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13-06-06
| Denuncian ante
Interior 'alegalidades' en los registros a los presos
del 11-M |
 «Nos
encontramos ante un cacheo indiscriminado, sin
motivo aparente y que únicamente se practica sobre
internos musulmanes y no sobre todos los internos
del módulo». El sindicato Acaip ha remitido
una carta al Ministerio del Interior en la que
denuncia posibles «irregularidades y alegalidades»
en los cacheos practicados en la prisión de
Valdemoro a 10 presos islamistas (cinco vinculados
al 11-M y otros cinco a la operación Nova).
Estos registros se praticaron tras incautarse a Abdelmajid
Bouchar (huido de Leganés, detenido en Serbia y encarcelado
como presunto autor material de la masacre) un diario Gara con
anotaciones manuscritas en árabe. Bouchar ocupaba la celda
número 120. En la 118 se encuentra internado el etarra Juan
Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi.
Según Acaip, estos cacheos pueden resultar
«sospechosos e, incluso, alegales». «No nos consta la
existencia de autorización judicial para la práctica del
cacheo en Valdemoro y esta actuación, cuando es dirigida por
los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, debe
realizarse al amparo de un mandato judicial», indica la nota
que ha remitido Acaip al Ministerio del Interior.
«Asimismo, cuando los presos sobre los que se incide son
preventivos, debería notificarse dichas medidas a la autoridad
judicial de la que dependen y, cuando son penados, al juzgado
de vigilancia penitenciaria correspondiente».
Acaip, por medio de su presidente nacional, José
Ramón López, asegura que si se ha intervenido documentación en
los cacheos, «debería ponerse a disposición de la autoridad
judicial correspondiente». «Este tipo de actuaciones puede
suponer una violación de los derechos de los internos que, no
podemos olvidar, están bajo la responsabilidad de los
funcionarios penitenciarios», indica la misiva.
Por estos motivos, este sindicato exige a Rubalcaba que
garantice que las intervenciones de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en las cárceles «se ajusten estrictamente a la
ley».
Según explicaron ayer fuentes penitenciarias, en el Gara
intervenido a Abdelmajid Bouchar, estaban escritas frases
cortas en árabe, pequeños rezos a Alá. «Alá premia a quien
asume su destino».
Instituciones Penitenciarias aseguró que la incautación de
ese ejemplar y los registros practicados a 10 islamistas no
están relacionados. Según explicó un portavoz oficial, los
cacheos y registros entran dentro de la actual dinámica de no
bajar la guardia sobre el terrorismo islamista. Además, se
habían desplazado junto al responsable de seguridad
penitenciaria, el teniente coronel de la Guardia Civil Antón
Cotarelo, y funcionarios de Madrid para comprobar si hay
deficiencias en los cacheos, según explicó este portavoz
oficial.
Desde las filas populares, por boca de su diputada Alicia
Sánchez-Camacho, se exigió una explicación «clara y precisa»
al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el
registro de las celdas de los presos del 11-M y el hallazgo de
un Gara con anotaciones en árabe en poder de uno de los más
peligrosos islamistas.
Para el PP, el hecho de que este interno estuviera separado
únicamente por una celda de uno de los más destacados etarras,
Gadafi, es de una «extraordinaria gravedad».
En declaraciones a este periódico, Alicia Sánchez-Camacho
recordó que durante su comparecencia como ministro del
Interior, José Antonio Alonso explicó en el Congreso que, en
aplicación de las conclusiones, se había procedido a la
dispersión de todos los terroristas. «Entonces, ¿cómo se
explica que estén 10 islamistas y un etarra como Gadafi todos
juntos en el mismo módulo de una cárcel?». «El entonces
ministro mintió, como se ha comprobado ahora». Y lo peor,
explicó la diputada, es que da la impresión de que el Gobierno
socialista «no tiene ningún control sobre los presos ni sobre
las prisiones. No sabe dónde está cumpliendo su condena cada
preso. Es extraordinariamente grave la situación», indicó.
«El Gobierno no ha dispersado a los terroristas y tiene en
la misma cárcel, pared con pared, a islamistas y a etarras».
Además, alertó de la posibilidad de que estos cacheos y
registros se hayan realizado sin ningún control judicial: «Si
es así, sería de una irregularidad enorme y debería de
aclararse inmediatamente».
Sánchez-Camacho denunció que el Ejecutivo no controla «los
posibles contactos que existen entre etarras e islamistas».
Por todo ello, el ministro del Interior debería dar una
explicación en el Congreso. También debería explicar por qué
un teniente coronel de la Guardia Civil, «que tiene
competencias sobre el perímetro de la prisión, se encarga de
realizar los registros en las celdas», añadió. |
13-06-06
El
sindicato de prisiones Acaip en Ceuta criticó
hoy la "masificación" del centro penitenciario de la
ciudad autónoma, donde la dirección se ha visto
obligada a colocar 28 camas metálicas esta semana
para evitar que otros tantos internos siguieran
durmiendo en el suelo, como hacían hasta el pasado
fin de semana.
Acaip señaló que "la dirección ha colocado 18
camas metálicas, con lo que el problema se ha
reducido, pero todavía hay cuatro presos que
continúan
durmiendo en las mismas condiciones en Módulo I y
otros tres en el Módulo II", concretó el delegado
del sindicato en la ciudad autónoma, Guillermo
González, a Europa Press.
Según González el centro penitenciario de Los
Rosales, uno de los más antiguos de España, acoge
actualmente en un gran número de celdas "tres y
hasta cuatro reclusos, a pesar de que están
habilitadas para sólo dos". "Dentro de las celdas se
están padeciendo ya temperaturas hasta 40 grados
centígrados, ya que sólo cuentan con una pequeña
ventana de ventilación al exterior", lamentó el
delegado del sindicato.
Según añadió, la falta de aseos y duchas es otra de
las "grandes deficiencias" del centro penitenciario,
en el que grupos de hasta 90 personas se ven
obligadas a compartir cuatro duchas. "Ninguna de las
instalaciones reúne las condiciones mínimas de
higiene", concluyó el portavoz del sindicato
mayoritario en la penitenciaría.
Instituciones Penitenciarias tiene previsto
construir otra prisión en la ciudad autónoma en
breve, aunque hasta ahora se ha encontrado con la
grave carencia de suelo edificable con las
condiciones que exige una infraestructura de este
tipo que padece Ceuta. |
13-06-06
El
motín que desde las 21:00 de ayer se ha venido
desarrollando en la cárcel de Quatre Camins de la
Roca del Vallés (Barcelona) concluyó esta madrugada
con un resultado de siete heridos leves, cinco
internos y dos funcionarios, según informaron a
Europa Press fuentes de la Policía Autonómica y de
la Consellería de Justicia de la Generalitat de
Cataluña. |
13-06-06
Los
servicios de información han interceptado mensajes
de ETA enviados a sus 490 presos en los que la banda
terrorista les pide paciencia y les advierte de que
su excarcelación sólo llegará al final del proceso y
únicamente si produce un acuerdo político, según
publica hoy El País.
La dirección de la banda considera, según la
interpretación de los mensajes enviados, que la
puesta en libertad de los reclusos se producirá como
consecuencia de un acuerdo tomado en el seno de una
mesa de partidos en la que participaría Batasuna.
La vía de excarcelación, según el citado diario,
sería la aplicación de indultos parciales y medidas
como la libertad condicional o el régimen abierto,
descartando otras posibilidades como la amnistía o
el indulto general.
El objetivo de los mensajes podría ser un intento
por rebajar la sensación de euforia extendida entre
los presos y sus familiares tras el anuncio del alto
el fuego de la banda. Durante el último año y medio,
de diciembre de 2004 a junio de 2006, el colectivo
de presos de ETA se ha reducido de 561 a 490. |
13-06-06
El
Tribunal Supremo (TS) ha resuelto en contra de un
recluso que reclamó cobrar por su trabajo en prisión
como operario base de siderometalurgia el salario
mínimo interprofesional o el correspondiente por
convenio sectorial.
