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 El
Centro Penitenciario Provincial de Granada, ubicado
en el municipio de Albolote, con un total de 1.883
internos es la cárcel andaluza con mayor número de
presos y la única de la comunidad cuya población
reclusa creció mes a mes durante el primer semestre
de 2007.
Según los datos estadísticos facilitados a Efe por
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, la cárcel granadina contaba a
principios de año con 1.705 reclusos y su ocupación
creció en los meses sucesivos (febrero, 1.712;
marzo, 1793; abril, 1.801; mayo, 1.847 y junio
1.859) hasta situarse a finales de julio con 1.883.
Crecimiento
Esta cifra la situó como el centro andaluz que más
presos aglutinaba a finales del primer semestre del
año, por encima de las prisiones de Málaga, que en
esas fechas contaba con 1.846 internos, Huelva
(1.823), Córdoba (1.805), Algeciras (1.804) y
Sevilla (1.684).
Todas las prisiones andaluzas comenzaron el año con
unos 1.700 presos cada una e incrementaron en el
periodo analizado en torno a un centenar su
población reclusa, a excepción de la de Sevilla, que
en enero de 2007 contaba con 1.711 internos y a
finales del primer semestre del año contabilizaba
1.684.
En lo que se refiere a la cárcel granadina, se
aprecia, según los datos facilitados por este
centro, un notable incremento de la población
reclusa en los últimos tres años, de 1.624 en junio
de 2004 a 1.856 en el mismo mes de 2007, lo que
supone un incremento neto de 232 reclusos.
Según la prisión, este incremento se debe a la
población reclusa masculina, cuyo incremento fue de
215, aunque también puede atribuirse a 17 internas,
que han pasado, no obstante, de representar el 9,6
por ciento de la población de Albolote en 2004 a un
9 por ciento actual.
Extranjeros
El grupo de los extranjeros también ha ido
incrementado su número en los últimos años, al pasar
de una media de 166 en el primer semestre de 2004 a
una media de 253 en el mismo período de 2006 y 271
en el 2007.
Respecto a los indicadores básicos para evaluar la
conflictividad del centro, los datos reflejan una
disminución en los medios coercitivos, las sanciones
y las recompensas aplicadas.
En concreto, en 2007 se contabilizaron 67 faltas muy
graves, 184 graves y 11 leves, frente a las 181, 432
y 18, respectivamente, del mismo período del 2007,
lo que supuso descensos, en cada uno de los casos,
del 73, 57 y 39%.
Por su parte, Andalucía aglutina en sus centros
penitenciarios más de 14.000 reclusos de los 66.000
totales del cómputo nacional, lo que la convierte en
la comunidad con mayor población presa, muy por
encima de Cataluña, que contabiliza unos 9.300, o de
Madrid, que suma cerca de 8.500. |
Aunque no se trata de la primera denuncia, sí que la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) asegura
ahora que «es el momento más crítico». «El centro
penitenciario de Mansilla de las Mulas, con una
capacidad para 1.008 internos, alberga en estos
momentos 1.740, lo que supone una ocupación del
172,61%», expone el sindicato mayoritario del
sector, que apunta que «en alguno de los 14 módulos
residenciales de 72 plazas el hacinamiento es mucho
mayor, con porcentajes de hasta un 190,27%», e
incide en que «existe una escandalosa falta de
personal».
Los portavoces sindicales avanzan que «esta
situación empeorará si, como parece, el número de
reclusos continúa el aumento, en principio y según
los datos que se manejan, en otros cien internos»,
lo que supondría elevar aún más «el triste récord de
ser el centro penitenciario de Castilla y León que
más personas acoge en sus dependencias».
El escenario creado hace, según los testimonios de
Acaip, que la convivencia en el centro
penitenciario sea cada día más difícil y que el
mandato constitucional de rehabilitación como fin
primordial de las penas privativas de libertad sea
absolutamente imposible de cumplir». «Hay que
lamentar que esta situación no es nueva en la cárcel
de Mansilla», reseña el sindicato, que critica que
«la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias o es incapaz de solucionar este grave
problema o no tiene voluntad de hacerlo, por más que
se empeñe en desmentir la situación de hacinamiento
y falta de personal que existe, ya que los números
son contumaces y ponen de relieve el momento tan
delicado que se está viviendo en estos momentos».
La situación que denuncia el sindicato hace que
«convivir en el centro penitenciario sea cada día
más complicado, con continuos brotes de violencia
entre internos y, en ocasiones agresiones a
funcionarios», que son consecuencia del
«hacinamiento de internos que hay y de la falta de
personal».
«Mansilla de las Mulas tiene el triste récord de ser
el centro penitenciario de Castilla y León que más
personas acoge»
«Hay continuos brotes de violencia entre internos y,
en ocasiones agresiones a funcionarios»
ACAIP |
Un funcionario de prisiones de la cárcel de Mansilla
recibió cinco pinchazos por un preso del módulo
nueve cuando el trabajador se disponía a comunicarle
el servicio de la cena.
El suceso, que se produjo en la tarde del jueves,
mantuvo retenido durante unos 15 minutos al
trabajador de la prisión y tras un forcejeo entre el
preso y el funcionario, recibió tres punzadas en la
cabeza y dos en el cuello. El objeto con el que el
funcionario fue herido aún no ha sido localizado,
pero desde el sindicato de instituciones
penitenciarias Acaip se presume que haya sido
con un bolígrafo.
El trabajador agredido fue atendido en la enfermería
de la propia penitenciaria y posteriormente recibió
atención médica en el centro de salud de Mansilla.
Según Acaip, el motivo de la agresión pudo
tener su origen en el reparto de la medicación. La
organización sindical asegura que la distribución de
fármacos se realiza los martes y viernes, lo que
provoca que los días previos al racionamiento, los
reclusos presenten «brotes de violencia» y «estados
ansiosos». Una situación a la que se añade «la
ausencia de subdirector médico de la prisión»,
destaca Acaip.
Asimismo, el sindicato Acaip, presentó las
cifras del hacinamiento que vive actualmente la
cárcel leonesa, con 1.740 internos sobre una
capacidad de 1.008 internos.
Además, según el sindicato la falta de personal
provoca también situaciones como la vivida el pasado
jueves ya que «hay momentos en los que un solo
funcionario atiende todo un módulo», aseguró
Valentín Llamas, secretario general de Acaip.
Ante esta nueva situación la organización sindical
ha dirigido un escrito a la dirección general de
prisiones y a la subdelegación de Gobierno con el
objetivo de poner fin a una situación que «cada día
se complica más».
Asimismo, el sindicato manifestó su deseo de
alcanzar de nuevo el acuerdo con el resto de
organizaciones sindicales con el objetivo de
aumentar las medidas y poner fin a un conflicto. que
de continuar «obligará a reacciones más activas»
aseguró el sindicato. |
La Fiscalía de Alicante ha solicitado a la dirección
del centro penitenciario de Fontcalent que detalle a
través de un informe el número de internos que
comparten celdas y su distribución por módulos
después de que un recluso haya cursado una queja.
En esta reclamación, tramitada a través del Juzgado
de Vigilancia penitenciaria el pasado mes de julio y
a la que ha tenido acceso este diario, el preso, que
está asignado al módulo 3, sostiene que es
«imposible la convivencia en las celdas por falta de
espacio».
La respuesta de la dirección es que este problema se
debe «a la enorme cantidad de ingresos (de reos
preventivos) que se efectúan por las diferentes
autoridades judiciales».
Además, la dirección alega que pide
«continuadamente» a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias el traslado de
delincuentes penados a otras cárceles. «Igualmente
se solicitan conducciones extraordinarias» de
reclusos que ya han sido juzgados y están a la
espera de la sentencia.
En todo caso, los fiscales adscritos al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Alicante, que visitaron
Fontcalent el pasado 31 de julio y se entrevistaron
con 28 internos, consideran que esas «no son las
mejores condiciones para estar en prisión, por lo
que pide la elaboración del informeRiesgo de
que se creen guetos
Por lo general, cuando la población penitenciaria
supera las plazas disponibles en una prisión y se
deben compartir las celdas, los responsables del
centro tratan de que los internos sean «compatibles»
entre sí, que se conozcan y se lleven bien, tal y
como explica un fiscal especializado en el asunto.
Sin embargo, esto no siempre es posible y, además,
existe un riesgo cierto de que dentro de la cárcel
se creen guetos.
No en vano, algunas galerías de la cárcel de
Fontcalent albergan casi exclusivamente a árabes o a
rumanos, por ejemplo, porque casi siempre eligen
estar juntos. Esa situación, por tanto, dificulta la
convivencia y puede generar «choques interraciales»,
advierten |
La saturación que sufre el Centro Penitenciario de
Fontcalent, quizás la mayor de toda España, está
llegando al límite. Unos 350 internos conviven
actualmente, de tres en tres, en 115 celdas que
fueron diseñadas en principio para un único
individuo, según fuentes de la prisión. Son
habitáculos de apenas ocho metros cuadrados con un
aseo, litera y alguna estantería dentro donde los
presos amontonan sus ropas y demás efectos
personales.
El problema afecta a los módulos 1 y 3, que acogen a
presos preventivos. El primero de ellos, destinado a
los delincuentes novatos, dispone de 110 celdas
operativas que albergan a 290 internos. De esa
cifra, unas sesenta cámaras dan cobijo a tres reos
cada una, es decir, a 180 en total.
En el módulo 3 conviven unos 265 internos -la
mayoría de ellos reincidentes a la espera de juicio-
que se agolpan en 105 celdas, de las cuales 55
cuentan con tres inquilinos, es decir 165 reclusos
en total.
«Las que no tienen a tres presos tienen a dos. Esos
son los privilegiados. Hay algunos casos de celdas
para una única persona, pero normalmente es debido a
una razón de peso como una prescripción del médico»,
indicaron fuentes del sindicato Acaip.
El delegado de esta central para el presidio de
Fontcalent alerta, en declaraciones a La Verdad, del
«aumento de conflictividad» que genera este
hacinamiento. «Están amontonados y ese es un clima
propenso para que los internos se disparen y haya
más agresiones a los funcionarios».
Por su parte, el director del centro, Jaime
Hernández, admite el problema, que no se logra
solventar pese a las habituales conducciones de
reclusos a otras cárceles. «Se están haciendo
continuamente, pero hay muchos ingresos (de
delincuentes) en esta zona. Esta semana ha habido
más de medio centenar», detalla.
«La Policía y los jueces hacen su trabajo. Ellos no
tienen la culpa», responde el delegado de Acaip.
En su opinión, «tiene difícil solución» la
saturación de Fontcalent, que en la actualidad
alberga a 1.030 internos y rara vez suele bajar del
millar cuando está diseñada para unos 480.
Según el sindicalista, «Picassent (el centro
penitenciario de Valencia) también está hasta la
bandera» y los nuevos centros previstos en
Albocàsser, en esa misma provincia, y Campos del
Río, en Murcia, no supondrán un gran alivio «porque
se construyen para 850 plazas pero acabarán
duplicando la población».
Cuando se le pregunta por esta saturación, la
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, suele escudarse en que el anterior
Gobierno del PP no invirtió nada durante sus ocho
años de mandato en nuevas cárceles, por lo que todos
los proyectos han tenido que ser redactados y
ejecutados desde su inicio.
Legislación
En todo caso, la asignación de más de un
preso a una misma celda, una práctica más que
habitual en los presidios españoles, vulnera la ley.
Ya en 1955, el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, establecía de modo genérico: «Las
celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno
no deberán ser ocupados más que por un solo
recluso».
Es lo que se conoce como principio celular, recogido
en el artículo 13 del Reglamento Penitenciario
aprobado por el Gobierno español en 1996: «El
sistema penitenciario estará orientado por el
principio celular, de manera que cada interno
disponga de una celda salvo que sus dimensiones y
condiciones permitan, preservando la intimidad,
alojar a más de una persona, en cuyo caso se podrá
autorizar compartir celda a petición del interno».No
es el caso de las celdas de Fontcalent.
«Se está infringiendo sistemáticamente la ley.»,
señala el responsable de Acaip. «Empezó
siendo algo excepcional y se ha convertido en la
tónica general. Lo que se debería hacer es modificar
la legislación para que estemos, por lo menos,
dentro de ella. Ahora, además, algunas de las
cárceles se están construyendo con celdas para dos
personas», añade.
Si bien es cierto que el mismo artículo 13 del
reglamento observa la posibilidad de que las celdas
acojan «temporalmente» a más de un interno «cuando
la población reclusa supere el número de plazas
individuales disponibles», en la prisión alicantina
y en otras muchas de la geografía española, esa
situación no es coyuntural sino permanente.
Pero. además del número de reos por celda, éstas
deben reunir unas mínimas condiciones de
habitabilidad como luz o ventilación natural que la
saturación hace difíciles de alcanzar.
Tal es el grado de hartazgo en el Centro
Penitenciario de Fontcalent que muchos reclusos
«están deseando que salga el juicio para ser
condenados y que les asignen a un centro de
cumplimiento», apunta el sindicalista de la central
Acaip |
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, criticó que ETA
haya "contado muy poco" con sus presos durante el
proceso de diálogo abierto con el Gobierno. "Muchos
se sienten ninguneados y tienen posiciones de
rechazo", añadió, al tiempo que aludió al "pesimismo
y las posiciones críticas" como opción dominante
entre los reos etarras. Para Gallizo, la causa
habría sido el "interés mínimo" mostrado desde el
exterior por la propia banda.
"Aunque se haga muchísima demagogia sobre los presos
y el interés que tiene la banda y ese mundo en su
situación, yo creo que ese interés es mínimo y que
la dirección de ETA y sus planteamientos consideran
absolutamente secundario, por no decir casi
irrelevante, lo que le pase a las personas que están
cumpliendo condena". Con estas declaraciones, en una
entrevista, Mercedes Gallizo pone en cuestión el
interés de la banda terrorista por sus presos.
Para la directora de Instituciones Penitenciarias,
el resultado de este olvido terminó por convertir el
apoyo unánime del sector ante el inicio del proceso
en "pesimismo y posiciones críticas y de rechazo",
por no entender "cuál es la lógica con la que actúa
la dirección de la banda.
