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12-01-2006
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Funcionarios de la Comandancia han
cobrado el 70%, pero en Comisaría no han percibido nada
La Dirección General ingresó la nómina de diciembre el
día 15 para luego retirarla hasta el 22 |
 A.
G./ZAMORA Funcionarios de
policía y guardias civiles confían en recibir en los próximos
días la paga de productividad que deberían haber cobrado con
la nómina de diciembre, según denuncian los representantes de
estos cuerpos de seguridad. Los atrasos, que afectan a agentes
y mandos de todo en país, tienen repercusión en 210 policía y
650 guardias civiles en Zamora, y suponen en la provincia una
cantidad que ronda los veinte mil euros.
Por lo que respecta a la policía, el ingreso debería haberse
hecho en la última semana de diciembre o la primera de enero,
pero ya mediada esta segunda, aún no han recibido la paga por
este concepto. Tomás Hernández Garzón, representante del
Sindicato Uniformado de Policía indica que el retraso se ha
atribuido a «problemas burocráticos entre la Dirección General
de Policía y el Ministerio de Hacienda, que tiene que librar
la cantidad para el pago». No obstante, Hernández Garzón cree
que se abonarán esta misma semana.
La cantidad que corresponde a los agentes de la provincia
alcanzaría los 10.000 euros, ya que cada uno cobra una media
de 500 euros por este concepto.
A problemas burocráticos o falta de liquidez en el
departamento se atribuye también el hecho de que en algunas
provincias se ingresara a los policías la nómina de diciembre
el día 15 para retirarles el dinero inmediatamente. El SUP
presentó una queja y la nómina, con la extra, se ingresó el
día 22.
Segundo año
Una situación similar afecta a los guardias civiles, aunque en
su caso ya han percibieron el 70% de la paga de productividad,
que incluye horas nocturnas, festivas y horas extraordinarias.
Esta reducción de ingresos, que los agentes deberían haber
recibido con la nómina de diciembre, afecta a de 68.000
funcionarios, según denuncia la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC). Las cantidades que percibe cada uno
son dispares, si bien la cuantía pendiente de cobro en Zamora
por ese 30% aún no ingresado rondaría los diez mil euros.
La AUGC ha transmitido mediante un comunicado «la indignación
de los guardias civiles y sus familias» por este retraso que,
según recuerda, es el segundo año consecutivo que se produce.
La asociación critica la imprevisión del Gobierno y de la
dirección General de la guardia Civil por el perjuicio
económico a estos funcionarios, «que son los peor retribuidos
y con menos derechos laborales de todo el país». |
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La Delegación del Gobierno informó
ayer del nombramiento del nuevo director del centro
penitenciario de Melilla, recayendo el cargo sobre el
melillense Emilio Navas, que había venido desempeñando
hasta el momento el cargo de coordinador de formación en
este centro. |
Emilio
Navas nació en Melilla y lleva más de 30 años como
funcionario de prisiones habiendo pasado por
distintas áreas de la administración penitenciaria.
Entre otros cargos, ha sido subdirector de régimen
en la modelo de Barcelona y director del centro
penitenciario de la ciudad de Huesca.
Emilio Navas sustituye en el cargo a ana acosta que
tras el paso por la ciudad de Melilla ha ido a
integrar el equipo directivo del centro
penitenciario de Topas, en la ciudad castellana de
Salamanca |
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La detención hoy en Cataluña,
Madrid y País Vasco de veinte presuntos integrantes de
dos células islamistas es una de las mayores operaciones
contra este terrorismo realizadas en España y elevan a
más de 110 el número de personas arrestadas por su
relación con grupos islámicos desde el inicio de 2005. |
El
año pasado fueron detenidos al menos 91 presuntos
integrantes de grupos de apoyo al terrorismo
islámico, mientras que ya este año se había
producido la detención el 3 de enero en Torremolinos
(Málaga) de un marroquí supuestamente vinculado con
el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
(GSPC).
La relación cronológica de todas las operaciones
contra el terrorismo islámico en España en 2005 y
2006 es la siguiente:- 18 enero 2005.- Es detenido
en Bilbao el argelino Tahar Izerouel, uno de los
ocho procesados por el juez Garzón el día antes
(sumario 31/2004). Ingresó en prisión un día
después.
- 1 febrero 2005.- 11-M. Detenidos en Leganés cuatro
miembros de una familia marroquí: el matrimonio
Allal Moussaten y Safia Belhadj (liberados el 5 de
febrero), y sus hijos Brahim y Mohamed Moussaten (en
prisión el 5 de febrero, liberados bajo fianza el 18
de julio siguiente).
- 2 febrero 2005.- 11-M. Es detenido en Madrid el
marroquí Rachid Bendouda, alias 'Rachid el Gordo'.
Ingresó en prisión el 9 de febrero.
- 3 febrero 2005.- 11-M. Rachid Mohamed Kaddur es
detenido en Melilla por participar en una reunión
con Bendouda (detenido el día antes) y Abdennabi
Kounja (suicida de Leganés). Ingresó en prisión el 9
de febrero.
- 8 marzo 2005.- 11-M.- Es detenido el marroquí
Jaouad el Bouzrouti, presunto colaborador del
suicida Allekema Lamari. Fue liberado cautelarmente
el 11 de marzo.
- 18 marzo 2005.- 11-M. Segunda detención en Madrid
del sirio-español Mohannad Almallah Dabas (ingresó
en prisión el 21 marzo).
- 22 marzo 2005.- Arrestados dos reclusos de la
cárcel de Ceuta, el marroquí Redouan Ben Fraima
(ingresó en prisión el 28 de marzo siguiente) y el
ceutí Redouan Ahmed Alí (liberado el 28 de marzo
siguiente). En su celda había croquis de los ferrys
del Estrecho.