En su sentencia, la Sala de lo Social del Supremo
anula una resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) del 22 de julio de 2004,
que condenaba a la empresa para la que trabajaba el
preso a abonarle la diferencia entre su salario y el
que le habría correspondido por convenio, es decir
11.632 euros.
El interno G.G.A., preso en distintos centros desde
noviembre de 2000, trabajó para la empresa Centro de
Iniciativas para la Reinserción (CIRE), a la que
demandó en 2001 reclamándole bien los 6.591 euros de
diferencia con el salario mínimo o los 11.632 que
habría cobrado de más de aplicársele el convenio
sectorial.
Primero, un juzgado de lo Social de Lleida desestimó
la demanda del recluso, quien apeló y logró
sentencia a favor de la Sala de lo Social del TSJC,
anulada ahora por un fallo del Tribunal Supremo
fechado el 5 de mayo pasado.
El tribunal catalán concluyó que, si bien "es cierto
que el trabajo penitenciario, incluido el
productivo, tiene una finalidad de reinserción y
formación", eso "no desvirtúa la naturaleza laboral
de la relación", y que "tampoco es admisible que se
olvide cuál es el sector de la actividad"
desarrollada a la hora de remunerarlo.
La empresa CIRE recurrió al TS, que en un fallo
unificador de doctrina se apoyó en el real decreto
de 2001 que regula el trabajo de los penados en
instituciones penitenciarias, y que expresamente
menciona que "las demás normas de la legislación
laboral común", como el Estatuto de los
Trabajadores, "sólo serán aplicables en los casos en
que se produzca una remisión expresa" a ellos.
En este caso "no existe reenvío" ni al Estatuto de
los Trabajadores ni al convenio colectivo sectorial,
y G.G.A. cobró por su trabajo "conforme al módulo
fijado", según el TS.
El Supremo recuerda además que ya había dictado
sentencia, en 2000, sobre la no aplicación del
Estatuto de los Trabajadores a los presos, cuando
resolvió a favor de un interno que había sido
despedido porque la figura del despido no existe en
el reglamento que regula en trabajo en prisión. |
13-06-06
| El ministro confía en
que el PP se sume a este acuerdo que tilda como ‘‘el
único posible’’ para reorganizar la función pública y
evaluar a los funcionarios |
La
firma en La Moncloa hoy del borrador del Estatuto
Básico del Empleado Público, es el primer acto del
Ministerio de Administraciones Públicas que se
celebra con rango de acontecimiento. Algo más de un
año ha pasado desde que el titular del Departamento,
Jordi Sevilla, adelantara las bases de esta norma
que afectará a 2,5 millones de trabajadores.
–Por fin en la octava legislatura ¿el Estatuto
Básico del Empleado Público verá la luz?
–Sí. Por fin cumpliremos el encargo de la
Constitución que regula las características de los
empleados públicos en las distintas
administraciones. Este martes (por hoy) firmamos el
acuerdo conseguido con los principales sindicatos.
Después el texto irá a Consejo de Ministros y pasará
al Parlamento. Prevemos entre en vigor a principios
de 2007.
–¿Habrá entendimiento político?
–Ya hay acuerdo con ERC; con CiU y PNV, las
conversaciones también van por buen camino, y con IU
tampoco creo que surjan problemas. Al final, como
siempre, nos quedará el PP. Espero que, en esta
ocasión, reine el sentido común.
–¿Qué papel deja el Estatuto a las comunidades
autónomas?
–Será una ley de obligado cumplimiento para todas
las administraciones, pero respetuosa con la
Constitución y con los estatutos de autonomía que
reconocen una amplia capacidad de autoorganización.
Establece las condiciones homogéneas, básicas, que
igualarán en todo el territorio nacional a los
empleados públicos y a partir de aquí cada
administración definirá dentro de lo establecido en
este Estatuto.
–¿El funcionario que no cumpla será despedido?
–No. Será cambiado de puesto de trabajo a través de
un procedimiento de evaluación, en el que se mirará
cuál es el desempeño de la función que tiene
encargada.
–¿Y el que desarrolle perfectamente su actividad
ascenderá y cobrará más?
–Las dos cosas. Hemos establecido un sistema en el
que la evaluación del desempeño puede dar como
resultado una subida retributiva y, sobre todo, una
promoción sin moverse necesariamente del puesto de
trabajo.
–¿El Estatuto reducirá la temporalidad laboral en
el sector público?
–Es uno de sus objetivos fundamentales. Todavía
tenemos una elevadísima temporalidad e interinaje en
las administraciones públicas y corregirlo de manera
contundente es uno de los fines del Estatuto”.
–¿Se atreve a hablar de porcentajes?
–No, porque en gran parte dependerá de las
decisiones que adopten las distintas
administraciones, fundamentalmente las autonomías y
ayuntamientos, que es donde se concentra el mayor
número de temporalidad.
–Y ¿a los ciudadanos qué aportará?
–Lógicamente al tener un empleado público más
motivado y reconocido se mejorará la tarea de las
administraciones públicas como fábrica de derechos y
garantía de libertades. En este avance también
influirán las nuevas tecnologías.
–¿Es el mejor Estatuto de los posibles?
–Sin lugar a dudas. Los firmantes de este acuerdo
aisladamente hubieran hecho otro Estatuto, pero éste
es el que nos ha puesto a todos de acuerdo y, en
este sentido, hace que sea el mejor de los posibles.
Yo me atrevería a decir el único de los posibles
|
13-06-06
| El supuesto agresor
admite los hechos en un juicio rápido pero continúa en
libertad |
Instituciones
Penitenciarias ha concendido la prerrogativa del
tercer grado (acude a la cárcel solo a dormir) a un
condenado a nueve años de prisión por abusar
sexualmente de una niña de 14 años apenas dieciséis
meses después de su ingreso en Picassent, en lo que
ha sido calificado por el abogado de la familia de
la víctima, Javier Sanz, de insólito, «ya que en los
delitos sexuales contra menores lo normal es que se
cumplan las tres cuartas partes de la pena» Ñque en
este caso hubieran sido unos seis años.
Esta decisión judicial ha desembocado en un episodio
de violencia contra la madre de la niña que el
pasado 3 de junio fue abordada por el acusado,
Silverio G. S., quien armado con una hoz intentó
agredirla mientras profería amenazas de muerte
contra su familia. Ocurrió al mediodía en una
gasolinera de la localidad de Alcàsser cuando el
matrimonio, Pilar Sanz y Salvador Romero, hizo una
parada: «Yo entré en el baño y mi mujer esperó en el
interior del coche», dijo el hombre. Al salir «no
estaban ni Pilar ni el vehículo. Pregunté a todo el
mundo pero nadie me decía nada». Al tiempo llegó
Pilar «temblaba y no dejaba de llorar mientras me
decía que había visto a Silverio».
La mujer relató como mientras su marido estaba en el
baño, bajó del coche y se dirigió al maletero para
coger una botella de agua. «En ese momento vi como
Silverio se acercaba hacía mí con una hoz en la mano
mientras me decía: 'Hija deputa, os voy a matar a
todos. ¿Dónde está tu marido? Hoy es el día de
vuestra muerte'». Pilar entró rápidamente en el
coche, que tenía las llaves al contacto, y huyó del
lugar. «Nadie nos había dicho que estaba en libertad
desde febrero y esta fue nuestra manera de
enterarnos», añadió.
El presunto agresor, que tenía una orden de
alejamiento, reconoció los hechos y fue condenado en
un juicio rápido el 7 de junio, pero aún así, según
los afectados, continúa en libertad a espera de que
se ejecute la sentencia. Pilar y Salvador temen
ahora por sus vidas: «Sé que nos va a matar. A él le
da igual porque por edad Ñtiene 67 añosÑ saldría
enseguida de la cárcel», subrayó la mujer.
