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13-04-06
 El
juzgado de Vigilancia Penitenciaria de León tramitó
durante el año pasado más de 8.000 expedientes,
referentes sobre todo a quejas realizadas por los
reclusos, además de permisos y concesiones de
libertad condicional. La carga de trabajo del
juzgado triplica el volumen de otros del territorio
nacional, ya que tiene a su cargo a más de 3.000
reclusos, cuando el volumen medio en otros juzgados
es de un millar de internos.
El nuevo magistrado juez del juzgado de Vigilancia
Penitenciaria número 3, Fernando Sanz Llorente, tomó ayer
posesión de su cargo subrayando la importancia de la creación
de un nuevo juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Salamanca
que liberará al de la provincia de llevar los reclusos del
centro penitenciario de Topas. Según indicó ayer el juez
decano de León, Juan Carlos Suárez Quiñones, la creación de
este nuevo juzgado se espera para los meses de junio o
diciembre de este año.
«En el juzgado se tramita un volumen muy importante de
expedientes, por eso la creación del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria número 4 de Salamanca aliviará la carga en León,
aunque de momento tendremos que asumirla», significó ayer el
juez Sanz Llorente.
El magistrado ha sido responsable durante dos años del
juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Palencia y ayer agradeció su vuelta a la capital leonesa,
donde comenzó como secretario en el año 91, accediendo a la
carrera judicial en el año 98. Sanz Llorente también fue el
responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Reus, donde permaneció varios años. «Estos años han sido duros
y han sido años de un desarraigo importante en lo personal.
Aunque muy interesantes en lo profesional, mi deseo siempre
fue volver a León», subrayó el magistrado.
Entre los principales expedientes tramitados por el juzgado
de Vigilancia Penitenciaria están las quejas de internos, las
refundiciones de condena y sus deducciones, la concesión de la
libertad condicional como paso previo a la libertad definitiva
o el establecimiento de medidas coercitivas.
«Las quejas pueden ser de lo más variadas, desde quejas por
los servicios médicos al que pide tener en su celda un
ventilador u otro aparato eléctrico», indicó el juez.
Además de los centros penitenciarios de Topas en Salamanca
y Mansilla en León, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
la provincia también es responsable de los Centros de
Inserción Social de Zamora y León. |
13-04-06
El consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, y varios
sindicatos exigieron ayer nuevamente a la Administración
central que transfiera la competencia de Prisiones al
Gobierno vasco. La petición tuvo lugar tras la reunión que
el consejero mantuvo con los sindicatos ELA, USO, UGT y CC
OO para abordar la situación de la cárcel de Nanclares.
«Seguiremos reivindicando que la competencia en esa materia
corresponde al País Vasco», destacó el máximo responsable de
Justicia. En su opinión, la justificación «que empleaban
hasta ahora, la actuación de ETA, ya no existe».
Para el portavoz de CC OO, José María Mouliaá, «sería la
solución a los problemas que tienen Nanclares, Martutene y
Basauri». También el representante de ELA de Prisiones,
Javier del Moral, incidió en que «no podemos aceptar que
Madrid imponga un modelo estructural de los centros
penitenciarios vascos».
Asimismo, Mouliaá, como ya hiciera ELA hace unos días,
mostró su «malestar» por las informaciones aparecidas sobre
Nanclares. «Los gobiernos central y vasco tenían la
obligación de defender a los trabajadores», criticó. A lo
que el consejero de Justicia respondió que los funcionarios
«no son responsables de lo que está pasando».
Modelo «fracasado»
En ese sentido, Azkarraga declaró que «son víctimas
de un modelo, las macroprisiones, que está fracasado y que
no compartimos». Por su parte, desde Salhaketa apuntaron que
«nos hemos limitado a constatar con datos y denuncias
judiciales las graves irregularidades».
Por último, Azkárraga acusó de «opacidad» a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. «Seguimos sin poder
hablar con ellos, no sé si hay algo que ocultar, pero más
tarde o más pronto, nosotros gestionaremos las prisiones»,
aseguró.
|
13-04-06
La
Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (ACAIP) en Valencia
denunció ayer que «los recursos humanos y materiales
son insuficientes para cubrir las necesidades de la
población penitenciaria». El sindicato valoró así
los datos sobre la situación sanitaria de los
reclusos ofrecidos por la Instituciones
Penitenciarias, en un sistema que, consideraron,
«tiene graves dificultades para controlar los
problemas de los internos».
Entre los datos llamativos, y teniendo en cuenta las
penitenciarías de Picassent, Alicante Cumplimiento,
Alicante II (Villena) y Castelló, el estudio revela
que 706 reclusos están enfermos de SIDA, a 1 de
septiembre de 2005. El porcentaje más alto de presos
con esta enfermedad se da en la prisión de Villena
con un 17%. La prisión de Picassent, con 357
reclusos, suma un 15,2% de enfermos por este virus.
Le siguen el centro de Castelló, con un 11,43% y
Alicante cumplimiento, con un 7,91%. En cuanto a la
hepatitis C, son 1.469 los presos afectados. En la
prisión de Picassent representan el 28,1%. El
estudio también revela que son 670 los presos que
necesitan metadona. En este caso, es el de Picassent
el que registra el mayor porcentaje con un 15,1%
Acaip ve «normal» que las enfermedades
infecciosas tengan «una incidencia elevada» por el
consumo de drogas por vía intravenosa y por el
aumento de la población extranjera. |
13-04-06
| El sida, la hepatitis
C o la tubercolusis son las enfermedades que más atacan
a la población recluida en cárceles de la Comunidad
Valenciana |
La
sección sindical de Valencia de la Agrupación de
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip) denunció ayer que «los
recursos humanos y materiales son insuficientes para
cubrir las necesidades de la población
penitenciaria».
El sindicato valoró así los datos oficiales sobre la
situación sanitaria de los reclusos ofrecidos por la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y
añadió que «el sistema de salud penitenciario tiene
graves dificultades para controlar los problemas de
los internos».
Acaip criticó «la falta de transparencia» de
la Dirección General «en este asunto y la tardanza
en hacer públicos las cifras oficiales» y añadió que
la administración penitenciaria no ha hecho públicos
datos relativos al Psiquiátrico de Fontcalent, ni al
Centro de Inserción Social de Valencia.
De este modo, teniendo en cuenta los centros
penitenciarios de Picassent, Alicante Cumplimiento,
Alicante II y Castellón, el estudio ha revelado que
706 reclusos están enfermos de Sida a fecha de 1 de
septiembre de 2005. El porcentaje más alto de presos
con esta enfermedad se da en la prisión de Alicante
II con un 17 por ciento.
En cuanto a la hepatitis C, son un total 1469 los
presos afectados. En la prisión de Castellón
representan el 34,96 por ciento de la población
interna. Por último, el estudio revela que el número
de internos que necesita un tratamiento con metadona
es de 670.
