». No se
explican, por ejemplo, por qué esa dirección general
no ha ejercido la acusación particular en este
procedimiento, sumando fuerzas al de la Fiscalía,
cuando la agresión se produjo dentro de su horario
trabajo.
Tampoco entienden como aquel mismo día tuvieron que
incorporarse al trabajo con los nervios lógicos de
sentirse víctimas de un supuesto atentado, ni cómo
la dirección no tuvo la delicadeza de ponerles
protección un día después, algo que por otro lado
está dentro de la lógica.
Algunos funcionarios que aquel día viajaban en el
autobús atacado han optado, desde aquella fecha, por
prescindir de este servicio que califican de
«ratonera» y desplazarse hasta su centro de trabajo
en sus respectivos vehículos o en los de algún amigo
o familiar. Y eso no se paga con una indemnización
de 600 euros, como contempla al acuerdo alcanzado
ayer, sino «con un transporte en condiciones»,
recalcan.
El procesado por estos hechos, que entre sus
múltiples condenas figura una de un año de cárcel
por la tenencia de un bolígrafo pistola de
fabricación artesanal que portaba entre sus ropas,
ingresó por primera vez en el Centro Penitenciario
de Logroño hace quince años, cuando acababa de
cumplir los 25. Obtuvo el régimen abierto, pero se
lo suspendieron al poco tiempo |
|
El joven que realizó varios disparos sobre un
autocar que trasladaba a trece funcionarios de la
prisión hasta el Centro Penitenciario de Logroño
mostró ayer su conformidad con la nueva calificación
del ministerio público, que pasa, entre otras
condiciones, por el cumplimiento de ocho años de
cárcel como autor de un doble delito de asesinato en
grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.
La pena impuesta supone una rebaja de seis años y
medio con respecto al primitivo escrito de acusación
de la Fiscalía, que solicitó en su momento una
condena global de catorce años y medio por estos
mismos hechos.
El acuerdo al que llegaron antes del juicio el
ministerio público y el letrado de la defensa
contempla como atenuante muy cualificada -para el
delito de tenencia ilícita de armas- la confesión
que hizo el procesado del lugar en el que escondía
la pistola, e implica, además, el pago de una serie
de indemnizaciones tanto a los pasajeros y al
conductor del autocar, como a la empresa de
transportes. A los primeros deberá abonar la suma de
600 euros por los daños morales causados, y a la
segunda 2.400 por los daños en el autobús y los
gastos de paralización del vehículo.
Los hechos sentenciados se desarrollaron a las 7.40
horas del 11 de marzo del año pasado. El acusado,
que había cumplido varias condenas en la prisión
logroñesa, disparó contra el autocar en el que
viajaban los trece funcionarios a sabiendas de su
condición y en un momento en el que el vehículo, que
ese día estrenaba recorrido, se detuvo a la altura
del número 7 de la calle San Millán para recoger a
otros cuatro pasajeros.
Intención de matar
El procesado realizó los disparos con una pistola
'Star' desde su domicilio, situado frente a la
parada y desde una distancia de 35 metros. Su
propósito, precisa el fiscal en su escrito, no era
otro que el de «alcanzar en la cabeza o el abdomen a
cualquiera de los funcionarios que pudieran
encontrarse sentados y de ocasionarles la muerte con
su acción».
Uno de los proyectiles impactó en la cuarta ventana
del lateral izquierdo del autocar, en el
compartimento situado sobre los asientos que
ocupaban dos funcionarios que al sentir los disparos
dieron la voz de alarma al resto de compañeros.
Todos ellos se arrojaron al suelo en la creencia de
que se trataba de un atentado terrorista, pues la
fecha coincidía con el aniversario del 11-M.
Tras los hechos se encontraron tres balas
percutidas. La primera de ellas dentro del autobús,
que fue la que impactó contra el cristal; una
segunda apareció en las proximidades del domicilio
del procesado y la tercera se halló en casa del
acusado, encima del armario ropero de su habitación.
Una vez detenido, el autor de los disparos confesó
que el arma utilizada la guardaba en un ciclomotor
que había aparcado en las cercanías de la calle
Madre de Dios, como comprobaron los agentes.
|
|
Los trabajos en beneficio a la comunidad son una
alternativa a las condenas de prisión. Sin embargo,
la carencia de plazas hace que en 2008 se quedaran
sin cumplir el 93% de las sentencias, que en su
mayoría son por los delitos de tráfico y por
violencia de género.
La Fiscalía de Sevilla es muy clara y contundente en
su memoria de 2008 con respecto a la falta de plazas
para poder ejecutar las condenas de trabajo en
beneficio a la comunidad que dictan los jueces, ya
que se están quedando sin cumplir. “Duermen en el
limbo de los justos un 93,02% de los que deberían
cumplirse durante el año 2008”, una frase con la que
resume unas cifras “demoledoras”.
Según los datos recogidos en la Memoria Anual de la
Fiscalía, el año pasado se dictaron 2.836 sentencias
en las que se sustituían las penas privativas de
libertad por estos trabajos. Sin embargo, los
servicios sociales penitenciarios sólo tramitaron el
6,98%, o lo que es lo mismo 198 casos. El Ministerio
Público recuerda que el problema es “el insuficiente
catálogo de puestos de trabajo” a los que se acogen,
en su mayoría, los condenados por delitos de tráfico
y también algunos procesados por violencia de
género.
De hecho, en Sevilla, hasta final de 2008 no
existían plazas, que son controladas por el Centro
de Inserción Social tras pasar por un saturado
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al no haber
ningún convenio firmado entre el Ayuntamiento e
Instituciones Penitenciarias. Esta situación
provocaba que todos los condenados a estos trabajos
tenían que cumplir la condena en distintos
municipios de la provincia. De hecho, el fiscal de
Seguridad Vial destacaba ya en su memoria de 2007 la
falta de plazas con las que poder ejecutar las
condenas dictadas a raíz de la nueva Ley de Tráfico.
Para paliar la situación, la Fiscalía propone
acordar con la Consejería de Igualdad de la Junta de
Andalucía una relación de ONG que estén dispuestas a
colaborar para poder ampliar el catálogo de puestos
de trabajo, además de prescribir las condenas
dictadas hace más de un año.
Por otro lado, la memoria recoge que el año pasado
bajó el número de casos que llegan a los juzgados
sevillanos en un 2,18%, ya que de las 248.938
diligencias previas registradas en 2007 se ha pasado
a 243.493. Según la Fiscalía, uno de los delitos que
más ha crecido a lo largo de 2008 son los relativos
a la violencia doméstica, que han crecido un 21,75%
con respecto a 2007. Un crecimiento que la fiscal
jefe de Sevilla, María José Segarra, no atribuye a
que se estén produciendo más casos, sino que “la
respuesta que ofrece la Justicia, tanto desde las
comisarías como desde los juzgados” se ha convertido
en un factor fundamental para que las víctimas se
decidan a denunciar.
En cuanto a los homicidios y asesinatos, estos
delitos han vuelto a repuntar tras el importante
descenso que se registró en 2007. De esta forma, de
los seis homicidios que se contabilizaron dicho año,
se pasó en 2008 a 21, a los que hay que sumar cinco
por accidente laboral y siete imprudentes derivados
en su mayoría por accidentes de tráfico y
atropellos. Los asesinatos se mantienen estables con
uno cada año.
Las agresiones sexuales se han duplicado en un año
De todos los delitos, los que más aumento han
experimentado en el último año son los que tienen
que ver con la libertad sexual. Según los datos de
la Fiscalía, estos se han incrementado en un 106%
con respecto a 2007. La memoria destaca también que
son las agresiones sexuales (en las que se incluyen
las violaciones) son las que más han crecido,
manteniéndose el número de abusos sexuales estable.
Otro de los capítulos que destaca es “la fuerte
aparición” de los delitos referentes a la
pornografía infantil, con 18 casos.
La presidenta de la Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales (Amuvi), Pilar
Sepúlveda, explicó ayer que ellos también han notado
“un aumento de las denuncias”, aunque dijo que no es
porque se produzcan más casos, “sino porque las
víctimas se atreven más a llevar su caso ante un
juez”. “Antes las mujeres nos pedían más asistencia
psicológica, y ahora nos piden ayuda jurídica”,
puntualizó. |
|
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip), sindicato
mayoritario en el ámbito penitenciario, denunció hoy
a través de un comunicado la "tensión" que se está
produciendo en el centro penitenciario Castellón II,
ubicado en la localidad castellonense de Albocàsser,
donde tres funcionarios han resultado lesionados "en
menos de un mes" tras sufrir lesiones por parte de
los internos.
Según Acaip,
"desde su precipitada apertura, el centro
penitenciario de Albocàsser ha sufrido numerosos
problemas por la gran cantidad de cosas que no
funcionaban --calefacción, agua caliente,
teléfonos--; y por la gran cantidad de obreros que
seguían entrando al centro pese a que ya había gran
número de internos en el mismo, con los importantes
problemas de seguridad que ello planteaba, debido al
riesgo de fuga".
Posteriormente, señaló el sindicato, "la falta de
uniforme de una parte importante de funcionarios
provocó que tuvieran que estar de paisano" y "con el
paso del tiempo, la situación se fue estabilizando
gracias al enorme esfuerzo de todos los trabajadores
del centro".
Sin embargo, criticó la asociación, "según ha ido
aumentando el número de internos, se han
multiplicado los incidentes como peleas entre
internos, agresiones, agresiones a funcionarios,
hasta el punto de que la situación se está volviendo
muy tensa, y hay temor de que con la llegada del
verano se produzcan hechos aún más graves".
Acaip informó de
que, actualmente, "más de la mitad de los
funcionarios que están en contacto directo con los
internos tienen menos de un año de experiencia,
teniendo que suplir la misma con su
profesionalidad", y -añadió- "esa falta de plantilla
hace imposible cubrir todas las vacaciones de los
trabajadores".
"En la actualidad el centro penitenciario de
Albocàsser alberga a unos 1.400 internos, la mayoría
de los cuales, que ya están condenados, presentan
una larga trayectoria penitenciaria plagada de
incidentes, y entre ellos, hay una treintena de
internos que son especialmente peligrosos y que han
protagonizado agresiones, secuestros y
apuñalamientos en diversas prisiones". Durante este
mes de junio "prácticamente todos los días se han
producido incidentes", afirmaron estas fuentes.
El sindicato reseñó entre los incidentes registrados
más destacados el ocurrido el día 5 de junio en el
departamento de Enfermería, "donde un interno
propinó un puñetazo a un funcionario, alcanzándole
en un brazo, y, a pesar de la agresión, al preso no
se le aplicó ningún régimen de vida más
restrictivo".
Así mismo, según la asociación, el 12 de junio un
interno que se encontraba en el Módulo de
Aislamiento por haber protagonizado una pelea con
otro interno el día anterior "aporreó
contundentemente la puerta de su celda reclamando
una "supuesta" falta de medicación y, al personarse
los funcionarios, encontraron esa medicación en el
cubo de la basura".
"En ese momento, el interno se abalanzó sobre los
funcionarios, propinando un puñetazo en el ojo a uno
de ellos, y derribando al otro, al que intentó
morder. A consecuencia de los hechos, uno de los
funcionarios presenta una fuerte contusión en un ojo
y un hueso de la mano roto, y el otro tiene
múltiples arañazos en el cuello", explicó el
sindicato.
Finalmente, Acaip
denunció que el día 13 de junio se produjo una pelea
entre dos internos clasificados en primer grado -el
que se aplica a los internos más peligrosos y que
han protagonizado numerosos incidentes regimentales-.
De hecho, uno de ellos había participado en el año
2007 en el secuestro de un funcionario en el centro
de Zuera (Zaragoza), remarcaron.
Una vez separados los internos, el que protagonizó
ese secuestro destrozó una mesa de la sala, bloqueó
el rastrillo para impedir la entrada de los
funcionarios y se atrincheró en ella, amenazando a
los funcionarios con clavarles un bolígrafo, añadió
el sindicato.
"OIDOS SORDOS"
Acaip criticó finalmente que desde la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias "se hacen
oídos sordos a las peticiones de los trabajadores,
con lo que se corre el riesgo de que en un centro
que acaba de ser inaugurado, y, en teoría tiene
mayores medidas de seguridad que otros más antiguos,
se multipliquen las agresiones a los trabajadores".
"La apertura del centro penitenciario de Albocàsser
que, en teoría, iba a suponer el fin de la
masificación en el resto de las prisiones de la
Comunidad Valenciana, solamente ha servido para
absorber el incremento de internos producido en el
último año, es decir, para evitar estar peor que el
año pasado por estas mismas fechas", denunció la
asociación, quien añadió que "el número de internos
en el resto de centros de la Comunidad es
prácticamente el mismo que en el mes de junio de
2008". |
|
|
|
|
19/06/09 |
| |
Los sindicatos ACAIP,
UGT, CSI-CSIF y CCOO del Centro Penitenciario de
Topas, han denunciado este viernes que durante una
de las rondas nocturnas de ayer, sorprendieron a dos
presos fuera de su celda a pesar de que las mismas
estaban cerradas.
Los representantes sindicales llevan meses
denunciando los fallos que se están produciendo en
el sistema de apertura y cierre de las celdas y que
posibilita el hecho de que los internos las abran
manualmente.
Los sindicatos denuncian que han comunicado en
varias ocasiones a la Secretaria General de
Instituciones Penitencias y al propio ministro del
Interior, la situación que viven en Topas, pero los
fallos siguen produciéndose sin que nadie ponga
remedio, con el consiguiente peligro que representa
para los trabajadores del centro y para los propios
internos, puesto que en alguna ocasión han intentado
forzar las puertas de las celdas de otros internos
para agredirles o robarle. |
|
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Antonio Guerrero lleva dos
años y medio al frente de la prisión de Alhaurín de
la Torre. Ha vivido momentos difíciles en el
presidio, pero el nuevo Centro de Inserción Social y
el futuro penal de Archidona aliviarán la carga de
trabajo de este experimentado funcionario. Apuesta
por la reinserción y recuerda que la política
penitenciaria no puede basarse en la construcción
continua de cárceles.
–El Centro de Inserción Social asume ahora las
competencias de régimen abierto. ¿Será un alivio
para usted?
–No supone gran cosa. No me voy a desconectar de ese
asunto porque compete a Instituciones
Penitenciarias. El director del CIS y yo estaremos
en continua comunicación, y siempre que pueda le
ofreceré mi ayuda. Al crearse el CIS y ser un centro
independiente de Alhaurín de la Torre, ellos asumen
las competencias del cumplimiento de las penas y
medidas alternativas, el tercer grado, los
telemáticos y aquellos que están en comunidades
terapéuticas.
