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13-02-06
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La oferta aprobada por su
ministerio no cubre las necesidades de los dos nuevos
centros de 2007 |
 R.
L. Vargas
Madrid- Repletas de presos pero
sin funcionarios que los custodien. Así se va a
encontrar el Gobierno el año próximo las dos
prisiones que tiene pensado inaugurar en el Puerto
de Santa María (Cádiz) y en Estremera (Madrid). Eso,
al menos, es lo que piensan los sindicatos del
sector que va a ocurrir después de analizar la
Oferta Pública de Empleo aprobada en el Consejo de
Ministros del pasado día 3 para este año.
En la citada convocatoria, el Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) ha dado luz verde a
que se convoquen 16 plazas para facultativos de
Sanidad Penitenciaria, 35 para técnicos superiores
de
Instituciones Penitenciarias, 30 para ATS, 200 para
ayudantes de la escala femenina y otras 600 para la
masculina. En total, 881, a las que hay que sumar
otras de distinto origen que elevan la cantidad a
poco más de 900. Con este personal hay que cubrir
las vacantes que ahora mismo hay en los centros
penitenciarios en funcionamiento y dotar a los dos
nuevos. Y las cuentas, al menos a los sindicatos, no
les salen.
Personal para vacantes. Cada centro tipo -como
son los que se tiene pensado inaugurar y que cuentan
con capacidad para alojar 1.008 reclusos- necesita
de 480 funcionarios. Y con el personal aprobado por
Administraciones Públicas en la oferta de empleo
público apenas si daría para cubrir estas
necesidades, lo que dejaría todavía desiertas las
vacantes de los otros centros que tan indispensable
es también cubrir y que necesitan de igual cantidad
de funcionarios.
Instituciones Penitenciarias argumenta que
Administraciones Públicas les ha concedido los
funcionarios que han pedido y que para el año
próximo, cuando se vayan a abrir las dos prisiones
nuevas, se pedirán los que sean necesarios para
ponerlas en funcionamiento. Pero los sindicatos
aseguran que tal cosa no se ajusta a como ha
discurrido la negociación y que es imposible
solicitar el personal el mismo año en que se abre un
centro. «Interior, en un primer momento, solicitó
1.858 plazas porque sabía que además de las 900 para
cubrir vacantes eran necesarias otras tantas para
las dos nuevas cárceles», explican desde el
sindicato Acaip. De hecho, añaden, cuando echó a
andar la negociación y el departamento de Jordi
Sevilla se enrocó en su oferta de 800 plazas,
Instituciones elevó una nota a la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior advirtiendo de
que con esa cantidad sería virtualmente imposible
poner en marcha las prisiones del Puerto III y de
Estremera. «Argumentar que el personal se va a
solicitar el mismo año en que se abran las prisiones
es una barbaridad. Siempre se pide el año anterior
porque desde que se ofertan las plazas en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) hasta que los funcionarios
salen formados de la escuela, transcurre un año. Si
las piden en 2007 no estarán disponibles hasta el
año siguiente, por eso es ridículo decir que se
solicitarán el año próximo», argumentan.
¿Qué hacer, entonces, hasta que se disponga de
los nuevos efectivos, para abrir las cárceles en el
plazo previsto y cubrir las vacantes con la mitad
del personal necesario? Según el CSI-CSIF, la
solución que se estaría barajando en este momento
sería la de trasladar funcionarios de las cárceles
ahora abiertas a las nuevas y rellenar sus huecos
con interinos. «Suponiendo que hubiese candidatos
para ello, hay que pensar que se trataría de gente
sin experiencia y que las prisiones no se pueden
dotar exclusivamente con efectivos de este tipo»,
advierten con cierta preocupación desde Acaip. «Y lo
que, por supuesto, no vamos a permitir es que se
abran los centros sin una dotación mínima de
personal que pueda garantizar su seguridad», añaden.
En espera de lo que pueda suceder, UGT, de
momento, exigirá que no se abran los nuevos centros
si no están convenientemente dotados de personal y
de medios. |
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Lunes, 13 de febrero de 2006
La
Fiscalía de Sevilla ha denunciado en el juzgado a un
jefe de servicio de la prisión Sevilla-II por un
delito de torturas y rigor innecesario al aplicar
una lavativa a un preso del que sospechaba que
portaba drogas en el interior de su cuerpo tras un
vis a vis, según reveló un examen por rayos X.
La denuncia fue interpuesta a finales del año 2004
por la Fiscalía de Sevilla y a ella se han
incorporado, como acción popular, la Asociación pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDH) y la asociación
de lucha contra la droga Liberación.
El funcionario está acusado de los delitos de
torturas, rigor innecesario y vejaciones, ya que el
protocolo en estos casos prevé trasladar al preso a
un centro hospitalario pues la presencia prolongada
de droga en su cuerpo puede suponer un peligro para
su salud.
La querella que investiga el juzgado de instrucción
3 de Sevilla es una de las tres a las que se
enfrenta el mismo funcionario, ya que además otro
juzgado tramita otras diligencias por presuntas
coacciones al mismo preso para que retirara su
denuncia y existe otra querella sobre la presunta
falsificación de un parte de hechos presentado por
el reo. |
Lunes, 13 de febrero de 2006
| Uno de los testigos
será el preso apuñalado tras defender al argelino
asesinado |
No
sólo los funcionarios secuestrados fueron víctimas
de los amotinados en la revuelta ocurrida en el
centro penitenciario de Fontcalent en 1990. Tras
haber declarado los empleados públicos la semana
pasada, hoy llega el turno de los presos que también
sufrieron en sus propias carnes las consecuencias de
la rebelión en la cárcel. Entre los testigos que
comparecerán hoy en el juicio celebrado en la
Audiencia Provincial se encuentra el recluso que fue
apuñalado seis veces tras salir en defensa de un
argelino asesinado momentos antes.
 El
fiscal acusa a Vicente Gómez, Salvador Estarlich y
Juan F. Casas (actualmente en rebeldía) del intento
de asesinato perpetrado contra el preso Juan Apraiz.
Según el escrito de acusación, este recluso fue
víctima de varios asaltantes que se abalanzaron
contra él con pinchos y barras, «propinándole
pinchazos y golpes» que afectaron al cuello, la
cabeza y el brazo derecho con heridas penetrantes en
cavidad abdominal y seis perforaciones que le podían
haber causado la muerte por peritonitis de no haber
sido evacuado a tiempo.
Precisamente al inicio del juicio, Salvador
Estarlich reconoció su implicación en el intento de
asesinato. También lo hizo Héctor Guillén, aunque el
fiscal no le imputa este delito al haber sido
absuelto en la sentencia dictada tras el juicio
celebrado en el año 2002 y que más tarde fue anulado
por el Supremo al considerar que se habían vulnerado
los derechos de defensa porque los acusados
declararon por videoconferencia.
Aunque en el escrito de acusación se piden 20 años
por este delito, posiblemente la pena se quedaría en
11 años en caso de encontrar culpables a los
procesados por estos cargos, ya que se apreciarían
dilaciones indebidas.
Junto al recluso apuñalado, hoy está previsto que
declaren varios presos que fueron víctimas de robos
y lesiones, entre ellos el encargado del economato.
Además, hoy deberá comparecer una maestra
secuestrada por los amotinados que no compareció en
el juicio el pasado miércoles pese a haber sido
citada adecuadamente. Al no haber presentado ningún
justificante de su ausencia, el fiscal señaló que se
le llamara a declarar hoy, con el apercibimiento de
ser conducida por las fuerzas del orden para
garantizar su asistencia.
Tras la declaración de los testigos, mañana está
previsto que realicen su informe los forenses, sobre
las causas de la muerte del argelino asesinado y
sobre las lesiones causadas al resto de internos,
entre ellos a Apraiz.
Tras los informes forenses el juicio por el motín de
Fontcalent entrará en su recta final con los
informes de las partes. Según fuentes judiciales,
los dos expulsados de la sala, el presunto cabecilla
del motín Cortés Escobedo y el preso Héctor Guillén,
podrán volver al juicio para las conclusiones
finales.
Los abogados de las defensas ya anunciaron que
pedirían la nulidad de la vista oral por diversas
causas, la última porque el tribunal estaba
contaminado al tener en su poder las actas de la
vista anterior. Además, está previsto que soliciten
que se contemplen las dilaciones indebidas, ya
contempladas por el fiscal, como «muy cualificadas»
para que rebajen más la pena. |
Lunes, 13 de febrero de 2006
Los presos etarras
aprovechan su estancia en la cárcel para estudiar
carreras universitarias con el objetivo de reducir el
tiempo de sus condenas. Estos estudios están plagados de
unas irregularidades a las que la Universidad del País
Vasco hace la vista gorda.
Así relata la web no nacionalista elbatzoki.com la trama
de la banda terrorista con la universidad vasca: |
"Con
el propósito de controlar la universidad pública
vasca, ETA ha ido colocando a su gente en diversos
Departamentos de la UPV. Decenas de etarras en
prisión se han valido de la trama abertzale de la
UPV para redimir parte de sus condenas -por
asesinatos en su mayoría-, y salir a la calle
incluso antes de haber cumplido la tercera parte de
su pena, como el sanguinario José Ignacio De Juana
Chaos.
Elbatzoki.com establece un punto de inflexión "en la
historia de los beneficios universitarios a los
presos asesinos de ETA: el 8 de agosto de 2005". Así
comienzan a gestarse las trampas de los presos
terroristas:
"A través del Centro Asociado a la UNED en Bergara
se sentaron los cimientos de la serpiente
universitaria de ETA. Bergara, localidad gobernada
por Batasuna durante muchos años, es el lugar que
alberga el Centro Asociado a la UNED en la provincia
de Guipúzcoa. Mediante un convenio entre dicho
centro y la UPV, por el cual se permitía a esta
última examinar a los presos de ETA, se abrió la
puerta a una estrategia muy bien diseñada para
obtener titulaciones fraudulentas prácticamente sin
esfuerzo (...)
En algunos casos, se les ha permitido incluso que se
matricularan sin llegar a cumplir ni los mínimos
requisitos legales para hacerlo. Por ejemplo:
accesos a la Universidad por "mayores de 25 años",
cuando ni tan siguiera los tenían cumplidos; accesos
como personal con titulación previo o con cursos
acabados, cuando no tenían ni el COU terminando;
matricularse sin tener documentación alguna o
figurando con datos falsos, etc.
De igual forma la UPV ha permitido que los presos de
ETA simularan realizar exámenes cuando estaban
huidos de la Justicia o cometiendo atentados,
exámenes que posteriormente les han sido
sorprendentemente aprobados, e incluso se les ha
permitido aprobar asignaturas técnicas desde la
cárcel que requieren indispensablemente de prácticas
para su superación. |
14/02/2006
Victor Leopoldo Martínez Dávila, el Turco,
ha sido condenado a cinco años de prisión por el intento de
homicidio de un vigués cuando ambos compartían internamiento
en la cárcel de A Lama. Además de la pena de prisión, la
Audiencia de Pontevedra fijó una indemnización de 7.021
euros.
Según recoge la sentencia, el 12 de abril de 2003, ambos se
encontraban en la sala de televisión cuando el acusado retó
a la víctima a ir a los lavabos. La sala pontevedresa
relaciona esta situación con rencillas que los dos reclusos
mantenían entre sí y apunta que, frente a lo que se mantuvo
en su día, «no consta fuera porque el procesado quisiera
hacerse con reloj» del agredido.
Lo cierto es que este último aceptó el desafío. Ya en los
lavabos, y siempre según lo que refleja la resolución
judicial, los dos reclusos mantuvieron un forcejeo. En el
transcurso del mismo, el Turco esgrimió un objeto punzante
y, «con ánimo de acabar con la vida» de su contrincante, le
asestó tres puñaladas. El arma nunca fue recuperada.
Argumentos judiciales
La sala pontevedresa rechazó la pretensión de la Fiscalía de
Pontevedresa de que Martínez Dávila fuese también condenado
por robo. El tribunal sostiene que no existe ninguna prueba
que permita sostener que en el trasfondo de la agresión se
encontrase el robo de un reloj de pulsera.
Por otro lado, también rebatió la tesis de la defensa de que
Martínez Dávila únicamente tuvo intención de lesionar a la
víctima. En este punto, argumenta que «debe inferirse de las
heridas causadas» que «las puñaladas fueron dirigidas por el
procesado a zonas vitales».
Tampoco aprecia el tribunal que el Turco hubiese llevado a
cabo el ataque movido por el síndrome de abstinencia,
atenuante que solicitó su abogado se aplicara en su caso. En
este punto, matiza que, si bien los funcionarios apreciaron
cierto nerviosismo en la actitud del encausado, ésta puede
explicarse «por el hecho de que le sorprendieron».