Por último, Acaip indicó que el aumento
«vertiginoso» de la población extranjera, que
representa el 30,5 por ciento del total y cuyos
«hábitos higiénicos, culturales y sanitarios son
completamente diferentes». |
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
13-04-06
|
critica la
"opacidad" del gobierno central para fijar con lakua
el modelo de prisiones El consejero de Justicia
avisa al gabinete de Zapatero de que, "tarde o temprano,
Euskadi asumirá la política penitenciara" |
vitoria.
El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba
Azkarraga, defendió ayer la labor de los
funcionarios de la cárcel de
 Nanclares,
al afirmar que los empleados "también son víctimas
del sistema penitenciario actual, basado en las
macroprisiones , que ha fracasado". El
representante del Ejecutivo autonómico descartó, de
forma categórica, que los empleados del sistema
penitenciario sean los responsables "de lo que está
pasando" en la penitenciaría alavesa. "Este
Ejecutivo nunca ha acusado a los funcionarios de ser
partícipes o colaboradores de esta situación",
precisó.
En quince meses, ocho reclusos han perdido la vida tras las
rejas de Nanclares. Durante ese año y medio, se ha acusado a
un alto directivo -el ahora ex subdirector de seguridad- de
abusar sexualmente de ciertas presas con el consentimiento de
otros funcionarios, se ha hablado de palizas y coacciones e,
incluso, de inducción al suicidio. Estas afirmaciones
colocaron a los funcionarios en el punto de mira y, a finales
de marzo, los sindicatos de prisiones emitieron un comunicado
conjunto en el que denunciaron que la Administración -en
especial Instituciones Penitenciarias- no hubiera defendido el
honor de los trabajadores.
El Gobierno Vasco dio ayer un paso en este sentido.
Azkarraga se reunió en la sede de Lakua con los representantes
sindicales de los funcionarios de las prisiones, para conocer
sus impresiones sobre la situación en las cárceles vascas
(Nanclares, Basauri y Martune). A la salida del encuentro, en
el que estuvieron representados UGT, USO, CCOO y ELA -ACAIP no
acudió-, el consejero consideró "cordial" esta cita, con la
que se inician una serie de contactos que continuarán en mayo
o junio, cuando el Departamento de Justicia les trasmitirá su
proyecto en materia de política penitenciara.
la transferencia
Azkarraga dejó claro de nuevo que, por parte del Ejecutivo
autonómico, el futuro en este ámbito sólo puede pasar por la
transferencia competencial a la CAPV. "Nunca ha habido una
justificación para no transferir el sistema a Euskadi. Pero es
que ahora, la justificación que ha venido utilizando (el
Gobierno central), como era la violencia de ETA, ya ni
siquiera existe", apuntó el representante de Justicia. Por
ello, el consejero recordó que "más tarde o más pronto,
nosotros vamos a tener que gestionar las prisiones en este
país".
Por otro lado, Azkarraga también aprovechó la cita para
cargar de nuevo contra la "opacidad" de la directora de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a la hora de
dialogar sobre la situación en las cárceles vascas. Cuando, el
23 de marzo, la responsable estatal de prisiones anunció que
Nanclares sería derruido, Azkarraga afrontó con escepticismo
la noticia, al asegurar que Gallizo "vende humo".
Por ello, confió en reunirse con la responsable de
Instituciones para conocer los plazos en los que se elevarían
las dos nuevas cárceles del País Vasco anunciadas por el
Ejecutivo socialista: la nueva prisión de Nanclares, en el
viejo polvorín; y la guipuzoana de Zubieta, que sustituirá a
Martutene. Azkarraga reconoció ayer que todavía no se ha
fijado un encuentro entre el Gobierno Vasco y el central para
fijar un calendario para las nuevas prisiones. "La reunión
está solicitada, en dos o tres ocasiones, pero no parece que
haya mucho interés por parte de Instituciones, que no quiere
hablar de este tipo de cosas. No sé si tendrán algo que
ocultar", cuestionó.
el plan de choque
Azkarraga confesó, además, que el Ejecutivo quiso reunirse con
los sindicatos tras conocer la denuncia de los trabajadores de
que el plan de choque para evitar suicidios en prisión se hizo
"de cara a la galería". El pasado 3 de abril, este rotativo
publicó una entrevista con el representante sindical de
Comisiones Obreras en Nanclares, José María Mouliaá, en la que
criticaba que este proyecto, anunciado por Instituciones
Penitenciarias el 15 de julio de 2005 tras la cadena de
muertes registrada en el penal alavés, sólo se presentó
"porque quedaba muy bien en los medios de comunicación".
Azkarraga conoció de boca de los sindicatos que "la única
medida en la que se ha avanzado es en remediar la
masificación" de Nanclares, ya que se redujo en más de un
centenar de plazas el número de internos del centro. Sin
embargo, la directora de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, también había anunciado que con este plan de
choque se mejoraría la atención psicológica de los reclusos y
se potenciaría el sistema de los presos de apoyo , los
compañeros de celda que vigilan a reos en situacion de riesgo. |
13-04-06
| Un
grupo de presos se enfrentaron hoy con los guardias de
una prisión jordana, en la que están detenidos numerosos
islamistas, por su supuesta implicación en acciones de
terrorismo, informaron fuentes policiales |
La
televisión estatal jordana aseguró que la situación
en la cárcel de Kafkafa, a unos 80 kilómetros al
norte de Amán, 'está bajo control', sin dar más
detalles.
Sin embargo, uno de los reclusos
relató telefónicamente desde ese centro
penitenciario a la cadena de televisión qatarí Al
Yazira que los presos retienen a dos efectivos de
las fuerzas antiterroristas.
El recluso, identificado por la
emisora como Abú Mohamed al Tahaui, dijo que las
fuerzas antiterroristas asedian la prisión y
disparan gases lacrimógenos contra los presos, y que
algunos de éstos están heridos.
Según la emisora, Al Tahaui indicó
que los presos, unos 50, en su mayoría islamistas,
exigen que las fuerzas de seguridad se retiren y que
'la situación vuelva a la normalidad' antes de poner
en libertad a los dos policías' retenidos.
Kafkafa fue una de tres cárceles
jordanas donde en marzo pasado se registraron
disturbios durante los cuales los reclusos
retuvieron a varios guardias y oficiales de la
policía, incluido el entonces director de prisiones
del país, Saad Ajrani. |
14-04-06
| JESÚS QUINTERO, AMIGO
DE VARIOS IMPLICADOS |
El
pasado martes, el ex asesor municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Marbella,
Juan Antonio Roca, recibió la visita del
periodista Jesús Quintero, más conocido como 'El
loco de la colina', en la prisión malagueña de
Alhaurín de la Torre, donde se encuentra el primero
tras la orden dictada por el juez Miguel Ángel
Torres en el marco de la
'Operación Malaya'.
 El
magistrado considera a Roca el presunto cerebro de la trama de
corrupción desarticulada en Marbella y autor de los delitos de
malversación de fondos públicos, cohecho y blanqueo de
capitales.
Fuentes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias han confirmado a EL MUNDO el encuentro entre
Roca y el periodista, que presenta en la actualidad un
programa de entrevistas en TVE, pero sólo
por la amistad que une a
ambos.