–¿Son efectivas esas penas?
–Claro que sí. Lo que ocurre es que no hay todavía
una mentalidad en nuestra sociedad propicia a estas
penas. No se asume bien que las entidades colaboren,
en la medida en que deberían hacerlo más de lo que
lo están haciendo ahora. Los ayuntamientos,
Protección Civil, la Cruz Roja, el Colegio de
Abogados... todas estas entidades se han sumado,
parece que todavía no estamos muy inmersos en esa
cultura, pero el camino se hace poco a poco. Llegará
un momento en que no haya expedientes en lista de
espera para su cumplimiento. Llegarán las sentencias
a nuestras oficinas y rápidamente se les buscará el
sitio adecuado donde se pueda cumplir la pena en
beneficio de la comunidad. Lo que hay que procurar
es que las penas no prescriban, porque claro, si
prescriben, empezamos a fracasar.
–¿Ha prescrito ya alguna pena de este tipo?
–Todavía no.
–¿La lista de espera es muy amplia?
– Cuando se comunica a los jueces que no se ha
cumplido una pena porque el sentenciado no se ha
presentado, el tema pasa a la Justicia. La
prescripción depende de lo que el juez dictamine. No
tengo datos al respecto. Pero de momento las penas
no están prescribiendo.
–Los sindicatos siguen hablando de sobreocupación en
la cárcel de Alhaurín de la Torre...
–Éste es un tema ya sabido. ¿Que las cárceles tienen
sobreocupación? Todo el mundo lo sabe. Tenemos la
idea de que todo el mundo tiene que entrar en la
cárcel, haga lo que haga. Por ejemplo, si a un señor
que no tiene carné se le coge conduciendo por
segunda vez sin el permiso, va para adentro. Si se
le coge con dos copas de más y ha reincidido, se le
manda a la cárcel. Todo el mundo va a la cárcel.
Cualquiera que antes cometía un delito, por ejemplo,
debido a sus problemas mentales, iba a un
psiquiátrico, y ahora se le manda a prisión. Pero
tenemos enfermos mentales, contamos con cantidad de
gente que a lo mejor de modo preventivo debería
estar en la calle. Hay que prevenir la situación,
más que meter a la gente en prisión.
–Por tanto, usted considera que se envía demasiada
gente a la cárcel...
–Sí, eso es lo que digo. Estamos en un mundo
globalizado. Las fronteras ya casi no existen. Eso
antes no ocurría. No es que esto nos haya cogido
desprevenidos. A la Costa del Sol viene mucha gente
desde, por ejemplo, los países de Europa del Este y
desde otros sitios. ¿Qué ocurre? Que lo que antes no
existía en las prisiones españoles hoy sí es una
realidad. Un 37% de la población reclusa es de
origen inmigrante. Eso también hay que tenerlo en
cuenta.
–¿Existen problemas de convivencia en el centro?
–Se dan los roces normales de la convivencia. El
típico que se cuela en la cola del economato, el
otro se lo echa en cara y discuten. A veces pueden
terminar enganchados, pero es el fiel reflejo de la
calle, quizás haya aquí menos situaciones
conflictivas de las que se dan fuera.
–¿Ha vuelto a la senda del diálogo con los
sindicatos?
–Nunca he dejado de tenerlo. Si algún delegado
sindical tiene un problema con el director o los
subdirectores del centro penitenciario, es un
problema de él, pero no institucional. Yo he vuelto
a reunirme con los sindicatos. He mantenido
conversaciones con delegados continuamente. Sin ir
más lejos hace poco me vi con los representantes de
Acaip, así que
no creo que tengan problemas. Ni ellos están
peleados conmigo ni yo con ellos. Que en un momento
determinado tensen la cuerda y rompan relaciones,
pues ellos tendrán que decir hasta dónde y hasta
cuándo. Yo desde luego no he roto relaciones con
nadie.
–La prisión de Archidona descargará bastante la
prisión de Alhaurín de la Torre...
–Claro. Pero, ¿se puede permitir España el lujo de
estar continuamente construyendo cárceles? ¿La
política es construir una cárcel detrás de otra?
Pues pienso que no. No quiere decir que nos
acostumbremos al delito. Cuando pase este
crecimiento de población, nos van a sobrar muchas
plazas. Hoy estamos casi al límite de la ocupación.
¿Por qué se hace un centro nuevo en Málaga? Pues
porque éste que se hizo era pequeño. ¿Por qué se
hace uno nuevo en Murcia? Porque el que se hizo allí
es bastante pequeño. ¿Por qué Ceuta va a contar con
otro? Porque el que se edificó en 1959 sólo tenía
poco más de 200 plazas. Se hacen centros intermedios
y grandes. Porque existen capitales de provincia que
tienen presidios pequeños. Haciendo a lo mejor pocos
centros, medianos o grandes, según el caso, nos
ponemos al día. Se están haciendo en Murcia,
Archidona, Pamplona... Cuando se terminen nos van a
sobrar plazas. Pero para eso no se puede meter a
tanta gente en la cárcel.
–¿La política para favorecer la reinserción es
exitosa?
–Sobre todo con los que entran por primera vez en la
cárcel. Éstos se dan cuenta de que han cometido un
error y la mayoría de ellos no vuelven. |
|
El subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, afirmó
ayer viernes que la dotación de personal en las
cárceles Castellón I y II "es la que corresponde a
sus necesidades" y que la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias "dota a los centros con
los recursos necesarios de funcionariado para que
realicen su trabajo de una forma adecuada".
En cuanto a la denuncia del sindicato
Acaip, al respecto
de las agresiones a funcionarios, el subdelegado
manifestó que "no niego que esos hechos hayan
ocurrido, pero no tengo ninguna constancia de los
mismos". |
|
La ley de Igualdad del año 2007 ha extendido sus
efectos hasta las cárceles españolas. No hasta el
punto de unir a presos y presas bajo el mismo techo,
pero sí ha supuesto la extinción de las escalas
femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. Unas dos mil mujeres
funcionarias que accedieron mediante oposición a su
puesto para la tutela y vigilancia de las reclusas
pueden verse ahora obligadas a ocuparse también de
los reclusos varones.
Las funcionarias de prisiones son funcionarias
civiles, no llevan armas en su trabajo y accedieron
a sus puestos sin que se les exigiera ningún
requisito físico ni la superación de ninguna prueba
física. Se encargan de labores administrativas, de
reinserción, del mantenimiento del orden, de la
disciplina y de la seguridad dentro de su módulo, lo
que significa evitar peleas, abusos, extorsiones y
las actividades ilegales que descubran. Su trabajo
implica acceder a todos los espacios por donde se
mueven los internos, incluida la revisión de los
servicios, las celdas y las duchas, para intervenir
en los problemas que se planteen.
Si su función es ya, con las mujeres presas, de todo
menos sencilla, cuando tengan que ocuparse de los
reclusos verán añadido un plus de peligrosidad y
riesgo, sin olvidar que se trata de un trabajo que
no es al que optaron cuando se presentaron a las
oposiciones, y para el que no tienen por qué estar
preparadas.
Las funcionarias de prisiones han empezado a
rebelarse al comprobar que en algunos centros ya se
está procediendo a unificar las escalas sin contar
con su criterio. Exigen, por un lado, que se
respeten sus derechos adquiridos y, por otro, que
cualquier cambio sea voluntario: que puedan elegir.
Debate en el Congreso
El problema ha llegado hasta el Congreso de los
Diputados. El Grupo parlamentario Popular ha
presentado una proposición no de ley para que la
aplicación de la ley de Igualdad no convierta a
estas funcionarias en «víctimas de una
generalización que les afecta de forma negativa».
Con la iniciativa se insta al Gobierno a adoptar,
con la máxima urgencia, las medidas necesarias para
asegurar que las funcionarias de prisiones que
accedieron por oposición, antes de la entrada en
vigor de la supresión de las escalas masculina y
femenina, puedan conservar el estatus jurídico que
lograron cuando accedieron a sus plazas.
Además, se pide que la conservación de ese estatus
jurídico no implique una disminución de las
posibilidades de promoción en la carrera
administrativa respecto a las que tenían, ya que
muchas funcionarias temen represalias profesionales
si no acceden a la escala única. Según se recoge en
la misma iniciativa, el Gobierno debe garantizar «la
seguridad jurídica, física y laboral de las
funcionarias».
El PP, en su proposición, que se debatirá el próximo
martes en el Pleno, explica que el nivel de
conflictividad de los módulos de internos es muy
superior al de las mujeres presas en España, una
situación que pondrá «en riesgo la seguridad física
de las funcionarias».
La diputada popular Blanca Fernández-Capel,
autora de la iniciativa, se ha puesto ya en contacto
con el resto de los grupos para sacar adelante la
proposición no de ley en el Pleno del Congreso. El
acuerdo, de momento, parece probable. |
|
|
El Gobierno central prevé que la nueva cárcel de
Pamplona pueda estar ya "plenamente operativa" en la
primavera de 2011. Así lo confirmó el ejecutivo de
Rodríguez Zapatero mediante respuesta por escrito a
una pregunta en el Congreso del diputado popular
Santiago Cervera. El texto recoge literalmente que
"la obra de construcción del centro penitenciario
norte II, en Navarra, está prevista que termine en
diciembre de 2010 y se prevé que el centro esté
plenamente operativo para la primavera de 2011".
Hasta ahora, la fecha que se había manejado para una
posible apertura del centro apuntaba a dos años
después de que se iniciaran las obras. El comienzo,
según anunció en enero el presidente de la Sociedad
Estatal de Instituciones y Equipamientos, Ángel
Martínez Sanjuan, estaba previsto para este próximo
otoño, por lo que la previsión del ejecutivo
adelanta en seis meses la puesta en marcha de las
instalaciones.
De hecho, a finales de abril la Sociedad Estatal
de Instituciones y Equipamientos Penitenciarios (Siep)
convocó el concurso para adjudicar las obras de
construcción del centro penitenciario, en la colina
de Santa Lucía, cuyo plazo de presentación de
ofertas ya finalizó el pasado día 17. El presupuesto
estimado de los trabajos asciende a 80,6 millones de
euros.
La nueva prisión de Pamplona tendrá 504 celdas.
Dispondrá también de un centro de reinserción social
con capacidad para 102 personas. El recinto estará
formado por 8 edificios residenciales que cubren las
necesidades del recinto. Una vez en marcha, estarán
destinados en ella 250 funcionarios, además de 50
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
|
|
-Cuando se inauguró la prisión salieron a la luz
vicios ocultos de la obra ¿le han puesto en más de
un aprieto?
-Ha habido momentos difíciles, donde la gestión se
pone muy al límite: un día no había luz y no abrían
las puertas; otro no funcionaba el portón y hubo que
redistribuir los efectivos. Ahí es donde está el
reto. Poner en marcha una prisión supone que te den
esos disgustos porque aunque esos vicios ocultos no
sean achacables a mí, tú delegas todo, menos la
responsabilidad.
-¿Está recepcionada la obra?
-Ha habido una serie de problemas que todavía no se
han soluciones. Estamos en la fase de adaptación y
entrega.
-¿Cuándo estará a pleno rendimiento la cárcel?
-Con 1.270 internos, ya estamos a pleno rendimiento
a nivel de servicios, aunque podemos tener 1.600
internos.
-¿Seguirán llegando presos a un ritmo de cien
semanales?
-Hasta ahora hemos recibido presos de prisiones más
saturadas, pero ralentizaremos los ingresos para
facilitar la adaptación de funcionarios e internos.
A partir de ahora sólo vendrán presos destinados,
unos 10 semanales.
-¿Por qué han agredido varios presos a funcionarios?
-Aquí hay 1.270 personas en contra de su voluntad.
Esto es como una ciudad, donde hay problemas
diarios.
-Los sindicatos lo achacan a la falta de 100
funcionarios.
-Faltan 30 funcionarios menos de vigilancia de
interior.
-¿Es Sevilla 2 es una cárcel de máxima seguridad?
-Yo diría que una de las más seguras de Europa.
-¿Tiene plan para abortar una fuga mediante
helicóptero, como pretendía ETA en Huelva?
-Creo que eso es ciencia ficción. Un helicóptero con
misiles pueda derribar un muro, entrar en prisión y
donde quiera, pero para eso están los F18 de la Base
militar de Morón de la Frontera.
-¿Qué sucedería si hay un intento de fuga en
helicóptero?
-Un helicóptero puede aterrizar en el patio interior
de la cárcel y nosotros los funcionarios no estamos
armados con pistolas para pegarle tiros.
-¿Como repelerían entonces un intento de fuga?
-Para eso están las paredes, los muros altos, los
enrejados de los módulos de aislamiento, las
concertinas.... Los funcionarios son profesionales y
saben reducir a un preso y llevarlo al módulo de
aislamiento. Por otra parte, aunque tuviéramos
pistolas, ningún funcionario de prisiones podría
pegar un tiro a un preso que intentara escaparse. El
derecho a la vida de un interno está por encima de
la privación de libertad. Si el funcionario de
prisiones tiene pistola, se corre el riesgo de que
un preso pueda quitársela y pegarle dos tiros. |
|
Ya lo venían advirtiendo desde el propio Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria. El colapso les ha
desbordado y ya hay presos que no han podido
disfrutar de permisos especiales como los que se dan
para ir a un entierro. De hecho, las salidas de
prisión siguen siendo su principal queja.
Su volumen de trabajo supera en un 200% lo deseable
para un juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como
consecuencia de la apertura del centro penitenciario
de Morón. Las consecuencias de la saturación la
sufren aquellos presos que solicitan sus permisos
reglamentarios, hasta el punto que aquéllos que se
deben aprobar de forma urgente no llegan a tiempo.
“Hemos tenido conocimiento de casos en los que el
preso no ha podido ir al entierro de un familiar”,
explica José Castilla, el letrado responsable del
Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica
Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla (SOAJP).
Recientemente, la jueza de Vigilancia Penitenciaria,
Carmen Ruiz Mesa, advertía del retraso en la
autorización de los permisos, lo que ya “se está
notando”, dice Castilla, en especial en los que se
piden “casi sobre la marcha, por una urgencia como
un entierro”. Además, está obligando a que los
internos reclamen sus permisos con más antelación
“si quieren disfrutarlos en la fecha que piden”.
De hecho, una de las quejas más repetidas por los
presos sevillanos sigue siendo la de los permisos,
que copan casi la mitad de las 2.193 consultas que
atendió el SOAJP durante 2008. La mayoría de ellas,
según la memoria del servicio, se deben a que los
internos reclaman información sobre los requisitos
que deben cumplir para poder solicitarlos o bien
para recurrir su denegación.