La pesadilla vivida por esta familia comenzó en el
año 2000 cuando empezaron a detectar un
comportamiento extraño en su hija de 14 años. Una
cartas remitidas por la pequeña a una compañera de
colegio les permitieron conocer que su hija había
sido sometida a abusos sexuales por parte de quien
ellos consideraban un amigo. Una sentencia de junio
de 2003 condenó a Silverio G. S. a nueve años de
prisión y a cinco de alejamiento de la niña y su
familia por un delito de abusos sexuales
continuados. No obstante, el acusado recurrió la
decisión lo que retrasaría su ingreso en Picassent
hasta octubre de 2004.
Unos meses antes de su entrada en la cárcel, Pilar
ya fue abordada por el condenado y su esposa «que me
agredieron en la calle y a consecuencia de esa
paliza tuve que ser intervenida quirúrgicamente». El
juicio por esta supuesta agresión se celebró en
abril de 2006 «y lo curioso es que una procuradora
lo representó por su privación de libertad», dijo
Salvador.Ahora también se ha descubierto que esto no
era así ya que el acusado disfrutaba del tercer
grado desde febrero de 2006, dos meses antes de la
celebración de esta vista. |
13-06-06
|
Instituciones Penitenciarias ha reconocido que la cárcel
de Los Rosales está saturada, ya que alberga a 267
presos mientras tiene capacidad para 240. |
A
pesar de que hay más reclusos de lo permitido,
asegura el Gobierno que la seguridad en el recinto y
la atención a los reclusos está garantizada. No
obstante, el próximo día 19 de junio la plantilla se
reforzará con ocho nuevos funcionarios en régimen de
prácticas.
Consciente de la situación en la
que se encuentra el centro penitenciario, el
Gobierno aprobó en diciembre de 2005 un plan de
construcción de nuevos centros entre los que destaca
una nueva prisión en Ceuta.
Actualmente, las negociaciones
entre la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y el Ministerio de Defensa están 'muy
avanzadas', de tal forma que en un breve periodo de
tiempo se determinarán los solares sobre los que se
construirán tanto la nueva prisión como el Centro de
Inserción Social. |
13-06-06
| El Gobierno firmó
hoy con los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF el acuerdo
sobre el anteproyecto de ley del Estatuto de la Función
Pública en un acto celebrado en el Palacio de La Moncloa
que estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero. |
En
nombre del Gobierno suscribió el acuerdo el ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
mientras que por parte sindical plasmaron su firma
en el documento el secretario general de la
Federación de Administraciones Públicas de UGT,
Julio Lacuerda, el coordinador del área pública de
CC.OO., Enrique Fossoul, y el presidente de CSI-CSIF,
Domingo Fernández.
El Estatuto de la Función Pública regulará las condiciones
laborales y los derechos y deberes de 2,5 millones de
empleados públicos. El Gobierno prevé llevar próximamente esta
norma al Consejo de Ministros para su aprobación, momento en
el que será remitida al Parlamento con la pretensión de que
entre en vigor a principios del próximo año.
Tras el acto de la firma, Zapatero destacó que este
Estatuto será un "hito histórico" para la Administración
Pública, pues han tenido que transcurrir 28 años para hacer
realidad el mandato constitucional de tener un Estatuto propio
para el sector público. "Cuando resulte aprobado, y va a
resultar, porque este Gobierno es especialista en aprobar
Estatutos, supondrá un hito histórico", bromeó el presidente.
El jefe del Ejecutivo empezó su discurso recordando su
etapa como portavoz socialista en el área de Administraciones
Públicas. En aquel entonces tenía como "contraparte" a Mariano
Rajoy, a la sazón ministro del ramo. "El destino ha querido
que en aquel momento el Estatuto no viera la luz, pero ahora
lo hará", añadió el presidente.
Zapatero, que en sus primeras palabras reivindicó "el valor
de lo público", destacó la alta profesionalidad de los
funcionarios y la necesidad de que su trabajo sea reconocido y
valorado por la sociedad española. El presidente dijo además
que los cambios en las Administraciones Públicas tienen que
correr al ritmo de la sociedad y eso, puntualizó, depende de
la voluntad política, no de los empleados públicos.
El jefe del Ejecutivo, que calificó de "inédita" la actual
etapa del diálogo social por la abundancia de acuerdos,
subrayó además que el Estatuto de la Función Pública
contribuirá a la modernización, a la competitividad económica,
al progreso social y a la cohesión e integración territorial,
además de ayudar al crecimiento de la economía española.
Zapatero resaltó también que el nuevo Estatuto será una
"fuente de oportunidades" para los empleados públicos, pues
favorecerá la eficiencia y calidad en la prestación de
servicios, estimulará y premiará el trabajo bien hecho y
reconocerá la excelencia profesional. En suma, esta ley, dijo
el presidente, pretende "el orgullo por lo público, el
reconocimiento, la valoración y la promoción".
"Estoy convencido de que el Estatuto del Empleado Público
representará el elemento que los ciudadanos identificarán con
el gran cambio que se operará en las relaciones de empleo y en
la gestión de personal en las Administraciones Públicas",
concluyó Zapatero su discurso.
SEVILLA: EL MEJOR ESTATUTO POSIBLE.
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas
subrayó en su intervención que este Estatuto es "el mejor de
los posibles", porque fortalece los principios
constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y
porque supone un paso más para modernizar las Administraciones
Públicas.
Entre otras medidas, el Estatuto contempla ligar la
retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada
tasa de temporalidad en el sector público. También regulará la
carrera profesional, incluirá un código de conducta y
reconocerá el derecho de los empleados públicos a la
negociación colectiva.
Sevilla destacó que el texto recoge por primera vez
condiciones laborales homogéneas para todos los empleados
públicos, pero siempre desde el respeto a las competencias de
cada comunidad autónoma. El ministro se mostró convencido de
que la mayor parte del Parlamento apoyará este Estatuto. En
este sentido, los responsables sindicales aprovecharon sus
respectivas intervenciones para pedir a las Cortes que
respeten el contenido de lo pactado.
UN PACTO DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA.
En este punto, el coordinador del área pública de CC.OO.,
Enrique Fossoul fue mucho más allá al reclamar que, cuando el
Parlamento apruebe el texto, garantice un Pacto de Estado para
no modificar la Función Pública según los vaivenes políticos.
"Este Pacto de Estado es necesario para dar continuidad a la
Función Pública española", precisó.
Desde UGT, Julio Lacuerda hizo sobre todo hincapié en la
importancia de un proyecto que ha tardado 28 años en hacerse
realidad. De aprobarse en el Parlamento, Lacuerda afirmó que
esta norma supondrá la consolidación de la democracia en las
Administraciones Públicas porque establecerá las mismas
condiciones laborales para todos los funcionarios, mejorará el
servicio público y "dignificará" la situación sociolaboral de
los empleados públicos.
Por último, el presidente de CSI-CSIF recordó que el
Estatuto de la Función Pública era una "asignatura pendiente"
de la democracia y se mostró convencido del papel "clave" que
éste desempeñará en la vertebración de las distintas
administraciones. "Ésta era la última oportunidad que teníamos
para poner orden en el caos jurídico-administrativo que existe
en la Función Pública", aseveró. |
EL ADELANTO DE SALAMANCA
13-06-06
| Hallan un móvil en un
cacheo al que fue sometido el capellán de la
penitenciaría |
A
Emiliano Tapia, coordinador de la capellanía de
Topas y párroco del barrio de Buenos Aires, le ha
sido prohibida su entrada en el centro penitenciario
después de que le encontraran un teléfono móvil, así
como varias colonias y sprays, en un cacheo al que
fue sometido por el jefe de servicio de la prisión
el pasado domingo.