Al parecer, fue el propio Quintero quien solicitó
el encuentro con Roca. Desde la prisión malagueña le
comunicaron que el procedimiento habitual es que sea el
recluso quien pida la visita. Así lo hizo Juan Antonio Roca y,
finalmente, la dirección de la prisión, con el
consentimiento de Instituciones Penitenciarias,
autorizó el encuentro el pasado día 11.
Sin embargo, esta visita no se realizó en los lugares
habilitados en la prisión para que los presos se comuniquen
con sus familiares o amigos. El encuentro tuvo lugar
en un despacho situado junto a la jefatura de servicios
y con la presencia del director de
la prisión, que no está nunca en las conversaciones que los
presos mantienen con los que les visitan.
Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
sostienen que autorizaron el encuentro porque sólo se trataba
de la visita de un amigo y, además, Juan Antonio Roca no está
en prisión incomunicada.
Secreto de sumario
Sin embargo, no debían estar completamente seguros de que
la visita sólo fuera a tener un carácter amistoso, ya que
autorizaron el encuentro, siempre y cuando estuviera presente
el director de la prisión, para evitar, según fuentes de
Instituciones Penitenciarias, que la visita tuviera un
carácter periodístico, al estar la causa bajo secreto de
sumario.
Pero parece que Quintero no sólo mantiene una amistad con
el ex asesor de Urbanismo, sino también con la todavía
alcaldesa de
 Marbella,
Marisol Yagüe, y con la hasta ahora primera teniente de
alcalde, Isabel García Marcos, que permanecen también en el
mismo centro penitenciario desde que el juez decretó su
ingreso en prisión.
De hecho, el periodista intentó tener un encuentro también
con ellas, sin embargo, las defensas de ambas recomendaron a
sus clientas, según ha podido saber EL MUNDO, que rechazaran
la visita de Quintero.
Pero las concesiones a Roca no terminan aquí. Hace unos
días, el ex asesor de Urbanismo asistió en el modulo de
preventivos donde se encuentra a una
misa funeral en honor de su
padre, fallecido el pasado día 7, algo que no había
ocurrido en los más de 14 años de funcionamiento de la prisión
malagueña. Roca no pudo asistir, en su momento, al entierro de
su padre, al negarse el recluso a hacerlo con una custodia
policial. |
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
15-04-06
|
niega que los
funcionarios exijan el traspaso en materia
penitenciaria Critica que Justicia utilizara su
reunión con los sindicatos para tratar un "tema
político" |
El
sindicato ACAIP, con representación entre los
funcionarios de la cárcel de Nanclares de la Oca,
cargó ayer contra el Gobierno Vasco por no ceder
ciertos terrenos con los que se podrían construir
nuevos establecimientos para los internos del penal.
El organismo criticó
 además
la actitud del Ejecutivo autonómico al denunciar la
difícil situación que atraviesan las cárceles vascas
y exigir el traspaso de la competencia de prisiones
a Lakua. En este sentido, ACAIP censuró que
el Gobierno Vasco haya utilizado su reunión con
otros representantes sindicales de la prisión "para
reclamaciones políticas y no laborales". ACAIP
consideró que el Ejecutivo autonómico intentó vender la "falsa
imagen" de que los trabajadores del centro penitenciario
exigen el traspaso de la competencia de prisiones a Lakua. El
pasado miércoles, el consejero vasco de Justicia, Joseba
Azkarraga, se reunió en Vitoria con miembros de UGT, CCOO, ELA
y USO. Tras el acto, tanto ELA Prisiones como Comisiones
Obreras consideraron urgente que el gabinete de Zapatero
transfiera la competencia en materia penitenciaria al
Ejecutivo vasco; mientras, UGT guardó silencio y USO criticó
que Lakua hubiera puesto sobre la mesa un tema político, y no
sindical, cuando las centrales simplemente querían exigir al
Gobierno Vasco que defendiera su labor, tras la polémica -ocho
reclusos han perdido la vida en quince meses- que ha sacudido
Nanclares.
ACAIP, sindicato mayoritario entre los trabajadores del
centro alavés, no acudió a la cita con el Departamento de
Justicia. El organismo explicó que Azkarraga ha confirmado con
esta actitud las sospechas de ACAIP de que utilizaría
la reunión para sus propios fines: "ACAIP decidió no
participar para evitar dar cobertura mediática a intereses
políticos".
El sindicato defendió, además, que su papel como
representante mayoritario de los trabajadores se aleja de
cualquier "clientelismo", a la par que criticó que alguno de
los sindicatos que se entrevistaron con Azkarraga "tiene nula
representación en el centro penitenciario".
ACAIP lamentó la maniobra del Ejecutivo autonómico,
por la que se "instrumentaliza a los sindicatos", y criticó
que Lakua no decrete medidas concretas, que están en su mano,
para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa
de Nanclares. En este sentido, aseguró que el Gobierno Vasco
"no quiere ceder los terrenos necesarios para elevar nuevas
instalaciones" en el penal. Así, ACAIP destacó que los
trabajadores de la prisión "siguen trabajando pese a las
dificultades". |
16/04/2006
Los jueces condenaron
a 512 mujeres en 2005, frente a las 198 de 2003
|
La
delincuencia cada vez tiene más nombre
 de
mujer. Los delitos cometidos por mujeres en Asturias
aumentaron casi un 160 por ciento en sólo dos años,
según se refleja en las estadísticas que maneja la
fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. A pesar de que la distancia con el número
de delincuentes varones es aún abismal, su presencia
en los banquillos de los acusados es cada vez más
frecuente. Durante 2005, los jueces y tribunales del
Principado condenaron a 512 mujeres, frente a las
198 penadas en 2003.
El crecimiento ya comenzó a detectarse en 2004. De
las 198 mujeres condenadas en 2003 se pasó a las 320
que se contabilizaron al año siguiente, según los
mismos datos. Se trató del salto más significativo
desde 1997, cuando se condenó a 287 mujeres. En los
años sucesivos, y hasta 2004, las cifras se
mantuvieron en índices prácticamente similares,
oscilando entre las 265 de 1998 o incluso bajando a
las 208 de 2002.
El año pasado, la tendencia a la alza se mantuvo.
Durante 2005, el número de mujeres condenadas en
Asturias ascendió a 512, la mayor cifra en la
historia delincuencial del Principado. Por el
contrario, el número de hombres condenados, 3.110,
es el más bajo en la última década, a excepción de
2002, cuando se encontró culpables a 2.720 hombres.
En total, durante 2005 se condenó en la región a
3.622 personas, según los datos de la fiscalía.
Como término medio, la prisión de Villabona albergó
durante 2005 a 1.300 reclusos. A 31 de diciembre de
ese año se encontraban internados en la prisión
asturiana 1.350 presos, 103 de ellos mujeres,
repartidas entre la Unidad Terapéutica y Educativa
(el llamado espacio libre de drogas, que es mixto, y
el módulo X, exclusivo para mujeres). En cuanto al
número de internos preventivos, también a 31 de
diciembre, era de 195 hombres y 13 mujeres.