A la información sobre los permisos le siguen las
consultas sobre la clasificación penitenciaria, en
especial, la de que aquellos que reclaman porque les
mantienen en segundo grado (el más habitual),
denegándoles el tercero, que supone que sólo tienen
que pernoctar en prisión.
En cuanto a las quejas, las más habituales hacen
referencia a los traslados de centro penitenciario.
En los últimos años son las que más se han
incrementado como consecuencia de las reformas
penales y penitenciarias que han provocado un
aumento de la población reclusa.
Como consecuencia, el Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria recuerda que se
está “vulnerando el derecho de todo penado a cumplir
la pena en el centro penitenciario cercano a su
lugar de residencia y el incumplimiento del derecho
a celdas individuales”.
En segundo lugar, la asistencia sanitaria continúa
provocando muchas reclamaciones por parte de los
internos por dos motivos: por la no excarcelación
para acudir a las citas con los médicos
especialistas y por la falta de asistencia
psiquiátrica.
De hecho, el servicio efectuó por estas cuestiones
dos quejas ante el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria, además de las individuales de cada
preso, “admitiendo” la relativa a la no
excarcelación para acudir a las citas médicas, lo
que, según la memoria, “mejoró algo la situación” al
principio, aunque en la actualidad “continúan
perdiéndose infinidad de citas”.
En cuanto a la atención psiquiátrica el SOAJP
entiende que “un psiquiatra semanal por cada 1.800
personas, con elevado índice de trastornos”, es
“insuficiente”.
Por centros, sigue siendo la prisión de Sevilla la
que presenta un mayor número de quejas y consultas
con 1.989 de las 2.193 que se han registrado. En la
cárcel de mujeres las consultas han crecido casi un
50% con respecto al año pasado, pasando a tener una
consulta por interna, con 165. |
|
Expertos en Psiquiatría Legal y Forense aseguraron
hoy que España es un país de con "serias
deficiencias" en materia de atención en salud mental
penitenciaria y calificaron la situación actual como
"lamentable", en un sistema en el que el 25 por
ciento de los reclusos padecen algún tipo de
enfermedad mental y, en muchos casos, muy graves.
Así lo aseguró en rueda de prensa, el presidente del
comité organizador de la II Conferencia Temática
Mundial de Psiquiatría Legal y Forense, Alfredo
Calcedo, que se clausuró hoy en Toledo. Calcedo
estuvo acompañado por con los doctores Iñaki
Madariaga, presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría Legal, y José Luis Romero Urcelay,
director de terapia de la Hospital de Alta Seguridad
de Broadmoor (Reino Unido).
Estos dos últimos coincidieron con el análisis
expuesto por Calcedo, y señalaron que esta II
Conferencia Temática Mundial de Psiquiatría Legal y
Forense, que ha reunido a cerca de 400
participantes, ha sido un "absoluto éxito" a nivel
tanto científico como organizativo, informó la
organización en nota de prensa.
De este modo, el doctor Madariaga recalcó que el
programa científico que ha articulado este encuentro
ha sido de muy alto nivel y "nos ha permitido
comprobar que en España queda un camino muy largo
por recorrer para equipararnos con sistemas de
gestión de salud mental en el ámbito forense de
otros países desarrollados, como Bélgica o el Reino
Unido", apuntó.
Por su parte, Romero apuntó que desde su perspectiva
como psiquiatra español que ejerce en un sistema de
salud foráneo, observa que en España hay graves
carencias en el servicio de atención a delincuentes
con problemas de salud mental. "Muchos de los
delitos cometidos por enfermos mentales en España
habrían sido evitables con un buen servicio
asistencial. Un enfermo que comete un delito con
violencia va a la cárcel pero si no recibe
tratamiento en prisión la posibilidad de que
reincida una vez puesto en libertad es muy alta".
Durante su intervención, Calcedo sostuvo que el
nivel asistencial a pacientes con enfermedades
mentales en España es bueno, pero es necesario
avanzar en el desarrollo y la puesta en marcha de
servicios de psiquiatría forense con suficientes
recursos y estrategias claras para abordar el
seguimiento de los delincuentes con enfermedad
mental una vez son puestos en libertad.
MUY POR DEBAJO DE OTROS PAÍSES
Los psiquiatras reunidos en este encuentro
coincidieron en que la situación de asistencia
comunitaria a reclusos con enfermedades mentales
está muy por debajo de otros países, como Canadá,
Bélgica o el Reino Unido, ya que aquí no existe un
solo mecanismo para el seguimiento de estos
delincuentes una vez son puestos en libertad, con el
consiguiente riesgo que supone para la sociedad.
Ante esta situación, la problemática a la que se
enfrenta la psiquiatría forense podría prevenirse
con un tratamiento previo.
"Es necesario que los partidos políticos se
sensibilicen con la problemática de las familias de
enfermos mentales, y den a esta situación el
tratamiento de lo que es, un problema de salud
pública", argumentó el doctor Calcedo.
Finalmente, recordó que la Asociación de Familiares
de Enfermos Mentales instó a la clase política a que
desarrollara una legislación que permitiera el
tratamiento ambulatorio forzoso, que permita aplicar
el tratamiento necesario a los enfermos mentales
graves sin conciencia de enfermedad aunque se
nieguen a ello, "pero esta propuesta no ha sido
tenida en cuenta", concluyó. |
|
Sigue creciendo el número de presos fallecidos a
causa del consumo de drogas dentro de los penales
MADRID, 21 (SERVIMEDIA) Un total de 125 presos se
suicidaron en las cárceles españolas entre los años
2004 y 2007, según datos facilitados por el Gobierno
en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular a la
que tuvo acceso Servimedia.
Aunque las cifras de sucidios han descendido en esos
cuatro años, se mantiene en un elevado número. En
2004, un total de 40 presos se quitaron la vida,
cifra que descendió a 33 en 2005, y pasó a 23 en
2006, para ascender de nuevo a 27 casos en 2007.
Los penales en los que más suicidios se registraron
en esos 4 años fueron Valencia, Villabona, Nanclares
de Oca y Alicante, que registraron 7 casos cada una
en el cuatrienio analizado.
Zaragoza y Albolote se sitúan a continuación con 6
casos en cada una. Con 5 muertes se coloca Sevilla 2
y con 4 están los centros penitenciarios de Alama,
Almería y Palma de Mallorca.
En ese mismo período se registraron 169
fallecimientos a causa del consumo de drogas en las
prisiones españolas, exceptuando las catalanas cuya
competencia está cedida a la Generalitat.
A diferencia de las muertes por suicidio, que se han
reducido ligeramente, los casos de fallecimiento por
drogas siguen creciendo en las prisiones españolas.
Si en 2004 hubo 39 muertes relacionadas con el
consumo de estupefacientes, al año siguiente fueron
43 las registradas. En 2006 se repitieron 43 casos
de fallecimiento por drogas y en 2007 la cifra
aumentó hasta 44.
Según los datos facilitados por Interior en ese
período también quedaron registradas 6 muertes por
agresión y 11 más por accidente. |
|
El centro penitenciario de Botafuegos fue escenario
el pasado sábado 20 de una agresión protagonizada
por una interna de nacionalidad extranjera hacia
otras cuatro presas y una funcionaria, según
informaron ayer fuentes de la sección sindical de
Acaip en el recinto
carcelario.
El incidente tuvo lugar, según las fuentes
sindicales, en el comedor del módulo 2, a la hora de
la cena, mientras las funcionarias realizaban la
vigilancia del reparto de comida.
En aquel momento, la interna, quien fue descrita por
el sindicato como una mujer “de color”, trató de
agredir al grupo de trabajadoras de la prisión
haciendo uso de una bandeja de metal.
Gracias a la rápida intervención de un numeroso
grupo de internas que salieron en defensa de dichas
funcionarias, se pudo evitar que dicha agresión
tuviera mayores consecuencias, aunque se saldó con
numerosos hematomas y arañazos en cuatro de dichas
internas y en una de las funcionarias, debido al
forcejeo que protagonizó dicha interna, manifestaron
desde Acaip.
A ello añadieron los sindicalistas que, una vez que
fue posible reducir a la mujer, ésta comenzó a
amenazar a las personas que tenía alrededor diciendo
frases tales como: “os voy a matar en la calle”, o
“en mi país ya estaríais muertas”.
Según Acaip, “una vez más, tal incidente es
resultado de la masificación que padecemos en el
centro penitenciario, debido a la cual no se puede
llevar a cabo una correcta clasificación interior de
los internos”.
Pusieron como ejemplo que, en el caso de las
internas, en tan sólo dos módulos conviven desde
presas clasificadas en tercer grado a otras de
segundo grado, así como reclusas que salen a
trabajar al exterior y otras que disfrutan de
permisos de salida. De igual modo, permanecen en
estos dos módulos aquellas “sometidas al régimen de
vida de un módulo de respeto.
Por otro lado, “desde internas FIES, hasta
sancionadas y en régimen de autoprotección, pasando
por aislamientos provisionales y segundos grados,
conviven con las demás junto a internas que
disfrutan de permisos de salida”, comentaron desde
Acaip.
“Esta mezcolanza de situaciones da lugar, claro
está, a incidentes como el arriba expuesto, ejemplo
típico de la situación tan delicada que desde hace
ya bastante tiempo estamos sufriendo”, concluyeron
desde Acaip.
Organización
Por su parte, el director de la cárcel, Francisco
Márquez, se encontraba de permiso el pasado sábado y
hasta ayer no había sido informado del incidente. En
cualquier caso, se reiteró en que “en un barrio de
1.700 personas siempre ocurre algún conflicto”, y
afirmó, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, que
el centro “está muy normalizado y con menos
incidentes de los que se producen en algunos
colegios”.
En cuanto al problema de organización y la mezcla de
internas de distintos grados, Márquez comentó que
“ese problema se solucionará en dos meses con la
apertura del Centro de Inserción Social”, ya que
éste albergará a las presas que trabajen fuera o en
situación de tercer grado.
|
|
La sección sindical del centro penitenciario de
Botafuegos de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) ha denunciado
que una interna trató el pasado sábado de agredir a
varias funcionarias.
Fue a la hora de la cena y en el módulo número dos.
La agresora tomó su bandeja de metal de comida e
intentó agredir a las funcionarias que presenciaban
el reparto. Los daños no fueron de gravedad gracias
a la rápida intervención de un grupo de internas que
salieron en defensa. El incidente se saldó con
numerosos hematomas y arañazos en cuatro de las
internas que intervinieron y en una de las
funcionarias. Fue durante el forcejeo.
Este sindicato añade que una vez que fue reducida,
la interna no paró de amenazar al personal.
Acaip explica que
este tipo de incidentes son consecuencia de la
masificación que padece el centro penitenciario de
Botafuegos, que impide además una correcta
clasificación interior de los internos. Pone como
ejemplo, a las propias internas, que conviven en dos
módulos tanto las clasificadas en tercer grado como
las de segundo grado, las que salen a trabajar al
exterior, otras que disfrutan de permisos de salida
y las que están sometidas al régimen de vida de un
módulo de respeto.
Por otro lado, especifica que comparten espacios las
que están sancionadas, las de en régimen de
autoprotección, los aislamientos provisionales, las
de segundos grados y las internas que disfrutan de
permisos de salida. "Esta mezcolanza de situaciones
da lugar a incidentes como los que sucedieron el
pasado sábado".
Acaip denuncia
que no es una situación nueva. "Es el ejemplo típico
de la situación tan delicada que desde hace ya
bastante tiempo estamos sufriendo en los centros
penitenciario de este país y que se repiten cada vez
con más frecuencia". |
|
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de hoy
sendos acuerdos por los que se aprueba la
expropiación de de los terrenos necesarios para la
construcción de los accesos al Centro Penitenciario
de Campos del Río (Murcia) y de un nuevo Centro
Penitenciario en Ceuta.
De este modo, declaró su "urgente ocupación", puesto
que "es preciso" realizar las obras para poner en
funcionamiento dichas instalaciones y
"descongestionar" ese área territorial.
Los terrenos que se ocupan en Murcia tienen una
superficie de unos 45.000 metros cuadrados,
distribuidos en veintiséis parcelas particulares,
calificados como "suelo rústico" y valorados en
270.000 euros.
En cuanto a los terrenos previstos para el nuevo
Centro Penitenciario de Ceuta éstos ocupan una
superficie de unos 335.000 metros cuadrados,
distribuidos en dieciséis parcelas particulares,
calificados como "suelo rústico de secano" y
valorado en 1.340.000 euros. |
|
El nuevo Centro de Inserción Social (CIS) recibirá
el lunes a los primeros 146 internos que cumplen su
pena en régimen abierto. Actualmente, ya trabajan en
el presidio de tercer grado la unidad de medios
telemáticos y los servicios sociales. De forma
progresiva, irán llegando los 350 presos restantes
que pagan su castigo por medio de este sistema, de
forma que en una o dos semanas estará completamente
operativa la nueva infraestructura.
En cualquier caso, su puesta en marcha total será
una realidad antes de que acabe el mes, como ya
anunció Instituciones Penitenciarias. Esto quiere
decir que en la misma fecha quedará liberada la
antigua cárcel provincial, ubicada en la Cruz de
Humilladero.
Desarrollo progresivo. Ángel Herbella, director del
Centro, recordó que ya hay cincuenta funcionarios
trabajando en el CIS –que se encuentra en el
polígono Guadalhorce–, mientras que el delegado
territorial de Instituciones Penitenciarias para
Andalucía Oriental, Jaime Leiva, afirmó que en
septiembre, una vez que se resuelva el concurso de
traslados, llegarán otros 20.
Los sindicatos habían protestado por la reducida
plantilla, según su versión, de la que se ha dotado
al centro. Sin embargo, Herbella defendió que los
trabajadores "están altamente motivados" para
desarrollar su trabajo.
En el CIS cumplirán su pena internos de tercer grado
que deban dormir en un penal, así como también
dependerán del mismo todos aquellos condenados a
realizar trabajos sociales.
Entre otras cosas, muchos recibirán formación
sociolaboral para favorecer su acogida en la
sociedad después de haber cumplido su castigo por
delinquir.
El director de la prisión provincial, Antonio
Guerrero, recordó que esas competencias, hasta ahora
atribuidas al presidio de Alhaurín de la Torre,
pasan a depender del CIS. "Nos vamos a quedar con
1.700 internos, cifra de la que nunca hemos pasado,
pues cuando se hablaba de que había más de 2.000
también se incluía a los de la sección abierta".
Acuerdo institucional. Los tres representantes de
Instituciones Penitenciarias firmaron ayer un
acuerdo con el decano del Colegio de Abogados,
Manuel Camas, por el que esta institución ofrecerá
plazas para realizar trabajos en beneficio de la
comunidad, fundamentalmente como ayuda
administrativa en los diferentes servicios de
orientación jurídica que tiene el colegio en la
provincia.