Introducir este tipo de objetos en el interior de la
cárcel está totalmente prohibido, castigándose hasta
con tres años de suspensión de salario a los
funcionarios sorprendidos en esta falta, considerada
como grave.
Para llevar enseres a los internos hay que pasar
primero por el departamento de comunicaciones, que
se encarga de revisar los paquetes para evitar que
los familiares de los reclusos introduzcan objetos
prohibidos. Según ha podido saber El Adelanto, el
pasado viernes los funcionarios encontraron en un
paquete entregado por Tapia un teléfono móvil y un
cargador camuflado entre unas zapatillas.
El párroco de Buenos Aires señaló ayer que se sentía
"totalmente traicionado por los familiares de un
recluso que me dieron una bolsa justo antes de ir a
Topas, por lo que no me dio tiempo a revisarla".
Emiliano Tapia, que reconoce saber que "este tipo de
cosas son ilegales", señaló que no tiene "constancia
de que me hayan prohibido la entrada en la cárcel.
Mañana -por hoy- habraré con la directora para
aclarar todo este tema, que espero no se salga fuera
de los límites".
Aunque el párroco no fue ayer a Topas, los
funcionarios del centro penitenciario tenían orden
de no dejarle pasar. |
EL ADELANTO DE SALAMANCA
13-06-06
Un
preso del centro penitenciario de Topas falleció en
la madrugada del pasado sábado mientras dormía en su
celda del módulo 10, donde están recluidos la
mayoría de los presos islámicos, a excepción de los
que se encuentran en el módulo de aislamiento por
estar implicados en actividades terroristas.
El reo, cuyas iniciales son A.J., era natural de
Marruecos, tenía 46 años y aparentemente no sufría
ningún tipo de enfermedad que amenazara su vida, por
lo que las causas de la muerte no se conocerán hasta
que se conozcan los resultados de la autopsia. Según
fuentes cercanas al caso, hasta el día de ayer
ninguno de los familiares del recluso había
reclamado su cuerpo para repatriarlo a su país de
origen.
El reo -que hacía vida normal en la prisión y no
causaba problemas-, compartía celda con otro que
declaró no haber escuchado nada raro durante la
noche. A.J., había sido trasladado al centro
salmantino desde la cárcel de Melilla. |
13-06-06
|
DE 116 CASOS EN EL AÑO 2004 SE
PASÓ A 294 EN EL 2005
El sindicato Acaip
denunció un aumento de un 253,45 por ciento en la cifra
de agresiones entre internos registradas el
pasado año en las cárceles de la Comunitat
Valenciana en relación con 2004 ya que de 116 casos en
ese año se pasó a 294. De esta cifra, una
agresión fue de carácter muy grave, siete graves y el
resto leve. El mayor número se produjo en
Picassent, con 138 incidentes, 135 de ellos
leves y tres graves. |
A
pesar de estos datos, el sindicato se mostró
"convencido" de que en la realidad "se producen
muchos más casos, que se tratan de ocultar en la
medida de lo posible, por las Direcciones de los
Centros penitenciarios para dar sensación de
normalidad y de buena gestión". Para Acaip,
las razones del incremento son el aumento de la
población reclusa, que tiene las prisiones
"desbordadas"; la "imposibilidad real" aparejada de
clasificar "adecuadamente a los internos según su
perfil"; "falta de espacio real" y que el número de
funcionarios se ha mantenido "prácticamente
invariable a lo largo de los últimos años".
Todas estas situaciones provocan "de forma
inevitable" choques y conflictos y un aumento
"preocupante" de la conflictividad. Acaip
afirmó que al igual que en otras ocasiones, es el
establecimiento penitenciario de Valencia el que
encabeza la lista de agresiones "no ya de la
Comunitat Valenciana, sino de todos los centros del
país".
En comparación con 2004, año en el que se
registraron 14 agresiones en Picassent, en 2005, con
138 supuestos, el incremento fue de un 985,71 por
ciento. En relación con 2003, con 9 agresiones, el
aumento fue de un 1.533,33 por ciento. A nivel
nacional, según el sindicato, con excepción de
Cataluña, que tiene competencias propias en materia
penitenciaria, el incremento también fue "alarmante"
y supuso un 166,32 respecto a 2004, y un 271,25 por
ciento respecto al 2003. No obstante, consideró que
lo "más alarmante" es el crecimiento en un 233,33
por ciento de las agresiones de carácter muy grave.
Para el sindicato, estos datos "escalofriantes"
ponen de manifiesto "el fracaso de la política
penitenciaria tanto de los anteriores Gobiernos como
del actual" ya que con anterioridad "no quisieron
ver el negro panorama que se avecinaba, pese a las
reiteradas denuncias de los profesionales del
sector, a los que acusaron de exagerar el problema y
no iniciaron a tiempo la construcción de nuevos
centros".
Acaip cree que los actuales gestores del
sistema penitenciario "reúnen una total incapacidad
política para sacar adelante la dotación necesaria
de medios materiales y humanos para hacer frente al
problema, con el total desconocimiento de la
realidad de los centros penitenciarios y de lo que
en ellos ocurre, desconocimiento que se manifiesta
desde el puesto más alto del Ministerio del
Interior, hasta muchos de los directores de los
centros penitenciarios españoles nombrados por la
actual directora general de Instituciones
Penitenciarias". |
14-06-06
|
Los incidentes en las cárceles valencianas pasan de 116 a 294 |
El
sindicato Acaip denunció ayer un aumento de
un 253,45% en la cifra de agresiones entre internos
registradas en 2005 en las cárceles de la Comunitat
Valenciana en relación con 2004 ya que de 116 casos
en ese año se pasó a 294, casi el triple en sólo un
año.
De todos estos incidentes, una agresión fue de
carácter muy grave, siete graves y el resto, leves.
El mayor número de casos se produjo en la prisión de
Valencia, en el término de Picassent, con 138
incidentes, de los que 135 fueron leves y tres
graves.
Este sindicato se mostró, a través de un comunicado,
“convencido de que se producen muchos más casos, que
se tratan de ocultar por la dirección de cada centro
penitenciario para dar sensación de normalidad y de
buena gestión”. Para Acaip, las razones del
incremento son el aumento de la población reclusa,
que tiene las prisiones “desbordadas”, y la
“imposibilidad real” de clasificar “adecuadamente a
los internos según su perfil.
10 veces más desde 2003
También consideran que influyen la “falta de espacio
real” y que el número de funcionarios se ha
mantenido “prácticamente invariable a lo largo de
los últimos años”.
Todos estos factores causan “de forma inevitable”
choques y conflictos y un aumento “preocupante” de
la conflictividad. Acaip afirmó que al igual
que en otras ocasiones, es el establecimiento
penitenciario de Valencia el que encabeza la lista
de agresiones “no ya de la Comunitat Valenciana,
sino de todos los centros del país”.
En comparación con 2004, año en el que se
registraron 14 agresiones en Picassent, en 2005, con
138 supuestos, el incremento fue de un 986%; es
decir, casi 10 veces más. En relación con 2003, con
9 agresiones, el aumento fue de un 1.533%.
A nivel nacional, según el sindicato, el incremento
también fue “alarmante” y supuso un 166% con
respecto a 2004, y un 271% frente al año 2003. No
obstante, consideró que lo “más alarmante” es el
crecimiento en un 233% de las agresiones de carácter
muy grave.
Para el sindicato, estos datos “escalofriantes”
ponen de manifiesto “el fracaso de la política
penitenciaria. |
14-06-06
Las
prisiones de la Comunitat Valenciana registraron
durante el pasado año un total de 294 agresiones
entre sus internos, lo que supone un aumento del
253% respecto a 2004, informó ayer el sindicato
Acaip.
Según los datos del Ministerio del Interior
facilitados por Acaip, una de estas
agresiones fue «muy grave», siete fueron «graves» y
286 «leves», mientras que en 2004 hubo 8 «graves» y
108 «leves».