En relación con esta cuestión, la Audiencia califica como
rotunda y creíble la declaración del agredido. Éste
reconocido ante el tribunal que, en un careo previo, no
identificó al acusado como su agresor por miedo, además de
que apuntó que el imputado le había amenazado previamente.
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14/02/2006
El
delegado de Gobierno en Andalucía, Juan José López
Garzón, atribuyó hoy la situación de masificación en
la que se encuentran la mayor parte de las
instituciones penitenciarias andaluzas a una
inversión "muy pequeña y en continua disminución" de
las dos anteriores legislaturas.
En declaraciones a los periodistas, López Garzón
manifestó que una "posible solución" sería la ya puesta en
marcha por el Gobierno, la de "tomar todas las decisiones para
construir nuevas prisiones y poder dar respuesta a esta
situación".
La masificación, que ha dado lugar a que centros
concretos como la cárcel Sevilla II deban destinar a los
presos que les van llegando a otras provincias, "no se puede
corregir de inmediato". En este sentido, el delegado comparó
la situación al intento de consecución de que las plantillas
policiales cubran unos cupos razonables de seguridad.
"Por mucho esfuerzo que se haga eso no es inmediato
--continuó López Garzón--, y en la misma situación se
encuentra la infraestructura penitenciaria". Al respecto, el
delegado concluyó diciendo que los proyectos están en marcha,
y la construcción de algunas de ellas incluso está comenzando,
"pero entre tanto debe hacerse una redistribución de internos
para tratar de resolver ese problema".
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14/02/2006
Las medidas para
combatir el brote de legionelosis costarán 1,8 millones
de euros
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El Gobierno invertirá en torno a 1,8 millones de euros en la
renovación de la red de agua de la macrocárcel de Zuera, donde
el pasado enero falleció de legionelosis un recluso.
El anuncio fue hecho ayer por la directora general de
Instituciones Penitenciarias, la aragonesa Mercedes Gallizo,
que aseguró que "no se ha registrado ningún caso más" aparte
de los tres contabilizados en el último de los tres brotes de
legionelosis detectados en la prisión desde el año 2004.
"En la planificación de la cárcel de Zuera no se tuvieron
en cuenta las medidas para evitar un problema que, pasado el
tiempo, ha resultado ser importante", reconoció la responsable
de Instituciones Penitenciarias.
Gallizo, que vino a Zaragoza a firmar un convenio para
mejorar la atención médica especializada en las cárceles de
Zuera y Daroca, subrayó que los últimos análisis de la red de
agua de la prisión, el 27 de noviembre y el 11 de enero, "han
dado resultado negativo".
SALUD DEBILITADA "Se supone que el centro, al ser nuevo, no
debería requerir esta inversión", añadió Gallizo, que dijo que
las obras empezarán "lo antes posible" y no afectarán, en
principio, a las zonas donde residen los internos. "Hay que
tener en cuenta que la población penitenciaria tiene una salud
debilitada, por lo que un brote de legionelosis le afecta en
mucho mayor medida que al resto de la sociedad", explicó
Por el momento, antes del inicio de las obras
estructurales, la prisión ha sido objeto de varias mejoras,
entre ellas la instalación de 400 válvulas termoestáticas y
filtros antirretorno. Además, se ha llevado a cabo la limpieza
y desinfección de todas las tuberías y se han sustituido las
alcachofas de las duchas.
Las obras, que no estaban presupuestadas, se encuentran en
la fase de redacción del proyecto, pero han de pasar la
tramitación administrativa antes de ponerse en marcha.
La cárcel de Zuera, con una población reclusa de 1.600
personas, sufrió el último brote de legionelosis el pasado 23
de enero, cuando falleció un recluso que había sido trasladado
al hospital Miguel Servet para ser atendido de una infección
por la bacteria detectada el 18 del mismo mes. El afectado, de
56 años y nacionalidad marroquí, cumplía condena por tráfico
de drogas.
El 28 de enero, el Gobierno de Aragón confirmó la
existencia de un segundo caso que fue detectado el día 20 del
mismo mes. El tercer caso fue confirmado el 31 de enero y
afectó a un preso de 69 años. |
11/02/2006
VER
NOTICIA |
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La cárcel de Logroño contará con un nuevo
taller laboral y se invertirán 700.000
euros en renovar las cubiertas
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14-02-06
Mercedes Gallizo acudió hoy a la cárcel de Logroño dentro
del recorrido que está realizando por los 66 centros
dependientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, para conocer, de primera mano, la realidad
penitenciaria. En el caso de Logroño, la primera impresión
de la directora general fue que el lugar "tiene muchas cosas
mejorables".
Se trata de un centro penitenciario cuya construcción data
del año 1985 y que alberga 370 reclusos, cuando, según la
propia directora 
general, lo ideal sería que contase con un número "por
debajo de los trescientos". Tras recorrer sus instalaciones,
Gallizo se comprometió con el director del centro, según
explicó después a los medios, en "hacer el esfuerzo de
habilitar un campo de fútbol que está en desuso para
construir un taller productivo".
Gallizo señaló que las infraestructuras penitenciarias de
este país, también las de La Rioja, "envejecen mal,
seguramente porque estaban pensadas para un sistema que no
es con el que queremos trabajar en el siglo XXI, basado en
unos parámetros de calidad tanto para el trabajo de los
funcionarios como para la vida de los internos".
Por eso, dijo, los centros "se han quedado obsoletos en
muchas cuestiones; hay pocos espacios para actividades de
tratamiento, ocupacionales, formativas y, sobre todo,
laborales". En el caso de La Rioja esto se comenzará a
arreglar con la construcción de este taller, que
"proporcionará ingresos a las personas que se encuentran
reclusas".
Destacó, además, que, de este modo, "se introducen elementos
educativos y formativos en una población que, muchas veces,
procede de medios marginales, y no con muchos hábitos de
trabajo". Con estos talleres, dijo, se aprovecha el tiempo
de estancia en la cárcel para "introducirse en una
disciplina de trabajo; lo que es, también, una forma de
educarse". A la vez que "se aumenta la seguridad, porque se
evita que se reincida".
Gallizo valoró los tratamientos de drogodependencias que se
desarrollan en la cárcel de Logroño, así como "el esfuerzo
educativo que se está haciendo con el apoyo de la Consejería
de Educación". En su primera visita a Logroño, además,
calificó como "muy buena" la atención sanitaria que se
recibe, "que se ayuda a superar sus patologías, muchas
asociadas al consumo de drogas".
Frente a esto, añadió, "el tema que tenemos que reforzar es
el laboral, además de mejorar las condiciones de
habitabilidad del centro". En este sentido, anunció que se
está procediendo a la renovación de las cubiertas.
Una obra, explicó, que afecta a los tejados del centro, "que
están en muy mal estado" y en la que se van invertir 700.000
euros. Señaló que "es una obra importante, de gran calado,
aunque no sea de lo que más se ve". A este respecto, no
obstante, aseguró haber percibido "un esfuerzo por el
cuidado de las instalaciones y mejorar con recursos propios
lo que se ha podido".
Destacó, asimismo, que en el centro de Logroño se ha
producido, en el último año y medio, "un cambio", ya que,
desde entonces, "se da importancia a las actividades de
tratamiento, con la colaboración de distintas asociaciones".
En cuanto a la población reclusa en Logroño subrayó que, de
los 370, 44 están en tercer grado y, de estos, quince están
con medios telemáticos, algo que consideró "importante
porque hace año y medio a penas había dos y se trata de algo
que permite cumplir una parte de la privación de libertad en
el domicilio, manteniendo el trabajo y la familia".
Preguntada acerca de si está prevista la contratación de
mayor personal técnico afirmó que ésta es "la zozobra
permanente de esta institución porque se ha incrementado la
población reclusa, y no tanto el número de funcionarios".
Consideró que el número "siempre será insuficiente para las
tareas que se quieren abordar", por lo que consideró
"imprescindible el apoyo de la sociedad".
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14-02-06
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Se ha estimado que el
coste será de 55.800 euros para el año 2006
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Zaragoza,
La consejera de Salud y Consumo, Luisa María
Noeno, ha rubricado el acuerdo de colaboración
suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio
del Interior para mejorar la atención sanitaria
especializada de la población internada en los
centros penitenciarios de Daroca y Zuera. Al acto ha
asistido la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
Luisa María Noeno ha explicado que, en tanto no se
lleve a efecto la transferencia de las competencias
de salud penitenciaria a la comunidad autónoma, el
convenio refleja la voluntad de ambas
administraciones públicas por mejorar las
prestaciones en salud de la población reclusa,
"asegurando la atención especializada en el interior
de los centros penitenciarios para las demandas más
prevalentes incluidas entre las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud".
El convenio, fruto del Protocolo de Intenciones en
Materia Sanitaria suscrito en septiembre de 2004
entre la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y el Departamento de Salud y Consumo,
se concreta tanto en la habilitación en los centros
penitenciarios de Daroca y Zuera de consultas de
especialidades como en el área de diagnóstico y
protección radiológicas. Los objetivos son facilitar
el acceso de la población penitenciaria a los
recursos de salud y mejorar la coordinación entre
las Administraciones estatal y autónoma en esta área
tan esencial. Así, se gestionarán las consultas
hospitalarias a través de las unidades pertinentes,
de modo que se establecen horarios de consulta y se
garantiza el desplazamiento de los facultativos
especialistas a los centros penitenciarios.
En concreto, en la prisión de Zuera el acuerdo se
aplicará en las especialidades de Medicina Interna,
con 8 horas de consulta a la semana; Traumatología,
con 4 horas semanales; Psiquiatría, con 8 horas de
consulta a la semana y Ginecología, con 4 horas cada
15 días. En Daroca la oferta incluye Medicina
Interna, con 4 horas semanales; Traumatología, con 4
horas cada 15 días y Psiquiatría, con 4 horas
semanales. En ambos casos, Medicina Interna
comprende las especialidades de Enfermedades
infecciosas (que representan el 65% de pacientes),
Digestivo (un 9% de pacientes), Endocrinología (con
un 6%) y Cardiología (otro 6%).
En cuanto a las actividades de diagnóstico y
protección radiológicas, el acuerdo significa la
vinculación a un servicio hospitalario de referencia
de los equipos de Radiodiagnóstico de los centros
penitenciarios de Daroca y Zuera, lo que supondrá la
colaboración en materia de diagnóstico, así como en
el diseño e implantación del programa de garantía de
calidad y de asesoramiento específico de protección
radiológica del área de radiodiagnóstico de los
centros penitenciarios. En Zuera habrá técnico de
Radiología 8 horas por semana, y en Daroca 4 horas
semanales. El pasado año las salidas a consultas
hospitalarias de pacientes internos en estos centros
superaron las 3.000 (741 de Daroca y 2.089 de Zuera).
Además, cada año, alrededor de 500 reclusos son
ingresados en hospitales del SALUD. La valoración de
la contraprestación económica que Instituciones
Penitenciarias abonará al SALUD, en concepto de
asistencia sanitaria especializada en el interior de
los centros, se ha estimado en 55.800 euros para el
año 2006. |
15/2/06
Instituciones
Penitenciarias teme que en unos meses haya que
hacinar hasta a cuatro presos por celda cuando
fueron diseñadas para una persona y tienen menos de
doce metros cuadrados
El ochenta por ciento de
las celdas del centro penitenciario de Sangonera
albergan a tres reclusos, cuando fueron diseñadas
para uno. El número de internos el lunes era de 906,
lo que supone un nuevo récord, aunque este año ha
habido puntas de hasta 920 reclusos, y pone a la
prisión al borde del colapso.
Además, fuentes penitenciarias insisten en que la
situación no tiene pinta de mejorar, ya que a pesar
de los traslados masivos a otros centros de toda
España y la medidas impulsadas por la dirección
general de Instituciones Penitenciarias de dotar a
presos de tercer grados con pulseras de control
telemático -lo que supone que 40 presos no tienen
que pernoctar en prisión- son del todo insuficientes
y a mediados de año se podría llegar a los 950
presos. De alcanzar esta cifra, la cárcel se
colapsaría porque se llegaría a tener que hacinar
hasta cuatro reclusos en un habitáculo de no más de
doce metros cuadrados, algo practicamente imposible.
La cárcel murciana ya no da más de sí y tiene la
tasa de sobreocupación más alta de España, haciendo
la situación insostenible al tener que soportar un
situación "roza los derechos humanos básicos" y
convirtiendo al centro en una auténtica "bomba de
relojería" que puede estar apunto de estallar, según
indicaron fuentes sindicales.