Camas indicó que diez personas prestarán su apoyo de
esta manera, de forma que darán citas a los que
acudan a los servicios de orientación jurídica de la
provincia y también les proporcionarán información
relativa a los documentos que deben presentar.
Instituciones Penitenciarias está en negociaciones
con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y con el Ayuntamiento de Málaga
para buscar más plazas en la capital. Sólo en la
provincia, más de 3.000 personas han sido condenadas
a realizar servicios en beneficio de la sociedad,
fundamentalmente tras haber incurrido en delitos
contra la seguridad del tráfico.
"Es nuestra labor concienciar a la sociedad de la
importancia de esta tarea", dijo Jaime Leiva. "El
elemento novedoso, destacable y pionero es el efecto
multiplicador que puede tener el acuerdo al que
hemos llegado con el Colegio de Abogados. Seguro que
otras instituciones quieren sumarse", reflexionó.
Incluso, se han planteado la posibilidad de llegar a
un acuerdo con el Consejo General de la Abogacía
Española. |
|
|
Los tres centros penitenciarios de la provincia de
Alicante siguen con los mismos problemas que hace
diez años: masificación, falta de medios materiales
para realizar un trabajo de reinserción efectivo y
escasez de personal. Esa es la queja de los
representantes sindicales de los centros.
En las prisiones de la provincia hay 2.887 presos
repartidos en Fontcalent, el Psiquiátrico
Penitenciario y la prisión de Villena. 782 son
extranjeros. En el Centro Penitenciario de
Cumplimiento 1, que es como se conoce oficialmente a
la prisión de Fontcalent, ubicada en esta partida
rural de la ciudad de Alicante, hay ingresados 1.080
presos, cuando en realidad es una cárcel concebida
para sólo 450 plazas.
Alicante II, la cárcel de Villena, inaugurada por
Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Interior en
el año 2002, se diseñó para 723 internos pero en la
actualidad hay ingresados 1.600 presos. En el
Psiquiátrico Penitenciario, que en realidad es un
anexo de Foncalent. hay 400 reclusos. Ahora se
quiere reformar las celdas para que puedana acoger a
dos personas, algo que ha provocado el rechazo de
los funcionarios del recinto.
La prisión de Fontcalent se abrió en la década de
los 70 del siglo pasado. El edificio no se concibió
como una cárcel en sí sino como un centro de presos
preventivos. La necesidad obligó desde el principio
a su reconversión. Situada a doscientos metros de la
autovía de Madrid ha conocido fugas famosas, como la
protagonizada por Cortes, Pinteño y Escobedo en el
verano de 1986 y el tristemente famoso motín, en
noviembre de 1989, cuyo juicio se celebró hace dos
años, después de un larguísimo proceso de
instrucción.
En 2002 se inauguró en el término municipal de
Villena, pegado a la autovía, el centro Alicante II.
Estaba incluido en un programa de nuevos centros
penitenciarios diseñado por el ministro De la Quadra
Salcedo, en la segunda mitad de la década los 80. Es
parecida a la de Alcalá-Meco, Brieva y Soto del Real
Poco después de su entrada en funcionamiento ha
quedado en entredicho. Su capacidad es de
723reclusos, sin embargo está ocupada por 1.600
internos. Se da el hecho curioso de que es una
cárcel donde también hay mujeres, pero el módulo de
las reclusas está completo, por lo que las últimas
en llegar duermen en la zona conocida como ingresos.
Reúne mejores condiciones que la de Fontcalent pero
las 1.100 plazas se han quedado pequeñas. Es una de
las pocas cárceles que admite a mujeres pero todas
las celdas están ocupadas.
Alicante II tiene en sus celdas a reclusos
conocidos, incluso pintorescos, como el conocido
narcotraficante gallego Laureano Oubiña, el ex
alcalde de Pego, Carlos Pascual, condenado por
delito medioambiental, quien coincidódurnate unas
semanas con Luis Fernando Cartagena, ex conseller de
Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, antes de
ser trasladado a la prisión de Albacete.
En Villena hay catorce etarras, entre los que se
encuentra Jesús Arkautz Arana, más conocido como
Josu de Mondragón. Era el lugarteniente de Francisco
Mugica Garmendia (Pakito), que fue detenido en 1991.
Además de este conocido etarra hay trece etarras
más, nueve hombres y cuatro mujeres. También hay un
miembro del Grapo, Israel Torralba.
En el centro penitenciario de Fontcalent están
presos diez etarras, siete hombres y tres mujeres.
Hasta hace unos meses cumplia condena el grapo Ortín
Martín, que participó en el secuestro del empresario
zaragozano Plubio Cordón. Pero murió de un infarto.
Su esposa sigue cumpliendo condena en Fontcalent.
En Villena estuvieron un tiempo los etarras Iñaki de
Rentería y Fernando del Olmo, que estaba condenado
por el tiroteo de la Foz de Lumbier, en Navarra.
Pero la reagrupación promovida en la legislatura
anterior por el Gobierno cuando se negoció con ETA
provocó el traslado de muchos presos hacia el País
Vasco.
Tanto los responsables sindicales de
ACAIP o del CSI-F
coinciden en que las carencias de los centros
penitenciarios son las mismas que hace diez y veinte
años. Distintos gobiernos pero con los mismos
problemas pendientes. |
|
|
El 30 de junio echará a andar en la prisión de A
Lama un proyecto pionero en todo el territorio
nacional. De cumplirse las previsiones, ese día, el
penal pontevedrés será el primer centro
penitenciario que pondrán en marcha un taller de
empleo dirigido específicamente a reclusos.
La idea es buena, pero lo que no parece que haya
gustado tanto en el seno del personal de la prisión
es el hecho de que cada interno que sea seleccionado
vaya a cobrar un salario mensual de unos 1.200
euros. «Qué en plena crisis económica, con cinco
millones de parados, se pague esta cantidad a
reclusos, a personas que están privadas de libertad
por haber delinquido, me parece cuanto menos que un
insulto a la sociedad», criticó un funcionario
pontevedrés.
Los presos que tomen parte en este
proyecto, que se denomina Encuentro, deberán
«satisfacer el pago de la responsabilidad civil
derivado del delito en un porcentaje mensual del 20%
de las retribuciones percibidas», así como deberán
destinar un porcentaje similar «a ayudas
familiares». Eso sí, siempre que el preso en
cuestión estuviese aún sujeto al abono de esa
responsabilidad civil o tuviese cargas familiares.
En caso contrario, los 1.200
entrarían íntegros en sus respectivos bolsillos.
En todo caso, aún descontando ese
40%, el malestar y la estupefacción en el seno de
gran parte del personal de la prisión es más que
evidente. Son muchos los que aseguran no explicarse
cómo puede llegar a ganar más una persona penada que
«un mileurista u otro individuo que gane menos de
mil euros mensuales y que no hayan cometido delito
alguno que les lleve a prisión».
Similares expresiones empleó un
segundo empleado público, quien manifestó que «a los
presos ya se les da todo hecho. Para un recluso,
1.200 euros es un sueldo mucho más alto que parta ti
o para mi. Incluso aunque tengan que pagar el 40%,
les queda mucho dinero porque no tienen apenas
gastos, a la sumo tabaco si son fumadores, ya que ni
alcohol pueden comprar entre rejas -los presos serán
objeto de un seguimiento exhaustivo para verificar
que no consumen ningún tipo de estupefaciente-».
Teles de plasma en celdas
Por su parte,
ACAIP enmarcó esta
iniciativa junto con otros «despilfarros». En este
sentido, afiliados a la central sindical
penitenciaria remarcaron que, mientras «se recorta
salvajemente en gastos necesarios como, por ejemplo,
en el mantenimiento de los centros que contribuirá a
una más rápida degradación de los mismos», se están
instalando televisores de plasma en todas las celdas
de las prisiones de nueva construcción.
En este punto, precisaron que esta
situación en concreto no se da en el penal de A
Lama.
Otro de los ejemplos de este tipo
de gastos que manejan en el seno de
ACAIP es la compra
de «bicicletas de montaña de más de 750 euros para
que los internos de algún centro hagan ''salidas
terapéuticas'', salidas de internos a balnearios o
cenas en restaurantes típico, o disparando el número
de altos cargos y asesores ''a dedo''».
Funcionarios consultados consideran
esto como un «derroche en programas inútiles de
entretenimiento de los internos». |
|
|
Málaga.- Sigue la conflictividad en la prisión provincial |
|
22/06/09 |
| Ayer domingo un Jefe de
Servicios fue atacado en el Módulo de Ingresos. El sindicato
ACAIP solicita una condecoración
para el funcionario que hace tres semanas arriesgó su vida
para sacar a un interno de su celda en llamas |
La conflictividad no se reduce en la prisión de
Alhaurín de la Torre. Ayer por la tarde un interno
de origen magrebí (M.D.M.) intentó golpear con la
puerta de la celda a un funcionario. Tras ser
aislado de forma provisional el interno se
autolesionó dándose pequeños cortes en el brazo (lo
que en argot se conoce como “chinarse”) y fingió un
desmayo. El Jefe de servicios se personó en el
departamento y al intentar atender al interno este
se abalanzó contra él de forma sorpresiva y trató de
golpearle y derribarlo. Con la ayuda de otros
funcionarios se consiguió inmovilizar y reducir al
interno, que fue trasladado al departamento de
aislamiento. En ese momento se encontraban en el
departamento de Ingresos (módulo 1) 181 reclusos,
hacinados en 64 celdas.
Hace un par de semanas el interno V.C.P., que se
encontraba en el departamento de aislamiento
clasificado en primer grado prendió fuego a su
celda. Colocó el colchón contra la puerta para
obstaculizar la entrada de los funcionarios. Gracias
a la rápida intervención de los funcionarios de
servicio se consiguió acceder al fondo de la celda,
donde se parapetaba el interno y conseguir
rescatarlo antes de que los gases tóxicos que
produce el colchón al arder produjeran daños
irreparables al interno. Como siempre, la actitud de
los funcionarios tiene que suplir en Alhaurín la
falta de medios como alarmas anti incendio o
sistemas de extinción automáticos. De hecho,
ACAIP ha solicitado
que la SGIIPP reconozca la actuación del funcionario
que entró en la celda concediéndole una
condecoración. |
|
El sindicato que representa a los funcionarios del
Centro Penitenciario de Melilla acordó, tras
reunirse en Asamblea el pasado 17 de junio,
organizar y participar en movilizaciones que se
realizarán una vez finalice la temporada de verano.
Según informaron fuentes del sindicato,
Acaip toma esta
decisión «dado el fragrante incumplimiento de los
acuerdos firmados, por parte de la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias y en espera
que las conversaciones celebradas con el Director de
la prisión de Melilla desemboquen en algún acuerdo
que permita mejorar las lamentables condiciones de
trabajo de este Centro Penitenciario».
Desde el sindicato de prisiones explican que el
incremento de la población reclusa está alcanzando
«niveles nunca hasta ahora conocidos», mientras que
el número de funcionarios se mantiene o, incluso, en
algunos centros disminuye. Los funcionarios de
prisiones, aseguran, no pueden garantizar su
integridad física, ni la de los internos a su cargo.
Además, los incidentes regimentales en las prisiones
se disparan. De esta forma, cada día se producen más
amenazas y agresiones a funcionarios y entre los
internos, detallan. |
|
El sindicato ACAIP
denunció ayer la agresión sufrida el pasado domingo
por un funcionario de la prisión de Alhaurín de la
Torre por parte de un interno que intentó golpearle
y derribarlo cuando el trabajador acudió para
atenderlo ya que, según fuentes del propio
sindicato, anteriormente se había autolesionado con
pequeños cortes en el brazo y fingido un desmayo.
Tal y como explicaban desde
ACAIP, se consiguió
inmovilizar y reducir al interno con la ayuda de
otros funcionarios. Fue entonces cuando el preso fue
trasladado al departamento de aislamiento. Según
confirmaron las mismas fuentes a este periódico, el
incidente sólo acabó en un susto y el funcionario
solamente sufrió algunas contusiones. Sin embargo,
este episodio pudo acabar de forma muy diferente ya
que "el preso tenía una pequeña cuchilla con la que
se había autolesionado y podría haber provocado una
desgracia", apuntaba el sindicato
ACAIP, que añadió
que el número de incidentes, ya sea por agresiones a
funcionarios o peleas entre internos, ascienden a
130 desde que comenzara el presente año.
Por otra parte, el sindicato solicitaba una
condecoración para un funcionario que rescató a un
recluso que presuntamente le prendió fuego a su
celda, colocando el colchón contra la puerta para
obstaculizar la entrada de los funcionarios.
Debido a la "rápida" intervención, se consiguió
acceder al fondo de la celda, donde se parapetaba el
interno, y rescatarlo antes de que los gases tóxicos
produjesen algún daño irreparable al interno.
CIS. De la misma manera, los responsables de
ACAIP criticaron el
traslado de internos al Centro de Inserción Social
(CIS), por considerar la apertura del mismo como
centro penitenciario "totalmente chapucero" al haber
trasladado a unos treinta trabajadores de Alhaurín
de la Torre "en comisión de servicios, adscritos
provisionalmente o trasladados al estar en
prácticas".
En este sentido, especificaron que de momento "sólo
se incorporarán las mujeres que se encuentran en
tercer grado en la sección abierta, lo que supone
que la antigua prisión no se cierra aún, con lo que
los funcionarios de Alhaurín seguirán prestando
servicio en ella", explicaban fuentes del sindicato. |
|
El sindicato de la agrupación de instituciones
penitenciarias Acaip
denunció hoy el "deterioro de las condiciones
laborales" en el centro penitenciario de A Lama, en
Pontevedra, y anunció su intención de llevar a cabo
movilizaciones para reclamar el incremento de la
seguridad.
En un comunicado, Acaip,
que asegura ser el sindicato mayoritario entre los
funcionarios de ese centro, señala que la decisión
fue adoptada durante una asamblea de afiliados.
Precisa que hay un "malestar existente en la
plantilla" y que eso ha llevado a los funcionarios a
mostrar sus "disposición a iniciar las medidas de
presión que sean necesarias".
En opinión de Acaip,
"el incremento de la población reclusa está
alcanzando niveles nunca conocidos, mientras que las
plantillas de los centros se mantienen o incluso se
reducen, lo que provoca un deterioro de la seguridad
y el consiguiente aumento de incidentes graves y muy
graves tanto entre internos como agresiones a
funcionarios".