El mayor número de incidentes de este tipo a nivel
nacional se registró en el Centro Penitenciario de
Picassent, donde se produjeron 138 agresiones entre
internos durante el pasado año (tres de ellas
graves) frente a las 14 registradas en 2004, lo que
supone un aumento del 985%.
Estos «escalofriantes datos» evidencian, a juicio de
Acaip, «el fracaso de al política
penitenciaria tanto de los anteriores gobiernos como
del actual». «Los anteriores responsables de las
prisiones españolas no quisieron ver el negro
panorama que se avecinaba, pese a las reiteradas
denuncias de los profesionales del sector»,
lamentaron las citadas fuentes. |
14-06-06
| Uno de los procesados
declara que era para su consumo |
El
Ministerio Fiscal solicitó ayer 11 años de prisión a
dos ex presos por un delito contra la salud pública
por traficar, presuntamente, con drogas en la cárcel
de Castellón donde ambos estaban internos.
Según el escrito provisional del fiscal, los hechos
sucedieron en diciembre de 2001, cuando un
funcionario del centro penitenciario halló en la
celda de uno de ellos 44 bolsitas de heroína y 4
tabletas de hachís, además de 24.000 pesetas, y
destacó que “poseía dichas sustancias para el
tráfico ilícito”. También se halló una libreta con
nombres de algunos internos.
El fiscal relató que dichas sustancias “se las había
dado otra persona internada en el centro en tercer
grado, por lo que tenía actividad laboral fuera de
la cárcel”.
En el juicio celebrado ayer en la Audiencia, H. C.
C., el procesado a quién supuestamente se le
encontró la droga, declaró que poseía estas
sustancias para consumo propio “y no para venderla
entre los internos”.
Droga por paquetería
“La compraba en prisión, me venía a través del
servicio de paquetería, en los paquetes de tabaco”,
declaró. H. C. C., ante el tribunal, y añadió que
desconocía quién era la persona que vendía la droga
“pero sabía que se podía comprar”, al igual que el
resto de los internos de la prisión castellonense.
Por su parte, el segundo procesado, que responde a
las iniciales F. J. P. D. y que en dicha época
trabajaba en ocasiones en el servicio de paquetería,
también negó todos los hechos que se le imputan.
Uno de los funcionarios de la prisión declaró en el
juicio que éste le confesó en una ocasión “que un
preso del tercer grado le traía la droga cuando
venía a la cárcel los viernes y que él, el sábado
por las mañanas, lo metía en los paquetes de tabaco
de los presos”.
El hecho de que algunos internos tengan droga dentro
de la cárcel es ampliamente perseguido por los
funcionarios de prisiones, aunque a pesar de su
vigilancia en ocasiones hay internos que la
consiguen.
El juicio celebrado ayer en la Audiencia de
Castellón ha quedado visto para sentencia. |
EL ADELANTO DE SALAMANCA
14-06-06
| Emiliano Tapia no
podrá volver a entrar en la cárcel de Topas |
La
Dirección del centro penitenciario de Topas ha
prohibido la entrada permanente a Emiliano Tapia,
coordinador de la capellanía de la prisión.
Así, el párroco de Buenos Aires no podrá volver a
oficiar misa en la cárcel, ni realizar visitas a los
internos, como venía haciendo con frecuencia hasta
ahora.
La prohibición llega después de que el pasado
domingo Tapia fuera sorprendido en un cacheo -que no
era rutinario- con varios objetos que no están
permitidos en el interior de la cárcel, como
colonias, sprays, y un teléfono móvil, cuyo valor
intramuros puede alcanzar precios muy altos. De
hecho, hay reclusos que pueden llegar a pagar hasta
600 euros por un móvil con el que poder comunicarse
con el exterior. |
14-06-06
La
prisión alicantina de Fontcalent registró el año
pasado el mayor índice de agresiones a reclusos
registrado en los últimos cinco años, y
multiplicando por ocho el número de incidentes
respecto a 2004. En este panorama, el sindicato de
prisiones ACAIP ha denunciado el recorte de
plantillar en el penal alicantino. En el año 2005,
Fontcalent registró un total de 58 agresiones entre
reclusos, una de ellas grave, frente a las tan sólo
siete que se produjeron el año anterior. La cifra
supera incluso a las de la cárcel de Villena en la
que se registraron 51 agresiones. Hasta hace poco,
la cárcel de Villena se encontraba entre las más
conflictivas del país. De todas maneras, el año
pasado se multiplicaron los incidentes en las
prisiones españolas, aunque las ubicadas en la
provincia ya no se encuentran en los primeros
puestos de la lista.
ACAIP critica que Fontcalent lleva tres años
seguidos reduciendo su plantilla en los concursos de
traslados y en el último que se ha resuelto
recientemente la pérdida de trabajadores se cifra en
ocho funcionarios que prestaban servicios en
oficinas y en el interior de los módulos que
albergan a los presos. |
14/06/06
Un
tercio de los más de 1.500 internos de la cárcel de
Villabona padecen trastornos psiquiátricos y, sin
embargo, no son tratados adecuadamente por su
enfermedad mental. La atención médica y psiquiátrica
a los presos asturianos es, según advirtió ayer el
catedrático de Psiquiatría, Julio Bobes, una de las
asignaturas pendientes del traspaso de Justicia que
acaban de cerrar las administraciones central y
regional. Así lo puso de manifiesto este y otros
psiquiatras y psicólogos de la región (Manuel
Bousoño, José Ramón Fernández Hermida y Serafín
Lemos Giráldez) durante la presentación del VI
Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad,
que desde hoy y hasta el viernes se celebrará en el
Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, y al que
tienen previsto acudir más de 600 profesionales.
En el centro penitenciario conviven unos quinientos
presos con enfermedades mentales graves. Padecen,
según Bobes, desde esquizofrenia hasta delirios
paranoides o brotes psicóticos. «La falta de
recursos hace que sea prácticamente imposible
atender a estos enfermos», advirtió el catedrático
de Psiquiatría. Al centro penitenciario están
adscritos una decena de médicos de familia, «pero
sólo atienden las urgencias», alertó.
Mejorar la atención
Por su parte, los promotores del congreso de
Trastornos de la Personalidad abogaron por la
creación de unidades especializadas para la atención
de pacientes con enfermedades psiquiátricas graves.
Señalaron, en este sentido, que algunos enfermos
asturianos son derivados, generalmente a petición de
sus familiares, a dispositivos especiales que si
disponen otras comunidades autónomas. En Asturias,
se estima que un 10% de las personas que acuden a
los centros de salud padece un trastorno de
personalidad |
EL ADELANTO DE SALAMANCA
15-06-06
Un total de 123 presos llegaron al centro
penitenciario de Topas el pasado martes, lo que
eleva a 1.773 el número de reclusos que en estos
momentos cumplen su condena en el interior de la
prisión salmantina.
Con esta cifra, la sobreocupación de la
penitenciaria alcanza el 176% y, según fuentes
consultadas por El Adelanto, todo apunta a que el
número de reos aumentará.
Los nuevos reclusos, llegados en avión desde
Canarias y en tres autobuses procedentes de Madrid,
Andalucía y el resto de España, cumplen penas de
todo tipo, lo que supone un problema, ya que los
presos de primer grado, que deben de ocupar el
módulo de aislamiento, tienen que estar en una celda
compartida, porque aislamiento está completo. |
15-06-06
| Durante casi dos meses
han estado en el mismo módulo del centro penitenciario
de Valdemoro - El sindicato Acaip sospecha que los
documentos intervenidos a los islamistas no los tiene el
juez |
Instituciones
Penitenciarias ha dispersado a los cinco presos del
11-M que el pasado 12 de mayo estaban encarcelados
en el módulo IV de la prisión de Valdemoro y cuyas
celdas fueron registradas en un «cacheo
extraordinario».