La capacidad operativa del centro penitenciario es
de 1.424 internos (1.262 hombres y 162 mujeres),
según la memoria de Vigilancia Penitenciaria. |
16/04/2006
Los planes de la DGT
pretenden castigar con prisión las infracciones graves
Según los datos de 2004, el alcohol habría condenado a
422 personas, la velocidad a 234 y circular sin carné a
324 |
Casi mil conductores serían castigados con
penas de prisión cada año en Navarra si prosperase
la reforma del Código Penal propuesta por la
Dirección General de Tráfico (DGT) para frenar la
siniestralidad en las carreteras españolas. Así se
desprende de un estudio elaborado por la
organización de defensa de los conductores
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), basado en
los datos oficiales de Tráfico a los que ha aplicado
los parámetros sobre el exceso de velocidad, el
grado de alcoholemia y la suspensión del carné
propuestos como punibles por la DGT.
La reforma del Cógido Penal planteada por Tráfico
castigaría con penas de tres a seis meses de cárcel
a aquellos conductores que superen la tasa de un
gramo de alcohol por litro de sangre (actualmente el
límite está en 0,5 gramos por litro), a los que
superen en 60 kilómetros por hora los límites de
velocidad establecidos y a quienes circulen con el
carné suspendido o retirado.
En España, la cifra podría ascender a casi 60.000
personas a tenor de las cifras de 2004, últimos
datos disponibles, igualando el número actual de
reclusos en las prisiones de todo el Estado. La AEA
rechaza esta iniciativa porque "no es un
instrumento de prevención, sino que sirve para
castigar", además de considerarla inviable porque
"supondría duplicar la dotación presupuestaria
destinada a la creación de nuevos centros
penitenciarios".
Con estas premisas, la AEA indica que, con los datos
de la DGT del año 2004 en la mano, de los casi
47.000 denuncias puestas por infracciones en las
carreteras de la Comunidad Foral, el 25% fue por
exceso de velocidad (11.713), un 3% por alcoholemia
(1.405) y un 8% por infracciones relativas al
permiso de conducir (225).
De aquí se traduce de las relacionadas con el exceso
de velocidad, sólo el 2% de los conductores
sancionados en Navarra (234) superó entonces los 60
kilómetros por hora la velocidad máxima permitida
que ahora se plantea con penas de prisión. Se da la
circunstancia de que el exceso de velocidad causa
uno de cada cuatro accidentes en Navarra, según los
últimas estadísticas de la DGT.
Respecto a las multas por alcoholemias, el 30% de
las impuestas en 2004 (422) tenía una tasa de
alcohol de más de un grado por litro de sangre, lo
que habría supuesto penas de prisión para estos
conductores si se les hubiera aplicado la reforma
del Cógido Penal que ha postulado la DGT. Además,
otros 324 conductores fueron multados en Navarra por
circular con el permiso de conducir retirado,
situación que también supondría una condena de
cárcel.
cálculo estimatorio El cómputo de todas estas
circunstancia llevan a la asociación Automovilistas
Europeos Asociados (AEA) a estimar que alrededor de
980 conductores navarros serían penados con prisión
cada año en caso de que finalmente se endureciese la
legislación relativa a las infracciones de tráfico.
En el conjunto del Estado, la DGT formuló en el 2004
un total de 2.568.428 denuncias en las carreteras
españoles, excepto en el País Vasco y Cataluña. De
ellas, un 25% era por exceso de velocidad, un 3% por
alcoholemia y un 8% por infracciones relativas al
permiso de conducir.
En cuanto a los conductores que se excedieron en los
límites de velocidad, 12.840 superaron los 60
kilómetros por hora, lo que supondría un delito de
prisión. Además, 23.121 automovilistas sobrepasaron
en un gramo la tasa de alcohol y 23.021 fueron
sorprendidos conduciendo con el carné suspendido o
retirado, por lo también tendrían pena de cárcel. >j.m.
AEA: "No sirve para prevenir"
Con la reforma impulsada por la DGT, según el
presidente de la AEA, Mario Arnaldo, "lo que se
propone es una pena de cárcel para que la gente la
cumpla, porque el Código Penal sirve para castigar,
no es un instrumento de prevención". Sobre este
aspecto, apuntó que aumentar la plantilla de la
Guardia Civil y el número de controles "sí son
medidas preventivas, pero no llevar a la gente a la
cárcel por cometer una infracción en un momento
puntual sin que haya accidente de por medio". Por
otro lado, avaló el sistema de carné por puntos, que
"es muy eficaz para frenar la siniestralidad vial",
dijo, pero "el modelo elegido en España sólo tiene
el nombre, porque, en contra de lo que pasa en otros
países, aquí la pérdida de puntos no supondrá una
sanción porque no quieren que se recurra". Incluso,
tiene deficiencias tales como que "sólo se aplicará
a partir de cuando a la persona le venza el carné",
y puede dejar sin permiso de conducir a quien
"cometa dos infracciones en un mismo día, por
ejemplo de exceso de velocidad, y que pueda hacerle
perder los doce puntos en un tramo de carretera
donde haya sido denunciado por dos radares". |
16/04/2006
El
próximo mes de junio podrá estar operativo el nuevo
centro de inserción social que la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, a través de la
sociedad de infraestructuras y equipamientos
penitenciarios, construye en las inmediaciones de la
antigua cárcel de Vigo, ya que el final de las obras
está fijada para el mes de mayo.
Las nuevas instalaciones servirán para que los
presos de tercer grado de la provincia de Pontevedra
que cumplen penas en régimen abierto no tengan que
desplazarse todos los días o durante los fines de
semana hasta la prisión de A Lama. De este modo, los
internos podrán hacer compatible el cumplimiento de
las penas, que les obliga a pernoctar en el centro o
a acudir durante los fines de semana, con su trabajo
durante el día, ya que la mayoría cuentan con un
empleo.
Casi un año y medio de obras servirán para que la
ciudad olívica “cambie” la antigua prisión por unas
modernas instalaciones, ya que está diseñada bajo el
principio de confianza en el interno y en la
aceptación voluntaria de los programas de
tratamiento que comenzarán a impartirse dentro del
nuevo edificio de Vigo.
Presupuestado en casi cuatro millones y medio de
euros, el centro de inserción cuenta con 66
habitaciones dobles y una individual para personas
discapacitadas.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín
Fernández, explica que el nuevo equipamiento de Vigo
para población reclusa no es una nueva cárcel.
Indica que además de servir para que los condenados
cumplan las penas privativas de libertad
establecidas en régimen abierto, así como los fines
de semana, una de sus funciones fundamentales será
la de trabajar a favor de la inserción social de los
internos.
Entre los equipamientos previstos figuran
instalaciones para desarrollar distintos programas
terapéuticos. Éstos tendrán un carácter totalmente
voluntario.
Delfín Fernández destaca el hecho de que Vigo sea
una de las 24 ciudades españolas donde la
Administración central ha construido un centro
diseñado para la inserción social de los reclusos de
tercer grado.