Desde Prisiones, Gallizo se interesó por conocer los
pensamientos de los encarcelados, aunque entiende
que "es complicado que expresen sus posiciones de
forma abierta". "Quizá deberían ser más valientes en
este terreno, porque no sirve de nada el que
expresen esta posición y luego no actúen en
consecuencia", recalcó.
"Una secta alejada de la realidad"
Gallizo ve "un proceso de debilitamiento evidente"
de la organización como fruto de la acción policial.
Según la directora de Prisiones, ETA "ya no es una
banda que tenga que ver nada con la política, sino
que es una pequeña secta alejada totalmente de la
realidad". En este sentido, agregó que actualmente
no tiene "ni siquiera políticos en su estructura,
sino que es otro tipo de gente que está más en una
dinámica marginal".
Como precisión, Gallizo subrayó que el objetivo del
Gobierno al iniciar el diálogo con ETA era "acabar
con el terrorismo", eso sí, sin "contrapartidas
políticas". Por eso, y dado que no existió
constancia en ningún momento del abandono de las
armas, el Ejecutivo no adoptó "ningún tipo de
medida", entre ellas el acercamiento de presos al
País Vasco. "Esta es una opción que ha tomado este
Gobierno que no tomaron otros, que decidieron que
había que hacer modificaciones en algunos aspectos
de la política penitenciaria simplemente porque se
daban condiciones coyunturales que permitían
hacerlo", concluyó Gallizo
|
El nuevo centro penitenciario de León construido en
el año 99 es uno de los más modernos de España.
Desde su inauguración acoge reclusos cada mes, hasta
llegar a la actual situación de hacinamiento.
Según el secretario general del sindicato Acaip,
tres reclusos «pueden llegar a compartir» una celda
de aproximadamente unos 10 metros cuadrados, lo que
significa un «problema» para las necesidades de
convivencia entre los presos, como por ejemplo «la
higiene y el aseo personal».
La organización sindical también señaló que además
de «sufrir la falta de personal», no se destinó la
cárcel de León ningún nuevo funcionario en prácticas
de la convocatoria de empleo de 2006, y tampoco
nadie de los 200 interinos contratados a pesar de
solicitarlo a la dirección general.
Por último, destacaron también el alto índice de
población extranjera de la prisión leonesa, el 54,9
de los internos, lo que significa un esfuerzo en la
asimilación de comportamientos y costumbres de estos
reclusos.
Acaip destaca que la prisión también alberga
14 presos de ETA, 8 de Al Quaida y uno del GIA |
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias, Acaip, denunció
ayer en León la «crítica» situación que, consideran,
atraviesa el Centro penitenciario de León -ubicado
en la localidad de Mansilla de las Mulas- «por el
hacinamiento que está sufriendo y por la falta de
personal escandalosa», en palabras de su secretario
general, Valentín Llamas quien aseguró que esta
prisión cuenta actualmente con 1.750 presos mientras
que su capacidad máxima es de 1008 -más de un 173
por ciento de su capacidad-. Además, está previsto
que en el próximo mes lleguen otros 100 internos más
procedentes de diferentes partes de España.
Por su parte, José Antonio Cartón, delegado de
Acaip en León, lanzó la siguiente crítica a la
directora general de Instituciones penitenciarias,
Mercedes Gallizo: «es muy fácil venir a León, firmar
convenios, llevar un sistema terapéutico que es
modelo nacional y tener una plantilla de
funcionarios totalmente deficitaria. Este modelo
terapéutico es modelo a seguir en toda España y
hasta ahora funcionaba bien, pero con el elevado
aumento de internos, está dejando de funcionar y en
breves fechas se va a ir a pique».
El crecimiento del número de internos, según Llamas,
está provocando «repuntes de violencia en el centro»
que hacen «difícil» la convivencia. «La Dirección
general no para de mandarnos internos y nosotros les
habíamos pedido personal, se han equivocado»,
ironizó.
Estos repuntes de violencia se materializaron en la
tarde del jueves en un incidente en el módulo 9 en
el que, según expuso José Antonio Cartón, «un
funcionario fue secuestrado por un interno en la
celda, recibió cinco pinchazos con un objeto
punzante -presuntamente un bolígrafo-, tres de ellos
en la cabeza, dos en el cuello, multitud de
erosiones en pecho, espalda y brazos». El
funcionario tuvo que ser atendido en la enfermería
de la prisión y en el Centro de Salud de Mansilla y,
aunque fue dado de alta en la misma tarde del
incidente, y no sufrió muchas lesiones físicas,
Cartón destacó el «grave daño psicológico» causado.
Según Acaip, parece que el interno había
ingerido más medicación de la debida y «estaba fuera
de sí».
El hacinamiento, llega casi al 200% de ocupación en
algunos módulos, algo que, desde Acaip
consideran una «salvajada». Como ejemplo, Llamas
expuso que el jueves, para dos módulos separados
físicamente, había un solo funcionario de
vigilancia, «con eso es imposible garantizar la
integridad física de los internos ni de los propios
funcionarios».
La Relación de Puestos de Trabajo, RPT, de León es
«una relación escasa y deficitaria y además está sin
cubrir en todas las áreas», expusieron desde el
sindicato. Actualmente esta RPT es de 474
trabajadores, faltarían, según Acaip,
alrededor de 30 trabajadores más.
Desde Acaip consideran que la solución no es
aumentar el número de funcionarios sino reducir la
ocupación a los 1.008 internos |
No hace mucho decía Joan Mesquida que no tenía
constancia respecto a que ETA se hubiera rearmado
durante la tregua-trampa, más conocida por algunos
como “proceso de paz” o “proceso Zapatero”. La
palabrería de Mesquida tiene ahora continuación en
las afirmaciones de Mercedes Gallizo, calladita
desde que De Juana Chaos desapareció de la escena
política.
La directora general de Instituciones Penitenciarias
piensa que ETA apenas tiene la misma capacidad
operativa que el GRAPO. Lo ha soltado y se ha
quedado tan ancha. En lo que sí ha acertado ha sido
en que ETA pasa olímpicamente de sus presos y no
cuenta con ellos para nada. Gallizo debería saber
que a ETA no le interesa su propia gente cuando
alcanza la categoría de “material quemado”. Y los
presos etarras lo son. Están quemados y lo saben.
Incluso a Etxerat (“¡A casa!”, en vasco) le importan
poco, aunque algo más.
Los más interesados son los propios familiares que
cobran ayudas, subvenciones y kilometraje; por eso
les interesa que sigan en la cárcel: son un
auténtico chollo, mientras no salgan del trullo.
Incluso, me atrevería a decir que Mercedes Gallizo
ha acertado en la consideración del pesimismo y de
rechazo de más gente cada día, respecto a la
actuación de la banda asesina. Privilegios que no
tienen las víctimas ni sus familiares. Ahí están la
Fundación Gregorio Ordóñez, Fundación Miguel Ángel
Blanco y otras que pueden corroborarlo.
La directora general ha metido lechuga entre col y
col. Si bien acierta en alguna de sus afirmaciones
sobre los presos, se equivoca de extremo a extremo
en lo que se refiere a la capacidad operativa de la
banda asesina. Cada vez son más las pruebas al
respecto y más las evidencias para que esta señora
no se meta en ‘berenjenales’ de ese tipo.
Se acaba de descubrir un importante arsenal de ETA
en un piso alquilado a miembros de la banda. A ello
hay que añadir diversos robos de material para
fabricar explosivos; robo de armamento en Francia y
más de cuatro mil kilos de clorato sódico robado en
el municipio de Saint Benoit, en una empresa que
responde al nombre de Quadrímex. Dudo que sea para
elaborar fuegos de artificio. Si a lo indicado se
añade la gran cantidad de material explosivo casi
caducado -- como se ha sabido recientemente –
sumamente peligroso en caso de ser manipulado y
abandonado en zonas de riesgo para la población,
entonces si que las afirmaciones de la directora
general de Instituciones Penitenciarias son
totalmente gratuitas y extemporáneas.
Resulta difícil entender la postura de Mercedes
Gallizo, sobre todo cuando rechaza el rearme de ETA
durante la tregua-trampa. No sé si nos toma por
tontos, como hizo en varias ocasiones Joan Mesquida,
al afirmar que ETA no guardaba material explosivo en
los zulos. Sea como fuere, es evidente que Gallizo
ha dado una opinión -- respetable y respetada --
pero seguramente tan equivocada y desinformada como
la propia directora general; lo que, dicho sea de
paso, tampoco es relevante ni novedoso.
Prueba de esa desinformación y de la gratuidad de
tal opinión es que no coincide con la opinión de
expertos y analistas sobre terrorismo. Y mucho menos
con los responsables de la lucha anti-terrorista de
Interior. Es una prueba más de la descoordinación
dentro del propio Ministerio que, a la vez, se
extiende entre todos los demás que forman el
Gobierno Rodríguez. Hay una evidencia y es que si
Pérez Rubalcaba no tranquiliza a Gallizo, ésta puede
acabar recogiendo sus palabras una a una y en
silencio. Por el cargo que ocupa debería ser más
prudente y menos ‘atropellacarros’. Riesgo existe y
mucho. Claro que, el atrevimiento y la ignorancia
son otra cosa y de ello hace gala la directora
general |
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16/08/07 |
GRANADA. La plantilla del centro penitenciario
provincial de Granada, ubicado en Albolote y con la
mayor población reclusa de Andalucía, sufre un
porcentaje medio de bajas del 16 por ciento,
principalmente por las agresiones de las que son
objeto los funcionarios por parte de los internos.
Así lo aseguró ayer el delegado sindical de la
Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias (Acaip), Wenceslao Marbán, quien
señaló que este "alto porcentaje" es una de las
consecuencias del "hacinamiento brutal" de esta
prisión, que fue diseñada para 1.008 presos y que
acoge a 1.883, así como de la escasa plantilla.
Tales datos fueron categóricamente negados por el
director del centro penitenciario, Nahum Álvarez,
quien cifró el porcentaje de funcionarios que se han
dado de baja en un diez por ciento sobre el total y
agregó que ni mucho menos todos ellos han dejado de
trabajar por la causa a la que alude el sindicato.
En cambio, para el sindicato la situación es
"alarmante" ya que los trabajadores deben hacer
"cabriolas en el aire" para evitar enfrentamientos
con los internos, a la vez que están "desmotivados"
porque tienen "el doble de trabajo por el mismo
sueldo".
Pese a las quejas ante Subdelegación e Instituciones
Penitenciarias, Marbán aseguró que la prisión es "la
que más presos tiene con menos plantilla", y
cuantificó el déficit en más de 30 funcionarios.
Además, resaltó que, el "hacinamiento" incide
también en los reclusos, de los que "sólo los
etarras se benefician de las medidas que garantizan
el derecho a la reinserción, porque son los únicos
que no comparten celdas ".
También es "más difícil" organizar actividades
formativas y "más fácil introducir droga" por
visitas familiares o por los presos que vuelven de
los permisos. "Un 80 por ciento entra con
estupefacientes, y eso si regresan, porque el
porcentaje de fugas es muy elevado", apuntilló.
Marbán, que alabó los "esfuerzos" del director,
Nahum Álvarez, por paliar esta situación ante la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
consideró además "inaudito" que los condenados de la
provincia de Málaga ingresen en la prisión
provincial de Granada, y no en la de Córdoba, y
pidió que la relación de puestos de trabajo de la
cárcel de Albolote se equipare "al menos" con la
cordobesa o la algecireña, ya que ambas tienen
prácticamente la misma capacidad. |
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La sociedad estatal de Infraestructuras e
Instituciones Penitenciarias ha adjudicado a una
empresa gallega (GOC Sociedad Anónima) la redacción
del proyecto para construir la segunda cárcel de
Gran Canaria a escasos metros de Castillo del
Romeral y Juan Grande, que serán los núcleos de
población más cercanos, junto a las cuarterías de El
Matorral.
De hecho, la vía de acceso a este poblado de casas
prefabricadas discurre paralela a la parcela en la
que se levantará la prisión, cuyo acceso se realiza
a través de la carretera general GC-500. Desde ahí
hasta el cruce de El Doctoral que enlaza con la
autopista apenas existe un kilómetro y medio de
distancia. Y es que las comunicaciones y la escasa
pendiente del suelo han sido determinantes para
ubicar el nuevo penal en esta zona.
Los terrenos tienen una superficie de 350.000 metros
cuadrados y forman parte de la finca Los Llanos de
Juan Grande, que es propiedad del Gobierno de
Canarias y está reservada para uso agrícola. Ahora
la compañía gallega, que está especializada en
consultoría y asistencia técnica, dispone de unos
diez meses para entregar un proyecto que le fue
adjudicado por 391.000 euros y que salió a
licitación por 556.320. Por tanto, será después de
marzo de 2008 cuando se puedan conocer los detalles
definitivos de la cárcel proyectada para resolver
los problemas de hacinamiento que arrastra Salto del
Negro.
En cualquier caso, el diseño del equipamiento
carcelario deberá ajustarse a lo establecido en el
Plan Territorial Especial de Instalaciones
Penitenciarias en Canarias, que es competencia del
Ministerio del Interior. Ese documento fija la
capacidad del centro en 1.008 internos, distribuidos
en cuatro plantas con celdas de unos 10 metros de
superficie. Además, los gastos de construcción están
valorados en unos 53 millones de euros, mientras que
las obras se extenderán unos dos años. En ellas
participará una media de 350 operarios, aunque en
momentos concretos la intervención se incrementará a
500 trabajadores.
La superficie que se edificará asciende a 100.000
metros cuadrados, de los cuales el centro ocupará
35.000. Dicho edificio contará con un muro
perimetral de seis metros de altura, que estará
rodeado por franjas de palmeras y acacias para
reducir el impacto visual de la instalación, que los
técnicos del organismo estatal han calificado de
"poco significativo". |
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| RIOJA.COM
16/08/07 |
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El Juzgado Penal Dos de Logroño ha condenado a un
año de cárcel a N.F.G. por intentar ocultar droga
en un pantalón que envió dentro de un paquete
destinado a su compañero sentimental, que estaba
internado en la prisión de Logroño. La sentencia
suspende la ejecución de esta pena si la acusada
no delinque en el plazo de dos años. / EFE
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Acaip denuncia la presencia de ratas y cucarachas en Picassent
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ALGUNOS TRABAJADORES HAN
SUFRIDO MORDEDURAS DE LOS ROEDORES
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) criticó este jueves que
los trabajadores del centro de Picassent tiene que convivir
con un "insoportable número" de ratas, ratones, y cucarachas.