Este cacheo se produjo días
después de que a uno de estos presos, concretamente
a Abdelmajid Bouchar (huido del piso de Leganés,
detenido en Serbia y acusado de autor material de
los atentados del 11-M) se le incautara en la celda
un ejemplar del diario Gara con anotaciones
manuscritas en árabe. En una de las citas decía:
«Alá premia a quien asume su destino». Los otros
cuatro internos vinculados con el 11-M a los que se
les registró la celda fueron: Jamal Zougam (también
acusado como presunto autor material), Rachid Aglif,
Hamid Ahmidan y Abdelilah el Fadual. Según
explicaron en Instituciones Penitenciarias, este
agrupamiento de cinco presuntos terroristas del 11-M
se produjo de forma circunstancial, ante la
notificación del auto de procesamiento por la
matanza de Madrid. Dicha notificación comenzó el
pasado 12 de abril. Los internos llegaron a
Valdemoro entre el 17 y el 19 de ese mismo mes. Casi
un mes después, el 12 de mayo, es cuando se produjo
el registro de sus cinco celdas y de las de otros
cinco presos islamistas encarcelados en el mismo
módulo de Valdemoro.
El pasado 11 de junio comenzó
de nuevo la dispersión, el envío a las cárceles
donde estaban antes del agrupamiento temporal para
el procedimiento judicial. El Fadual y Rachid Aglif
fueron los primeros en abandonar el centro. Al día
siguiente, 12 de junio, lo hizo Jamal Zougam. El
pasado martes, fueron trasladados a otros centros
los otros dos internos del 11-M: Hamid Ahmidan y
Abdelmajid Bouchar.
Durante dos meses (oficialmente
por motivos judiciales), estos cinco presos
estuvieron en el mismo módulo. Compartieron durante
cuatro horas al día el patio y el gimnasio.
Estuvieron en celdas muy cercanas. De hecho, la
sospecha es que el famoso Gara incautado a Bouchar
se lo pudo facilitar uno de los etarras más
sanguinarios: Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi,
quien compartió también durante esos meses el módulo
de máxima seguridad de Valdemoro y estuvo en una
celda muy próxima a la de Bouchar.
Oficialmente, Prisiones resta
importancia a estos movimientos de islamistas.
Asegura que las órdenes de traslado de Valdemoro a
los centros de procedencia estaban ya dadas antes de
que se produjeran los registros. En los mismos, la
Guardia Civil se incautó de varios documentos que
fotocopió y que devolvió. También localizó varios CD
que aún están siendo analizados.
Desde el sindicato Acaip,
por boca de su vicepresidente, Juan Figueroa, se
exigió al Ministerio del Interior que ponga a
disposición judicial todo el material que se requisó
en los registros a los islamistas. «Entendemos que
las fotocopias hechas a la documentación incautada a
los islamistas del 11-M y de la operación Nova en el
registro extraordinario debieran ser puestas en
manos de los jueces para no favorecer ningún atisbo
de sospecha».
Recordó que la seguridad
exterior de las prisiones es competencia de la
Guardia Civil, pero no así la del interior de las
celdas. «Lo único que están provocando desde la
Dirección General es un conflicto entre la Guardia
Civil y los funcionarios de Prisiones, poniendo en
duda la profesionalidad del colectivo al que
representamos». «Para nosotros no existe
inconveniente en que esa tarea pase a ser
desempeñada por efectivos de la Guardia Civil si es
que la Administración considera que están mejor
cualificados para ello», añadió Figueroa. |
15-06-06
Mercedes Gallizo dice que la percepción es que
tienen una "expectativa positiva.
|
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, ha asegurado hoy que los presos de
ETA tienen una disposición favorable al proceso de
paz iniciado con el alto el fuego permanente
declarado por la banda el pasado 22 de marzo. Así lo
ha asegurado en un encuentro con periodistas
precisando, no obstante, que su comportamiento en el
seno de las prisiones y su actitud no han cambiado
sustancialmente. Según Gallizo, la percepción es
que entre los reclusos de la organización criminal existe
una "expectativa positiva" ante el proceso abierto hace dos
meses. En la actualidad se encuentran en prisión un total de
490 miembros de ETA, entre los cuales se encuentran
históricos dirigentes de la banda terrorista, como Gadafi,
Pakito o Txapote, quien está siendo juzgado
estos días en la Audiencia Nacional por diversos asesinatos.
A este respecto, Gallizo se ha referido a la actitud
desafiante que Txapote ha mantenido ante el tribunal en
estos días, despreciando y dando la espalda a los jueces y a
las familias de las víctimas. Según la responsable de
prisiones, en la actitud que los etarras mantienen dentro de
las cárceles no ha habido un cambio "sustancial", sino que
vienen comportándose, en líneas generales, como lo venían
haciendo hasta el alto el fuego.
Así, la directora de Prisiones se ha referido a que los
reclusos de ETA siguen sin participar en las actividades
comunes de los centros, algo que han venido haciendo
históricamente. En este sentido, los etarras
tradicionalmente no han tomado parte en actividades como los
talleres de los centros penitenciarios, así como otro tipo
de iniciativas que se llevan a cabo en las prisiones para
intentar progresar en la reinserción de los internos. |
|
Madrid,
16 jun (PL) España es el país con mayor tasa de
presos por 100 mil habitantes de la Unión Europea,
reveló la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, lo cual llama hoy
poderosamente la atención ciudadana.
Según la funcionaria, el fuerte aumento de la
población penitenciaria en los dos últimos años ha
llevado a superar por segunda vez al Reino Unido,
que desde 2003 ostentaba un récord tan poco
edificante.
Gallizo dijo que las prisiones españolas albergan
hoy a más de 63 mil personas, lo que supone que por
cada 100 mil ciudadanos hay 146 presos, seis más que
en el Reino Unido, y por encima de Portugal.
De las 63 mil 211 personas encarceladas, 14 mil 179
(22,4 por ciento) están en prisión preventiva. Sólo
el 7,8 (cuatro mil 960) son mujeres. La media de
reclusos en lo que va de año es de 62 mil 176, casi
el doble de los que había en 1990.
La directora reconoció que el fuerte aumento no
estaba previsto en el plan de construcción de
cárceles de 2001, y se intentará remediar con el
plan de edificación de presidios que tiene en marcha
la Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios
(SIEP).
Si España decide que debemos ser el país con más
presos por habitante, lo asumiremos", dijo e
insistió en la necesidad de abrir una reflexión en
la sociedad sobre si todos los tipos de delitos
deben ser castigados con penas de privación de
libertad.
Gallizo se refirió a una extraña relación entre las
tasas de criminalidad y la población penal, pues
mientras el delito tiene una tasa de crecimiento
baja o de descenso medio entre 2,0 y 4,0 por ciento,
la población penal ha aumentado un 20. |
16/06/2006
La
sección segunda de la Audiencia Provincial de
Cáceres ha condenado a tres años de prisión a David
B. S., un joven de 26 años, natural de Cáceres, que
fue sorprendido en el centro penitenciario de esta
ciudad cuando intentaba introducir hachís, cocaína y
heroína. Además de los tres años de prisión debe
pagar una multa de 500 euros.
De permiso
En el mes de agosto del año 2003 David estaba
ingresado en el centro penitenciario de Cáceres,
para extinguir las penas de cárcel que le habían
impuesto por la comisión de doce delitos de robo.
En ese mes se le concedió un permiso penitenciario
para que pudiera disfrutar de la libertad durante
varios días.
Regresó a la cárcel a las cinco y cuarto de la tarde
del 2 de septiembre. Antes de reingresar a su módulo
fue cacheado por funcionarios del centro
penitenciario. Le encontraron dentro del pantalón
que vestía una papelina de cocaína con un peso neto
de 0,24 gramos.