Si la situación era insostenible cuando se marcaban
máximos de 800 reclusos, ahora es peor. Alrededor de
25 funcionarios velan por la seguridad y la
convivencia en el centro durante la mañana y la
tarde, mientras que de noche sólo 10 están para
atender cualquier incidente que pueda surgir entre
los más de 900 reclusos. Las mismas fuentes
puntualizaron que de ocurrir un incidente sería muy
difícil responder y controlar la situación, a lo que
hay que añadir que muchos de los reclusos están en
tratamiento psiquiátricos debido a las secuelas que
les ha dejado el consumo de estupefacientes.
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15/02/2006
| El Centro
Penitenciario de Logroño cuenta con una población
reclusa de unas 370 personas de los que 44 gozan del
tercer grado, quince de ellos con medios telemáticos
para su control, de manera que pueden mantener su
trabajo y sus familias. Así lo destacó ayer la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo. |
La
responsable de las prisiones del Estado afirmó que
«el número ideal estaría por debajo de los
trescientos» y reconoció que «tenemos una cierta
sobreocupación, que no es muy intensa. Esto es así y
no podemos evitarlo».
En sus declaraciones, Gallizo comentó que todas las
prisiones padecen este problema de «sobreocupación»
y que para solucionarlo el Consejo de Ministros
aprobó recientemente «un ambiciosísimo plan de
nuevas infraestructuras» para construir once nuevos
centros penitenciarios (además otros cuatro en
construcción) y treinta centros de inserción social
y así solucionar «el problema tan importante que
tenemos en estos momentos para el cual ha habido una
escasa previsión de años anteriores».
Término medio
La directora general de Instituciones Penitenciarias
afirmó que la prisión de Logroño se encuentra en un
término medio en cuanto a su estado en relación al
resto de centros españoles y que su mayor ventaja es
la cercanía entre los reclusos y funcionarios. «No
es de los que están peor ni es desde luego de los
que están mejor, porque los que están mejor son los
nuevos y este no lo es; creo tiene muchas cosas
mejorables».
Gallizo también afirmó que son «perfectamente
conscientes» de la falta de personal para trabajar
en la rehabilitación e inserción de los presos y que
la oferta de empleo público va intentar solucionar
este problema en lo que pueda. La plantilla re
trabajadores no llega a los doscientos,
concretamente 188. |
Martes, 14 de febrero de 2006
| Los sindicatos piden a
Instituciones Penitenciarias el traslado de 70 presos de
peligrosidad extrema que están internos en el centro de
El Acebuche |
El
delegado de Gobierno en Andalucía, Juan José López
Garzón, atribuyó ayer la situación de masificación
en la que se encuentran la mayor parte de las
instituciones penitenciarias andaluzas a una
inversión «muy pequeña y en continua disminución» de
las dos anteriores legislaturas.
En declaraciones a los periodistas, López Garzón
manifestó que una «posible solución» sería la ya
puesta en marcha por el Gobierno, la de «tomar todas
las decisiones para construir nuevas prisiones y
poder dar respuesta a esta situación».
La masificación, que ha dado lugar a que centros
concretos como la cárcel Sevilla II deban destinar a
los presos que les van llegando a otras provincias,
«no se puede corregir de inmediato». En este
sentido, el delegado comparó la situación al intento
de consecución de que las plantillas policiales
cubran unos cupos razonables de seguridad.
«Por mucho esfuerzo que se haga eso no es inmediato
-continuó López Garzón-, y en la misma situación se
encuentra la infraestructura penitenciaria». Al
respecto, el delegado concluyó diciendo que los
proyectos están en marcha, y la construcción de
algunas de ellas incluso está comenzando, «pero
entre tanto debe hacerse una redistribución de
internos para tratar de resolver ese problema».
Sobre el tema también se pronunció ayer el
presidente de CSI-CSIF en Almería, Francisco
Iglesias da Silva, que anunció que se ha acordado,
junto con los sindicatos Acaip, CC.OO. y UGT,
pedir a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior el
traslado de los 70 presos de peligrosidad extrema
que están internos en el centro penitenciario El
Acebuche, tras los acontecimientos de las últimas
semanas en los que varios funcionarios sufrieron
intentos de agresión.
En declaraciones a Europa Press, el responsable
sindical avanzó asimismo que hoy y todos los martes
entre las 11.00 y las 11.20 horas habrá paros en la
prisión almeriense para reivindicar esta solución,
además de una recogida de firmas entre los
funcionarios.
centros que tengan seguridad
En de Iglesias opinión, los internos que presentan
peligrosidad extrema, unos 70 en El Acebuche, «han
de ser trasladados a otros centros que reúnan las
condiciones», ya que recordó que la de Almería era
una prisión de «máxima seguridad» en el año 1986
«pero no hoy» ya que «por su configuración no puede
albergar a internos de este tipo».
Además, tal solución contribuiría a descongestionar
la prisión ya que «una vez vaciados los módulos
ocho, nueve y once se podría distribuir al resto en
estos departamentos» e insistió en que, dadas las
características actuales del centro, «es imposible
garantizar la vida de los funcionarios y de los
internos». |
Martes, 14 de febrero de 2006
| Mercedes Gallizo
acudió hoy a la cárcel de Logroño dentro del recorrido
que está realizando por los 66 centros de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para conocer la
realidad penitenciaria |
El
Centro Penitenciario de Logroño contará con un
taller laboral nuevo para incrementar el número de
puestos de trabajo de la población reclusa, según
anunció hoy en el propio centro la directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
Además, adelantó que se invertirán 700.000 euros en
renovar las cubiertas.
EUROPA PRESS. /LOGROÑO
 Mercedes
Gallizo acudió hoy a la cárcel de Logroño dentro del
recorrido que está realizando por los 66 centros
dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, para conocer, de
primera mano, la realidad penitenciaria. En el caso
de Logroño, la primera impresión de la directora
general fue que el lugar "tiene muchas cosas
mejorables".
Se trata de un centro penitenciario cuya
construcción data del año 1985 y que alberga 370
reclusos, cuando, según la propia directora general,
lo ideal sería que contase con un número "por debajo
de los trescientos". Tras recorrer sus
instalaciones, Gallizo se comprometió con el
director del centro, según explicó después a los
medios, en "hacer el esfuerzo de habilitar un campo
de fútbol que está en desuso para construir un
taller productivo".
Gallizo señaló que las infraestructuras
penitenciarias de este país, también las de La
Rioja, "envejecen mal, seguramente porque estaban
pensadas para un sistema que no es con el que
queremos trabajar en el siglo XXI, basado en unos
parámetros de calidad tanto para el trabajo de los
funcionarios como para la vida de los internos".
Por eso, dijo, los centros "se han quedado obsoletos
en muchas cuestiones; hay pocos espacios para
actividades de tratamiento, ocupacionales,
formativas y, sobre todo, laborales". En el caso de
La Rioja esto se comenzará a arreglar con la
construcción de este taller, que "proporcionará
ingresos a las personas que se encuentran reclusas".
Destacó, además, que, de este modo, "se introducen
elementos educativos y formativos en una población
que, muchas veces, procede de medios marginales, y
no con muchos hábitos de trabajo". Con estos
talleres, dijo, se aprovecha el tiempo de estancia
en la cárcel para "introducirse en una disciplina de
trabajo; lo que es, también, una forma de educarse".
A la vez que "se aumenta la seguridad, porque se
evita que se reincida".
Gallizo valoró los tratamientos de drogodependencias
que se desarrollan en la cárcel de Logroño, así como
"el esfuerzo educativo que se está haciendo con el
apoyo de la Consejería de Educación". En su primera
visita a Logroño, además, calificó como "muy buena"
la atención sanitaria que se recibe, "que se ayuda a
superar sus patologías, muchas asociadas al consumo
de drogas".
Frente a esto, añadió, "el tema que tenemos que
reforzar es el laboral, además de mejorar las
condiciones de habitabilidad del centro". En este
sentido, anunció que se está procediendo a la
renovación de las cubiertas.
Una obra, explicó, que afecta a los tejados del
centro, "que están en muy mal estado" y en la que se
van invertir 700.000 euros. Señaló que "es una obra
importante, de gran calado, aunque no sea de lo que
más se ve". A este respecto, no obstante, aseguró
haber percibido "un esfuerzo por el cuidado de las
instalaciones y mejorar con recursos propios lo que
se ha podido".
Destacó, asimismo, que en el centro de Logroño se ha
producido, en el último año y medio, "un cambio", ya
que, desde entonces, "se da importancia a las
actividades de tratamiento, con la colaboración de
distintas asociaciones".
En cuanto a la población reclusa en Logroño subrayó
que, de los 370, 44 están en tercer grado y, de
estos, quince están con medios telemáticos, algo que
consideró "importante porque hace año y medio a
penas había dos y se trata de algo que permite
cumplir una parte de la privación de libertad en el
domicilio, manteniendo el trabajo y la familia".
Preguntada acerca de si está prevista la
contratación de mayor personal técnico afirmó que
ésta es "la zozobra permanente de esta institución
porque se ha incrementado la población reclusa, y no
tanto el número de funcionarios". Consideró que el
número "siempre será insuficiente para las tareas
que se quieren abordar", por lo que consideró
"imprescindible el apoyo de la sociedad". |
Miércoles, 15 de febrero de 2006
| La directora de
Instituciones Penitenciarias afirma que el Gobierno
quiere ampliar la oferta ocupacional en la prisión La
responsable estatal adelanta que se invertirán 700.000
euros en la renovación de cubiertas deterioradas |
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, anunció ayer en su visita al
Centro Penitenciario de Logroño la construcción de
un taller en los terrenos del campo de fútbol de la
prisión, que está en desuso, para que pueda
participar «más gente» en las actividades
ocupacionales del recinto. Gallizo avanzó también
que la renovación de las cubiertas de la prisión
supondrá unos 700.000 euros de inversión.
J. I. GASCO./LOGROÑO
 La
responsable de Instituciones Penitenciarias giró
ayer su primera visita oficial al recinto
penitenciario de Logroño, dentro de la ronda que le
llevará por todos los centros del país.
Gallizo recordó que el centro penitenciario de
Logroño tiene ya algunos años -data de 1985- y
apuntó que las infraestructuras «envejecen mal,
seguramente porque están mal hechas y pensadas para
un sistema penitenciario que no es el sistema con el
que que tenemos que trabajar en el siglo XXI».
Centro envejecido
La responsable de los penales del Estado aseguró que
el centro de reclusión está «envejecido» y «se ha
quedado muy obsoleto en muchas cuestiones». Entre
otras cosas, apuntó que «hay pocos espacios para
actividades de tratamiento, ocupacionales,
formativas y laborales, principalmente. Esta es una
de las carencias principales que tiene este centro».
Más adelante, se refirió a los proyectos que se
llevarán a cabo en la prisión y destacó que «vamos a
hacer el esfuerzo de transformar un campo de fútbol
que está en desuso, que es un pedregal, para hacer
un taller productivo» y para «conseguir que una
parte más amplia de la población interna pueda tener
su trabajo y podamos incrementar los puestos de
trabajo de la población reclusa, que es uno de
nuestros objetivos más importantes». El nuevo
pabellón permitiría que más presos se puedan
incorporar a las labores del recinto. Desde la
prisión de Logroño se estima que el tejido
productivo de La Rioja permitirá encontrar empresas
que deriven hacia ellos una parte de su carga de
trabajo..
En referencia a los trabajos que se llevan a cabo en
la actualidad con la renovación de las cubiertas,
dijo que «es una obra de gran calado e
imprescindible que afecta a los tejados de la
prisión, que está en muy mal estado y es una obra
muy importante, en la que se van a invertir
alrededor de 700.000 euros».
Asimismo, la directora de Instituciones
Penitenciarias destacó las mejoras realizadas en la
enfermería de la prisión, en la que «ha habido este
año una gran inversión en materiales nuevos». |
16/02/2006
|
Interior reconoce que en las cárceles hay más de 700
discapacitados «Están mejor que en la calle», dice la
directora de Instituciones Penitenciarias
|
La
prisión asturiana de Villabona, que es una de las
cuatro que cuenta con un módulo específico para
discap acitados
psíquicos, tiene 108 internos de este tipo, el mayor
número de las cárceles españolas. Interior reconoce
que en las prisiones hay más de 700 internos
discapacitados psíquicos.
Según el artículo 20 del Código Penal, «está exento
de responsabilidad criminal el que al tiempo de
cometer la infracción penal, a causa de cualquier
anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender
la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión». Los más de setecientos presos
discapacitados psíquicos quen hay en España lo son
porque padecían la enfermedad en el momento de
cometer el delito por el que han sido condenados, o
por una situación sobrevenida dentro de prisión.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció ayer el
problema en una conversación con este periódico: «Es
improcedente que un discapacitado psíquico esté en
un centro penitenciario. No es un lugar para ellos,
es un mundo muy duro: al discapacitado se lo comen
en tres ratos». Y añade: «Evidentemente, nos
esforzamos por abordar el problema, no podemos
cerrar los ojos». ¿Cuál es la solución? Cree que,
primero, «la sociedad debe ser consciente de que hay
que tener medios, centros de día y centros de
estancia permanente».