La agrupación indicó que estos empleados están "casi
acostumbrados a convivir con todo tipo de fauna animal". En
esta línea, afirmaron que varios empleados "han sido mordidos
por esos ratones", mientras que otros "han tenido que soportar
que estos animales se les suban por las piernas". |
16/08/07 |
Al respecto, explicaron que en una reunión mantenida
con el Comité de Seguridad y Salud del centro
penitenciario para tratar este tema, respondieron
que los técnicos de la empresa que tiene adjudicada
la eliminación de estos animales, señaló que la
problemática de este año era "especial" por las
altas temperaturas del pasado invierno, así como por
los movimientos de tierras realizados en las
inmediaciones del centro con motivo de las obras del
AVE, y del campo de golf.
Sin embargo, resaltaron que a los trabajadores "no
les vale esa explicación", ya que consideraron que
están "hartos de tener que convivir diariamente con
numerosas ratas, decenas de ratones y cientos de
cucarachas -de las especies ´cucaracha común o
alemana´ y ´cucaracha americana´- a lo largo de toda
la jornada laboral".
En esta línea, afirmaron que varios empleados "han
sido mordidos por esos ratones", mientras que otros
"han tenido que soportar que estos animales se les
suban por las piernas". Del mismo modo, algunos
trabajadores "han encontrado roedores dentro de sus
mochilas".
Desde el sindicato penitenciario lamentaron que
"numerosos aparatos de aire acondicionado no
funcionan porque dentro de ellos hay nidos de
ratones" y los operarios de la empresa de
mantenimiento "se niegan a repararlos". Asimismo,
aseguraron que es "frecuente" encontrar ratones
muertos en diversas zonas del establecimiento y que
las cucarachas "invadan las dependencias de los
funcionarios".
Lamentaron que estos insectos pueden generar
problemas de tipo digestivo, como gastroenteritis,
fiebre tifoidea, alergias de ojos y piel o asma,
mientras que los ratones pueden producir
´leptospirosiso triquinosis´ o peste bubónica. Del
mismo modo, comentaron que en el centro de Picassent
se se han capturado culebras, unos animales que
transmiten "numerosas enfermedades, algunas de ellas
graves", subrayaron.
Así, destacaron que "si continua la progresión del
problema, podríamos encontrarnos dentro de poco con
un grave problema de salud pública en el centro". No
obstante, lamentaron que "a nadie parece importarle
la gravedad del problema", que últimamente "está
adquiriendo proporciones alarmantes".
Acaip, el año pasado, comunicó esta situación a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a
la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria y a
la Inspección de Trabajo de Valencia, pero, casi un
año después, "seguimos esperando que, al menos, se
nos conteste", señalaron. Este año el sindicato ha
puesto en conocimiento de la Dirección General de
Salud Pública de la Conselleria de Sanidad esta
problemática, pero este organismo "tampoco ha
respondido".
Esta situación demuestra "una manifiesta dejadez de
funciones de organismos públicos que tienen
atribuidas competencias en este tema", criticaron,
al tiempo que indicaron que se trata de "otro
ejemplo más de las denigrantes condiciones de
trabajo que han de soportar, día tras día, los
trabajadores de las instituciones penitenciarias".
En esta línea, subrayaron que los responsables de
las prisiones españolas "no tienen el más mínimo
interés en la vigilancia de la salud de sus
trabajadores", de modo que "incumplen toda la
normativa legal sobre prevención de riesgos
laborales". |
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| Montserrat Navarro admite el
problema de la falta de espacio en la cárcel alicantina |
17/08/07 |
Para aliviar la situación de hacinamiento que
padecen los presos del Centro Penitenciario de
Fontcalent, sobre todo unos 350 que se ven obligados
a compartir de tres en tres las celdas, la titular
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante,
Montserrat Navarro, aboga por efectuar con
preferencia traslados a otros centros de reos ya
condenados que no tengan arraigo en la ciudad o en
sus poblaciones limítrofes.
Según explicó ella misma ayer a La Verdad, así lo ha
solicitado en más de una ocasión al director de la
prisión, Jaime Navarro, que organiza «traslados
constantemente». La magistrada recuerda que los
presos preventivos deben estar cerca de los juzgados
de la provincia que han decretado su ingreso en la
cárcel por si deben comparecer de nuevo ante ellos.
Así, los que deben moverse a otros centros
penitenciarios de la península son los internos que
están cumpliendo una condena. Y Navarro no es
partidaria de perjudicar a aquellos que llevan mucho
tiempo en Fontcalent, tienen un trabajo en el
presidio y a sus familiares en Alicante.
Como ya publicó este diario, la saturación que sufre
la cárcel Alicante I ha forzado a la dirección a
repartir a unos 350 internos de los módulos 1 y 3 en
tan solo 115 celdas. Conviven hacinados de tres en
tres en habitáculos que fueron diseñados para un
único individuo. Son apenas ocho metros cuadrados
con un aseo, litera y una estantería dentro donde
los presos amontonan sus ropas, algún que otro
electrodoméstico y demás efectos personales.
El módulo 1, destinado a los delincuentes novatos,
dispone de 110 celdas operativas de las que sesenta
dan cobijo a tres reos cada una, es decir, a 180 en
total. Por su parte, en el módulo 3 ocurre lo mismo
con 165 reclusos que se agolpan en 55 celdas.
Los sindicatos de prisiones han alertado en
innumerables ocasiones del riesgo para la
convivencia y el aumento potencial de la
conflictividad que esta situación de hacinamiento
supone.
«Están amontonados y ése es un clima propenso para
que los internos se disparen y haya más agresiones a
los funcionarios», explicó hace unos días el
delegado de Acaip en Fontcalent.
Capacidad
Este centro fue diseñado para albergar a 480
internos, inicialmente preventivos (a la espera de
juicio). Sin embargo, actualmente cuenta con más de
mil presos, entre preventivos y penados.
«Esta situación viene de muy lejos. El director de
la cárcel hace lo que puede, organiza constantemente
traslados, pero la delincuencia ha aumentado y cada
semana puede haber cincuenta o sesenta ingresos
nuevos», advirtió ayer Navarro.
El problema es que la prisión de Villena, Alicante
II, destinada a los que cumplen condena, también
supera en varios centenares de reos las 1.060 plazas
para las que fue construida. |
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17/08/07 |
El epicentro del conflicto es el mismo: casi dos mil
presos en una prisión prevista para la mitad y una
plantilla de funcionarios muy por debajo de la
necesaria. La administración penitenciaria y los
sindicatos lo ven de forma diferente.
El martes el sindicato independiente ACAIP
denunciaba la violencia como el mayor motivo de
bajas entre los trabajadores de la prisión, algo que
Nahúm Álvarez, director de la misma, desmiente
categóricamente a pesar de reconocer las carencias
del centro.
Álvarez indica que las estadísticas demuestran que
no existe más violencia contra los funcionarios sino
que hay «una tendencia a la baja y ha disminuido
desde el año 2003». En la actualidad -asegura
Álvarez- sólo hay dos funcionarios de baja laboral
debido a agresiones directas, un 11% de bajas sobre
el total de la plantilla. El director de la prisión
tampoco comparte las críticas sobre el tráfico de
drogas en el interior de la prisión: «Efectivamente,
se han producido más aprehensiones que en los
últimos años pero eso quiere decir que los controles
están resultando más efectivos».
En este aspecto, Nahúm Álvarez relata que en 2004 se
interceptaron 373 gramos de hachís y en el pasado la
cifra fue casi el triple, similar a lo que ha
ocurrido con las pastillas - de las más 'famosas' en
la cárcel-, de las que se requisaron 1.896 frente a
las 453 de hace tres años. |
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Trabajadores que aún se encuentran terminando
algunas de las obras pendientes en el centro
penitenciario Puerto III no pudieron trabajar ayer
por orden expresa del directivo de la prisión, según
pudo saber este medio. Los operarios prestan sus
servicios a varias empresas subcontratadas que
deberían haber finalizado sus trabajos el pasado 31
de julio. No hay información acerca de los trabajos
realizados hasta el momento y las deficiencias son
muchas.
Algunas de ellas son las puertas que se atascan de
forma continuada, los fallos e inoperatividad en el
manejo del sistema de vigilancia interior o el
incidente que vivió un interno al quedar encerrado
dos horas. |
El
traslado del etarra Francisco José Ramada Esteve
desde la cárcel provincial al centro de
Especialidades de la avenida Jaume I puso en marcha
ayer por la mañana un dispositivo policial inusitado
que despertó sorpresa y curiosidad en los vecinos
del centro de Castelló.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron
ayer que Ramada Esteve - nacido en 1962 en la
localidad navarra de Vera del Bidasoa - fue
conducido a primera hora al centro de salud del
distrito centro para ser sometido a una revisión
oftalmológica rutinaria que estaba programada desde
hacía tiempo, por lo que descartaron que la salida
tuviera que ver con una urgencia por problemas de
salud.
La operación de traslado, que la Dirección General
de la Policía había preparado con detalle,
transcurrió con total normalidad. A primera hora de
la mañana varias unidades del Cuerpo Nacional salían
de Comisaría y se dirigían a la prisión para
escoltar al furgón que trasladó al etarra a su
consulta con el médico. Los agentes que participaron
en el operativo tomaron posiciones a la entrada del
centro de salud de la avenida Rey Don Jaime, algunos
armados con fusiles ametralladores que en todo
momento fueron visibles para la ciudadanía.
La cita de Ramada Esteve con su médico se prolongó
durante algunos minutos, y una vez que finalizó, el
dispositivo se repitió a la inversa, esta vez en
dirección al penal castellonense.
Instituciones Penitenciarias añadió que evacuaciones
de este tipo fuera de la prisión son relativamente
frecuentes y se llevan a cabo sin incidencias.
En la actualidad, en el centro penitenciario de
Castelló permanecen ingresados 12 miembros de la
banda terrorista, 10 hombres y dos mujeres. Seis de
ellos están condenados por delitos de sangre,
consumados o frustrados. Fuentes de la prisión
consideran que ninguno de los denominados
«históricos» de ETA se encuentra ingresado en la
actualidad en el penal de Castelló |
"La
cárcel no huele a nada, aquí por lo
menos huele a naturaleza", dice un
brigadista de un grupo de 25 nuevos
hombres que desde el 31 de julio
limpian y patrullan por el monte
mientras no llegan los incendios. Lo
inusual es su procedencia: los cinco
centros penitenciarios gallegos. La
iniciativa es fruto de un acuerdo
entre la Consellería de Medio Rural,
Instituciones Penitenciarias y la
Fundación Érguete-Integración para
"contribuir a la reinserción social
de reclusos" y "mejorar sus
oportunidades para obtener empleo".
Trabajan 3 meses, cobran 1.000 euros
al mes y cotizan a la Seguridad
Social.
El retén formado por
cinco reclusos de
Teixeiro (A Coruña)
y un miembro de las
brigadas de Medio
Rural no descansa ni
en los días
festivos. A las 8.30
horas salen de la
cárcel. Los recoge
Daniel, capataz de
la Consellería. Pero
a día 15 de agosto
el cabreo es
evidente: nadie se
dignó a avisarles de
que trabajarían un
día festivo,
simplemente los
levantaron a las
7.30 horas de la
mañana. El problema
es que a estos
presos de tercer
grado (régimen de
semilibertad) les
permiten salir de la
cárcel los fines de
semana y los días
festivos, por lo que
sus planes del día
se diluyen con la
lluvia: nada de
comidas con la mujer
y los suegros, nada
de visitas, nada de
día libre. A
patrullar los
caminos. Por el
momento, su trabajo
consiste en limpiar
el monte próximo al
centro
penitenciario, que
pertenece al
distrito de
Betanzos. A algunos
presos no les
importaría trabajar
como brigadistas: "A
mí sí me gustaría
trabajar en esto,
aunque estoy
buscando más cosas
para cuando salga".
Otros no lo tienen
tan claro pero
coinciden en la
importancia de salir
por algunas horas
del centro
penitenciario porque
apenas tienen
actividades en el
exterior. Con el
informe favorable de
la Xunta de
Tratamento de la
cárcel de Teixeiro y
la aprobación del
juez de Vigilancia
Penitenciaria salen
cada día desde las
8.30 de la mañana
hasta las 15.00
horas. Colaborar
como brigadista,
además, les puede
dar puntos a su
favor para que les
concedan la libertad
condicional cuando
cumplan las dos
terceras partes de
su condena,
situación que dos de
ellos pedirán en un
mes. Por ahora no se
acercaron al fuego
pero Daniel avisa,
desde su
experiencia, que las
lunas van atrasadas
por lo que puede que
septiembre sea un
mal mes
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MANUEL VEGA ALOCÉN - Director del Centro Penitenciario de
Eivissa y Formentera |
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19-08-07 |
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«La solución de la criminalidad está en la prevención
primaria»
«La rotación de nuestro personal
alcanza el 80% cada año. Es una salvajada» «Los funcionarios
de prisiones somos los grandes desconocidos de la sociedad
española. La gente, además, tiene la imagen de las películas
americanas de trabajadores represores y torturadores y nada
más alejado de la realidad» |
Con una formación académica de infarto, Manuel Vega
Alocén (Madrid, 1963), es el nuevo director del
centro penitenciario de Eivissa y Formentera desde
el pasado 20 de junio. El centro le es «familiar» y
dice que lo conoce «perfectamente» porque ya lleva
tres años trabajando en él. Confiesa que el objetivo
principal desde su cargo en una cárcel que califica
de «nada conflictiva» es mejorarla en todos los
aspectos con el fin de que los internos puedan
reinsertarse una vez fuera. En julio, agosto y
septiembre, el centro que ahora dirige el madrileño
Vega Alocén, sufre, como muchos otros servicios en
la isla, overbooking.