Mochila con sorpresa
David regresó a la cárcel con una mochila. Al
controlar la mochila vieron que en el interior de
las asas había un trozo de hachís con un peso de
4,69 gramos, y ocho papelinas en las que había una
mezcla de cocaína y heroína, con un peso total de
3,30 gramos.
La Audiencia indica que esta droga, que esta
valorada en 250 euros, estaba destinada a ser
transmitida a otros internos.
Metadona
David no consumía drogas en esa fecha al estar
sometido a tratamiento con metadona. Cuando le
cogieron la droga él manifestó al jefe de servicio
del Centro Penitenciario que traía la droga para
pagar las numerosas deudas que tenía contraídas con
otros internos.
En el juicio David cambió su versión, dijo que la
droga era para su consumo, y que la había
introducido en la cárcel para no habituarse a la
metadona, y que pretendía dosificarla mientras
estuviera encarcelado.
Culpable
Durante la vista oral el fiscal pidió al tribunal
que condenara al acusado a cinco años y seis meses
de prisión, además de pagar una multa de 500 euros.
El abogado defensor pidió su libre absolución
alegando que la droga era para su consumo.
La Audiencia le ha encontrado culpable del delito de
tráfico de drogas, ya que considera probado que los
cerca de cinco gramos de hachís y las ocho papelinas
de cocaína y heroína eran para otros internos. |
16/06/2006
| Comienza de modo
oficial la ampliación del recinto de Tahíche |
La
prisión sufre esta semana uno de los ratios más
altos de saturación del año, con más de 180
internos, según el director insular de la
Administración General del Estado, Marcial Martín. Y
con numerosos presos de Lanzarote y La Graciosa en
la Península. Por ello, Martín decía ayer sentirse
«contento» con el inicio oficial de la ampliación de
la cárcel, con 24 meses de obra. Tiene un
presupuesto de 17,5 millones de euros, estando
previsto que el nuevo centro sea capaz de acoger a
un mínimo de 350 internos. O lo que es lo mismo,
«servirá para el acercamiento de los presos».
Hechos los replanteos, será en julio cuando la
maquinaria se deje ver a gran escala en el lugar. En
una primera fase, hasta verano de 2007, se trabajará
en los terrenos anexos al recinto actual. Se harán
nuevas dependencias, que mientras no estén listas,
no darán paso al tramo final de las obras, que
afectarán al actual inmueble carcelario. En la
segunda fase se derribará sobre el 70% de la
estructura en servicio.
Cabe recordar que las obras corren a cargo de Siepsa
(Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios SA), junto con la empresa Comsa y la
asistencia técnica que se presta por parte del
Estado. |
16-06-06
| PIDE QUE SE LLEVEN AL
JUEZ LOS OBJETOS INCAUTADOS EN LAS CELDAS
 La
portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso
de los Diputados, Alicia Sánchez Camacho, ha denunciado
este jueves la actitud de la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, al incumplir la
instrucción en la que se recogía la orden de dispersión
de presos islamistas –así como la garantía de no
comunicación entre ellos– y la orden del ex ministro de
Interior José Antonio Alonso en cumplimiento de las
conclusiones de la Comisión de Investigación del 11-M.
La portavoz popular pregunta también qué ha pasado con
los objetos incautados en los registros. |
Tras
las diversas informaciones publicadas por el diario El Mundo
en la que se ha confirmado que cinco presos islamistas han
compartido módulo en la prisión de Valdemoro durante dos
meses, Sánchez Camacho ha explicado que el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tenido que corregir de
nuevo a la Directora de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, en el "error más grave que ha cometido en
esta legislatura".
La portavoz popular pide que se depuren responsabilidades
porque Rubalcaba no puede “pasar de puntillas” ni legitimar
a Mercedes Gallizo "como ya lo hiciera de manera errónea
José Antonio Alonso". Más en concreto, Sánchez Camacho ha
señalado al coordinador de Seguridad de Instituciones
Penitenciarias, el Teniente Coronel de la Guardia Civil. “En
asuntos de extraordinaria gravedad para todos los ciudadanos
como son los que se relacionan con la seguridad del Estado
y, en especial, los que afectan a terroristas islamistas, el
Gobierno no está manteniendo los controles exigidos y esta
responsabilidad corresponde a la responsable de prisiones,
Mercedes Gallizo”, ha dicho Sánchez Camacho.
Asimismo, la portavoz popular exige que las pruebas
incautadas en los diversos registros realizados por la Guardia
Civil en las celdas de los islamistas sean remitidas a los
órganos judiciales pertinentes. “No sabemos que ha pasado con
esas pruebas”. Entre los documentos que se incautaron se
encuentran varios CD, documentos y un Gara con notaciones en
árabe. |
16-06-06
En
las cárceles españolas había, a principios de esta semana,
486 presos de ETA, dispersados por 51 de las 66 prisiones
dependientes del Ministerio del Interior, según la
asociación de familiares de internos de la banda Etxerat.
Sólo los centros ubicados en Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla no albergan a reclusos de la organización
terrorista. Tampoco en Cataluña, ya que estas cárceles no
dependen del Gobierno central.
En la Comunitat Valenciana, según las mismas fuentes, hay 20
reclusos etarras en Valencia II y III, 12 en Castellón,
otros 12 en Villena y 6 en Alicante.
El establecimiento español con mayor población etarra, según
los familiares de los terroristas es Soto del Real-Madrid
con 27 internos (la inmensa mayoría preventivos). Le siguen
Puerto I y II con 24 internos, Valencia II y III, con 20
internos, Herrera de la Mancha-Ciudad Real (19),
Alcalá-Madrid, Almería, Topas (Salamanca) y Curtis (La
Coruña) (17), Aranjuez-Madrid y Ocaña I y II (16 presos),
Navalcarnero-Madrid, Brieva-Ávila y Lama-Pontevedra (15),
Algeciras (14), Albolote-Granada, Jaén y Mansilla-Léon (13).
Según fuentes del Ministerio del Interior, 242 de estos
presos están condenados por delitos de sangre o con
sentencias de más de 30 años de cárcel por su participación
en graves atentados o con responsabilidades en la jefatura
de algún aparato de la organización terrorista.
|
16-06-06
| La directora de
Instituciones Penitenciarias confirma que los presos de
ETA respaldan la tregua La directora de Instituciones
Penitencias, Mercedes Gallizo, manifestó ayer que la
actual política de dispersión de los presos etarras por
las cárceles españolas se “adaptará sin dificultad” a la
dirección que se marque desde la Moncloa. Prisiones
constató que los reclusos de ETA respaldan el alto el
fuego. |
Mercedes
Gallizo anunció ayer que su departamento ha
constatado
que los presos de ETA “respaldan” la decisión de la
cúpula de la banda de declarar el alto el fuego
permanente. La máxima responsable de prisiones, que
ayer habló por primera vez de la situación
penitenciaria tras el cese de actividades decretado
el 22 de marzo, señaló que el denominado
frente de makos aguarda con
“expectativa positiva” el desarrollo de
acontecimientos.
Gallizo, durante un encuentro informativo, explicó
que Instituciones Penitenciarias “ha comprobado a
través de sus medios propios” el apoyo de los
internos a la línea marcada por la dirección de la
organización terrorista y reveló que así se ha
“transmitido” al Gobierno central. En las cárceles
“no hay discrepancias con el alto el fuego
permanente”, dijo tajante la directora.
La responsable de las 66 prisiones dependientes del
Ministerio del Interior apuntó que el seguimiento y
control de los presos de ETA por parte de los
técnicos de prisiones ha desvelado el “apoyo,
sintonía y aceptación” de la decisión del alto el
fuego.
Mercedes Gallizo evitó pronunciarse sobre la
decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de
pedir, el pasado miércoles, el cumplimiento íntegro
de condena para el ex dirigente de ETA Xabier García
Gaztelu, Txapote, porque no vio
“ninguna esperanza de reinserción”.