El sindicato critica la "dramática situación" de las
prisiones en España y, en particular, "la
imposibilidad de garantizar la seguridad de los
internos y trabajadores del centro" de A Lama |
|
La Sección Sindical de
Acaip en el Centro Penitenciario de
Albolote (Granada), mediante el presente comunicado
informamos de los sucesos ocurridos el pasado
domingo 21 y lunes 22 de junio en el departamento de
Aislamiento y en el Módulo cinco respectivamente,
donde en los últimos días se habrían registrado
casos de agresión y amenazas a los funcionarios de
prisiones.
En un comunicado, Acaip
aseguró que el pasado domingo a a las 13,00 horas
fue reclamada la presencia del jefe de servicios en
el departamento de Aislamiento dado el
comportamiento agresivo durante la mañana del
interno J.L.M.M, presunto autor de los hechos
ocurridos durante la pasada noche del día 14 de
junio y que concluyeron con tres Funcionarios y un
Jefe de Servicios heridos.
Personado en el departamento el citado responsable,
acudió a la celda donde se encontraba el interno,
observando sus "gestos amenazantes" hacia él con
algo que tenía en las manos. En un momento
determinado, el interno, se llevó la mano al cuello,
instante este en el que el jefe de servicio decide
abrir la celda para evitar que sufra daños por una
posible autolesión. Es en este momento cuando el
interno se abalanza sobre el jefe de servicios,
cogiéndolo por el cuello, teniendo que ser socorrido
por los compañeros presentes que con su actuación
evitaron el "estrangulamiento" del Trabajador.
Ayer a las 09,30 horas, según el sindicato, delante
de la oficina de los funcionarios en el módulo
cinco, el interno A.F.T agredió "ininterrumpidamente
a golpes a otro interno" que responde a las
iniciales J.M.F.T. De inmediato, acudieron los
funcionarios de servicio, consiguiendo separarlos;
al parecer esto sucedió por una posible sustracción
de "pastillas" entre los intervinientes.
Ante la agresividad manifiesta por el interno
agresor, se decidió su traslado al departamento de
aislamiento. Durante el trayecto, "no cesó de
increpar e insultar" a los funcionarios que lo
acompañaban con frases como: "cabrones, dejadme en
paz", "yo no he hecho nada, hijos de puta", etc. Ya
en el departamento de aislamiento, al proceder al
registro y cacheo, éste sacó una cuchilla que
escondía en una muñequera y se abalanza sobre los
funcionarios "con clara intención de agredirlos y
herirlos; si bien finalmente le fue arrebatada el
arma.
Durante este forcejeo, en el que "no paraba de
lanzar patadas y puñetazos, no cesó de amenazar a
los funcionarios intervinientes gritando expresiones
tal que: "os pillaré en la calle y os tendré que
matar", "tengo poder para coger a vuestras familias
y hacerles daño", entre otras. |
|
Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, CiU y PNV
acordaron esta tarde en el Congreso de los Diputados
pedir al Gobierno que "busque soluciones" para que
la aplicación de la Ley de Igualdad no afecte
negativamente a las funcionarias de prisiones en el
desarrollo de su trabajo.
Este colectivo protesta por la extinción de las
escalas femenina y masculina en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que ha
provocado que estas funcionarias tengan que asumir
determinadas tareas en las cárceles donde cumplen
prisión los hombres.
El PP, grupo que presentó la iniciativa, destaca que
esta clase de funcionarias de prisiones son personal
civil que no va armado, pero que tiene que velar,
entre otras cosas, por el mantenimiento del orden,
la disciplina y la seguridad en los centros
penitenciarios.
Asimismo, recuerdan que el trabajo de estas mujeres
implica el acceso a todos los espacios en los que se
mueven los internos, incluidas las duchas y las
celdas, y que el nivel de conflictividad es mucho
mayor en las prisiones de hombres que en las de
mujeres.
Ante esta situación, estos grupos han acordado que,
mediante un proceso de diálogo entre la Secretaría
de Estado de Instituciones Penitenciarias, los
sindicatos y las representantes de las afectadas, se
busquen las fórmulas para, "centro a centro, evitar
la problemática que se pudiera producir en este
proceso de transición".
Asimismo, instan al Gobierno a que presente al
Congreso, en el plazo de tres meses, un balance de
la aplicación de la Ley de Igualdad (aprobada en
2007) en lo referente al proceso de unificación de
escalas, "así como las distorsiones que se hayan
podido producir y, en su caso, proponga medidas
correctoras". |
|
Los sindicatos representados en la prisión de Los
Rosales -Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de instituciones Penitenciarias
(Acaip), Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO)-
trasladarán esta mañana a la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en
una reunión que se celebrará a las 10:00 en la
Delegación del Gobierno, los problemas de la prisión
de Los Rosales.
Las tres centrales han mantenido contactos con sus
afiliados para confeccionar una lista de los asuntos
que pondrán sobre la mesa en esta reunión que
consideran muy importante.
Acaip propondrá
que lleguen a la cárcel más funcionarios para las
prácticas, ya que no se incluyen en la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT), que no se puede aumentar,
según indicó su responsable, Guillermo González.
Además, el sindicato ha confeccionado una calendario
de movilizaciones para elevarlo, a modo de
propuesta, a la ejecutiva del sindicato.
Por su parte, CCOO entregará a Gallizo una carta con
sus peticiones. El documento, al que ha tenido
acceso ‘El Faro’, indica la postura de este
sindicato en cuanto a la construcción de la nueva
penitenciaría, un proyecto que considera “que ni es
proporcionado ni adecuado a la ciudad por las
peculiaridades que presenta ésta, ya que se trata de
un territorio de 19 kilómetros cuadrados y 75.000
habitantes, a la cabeza de España en índice de
delincuencia y paro”. La central sindical en
cuestión entiende también que será “imposible” la
reinserción y resocialización de los internos.
En lo que se refiere a la penitenciaría actual, CCOO
pedirá que se le dote con presupuesto suficiente
para acometer mejoras, ampliar su RPT, evitar la
masificación de internos, dotarla de los servicios
sociales externos adecuados.
El último punto de la carta se refiere al ámbito
laboral. De esta manera, pide que los futuros
funcionarios puedan hacer el examen en Ceuta,
mejorar el plus de transporte, convertir la cárcel
en un centro de formación para los funcionarios en
prácticas, que los trabajadores de Los Rosales
puedan elegir puesto en la nueva prisión, obtener
una remuneración acorde con el número real de
internos y conseguir con un acuerdo marco un plan de
empleo específico para los internos de tercer grado.
UGT centrará sus peticiones en una ampliación de la
plantilla de Los Rosales y saber “cuál es,
verdaderamente, el centro que quieren hacer en
Ceuta”, tal y como indicó el responsable de
Administración Central en la FSP-UGT, Juan Miguel
Cubo.
En cuanto a la masificación de la actual prisión,
reconoció que se están haciendo conducciones y que,
debido al alto número de internos en tercer grado,
“no llega ni a 200 el número de personas dentro de
la prisión”.
La visita de Gallizo se centrará en reuniones con
los sindicatos y autoridades, la presentación del
proyecto de la nueva cárcel y la visita a Los
Rosales para clausurar el curso.
Unas explicaciones “necesarias”
Los sindicatos representados en la prisión de Los
Rosales consideran “necesarias” las explicaciones
sobre el proyecto de la nueva penitenciaría. Llevan
queriendo conocer los detalles de esta obra desde
que se le dio luz verde, y hasta ahora han tenido
que conformarse “con las informaciones publicadas en
prensa y algunos rumores”.
Aunque los representantes de los trabajadores saben
que es importante acabar con los problemas de Los
Rosales, ocuparán gran parte de la reunión para
pedirle a Gallizo que les informe sobre la nueva
penitenciaría.
Las opiniones sobre el proyecto son muy distintas:
unos dicen que perjudicará a la ciudad y otros que
la beneficiará. |
|
La sección sindical de
Acaip, el sindicato mayoritario en el
centro penitenciario de Albolote, ha denunciado dos
nuevos intentos de agresión por parte de presos a
trabajadores de la prisión el domingo y lunes
pasados. El primero de ellos, según asegura, ocurrió
cuando el jefe de servicios del departamento de
aislamiento abrió la celda de un interno que amenazó
con autolesionarse. El preso, al parecer, se
abalanzó sobre el funcionario, cogiéndolo por el
cuello y teniendo que ser socorrido por compañeros,
que evitaron su estrangulamiento.
Además, Acaip
señala que el segundo de los incidentes ocurrió
cuando un interno agredió a otro a golpes y un
funcionario trasladó al agresor al módulo de
aislamiento. Según Acaip,
el preso sacó una cuchilla y se abalanzó sobre los
funcionarios, que pudieron evitar las cuchilladas y
sustraerle el objeto.
|
|
El director del Centro Penitenciario de Albolote
(Granada), Nahum Álvarez, consideró hoy que la
decisión del sindicato Acaip de hacer públicos todos
los incidentes que se produzcan entre presos y
funcionarios es "respetable", aunque advirtió de que
ninguno de ellos es grave y su difusión está
generando alarma entre los familiares de los
internos.
Las declaraciones de Álvarez se producen después de
que ayer Acaip informara de dos nuevos "intentos de
agresión" a funcionarios registrados el pasado
domingo 21 y lunes 22 en el departamento de
Aislamiento y en el Módulo Cinco respectivamente,
donde uno de los reclusos intentó "estrangular" a un
trabajador y otro insultó y "amenazó" a los
funcionaros que evitaron que agrediera a otro preso.
En declaraciones a Europa Press, Álvarez aseguró que
no es partidario de que "se oculte nada" de lo que
ocurre en el centro, aunque advirtió de que todos
los incidentes acaecidos hasta la fecha "fueron
leves", en cuanto que no ha sido necesaria la
evacuación a un centro sanitario de ninguno de los
implicados.
Asimismo, aseguró que no se ha producido "ninguna
agresión directa" a los funcionarios. "Otra cosa es
que un trabajador medie en un conflicto entre presos
y en esa intervención sufra algún hematoma", matizó
el director del centro, quien opinó además que estos
incidentes "entran dentro de la normalidad" en una
cárcel con 1.800 reclusos.
En este contexto, advirtió a Acaip de que la
estrategia sindical que está siguiendo "está
generando alarma entre los familiares de los
presos", que llaman "angustiados" al centro para
preguntar qué ha pasado.
"Los propios presos les dicen que no pasa nada pero
las familias no lo saben y cuando se publicó el
intento de motín --que no era tal-- algunas de ellas
habían interpretado que sus parientes estaban
heridos", relató Álvarez, quien opinó además que
esta estrategia tampoco favorece que haya un clima
de tranquilidad en la cárcel.
ÚLTIMOS INCIDENTES
Acaip aseguró ayer que a las 13,00 horas del pasado
domingo fue reclamada la presencia del jefe de
servicios en el departamento de Aislamiento a causa
del comportamiento agresivo de un interno, que tuvo
"gestos amenazantes" hacia él con algo que tenía en
las manos.
En un momento determinado, el interno, se llevó la
mano al cuello, instante este en el que el jefe de
servicio decidió abrir la celda para evitar que
sufriera daños por una posible autolesión, sin
embargo el recluso se abalanzó sobre él y le cogió
por el cuello, teniendo que ser socorrido por sus
compañeros.
Por otra parte, el pasado lunes un interno comenzó a
agredir a otro, de modo que los funcionarios de
servicio acudieron a socorrerlo y trasladaron al
preso al departamento de aislamiento.
Durante el trayecto, "no cesó de increpar e
insultar" a los funcionarios que lo acompañaban con
frases como "os pillaré en la calle y os tendré que
matar", entre otras. En el cacheo se le encontró una
cuchilla que escondía en una muñequera, con la que
se abalanzó sobre los funcionarios "con clara
intención de agredirlos y herirlos; si bien
finalmente le fue arrebatada". |
|
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
subrayó en su memoria de 2008 el déficit de órganos
judiciales que sufre la provincia de Málaga para
afrontar los numerosos procesos judiciales que se
presentan y consideró que sería necesario crear 38
nuevos juzgados en la provincia, uno de ellos de
Vigilancia Penitenciaria.
Actualmente tan sólo existe uno en Málaga, por lo
que el Ayuntamiento de Archidona ha aprobado en
pleno solicitar al Ministerio de Justicia albergar
este nuevo órgano judicial, ya que en su término
municipal se proyecta la segunda cárcel de la
provincia «y con ello se evitaría tener que
trasladar a los presos hasta Málaga». Así lo aseguró
ayer el primer edil archidonés, Manuel Sánchez (IU),
quien trasladó esta misma petición a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias durante una
reunión mantenida la semana pasada.
Según el regidor, desde el Gobierno central le
confirmaron que se mantiene para principios de 2010
la fecha de inicio del recinto penitenciario, que se
construirá en la zona de La Saucedilla, frente al
cortijo del mismo nombre, por lo que estará próximo
a la A-92 y a unos cinco kilómetros de los cascos
urbanos de Archidona y Villanueva del Trabuco. El
proyecto se encuentra actualmente en fase de
redacción y se espera que esté finalizado para
agosto o septiembre de este año, por lo que el
proceso de adjudicación de las obras se iniciaría
después del verano.
La segunda cárcel de Málaga necesita 350.000 metros
cuadrados de terreno para establecer un perímetro de
seguridad sobre el recinto penitenciario, que
ocupará entre 35.000 y 50.000 metros cuadrados. La
prisión costará unos cien millones de euros y tendrá
1.008 celdas, con capacidad para más de 2.000
reclusos. Su construcción durará entre 24 y 26
meses, por lo que no estará terminada hasta 2012.
Para las obras se necesitarán 800 obreros y cuando
esté operativa generará 100 empleos fijos, la
creación de 500 plazas de funcionario y 84 empleos
indirectos. El alcalde instó en este sentido a
Instituciones Penitenciarias que la demanda de
puestos de trabajo se realice a través de las
oficinas del SAE de la localidad, para generar
empleo tanto en Archidona como en otros pueblos de
la comarca de Antequera.
Ampliación del cuartel
Sánchez también puso sobre la mesa la necesidad de
que la ampliación del cuartel de la Guardia Civil se
realice de forma paralela a la construcción de la
cárcel, para que ambos entre en funcionamiento al
mismo tiempo. El cuartel de la Guardia Civil,
construido en una parcela de 4.800 metros cuadrados
y una capacidad edificatoria de 7.000 metros
cuadrados, se ampliará próximamente en un 50 por
ciento. Además anexo a él se construirán las nuevas
dependencias de la Unidad de Vigilancia
Penitenciaria (que tendrá entre 80 y 100 agentes
adscritos). Este último proyecto se espera que esté
terminado pronto para que las obras se adjudiquen en
2010. Por otra parte, Sánchez pidió ayer al
subdelegado del Gobierno en Málaga que el número de
guardias civiles de Archidona, actualmente una
docena, aumente en un mínimo de cinco agentes.