Medidas de seguridad
Mercedes Gallizo se refiere a que «las comunidades
autónomas cerraron los psiquiátricos, y los
discapacitados psíquicos están en la calle hasta que
montan una gorda. No hay un sitio dónde mandarles.
Desde luego, el lugar para estas personas no es un
centro penitenciario, pero están mejor atendidos y
cuidados que en la calle». Instituciones
Penitenciarias está «muy sensibilizada y muy
preocupada», pero recuerda también que «es un
problema de salud pública, no sólo nuestro, porque
en la prisión están un tiempo determinado, pero
luego deben reintegrarse en la sociedad».
En las cárceles españolas viven más de setecientos
discapacitados psíquicos, según los datos que maneja
el Gobierno, algunos incluso con una discapacidad
del 98%. Su sitio no es la prisión, incluso existen
sentencias que no se cumplen -en las cuales se les
impone medidas de seguridad como su internamiento en
un centro psiquiátrico- o se cumplen con meses de
retraso.
Un discapacitado psíquico puede pasarse meses en una
enfermería de una prisión cualquiera, a cargo
simplemente de un preso de confianza, y convivir
cada día con los demás reclusos. Un discapacitado
psíquico, por ejemplo, condenado por asesinato. Eso
sí, los establecimientos penitenciarios cuentan «con
un equipo sanitario de atención primaria que estará
integrado, al menos, por un médico general, un
diplomado en enfermería y un auxiliar de
enfermería». Según el artículo 209 del Reglamento
Penitenciario, «se contará igualmente, de forma
periódica, con un psiquiatra».
Ciertos reproches se vislumbran tanto hacia la
ausencia de psiquiátricos en España por voluntad
política, como hacia ciertas decisiones judiciales.
«El discapacitado psíquico que está en la cárcel, lo
está porque el juez le ha mandado a pesar de todo»,
explica Instituciones Penitenciarias. ¿Y como viven
en prisión? «Están controlados, pueden pasar cosas,
pero están controlados». O dicho en lenguaje
sanitario: «Están médicamente compensados». Según el
artículo 37 de la Ley General Penitenciaria, «todos
los establecimientos estarán dotados de una
dependencia destinada a la observación
psiquiátrica». En cualquier centro, esa dependencia
suele acabar siendo la enfermería, aunque existen
excepciones, ya que «en Segovia, Burgos, Villabona
(Asturias) y Albolote (Granada), existen ya módulos
específicos para discapacitados psíquicos».
Un funcionario de prisiones incide en que «la mejor
medida de seguridad sería el internamiento del preso
en un centro psiquiátrico, pero esos lugares se han
ido cerrando». |
16/02/2006
| Los
internos escalaron desde el patio del Modulo 4 hasta una
terraza y llegaron a saltar al pasillo de seguridad,
donde fueron detenidos antes de que llegaran al
exterior. |
Dos
internos de primer grado recluidos en el módulo de
presos peligrosos de Fontcalent -Antonio T.R. y José
María M.M.- fueron detenidos ayer tarde cuando
intentaban fugarse del centro penitenciario con la
ayuda de unas sábanas. La fuga fue frustrada por los
funcionarios de la prisión y por los agentes de la
Guardia Civil, según confirmaron fuentes
penitenciarias. Los dos presos sufrieron cortes con
los alambres de seguridad que hay en los muros y
ahora se investiga si otros internos les ayudaron en
el intento de fuga.
La fuga frustrada se produjo minutos antes de las
cuatro de la tarde cuando una docena de presos de
primer grado estaba en la hora de paseo en el patio
del Módulo 4. De forma repentina escalaron por la
pared hasta una terraza con la ayuda de sus manos y
unas sábanas. Superaron las ventanas de las dos
plantas, unos seis metros de altura en total, y una
vez arriba sortearon la concertina de seguridad.
Tras rebasar los alambres cayeron al pasillo de
seguridad que hay antes del muro que da al exterior,
pero en esos momentos los funcionarios del Módulo 4
ya habían dado la alarma de fuga y varios
trabajadores y guardias civiles salieron a su
encuentro por ambos lados del perímetro de
seguridad, por lo que pudieron capturarlos sin que
opusieran resistencia.
Los dos internos pensaban utilizar a continuación
las sábanas para saltar al exterior a través de la
ya famosa garita de vigilancia del Módulo 4 que no
está cubierta por la Guardia Civil desde hace muchos
años al estimar que no es necesario.
Uno de los presos es preventivo y el otro está
penado. Ambos son españoles y están catalogados como
primeros grados por ser «muy conflictivos en
prisión», según indicaron fuentes penitenciarias.
Tras ser capturados los dos reclusos fueron
trasladados a la enfermería de la prisión de
Fontcalent para ser atendidos de los cortes y estaba
previsto su aislamiento posterior.
Instituciones Penitenciarias abrirá, como suele
ocurrir en estos casos, un expediente reservados en
relación a la evasión frustrada. Los funcionarios ya
abortaron otro intento de fuga en enero de 2003 en
el mismo módulo.
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16/02/2006
|
Instituciones Penitenciarias reconoce que «es
improcedente», pero afirma que en prisión « están
mejor que en la calle» Esquizofrénicos u
oligrofrénicos se mezclan a diario con reos comunes
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Según
el artículo 20 del Código Penal, «está exento de
responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer
la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud
del hecho o actuar conforme a esa comprensión». En
España, al
 menos
700 presos son discapacitados psíquicos, ya sea que
padecieran la enfermedad en el momento de cometer el
delito por el que han sido condenados, ya por una
situación sobrevenida dentro de prisión.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció ayer el
problema: «Es improcedente que un discapacitado
psíquico esté en un centro penitenciario. No es un
lugar para ellos, es un mundo muy duro: al
discapacitado se lo comen en tres ratos». Y añade:
«Evidentemente, nos esforzamos por abordar el
problema, no podemos cerrar los ojos». ¿Cuál es la
solución? Cree que, primero, «la sociedad debe ser
consciente de que hay que tener medios, centros de
día y centros de estancia permanente».
Mercedes Gallizo se refiere a que «las comunidades
autónomas cerraron los psiquiátricos, y los
discapacitados psíquicos están en la calle. No hay
un sitio dónde mandarles. Desde luego, el lugar para
estas personas no es un centro penitenciario, pero
están mejor atendidos y cuidados que en la calle».
En las cárceles españolas viven más de 700
discapacitados psíquicos, según los datos que maneja
el Gobierno, algunos incluso con una discapacidad
del 98 por ciento. Su sitio no es la prisión,
incluso hay sentencias que no se cumplen -en las
cuales se les impone medidas de seguridad como su
internamiento en un centro psiquiátrico--o se
cumplen con meses de retraso.
En Sevilla y Alicante
Instituciones Penitenciarias sólo cuenta con dos
centros penitenciarios psiquiátricos (Sevilla y
Alicante). «Desde hace diez años son de forma
exclusiva para inimputables», explican fuentes de
Interior. Según el artículo 37 de la Ley General
Penitenciaria, «todos los establecimientos estarán
dotados de una dependencia destinada a la
observación psiquiátrica». En cualquier centro, esa
dependencia suele acabar siendo la enfermería,
aunque existen excepciones, ya que «en Segovia,
Burgos, Villabona (Asturias) y Albolote (Granada),
existen ya módulos específicos para discapacitados
psíquicos».
La Fiscalía General del Estado es consciente de este
asunto desde hace año y considera que «la situación
del enfermo mental en prisión es uno de los
problemas más graves con los que se enfrenta el
sistema penitenciario español».
La esquizofrenia conduce, en los casos graves, a una
demencia incurable. La oligofrenia, en sí misma, es
una deficiencia mental. Aquél con brotes psicóticos
es el que padece delirios y alucinaciones. También
existen en las cárceles presos con trastornos de la
personalidad y algunos pueden convivir juntos, cama
con cama, en cualquier enfermería de cualquier
prisión.
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16/02/2006
| Xabier Gallaga se
sentará hoy en el banquillo para responder del atentado
contra un autobús militar en Córdoba, en el que otras 4
personas resultaron heridas |
CÓRDOBA.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional juzgará hoy al etarra Xabier
Gallaga Ruiz por su presunta participación en un
atentado perpetrado el 20 de mayo de 1996 contra un
autobús militar en Córdoba. El fiscal pide que sea
condenado a un total de 367 años y 3 meses de
cárcel.
Según el escrito de conclusiones provisionales, la
Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado
que en abril de 1996 Gallaga se incorporó al
denominado «Comando Andalucía» de ETA, integrado por
Mikel Azurmendi Peñagaricano, Maite Pedrosa
Barrenechea y Asier Ormazábal, ya condenados por
estos hechos.
Gallaga Ruiz se habría encargado de transportar
desde Madrid el material necesario para los actos
terroristas del comando.
Contra un autobús militar
Según el fiscal, Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa y
Asier Ormazábal prepararon tres bombas que colocaron
en dos coches y en un cubo de basura de la calle
donde a diario pasaba el autobús militar contra el
que iban a atentar.
En la mañana del 20 de mayo del año 1996, cuando el
autobús elegido, que llevaba al menos 20 pasajeros,
apareció en la calle, los terroristas accionaron los
tres explosivos, pero sólo estalló el que estaba en
el cubo de basura.
La deflagración de la bomba acabó con la vida del
sargento del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón
Díaz-González e hirió a otras cuatro personas.
Para el Ministerio Público, los hechos descritos son
constitutivos de un delito de atentado, 24 de
asesinato en grado de tentativa y otro de estragos,
por lo que procede imponer a Gallaga un total de 367
años y 3 meses de prisión.
Xabier Gallaga ya fue condenado por la Audiencia
Nacional, el pasado mes de junio de 2005, a una pena
de 18 años de prisión por la colocación de bombas en
la vía del AVE y en una subestación eléctrica de
Santiponce, en Sevilla.
La Audiencia Nacional también le impuso otros 18
años de prisión por intentar asesinar a un
funcionario de prisiones en 1997 en Granada.
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16/02/2006
|
La iniciativa, becada con seis
euros por día de trabajo, persigue la reinserción
laboral de reclusos con problemas de drogadicción
|
granada.
Un grupo de 12 reclusos de la prisión de Albolote
con problemas de drogodependencia se formarán en un
taller de pintura de edificios, y realizarán sus
prácticas en la propia prisión, como vía futura de
inserción en el mundo laboral, algo que consiguen
más del 35 por ciento de ellos, y también
terapéutica contra su adicción. El curso, impulsado
por la Diputación de Granada, la Junta y la
Fundación Andaluza contra las Drogodependencias,
tendrá una duración de 334 horas, por lo que se
prolongará hasta el próximo 16 de junio, período
durante el cual, y como novedad, los participantes
en el mismo percibirán una beca de seis euros al
día.
Se trata de una "pequeña ayuda" económica que
sufragarán a partes iguales la Diputación y la
Fundación Andaluza contra las Drogodependencias,
colectivo que aportará también el monitor del curso,
el material necesario y parte del personal técnico.
El de Albolote es el segundo centro penitenciario de
Andalucía, junto al de Algeciras (Cádiz), en el que
un curso de la Fundación andaluza va dirigido a
internos, explicó el director de la prisión, Naúm
Álvarez, quien precisó que este programa de
formación en pintura de edificios no sólo busca la
inserción laboral de los presos una vez cumplan
condena, sino que incluye una vertiente terapéutica
en la lucha contra su adicción.
El curso empezó ayer con un presupuesto de 4.800
euros e incluye formación teórica y práctica,
consistente esta última en pintar dependencias de la
cárcel para aprovechar así su aplicación. Otros
cursos novedosos que se impartirán este año en la
prisión de Albolote son uno de monitor deportivo y
otro de socorrista acuático, al contar el centro
penitenciario con una piscina. Aproximadamente un 35
ó 36 por ciento de las personas que realizan este
tipo de cursos formativos acaban encontrando
trabajo. |
16/02/2006
Duro
golpe para el país que presume de ser la patria de
los "derechos del hombre". El Consejo de Europa ha
presentado hoy el informe que demuestra que Francia
tiene aún mucho que avanzar en ese terreno. En el
estudio, el comisario para lo s
derechos humanos, Alvaro Gil Robles, denuncia las
condiciones en las que viven los presos en las
cárceles francesas que rozan, según asegura, "los
límites de la dignidad humana". Hacinamiento,
ausencia de higiene, escasas instalaciones
sanitarias. Todo ello, para Gil Robles, tira por
tierra cualquier política de reinserción.