PREGUNTA.- ¿Cómo se ha encontrado la prisión
desde la toma de cargo de director a nivel general?
RESPUESTA.- Pues la he encontrado bien. Llevo
trabajando en ella tres años y la conozco
perfectamente. Mi objetivo es continuar con la
política del anterior director, haciendo lo posible
por mejorar el centro e incrementando la actividad
del tratamiento para la rehabilitación social del
preso que es, una de las prioridades de los
funcionarios de prisiones.
P.- Hábleme de cifras. ¿Cuántos internos acoge el
centro penitenciario en la actualidad?
R.- A fecha 15 de agosto tenemos en el centro a 140
internos, de los cuales 86 son penales, lo que
representa el 61,4% de la población. Por otra parte,
hasta 54 son preventivos, que supone el 38,6%.
Dentro de los penales hay que destacar que están
clasificados por primer grado segundo grado y tercer
grado. En primer grado, que para entendernos son los
malos, no hay ninguno. En esta prisión, aunque reúne
los requisitos de seguridad, se traslada a los
internos cuando llevan más de un año aquí.
Generalmente van a Palma. En segundo grado, tenemos
a 36 internos, lo que representa el 32% del total.
En tercer grado están los internos que hacen vida en
libertad, aunque duermen en la prisión y son 25, el
22%. Un porcentaje que hay que destacar porque la
media española es del 12% y lo que la Dirección
General quiere potenciar a toda costa es el tercer
grado como una de sus políticas prioritarias.
P.- El centro dispone de un módulo para mujeres.
¿Cuántas internas hay?
R.- Hay 16. Es un número alto, lo normal es que haya
una media de ocho y normalmente no supera la decena.
P.- Imagino que una de las peculiaridades del
centro penitenciario de Eivissa es el alto número de
internos extranjeros.
R.- Efectivamente. En verano se incrementa el número
de extranjeros. Tenemos un número muy alto, hasta
63, que supone un porcentaje del 45% cuando la media
española está en el 32%. Pero por las
características de Eivissa, es lógico.
P.- Un rotativo británico anunciaba hace unas
semanas que Eivissa, junto con una isla griega y
otra chipriota tenían el récord de internos
británicos en sus cárceles. ¿Qué tiene esto de
cierto?
R.- Pues ahora mismo tenemos representados 15 países
en nuestra prisión. Hay 19 internos de Marruecos, 15
de Italia, cinco de Colombia, otros cinco de Rumanía,
cuatro de Argelia y dos de Reino Unido, pero son
cifras que varían mucho. Eso sí, se mantienen los
marroquíes, que siempre están a la cabeza.
P.- ¿Y los delitos más frecuentes?
R.- Los más comunes son los delitos contra la salud
pública, con 37 casos, lo que representa el 39,8%,
seguido por los 36 casos de robo, el 38,7%. Después
vienen los delitos de violencia doméstica, que hay
11, un 11,8%; homicidios, ocho y lesiones, siete,
por citar los delitos más representativos.
P.- ¿Es un centro conflictivo?
R.- Nada, nada. No es conflictivo, sino más bien
tranquilo. Nuestros peores meses son julio, agosto y
septiembre. Cuando la isla se vacía, la prisión
también lo hace. Hay delitos que son de poca entidad
y los internos van superando las condenas. Los que
soportan penas largas suelen ser trasladados. Eso
sí, el movimiento en esta cárcel es continuo. Por
otra parte, normalmente los internos que han
cometido delitos contra la salud pública o por
hurtos suelen pagar una fianza y si pueden hacerse
cargo de la cifra, vuelven a sus países a la espera
de la celebración del juicio. Otro aspecto
que tenemos en cuenta antes del traslado es su
relación familiar. Si es gente de Eivissa los
dejamos aquí porque tenemos muy en cuenta la
vinculación familiar.
P.- ¿Cuáles son las características de este
centro en comparación con otros españoles?
R.- Es un centro pequeño en el que las medidas de
seguridad no son tan grandes como en las prisiones
que se denominan tipo. La prisión tipo en España es
la de Soto del Real, en Madrid, inaugurada en 1995.
Todas las hechas con posterioridad son muy parecidas
o prácticamente iguales, lo que ha provocado que no
haya habido ninguna fuga. La nuestra es pequeñita,
se inauguró en el año 84.
P.- Si el centro fue construido antes de que se
pusiera en marcha esta prisión tipo quizá sea más
fácil fugarse. ¿Han tenido problemas con esto?
R.- Tuvimos una fuga recientemente, el pasado 29 de
junio. Un interno se intento fugar pero no paso del
muro del modulo ya que la Guardia Civil lo pilló a
tiempo. Aprovecho la ocasión para decir públicamente
que hacen una gran labor. Desde que el brigada Juan
Manuel Medina se ha hecho cargo del mando ha
mejorado notablemente tanto la seguridad como los
traslados.
P.- ¿Se ha puesto en marcha en Eivissa el control
telemático? ¿Cómo está funcionando?
R.- De los 25 internos en tercer grado, ocho están
bajo control telemático, aplicando el artículo 86.4
del reglamento penitenciario. Se trata de lo más
audaz que tiene la institución ahora mismo. Ocho
personas con pulseras hacen una vida de lo más
normal, hasta duermen en su casa. Es un sistema que
funciona bastante bien. Ocurre que se está
produciendo un fenómeno y la sociedad no le está
dando cuenta. Es el concepto de prisión abierta, que
está dejando de lado al de prisión cerrada. Por
supuesto es un paso paulatino pero ya se nota tanto
en la legislación como en la práctica diaria y ayuda
al interno a una reinserción más rápida y eficaz.
P.- Ya que me habla de reinserción. ¿Es posible?
R.- Pues es un problema difícil de resolver. Está
claro que cuando el Derecho Penal interviene se
trata de una intervención tardía porque el delito ya
se ha cometido. La realidad es que es complicado
retractar a personas mayores, sin embargo, resulta
mucho más fácil con los jóvenes. La solución de la
criminalidad está en programas de prevención
primaria. Hay que fomentar la buena educación en las
escuelas, formar a buenos maestros y considerar la
importancia de las familias. Es una labor alargo
plazo.
P.- Uno de los problemas en la isla es el déficit
de profesionales. ¿Ocurre lo mismo en el centro
penitenciario?
R.- Al respecto del personal el problema al que nos
enfrentamos es la rotación, que alcanza el 80%, lo
que es una salvajada. Esto es, que de cada 100
trabajadores, 80 cambian anualmente, lo que
dificulta el trabajo. El problema fundamental es que
la gente no quiere trabajar en Eivissa porque el
plus de insularidad no es el mismo que en Canarias.
Si tienen que abandonar la Península prefieren ir a
Ceuta, Melilla o Canarias. El último lugar que
eligen es Baleares y los que vienen lo hacen
pensando de antemano que en breve se van a ir. Esta
rotación complica la actividad diaria del centro,
sobre todo el trabajo de oficina con programas
informáticos definidos, sin desmerecer, eso sí, el
de vigilancia, que por supuesto es importantísimo.
P.- ¿Cuánto personal trabaja actualmente en el
centro?
R.- Ahora hay 99 funcionarios. Faltan siete
interinos que cesaron sus contratos y hasta
septiembre no se incorporarán.
P.- Una parte importante dentro de un centro
penitenciario son las actividades que se llevan a
cabo con los internos. ¿Qué se está llevando a cabo?
R.- Pues tenemos una oferta variada. Tenemos
permanentes dos talleres de manualidades y cerámica
que llevan a cabo los educadores del centro. Hay un
taller de vídeo forum y otro de animación a la
lectura. Desde hace meses están redactando la
revista 'Paso a Paso' de periodicidad trimestral.
Tenemos atención a drogodependientes dos veces por
semana; la Asociación de Lucha Contra el Sida, Alas,
imparte cursos de educación para la salud; Proyecto
Hombre desarrolla programas de deshabituación de
drogas y Cruz Roja realiza programas de sobre drogas
y talleres de habilidades sociales y teatro. He de
agradecer a todas las organizaciones y entidades que
colaboran de manera desinteresada, así como al Club
Náutico de Sant Antoni que nos deja a los monitores
y sus instalaciones gratuitamente cuando hacemos
salidas, así como a la empresa de transporte Ibiza
Tours que nos ofrece los desplazamientos.
También tenemos un convenio con el Consell para
actos deportivos y culturales y con la Asociación
Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales, Apfem
que nos proporcionan su monitor de cerámica.
P.- ¿Cómo están las instalaciones de la prisión
de Eivissa?
R.- Están impecables porque hace cuatro años que
venimos haciendo obras y reformas. Es una de
nuestras prioridades también. Ahora están trabajando
en los patios, se va a empezar una reforma de la
planta baja de los módulos, éstos se están pintando…
P.- ¿Qué tiene de cierto esa imagen sórdida de
los directores de prisiones?
R.- Me gustaría aclarar esa mala fama que tenemos,
no sólo por mi figura sino por todos los
funcionarios de prisiones. Son los grandes
desconocidos de la sociedad española. La gente tiene
la imagen de las películas americanas de funcionario
represor y torturador y nada más alejado de la
realidad. El funcionario de prisiones está muy
cualificado, sobre todo el de vigilancia y más de la
mitad son titulados que cuentan con una gran
preparación |
La
directora de Prisiones dice que no habrá dificultad
para dispersar y destinar a módulos de aislamiento a
los que sean condenados
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, afirma, en una
entrevista concedida a Europa Press, que algunas
operaciones policiales contra el terrorismo
islamista han tenido que ver con el trabajo que se
hace dentro de las cárceles. En cuanto al proceso a
los islamistas que resulten condenados por los
atentados del 11-M aseguró que "no representará
ninguna dificultad" para el sistema penitenciario
repartirlos en distintos centros y mantenerlos en
módulos de aislamiento.
Gallizo ha expresado en repetidas ocasiones que el
control del islamismo radical dentro de las cárceles
ha sido una de sus grandes preocupaciones desde que
llegó al cargo. En declaraciones a Europa Press, la
directora de Prisiones revela que "algunas de las
operaciones policiales que se han realizado han
tenido que ver con el trabajo que se hace dentro de
la institución", de modo que la información obtenida
dentro de las cárceles se puso en manos de las
Fuerzas de Seguridad y éstas avanzaron en esa
dirección hasta culminar en diferentes operativos.
El principal golpe al terrorismo islamista vivido en
el interior de las cárceles se produjo durante las
dos fases de la "Operación Nova", que sumaron trece
arrestos en el interior de las cárceles. Sin
embargo, desde el 11-M la suma total de detenidos en
el interior de las cárceles asciende ya a 32.
"Fue una enseñanza de las consecuencias de no tener
una política de control sobre aquello que representa
un riesgo. De la "Operación Nova" aprendimos mucho
todos. Yo me encontré con los efectos de esta
situación, que se había producido y detectado antes
incluso del 11-M", afirma Gallizo.
En su crítica a la actuación del Gobierno del PP en
esta materia, Gallizo asegura que descubrió "con
cierto asombro" que no había "elementos de control
suficiente para evitar que estos hechos se
produjesen", en referencia, por ejemplo, a la
inexistencia de traductores de árabe.
CON EL PP SE REGRABABAN LAS CINTAS PORQUE NO HABIA
TRADUCTORES
En este sentido, Gallizo rememora cómo al llegar a
la Dirección General quiso recabar información de
las grabaciones a los internos islamistas, pero
encontró que sólo se conservaban unas pocas. "Se
grababan las conversaciones de los internos que
estaban condenados por terrorismo radical con una
base yihadista, pero nadie escuchaba las cintas, ni
las traducía, porque no había traductores de árabe.
Las cintas se conservaban un tiempo y luego se
grababa encima porque, si no las traducía nadie,
para qué se querían conservar", detalla.
Además de los traductores, Gallizo ordenó que el
control sobre los islamistas radicales se extendiese
"más allá de las personas" condenadas por terrorismo
yihadista, ya que, como puso de manifiesto la
"Operación Nova", éstos realizaban labores
proselitistas con otros internos de confesión
musulmana condenados por delitos comunes. Por la
adaptación a esta nueva forma de trabajar y el
esfuerzo suplementario que supone, Gallizo traslada
su agradecimiento y felicitación a los funcionarios
de Prisiones.
DISPERSION Y AISLAMIENTO DE LOS ISLAMISTAS DEL 11-M
Por otro lado, Mercedes Gallizo explicó que repartir
por distintos centros a los procesados por el 11-M
que finalmente resulten condenados el próximo otoño
y mantenerlos en módulos de aislamiento "no
representará ninguna dificultad" para el sistema
penitenciario. "La sobreocupación de los centros no
es un elemento que les vaya a influir porque estarán
ubicados, dentro de las prisiones, en módulos
determinados que tienen un sistema de control más
estricto, de régimen cerrado, sin contacto con el
resto de los internos y siempre sometidos a
vigilancia", resume Gallizo.
Está previsto que el próximo mes de septiembre o
nunca más tarde de octubre se conozca la sentencia
de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia
Nacional contra los 29 procesados por los atentados
de Madrid. Durante el desarrollo del juicio, los
procesados han estado repartidos por los centros
penitenciarios de la Comunidad de Madrid, como
ocurre habitualmente con las personas que están
siendo juzgadas en la Audiencia Nacional, y se han
visto sometidos a constantes traslados de uno a otro
centro por motivos de seguridad mientras se ha
celebrado el juicio.
La directora de Prisiones reconoce que el incidente
con Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como "Abu
Dahdah", en la cárcel de Castellón, hizo a su
departamento "replantearse" ubicar a presos de la
proyección mediática del citado "en centros que
tengan módulos de aislamiento determinados". "Abu
Dahdah" recibió una paliza de presos comunes al día
siguiente de ingresar en la cárcel de Castellón,
mientras esperaba que se dictase sentencia contra él
como líder de la primera célula de Al Qaeda en
España y después de que su imagen se hubiese
repetido en televisión constantemente en los días
anteriores.
"Nosotros tenemos un trabajo suplementario a todos
los que tenemos, que son muchos, y es el de proteger
a las personas cuya actividad delictiva ha tenido
una repercusión pública y, por tanto, pueden estar
sometidos a agresiones y otros tipos de incidencias.