Seguridad
Aunque el centro de inserción social de Vigo contará
con una plantilla inicial de entre 30 y 35
funcionarios, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias no ha previsto medidas de seguridad
especiales.
En la ciudad olívica se aplicará la filosofía de los
centros de inserción social que parte de la
posibilidad de conseguir una convivencia normal
entre los reclusos a través de medidas que fomenten
la responsabilidad, así como la ausencia de
controles rígidos. |
16/04/2006
Los
dos centros penitenciarios radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, sitos en las capitales
provinciales de Cáceres y Badajoz, albergan con
fecha de uno de abril a un total de 2.674 presos,
según información facilitada por el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
En concreto, el centro penitenciario de Badajoz
cuenta con 1.715 presos, 46 de ellos condenados por
la Audiencia Nacional, 14 por el Juzgado central,
274 por la Audiencia provincial, y 1.381 por el
juzgado de lo Penal.
En el caso de la prisión de Cáceres, sen encuentra
cumpliendo condena 959 personas, 13 por la Audiencia
Nacional, 3 por el Juzgado Central, 181 por la
Audiencia Provincial y 762 por lo Penal. |
17-04-06
La
diputada del BNG en el Parlamento gallego Tereixa Paz pidió
que la Consellería do Medio Rural estudie la posibilidad de
complementar los efectivos de lucha contra los incendios
forestales mediante la contratación de reclusos.
A través de una proposición no de ley y una pregunta
parlamentaria, Paz señaló que esta iniciativa, además de
contribuir a unas labores de extinción y prevención del
fuego más efectivas, incidiría en la reinserción social de
estas personas.
Para ello, la diputada nacionalista consideró necesario
estudiar la viabilidad de un convenio firmado por la
Consellería do Medio Rural y la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para llevar a cabo un programa
de contrataciones, en el que la selección de los internos se
haría en función de los criterios establecidos por las
juntas de tratamiento de los diferentes centros
penitenciarios.
Los internos elegidos en virtud de estos criterios tendrían
que hacer previamente un curso de formación, para lo que la
diputada consideró que la Consellería podría contar con la
colaboración de organizaciones y entidades relacionadas con
la rehabilitación de presidiarios.
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17-04-06
La
sección sindical de la Agrupación de Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
del centro penitenciario de Albolote (Granada) ha
denunciado hoy que un funcionario de la prisión ha
sido "salvajemente" agredido por un interno
residente del módulo número 8.
En un comunicado, este sindicato, que representa a
la mayoría en el sector, informa de que los hechos
sucedieron esta mañana durante el reparto del
desayuno, cuando el interno F.R.D agredió y derribó
a R.D.M, funcionario encargado del departamento,
cuando le requirió verbalmente de que desistiera en
sus intenciones de abandonar el departamento al que
estaba asignado.
El sindicato recuerda que durante la noche anterior,
este interno había requerido asistencia médica ante
su "obsesión por irse al creerse que estaba en
libertad", por lo que fue trasladado hasta el
departamento de Enfermería, para posteriormente
volver a remitirle a su departamento de origen a
pesar de sus antecedentes de patologías de carácter
psiquiátrico.
ACAIP denunció también en el comunicado la
"nula información" de que disponen los trabajadores
penitenciarios sobre los internos con enfermedades
mentales, algo que les sitúa "en una situación de
grave peligrosidad y clara indefensión en el
desarrollo de sus tareas, así como la ineficaz
clasificación que da lugar a que se repitan hechos
tan lamentables" como los ocurridos esta mañana.
Según la nota, la sección sindical va a instar a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias a
que se adopten las medidas oportunas para esclarecer
tanto estos hechos como los sucedidos el pasado 2 de
febrero cuando un funcionario también fue agredido
por un interno con antecedentes de carácter
psiquiátrico. |
18/04/2006
| La Audiencia alerta al
CGPJ del aumento de delitos violentos cometidos por
enfermos mentales y reclama centros para que reciban
tratamiento |
El
número de internos en el Psiquiátrico de Fontcalent
se ha disparado en cerca de un veinte por ciento en
un año al pasar de 310 a 380, según confirmaron
fuentes del centro. El presidente de la Audiencia
Provincial, Vicente Magro, ha alertado en un informe
al Consejo General del Poder Judicial del incremento
de delitos cometidos por enfermos mentales y del
problema de la falta de centros específicos para
estos enfermos donde poder recibir tratamiento. Una
vez que cumple la pena, queda en libertad sin que
mejore su salud mental, con lo que el peligro sigue
existiendo. Además, se da la circunstancia de que
los delitos que cometen son tanto homicidios como
agresiones sexuales.
En la actualidad, el Psiquiátrico Penitenciario de
Fontcalent tiene 380 internos y es uno de los dos
únicos centros de este tipo que existen en España.
El otro está en Sevilla y cuenta con menos de la
mitad de esta cifra, en torno a los 160. Sólo en los
últimos cinco meses, la Audiencia Provincial de
Alicante ha condenado a tres personas con
enfermedades mentales por agresiones con arma blanca
al internamiento en el psiquiátrico penitenciario.
En dos de las ocasiones, la agresión se produjo
entre familiares, y en uno el atacante era una
persona totalmente desconocida para la víctima.
En la actualidad, el Gobierno está preparando una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
que los jueces puedan conseguir que el enfermo
reciba tratamiento cuando éste se niegue a
medicarse. Hasta la fecha, las dos únicas vías
legales que existen para estos enfermos mentales son
las incapacidades y el internamiento en el
psiquiátrico penitenciario. El presidente de la
Audiencia, Vicente Magro, va a presentar una
propuesta al Consejo General del Poder Judicial para
que se estudie la creación de centros especiales en
régimen cerrado donde se puedan internar a estos
enfermos, así como también para aquellos que cumplan
su condena en el psiquiátrico para garantizar que
puedan seguir su tratamiento.
El principal problema que tienen estas personas es
que no reconocen que están enfermas y en muchos
casos se niegan a someterse a un tratamiento. Magro
subraya en el informe presentado ante el Consejo
General del Poder Judicial que en el internamiento
en estos centros sería una medida de carácter civil,
no penal, pero que tendría como objetivo el evitar
que se cometieran nuevos delitos. En la actualidad
no existen centros adecuados para este tipo de
enfermos, por lo que una vez que cumplen el tiempo
de internamiento en el psiquiátrico penitenciario
fijado en la sentencia deben ser puestos en
libertad, sin garantías de que esa persona no vuelva
a cometer delitos. Para Magro, este tipo de centros
sería una alternativa preferible al de tener que
ingresar una y otra vez, sin posibilidad de
reinserción del enfermo que comete un delito. |
18/04/2006
El
Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto
en el que avala que se puedan adoptar medidas
alternativas al ingreso en prisión para un ciudadano
extranjero que haya delinquido en España y sin
residencia legal en nuestro país, y que no pueda ser
expulsado, independientemente de los motivos por lo
que no se lleve a efecto la expulsión.