El gobierno francés ha reaccionado a través de su
ministro de Justicia. Pascal Clément ha recordado el
programa aprobado por el ejecutivo con el que se
crean más de 13.300 nuevas plazas en las prisiones
del país.
Condiciones deplorables también en algunas
comisarías francesas donde los detenidos han de
dormir en el suelo por la falta de camas y donde el
tiempo de internamiento en centros de corta estancia
puede alargarse excesivamente. El texto denuncia
además la impunidad de las autoridades ante casos de
violencia y brutalidad policial. El informe del
Consejo de Europa critica duramente la falta de
medios de la Justicia francesa y exige una reforma
urgente.
Por último en el capítulo del trato a los
extranjeros que llegan a Francia, se expone la falta
de intérpretes y las traducciones erróneas de
documentos oficiales así como las precarias
condiciones de alojamiento de algunos demandantes de
asilo.
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17/02/2006
Funcionarios
de la prisión de Fontcalen t
y agentes de la Guardia Civil frustraron el
miércoles por la tarde el intento de fuga de dos
presos de primer grado que trataron de escapar
utilizando una sábana hecha jirones y saltando desde
una ventana y una alambrada a la zona de seguridad
que hay entre dos módulos. Ambos, catalogados como
peligrosos, han sido aislados tras pasar por la
enfermería para curarles varios cortes sufridos. Al
menos uno de ellos tenía antecedentes por tentativas
de fuga similares, de acuerdo con las fuentes
consultadas.
Según explicó el director de la prisión, Jaime
Hernández, los hechos ocurrieron alrededor de las
15.55 horas, momento en el que los dos internos se
encontraban en el patio, disfrutando de su hora de
paseo. Al parecer, los dos presos, que son «bastante
conflictivos», accedieron a la terraza a través de
una ventana que hay en el patio, sortearon una
alambrada y saltaron al recinto que hay entre los
dos módulos, explicó Hernández. Cuando los
funcionarios y los agentes de la Guardia Civil
vieron que salían por la ventana, se dirigieron
rápidamente a la zona de seguridad, donde los
detuvieron.
En su intento por escapar, los dos internos
sufrieron heridas de carácter leve, principalmente
cortes, por los que posteriormente tuvieron que ser
atendidos en la enfermería. El director de
Fontcalent indicó que en su maniobra de fuga
utilizaron una sábana hecha jirones «que ni siquiera
estaba trenzada», sino simplemente anudada, de
manera que «era difícil que pudiera haberles
aguantado».
Por ello, apuntó que este intento de huida podría
haber sido «improvisado», y afirmó que no fue
necesaria la participación de otros internos para
acceder a la terraza porque la ventana es accesible
sin ayuda.
Los internos implicados están identificados como
Antonio T. R. y José María M.M. Ninguno de ellos
opuso resistencia a su detención cuando fueron
descubiertos. Uno de ellos está en Fontcalent en
condición de recluso preventivo, a la espera de
juicio, mientras otro cumple condena por sentencia
firme. La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias abrirá un expediente reservado, de
carácter interno, para esclarecer la evasión
frustrada y adoptar medidas preventivas adicionales.
No obstante, los funcionarios estiman que la única
solución definitiva radicaría en la demolición y
construcción de un nuevo penal.
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17/02/2006
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Interior, Justicia y Exteriores entregan al presidente
informes exhaustivos sobre la situación de los presos,
los comandos operativos o en reserva y huidos El
Ejecutivo niega que la recopilación de datos se deba a
un hipotético alto el fuego
|
El
presidente del Gobierno tiene sobre su mesa desde la
semana pasada todos los datos sobre ETA en poder de
los aparatos del Estado. José Luis Rodríguez
Zapatero ha pedido a los Ministerios de Interior,
Justicia y Exteriores informes pormenorizados y
«actualizados» sobre la situación de los presos de
la organización terrorista -condenas pendientes de
cumplir y delitos cometidos-, activistas y
colaboradores localizados en el extranjero,
capacidad operativa de los comandos que se mantienen
activos, y situación de los huidos contra los que no
hay causas pendientes, entre otros muchos aspectos.
La información reclamada es de tal volumen que La
Moncloa encargó al Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista (CNCA) «tamizar» y «sintetizar» la
nutrida documentación, que ha elaborado la más
completa radiografía posible de la banda terrorista.
Fuentes gubernamentales no quisieron dar mayor
relevancia a este hecho porque, dijeron, es normal
que el presidente del Gobierno tenga a mano los
datos más actualizados de ETA, y negaron que la
petición de información por parte de Zapatero tenga
que ver con una eventual declaración de tregua y la
apertura de un proceso de paz.
El Ejecutivo es consciente de que en una hipotética
tregua y en un proceso de diálogo con ETA, los
presos serán la primera exigencia de la organización
terroristas, pero también tiene presente las
exigencias de las víctimas que siempre han advertido
al Gobierno que no están dispuestas a aceptar un
proceso de «paz por presos», como quedó de
manifiesto en el congreso de este colectivo
celebrado el pasado lunes y martes en Valencia.
Agrupar a los presos
En esta oportunidad, el Ejecutivo medita, siempre
que se produzca el abandono definitivo de las armas,
agrupar a los miembros de ETA de acuerdo a la
gravedad de los delitos que se les imputa para
decidir qué tratamiento aplica. Para ello, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
preparado un voluminoso informe que incluye varios
estudios estadísticos sobre el número de internos
condenados por colaboración o pertenencia; los
presos preventivos; qué delitos tienen; distribución
de los internos en las cárceles; evolución de la
población penitenciaria de ETA; tiempo de condena
pendiente, acumulaciones de condena y, sobre todo,
presos ya condenados o acusados de delitos de
sangre.
De acuerdo a datos de 2005, hay 544 presos de ETA en
cárceles españolas, pero la administración
penitenciaria se niega a precisar cuántos tienen
condenas por delitos de sangre y cuántos cumplen
penas por colaboración u otros delitos menores.
Zapatero también se ha interesado por la situación
operativa de la banda. La Policía Nacional, la
Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia
han elaborado para La Moncloa informes sobre la
capacidad de los comandos de ETA y su actividad en
los últimos meses.
La policía ha informado al jefe del Ejecutivo de que
la organización terrorista, a pesar de la presión de
las fuerzas de Seguridad, tiene operativas sus
tradicionales estructuras en Vizcaya y Guipúzcoa,
amén de haber creado un activo 'grupo móvil' que
actúa en Navarra y Aragón, y otro encargado de
mantener la ofensiva en Madrid.
Las fuerzas de Seguridad, también a petición de la
Presidencia de Gobierno, han elaborado análisis
sobre la situación de los comandos en suelo francés.
La conclusión de los servicios de Información es que
la actividad en el país vecino se ha «ralentizado»,
si bien tiene capacidad para reorganizarse.
Los Ministerios del Interior y de Asuntos
Exteriores, a su vez, se encargaron de un estudio
sobre las personas de ETA y su entorno localizadas
en el extranjero. El departamento de Justicia, por
su parte, ha informado a La Moncloa de las
peticiones de extradición de detenidos etarras
pendientes de respuesta de terceros países, sobre
todo de Francia, así como euro-órdenes cursadas y
otros aspectos relacionados con la persecución legal
del terrorismo etarra en el extranjero. |
17/02/2006
|
El Centro Penitenciario de La Moraleja de Dueñas y la
Audiencia Provincial estarán conectados por el sistema
de videoconferencia para facilitar los procedimientos
penales y agilizar sus resoluciones. La utilización de
las nuevas tecnologías es constante en la
administración pública para facilitar procedimientos y
se han revelado como un instrumento válido para las
actuaciones que conllevan la necesidad de traslados y
desplazamientos.
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La
cárcel de Dueñas registró durante el pasado año 3.267
traslados de internos para llevar a cabo distintas
gestiones, como consultas médicas o solución de
problemas personales, aunque en 515 ocasiones lo
fueron específicamente para traslados a los juzgados
palentinos.
Para la Subdelegación del Gobierno, este elevado
número de traslados supone un importante coste
económico en seguridad y vigilancia, que se pretende
reducir con el funcionamiento de la videoconferencia.
Los técnicos efectuarán hoy una prueba para ver cómo
funciona el sistema de videoconferencia que conectará
a la cárcel de Dueñas con la Audiencia.
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17/02/2006
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La Audiencia rechaza la
propuesta de Idoia López Riaño, avalada por la prisión
de Picassent |
Madrid-
La etarra Idoia López Riaño, «La tigresa» o
«Margarita», no podrá descontar de su condena 45
días de prisión por asistir a clases de tai chi y de
valenciano durante el segundo trimestre de 2005. La
Audiencia Nacional confirmó ayer la decisión
adoptada el 27 de septiembre del pasado año por el
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que
denegó la redención de pena solicitada por la
terrorista, avalada además por el centro
penitenciario de Valencia (Picassent), donde se
encuentra en la actualidad la reclusa. Además de
asistir a esas clases, López Riaño sostenía su
petición en la realización de estudios
universitarios, asistencia a taller de labores y en
sus «habilidades sociolaborales, cerámica y taller
de literatura». Pero la sección primera de la Sala
de lo Penal considera que todas estas actividades,
si bien pueden tenerse en cuenta «a efectos de
redención ordinaria, no pueden considerarse como una
labor o trabajo con la excepcionalidad o la especial
laboriosidad» que la normativa exige.
Abundando en la argumentación ya desarrollada en
otras ocasiones, el tribunal mantiene que no se
puede sostener la tesis de que la reclusa «por el
mero hecho de serlo, trabaje o no trabaje, tiene
derecho a la redención vulgarmente de patio». La
Audiencia Nacional también rechaza la argumentación
de la reclusa respecto a la incompetencia del
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuya
actuación, añaden los magistrados, no debe limitarse
a «una mera aprobación de lo que la Junta
Penitenciaria (de la prisión correspondiente)
proponga, ya que el control del cumplimiento de las
penas corresponde al tribunal sentenciador». «La
tigresa» fue extraditada por Francia en mayo de 2001
y desde esa fecha ha sido condenada, entre otras
sentencias, a 1.572 años de prisión por el atentado
que, en 1986, provocó la muerte de doce guardias
civiles en la madrileña plaza de la República
Dominicana. López Riaño formaba en esa época parte
del «comando Madrid» de la banda terrorista junto a
José Ignacio de Juana Chaos y Antonio Troitiño. |
17/02/2006
Un recluso del Centro Penitenciario de Badajoz intentó
fugarse de un vehículo policial la tarde del miércoles
mientras era trasladado en un coche patrulla del
Cuerpo Nacional de Policía desde el Hospital Perpetuo
Socorro hasta la cárcel.
El preso, que tiene unos 30 años de edad, simuló
haberse tragado algo y tuvo que ser trasladado con
urgencia al centro hospitalario, donde recibió
atención médica.
Finalmente se descubrió que no había ingerido ningún
objeto extraño, por lo que fue llevado de nuevo al
coche Z para que los agentes lo condujeran a la
prisión.
La Jefatura Superior de Policía de Extremadura
confirmó ayer por la tarde que el recluso rompió un
cristal con la cabeza y consiguió salir del coche
cuando circulaba por la avenida Damián Téllez Lafuente.
Los agentes que ocupaban el vehículo detuvieron la
marcha de forma inmediata y persiguieron al fugado,
que fue detenido de nuevo y conducido a la prisión en
un coche celular del Cuerpo Nacional de Policía.
El protagonista de este intento de fuga es un vecino
de Badajoz con un amplio historia delictivo sobre el
que no pesan delitos graves.
Atención médica
En estos momentos el Servicio Extremeño de
Salud e Instituciones Penitenciarias están analizando
la posibilidad de firmar un convenio que permita a los
reclusos recibir atención sanitaria de especialistas
dentro de la propia prisión, una medida que evitaría
muchos de los traslados y, por consiguiente, reduciría
la necesidad de custodia policial.
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| Dentro de 'Noche
Cuatro' se emite 'En la cárcel. Confidencial', un
reportaje de actualidad que muestra la vida dentro de
una prisión, en concreto dentro del centro
penitenciario de Brians, situado a 40 kilómetros de
Barcelona, en el que un equipo del programa ha pasado
varios meses para recopilar las imágenes que se emitirán
a partir de las 22.40 horas |
Este
trabajo sin precedentes muestra la realidad
penitenciaria a la opinión pública a través de las
relaciones que
 se
establecen entre los internos y los funcionarios
y voluntarios que trabajan con ellos. Junto a la
experiencia directa de los presidiarios, un narrador
irá situando a cada protagonista en su entorno e irá
desgranando los datos que acercarán al espectador a
la política penitenciaria.