También ahí tenemos establecidos protocolos de
actuación para que eso no se produzca", afirma la
directora de Prisiones |
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El líder de los socialistas en la Región de Murcia,
Pedro Saura, mantuvo una reunión la pasada semana
con el Secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos, Carlos Ocaña, en la que acordaron
objetivos comunes de cara a la asignación del Estado
para Murcia de cara al próximo ejercicio. En este
encuentro, Saura y Ocaña pusieron encima de la mesa
una primera aproximación de lo que será la inversión
del Gobierno central en los presupuestos generales
del Estado en 2008. Saura anunció, tras la reunión
con el secretario de Estado, que la inversión del
Gobierno de Zapatero en la Región para el próximo
año aumentará hasta los 820 millones de euros, un
9,5% más que en el ejercicio anterior en el que se
destinaron 748 millones.
Esta cantidad supone el 3,2% de la asignación
estatal a las comunidades autónomas. Un porcentaje
que, según Pedro Saura, supera la aportación de
Murcia al PIB nacional, que es del 2,5. Ese 3,2% del
total de la asignación también supera lo que
representa la población de la Región de Murcia en
comparación con el conjunto de España, que se acerca
al 3%.
Entre las partidas más importantes que el Gobierno
central destinará a la Región están las de Fomento y
Medio Ambiente, que juntas sumarán cerca de 180
millones de euros. Uno de los proyectos más
importantes de los que maneja Zapatero para la
Comunidad Autónoma con la vista puesta en el 2008 es
la construcción de la nueva cárcel de Campos del
Río, una necesidad de primera mano a tenor de la
masificación que sufre el centro penitenciario de
Sangonera la Verde. Según el sindicato ACAIP,
el número de reclusos en la prisión murciana a
primeros de julio llegaba hasta los 1.023, un 280%
por encima de su capacidad. Para este proyecto, el
Ejecutivo del PSOE ha reservado una partida que
supera los 26 millones de euros.
Asimismo, Saura apuntó que, en materia de
infraestructuras se aumentarán las dotaciones
presupuestarias para la finalización del tercer
carril del Puertos de la Cadena, así como para la
nueva autovía del Reguerón y para los tramos uno y
dos de la autovía A-33 del Altiplano. «Igualmente
importantes -señaló el líder del PSRM-, son la
conservación de los arcos norte y noroeste de la
capital murciana a lo que se destinará 28 millones
de euros». A este respecto añadió que con estas
inversiones, la Región de Murcia tendrá
«infraestructuras del siglo XXI y no propias del XIX».
Otra de las zonas que recibirá una fuerte inyección
económica es la del Puerto de Cartagena, donde la
ampliación de Escombreras se llevará más de 14
millones de euros durante el 2008, según desveló
Saura a esta redacción con los resultados de la
reunión con Ocaña en la mano.
En cuanto a la alta velocidad, y según el
anteproyecto de los Presupuestos Generales del
Estado para el 2008, al que ha tenido acceso La
Verdad, el Gobierno central ha previsto una
inversión que supera con creces los 100 millones de
euros: 50 para los tramos entre Pulpí y Murcia y más
de 57 para la línea entre Madrid y la zona del
Levante.
Recursos hídricos
Uno de los puntos en los que Saura más hizo hincapié
en la reunión con Ocaña fue en las partidas
destinadas a la Región de Murcia en materia hídrica.
En este sentido el líder de los socialistas
murcianos explicó que se invertirán cerca de 174
millones de euros en la construcción de una nueva
desalinizadora en Águilas y en otras
infraestructuras de agua, como el entubamiento de
las aguas del Cenajo para poder trasladarlas a las
zonas del Noroeste y el Altiplano. Una actuación
para la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha
pensado reservar más de 68 millones.
Asimismo, y según el documento del anteproyecto de
los Presupuestos Generales del Estado, las dos
entidades principales en materia de agua en la
Comunidad, Confederación Hidrográfica del Segura y
Mancomunidad de Canales del Taibilla, tendrán una
asignación de 15 y 30 millones de euros,
respectivamente. Pedro Saura destacó que son los
presupuestos más altos de la historia para Murcia y
que «en tres años de esfuerzo del Gobierno
socialista hemos conseguido mucho más que Aznar en
ocho». |
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Lo aseguraba el Alcalde de Mahón, Arturo Bagur,
quien recordaba que ésta es una reclamación que las
administraciones menorquinas llevan haciendo desde
1991. El objetivo del centro, que no contará con más
de unas sesenta plazas es el de descongestionar los
calabozos de Mahón y Ciutadella y facilitar la vida
de familiares y presos en Menorca.
El futuro centro penitenciario que podría estar
listo en tres años, se situará en un terreno de
10.000 m2 cerca de Bintaufa. Estas instalaciones
incluirán tanto un centro de penas de fin de semana,
como las dependencias de arrestados que han de ir a
juicio y la prisión en Menorca.
Por su parte el Delegado del Gobierno Central en la
Isla, Javier Tejero, también explicaba que no será
una prisión como el resto y hablaba del punto en que
está el proyecto.
Por otra parte Tejero también destacaba la especial
implicación de la Pastoral Penitenciaria de Cáritas
y del Ayuntamiento de Mahón, que ha cedido los
terrenos para hacer realidad este proyecto.
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GRANADA. Uno de los presuntos autores del atraco a
una sucursal de CajaGranada en Motril , que se saldó
con siete heridos, cuatro de ellos agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, ha sido hallado muerto
en su celda de la prisión provincial de Granada, en
Albolote, informaron fuentes del centro.
Se trata de Jerónimo A.A., madrileño de 65 años que
ingresó el pasado 8 de junio en la cárcel granadina
tras abandonar el hospital en el que se recuperaba
de la herida de bala sufrida durante el atraco
perpetrado días antes en Motril junto a José Manuel
E.P., también en prisión.
El hallazgo del cadáver se produjo ayer cuando
funcionarios del centro encontraron ahorcado con un
cinturón al presunto atracador, según publica hoy la
prensa local, que precisa que el fallecido, pese a
estar ubicado en un módulo donde cumplen condena los
presos más peligrosos, estaba excluido del programa
de prevención de suicidios.
Jerónimo A.A. estaba en paradero desconocido desde
que en 1984 huyó, en compañía de Manuel C.R., de la
cárcel de Bochuz, en el cantón suizo de Vaud, donde
cumplía condena por tráfico de drogas e intento de
homicidio, entre otros delitos graves, informaron a
Efe fuentes policiales.
En la huida, en la que utilizaron como rehenes a
un funcionario de prisiones y a un proveedor de la
cárcel, mató a un policía suizo.
Además fue una de las siete personas que resultaron
heridas de bala el pasado 4 de junio en el atraco a
la sucursal bancaria de Motril, que se saldó también
con una familia secuestrada dos horas por uno de los
dos asaltantes para intentar esquivar a la policía. |
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• Le sigue Cataluña, con 9.300, y Madrid con 8.500.
Andalucía aglutina en sus centros penitenciarios más
de 14.000 reclusos de los 66.000 totales del cómputo
nacional, lo que la convierte en la comunidad con
mayor población presa, muy por encima de Cataluña,
que contabiliza unos 9.300, o de Madrid, que suma
cerca de 8.500.
Así se desprende de los datos que ofrece, a fecha 27
de julio de 2007, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en su página web , en
la que precisa que del total de 14.296 reclusos de
los centros andaluces, 11.013 eran presos penados y
3.283 preventivos.
Estas cifras ponen de manifiesto un progresivo
aumento en la población reclusa andaluza, ya que en
enero la comunidad contabilizaba 13.681 internos,
13.829 en febrero, 13.857 en marzo, 14.011 en abril
y 14.126 en mayo, lo que refleja que en todos los
meses analizados se produjeron incrementos en su
número.
Estas cifras ponen de manifiesto un progresivo
aumento en la población reclusa andaluza
Durante el primer semestre de 2007, los seis centros
andaluces equiparables respecto a tamaño y
capacidad, ubicados en Granada, Algeciras (Cádiz),
Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, contabilizaron un
total de 10.845 internos.
A estas cifras hay que sumar las de otras
instalaciones penitenciarias de menor tamaño
ubicadas en el Puerto de Santa María (Puerto I y II),
en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y las
correspondientes al Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Sevilla.
De entre los grandes centros penitenciarios
andaluces, el Provincial de Granada, ubicado en el
municipio de Albolote, con un total de 1.883
internos fue la cárcel con mayor número de presos y
la única de la comunidad cuya población reclusa
creció mes a mes durante el primer semestre de 2007.
La cárcel granadina, según datos de este centro,
contaba a principios de año con 1.705 reclusos y su
ocupación creció en los meses sucesivos hasta
situarse a finales de julio con 1.883.
Esta cifra la situó como el centro andaluz que más
presos aglutinaba a finales del primer semestre del
año, por encima de las prisiones de Málaga, que en
esas fechas contaba con 1.846 internos. |
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"La coyuntura", es decir, el proceso de negociación
abierto entre el Gobierno y ETA en esos momentos,
pesó a la hora de concederle la prisión atenuada al
preso etarra Iñaki de Juana Chaos. Así lo reconoció
ayer la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que en todo caso
quiso dejar claro que el "elemento determinante" a
la hora tanto de concederle la prisión atenuada que
le llevó al Hospital Donostia de San Sebastián como
de trasladarlo, un día después de que ETA anunciara
el fin de la tregua, a Madrid para que terminara de
cumplir su condena en la prisión de Aranjuez, fue su
estado de salud. Precisamente eso, su estado de
salud, es lo único que, según adelantó Gallizo,
puede hacer que se modifique la situación
penitenciara del preso en la próxima revisión
prevista para dentro de seis meses.
La máxima responsable de Prisiones subrayó que
cuando el pasado 1 de marzo, tras 115 días en huelga
de hambre el Gobierno concedió a De Juana la prisión
atenuada en aplicación del artículo 100.2 del
Reglamento de Régimen Penitenciario, se hizo tras un
consenso unánime de los médicos, tanto de los del
Doce de Octubre madrileño como de los forenses de la
Audiencia Nacional. Todos, aseguró, determinaron que
corría "un riesgo vital importante y que necesitaba
una recuperación que no podía hacer en prisión".
Pero, al ser preguntada por las palabras del
ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba que
aseguró que la prisión atenuada a De Juana podía
"salvar vidas", Gallizo sí reconoció que "la
realidad está compuesta de muchas cosas y en este
caso también había un elemento que sobrevolaba el
asunto: "las consecuencias que podía tener el hecho
de que una persona como ésta muriese en prisión".
"Podía, desde luego, tener unas consecuencias que no
sé yo tampoco evaluar, pero que, intuyo, podían
haber sido muy difíciles en la reacción que desde
ese mundo podía haber suscitado", apuntó Gallizo que
insistió en que también es obligación del Gobierno
evaluar estos elementos siempre "dentro del estricto
cumplimiento de la Ley y del Reglamento".
CAMBIÓ "LA COYUNTURA"
Y la situación cambió después de que ETA anunciara
el fin de la tregua. Un día después el 6 de junio,
De Juana fue trasladado desde San Sebastián a Madrid
y el pasado dos de agosto le fue retirada la prisión
atenuada. En ambos casos a la hora de tomar estas
decisiones la directora general de Prisiones asegura
que el "elemento determinante" fue el informe de los
médicos que trataban al etarra, aunque también
reconoce que "desde luego que sí se tuvo en cuenta
la coyuntura que estábamos viviendo".
Interrogada por lo que hubiera ocurrido si esa
"coyuntura" hubiese sido otra, Gallizo responde que
esa "es una hipótesis absurda de plantear". Con un
informe "tan concluyente", añade, en el sentido de
que podía continuar la recuperación en la cárcel,
"hubiese sido muy difícil que haber salido para su
casa".
En cuanto al futuro de De Juana, la Junta de
Tratamiento deberá reunirse dentro de seis meses
para reconsiderar la situación del preso, como hace
con el resto de internos, al que todavía le queda un
año por cumplir de los tres a los que le condenó el
Supremo de un delito de amenazas. Pero, según
adelantó Gallizo, no es probable que cambie ya que
en este momento la salud de De Juana está
"estabilizada". "Aunque tiene secuelas de la huelga
de hambre que ha protagonizado, son unas secuelas
que no ponen en riesgo su vida y que pueden ser
tratadas dentro del ámbito penitenciario", afirmó. |
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ALGECIRAS. El diario El Mundo publicó ayer en su
edición andaluza que el Ministerio del Interior ha
ordenado medidas contundentes para frenar el
islamismo radical en las prisiones. Según el
periódico, este movimiento está amenazando con
incendiar las cárceles.
De ahí que la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias haya tomado la decisión de
incrementar, a partir de septiembre, las medidas de
control sobre los presos islamistas.
La prisión algecireña de Botafuegos será una de las
cárceles afectadas pues en su interior alberga a
reclusos acusados de terrorismo y de estar
relacionados con el grupo Al Qaeda.
Según pudo leerse ayer en El Mundo la directora
general de prisiones, Mercedes Gallizo, ha ordenado
que se analice, por comunidades autónomas, la
situación de los reclusos de religión islámica; y
que se tomen medidas para estrechar la vigilancia en
torno a ellos y seguir, con lupa, cada uno de sus
movimientos y comunicaciones, tanto con el interior
como con el exterior de las prisiones.
Un grupo especial antiterrorista en el que están
representados la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional
de Policía, el Centro Nacional de Inteligencia y
Prisiones será el encargado de coordinar y abordar
de forma más decidida el islamismo radical en las
cárceles. Esto se concretará, según el diario, en un
seguimiento muy específico por parte de funcionarios
y fuerzas de seguridad del Estado.
El Mundo recuerda que la situación es
particularmente preocupante en las cárceles
andaluzas, sobre todo después del hallazgo, el
pasado julio, de grabaciones en árabe atribuidas a
la red Al Qaeda con soflamas incitando a la guerra
santa (yihad) y en contra de la civilización
occidental.
Las cintas fueron encontradas por funcionarios del
centro penitenciario de Huelva entre las
pertenencias de un preso común musulmán, condenado
por delitos menores, pero al que se suponen vínculos
con grupos radicales de corte islamista.