Además Sánchez solicitó a Instituciones
Penitenciarias como compensación por las obras de la
cárcel que inste a la Junta de Andalucía a hacer un
nuevo trazado de la carretera entre Archidona y
Trabuco, la variante y un acceso a la A-92 para
Salinas. Por otra parte, a López Luna solicitó que
la salida de Antequera de la A-45 incorpore también
el nombre de Archidona. |
|
Ya está prácticamente terminado el Centro de
Inserción Social (CIS) de Cáceres, que comenzó a
construirse el año pasado al lado del Centro
Penitenciario de Cáceres, en una parcela de 3,6
hectáreas cedida por la Diputación, gracias a que se
contaba con un presupuesto de cinco millones de
euros. La obra estará terminada en septiembre y ya
se podrá poner en marcha este centro destinado a la
población reclusa que está en régimen de
semilibertad.
La mayoría de los usuarios serán presos de tercer
grado que durante el día acuden al trabajo o a
cursos de formación, y por la noche tienen que
dormir recluidos.
Tendrá una capacidad para 108 personas, distribuidas
en 56 habitaciones. De esas habitaciones, 44 serán
dobles para hombres y 8 también dobles para mujeres.
Otras dos habitaciones estarán destinadas para
personas con movilidad reducida y serán
individuales, y otras dos se encuadran en la
enfermería.
Más puestos de trabajo
La puesta en funcionamiento del CIS de Cáceres
traerá consigo la contratación de alrededor de 35
personas, entre los que se encuentra un jurista y
dos psicólogos. Tendrá un subdirector, ya que
dependerá directamente del Centro Penitenciario de
Cáceres y por lo tanto de su director.
Los puestos de trabajo del CIS serán independientes
de la prisión, aunque es previsible que funcionarios
y personal laboral del Centro Penitenciario, se
trasladen a trabajar al CIS al tener menos riesgos,
ya que los internos de tercer grado no generan
problemas.
Cáceres será una de las primeras ciudades de España
en tener un Centro de Inserción Social. Hace diez
días se inauguró el CIS de Granada, y según la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
se unía a los CIS que ya se han puesto en marcha en
Murcia, Huesca, Zaragoza, Ciudad Real, Guadalajara,
León, Salamanca, Zamora, Vigo, Palma de Mallorca,
Jerez, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga,
inaugurándose dentro de poco el de Algeciras.
El de Cáceres tiene la particularidad de haber sido
levantado junto al centro penitenciario, lo cual es
considerado una ventaja en operatividad, ya que en
otras ciudades está situado hasta a 30 kilómetros de
distancia.
La puesta en funcionamiento del CIS conllevará que
más reclusos puedan disfrutar del tercer grado, y
que vengan presos de Badajoz que se encuentren en
semilibertad, ya que en Badajoz aún no se ha
construido un centro similar.
Así será
El CIS de Cáceres está dividido en cinco zonas: la
de acceso y control que permitirá vigilar el paso de
trabajadores, reclusos y visitantes; una zona de
estancia en la que además de las habitaciones estará
el comedor, cafetería-economato y sala de estar
polivalente; una zona ocupacional, con biblioteca,
talleres ocupacionales, gimnasio, sala de trabajo y
sala de reuniones; una zona asistencial con consulta
médica, enfermería, farmacia y despachos de atención
de los internos; y una zona de servicios generales
con lavandería, planchado y almacenes. En
Instituciones Penitenciarias se está apostando por
la reinserción, como lo demuestra la creación de los
CIS, pero también con la puesta en marcha en las
prisiones de los llamados 'módulos de respeto'.
La prisión de Mansilla de las Mulas (León) comenzó a
desarrollar en el año 2001 un 'módulo de respeto',
en el que los internos ingresan de forma voluntaria
tras firmar un contrato de conducta en el que se
obligan a acatar varias normas. Se comprometen a no
usar la violencia, a no tener y consumir drogas, a
formar parte de grupos de tareas y mantener limpia
su celda y los espacios comunes. En este módulo se
fomentan las relaciones interpersonales, la
responsabilidad y la participación activa, y ofrece
recursos formativos, laborales y sociales. La
experiencia de León fue todo un éxito, y la
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, ha señalado que quiere que todas
las prisiones tengan durante este año 'módulos de
respeto'.
El nuevo director del Centro Penitenciario de
Cáceres, José Pedro Rejas, ya ha señalado que entre
sus proyectos prioritarios se encuentra, instaurar
'módulos de respeto' con los que pretende influir en
los internos de forma educativa, al crear hábitos
sociales para su reinserción y fomentar un clima de
convivencia y cordial entendimiento entre ellos.
Trabajo para internos
Otro proyecto es el aumento del número de puestos de
trabajo para internos en el centro, bien a través de
empresas privadas, bien por medio de la creación de
puestos propios para talleres y servicios del Centro
Penitenciario.
En su entrevista con el subdelegado del Gobierno ha
destacado la reactivación del programa de penas en
beneficio de la comunidad, cuyo número de
participantes se ha multiplicado por diez solamente
en el pasado mes de marzo. |
|
La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias ha pedido a los directores de las
cárceles españolas que revisen su Plan de Prevención
de Suicidios (PPS) debido a que el número de
internos que se han quitado la vida ha aumentado en
los últimos meses. Según una nota interna remitida
por Prisiones a los directores de los centros, de
los quince internos que se quitaron la vida en los
cinco primeros meses del año ninguno había sido
incluido en el citado plan.
El Plan de Prevención de Suicidios se aplica a
aquellos internos a los que los médicos detectan un
empeoramiento en su estado anímico o alguna
enfermedad mental. Este Plan incluye que estén
acompañados por un "interno sombra" las 24 horas, es
decir, un recluso que cuenta con la confianza de la
dirección del centro penitenciario.
Sin embargo, según el sindicato
Acaip, mayoritario
en las prisiones, esa evaluación es casi imposible
de hacer por una acuciante falta de psiquiatras en
las prisiones. Según el cáluclo del sindicato, un
psiquiatra atiende a una población reclusa de 2.000
internos dos veces por semana.
En todo 2008 se quitaron la vida 19 internos de los
66 centros penitenciarios dependientes del
Ministerio del Interior, por lo que Prisiones
advierte en la nota que si continúa la proyeccción
de los cinco primeros meses del año, al final de
2009 puede haber 36 fallecidos en las cárceles.
Asimismo, en la nota interna Prisiones advierte que
las mujeres extranjeras, los hombres con delitos de
ámbito familiar como homicidios o asesinatos, así
como los internos que están incomunicados, que han
tenido antecedentes psiquiátricos y que pasan muchas
horas solos en la celda, son los que tienen un
"mayor riesgo" de "ahorcarse".
Estas circunstancias hacen que sea necesario que el
personal penitenciario tenga una mayor
"preocupación" por detectar posibles conductas
suicidas a través de la observación activa de los
internos que están a su cargo. Asimismo, Prisiones
llamó a los psicólogos y a los médicos de los
centros para que intervengan con el Subdirector del
Tratamiento a través de los "procedimientos y
actuaciones" que se detallen en la Instrucción de
cada caso.
ACAIP CONSIDERA
QUE PRISIONES ESTÁ TIRANDO "BALONES FUERA"
La Acaip
consideró que la Administración está tirando
"balones fuera" ante el aumento de los suicidios y
denunció que "una vez más" tanto Instituciones
Penitenciarias como el Ministerio del Interior han
"escondido" a la sociedad la "auténtica" realidad de
las prisiones españolas, porque, según comentó, se
encuentran "desbordadas" y al "punto de colapso" con
"grave riesgo" para la seguridad de funcionarios e
internos.
A su juicio, la propuesta presentada por la
Administración consiste en un aumento de 67
funcionarios aunque, matizó, 25 de ellos son para
puestos pre-directivos y "ninguno de ellos" serán
para realizar labores de vigilancia de control y de
seguimiento de internos.
Por último, Acaip
recordó que en lo que va de año la población reclusa
ha aumentado en 2.953 internos y, pidió, que para
que realmente se puedan llevar a cabo las labores de
prevención de suicidios se construyan al menos "dos
prisiones" del modelo tipo. |
|
Salamanca, 25 jun (EFE).- El Juzgado de Instrucción
número 4 de Salamanca ha ordenado abrir juicio oral
contra el que fuera sacerdote de la prisión de Topas
C.L.S., a quien considera supuesto autor de un
delito de trafico de hachís cometido en la cárcel,
según el auto judicial al que ha tenido acceso EFE.
También el auto establece como supuesto autor de
este delito a otro interno y compañero de piso del
sacerdote, C.E.V.R., al que atribuye la función de
comprar la droga, y a los presos de la cárcel
salmantina M.A.G.H., que al parecer comprobaba la
calidad del hachís; y J.A.B., que organizaba la
compra del estupefaciente.
El sacerdote, que además de ser voluntario en la
cárcel de Topas era el párroco en los municipios de
Palencia de Negrilla, Negrilla de Palencia y
Forfoleda, fue detenido en julio del pasado año.
El auto judicial revela que hay "indicios
suficientes para estimar" que tanto el sacerdote
como el ex interno C.E.V.R. eran los que introducían
el hachís en el centro penitenciario de Topas en
colaboración con algunos presos.
También afirma el escrito judicial que C.L.S.,
sacerdote de la ONG Pastoral Penitenciaria, el ex
preso C.E.V.R. y J.A.B. fueron los que "organizaron"
la compra de la mercancía y la "distribución dentro
del centro penitenciario utilizando para ello su
condición de sacerdote y la facilidad de acceso" del
cura a la cárcel de Topas.
El auto judicial también señala que, tras meses de
"investigaciones e intervenciones telefónicas", se
detecta que el último día de junio de 2008 "van a
realizar una importante operación de entrada de
hachís" en la cárcel de Topas, si bien el sacerdote
"toma ciertas medidas de seguridad", para lo que
llega a utilizar cinco números de teléfono
diferentes.
Las investigaciones aportan que el 30 de junio
C.E.V.R.
-compañero de piso del sacerdote-, se traslada a
Madrid para comprar un kilo de hachís a cambio de
1.200 euros, "como primera compra para probar la
calidad" de la droga "antes de adquirir más
cantidad".
Al volver a Salamanca, C.E.V.R. se pone en contacto
con el ex sacerdote de la cárcel de Topas "para que
le abra paso por la ciudad, avisando si hay Policía
en el acceso al domicilio", según se señala en el
auto judicial.
Un día después de la llegada del hachís a Salamanca,
C.L.S. llega a la prisión salmantina y es detenido
por la Guardia Civil y se le encuentran "ocultos en
ambos calcetines, 387 gramos de hachís" en tabletas
y bellotas.
Al mismo tiempo, se detiene a su compañero de piso y
se registra la vivienda que compartían, donde se
encontró la bolsa que C.E.V.R. trajo de Madrid con
el hachís, así como 1.030 gramos de esta droga y
1.700 euros.
El auto recoge, además, cuatro conversaciones
telefónicas del sacerdote con presos de Topas "como
muestra de la constante distribución de la droga en
el Centro Penitenciario".
Y "como especialmente esclarecedora" se refiere a
una conversación realizada el día 6 de junio de
2008.
"Un preso sin identificar" que utiliza un teléfono
móvil desde dentro de la prisión, llama al número
del sacerdote "pidiéndole que le meta un trozo de
chocolate" y éste le contesta que se lo llevará al
día siguiente porque "hay una guardia que no le
gusta".
Como conclusiones, el auto señala que el delito
contra la salud pública del que acusa a estas cuatro
personas tiene prevista una pena privativa de
libertad no superior a los nueve años. |
|
La diputada nacional del PP Celia Villalobos criticó
hoy "la falta de previsión y la chapuza del
Gobierno" en la gestión de Instituciones
Penitenciarias en la provincia de Málaga con la
entrada en servicio del Centro de Inserción Social
(CIS) de Guadalhorce.
En este sentido, Villalobos afirmó en un comunicado
que "la apertura del centro sin cubrir su plantilla,
tirando de los funcionarios de Alhaurín, con
adscripciones temporales, prácticas, entre otros, es
especialmente chapucera, ya que la inauguración
oficial se hizo en abril". "En tres meses nadie se
ha preocupado de la dotación de personal", se
preguntó.
Además, consideró que "no son de recibo las cifras
de funcionarios que teóricamente integrarán la
plantilla del CIS de Guadalhorce, ya que establecen
una relación de 6,18 penados por cada funcionario,
muy por encima de los ratios existentes en centros
similares en toda España, que van desde 3,8 a
cinco".
"Con qué criterios se ha establecido esa plantilla y
se han tenido en cuenta los riesgos que esta
situación implica", se cuestionó la diputada.
A su juicio, "la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias sigue parcheando los problemas, sin
incrementar las plantillas y sin reconocer los
déficits que acumula", añadió.
Villalobos subrayó que en la actualidad Málaga
acumula el ocho por ciento de toda la población
reclusa de España, "pero sólo cuenta con el 2,5 por
ciento de las plazas penitenciarias", apostilló.
"Cuando se inaugure la nueva prisión de Archidona ya
será insuficiente, del mismo modo que este recién
estrenado CIS es ya insuficiente y no tiene
capacidad para atender a todos los reclusos de
tercer grado de la provincia", concluyó. |
|
La colocación de un inhibidor de frecuencias para
móviles en la cárcel de A Lama está provocando más
de un contratiempo a los vecinos que residen cerca
de este recinto. Instituciones Penitenciarias, al
igual que ha hecho en otras prisiones, instaló un
sistema para evitar que los internos se puedan
comunicar con el exterior burlando las normas
establecidas. Pero los residentes en un radio de
casi un kilómetro lamentan que el ajuste no es el
correcto y que esto merma la calidad de las
llamadas. Incluso impide realizarlas o recibirlas.
Este dispositivo se terminó de extender por los
muros del complejo hace aproximadamente un mes. En
un principio la señal alcanzaba a gran parte de los
residentes en el núcleo de A Lama, aunque
posteriormente se disminuyó su señal. Ahora, según
denuncian algunos de los afectados, el ámbito de
incidencia se ha reducido, pero se mantiene en la
subida desde la capital del municipio y hasta esas
instalaciones. Un problema que se sufre en los
domicilios emplazados en el entorno del complejo y
también en empresas y naves industriales próximas.
Los vecinos de la zona han trasladado formalmente su
malestar acerca de la situación. Y es que la línea
convencional no cubre la totalidad de las decenas de
viviendas que rodean el recinto, con lo que el móvil
se convierte para algunos en la única posibilidad de
contar con servicio telefónico.