'En la cárcel. Confidencial' se adentra en la
intimidad de 20 internos con edades comprendidas
entre los 24 y los 50 años. Entre ellos está Olga,
una presa preventiva de 32 años a la que el programa
sigue en su primer día de cárcel. Junto a ella,
otros internos veteranos, como Pedro, preso
desde 1978 y condenado hasta 2036, o Cayetano,
un joven de 29 años que ha pasado 23 de ellos en
distintas prisiones y centros de menores.
Clara, la psiquiatra del centro, será otro de
los testimonios fundamentales del reportaje con el
de un voluntario nada anónimo: Sergi Bruguera.
El deportista, doble campeón de Roland Garros, da
clases de tenis en el penal de Brians.
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17/02/2006
TRAS
el último Consejo de Ministros, la comparecencia de
Zapatero dedicada a hablar de ETA ha hecho que toda
la atención nacional gire sobre el inminente anuncio
de un alto el fuego. El camino ha venido preparado
por encuentros en pos «de la paz», entre UGT y el
sindicato abertzale LAB, y en la preparación de un
manifiesto por mujeres del PSOE, PNV y Batasuna.
Todo está preparado para el anuncio de la tregua,
que vendrá seguida de negociaciones entre el
Gobierno y ETA, sobre presos, y por una mesa de
partidos sobre el sistema político-institucional del
País Vasco.
El proceso va a iniciarse, y por eso Zapatero ha
solicitado de los aparatos del Estado un informe
detallado sobre los presos de ETA que están en las
cárceles españolas. A ETA le ocurre lo mismo que a
esos colectivos radicales que organizan huelgas
salvajes pidiendo el oro y el moro a los
empresarios, y tras una larga lucha frustrante
prometen la paz laboral a cambio de que se readmita
a los despedidos. ETA no puede imponer ningún
derecho a la autodeterminación -eso queda para el
PNV o para el Partido Comunista de las Tierras
Vascas-, porque tiene un objetivo mucho más
perentorio: sacar a sus activistas de las cárceles.
¿Qué va a pedir Zapatero? El presidente del Gobierno
no puede aceptar como trueque la declaración de una
tregua, porque ya llevamos tres años sin atentados
mortales. Antes de acortar el tiempo de estancia en
la cárcel de cualquier terrorista hay que solicitar
que la banda dé pasos irreversibles hacia el fin de
la violencia. De treguas tácticas de ETA ya lo
sabemos todo.
A poca memoria que se tenga, cualquier podrá
recordar el final de las negociaciones de Argel, en
la década de los años 80 del siglo pasado, cuando la
alteración sintáctica de un comunicado conjunto
llevó a la banda a dar por terminadas las
conversaciones. Zapatero puede negociar el fin de
ETA, como lo intentaron González y Aznar, pero a
sabiendas de que el Gobierno parte de una posición
de fuerza objetiva. La Policía ha puesto muy fácil
las cosas al Gobierno, porque hay más de 700
terroristas en las cárceles. Zapatero debe actuar
con inteligencia: los cientos de etarras
encarcelados tienen tal «mono» de libertad que su
presión sobre los jefes de la banda será
irresistible. |
18/02/2006
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El PP considera imprescindible la transferencia de la
sanidad penitenciaria a las autonomías, «y éstas no
están encantadas, pero es un proceso inevitable»
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MADRID.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ha elaborado un programa de intervención que aborda
el grave problema de los internos con discapacidades
físicas y psíquicas en las cárceles españolas, cerca
de tres mil reclusos si tenemos en cuenta a los
inimputables (persona eximida de responsabilidad
penal por no poder comprender la ilicitud de un
hecho punible). A estos últimos se les ha impuesto
una medida de seguridad que cumplen en un centro
psiquiátrico penitenciario: el de Alicante o el de
Sevilla, no hay más.
Uno de los objetivos de ese programa es definir «los
casos susceptibles de derivación a dispositivos no
penitenciarios». Y, entre las medidas de tipo
jurídico que valora, incluye «las alternativas
posibles al cumplimiento de la pena» y las
posibilidades de aplicación del Código Penal en lo
que se refiere a las «formas sustitutivas de la
ejecución de las penas privativas de la libertad y
de la libertad condicional».
Instituciones Penitenciarias confirmó el pasado
miércoles a ABC que más de setecientos condenados
que penan en cárceles españolas están valorados como
discapacitados psíquicos. En esa conversación, la
directora general de prisiones, Mercedes Gallizo,
mostró una gran sensibilidad hacia este asunto,
confesó que el organismo que ella dirige se
encuentra «muy preocupado» y abordó el problema
desde un punto de vista totalmente realista: en
España hay un déficit de centros que puedan ocuparse
de esas personas.
«Garantizar una adecuada atención»
Esa sensibilidad ha tenido su reflejo en el citado
programa de intervención, ya aprobado y puesto en
marcha en las prisiones españoles, según confirmaron
otras fuentes de Instituciones Penitenciarias. En él
se recomienda «promover una estrecha coordinación
entre la Administración Central, las
administraciones autonómicas competentes y las
asociaciones especializadas para garantizar una
adecuada atención a las personas con discapacidad y
la continuidad de la misma tras la puesta en
libertad». En este sentido, se considera que
Instituciones Penitenciarias «debería instar a las
administraciones autonómicas a que se habiliten
nuevos recursos no penitenciarios para la atención
de aquellas personas con discapacidad».
Esta instancia la encuadra el Partido Popular dentro
de la transferencia de la sanidad penitenciaria a
las comunidades, una cuestión que el PP considera
«imprescindible», según ha explicado a este
periódico el diputado Ignacio Gil Lázaro. «En el
ámbito de la sanidad penitenciaria, no hay más
previsión que transferirla a las comunidades
autónomas, y éstas no están encantadas, pero es
inevitable. Es un proceso políticamente dificultoso
y económicamente costoso», asegura. Respecto a la
labor que realiza Instituciones Penitenciarias, cree
que «se quieren quitar el problema de encima, pero
las conversaciones con las comunidades autónomas
para la transferencia de la sanidad penitenciaria no
han pasado de una primera ronda con cada una de
ellas».
En su opinión, nos encontramos con dos dificultades
iniciales: no hay plazas ni personal. «Y existe un
problema de salud que no se ha abordado con ningún
grado de preocupación y no tiene trazos de una
solución ágil». A ello añade que «las
infraestructuras penitenciarias psiquiátricas no
existen prácticamente»; y en lo que respecta a los
discapacitados físicos carentes de autonomía,
«padecen situaciones de inmovilización debido a las
barreras arquitectónicas».
En relación con los discapacitados intelectuales,
Instituciones Penitenciarias tiene muy en cuenta su
vulnerabilidad «al maltrato o rechazo social,
manipulación, abuso por otros internos», que si se
unen a la falta de capacidad (del paciente) «para
desarrollar estrategias eficaces para tolerar las
situaciones de estrés, pérdidas, desvinculación o
frustración», es fácil que puedan desencadenarse
«crisis de ansiedad, depresión o ira, cerrando un
posible círculo vicioso de riesgo a la inadaptación
social». Por ello, entre las intervenciones
terapéuticas, una medida de «actuación prioritaria»
respecto a los discapacitados es la «separación
interior adecuada para evitar condiciones
potenciales de riesgo».
Medidas jurídicas
El programa de intervención también plantea medidas
jurídicas para los discapacitados, como «promover la
incapacitación del interno» en los casos «de
discapacidad intelectual que cursen con notable
merma en la capacidad de autogobierno y con la
finalidad de garantizar condiciones de tutela». Otra
iniciativa se refiere a la «valoración jurídica
sobre las alternativas posibles al cumplimiento de
la pena». O lo que es lo mismo, «valorar las
posibilidades de aplicación del artículo 80 del
Código Penal y siguientes, que se refieren a las
formas sustitutivas de la ejecución de las penas
privativas de libertad». Sin embargo, y volvemos al
principio, es imprescindible la colaboración de
administraciones autonómicas y asociaciones públicas
y privadas, porque lo que propone Prisiones es la
derivación de reclusos discapacitados «a los
dispositivos no penitenciarios. La Administración
puede proponer, pero el juez decide. Y hacemos
derivaciones, pero pocas».
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18/02/2006
El
programa de Instituciones Penitenciarias que
sustituye las penas de prisión por trabajos a
beneficio de la comunidad se extenderá proximamente
a otras concejalías del Ayuntamiento de Albacete, ya
que hasta el momento sólo intervienen en esta
iniciativa las áreas de medio ambiente,
infraestructuras y servicios sociales.
Así lo adelantó ayer la concejal de Acción Social,
Carmen Oliver, momentos antes de iniciarse una
reunión de coordinación de jefes de servicio
convocada por la concejalía de Igualdad y
Participación, con la intención de poner en común
las políticas generales y transversales del Gobierno
municipal.
En dicha reunión, celebrada en el Centro de la
Mujer, se trabajó en la extensión del programa de
trabajos a beneficio de la comunidad que el
Ayuntamiento de Albacete suscribió en 2002 con la
Federación Española de Municipios y Provincias (Femp)
-y renovó en 2005- para colaborar con Instituciones
Penitenciarias en sustituir las penas de prisión por
trabajos a beneficio de la comunidad.
Delitos menores
El objetivo de este programa es evitar el ingreso en
la cárcel a aquellos condenados por delitos menores
que no supongan más de dos años de prisión.
A lo largo de 2005, el Ayuntamiento capitalino
atendió un total de 38 solicitudes que se aplicaron
en las concejalías de medio ambiente,
infraestructuras y servicios sociales, circunstancia
que no ocurrirá este año pues el compromiso
municipal es ampliar esta iniciativa a otras áreas
del Consistorio.
Desde el año 2002, ejercicio en el que Albacete se
adhirió a este programa de Instituciones
Penitenciarias, han pasado por el mismo un total de
67 expedientes y, en lo que va de año, hay 15
solicitudes ya satisfechas y 25 pendientes de
valorar.
La reunión de jefes de servicio también analizó la
marcha del Observatorio de Igualdad de
Oportunidades, cuya memoria y proyectos de 2006 se
darán a conocer la próxima semana, así como de qué
manera se valorarán e informarán este año las
propuestas del Foro de la Participación antes de
finales de mayo o principios de junio.
También se trabajó en una comisión transversal de
género y se analizó la posibilidad de incluir la
perspectiva de género en todos los cursos de
formación de los funcionarios. |
19/02/2006
La Sala de lo Penal se inclina por que Henri Parot
cumpla 30 años de prisión efectiva
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunirá mañana
para estudiar el recurso del etarra francés Henri Parot contra
la decisión de la Audiencia Nacional de acumular todas sus
condenas en dos penas de 30 años, en vez de una sola pena
refundida, como se había venido haciendo hasta ahora. La
confirmación del criterio de la Audiencia parece difícil, pero
los magistrados tratarán de dar alguna respuesta al hecho de
que casi 5.000 años de condena queden reducidos a quizá menos
de 20 para intentar que el etarra cumpla 30 años de prisión
efectiva. Para ello, busca soluciones, que pueden consistir en
endurecer el sistema de cómputo de los beneficios por
redenciones o limitar la libertad condicional si el condenado
no tiene voluntad de resocialización. El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
analizará mañana el recurso del etarra Henri Parot, condenado
a 4.797 años, contra la novedosa aplicación del sistema de
acumulación de penas que, contradiciendo todos los
precedentes, determinó que tendría que cumplir dos condenas de
30 años, es decir, un total de 60 años, en vez de una sola
pena de 30.
La Audiencia Nacional realizó una pirueta jurídica en su
intento de evitar que el terrorista más sanguinario de ETA
saliese a la calle apenas 20 años después de su detención en
Sevilla el 7 de abril de 1990, tras haber cometido 26
asesinatos e intentar otros 166. Así, decidió que en vez de
acumular todas las penas de Parot en una sola de 30 años, como
se ha venido haciendo con todos lo delincuentes, terroristas o
no, desde que así lo estableció el Código Penal de 1973, el
etarra francés debería cumplir dos periodos de 30 años, puesto
que su trayectoria delictiva se había interrumpido durante dos
años.
De esa forma, el total de penas correspondientes a cada una
de ambas etapas delictivas se acumularía en dos penas
distintas de 30 años. Así, cuando cumpliese la primera condena
acumulada, entre 2009 y 2011, tendría que comenzar a cumplir
otros 30 años de cárcel.
Al estudiar el caso, la Fiscalía del Supremo resolvió que
la acumulación de condenas en dos periodos vulneraba el
criterio sobre acumulación de penas mantenido sin fisuras por
la jurisprudencia del Supremo. En consecuencia, no encontró
motivos para oponerse al recurso del etarra. Un criterio que
después fue refrendado por una treintena de fiscales de lo
Penal del Supremo.
La explotación del asunto en clave política determinó que
de los tres magistrados iniciales que iban a ver el recurso,
se formase una sala de cinco, y finalmente sea el Pleno de la
Sala Penal, integrado por una quincena de magistrados, los que
decidirán sobre el castigo de Parot.