La prisión de Botafuegos también alberga presos
acusados por estar relacionados con este tipo de
terrorismo internacional, por lo que todo indica que
las medidas anunciadas por el Ministerio del
Interior tendrán eco en el centro penitenciario
algecireño.
Hasta la fecha se desconoce, al menos de forma
oficial, la existencia de ningún altercado en el
interior de la prisión motivado por este tipo de
presos. Fuentes sindicales señalan que en Botafuegos
conviven unos 300 internos musulmanes, aunque la
mayoría no está en la cárcel por delitos de
terrorismo sino por otras causas. |
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El sindicato de prisiones Acaip no duda en
ocultar su indignación respecto al incidente
ocurrido la pasada semana, cuando una funcionaria
del centro penitenciario Puerto III tuvo que hacerse
cargo durante los turnos de mañana y tarde del
módulo seis, integrado por noventa internos varones,
en gran parte cumpliendo condena por delitos contra
la libertad sexual que lograron intimidarla. Unas
acciones que se corresponden con la nueva normativa
de unificación de escalas impulsada por la directora
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
que parece no dejar indiferente a nadie, donde se
contemplan condiciones igualitarias para el personal
trabajador, pero obviando las circunstancias
adversas que pudieran resultar de su aplicación.
Al conocer lo ocurrido, el delegado sindical de
Puerto III trasladó el problema a la subdirectora de
seguridad, quien manifestó no tratarse de un mero
error en el libro de servicios, cuando otro
funcionario varón asumía trabajos en un módulo
completamente vacío. La verdadera razón expuesta
respondía a las órdenes por parte de Interior para
que comenzasen a adoctrinar a hombres y mujeres en
esta disciplina en la que habrán de compartir tareas
independientemente de su sexo.
El colectivo sindical se ha negado desde el
principio a la unificación de escalas por
considerarlo como una medida “demagógica y
publicitaria” de cara a la sociedad, cuyo único
cometido será el de acarrear cuantiosos problemas
derivados de la inseguridad. Así, muchas de las
incautaciones de droga o armas blancas son
realizadas de inmediato y muchos de los cacheos no
podrán ejecutarse hasta la llegada de un funcionario
del mismo sexo que el interno.
Otra de estas quejas planteadas por Acaip en
un escrito remitido al director de la prisión es la
referente a la probabilidad fehaciente de que
aumente el número de denuncias falsas contra los
funcionarios, con casos fingidos de abusos o
maltratos.
Además, reiteran que únicamente conseguirán con esta
norma el efecto contrario de lo que precisamente se
persigue, ya que una funcionaria podrá vivir
nuevamente casos como el acontecido hace días, con
funcionarias sometidas a más de quince horas de
trabajo con internos penados por delitos sexuales,
facilitando que la trabajadora sufra acoso por los
mismos.
Del mismo modo, el delegado sindical no encuentra
razones para explicar lo ocurrido con esta
trabajadora al no estar justificada su presencia en
el módulo seis.
Los problemas se suman teniendo en cuenta la escasa
plantilla de personal con la que cuentan en prisión,
donde para hacer frente a casos como el que vivió
esta funcionaria y a expensas de que no se vuelvan a
repetir situaciones de este tipo, la seguridad de la
trabajadora sería firme con la compañía de un
funcionario del sexo opuesto.
Experimentos, los justos
La puesta en marcha de la nueva normativa está
complicando la vida diarias en las prisiones de todo
el país. Sindicatos como Acaip manifiestan
que se trata de un considerable desacierto a juzgar
por numerosos incidentes que son pasto de la
inseguridad, como el ocurrido la pasada semana en
Puerto III y que no ha estado exento de reclamación
como era de esperar
Al respecto, Pedro, delegado sindical de Acaip
sostiene de forma rotunda que se trata de un
experimento puesto en práctica por Instituciones
Penitenciarias en un centro tipo de estas
características, donde las deficiencias son
absolutas, tal y como denunció este medio. Una
situación difícil de solventar, más aún con la
llegada de una nueva conducción de internos
procedentes de Puerto II que aterrizarán mañana que
vendrá a incrementar el censo de los finados. Es por
ello que solicita que se adopten las medidas
necesarias para que no se vuelvan a repetir
irregularidades en el libro de servicios y se
pregunta si es este acoso el que ha inspirado a la
ley de igualdad entre ambos sexos.
Ahondando un poco más en la petición trasladada a la
dirección de Puerto III destaca el artículo 1.3, que
deja ver cómo la dignidad o intimidad de las
personas internadas podría verse quebrantada con
funcionarios de sexo distinto en vigilancia.
Algo que demuestra, a juicio del colectivo sindical,
que dicha unificación nació ajena a la realidad
penitenciaria en la que existen muchas conductas o
actividades desarrolladas a diario por presos.
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HUELVA. El centro penitenciario de Huelva se sitúa a
la cola en el conjunto de las cárceles de Andalucía
en cuanto a intervenciones de droga, paradójicamente
siendo una de las prisiones más masificadas y con
más de un 70 por ciento de la población reclusa
relacionada con el mundo de la drogadicción, según
las estadísticas de diferentes sindicatos y
organizaciones que trabajan con el colectivo de
presos.
Según el último informe elaborado por el sindicato
Acaip, a lo largo del pasado año en la
macrocárcel onubense se realizaron sólo 20
intervenciones de droga (la lista la encabeza Puerto
II, en la provincia de Cádiz, con 121
intervenciones), lo que sitúa a Huelva en el
penúltimo puesto, sólo por delante de la cárcel
granadina de Albolote, con nueve intervenciones. El
mapa de la situación se completa con 115
intervenciones en la prisión de Córdoba, 86 en la de
Málaga, 67 en Almería, 66 en Algeciras, 50
intervenciones en Puerto I y 23 en la cárcel de
Jaén.
De los datos que ofrece el informe, llama la
atención que los dos centros en los que menos droga
se ha localizado ocupen, sin embargo, los primeros
puestos en cuanto a población reclusa. A finales del
primer semestre del año en curso, Albolote albergaba
1.883 internos y la macrocárcel onubense acogía
1.823 reclusos (cifra que se ha reducido en el mes
de julio con traslados a la nueva cárcel del Puerto
III).
La organización sindical responsable del informe
considera que , en algunos centros quedan reflejadas
"pocas intervenciones", circunstancia que atribuye,
en términos generales, a que "los responsables de
esos centros penitenciarios tratan de ocultar la
realidad de los mismos, haciendo ver a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias que su
centro es modélico, que no hay droga y que no hay
conflictividad".
Acaip observa además una gran deficiencia en
los datos de las prisiones ya que no figura un
desglose del tipo de sustancias que se interceptan,
al tiempo que señala que la droga que más se
interviene es el cannabis, seguido a larga distancia
por diversos tipos de pastillas, heroína y cocaína.
Además, acusa a la Administración penitenciaria de
hacer caso omiso a las recomendaciones del Defensor
del Pueblo en cuanto a las medidas a adoptar para
frenar el tráfico de drogas en el interior de las
prisiones, como es la instalación de ecógrafos,
"aparatos que resultan inofensivos -subraya- y de
bajo coste, para luchar contra la entrada de drogas
en las prisiones", ya sea a través de los "vis a vis"
y tras los permisos de los que disfrutan los
internos. "La Administración penitenciaria ha
adoptado una postura de cinismo-considera el
sindicato-al renunciar a la lucha contra la entrada
de drogas en las cárceles".
En el conjunto de Andalucía, el 36 por ciento de los
internos cumplen condenas inferiores a tres años y
sólo el 5 por ciento largas condenas de más de 15
años, todo ello en consonancia con la baja
peligrosidad general de los tipos delictivos: 46 por
ciento delitos contra el patrimonio, 28 por ciento
contra la salud pública (a la inversa en mujer 38
por ciento y 46 por por ciento), y sólo el 5 por
ciento contra la vida y 5 por ciento libertad
sexual, según los datos de la Asociación
Pro-Derechos Humanos.
La organización humanitaria hace hincapié en que
existe una relación directa entre droga y
reincidencia ya que de las personas que han entrado
en prisión cuatro veces o más, el 74 por ciento son
drogodependientes, mientras que para quienes llevan
diez o más ingresos el porcentaje aumenta al 84 por
ciento de drogodependencia.
Un elemento que subraya la organización es que se da
"un desconocimiento evidente" de la población con
enfermedad dual (se da en aquellos pacientes que
padecen una conducta adictiva y al menos otro
trastorno psicopatológico), que incluso se sitúa
como elevada en el caso de la macrocárcel onubense,
donde esta situación se da entre el 30-40 por ciento
de los drogodependientes. |
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Cien gramos de hachís, papel para fumar, unas
cuantas pastillas, un móvil y un cargador. Este es
el contenido de un paquete estándar que, desde la
carretera, se cuela a diario por encima de los muros
que rodean la prisión provincial de Salto del Negro.
Una práctica que evidencia sólo algunas de las
múltiples carencias y deficiencias de la cárcel de
Gran Canaria.
El lanzamiento desde la vía -curiosamente la
prolongación de la calle Guantánamo- de estos kits
de supervivencia no es algo nuevo. Si bien es cierto
que en los últimos meses se ha incrementado
"muchísimo" la frecuencia de fallas -como así se
denominan estos paquetes en la jerga carcelaria-,
fuentes internas del centro penitenciario explican
que esta práctica se viene desarrollando desde hace
unos dos años.
La existencia clandestina de móviles dentro de la
cárcel y los mensajes camuflados a través de la
página 655 del Teletexto de la Televisión Canaria
facilitan la comunicación de los reclusos con el
exterior y, por ende, el tráfico de estupefacientes
y otros utensilios prohibidos en la prisión. Mándame
dos del Real Madrid -dos pastillas- y una almendra
-un trozo de hachís-, es un ejemplo de un mensaje
encriptado entre dos reclusos.
Además, y aunque resulta bastante sencillo
introducir una falla desde la calle, hacerlo se ha
convertido en un mérito para el que lo consigue, "te
da puntos en el grupo de colegas", comentan las
fuentes. Paquetes que, sobre todo, aterrizan en los
patios del Módulo 6 -penados reincidentes- y Módulo
9 -preventivos reincidentes- durante la noche, de
madrugada o incluso en la hora de la siesta.
Algunas de las fallas son localizadas -y por
supuesto requisadas- por los funcionarios, pero no
todas. Y es que, la necesidad agudiza el ingenio, y
los envíos llegan al interior dentro de bolsas de
basura o supermercado, cajas o "latas de Coca Cola
que se adquieren a través de una página web y que
tienen un doble fondo donde se puede meter lo que te
dé la gana". Latas que, según ha podido comprobar
este periódico, tienen un compartimento secreto con
capacidad para unos 15 gramos y cuestan 12,50 euros
cada una.
Deficiencias evidentes
Pero más allá de demostrar cómo los internos se
buscan la vida dentro de la cárcel, la entrada de
fallas constata la necesidad de mayor seguridad y
vigilancia en Salto del Negro, una de los
principales demandas de los funcionarios de la
prisión.
Desde que comenzaron a incautarse este tipo de
paquetes, los representantes de los trabajadores han
estado reclamando a la Dirección del centro elevar
la altura de los muros como mínimo hasta los nueve
metros -actualmente no superan los seis metros-, así
como de la valla que linda con la carretera. "En la
Península, los internos pueden jugar al frontón,
pero aquí hasta jugando al fútbol se te puede ir la
pelota a la carretera si chutas con fuerza", explica
una de las fuentes.
La reclamación de los trabajadores ha sido estimada
sólo en parte por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias -Ministerio del
Interior-, que ha autorizado aumentar los metros de
las paredes.
Sin embargo, que los muros crezcan no solucionaría
demasiado esta situación si se tiene en cuenta que
parte de la valla ha sido forzada para permitir
acercarse aún más al perímetro de cemento. Un acceso
que, además, queda totalmente alejado del campo
visión de las torres de vigilancia.
Por si fuera poco, fuentes internas del penal
explican que, de las seis garitas existentes, dos
nunca están ocupadas y "raramente" las otras cuatro
lo están a la vez. |
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José Parrilla, Valencia Un preso de la cárcel de
Picassent logró huir ayer cuando era atendido en el
Hospital General de Valencia de las posibles
lesiones que él mismo se produjo al tragarse, según
dijo, varios objetos peligrosos, entre ellos alguna
pila. Al parecer, el recluso pidió que le llevaran
al servicio y en un descuido logro zafarse de los
guardias civiles que lo custodiaban. Luego, golpeó a
un vigilante de seguridad que le salió al paso y
logró acceder a la calle, donde obligó a un joven a
bajar de su coche para robárselo y emprender la
huida, todo ello con las esposas puestas.
Se trata del interno Félix Hernández Morcillo, de 28
años de edad, que ingresó en la prisión de Valencia
en marzo de este año para cumplir tres años de
condena. Aunque aún no había sido clasificado, nada
hacía pensar, por los antecedentes y su
comportamiento, que pudiera provocar un incidente de
estas características, pero ocurrió. Ayer por la
mañana dijo haberse tragado varios objetos, entre
ellos una pila, y alegó fuertes dolores de estómago,
lo que aconsejó trasladarlo al Hospital General de
Valencia para hacerle una exploración, concretamente
unas radiografías que demostraran la realidad de su
estado. Bien escoltado Con él salió una pareja de la
Guardia Civil del propio centro penitenciario,
hombre y mujer, que lo trasladó hasta el servicio de
urgencias del hospital. Y fue allí, antes de ser
atendido, cuando pidió que lo acompañaran al baño y
aprovechó un descuido para huir a la carrera. A su
paso salió un vigilante de seguridad del hospital,
pero fue violentamente golpeado en un brazo y nada
pudo hacer por evitar que alcanzara la calle.
La fuga se consumó cuando el preso, siempre con los
grilletes puestos, abordó un coche que había parado
junto al aparcamiento de la calle Misericordia y
obligó a su conductor a bajar del mismo, arrancando
a toda prisa en dirección a la avenida del Cid.
Aunque inmediatamente se decretó la busca y captura
del recluso y se difundieron entre la policía y la
Guardia Civil los datos del huido y del coche
robado, a última hora de ayer aún no había podido
ser arrestado.