La resolución del TC inadmite a trámite una
cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante en relación
con el último párrafo del artículo 89.1 del Código
Penal. Dicho párrafo literalmente dice "en el
supuesto de que, acordada la sustitución de la pena
privativa de libertad por la expulsión, ésta no
pudiera llevarse a efecto, se procederá al
cumplimiento de la pena privativa de libertad
originariamente impuesta o del periodo de condena
pendiente".
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante
había condenado a un extranjero como autor de un
delito de lesiones en el ámbito familiar, entre
otras cosas, a la pena de seis meses y diez días de
prisión acordando, igualmente, la sustitución de la
pena impuesta por su expulsión de territorio
nacional por un plazo de tres años. La medida de
expulsión de ciudadanos extranjeros de territorio
nacional está contemplada como alternativa a la
imposición de una pena inferior a los seis años de
cárcel.
Ante la imposibilidad de expulsar en el plazo
legal previsto a la persona condenada, puesto que no
tenía documentación y no se podía acreditar por
tanto su país de origen, el juez de lo Penal número
3 de Alicante -encargado de ejecutar la sentencia-
quería saber cómo habría de hacer cumplir la pena
privativa de libertad y, de esta forma, planteó la
cuestión de inconstitucionalidad.
Así, el juez planteó que en los casos en los que
no se pudiera llevar a efecto la expulsión se llega
a la "imposibilidad absoluta de aplicar cualquier
sustitutivo al efectivo cumplimiento de las penas
privativas de libertad de los contenidos en los
artículos del Código Penal 80 (suspensión ordinaria
y suspensión excepcional por grave enfermedad con
padecimientos incurables), 87 (suspensión en
supuesto de drogadicción) y 88 (sustitución)".
El mismo Juzgado consideró que dicho artículo del
Código Penal (89.1) podría vulnerar el derecho
constitucional a la igualdad y sostenía que otorgaba
a los extranjeros en situación irregular un
tratamiento "discriminatorio" en el modo de ejecutar
las sentencias condenatorias en el ámbito penal.
El Tribunal Constitucional sostiene que se
encuentra ante un supuesto en el que es posible
concluir que las dudas de inconstitucionalidad están
"manifiestamente infundadas". La conclusión a la que
llega el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante no
es, para el Alto Tribunal, "en modo alguno
obligado".
Es más, señala que tales métodos de
interpretación permiten alcanzar la conclusión
contraria, esto es, "que el extranjero cuya
expulsión no haya podido realizarse en el plazo
máximo legal establecido tiene acceso" a la "posible
suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad que le haya sido impuesta, o a su
sustitución por otras menos gravosas, en las mismas
condiciones que los penados de nacionalidad española
y que los penados extranjeros con residencia legal
en España".
Para los magistrados el "obvio" que el último
párrafo del artículo 89.1 del Código Penal no
establece expresamente ninguna previsión sobre la
imposibilidad de aplicar otros artículos del citado
texto legal en los supuestos en los que la expulsión
no pudiera llevarse a efecto. Del mismo modo
descartan que el término "cumplimiento" sea sinónimo
de ingreso en prisión y que su utilización
"evidentemente" no prejuzga la aplicabilidad de los
sustitutivos penales.
Además, el auto pone de manifiesto que la
finalidad de las formas sustitutivas de las penas
privativas de libertad es favorecer la reinserción y
rehabilitación social de los penados con penas
cortas privativas de libertad mediante su suspensión
condicional o su sustitución por otras medidas
distintas que eviten el eventual efecto
desocializador que podría tener el efectivo ingreso
en prisión durante un corto periodo de tiempo. |
19/04/2006
| El
sindicato Acaip,
mayoritario en la prisión alavesa de Nanclares, se
desmarcó ayer de la postura de otras centrales de
reclamar la transferencia al Ejecutivo autónomo de las
cárceles. «No hemos valorado ni valoraremos las razones
por las que el Gobierno vasco solicita las competencias
en materia penitenciaria», aseguró ayer en un
comunicado. |
La
Asociación del cuerpo auxiliar de Instituciones
Penitenciarias (Acaip) explicó que no había acudido
la pasada semana con ELA, USO, UGT y CC OO al
encuentro con el consejero de Justicia Joseba
Azkarraga por las «sospechas, ampliamente
confirmadas con posterioridad de la utilización de
la reunión para reclamaciones políticas y no
laborales».
La asociación recalca que como «organización
sindical independiente» se niega a «secundar
declaraciones de contenido político» y a dejarse
«instrumentalizar».
Acaip arremete también en su declaración contra el
Ejecutivo autónomo al señalar que el mismo Gobierno
que reclama competencias «no quiere ceder los
terrenos necesarios para la construcción de nuevos
establecimientos que mejoren las condiciones de vida
de la población reclusa». |
19-04-06
La
Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado
el recurso de amparo interpuesto por un preso del
Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) al que
personal de esta prisión registró su celda en su
ausencia y sin haber sido informado. El alto
tribunal ha anulado el registro al entender que en
este caso la limitación del derecho a la intimidad
fue "desproporcionada" porque se extendió "más allá
de lo necesario para los fines de seguridad que la
legitimaban". El recurrente, Patricio Pallarés,
elevó una queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
Cataluña número 3 por el registro efectuado en su celda. El
centro informó de que el registro se practicó porque existían
unas informaciones previas relativas a que otro de los
ocupantes de la celda podía esconder sustancias prohibidas. A
pesar de todo, sólo se requisaron tres folios con dibujos y
expresiones ofensivas hacia los funcionarios y al centro.
El Juzgado desestimó la queja, al considerar que una
celda no es un domicilio protegido constitucionalmente, y la
Audiencia Provincial de Lleida rechazó el recurso con
argumentos similares. Tanto el Juzgado como la Audiencia
entendían que no cabía aplicar la normativa de los registros
domiciliarios y que la presencia de los internos durante el
registro no es obligatoria, sólo recomendable.
El TC señala en la sentencia que el registro estaba
justificado porque la finalidad del mismo era encontrar
sustancias prohibidas en la celda que compartía con otros
reclusos. Sin embargo, advierte de que no consta ningún aviso
sobre dicha diligencia, tanto mediante su presencia como a
través de una comunicación posterior, y que ni siquiera ha
sido justificada esa falta de información.
En su recurso de amparo, Pallarés planteaba que el
registro de la celda vulneró su derecho a la intimidad. La
sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente su
presidenta, María Emilia Casas Baamonde, considera "obvio" que
no hubiera una comunicación previa "pues el preaviso hubiera
privado de sentido a la justificada indagación a la que servía
el registro".
Por el contrario, la Sala reprocha que no se hayan
aportado razones "convincentes" que justificaran la falta de
información simultánea o posterior "acerca de la dimensión y
la intensidad del registro y de los objetos incautados a
partir del mismo, a la que sólo pudo acceder el recurrente
tras la iniciación de un proceso judicial de queja".