Según fuentes del Supremo, la Sala Penal tiene muy difícil
aceptar el criterio de la Audiencia y aplicar a Parot dos
penas de 30 años. Y no por falta de ganas, sino por la
dificultad de encontrar argumentos que contradigan una
interpretación del artículo 70.2 del Código Penal de 1973, que
hasta ahora no había sido cuestionada. Y que deja poco margen
a la apreciación de la Audiencia cuando establece que la
limitación del máximo de 30 años "se aplicará aunque las penas
se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por
su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo".
Así pues, sobre el papel, parece improbable que el Supremo
pueda modificar ahora ese criterio, aunque varios magistrados
están convencidos de que, respecto a Parot, "algo hay que
hacer". En parte, por eso se ha convocado a la Sala en Pleno.
Porque del debate de todas las aportaciones puede surgir algún
criterio que, sin cambiar la jurisprudencia sobre la
refundición de condenas, permita alargar el tiempo de
cumplimiento efectivo, que ahora viene a dejar una condena
limitada a 30 años en menos de 20 en "tiempo real".
El problema quedó en parte resuelto con el vigente Código
Penal de 1995, que liquidó las redenciones de penas por el
trabajo, aplicadas de manera automática a los presos. Las
redenciones por el trabajo, unidas a las extraordinarias,
llegaron al extremo de hacer factible que un año de redención
efectiva pudiese equivaler a 797 días de condena. Sin embargo,
todos los condenados por delitos cometidos antes de la entrada
en vigor del Código de 1995 siguen redimiendo penas por el
trabajo, Parot entre ellos.
En 2003, las reformas penales introducidas en el Código
Penal facultaron a los jueces a descontar de "la totalidad de
las penas impuestas" los beneficios penitenciarios, los
permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el
cómputo de tiempo para la libertad condicional cuando la pena
a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las
impuestas.
Algunas interpretaciones apuntan a que ese criterio quizá
podría aplicarse retroactivamente, ya que se refiere a la
forma de computar beneficios penitenciarios, lo que dejaría a
salvo el límite legal de los 30 años. Pero el propio Tribunal
Supremo desechó esa posibilidad en una sentencia de 1994.
Otras fuentes creen más factible otra manera de realizar el
cómputo de las penas. En vez de descontar los beneficios de la
pena nueva refundida de 30 años -con el resultado de que Parot
cumpla 18 o 20-, se descontarían los beneficios sobre cada una
de las condenas impuestas por orden de gravedad y
sucesivamente. Si, descontados los de la primera condena,
Parot ha cumplido 18 años, se aplicarían sobre la segunda y
sucesivas hasta que el terrorista cumpla otros 12, de forma
que el cumplimiento efectivo no supere el límite legal de 30
años.
Otros se inclinan por la aplicación retroactiva, no de
normas penales -prohibida por la Constitución-, sino de normas
de ejecución de las penas que afectarían al cómputo de los
permisos penitenciarios, de la condena condicional, a las
redenciones extraordinarias por estudios, etcétera. Por
ejemplo, la exigencia de mostrar arrepentimiento no está en la
ley, pero hay magistrados partidarios de limitar el acceso a
la libertad condicional, si el preso no da síntomas de estar
resocializado.
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19/02/2006
«La
ley de Identidad de Género nos encamina hacia el fin
de la discriminación legal que sufrimos», asegura
Carla Antonelli, coordinadora del Área Transexual
del Partido Socialista Obrero Español. La norma
establece el cambio de nombre y sexo en el Registro
Civil y en el DNI sin que el transexual se haya
sometido a una operación quirúrgica. «La realidad es
que el 50% de los implicados no puede acceder a esta
cirugía, por razones de salud, edad...». A su
juicio, se trata de la legislación más avanzada del
mundo: la inglesa, la más progresista hasta la
fecha, exige dos años para el cambio de documentos.
La principal implicación radica en el acceso
laboral. Aunque no se han realizado censos, calcula
que un 70% de las mujeres transexuales ejerce la
prostitución. «Y aquí el machismo también influye:
una persona nacida biológicamente mujer que se
reasigna a ser hombre sube un escalafón; el hombre
que quiere ser mujer, lo baja».
La respuesta de la diferentes comunidades autónomas
ante este problema ha sido diferente. Aragón ha
anunciado que asumirá los costes del cambio de sexo
y Cataluña creará una unidad específica de salud,
aunque no asume su total financiación. «No se
sostiene que el tripartito de izquierdas no lo
haga», lamenta. En Andalucía, ya lo paga la
Seguridad Social.
También la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias está trabajando en una norma global
que solucione los problemas de ubicación de presos
transexuales antes de que la ley entre en vigor.
Además, Antonelli demanda una formación escolar
sobre la transexualidad. «Enseñar el respeto a la
diversidad es la mejor manera de evitar la homofobia
y la transfobia», dice.
Antonelli estará el próximo miércoles en Oviedo, a
donde se desplazará para participar en la
presentación de la publicación de los resúmenes de
las jornadas de transexualidad que se celebraron
durante 2004 en Avilés. La socialista participará
por la mañana en un acto en el Consejo de la
Juventud, al que está previsto que asistan
representantes de Xente Gai Astur (Xega).
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19/02/2006
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Con ocasión de la visita girada a nuestra cárcel
logroñesa por la directora general de Instituciones
Penitenciarias, así como de la inminente puesta en
marcha de una serie de medidas culturales en dicho
centro, he tenido esta semana en mi punto de mira la
realidad insoslayable de los presos y he querido
interesarme por ellos y sus condiciones de vida.
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Personalmente
he estado varias veces en la cárcel de Logroño
acompañando al obispo -al actual y a los anteriores-
en fechas tan entrañables como la de la Navidad,
visitas llenas de afecto y de cercanía, pero visitas
al fin y al cabo, breves y sin mayor pretensión.
Para conocer algo mejor la realidad de las casi
trescientas setenta personas que viven, o malviven,
en nuestro centro penitenciario, monté una tertulia
en un medio con la colaboración inestimable de
Marta, Estíbaliz y Juan José, estos dos últimos
católicos voluntarios que prestan una eficacísima
ayuda a los internos a través del Secretariado de
Pastoral Penitenciaria.
Confieso que me llamó la atención el respeto, la
lucidez y, sobre todo, el cariño con que hablaron de
la institución, los funcionarios y ¿cómo no! de los
presos o internos, como parece más correcto
denominar a los privados de libertad.
Algunos datos para pensar. De cada cien reclusos
ochenta son varones y veinte mujeres. ¿Es el hombre
más violento, menos formado, más tonto y se deja
pillar? ¿Cualquiera sabe! La edad media oscila entre
los veinticinco y cuarenta años, un dato
estremecedor, ya que la mayoría están en la flor de
la vida. No hay que pasar por alto que la meta de
casi todos esos hombres y mujeres es que pase el
tiempo, llenando horas, días, semanas, meses y años
de algo tan vacío pero tan terrible para la dignidad
humana como es no hacer nada, levantarse para no
hacer nada. ¿Chicos jóvenes!
¿Y porqué están ahí? Me comentan que a grandes
rasgos por la droga. ¿Dichosa droga! Sé que estoy
simplificando. No pretendo hacer una tesis doctoral,
sino mostrar a mis lectores una realidad en la que
pensamos poco. Con la movida que se ha preparado por
el tabaco -con su consumo, que no con su elaboración
y venta-, la gente de la calle se pregunta conmigo
si las cosas tienen que ser forzosamente como son,
inevitablemente como son, o hay intereses muy
fuertes, de gente muy rica -me comentan que ricos en
la cárcel hay muy pocos-, que hace que el tabaco sí
puede ser sometido, en tanto que la droga no. ¿Por
qué?
Días pasados, un pobre cura ya mayor, valenciano
para más señas, escribió al parecer un alegato en
una ignota y minúscula hoja parroquial que, insisto
en que 'al parecer' pues no sé quién lo ha leído,
hacía apología de la violencia llamada de género y
yo pude ver cómo en la televisión pública una
representante de no sé qué instituto de la mujer
pedía su cabeza por incitación a la violencia. De
acuerdo, si la ha hecho que la pague. Ha habido una
condena del arzobispado, del arzobispo y de los
demás curas. Pero no es suficiente. ¿Hay que seguir
con la matraca!
Y yo pregunto para que alguien me lo explique: ¿a
qué se debe que cantautores españoles muy conocidos,
jóvenes y no tan jóvenes, autores, intérpretes de
rock, de pop y artistas nacionales y extranjeros;
que personajillos de Gran Hermano, de las "salsas
rosas", forrados de pelas y de aires liberales, con
millones de fans quinceañeros -algunos de ellos
desaparecidos muy jóvenes por consumo y en olor de
santidad popular- en las mejores franjas horarias de
televisión, no en hojas parroquiales que no lee
nadie, hacen apología de la droga incitando a
nuestros adolescentes y jóvenes al consumo de la
misma, apelando eso sí a la libertad individual y a
la moderación, y que luego los llevará postrados
hasta la cárcel de Logroño, o de donde sea? ¿Por qué
nadie los condena con la misma energía y rapidez con
que se condenan otras apologías igualmente
siniestras? Y cuando los incitadores -a veces en
tono festivo y sonriente- han sido hombres y mujeres
dedicados a la cosa pública, por qué nadie los ha
condenado?
¿Que alguien me lo explique! |
19-02-06
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El anteproyecto mantiene la «doble penalización» de
los agentes y sólo rebaja las faltas leves. Los
sindicatos no descartan movilizarse si el texto no se
modifica
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CRUZ
MORCILLO
MADRID. Violar el secreto del sumario por parte de
un policía se considerará falta muy grave y
acarreará la suspensión de funciones de tres a seis
años. El agente que infrinja esta norma será
asimismo trasladado de su puesto. La vulneración del
secreto profesional será falta muy grave o grave
(suspensión de cinco días a tres años), según
perjudique a la labor policial o a los ciudadanos y
el abuso de atribuciones también se ajustará a esa
gradación dependiendo de a quien se cause el daño,
ciudadanos o Administración.
Estos son algunos de los conceptos nuevos que
introduce el anteproyecto de ley orgánica sobre el
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El texto, elaborado por el Ministerio del Interior,
endurece algunas de las sanciones y así, aparte de
las tres citadas, castiga con mayor firmeza las
infracciones al régimen de incompatibilidades de los
policías e incorpora como falta grave el
incumplimiento de los plazos o procedimientos. Lo
único que se suaviza se refiere a las faltas leves
que dejarán de existir (ahora implican la suspensión
de funciones de uno a cuatro días).
La nueva regulación sustituirá a la vigente desde
1986 que tuvo su desarrollo reglamentario en 1989.
Desde entonces no se ha tocado ni una coma. Era una
vieja reivindicación de los funcionarios, reclamada
por los sindicatos policiales que consideran la
actual normativa «excesivamente dura».
En diciembre de 2002 los sindicatos representados en
el Consejo de la Policía pactaron un borrador con el
PP, que fue ratificado un año después y nunca se
materializó. El anteproyecto avalado ayer no ha sido
consensuado y, además, «se ha desviado del espíritu
del texto anterior, justo lo contrario de lo que nos
anunció el Ministerio», explica el secretario
general del CEP, Ignacio López, quien señala que
«tras esta modificación injusta hay un antes y un
después en las relaciones con Interior».
José Manuel Sánchez Fornet. secretario general del
SUP, coincide en el diagnóstico: «Es un documento
unilateral y más duro, que mantiene la doble
penalización de los funcionarios. Si no se cambia,
nos plantearemos movilizarnos». La doble
penalización se traduce en que los agentes son
castigados por hechos de la vida privada, por
ejemplo dar positivo en una alcoholemia- tanto en la
vía penal como en la administrativa.
Hace unos días el secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, se reunió con los sindicatos para
explicarles el proyecto. En el mismo figuraba una
medida que puso los pelos de punta a los
funcionarios: estaba previsto admitir las denuncias
anónimas contra cualquier policía. Según el
Ministerio, ya no está en el texto.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso,
aseguró ayer que esta reforma ha sido «querida tanto
por los sindicatos del Cuerpo como por el Gobierno y
beneficiará a los ciudadanos» al mejorar el «ánimo y
motivación» de los agentes.
Algunos de los 51 artículos que constan en el
anteproyecto no parecen encaminados a incitar esa
motivación pues a los tipos anteriores se unen
nuevos supuestos como la utilización ilegítima de
videocámaras o de medios policiales para otros
cometidos. |
21/02/2006
Madrid-
Henri Parot no será el único etarra en retrasar su
salida de la cárcel tras la decisión del Tribunal
Supremo. Otros dos miembros de la banda -Francisco
Múgica Garmendia «Pakito» y Santiago Arrospide «Santi
Potros»- que habían solicitado la acumulación de sus
múltiples condenas también tardarán unos cuantos
años más en conseguir su excarcelación. En su caso,
ésta se iba a producir en 2020, una fecha que ahora
se retrasará diez años más, hasta 2030.