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ALGECIRAS. La cárcel algecireña de Botafuegos tiene
internos, en el módulo 15, a siete presos
relacionados con las actividades terroristas de Al
Qaeda. El director de la prisión, Francisco Márquez
Zalaberri, explicó ayer en declaraciones a este
diario que las medidas de seguridad son "máximas" en
torno a estos reclusos.
Márquez Zalaberri afirmó que aún no ha recibido
nuevas órdenes por parte del Ministerio del Interior
para aplicar "medidas contundentes" ante el
islamismo radical en la cárcel. "Desde hace algún
tiempo la vigilancia sobre los acusados de
terrorismo islamista es el asunto estrella en
Botafuegos, incluso se podría decir que está por
encima de los presos de ETA. Sus actividades están
bastante controladas", indicó el responsable
penitenciario.
El pasado lunes, El Mundo publicó que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias había
decidido incrementar, a partir del próximo mes de
septiembre, las medidas de control sobre los presos
islamistas.
La orden partió después de que funcionarios de la
cárcel de Huelva encontraran el pasado mes de julio
grabaciones en árabe incitando a la guerra santa
entre las pertenencias de un preso común musulmán.
Asimismo, hallaron documentos que relacionaban al
recluso de 28 años con la organización que lidera
Osama Bin Laden.
Los planes del Gobierno central son, según la
información del diario, articular un grupo especial
antiterrorista en forma de comisión en la que
estarían representados la Guardia Civil, la Policía
Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y
Prisiones.
En la cárcel de Algeciras hay en la actualidad 300
internos que profesan la religión musulmana; si bien
la gran mayoría han sido arrestados por delitos
comunes. Los siete internos relacionados con la red
terrorista de Al Qaeda se encuentran en primer grado
en el módulo 15, junto a integrantes de ETA y otros
delincuentes considerados peligrosos.
Márquez Zalaberri indicó que estos presos tienen
intervenidas las comunicaciones tanto habladas como
escritas. Asimismo, dijo que se vigila de cerca sus
movimientos dentro del centro penitenciario, así
como sus posibles contactos con el exterior. "Los
funcionarios mandan periódicamente informes a la
Dirección General en Madrid", recalcó.
El director de Botafuegos apuntó que está a la
espera de recibir nuevas directrices o de ser
convocado a una reunión en septiembre para conocer
en detalle los planes de Interior. Del mismo modo,
aseguró que hasta la fecha los presos relacionados
con Al Qaeda no han protagonizado ningún incidente
digno de reseñar en la prisión algecireña.
En el módulo 15 de Botafuegos, donde las normas son
mucho más restrictivas, hay en la actualidad una
treintena de presos frente a una media de 140
internos en los otros módulos.
En el global de Andalucía, Instituciones
Penitenciarias contabiliza a unos 143 reclusos
islamistas divididos en tres grupos en función del
grado de peligrosidad. |
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La alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y el director
del Centro Penitenciario, Juan Carlos Carrillo,
revisaron ayer los acuerdos de colaboración entre el
Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias, entre
los que se encuentra el proyecto del centro social
ubicado en la vieja cárcel Cáceres I, en la avenida
de los Héroes de Baler.
En la reunión se recordó que la vieja cárcel se
encuentra pendiente de la aprobación del Plan de
Urbanismo, tras el cual, se podrá revertir el uso
del edificio al Ayuntamiento para utilizarlo como
centro social y cultural, espacio para la creación
joven o biblioteca, tal como se aprobó por el Pleno
en la pasada Corporación y proyecto que mantiene el
actual Gobierno de Carmen Heras.
También pendiente del nuevo Plan de Urbanismo se
encuentra el proyecto de nuevo Centro de Inserción
Social (CIS), que se construirá junto a Cáceres II y
al que se trasladarán los internos que cumplen
condena en el CIS todavía abierto en las
instalaciones de la vieja cárcel.
El encuentro de ayer significó una primera toma de
contacto y el principio de lo que puede ser una
mayor colaboración entre el Ayuntamiento y el centro
penitenciario. A través de la Universidad Popular
está en marcha desde hace más de un año un acuerdo
con el Instituto Municipal de Deportes por el que se
subvenciona con cerca de 14.000 euros un programa de
Escuela Municipal Deportiva en el centro
penitenciario que se desarrolla a través de
entidades deportivas sin ánimo de lucro.
Con la Universidad Popular está en marcha otro
programa denominado 'Grupo de preparación para la
salida', dedicado a la normalización sociolaboral de
internos de tercer grado, que tiene como objetivos
la adquisición de técnicas y estrategias de
resolución de problemas, pautas de actuación para un
cambio saludable respecto a su estilo de vida y
compensar el posible déficit de los participantes. |
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El psiquiatra José Cabrera aplaude la decisión del
presidente francés, Nicolas Sarkozy, de aplicar a
los pederastas un tratamiento de neurolépticos o
inhibidores de la testosterona periféricos, también
conocido como castración química, pero señala que no
es suficiente para acabar con el problema ya que
"aunque la aplicación sistemática de la castración
química en agresores sexuales inhibe la libido, es
decir el impulso sexual, la agresividad como tal no
se inhibe".
Por lo tanto, recomienda, en declaraciones a Europa
Press, "otras medidas de seguridad" que ayuden a
canalizar la actitud violenta de los presos como
"terapias intensivas, obligarles a acudir con
regularidad al profesional marcado en la sentencia,
y, luego, las consiguientes terapias de grupo e
individuales". "Y por supuesto, ni que decir tiene,
hay que tener un control total sobre el posible uso
de estimulantes de la erección", indica Cabrera, que
recuerda que el uso de éste tipo de medicamentos
está totalmente prohibido para los agresores
sexuales.
En cualquier caso, aunque admite que "no existe en
el mundo otro tratamiento mejor que la aplicación de
medidas químicas inhibidoras de la testosterona",
advierte de que en algunos individuos el tratamiento
no sirve. Cabrera se refiere a los casos en los que
el preso no tiene "ningún desarreglo" pero que
cometen agresiones sexuales por "vicio". "La
castración química, tal y como se concibe, es decir
dar neuroelépticos que son los sedantes, más
ciproterona que es el inhibidor de la testosterona,
sólo tiene interés clínico en aquellas personas que
tienen un desarreglo hormonal o un desarreglo
psicológico que tiene una base biológica", explica.
EN ESPAÑA SE APLICA DESDE HACE AÑOS.
Este tipo de terapia, que se lleva usando en todo el
mundo desde hace tiempo, para Cabrera no es un
descubrimiento "nuevo" pero sí reconoce que "es la
primera vez que un jefe de Estado ha tenido la
valentía de decir en público lo que todos los
profesionales pensamos respecto al tratamiento de
los agresores sexuales".
En España se trata de un tratamiento que se lleva
aplicando desde hace años en delincuentes sexuales
que llegan al tercer grado y que voluntariamente
aceptan someterse al tratamiento. La cuestión es
que, al contrario de cómo pretende aplicar la medida
Sarkozy, "en este momento en España es más una
terapia que se le ofrece al delincuente como pena
sustitutoria a la privación pura y dura de la
libertad".
En cualquier caso, para Cabrera, el presidente
francés ha dado un paso importante que "aplaude", no
en lo referente a la medida de represión de la
libertad, sino porque "ya está bien de que los
políticos nunca le pongan el cascabel al gato".
Asimismo, espera que esta decisión sea seguida por
otros países, ya que considera que se trata de un
trastorno para el que "no hay más opciones".
Asimismo, el especialista entiende que la medida
puede ser suficientemente importante como para
cambiar la Constitución ya que el Estado de Derecho
da actualmente la opción al sujeto de elegir, sin
embargo opina que "si se quiere que sea efectiva
habrá que imponer la medida judicialmente, y si hay
que modificar las constituciones de los estados para
eso habrá que modificarlas".
ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO.
El tratamiento, que deberá ser suministrado de por
vida, se puede administrar por vía oral o por vía
inyectable, "en presencia siempre del profesional
para evitar posible trampas", advierte Cabrera, para
el que la perfecta administración es la aplicación
inyectable ya que "es la única que da fe de que el
señor se lleva el tratamiento puesto".
Además, señala, entre otros beneficios, que "no
existe ningún efecto secundario biológico probado",
ya que "son sustancias que no se acumulan, no
deterioran y el cuerpo las metaboliza
perfectamente". Ahora bien, reconoce que es posible
que el paciente, si toma alguna otra medicación
sedante junto a la ciproterona, deba evitar la
conducción de vehículos de motor, manejo de
maquinaría, etcétera, ya que produce sopor.
Finalmente, explica que en casos en los que hay una
pulsión sexual muy grande existen tratamientos
alternativos, pero no tan efectivos como la
castración química. En este sentido recomienda la
psicocirugía que es una microcirugía específica en
los núcleos cerebrales que producen la libido, que
se usa en algunos casos psiquiátricos graves como
neurosis obsesivas compulsivas o psicosis graves
refractarias a la medicación, y que hace tiempo que
se viene realizando en España y gran parte de
Europa. |
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García se manifestó así en referencia a la orden de
busca y captura que recae sobre un varón español,
que responde a las iniciales F.F.M., de 28 años, que
ayer se fugó del Hospital General de Valencia,
adonde había sido trasladado para recibir atención
médica por haberse tragado varias pilas, y después
de que los servicios médicos penitenciarios creyeran
oportuno su traslado.
El director del centro penitenciario matizó que los
funcionarios 'no tienen capacidad ni autoridad para
hacer traslados con internos, excepto cuando se
produzca una urgencia de máxima gravedad en la que
haya que preservar la vida del preso'.
En este sentido, reiteró que la responsabilidad
recae en la Guardia Civil, que ha abierto una
investigación para aclarar si existe o no
negligencia por parte de los dos guardias civiles
que custodiaban al preso en el momento de la fuga.
García señaló que una vez sea capturado el interno,
se celebrará un juicio en el que el juez le impondrá
una nueva pena por quebrantamiento de condena, que
se añadirá a las dos condenas de tres años por dos
delitos con robo e intimidación que cumplía el joven
de 28 años en Picassent.
Por su parte, la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
en Valencia explicaron que los presos en primer
lugar reciben la atención sanitaria en el centro
penitenciario y si los servicios médicos internos
consideran oportuno su traslado a un hospital, se
organiza el operativo especial, formado por una
ambulancia y dos miembros de la Guardia Civil.
ACAIP denunció que los efectivos de la
Guardia Civil en la prisión de Picassent son
insuficientes, por lo que agentes del mismo cuerpo
'no especializados' en el traslado de presos tienen
que hacer esta función, 'dejando sin vigilancia
cuarteles y poblaciones'.
Las mismas fuentes aseguraron que el número de
salidas de presos se ha incrementado últimamente e
incluso se realizan varias en un mismo día, 'porque
es una de las formas que tienen los reclusos de
salir de sus celdas y distraerse un poco'.
Así, puntualizaron que ello supone un incremento
considerable del gasto, que podría reducirse si las
instalaciones sanitarias de la cárcel fueran
acondicionadas con el material adecuado, reduciendo
así los traslados únicamente a los casos de
urgencia.
Además, ACAIP resaltó que algunos presos que
son trasladados a los hospitales están considerados
'muy peligrosos', resaltó el peligro que supone para
los miembros de la Guardia Civil, los médicos de los
hospitales, los usuarios de urgencias y los
ciudadanos en general, y consideró 'injusto' que
sean atendidos los primeros en los servicios de
urgencias.- |
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Un preso propinó ayer un puñetazo en la mandíbula a
un funcionario de la prisión de Alhaurín de la Torre
cuando éste intentaba evitar que se autolesionara.
Un grupo de reclusos redujo al reo cuando se
disponía a golpear de nuevo al trabajador, según
fuentes penitenciarias. Los hechos sucedieron a las
12.00 horas en el módulo 2 de la cárcel, que alberga
a 141 internos preventivos (que aún no han sido
condenados).
Al parecer, el funcionario sorprendió al preso -un
español de 24 años- mientras se automutilaba con la
chapa de una lata de conservas en el estómago. El
trabajador se acercó a él, y le dijo que lo iba a
llevar a la enfermería. En ese momento, el interno
reaccionó dándole un fuerte puñetazo en la
mandíbula.
Agresión
Varios reclusos que había en el patio se percataron
de la agresión y redujeron al reo cuando iba a
golpear otra vez al funcionario, según las fuentes
consultadas. El herido fue trasladado a un centro
sanitario de la capital para ser atendido, ya que
presentaba un fuerte hematoma en la mandíbula. Al
final, no sufrió ningún tipo de fractura.
El preso que atacó al funcionario fue internado en
el módulo de aislamiento, aunque desde la prisión
indicaron que, hasta la fecha, no había causado
ningún problema ni tenía antecedentes violentos
dentro de la cárcel. En el módulo de aislamiento, un
grupo de médicos lo atenderá para saber qué le llevó
a autolesionarse y a agredir al trabajador,
determinando en su caso si tiene alguna enfermedad
mental.
El joven ingresó en la prisión el pasado 28 de
julio, por primera vez, por un presunto delito de
homicidio frustrado. Según otras fuentes
consultadas, su entrada en la cárcel estaría
relacionada con un intento de parricidio.
Por otro lado, según advirtieron desde los
sindicatos Unión Sindical Obrera (USO)-Prisiones y
CC.OO., este hecho se debe, en parte, «al escaso
número de funcionarios que, en la actualidad, hay en
la prisión». Esta última plataforma sindical reclamó
60 trabajadores más, teniendo en cuenta que la
prisión de Málaga es la que tiene mayor número de
reclusos, con cerca de 1.900.
Por otra parte, otro funcionario de la sección
abierta (antigua cárcel) también ha sido agredido,
según denunció ayer el sindicato Acaip. El
incidente lo protagonizo un recluso en libertad
condicional que fue a ver a su pareja. Según las
fuentes, el funcionario intentó defender a la mujer
de una agresión y sufrió el ataque del ex recluso.