Para el TC la presencia del recluso en el registro de su
celda es el medio más natural y adecuado para informar del
mismo a quien lo sufre, "sin que a la luz del derecho
constitucional en juego resulte suficiente a efectos
justificativos la razón aportada para ello por el Centro,
consistente en que cuando se practicó el registro los
ocupantes de la celda estaban en un taller del
establecimiento". |
19-04-06
La Directora General de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes y Carmen Balfagón,
directora gerente de la Agencia de la Comunidad de
Madrid para la reeducación y la reinserción del menor
infractor, que depende de la Consejería de Justicia e
Interior, firmarán mañana un convenio con el fin de
abrir una tienda en Madrid en la que vender los
productos que se fabrican en los centros de Menores y en
los centros penitenciarios.
|
El
objetivo de este convenio es realizar diseños más
actuales y viables en el mercado y venderlos en esta
tienda. La idea, según informaron a Europa Press
fuentes penitenciarias, es que en el diseño de estos
productos participen diseñadores conocidos y también
se está estudiando la colaboración de Escuelas de
Bellas Artes, con el fin de que tanto los productos
como la tienda sean atractivos para los
consumidores.
En el convenio, el organismo
autónomo de Prisiones, Trabajo Penitenciario y
formación para el Empleo, se compromete a hacer el
diseño de los 'prototipos viables' para su
producción en los centros tanto penitenciarios como
de menores.
La Agencia de la Comunidad de
Madrid, por su parte, aportará el local en el que se
comercializarán y distribuirán estos productos.
El vicepresidente segundo de la
CAM y Consejero de Justicia e Interior, Alfredo
Prada, de quien depende la Agencia del Menor de la
Comunidad, explicó, en declaracione a Europa Press,
que se trata de 'unir esfuerzos' para lograr la
rehabilitación y la reinserción tanto de los menores
condenados que se encuentran en estos centros, como
de los internos que se encuentran en las prisiones.
En este sentido, explicó que los
productos que se realizan en los centros y en las
cárceles son de una calidad muy alta, ya que se
realizan de forma artesanal, pero ahora se le quiere
dar un aire más moderno, con nuevos diseños más
adaptados a los gustos actuales, con el fin de dar
una mayor salida a esta producción de alta calidad.
Recordó que en la Comunidad de
Madrid se ha dado un impulso importante desde enero
de 2005, con la creación de la Agencia del Menor,
para lograr la reinserción de estos jóvenes y la
creación de una tienda con productos modernos es un
paso más para que los internos puedan tener un
futuro.
La tienda, que contará con un
diseño actual, estará localizada en un lugar de
mucha afluencia de público, en una zona comercial y
contará con una variedad de artículos que se
fabrican en estos centros, desde juguetes a pintura
y artículos de regalo. |
20/04/2006
La Dirección General
de la Cuenca Mediterránea ha detectado un vertido de
aguas contaminadas en el arroyo junto a la cárcel
|
algeciras.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha abierto un expediente san cionador
al centro penitenciario Botafuegos por vertidos al
dominio público hidráulico.
Todo empezó con una denuncia que puso
Verdemar-Ecologistas en Acción en la Junta de
Andalucía por los vertidos contaminantes que se
encontraban en el arroyo Botafuegos, que se ubica al
lado de la prisión algecireña. Gracias a ellos,
técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se
desplazaron al lugar para examinar los vertidos, si
eran contaminantes o no, y de dónde procedían.
Estos vertidos se localizan en el límite del Parque
Natural de 'Los Alcornocales', pudiendo causar una
afección en este medio protegido. La Junta analiza
el vertido a través del Laboratorio de Vigilancia y
Control de la Contaminación de Palmones (LVCC),
apreciándose abundantes restos de aceites y grasas
flotando en el agua con acumulación de restos de
basura doméstica. Una vez analizadas las muestras se
confirmó la presencia de contaminantes orgánicos
principalmente de origen doméstico.
A los cuatro meses se vuelve a hacer una nueva
inspección en la que la Consejería de Medio Ambiente
detecta que desde el Centro Penitenciario se estaba
vertiendo, a través de la salida de pluviales, aguas
que arrastran algún tipo de hidrocarburos en caudal
continuo. Al mes siguiente, agentes del SEPRONA
entregaron al LVCC muestras tomadas en el arroyo.
Una vez estudiados los resultados se pudo determinar
la presencia de hidrocarburos sobrenadantes en el
punto de confluencia de la salida de pluviales del
Centro Penitenciario con el arroyo Botafuegos y
valores significativos de aceites y grasas,
hidrocarburos y Carbono Orgánico Total (COT) aguas
abajo del mismo.
En el mes de noviembre la Junta le remite un escrito
al Centro Penitenciario donde se advierte de su
responsabilidad de realizar las actuaciones
necesarias para proceder a la limpieza y
recuperación del terreno afectado. También se le
insta a que le informe a la Junta, en un plazo de
diez días, de las actuaciones a llevar o llevadas
por Botafuegos, así como que le remitan a la
Consejería un Estudio de Suelos Contaminados que
deberá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de
la Consejería de Medio Ambiente (ECCMA).
En febrero de este año Botafuegos hace llega un
escrito a la Delegación Provincial adjuntando un
Informe de actuaciones y trabajos realizados en las
instalaciones del almacenamiento y suministro de
Gasóleo 'A' y 'C' para consumo propio del Centro
Penitenciario de Algeciras, haciendo caso omiso al
requerimiento de la Delegación del estudio por parte
de una ECCMA.
La Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza, después de mirar los expedientes, informa
de lo siguiente de la incoación de un expediente
sancionador al centro penitenciario de Botafuegos
por vertidos al dominio público hidráulico.
Seguidamente se planteó y notificó el Pliego de
Cargos con imputación al citado centro
penitenciario. Con fecha de 9 de enero de 2006 se
recibe ante la Instrucción un escrito de alegaciones
de la Directora General de Instituciones
Penitenciarias. Actualmente está pendiente de
resolver. |
20-04-06
| La
incidencia de las enfermedades infecciosas en las
cárceles españolas descendió en 2005, mientras que se
incrementaron los programas de intervención social de
los internos drogodependientes, indicó hoy la
subdirectora general de Instituciones Penitenciarias,
Carmen Archanco. |
Archanco
expuso estos datos en unas jornadas sobre drogas y
prisiones, que hoy y mañana reunirán en Madrid a más
de 170 especialistas en el trato con presos, con el
objetivo de 'hacer una radiografía de cómo se está
haciendo el trabajo en las cárceles'.
Estas jornadas están organizadas
por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención
al Drogodependiente (UNAD), que preside Luciano
Poyato.
Una atención a los
drogodependientes 'más eficaz y menos
desocializadora' debería ser la premisa que debería
tener este encuentro, afirmó Archanco, quién añadió
que 'es necesario que la sociedad se replantee sus
estrategias de política penitenciaria'.
La prevención en el inicio del
consumo de drogas, la reducción de riesgos y daños
físicos, conseguir periodos de abstinencia y una
reincorporación eficaz son algunos de los objetivos
de Instituciones Penitenciarias con respecto a este
tema.