El inhibidor de móviles se puso en marcha con el
objetivo de eliminar las comunicaciones de los
presos con el exterior. Si bien los teléfonos
móviles están prohibidos, desde Instituciones
Penitenciarias tendrían constancia de que en
diversas cárceles del Estado se habrían introducido
en más de una ocasión. De este modo, el sistema
obliga a los cerca de dos mil presos de A Lama a
comunicarse únicamente mediante los aparatos del
propio recinto, así como a todos los funcionarios,
cuyos móviles también quedan inservibles dentro de
la prisión.
Efectos
Los lugareños exigen que se reponga la calidad
telefónica que había hasta hace sólo unas semanas.
Asimismo, también se propone la realización de un
estudio que garantice la inocuidad de este sistema
de largo alcance.
Los inhibidores llevan funcionando ya varios años en
diversos recintos penitenciarios españoles. Desde el
Gobierno central se empezó a desarrollar la idea de
su utilización en 2002, puesto que ya en entonces en
Instituciones Penitenciarias había conocimiento de
reclusos que mantenían conversaciones telefónicas
desde sus celdas. |
|
Los funcionarios del Centro Penitenciario de Córdoba
están llamados a una asamblea el próximo lunes para
estudiar posibles movilizaciones con el objetivo de
lograr mejoras. Según la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) -organización que convoca la
reunión-, "el incremento de la población reclusa
está alcanzando niveles nunca hasta ahora conocidos,
mientras que el número de funcionarios se mantiene",
lo que está provocando que los trabajadores "no
pueden garantizar su integridad física ni la de los
internos a su cargo".
Acaip subrayó
que los incidentes regimentales "se están
disparando", de modo que "cada día se producen más
amenazas y agresiones a trabajadores penitenciarios
y entre los internos". Además, para la agrupación
sindical, "la incapacidad política de los máximos
responsables de prisiones les hace incapaces de
defender ante los distintos organismos ministeriales
los incrementos de plantilla que ellos mismos en
privado reconocen como necesarios".
Los funcionarios estudiarán en la asamblea del lunes
su disposición "a llevar a cabo cuantas medidas de
presión sean necesarias, sin descartar ninguna". El
objetivo es -advirtió Acaip-
"para poner freno a los males endémicos que sufren
todos los centros penitenciarios y que, por
supuesto, afectan también a Córdoba". |
|
Un interno del módulo 13 la prisión de Alhaurín de
la Torre (Málaga) recibió hasta cinco puñaladas,
realizadas con pinchos carcelarios cuando se vio
rodeado por un grupo de internos que, al parecer,
querían quitarle su medicación, según denunciaron
desde el sindicato Acaip.
El recluso se defendió "arrojando objetos a los
atacantes hasta que el funcionario de servicio en el
módulo se interpuso entre él y los atacantes y le
condujo a la zona de seguridad", indicaron desde
Acaip, al tiempo
que informaron de que las heridas en los brazos y en
las piernas fueron superficiales.
Así, criticaron que "la saturación de la prisión
provincial es tal que se está internando en el
departamento de aislamiento a internos que ya no
caben en módulos residenciales".
Desde el sindicato apuntaron que el módulo de
aislamiento "no reúne las condiciones para una vida
en régimen normal", además lamentaron que "en un
mismo departamento existen internos en primer grado,
protegidos, sancionados y agitados con internos
primarios y preventivos".
Por otro lado, indicaron que ayer representantes
sindicales de la Junta de Personal de la provincia
malagueña mantuvieron un encuentro con el secretario
general de la Subdelegación del Gobierno, Fernando
Valverde, quien se ofreció a trasladar al
subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, "la
necesidad" de una reunión específica sobre la
situación de la prisión provincial. |
|
La cárcel Sevilla 1, situada en la carretera de
Torreblanca a Mairena del Alcor, recibirá
próximamente a un preso etarra, sin que haya
trascendido por el momento el nombre del recluso, de
qué prisión proviene y si ha sido condenado por
delitos de sangre, según fuentes consultadas por
ABC.
Esta será la primera vez que ingrese un preso de la
banda ETA en una prisión sevillana desde que en 1991
estallara un paquete bomba en el interior del
entonces centro penitenciario Sevilla 1 (cárcel de
la Ranilla o antigua prisión provincial, hoy
demolida), matando a cuatro personas e hiriendo a
otras 30 personas más. Las personas que fallecieron
en aquel atentado fueron el funcionario Manuel Pérez
Ortega, los reclusos Jesús Sánchez y Donato Calzado
García, así como el ciudadano Edmundo Pérez Crescpo,
que acudía a la prisión a ver a un familiar.
A raíz del suceso, se produjo un acuerdo entre los
sindicatos y la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para que no hubiera presos etarras en
la cárcel de Sevilla. Al parecer, la intención del
director de la cárcel Sevilla 1, Juan Manuel Ruiz
Gil, es ingresar a ese preso etarra en un módulo
residencial con otros presos comunes, en lugar de
hacerlo en un módulo de aislamiento, lo cual ha
generado algunas críticas entre los funcionarios, al
entender que ese centro penitenciario no es de
máxima seguridad ni reúne las condiciones de los
centros penitenciarios de nueva construcción, como
el de Morón de la Frontera (Sevilla 2). El ingreso
de un preso etarra en Sevilla 1 ha cogido por
sorpresa a muchos funcionarios, ya que días atrás el
director de la prisión de Morón, José Vidal
Carballo, declaró a ABC que preveía que antes de
final de año llegarían a esa cárcel de máxima
seguridad presos etarras.
Fuentes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, al frente de la cual se encuentra
Mercedes Gallizo, no quiso confirmar ni desmentir la
noticia. |
|
|
|
|
28/06/09 |
|
La Agrupación de Cuerpos de Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
ayer, en un comunicado, la "grave" situación que
viven las cárceles españolas, con una "masificación"
que supera el 180%. Este hacinamiento origina, añade
la nota, "graves incidentes en prisiones, donde las
agresiones a funcionarios y las agresiones entre
internos se han convertido en algo habitual en el
devenir del día a día dentro de los centros
penitenciarios".
La falta de funcionarios de vigilancia es la causa
"principal" del aumento de la inseguridad dentro de
las prisiones, que impide poder realizar labores de
seguimiento y de vigilancia sobre la población
penitenciaria.
La nota apunta que en, la actualidad, la
Administración penitenciaria pretende dotar de
nuevos efectivos de funcionarios para los centros
penitenciarios como consecuencia del grado de
hacinamiento.
La última propuesta presentada para un centro tipo
consiste en un aumento de 67 funcionarios, todas
ellos destinados a puestos de nueva creación de los
que 25 son para puestos "predirectivos", con la
denominación de jefe, y "ninguno va a suponer un
aumento de la dotación de efectivos que realizan
labores de vigilancia control y seguimiento de
internos". Se trata de un "claro" ejemplo de la
falta de personal para seguimiento es el aumento de
suicidios en prisión.
Notable subida
La Acaip añade
que el incremento de suicidios en las prisiones
españolas "ha subido tanto que la Secretaría General
se ha visto obligada a mandar una circular interna a
todos los directores de los centros penitenciarios
solicitando un esfuerzo adicional en la vigilancia
de los internos suicidas para paliar esta grave
situación". Sin embargo, añade la nota, "la
Administración no se exige a sí misma lo que exige a
sus subordinados y permite que para un centro con
2.000 internos tan sólo haya una consulta
psiquiátrica dos veces por semana".
Si tenemos en cuenta que el 25% de la población
reclusa padece trastornos psiquiatras según el
último estudio realizado por la Administración
penitenciaria en 2005, señala el comunicado, "la
Secretaria General está tirando balones fuera, ante
el aumento de los suicidios". Una vez más, "la
Administración y el Ministerio del Interior esconden
a los ojos de la sociedad la realidad de las
prisiones españolas", apunta. |
|
La Sección I de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Provincial de Zaragoza juzga mañana, martes 30 de
junio, a los presos comunes José Antonio Carrete y
Manuel Alfaro por secuestrar a un funcionario de la
prisión de Zuera en 2007 y, posteriormente,
resistirse a otros funcionarios, así como lesionar a
varios de ellos.
Según el relato de la acusación, que realiza el
sindicato de prisiones ACAIP, a quien representa la
abogada zaragozana Cristina Ruiz-Galve, el 8 de
septiembre de 2007 ambos presos abordaron a un
funcionario utilizando tres pinchos carcelarios,
tras lo cual -siempre bajo amenazas- pudieron llegar
a la zona de comunicaciones, pensando que podrían
escapar por allí.
El funcionario secuestrado inicialmente, fue
amenazado cuando los presos le colocaron un pincho
en la garganta y después le maniataron y le
amordazaron. En la zona de comunicaciones fueron
reducidos por 20 funcionarios, en un forcejeo en el
que resultaron lesionados de diversa consideración
nueve funcionarios.
La acusación pide para cada uno de ellos, nueve años
por secuestro, dos por un delito de lesiones, seis
meses por resistencia, tres años por otros tres
delitos de lesiones y seis meses de pena-multa a
razón de seis euros diarios por faltas de lesiones.
El fiscal les solicita nueve años por secuestro, dos
por un delito de lesiones, seis meses por
resistencia, un año por un delito de lesiones y
varias indemnizaciones por lesiones. Los imputados
están representados por el abogado zaragozano Ramón
Morte.
El sindicato ACAIP
reclama, desde hace años, a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que forme grupos de
funcionarios de prisiones especializados en
intervenciones de este tipo, para reducir a presos
en situaciones como ésta. |
|
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco
pretende asumir "poco a poco" la competencia de
prisiones hasta conseguir su "total" transferencia,
sin caer en la política del "todo o nada"
desarrollada por el anterior Ejecutivo. El
viceconsejero, José Manuel Fínez, que la pasada
semana se reunió con la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró que la
disposición de ésta "es magnífica".
En una entrevista concedida a Europa Press, Fínez
aseguró que su objetivo es elaborar durante esta
legislatura un Plan Integral de Tratamiento de
Presos y Penados con el fin de lograr mejorar las
condiciones de los alrededor de 1.700 reclusos que
cumplen prisión en Euskadi, y su "reintegración
social y laboral" cuando sean excarcelados.
También pretende "dar pequeños pasos", como la
asunción de competencias en materia sanitaria y de
educación, de forma que, "progresivamente", se vaya
"caminando a hacer efectiva la realidad de las
competencias exclusivas que le corresponden a la
Comunidad Autónoma en esta materia".
El viceconsejero de Justicia aseguró que su
Departamento no puede dejar "la suerte de los
presos" que están en centros penitenciarios vascos
"al albur de la buena voluntad" de las diferentes
entidades o asociaciones "que trabajan en las
cárceles en atención a la reinserción, a través de
diferentes subvenciones que les dan las
instituciones públicas".
Por ello, propuso la elaboración de "un Plan
Integral de Tratamiento de Presos y Penados" porque
"tiene que haber una acción programada y dirigida,
sobre todo, a los objetivos de reintegración social
y laboral".
En este sentido, explicó que no sólo se trata,
"aunque sí fundamentalmente, de recuperar
humanamente" a los reclusos para la sociedad, sino
también por una simple razón de efectividad
económica, porque, si no, les condenamos a que, en
cinco meses, vuelvan a estar en las prisiones".
Tras recordar que, hasta ahora, las diferentes
instituciones públicas y el Gobierno vasco tenían
"un régimen subvencional a las diferentes
asociaciones o entidades que trabajaban en
prisiones", apostó por "reprogramar" esa actuación
para abordar un plan de actuación impulsado desde el
Ejecutivo. "A nosotros nos corresponde, junto con
otros Departamentos, en especial con el Departamento
de Servicios Sociales, dar una salida de este
asunto", destacó.
TRASPASOS
José Manuel Fínez aseguró que, de esta forma, se
pretende "dar los primeros pasos encaminados a dar
efectividad en el traspaso a transferencias de
Instituciones Penitenciarias". "Ésta es una cuestión
delicada, pero, por muy delicada y sensible que sea,
porque aquí se mezclan políticas de otra índole, no
se puede estar paralizados", aseveró.
Por ello, apostó, "en primer lugar", por mejorar las
condiciones de los presos en las cárceles "y cuando
salen fuera de ellas". Además, apuntó que "hay
pequeños pasos" que irán dando, como es "asumir las
competencias en materia sanitaria en materia de
educación, y así progresivamente". "He de decir que
la disposición de instituciones penitenciarias es
magnífica en un primer contacto que hemos tenido con
ellos", insistió.
Fínez recordó que existía un convenio del año 1997
con Instituciones Penitenciarias "dirigido al
traspaso o la asunción por parte de la Comunidad
Autónoma de la asistencia sanitaria educativa y se
fueron dando pasos".
DENUNCIA DEL CONVENIO
No obstante, subrayó que este convenio fue
denunciado por el Ejecutivo autónomo en el año 2007,
aunque "hoy es el día que la asistencia
extrahospitalaria a los presos la asume Osakidetza".
"Pero el Gobierno vasco ha jugado al 'todo o nada',
y como no veían avances en el traspaso de
Instituciones Penitenciarias, renunciaron y
denunciaron el convenio", señaló.
Tras asegurar que la Consejería de Justicia "no está
por esta labor" porque no se debe "olvidar que los
que están sufriendo son los presos", recordó que
"hay que mejorar notablemente sus condiciones, como
reclama su propia dignidad"·
"Entre 'el todo y la nada' hay un camino que
recorrer y se pueden ir dando pasos hasta el punto
de hacer efectiva la transferencia de prisiones. Eso
no quiere decir que se vaya a hacer pasado mañana,
pero sí asumirla por vía de traspasos de contenidos
parciales, de forma progresiva y paulatina. Estamos
por la labor posibilista de irlas abordando poco a
poco", reiteró.
SIN CONFRONTACIÓN
Todo ello se hará, según aseguró, sin que haya "un
confrontación" con la Administración central "porque
la disposición de Instituciones Penitenciarias es
magnífica y hay fórmulas diferentes de asumir las
cosas sin renunciar absolutamente a nada".
En este sentido, apuntó que "el Gobierno vasco es el
primer interesado en asumir y completar el traspaso
de competencias pendientes, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto de Gernika".
"Por esa política del 'todo o nada', no puede quedar
desatendida nuestra principal preocupación, que se
inscribe en el marco de ir caminando en el futuro
hacia un total traspaso de Instituciones
Penitenciarias", concluyó. |
|
Los funcionarios de ninguna prisión gallega recibe
con los brazos abiertos a los presos de la banda
terrorista ETA. “Son soberbios, te amenazan y gozan
de un trato especial con respecto a otros internos”,
asegura un miembro de un sindicato de funcionarios
de prisiones que ejerce su trabajo en uno de los
centros de Galicia. Pero también es verdad que otros
representantes sindicales aseguran que los
beneficios que pueden obtener “estos criminales” se
debe únicamente a su habilidad para “buscarse la
vida”.