La directora general sí explicó que, a pesar del
alto el fuego, los dirigentes etarras encarcelados,
así como la mayor parte de los presos, siguen sin
participar en las actividades de las cárceles con el
resto de los reclusos, tal y como ha ocurrido
siempre. Según Gallizo, no ha habido “cambios
sustanciales” entre los internos de la banda. “El
sistema no ha cambiado y ellos tampoco”, apostilló.
En esa línea, insistió en que el Gobierno no ha
variado su estrategia penitenciaria con respecto a
los presos etarras después del anuncio de cese de
actividades. “La política de la dispersión de los
miembros de la bandas armadas está consensuada con
las principales fuerzas políticas y no se ha
modificado”, recordó.
La directora de prisiones no quiso desvelar si el
Ejecutivo socialista planea un movimiento de
internos de la organización armada como gesto a la
cúpula de la banda terrorista. Mercedes Gallizo
aseguró que es una decisión que compete en exclusiva
al presidente Rodríguez Zapatero. En cualquier caso,
adelantó que “el sistema penitenciario se adaptará
sin ninguna dificultad a la dirección que se marque”
desde La Moncloa.
Sobre la posibilidad de ese movimiento de presos, el
jefe del Ejecutivo se limitó a señalar el miércoles
en una entrevista en televisión que “el Gobierno
dará pasos teniendo en cuenta los precedentes y con
la máxima seguridad de que serán pasos útiles para
consolidar el fin de la violencia”.
Zapatero se refirió al acercamiento de 105 presos de
ETA en septiembre de 1999 por parte del Gobierno de
José María Aznar. El presidente dijo que entonces se
dieron pasos “cuya lógica no he acabado de
comprender” y se preguntó por qué se varió la
política de dispersión después de celebrar una sola
reunión con la banda, que además no tuvo
“resultados”, y “sin que hubiera un horizonte como
el que hay ahora”. Fuentes gubernamentales
confirmaron ayer que Instituciones Penitenciarias ha
“participado muy activamente” en el proceso de
verificación del alto el fuego que el Gobierno dio
por concluido el pasado 22 de mayo. |
16-06-06
| INFORME DEL ARARTEKO
En su opinión, "la proximidad en la gestión puede
facilitar la modernización de las instituciones
penitenciarias". |
El
Ararteko, Iñigo Lamarca, ha defendido hoy ante el
pleno del Parlamento Vasco la transferencia a la
Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en
materia penitenciaria.
Lamarca ha presentado ante la Cámara el informe
anual de actuaciones correspondiente al pasado
ejercicio, en el que los ciudadanos presentaron
1.459 quejas, casi la mitad de ellas dirigidas a los
ayuntamientos.
Durante la presentación del informe, Lamarca ha
recordado que los derechos de los presos son objeto
de "especial atención, por ser un colectivo de
personas susceptibles de una mayor situación de
indefensión". Ha abogado por la transferencia a la
Comunidad Autónoma Vasca de la competencia sobre
prisiones, porque "la proximidad en la gestión puede
facilitar la modernización de las instituciones y,
sobre todo, la mayor coordinación e incluso la
integración de los distintos servicios
penitenciarios, como la sanidad o la educación, en
la red
comunitaria".
El Ararteko ha recordado que se han cumplido diez
años del informe monográfico que esta institución
elaboró sobre la situación de las prisiones vascas y
que, en la ctualidad, "seguimos teniendo
sobrepoblación de los centros, escasez de
profesionales de tratamiento e insuficiencia de
actividades laborales y formativas".
Lamarca también ha hecho especial mención a las
víctimas de ETA y ha reiterado que la "violencia es
un cáncer terrible contra los derechos humanos, que
resulta incompatible con los valores éticos y
democráticos que deben regir las relaciones sociales
y personales", por lo que "debe ser una prioridad de
todos los poderes públicos y de todos y cada una de
las personas de esta sociedad erradicar de forma
absoluta de nuestras vidas la violencia".
En este sentido, se ha referido explícitamente a la
declaración de alto el fuego permanente de ETA y ha
expresado su esperanza en que esa decisión sea "la
antesala de una pronta desaparición total y
definitiva de ETA". |
16-06-06
La
tasa de hacinamiento de internos a día de hoy en la
Prisión Provincial de Santander es la segunda mayor
de los centros penitenciarios del territorio
nacional, con un 333,33%, según el informe elaborado
por el Sindicato de Prisiones ACAIP. Así lo
señala el citado estudio, que refleja que la media nacional
asciende al 170,40%, "al existir 54.535 internos dependientes
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para
31.922 plazas o celdas funcionales distribuidas en 66 centros
penitenciarios".
Según ACAIP Ceuta encabeza el ranking de prisiones
españolas con mayor tasa de hacinamiento, por albergar a 275
internos en 80 celdas funcionales (343,75% de tasa de
hacinamiento). Le sigue Santander, con 190 presos en 57
celdas, San Sebastián, con 304 en 103 celdas (295,15%), y
Murcia con 902 en 322 celdas (280,12%).
Por otro lado, en lo que respecta a la evolución de la
población penitenciaria por comunidades autónomas en el
periodo 2005-2006, en Cantabria se registró uno de los dos
únicos descensos, al pasar de 750 reclusos en 2005 a 651 en
2006. El otro tuvo lugar en Melilla, cuya población
penitenciaria bajó de 323 a 307 este año. |
16/06/06
El
juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
procesó hoy al histórico miembro de ETA Joseba
Urrusolo Sistiaga por un nuevo delito de integración
en la citada organización terrorista y amenazas
terroristas porque el 12 de julio de 2005, en el
Centro Penitenciario de Córdoba, discutió con
funcionarios y les dijo: "Ustedes están aquí para
servirnos, para eso coméis de nuestros impuestos.
Así que recoja del suelo el paquete de periódicos y
me lo entrega en mano, si no quiere tener problemas
con nosotros".
Al ser requerido para que cesara en su actitud y sus
manifestaciones, agregó: "No son ninguna amenaza,
son una promesa. Ustedes tengan mucho cuidado con
nosotros y ya saben de qué les hablo, 'txakurras'
(perros)".
La discusión se produjo en el módulo 15, de
aislamiento, de la cárcel de Córdoba, a la hora de
realizarse las entregas de correo, periódicos y
cena, explica el auto de procesamiento dictado hoy,
que precisa que "no consta ningún tipo de
controversia" entre el recluso y los funcionarios,
por lo que el juez entiende que Urrusolo profirió
las amenazas, porque el colectivo de funcionarios
"se encontraba señalado por la organización
terrorista".
El juez considera que estos hechos son constitutivos
de integración o pertenencia a organización
terrorista y de amenazas terroristas. En cuanto al
primer delito, señala que aunque Urrusolo ya ha sido
condenado por él, puede volver a ser juzgado, ya que
existe "distinta jurisprudencia de nuestro más alto
tribunal", que permite considerar que "la condena
por dicho delito, cierra y provoca la ruptura de la
situación delictiva previa", por lo que los hechos
investigados serían una nueva pertenencia.
El 10 de agosto del año pasado, el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 procesó a
José Ignacio de Juana Chaos por integración en
organización terrorista y amenazas terroristas, por
las manifestaciones que realizó a los funcionarios
del centro en el que estaba internado.
VOLUNTAD RENOVADA DE INTEGRARSE.
En el caso de Urrusolo, el juez Grande-Marlaska
afirma que sus expresiones contra los funcionarios,
"atendiendo a su propio tenor literal, conforman la
manifestación de una voluntad renovada de
incardinarse dentro de la estructura de la
organización terrorista ETA", al estar dirigidas a
un colectivo seleccionado como objetivo terrorista.
Además, considera un indicio que el preso no realizó
ninguna queja sobre lo sucedido.
El magistrado, que impone una fianza de 20.000 euros
al procesado por la responsabilidad pecuniaria en la
que haya podido incurrir, le cita para el próximo
martes para que preste declaración indagatoria.
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