Durante el 2005, la prevalencia
del Sida y la Hepatitis C en los centros
penitenciarios fue del 10 y del 33 por ciento,
respectivamente.
Los programas de reinserción
social fuera del ámbito penitenciario, continuó
Archanco, beneficiaron a casi 4.700 presos mientras
que otros 15.000 se integraron en programas de
educación sanitaria, o se trataron con metadona -
cerca de 7.200 internos-.
Poyato subrayó que es la 'primera
vez' que dos organismos públicos -Instituciones
Penitenciarias y el Plan Nacional sobre Drogas- se
implican en un estudio sobre los drogodependientes
en prisión permitiéndoles, continuó, recurrir a un
grupo jurídico-penal que también analice la
situación.
Por su parte, la Consejera Técnica
del Plan Nacional sobre Drogas Graciela Salvanes,
informó sobre una encuesta realizada a 66 centros
penitenciarios de toda España para valorar la
situación de la drogodependencia en las cárceles,
que se presentará en fechas próximas. |
21-04-06
José
Ortiz Rodríguez,el transexual conocido como La
Veneno, ha asegurado a varios medios de comunicación
que sufrió abusos y vejaciones por parte de
funcionarios de prisiones durante sus tres años de
estancia en la cárcel por fraude. Instituciones
Penitenciarias ha enviado a la Fiscalía las
declaraciones de la ex prostituta porque considera
que puede haber incurrido en un delito de calumnias
o injurias |
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
21-04-06
El tribunal
considera que el acusado no intentó matar a su compañero
en Zuera. Instituciones Penitenciarias tendrá que
indemnizar a la víctima con 9.600 €.
|
La
Audiencia de Zaragoza ha condenado a un recluso de
la cárcel de Zuera, Jesús S. D., a tres años y seis
meses de prisión por atacar a un compañero al que
golpeó en la cabeza con una barra metálica. La
sentencia establece la responsabilidad civil
subsidiaria de Instituciones Penitenciarias, que
tendrá que indemnizar con 9.600 euros por la
insolvencia del procesado, así como la mitad de las
costas judiciales.
La sala ha desestimado el delito de intento de asesinato
que le imputaban al acusado el ministerio fiscal y el abogado
de la acusación particular, Pedro Garcés, por entender que
actuó "sin dolo directo de matar", ya que que las lesiones
revelan que sólo pretendía "lesionar" a la víctima.
El tribunal también apoya esta decisión en la entidad de
las lesiones, que según los forenses no hicieron peligrar su
vida.
El incidente se produjo el 10 de abril del 2005 en el
módulo 14 del centro, ocupado por presos drogodependientes que
pretenden rehabilitarse. El procesado atacó al otro preso
porque éste le llamó la atención por una cuestión de limpieza.
La sentencia considera probado que Jesús S. se apoderó de
una mancuerna metálica en el gimnasio con la que atacó por la
espalda a la víctima cuando éste veía un programa de
televisión, y le golpeó tres veces, causándole una brecha en
la cabeza, una fractura en una mano y un hematoma en el
cuello, de los que tardó 60 días en curar.
ALEVOSÍA En opinión del tribunal, el ataque imposibilitó
cualquier tipo de defensa, por lo que aplica al procesado la
agravante de alevosía, y desestima la petición de la letrada
de la defensa, Isabel Lafuente, de arrebato, ya que los
forenses no apreciaron ninguna restricción en sus facultades
intelectuales y en su voluntad.
En relación con la responsabilidad civil de la
Administración, la sala entiende que los funcionarios de la
prisión son "garantes de la vida y de la integridad corporal
de los internos". Desestima el argumento del abogado del
Estado sobre el régimen especial del módulo 14, donde los
reclusos tienen un papel destacado en la organización del
mismo.
Esa situación "no obviaba el deber de vela por la seguridad
de los internos" y "los encargados del gimnasio --donde el
agresor obtuvo la mancuerna-- incurrieron en una omisión que
influyó" en el resultado de la agresión", añade la sentencia. |
21-04-06
| El Tribunal
Constitucional ha inadmitido una cuestión de
inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo
Penal nº 3 de Alicante en relación con el cumplimiento
efectivo de una condena a un ciudadano extranjero cuando
no puede llevarse a cabo la expulsión del país del
mismo. |
En este caso, el Alto Tribunal estima no fundado el
razonamiento remitido por el Juzgado de lo Penal nº 3 de
Alicante en relación con la interpretación del último
párrafo del artículo 89 del
Código Penal: ?en el supuesto de que, acordada la
sustitución de la pena privativa de libertad por la
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá
al cumplimiento de la pena privativa de libertad
originariamente impuesta o del periodo de condena
pendiente?.
Según el tribunal alicantino, en los
casos en los que no se pudiera llevar a efecto la expulsión
se produce la imposibilidad absoluta de aplicar cualquier
sustitutivo al efectivo cumplimiento de las penas privativas
de libertad de los contenidos en los artículos 80
(suspensión ordinaria y suspensión excepcional por grave
enfermedad con padecimientos incurables), 87 (suspensión en
supuesto de drogadicción) y 88 (sustitución). Por este
motivo, además, este tribunal entendía que dicho artículo
del
Código Penal podría vulnerar el derecho constitucional a
la igualdad recogido en el artículo 14 de la
Constitución Española en relación directa con el
artículo 17.1 del mismo texto legal.
Según el auto emitido por el Tribunal
Constitucional, el
Código Penal sí que avala la adopción de medidas
alternativas al ingreso en prisión para un ciudadano
extranjero que haya delinquido en España y sin residencia
legal, y que no pueda ser expulsado independientemente de
los motivos por lo que no se lleve a efecto la expulsión.
Para los magistrados del
Constitucional el concepto "obvio" presente en el último
párrafo del artículo 89.1 del
Código Penal no establece expresamente ninguna previsión
sobre la imposibilidad de aplicar otros artículos del citado
texto legal en los supuestos en los que la expulsión no
pudiera llevarse a efecto. En este mismo sentido,
interpretan el término "cumplimiento" no como un sinónimo de
ingreso en prisión.
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21-014-06
El
Consejo de Ministros aprobó hoy el traspaso a la
Comunidad Autónoma de Cantabria de medios en materia
de enseñanza no universitaria en instituciones
penitenciarias, y de funciones y servicios en la
gestión del transporte marítimo. Los traspasos
son consecuencia del acuerdo alcanzado el pasado 28 de marzo
en el seno de la Comisión Mixta Estado-Cantabria, en la que,
además, se formalizó la transferencia, con carácter
extraordinario, de 7,1 millones de euros a la Comunidad para
financiar la Sanidad Pública en el ejercicio 2006.
De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado hoy, por un
lado, la ampliación de medios en enseñanza no universitaria
(Instituciones Penitenciarias), que implica la transferencia a
Cantabria de siete puestos de profesor, con un coste de
186.942 euros, y, por otro, el traspaso de funciones y
servicios para el ejercicio de la gestión en materia de
transporte marítimo entre puertos sin conexión con otros
puertos situados fuera de la Comunidad Autónoma. |
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