La política de dispersión de los presos de ETA ha
esparcido por las prisiones de casi toda España a
616 miembros de la banda terrorista, según las
últimas cifras. De ellos, las cárceles de la
comunidad gallega albergan a 54 internos etarras,
muchos de ellos con condenas por delito de sangre y
otros considerados como algunos de los miembros más
sanguinarios de la banda.
Los más sanguinarios
Xabier García Gaztelu, Txapote, y Belén González
Peñalva, Carmen, son los dos etarras más ilustres de
los 21 que alberga la prisión pontevedresa de A
Lama. El centro penitenciario lucense de Bonxe
cuenta entre sus cuatro internos de ETA con dos
asesinos múltiples, Peio Odriozola Aguirre y Domingo
Troitiño Arranz. La cárcel coruñesa de Teixeiro
tiene en sus celdas a 19 terroristas, entre ellos a
tres mujeres, pero destaca sobre todos ellos Rafael
Caride Simón, Lutxo, uno de los autores del
sangriento atentado de Hipercor en Barcelona en
1987, acto criminal en el que murieron 21 personas.
El último centro gallego que alberga miembros de la
banda terrorista es el lucense de Monterroso, donde
se encuentran diez criminales abertzales, entre
ellos Juan José Zubieta Zubeldía, que llevó a cabo
el atentado contra la casa cuartel de la Guardia
Civil de Vic.
El trato de favor que puedan recibir depende de los
centros. “Nunca depende de los funcionarios, pero sí
de las consignas que reciben las direcciones de las
prisiones y la política es tenerlos contentos”,
indica un funcionario gallego. |
|
Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias se
confesaron ayer "hartos" de la "degradación diaria"
de los centros, del "desprecio" de los superiores,
de que "no se renueve el material de seguridad" o
del "derroche en programas inútiles de
entretenimiento de los internos". Y por ello
anunciaron que emprenderán una campaña de
movilizaciones que tiene su principal razón de ser
en la "gran masificación" que en la actualidad
registra el centro penitenciario de Córdoba y, al
mismo tiempo, en la "gravísima falta de personal".
La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos
de Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) recordó que
la prisión de Alcolea alberga actualmente a más de
1.900 reclusos, a pesar de que fue creada para una
capacidad operativa de 1.008 internos. Según
Acaip,
establecimientos penitenciarios similares al de
Córdoba, como el de Morón de la Frontera (Sevilla II)
o Huelva cuentan con una población residente de
1.200 personas.
A esto, Acaip
sumó la "gravísima falta de personal" existente en
el centro de Córdoba, pues "se mantiene con el mismo
número de funcionarios" que en el momento de su
apertura. "La situación se hace insostenible, sobre
todo cuando se producen altercados graves en módulos
conflictivos y no se sabe de dónde sacar personal
para resolverlos", lamentó
Acaip, que recordó que en ocasiones "hay
que abandonar departamentos masificados para
colaborar en estas tareas".
El sindicato, que el lunes celebró una asamblea,
anunció ayer que "pasará a la acción", para lo que
ha previsto realizar concentraciones en el centro
penitenciario y en otros organismos públicos y, "si
es necesario", hará "encierros". Los funcionarios
también advirtieron que están dispuestos "a
manifestarse donde sea necesario" y a emprender una
huelga de celo. Acaip
exigió a la dirección del centro que lleve a cabo
una política de personal "más acorde" con las
necesidades del centro. |
|
zaragoza. Déficit de vigilancia, falta de
funcionarios, masificación o mala clasificación de
los presos según su peligrosidad. Estas son las
causas por las que dos reclusos secuestraron y
causaron graves lesiones a un funcionario de la
cárcel de Zuera, al que tomaron como rehén para
fugarse. O al menos eso argumentaron tanto la
acusación pública como las particulares en el juicio
que se celebró ayer contra Miguel Alfaro Cubells y
José Antonio Carrete Martínez. Para cada uno de
ellos piden penas de entre 13 y 14 años de prisión
por secuestro, lesiones y resistencia.
A pesar de que los internos dijeron no acordarse de
los hechos porque iban "hasta arriba de pastillas",
sí que admitieron que cogieron a un funcionario,
pero no aclararon con qué intención. Alfaro dijo que
iba drogado y Carrete se quejó del trato recibido
cuando fue trasladado al Puerto de Santa María
"engrilletado y con un saco en la cabeza".
Quién sí recordaba con claridad lo ocurrido fue el
secuestrado. "Me dijeron que lo tenían previsto, que
no querían que fuera yo pero que me había tocado",
relató. El primer compañero que acudió en su ayuda
lo vio maniatado y amordazado. "Carrete lo tenía
amenazado con un pincho y cada vez que Alfaro nos
indicaba que abriéramos una puerta, le daba una
puñalada", dijo. En esas condiciones alcanzaron la
sala de comunicaciones, donde cinco funcionarios se
les echaron encima, los redujeron y los llevaron a
aislamiento. En estas actuaciones, resultaron
lesionados seis trabajadores. El secuestrado sufrió
cinco heridas de arma blanca y una le causó un
neumotórax.
Lo que se puso ayer en cuestión fue si es el Estado
quien debe pagar los casi 12.000 euros de
indemnización como responsable civil subsidiario. El
fiscal y las acusaciones creen que sí. Cristina
Ruiz-Galbe argumentó que los presos tenían pinchos
en su poder por un deficiente registro de celdas,
porque hay 1.900 reclusos y una plantilla de
funcionarios para 1.000 y porque estaban en segundo
grado, a pesar de su peligrosidad. El abogado del
Estado, Jesús Solchaga, se quejó de indefensión y
planteó que en situaciones normales es suficiente
con dos empleados por módulo para garantizar la
seguridad de la prisión. Al juicio asistieron
compañeros de los heridos, el delegado de
Acaip y el de CSI-CSIF,
Eliseo Pérez. Este recordó que el progreso a segundo
grado sin justificación es una tónica general de
Instituciones Penitenciarias y pone en riesgo a los
trabajadores. |
|
Miguel Alfaro Cubells, de 25 años, y José Antonio
Carrete Martínez, de 27, protagonizaron en
septiembre del 2007 un intento de fuga de la prisión
de Zuera que les dejó a un paso de la libertad.
Armados con tres pinchos carcelarios, secuestraron a
un funcionario y, utilizándolo como escudo humano,
se dirigieron hacia la salida del macrocentro
penitenciario. Pero su plan fracasó al ser
interceptados por los vigilantes y ayer se sentaron
en la Audiencia de Zaragoza para enfrentarse a 9 y
14 años de prisión, respectivamente.
"Llegué a temer por mi vida", declaró ante el
tribunal el funcionario secuestrado, que relató que
fue abordado por los acusados a la hora del
desayuno, en el módulo 10. Esa zona está dedicada a
presos de segundo grado, pero todos los testigos
coincidieron en que Alfaro y Carrete son dos
internos "peligrosos".
"Me amenazaron con pinchos y me dijeron que o abría
la puerta o me mataban", afirmó el rehén. Sus
compañeros certificaron que se trataba de una
tentativa de fuga en toda regla, si bien uno de
ellos precisó que "no sabían muy bien dónde iban" y
trató de despistarlos.
"Vi cómo Carrete le rajaba la cara al secuestrado",
testificó un funcionario. "Carrete le intentó cortar
una oreja", añadió otro. El preso solo dijo en su
descargo que había sido objeto de malos tratos y que
las condiciones de las cárceles "empujan a la
agresividad".
Las carencias de Zuera centraron el interés del
juicio tanto como la evasión abortada, aunque el
presidente de la sala recordó a los testigos y las
partes que los posibles fallos del centro
penitenciario no eran el objeto de la vista.
"Cada módulo cuenta con 72 celdas y está a cargo de
dos funcionarios, un número que no es suficiente
para asegurar el orden", subrayó el secuestrado.
FALTA DE PERSONAL Los dos acusadores
particulares (Cristina Ruiz Galve y Javier Monforte)
insistieron en que la falta de personal impedía
realizar registros y cacheos diarios, una situación
que convierte el centro de reclusión en un polvorín.
Por ese motivo, tanto ellos como el fiscal
solicitaron la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado, cifrada en 16.000 euros. Esta suma
representa las indemnizaciones reclamadas por el
rehén y los demás funcionarios que resultaron
heridos en el forcejeo que se produjo para desarmar
y reducir a los amotinados.
Sin embargo, el abogado del Estado, Jesús Solchaga,
argumentó que la normativa no estipula que los
registros de las celdas, en busca de pinchos y otras
armas rudimentarias, deban realizarse de forma
sistemática, "sino de manera excepcional". Además,
señaló que esos controles pueden vulnerar el derecho
a la intimidad.
En cuanto a la defensa, ejercida por los letrados
Ramón Morte y Desamparados Filiberto, solicitó la
absolución de los acusados "por falta de pruebas" y
subsidiariamente, en el caso de Carrete, que se le
aplique la eximente incompleta o la atenuante
cualificada de enajenación por padecer problemas
mentales. Este recluso, que ha ido de cárcel en
cárcel desde los 17 años, manifestó que es "politoxicómano"
y que sufrió malos tratos. Cumple condena por
delitos contra la propiedad y tentativa de
homicidio, mientras que Alfaro, que alegó que estaba
drogado, fue encarcelado por robo con violencia. |
|
|
LA SECCION SINDICAL de
Acaip, "mayoritario" en el centro
penitenciario de Córdoba, ha denunciado públicamente
"la gran masificación que en la actualidad sufre el
centro", con 1.900 internos pese a estar diseñado
para "una capacidad operativa de 1.008", dice una
nota del sindicato. El sindicato, que ha decidido
realizar concentraciones de protesta en el centro
penitenciario, también denuncia la "gravísima falta
de personal", unida a "la manifiesta incapacidad
política de los máximos responsables de prisiones",
el "desprecio de muchos de sus superiores", que "no
se renueve el material de seguridad" y "la falta de
medios materiales y efectivos humanos". |
|
El italiano Giulio B., que ayer compareció a juicio
acusado de amerizar en el Sur con 161 kilos de coca,
fue detenido la víspera en la prisión acusado de
intento de fuga. Al parecer, planeaba huir con unas
sogas que le llevaría un dirigible de aero modelismo.
Hay tres supuestos cómplices detenidos.
El piloto de avionetas turinés Giulio B., de 51
años, fue detenido en la tarde del pasado martes en
su propia celda de Salto del Negro, donde se
encuentra como preso preventivo, y comparecerá en
las próximas horas ante el juez como presunto autor
de un delito de tentativa de quebrantamiento de
condena.
Supuestamente, el italiano tenía un plan para
fugarse de la prisión provincial un día antes de
comparecer a juicio acusado de amerizar con su
avioneta en el sur de Gran Canaria portando 161
kilos de cocaína. El juicio quedó ayer visto para
sentencia. El fiscal pide 18 años de cárcel para el
procesado, y la defensa, su libre absolución.
Según ha podido saber este periódico, el plan de
fuga de Giulio B fue desbaratado por funcionarios
del Grupo de Respuesta Especializada contra el
Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, un
cuerpo de élite que desde hace meses seguía los
movimientos de Giulio B. en prisión y tenía
constancia de que el italiano no sólo estaba en
contacto con narcotraficantes colombianos, sino que
preparaba un plan de fuga de la cárcel para la
jornada anterior al juicio que se pudo celebrar
ayer.
Supuestamente, el procesado tenía contactos externos
que le iban a proporcionar la logística necesaria
para saltar los muros de la prisión. Las fuentes
consultadas apuntaron que el aviador proyectaba
subirse al tejado de la prisión para recibir allí un
dirigible de aeromodelismo de control remoto que, al
parecer, iría cargado con las sogas necesarias para
que el procesado intentara descolgarse por los muros
de la prisión.
Las fuentes consultadas apuntaron que hasta ayer
habían sido detenidas en Gran Canaria entre tres y
cuatro personas como supuestas cómplices de la
tentativa de quebrantamiento de condena. Las fuentes
consultadas apuntaron que el plan no contemplaba
emplear la violencia ni el uso de armas contra los
vigilantes. Una fuga limpia.
Giulio B, también conocido con los nombres de
Gregorio S.V. y de Jean Claude D., tendrá que
comparecer en los próximos días ante el juez como
supuesto autor de un delito de tentativa de
quebrantamiento de condena, tipo penal castigado con
penas muy leves en el vigente Código: para el
quebrantamiento se prevé una condena de entre seis
meses y un año de prisión; la pena para la tentativa
puede rozar el ridículo.
Según las fuentes consultadas, el Greco llevaba
meses interviniendo los teléfonos móviles que el
italiano había conseguido burlar del control
carcelario y usaba en el interior de la prisión.
Ayer, durante su interrogatorio, el fiscal antidroga
de Las Palmas Javier García Cabañas aseguró que el
acusado se comunicaba con esos móviles «con
colombianos». El propio fiscal fue quien confirmó el
intento de fuga del procesado, al preguntarle en el
juicio si no era cierto que había sido detenido la
víspera en la prisión por intento de fuga. El
acusado se rió y respondió: «Sí, pero fue una
casualidad». La presidenta de la Sala, Pilar Parejo,
recordó al fiscal que aquella cuestión era
independiente de lo que se ventilaba en el juicio y
no le permitió profundizar más en el asunto.
Droga colombiana de África.
El fiscal García Cabañas considera probado que sobre
las 22 horas del 19 de junio de 2007, Giulio B.
amerizó junto a Playa del Águila en un hidroavión de
su propiedad portando en el interior de la aeronave
161,8 kilos de cocaína con una riqueza del 75, 06%
que supuestamente había recogido ese mismo día en el
norte de Mauritania, al parecer de manos de
colombianos. El turinés admite que amerizó, pero
niega que trajera droga. |
|
|
|
|
SUBIR AL ÍNDICE |
===>
Noticias Anteriores
|
|
14/06/09
14/06/09
14/06/09
14/06/09
15/06/09
15/06/09
15/06/09
15/06/09
15/06/09
15/06/09
16/06/09
17/06/09
16/06/09
17/06/09
18/06/09
18/06/09
18/06/09
19/06/09
19/06/09
19/06/09
19/06/09
20/06/09
20/06/09
20/06/09
22/06/09
22/06/09
22/06/09
22/06/09
22/06/09
23/06/09
24/06/09
24/06/09
25/06/09
25/06/09
26/06/09
28/06/09
29/06/09
29/06/09
1/07/09
1/07/09
2/07/09