Más cercana tenían su salida de prisión los etarras
Domingo Troitiño «Txomin» y José Antonio López «Kubati».
El primero (autor del atentado contra el Hipercor de
Barcelona, en el que 21 personas fueron asesinadas)
iba a salir de la cárcel el próximo 5 de mayo (tras
19 en prisión) y el segundo (condenado a 1.076 años
de cárcel, entre otros por el asesinato de «Yoyes»),
apenas dos meses después, el 24 de julio. Tras la
decisión del Supremo, ambos tendrán que esperar
hasta 2017, puesto que deberán cumplir íntegramente
30 años en prisión, sean cuales sean los beneficios
penitenciarios que les sean concedidos a partir de
ahora. No serán los únicos. Al menos otros 14
etarras que debían ser excarcelados este mismo año
pasarán más años en prisión a consecuencia de la
decisión del Tribunal Supremo.
Esos beneficios penitenciarios de los que disfrutan
los etarras gracias al Código Penal de 1973 permitía
aventurar, desde hace tiempo, la salida de prisión
de miembros de la banda, condenados a miles de años
de cárcel, a partir de la década de los 90. Y así ha
ocurrido (la antigua integrante del «comando
Nafarroa», Mercedes Galdós, por ejemplo, salió de la
cárcel el 30 de septiembre del pasado año tras
cumplir 19 años entre rejas). Pero los tribunales no
han reaccionado hasta que estas polémicas
excarcelaciones han estado a la vuelta de la
esquina. Así, la salida a la calle, tras 18 años en
prisión, de José Ignacio de Juana Chaos (condenado a
más de 3.000 años de cárcel por once atentados en
los que murieron 25 personas) llevó al juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz (que recogió el
testigo, superadas sus «reticencias» iniciales, de
Fernando Grande-Marlaska) a procesarle por una nueva
integración en ETA y dos delitos de amenazas a raíz
de dos artículos publicados en el diario «Gara» en
los que señalaba a varios altos cargos y
funcionarios de prisiones. La respuesta judicial
suponía, de hecho, la prisión provisional de De
Juana (pendiente ahora de un nuevo juicio), que no
salió a la calle en agosto pasado.
La alarma social volvió a cundir con la posible
excarcelación de Henri Parot en 2011, también
gracias a las redenciones de pena que consagra el
Código Penal de 1973. En este caso, una carta
escrita desde la cárcel a dos cabecillas de ETA
sirvió para que el juez Grande-Marlaska le imputara
un delito de integración en ETA y otro de
proposición o conspiración para cometer atentados o
estragos terroristas (en la misiva animaba a los
etarras a cometer atentados contra objetivos
«vitales» del Estado, como la Audiencia Nacional o
el Banco de España). Si llega una nueva condena,
Parot tendría que cumplirla una vez extinguidas, en
2020, las 26 por las que ha sido condenado hasta
ahora.
Tras la excarcelación de Mercedes Galdós en
septiembre del pasado año, se hizo público que medio
centenar de etarras saldrían a la calle este año, la
mitad gracias a redenciones de condena. Entre ellos
estaban Troitiño y «Kubati», que ahora deberán
cumplir íntegros 30 años. |
21/02/2006
La
decisión del Supremo abre la posibilidad de que la
Audiencia Nacional revise con el mismo criterio la
salida de la cárcel de todos los presos de ETA
condenados por el Código Penal de 1973 y que habían
acumulado sus condenas por diferentes delitos. En
las cárceles hay 502 etarras, 340 de los cuales ya
han sido juzgados, mientras que otros 162 se
encuentran en prisión preventiva. De esos más de
tres centenares de activistas con condenas, 184
fueron sentenciados con la vieja legislación, lo que
les permite redimir penas.
De acuerdo con los datos remitidos por prisiones a
la de la Audiencia Nacional, en los próximos tres
años abandonarían la prisión un centenar de etarras.
De este grupo, 32 activistas -la mayoría con delitos
de sangre en la década de los ochenta- saldrían a la
calle al beneficiarse de las redenciones que permite
el Código Penal derogado.
En los diez meses y medio que restan de 2006 estaba
prevista la excarcelación de 15 etarras con
acumulación de condena, la mayoría detenidos entre
1981 y 1989 y que sin redenciones hubieran salido a
la calle entre 2007 y 2019.
Otros históricos, como Múgica Garmendia, 'Pakito' y
Santiago Arrospide, 'Santi Potros', que también
habían pedido la acumulación de penas -con lo que
habrían salido de prisión en 2020-, no saldrán de
prisión hasta 2030 con este nuevo criterio. |
21/02/2006
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La duda que se plantea es si la sentencia se puede
aplicar a aquellos reclusos que tienen aprobada con
anterioridad la liquidación de su condena |
MADRID.
La decisión del Tribunal Supremo de fijar un
criterio de aplicación de las redenciones de pena
establecidas en el Código Penal de 1973, que
garantiza que la mayoría de los etarras condenados
varias veces por delitos cometidos hasta 1995 tengan
que cumplir los 30 años de prisión efectiva y no 20
como hasta ahora, tendrá consecuencias también para
los delincuentes comunes que hayan cometido delitos
especialmente graves. Delincuentes tan peligrosos
como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas
de Alcácer; Claudio Lavazza, que mató a dos policías
locales de Córdoba; Juan Manuel Valentín Tejero,
secuestrador, violador y asesino de la niña Olga
Sangrador de Valladolid o José Franco de la Cruz,
que cometió unos actos similares con la pequeña Ana
María Jerez Cano en Huelva, verán cómo su puesta en
libertad, para la que ya no les quedaba muchos años,
se retrasará de forma importante.
En cuanto a presos etarras, en nuestras prisiones
hay un total de 502, después de que ayer fuera
excarcelado uno de ellos. De estos individuos, 340
son penados y 162 están aún encarcelados como
preventivos. Según los datos de Instituciones
Penitenciarias, del grupo de 340 penados
aproximadamente la mitad; es decir, unos 170, tiene
refundida su pena a 30 años y, por tanto, la
decisión del Supremo obliga a revisar su situación.
No hay datos de delincuentes comunes afectados.
Una de las dudas que ahora se plantea es qué
sucederá con aquellos delincuentes que ya tienen
aprobada la liquidación de su condena. Fuentes
judiciales consultadas por ABC consideran que esto
dependerá de la actuación de los fiscales y resto de
las partes, que tras la decisión del Tribunal
Supremo podrían solicitar la revisión de sus casos.
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21/02/2006
Sesenta
trabajadores del centro penitenciario El Acebuche se
han concentrado hoy martes para solicitar una mejora
en las medidas de seguridad del centro. Los
trabajadores de la cárcel almeriense solicitan el
traslado a otros centros de los internos de
peligrosidad extrema del Acebuche. En este sentido
los sindicatos CSI-CSIF, UGT y ACAIP se
reunirán mañana con la Subdirección General de
Régimen de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para intentar llegar a un acuerdo
sobre la desagradable situación que viven los
trabajadores del Acebuche.
Los sindicatos esperan que la reunión que mañana
mantendrán sea fructífera. De lo contrario
procederán a aumentar las medidas de presión para
conseguir los objetivos marcados en la asamblea de
trabajadores. Los sindicatos han mostrado su
satisfacción por la carta que el Defensor del Pueblo
Andaluz ha enviado a la Dirección General del centro
penitenciario. En la misma solicita un informe sobre
la situación de la cárcel en la que asegura que
“cuando menos resulta llamativo el hecho de que se
hayan producido varias agresiones en distintos
establecimientos y muy próximas en el tiempo”.
Los empleados del Acebuche aseguran que el aumento
de los actos violentos en el centro se debe al
creciente aumento de la población penitenciaria, que
no se ha visto correspondida con un refuerzo de la
plantilla encargada de su vigilancia. El objetivo
planteado desde CSI-CSIF, UGT y ACAIP Almería
es que se trasladen 60 presos de peligrosidad
extrema a otros centros penitenciarios, para de este
modo reducir el riesgo que en estos momentos supone
trabajar en la cárcel almeriense.
Los sindicatos esperan que el encuentro de mañana
sea tomado en serio por la Dirección del Acebuche, y
que no se les engañe como ha sucedido en ocasiones
anteriores. Las agresiones se han sucedido durante
los últimos meses, y por ello la seguridad de los
trabajadores del centro es el primer objetivo por el
que trabaja el sindicato almeriense.
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21/02/2006
El
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha
solicitado a la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, un informe sobre
la situación de las cárceles andaluzas, tras las
diversas agresiones que vienen sufriendo en los
últimos días los funcionarios pertenecientes a las
prisiones de las provincias de Almería, Granada y
Jaén.
En la carta, a la que tuvo hoy acceso Europa Press y
que fue enviada el día 6 de febrero, Chamizo
considera que, "con independencia de las
circunstancias concretas de cada una de las
agresiones", resulta llamativo que "se hayan
producido varias, en distintos establecimientos
penitenciarios y muy próximas en el tiempo".
Un hecho, que según manifestó en el escrito y según
las declaraciones efectuadas por miembros del
personal afectado, "podría obedecer a que el
creciente aumento de la población penitenciaria no
ha ido unido al correspondiente refuerzo de las
plantillas encargadas de su vigilancia".
Por último, expresó el deseo de recibir contestación
de la directora general ya que señaló que "estamos
seriamente preocupados por lo sucedido" y "hemos
creído conveniente someter a su consideración la
cuestión expuesta" a través de un informe.
Por su parte, los sindicatos CSI-CSIF, UGT y ACAIP
en Almería mostraron su satisfacción por la carta
que el Defensor del Pueblo Andaluz ha enviado a la
Dirección General y reiteraron que los empleados del
Centro Penitenciario de El Acebuche, en Almería,
aseguran que "el aumento de los actos violentos en
la prisión se debe al creciente aumento de la
población penitenciaria, que no se ha visto
correspondida con un refuerzo de la plantilla
encargada de su vigilancia".
REUNION
Por otro lado, CSI-CSIF, UGT y ACAIP se reunirán
mañana en Almería con la Subdirección General de
Régimen de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para intentar llegar a un acuerdo
sobre la "desagradable" situación que viven los
trabajadores del Acebuche.
Esperan que la reunión sea fructífera, de lo
contrario procederán a aumentar las medidas de
presión para conseguir los objetivos marcados en la
asamblea de trabajadores. La finalidad planteada es
que se trasladen 60 presos de peligrosidad extrema a
otros centros penitenciarios, para de este modo
"reducir el riesgo que en estos momentos supone
trabajar en la cárcel almeriense".
Los sindicatos esperan que el encuentro sea tomado
en serio por la Dirección del Acebuche, y que "no se
les engañe como ha sucedido en ocasiones
anteriores". "Las agresiones se han sucedido durante
los últimos meses, y por ello la seguridad de los
trabajadores del centro es el primer objetivo por el
que trabaja el sindicato almeriense", matizaron. |
21/02/2006
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LA DIRECCIÓN
INSULAR DEL GOBIERNO EN LANZAROTE ESTIMA QUE LAS OBRAS
PODRÍAN COMENZAR EL PRÓXIMO MES DE JUNIO
El presupuesto total de
licitación supera los 17 millones de euros y el plazo de
ejecución es de 24 meses
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La esperada y anunciada ampliación del
Centro Penitenciario de Tahíche está ya a un paso de ser
realidad, después de que el Gobierno central haya
publicado el concurso para adjudicar estas obras. Así lo
anunciaban este martes desde la Dirección Insular del
Gobierno en Lanzarote, donde esperan que los trabajos
comiencen aproximadamente en cuatro meses. Es decir, entre
los meses de junio y julio de este año, ya que la apertura
de ofertas se realizará el 25 de abril.
A partir de ahí, el plazo de ejecución
será de 24 meses, y el proyecto cuenta con un presupuesto
total de licitación de 17.484.717 euros.
El director insular del Gobierno en
Lanzarote, Marcial Martín, mostraba hoy su satisfacción
“por el logro de una obra tan necesaria y tan demandada
por la sociedad insular”.
En opinión de Martín, esto permitirá
facilitar la posterior reinserción social de los presos,
porque “la masificación en la que se encuentra el actual
centro no contribuye a la rehabilitación”, pero también
tendrá una importante repercusión “social y familiar”. Y
es que según el director insular del Gobierno, con esto
“se abren magníficas expectativas a los internos de la
isla que se encuentran cumpliendo condena en centros de
otras islas o de la península”. |
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