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Gallizo obliga a las funcionarias de prisiones a trabajar
solas con condenados por delitos sexuales |
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23/08/07 |
| Una funcionaria de
prisiones del centro penitenciario Puerto III sufrió la
intimidación de 90 presos condenados por delitos sexuales,
según informa el diario El Puerto Información. La
trabajadora se encontraba sola en este módulo obedeciendo la
nueva normativa de Instituciones Penitenciarias que ha
impuesto la ley de igualdad en las cárceles y obliga a hombres
y mujeres a realizar las mismas tareas independientemente de
su sexo y poniendo en riesgo su seguridad. |
Según El Puerto Información, la trabajadora tuvo que
atender durante los turnos de mañana y tarde un
modulo en el que cumplen condena 90 hombres por
delitos contra la libertad sexual. La funcionaria
tuvo que realizar su trabajo sola y se vio acosada
por este colectivo de presos.
Cuando la funcionaria denunció la agresión al
sindicato Acaip, el delegado sindical de
Puerto III creyó que la presencia de la trabajadora
en ese módulo podría tratarse de un error, ya que
otro funcionario varón se haya trabajando en el
mismo horario en un módulo vacío. Pues no. La
situación respondía a la nueva normativa de
Instituciones Penitenciarias, que dirige Mercedes
Gallizo, quien ha dado órdenes de imponer la ley de
igualdad en las prisiones.
Según el periódico gaditano Interior quiere que
hombres y mujeres realicen las mismas tareas
independientemente de su sexo pese a los riesgos
para la seguridad de los trabajadores. El sindicato
de prisiones critica esta medida por considerarla
"demagógica y publicitaria". También denuncia el
sindicato que la aplicación de esta ley en las
prisiones aumentará el número de denuncias falsas
contra los funcionarios con casos fingidos de abusos
o maltratos.
El portavoz sindical considera que la medidad
acarreará numeroso problemas de inseguridad ya que
la seguridad de la funcionaria hubiera estado
garantizada con la compañía de un funcionario varón.
También cree el sindicato que la intimidad de los
presos podría verse quebrantada en sus conductas
diarias al estar vigilados por personas de otro
sexo. |
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Una suma de 510 reclusos cacereños se podrán
beneficiar de un programa dirigido a la prevención
del VIH-SIDA, que ha puesto en marcha el Comité
Ciudadano Antisida con la colaboración de la Obra
Social Caja Madrid. Dicho programa , que se ha
denominado 'Información y Prevención del VIH-SIDA en
el Centro Penitenciario de Cáceres' pretende formar,
informar, orientar y asesorar a las personas
privadas de libertad no sólo en la prevención, sino
también en el tratamiento del virus. También se
pretende hacer un especial hincapié en aquellas
mujeres encarceladas que mantienen relaciones
sentimentales con personas que están en el exterior.
Además, se pretende educar a los internos sobre la
tuberculosis y la hepatitis, mejorar el bienestar y
la salud de los internos con VIH positivo, informar
sobre los aspectos nutricionales de personas que
tengan el virus, informar de cara a la liberación y
prevenir los riesgos de la transmisión por las vías
identificadas. Asimismo, otro de los objetivos es
educar sobre sexo seguro entre homosexuales y
heterosexuales y formar y orientar laboralmente a
los internos antes de su salida de la cárcel.
Obra Social Caja Madrid pondrá en marcha un total de
18 programas en Extremadura de atención social con
la colaboración de distintas entidades sociales sin
ánimo de lucro regionales. Los beneficiarios serán
personas con alzhéimer, discapacidad, inmigrantes y
mayores. A través de ellos, se beneficiarán de forma
directa más de 40.000 personas. |
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La AUGC reclama más plantilla, medios y formación en la
conducción de presos |
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23/08/07 |
| La
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Valencia
reclamó este miércoles un "aumento de la plantilla, más medios
y mayor formación" para los agentes encargados de realizar la
conducción de presos desde la prisión de Picassent, Valencia,
al Hospital General de la capital, según señaló el secretario
general de la delegación de la organización en Valencia, José
Francisco Rausell, quien exigió una prevención de riesgos
laborales "efectiva". |
El representante de la agrupación realizó estas
declaraciones después de que este martes un preso
del centro penitenciario de Picassent se fugara en
el Hospital General de Valencia donde iba a ser
atendido después de que asegurara haberse tragado
unas pilas.
Rausell señaló que "imprevistos" como el traslado de
presos enfermos "están a cargo de patrullas no
especializadas" lo que rebaja el "servicio al
ciudadano". Además, los agentes, según aseguró, "no
tienen información de los presos que trasladan".
Expuso que los guardias no conocen el grado
penitenciario de los reos y aunque "presientan
riesgo de fuga, no reciben apoyo". Además, no
conocen si el preso padece enfermedades infecciosas
por lo que no reciben "ni guantes ni mascarillas".
El representante de la AUGC afirmó que los "presos
pueden planificar sus fugas porque conocen a donde
van", y recordó el recluso que escapó en febrero de
2004 cuando, presuntamente con la ayuda de dos
cómplices, robó las pistolas a los agentes al acudir
al Hospital General de Valencia. Además, indicó que
el personal médico del centro hospitalario no
colabora pues "está más por la labor de atender al
enfermo que a la seguridad y deja fuera" a los
escoltas.
Rausell destacó que la Guardia Civil "no lleva a
cabo órdenes generales internas" que indican "como
se ha de ejecutar una una conducción de presos".
Así, criticó que cinco agentes se ocupen de "ocho o
nueve presos trasladados en autobuses" cuando, según
aseguró, estas órdenes señalan "dos agentes por
detenido". |
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Ibáñez, quien inauguró el encuentro sobre 'Nuevos
retos penales, sociales y sanitarios en el medio
penitenciario' que acoge la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), consideró que
'hay que huir' de 'la clásica concepción' del penal
como 'un lugar de privación de libertad', y defendió
estas instalaciones como 'elemento de reorientación'
para que los delincuentes 'puedan reincorporarse a
la sociedad'.
De este modo, instó a que el sistema penitenciario
español 'afronte con responsabilidad y rigor' los
'nuevos retos' que, según aseguró, se plantean en
los ámbitos 'pena, social y sanitario'.
'Todos estamos de acuerdo en que la pena de
privación de libertad tal y como está concebida
cumple una función social imprescindible', subrayó
Ibáñez, quien no obstante recordó que la
Constitución 'señala claramente' a la
'reintegración' y 'reinserción social' como 'fines
fundamentales' del sistema penitenciario español,
con el fin de que las prisiones no sean 'centros que
aíslan a las personas del resto de la sociedad'.
Afirmó que en los últimos años se han 'dado pasos
significativos hacia una política de centros
penitenciarios favorecedores de la reintegración
social' de los condenados, y en este sentido se
refirió al proyecto de puesta en marcha en Santander
de un Centro de Inserción Social (CIS) dentro del
Plan de Amortización de Prisiones.
EL DUESO PENAL 'VANGUARDISTA'.
Aludió al centenario de la creación del penal de El
Dueso, en Santoña, un centro que 'pese a su larga
vida es uno de los ejemplos más vanguardistas del
modelo penitenciario español', destacó Ibáñez.
Incidió en que El Dueso se han convertido 'en un
ejemplo a seguir' en los procedimientos y
actividades ejecutadas en el interior de sus
instalaciones. Resaltó que la prisión cántabra
constituye 'un excepcional marco' para el desarrollo
'de nuevas experiencias resocializadoras' y 'de
reinserción' de internos.
Así, indicó que 'muchas' de las iniciativas 'resocializadoras'
promovidas en El Dueso se han 'extendido' a otros
centros penitenciarios españoles, 'tras una primera
experiencia' en el penal santoñés. |
|
Hace dos años, la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, planteó la
posibilidad de instalar el aire acondicionado en
algunas cárceles españolas. Una de las elegidas era
la prisión de Jaén. La idea ha sido rechazada por el
alto coste de las mejoras, unos tres millones de
euros.
La Dirección del Centro Penitenciario de Jaén fue de
las primeras que envió el presupuesto solicitado por
el Ministerio de Interior. Se trataba de mejorar las
condiciones de vida de los internos del recinto
carcelario. Está demostrado que los reclusos
muestran un carácter mucho más irascible y agresivo
cuando suben las temperaturas. Por eso,
Instituciones Penitenciarias aludió a razones de
seguridad para poner en marcha la iniciativa.
Los expertos en política penitenciaria consideran
que la temperatura estival en los centros del sur de
España es tremenda y que puede incidir en el propio
comportamiento de los internos. De esta forma,
Interior aseguraba que con el aire acondicionado se
pueden paliar situaciones de tensión.
La cárcel de Jaén fue una de las elegidas por
Instituciones Penitenciarias. El jiennense es uno de
los centros estándar, de los más modernos
construidos por la Administración durante los
últimos años. La Dirección de Jaén envió el
presupuesto hace unos meses. Se trataba de instalar
el aire acondicionado en las zonas comunes, no en
las celdas de los presos. Hay que tener en cuenta
que las oficinas de los funcionarios sí que cuentan
con refrigeración. Los técnicos que visitaron la
prisión realizaron un presupuesto de alrededor de
tres millones de euros (unos quinientos millones de
las antiguas pesetas), además del correspondiente
mantenimiento.
Cuando el informe con las estimaciones de coste de
la nueva infraestructura de la cárcel jiennense
llegó al Ministerio, rápidamente, la idea fue
descartada, según confirman fuentes de Instituciones
Penitenciarias. Hay que tener en cuenta que la idea
de Interior era dotar de aire acondicionado a la
mayoría de las 77 prisiones españoles, con lo que el
coste, realmente, se dispararía.
Los responsables sindicales consultados por este
periódico confirman que la Dirección de la prisión
de Jaén “ni tan siquiera llegó a plantearles la
idea”: “Sabíamos, desde un principio, que era
descabellada porque valía mucho dinero”, explica uno
de ellos, quien sí que comparte la necesidad de que
algunas zonas comunes de la prisión tengan la
refrigeración. De hecho, las 350 celdas sí que
cuentan con calefacción: “La idea es buena, porque
el calor hace que los internos estén mucho más
nerviosos”, concluyen las mismas fuentes. La única
solución es que se refresquen con agua. |
Así lo indicó, a preguntas de los
periodistas, tras la presentación de la campaña de
reparto de botellines de agua desalada, celebrada en
la Playa de las Arenas de Valencia. No obstante, el
subdelegado no concretó la extensión del
dispositivo, para poder lograr apresar al huido, que
confió que sea detenido 'pronto'.
Martínez afirmó que el preso se
fugó tras aprovecharse de una 'operación de
distracción' de los agentes que le custodiaban,
guardias civiles que, según dijo, son personas
'profesionales' aunque subrayó que 'siempre hay un
riesgo de fuga cuando se traslada a un preso' a un
hospital porque 'no es una prisión', y hay 'mucha
gente y confusión'.
En relación con las peticiones de
asociaciones de guardias civiles de la necesidad de
mayor número de efectivos y seguridad en los
traslados de presos, manifestó que 'todas las quejas
son razonables, pero en este caso son injustificadas
porque son profesionales competentes para poder
atender la conducción'.
Por otra parte, preguntado sobre
las declaraciones del sindicato Acaip que
considera que estas fugas podrían evitarse si la
atención sanitaria de los presos se realizara en la
propia prisión, Martínez aseguró que el Gobierno
tiene 'ya prácticamente' cerrado un convenio con la
Generalitat valenciana para que el 80 por ciento de
las patologías que sufren los presos puedan tratarse
en la cárcel.
'Está ya prácticamente. Cuando
esté podremos atender prácticamente el 80 por ciento
de las patologías', las 'menos graves', especificó,
ya que el resto seguirá precisando de atención
hospitalaria |
En rueda de prensa, Bermúdez, quien participó en el
seminario de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) sobre 'Nuevos retos penales, sociales
y sanitarios en el medio penitenciario', indicó que
pese a que España ya cuenta con un sistema penal
alternativo, que afecta a unas 10.000 personas, 'es
preciso hacer una remoción mental' a todos los
niveles respecto a esas medidas penales alternativas
al internamiento en prisión, con el fin de
'propiciar' su aplicación.
En este sentido, el presidente de la Confederación
Española de Probation, John Scott, defendió la
implantación 'de un cambio total de mentalidad' para
que la cárcel 'sea, de todas las alternativas, la
última' y solamente se aplique en el caso de
delincuentes 'de más alto riesgo y peligrosidad'. De
este modo, apostó por que se 'recurra antes' a otras
medidas, entre las que estarían las de beneficio de
la comunidad o libertad condicional.
Así, lanzó un 'reto' a la opinión pública, al
preguntarse 'si por el mero hecho de que una
sentencia sea dura, realmente ésta va a funcionar'.
Puso como ejemplo el caso de conductores detenidos
al sobrepasar las tasas de alcoholemia, y dijo que
'el encerrarles en la cárcel no va a servir para
nada para corregir ese tipo de conductas'.
Scott consideró que en el caso de España se
necesitan 'programas que cambien la conducta del
delincuente', a la que se sumarían 'fórmulas
punitivas'. En su opinión, 'lo que habría que hacer
es controlar al delincuente', pero también
'cuidarlo', ya que 'los castigos eficaces contienen
ambos elementos', precisó.
En todo caso, recalcó que la libertad condicional y
las penas alternativas deben contar 'con el apoyo' y
'la confianza' de la opinión pública, y no tienen
que 'perder de vista cuál es la opinión de la
víctima'.
Bermúdez, por su parte, subrayó que 'las sentencias
deben ser justas, y no ejemplarizantes', y matizó
que la reincidencia 'se evita justamente cuando el
penal se encuentra justamente tratado' y no 'cuando
se ejemplariza en su persona'.
Este responsable de Instituciones Penitenciarias
enfatizó que el sistema penitenciario español está
'absolutamente consolidado', hasta el punto que es
'ejemplarizante' y 'modélico' en ciertos aspectos.
Apuntó que las tasas de reincidencia son bajas en
relación con el volumen de presos internados, aunque
matizó que en los datos 'sólo se contabiliza a los
que vuelven (a los centros penitenciarios)'.
Preguntado por el Centro de Inserción Social (CIS)
de Santander únicamente comentó que 'existe la
voluntad política y económica' para la ejecución del
proyecto |
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