- 1 abril 2005.- 11-M. Trece detenidos en la
'Operación Saeta' en Madrid (6 marroquíes, 4 sirios,
un egipcio, un palestino y un argelino). Todos
fueron liberados entre el 5 y el 6 de abril, pero
diez quedaron imputados. Además, es extraditado por
Bélgica e ingresa en prisión el marroquí Youssef
Belhadj.
- 12 abril 2005.- 11-M. Es detenido en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Algeciras el
marroquí Soufiane Raifak, por presuntas gestiones de
compra de los explosivos. Ingresó en prisión el 15
de abril.
- 22 abril 2005.- Llega a España, extraditado por
Suiza, Mohamed Achraf, detenido en Zurich en agosto
2004. Creó en la cárcel de Topas (Salamanca) el
grupo 'Mártires por Marruecos', que pretendía
atentar contra la Audiencia.
- 20 mayo 2005.- Es detenido en Benidorm (Alicante)
un español de origen palestino, Marwan Ismail Dahman,
que diseñó misiles para Hamás y Yihad Islámica
Palestina. Aunque sufre problemas psíquicos, fue
procesado en octubre siguiente.
- 23 mayo 2005.- 11-M. 'Operación Astra' en Madrid y
Granada: detenidos los marroquíes Mourad Bhar
'Ismael' (ingresó en prisión el 28 de mayo por
tráfico de drogas) y los hermanos Abdelhak y
Abdelkhalak Chergui (liberados cautelarmente el 31
de mayo).
- 15 junio 2005.- Dieciséis detenidos en Barcelona,
Madrid, Valencia y Cádiz, en las operaciones 'Tigris'
y 'Sello', que desarticularon dos redes, vinculadas
a la rama iraquí de Al Qaeda (grupo 'Ansar el
Islam') y al 11-M. Once ingresaron en prisión.
- 17 junio 2005.- Operación Tigris: el marroquí Said
El Mazmouzi es detenido en Cataluña.
- 27 junio 2005.- Operación Tigris: detención en
Valencia del argelino Mohamed Saad (liberado el 30
de junio cautelarmente).
- 28 junio 2005.- Operación Tigris: detenido en
Puigcerdá (Gerona) el marroquí Ridoune Elourma, que
trabajaba como albañil en el chalé de un hijo de
Jordi Pujol. Ingresó en prisión el 1 de julio
siguiente.
- 17 agosto 2005.- Es detenido en Llucmjor
(Mallorca) el turco Fikret K., presunto miembro del
PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Fue
liberado el 18 de agosto siguiente.
- 7 septiembre 2005.- Una reclusa franco-marroquí
condenada por narcotráfico es detenida en la cárcel
de Zuera (Zaragoza) en relación con Redouan Ben
Fraima (detenido el 22 de marzo anterior).
- 10 septiembre 2005.- Detenido en el aeropuerto de
Melilla un argelino con documentación falsa,
reclamado por Argelia por pertenencia al GIA.
- 25 septiembre 2005.- 11-M. Abdelmajid Bouchar, 'El
Gamo', detenido en Serbia en julio anterior, es
extraditado a España e ingresa en prisión.
- 23 noviembre 2005.- Operación Gamo: detenidos once
argelinos (8 en la provincia de Alicante, 2 en
Granada y 1 en Murcia) por presunto apoyo logístico
y financiero al GSPC. Cuatro ingresaron en prisión
el 29 de noviembre: Said Bouchema, Khaled Bakel,
Salim Zerbouti y Lyes Sihamida, detenidos en
Alicante.
- 9 diciembre 2005.- Operación Green: siete
personas, la mayoría argelinos, detenidas en la
provincia de Málaga por presunta financiación de un
grupo salafista. Cuatro días después, ingresaron en
prisión los argelinos Fares Merazka, Fathi Abdallah
y Abdelkader Yettou.
- 15 diciembre 2005.- Detenido en Alicante el
argelino Hichem Canit, en relación con el grupo
desarticulado el 23 de noviembre.Ingresó en prisión
cuatro días después.
- 19-21 diciembre 2005.- Operación La Unión, con 19
detenidos en Lleida, Málaga, Sevilla, Granada y
Palma de Mallorca. La red, supuestamente liderada
por Hiyag Mohalab Maan, alias 'Abu Sufian', enviaba
'muyahidines' a Irak. Seis detenidos ingresaron en
prisión el 23 de diciembre siguiente: Hiyang Maan;
Andrey Misura, alias 'Amin Al Anari'; Oussanm
Agharbi; Mohammed Srifi Nali, Bouchaib Kaka y el
español José Antonio Doña Martín (pareja de 'Abu
Sufian', según Interior).
- 3 enero 2006.- Detención en Torremolinos (Málaga)
de Mohammed Aberrada, a petición de Marruecos, por
supuesta vinculación con el GSPC. |
11 de enero de 2006
| Sustituirá a Ana
Acosta que se trasladará en breve a Salamanca para
ejercer la Dirección del Centro Penitenciario de Topas |
Emilio
Navas ha sido nombrado nuevo director del Centro
Penitenciario de Melilla en sustitución de Ana
Acosta, quien se trasladará en breve a Salamanca
para ejercer la Dirección del Centro Penitenciario
de Topas.
Navas, que hasta ahora venía desempeñando el puesto
de coordinador de Formación en la prisión
melillense, ha pasado por diversos puestos en las
diferentes áreas de la administración penitenciaria.
Así, ha ejercido, entre otras cosas, como
subdirector de Régimen en la Modelo de Barcelona y
como director del Centro Penitenciario de Huesca.
Emilio Navas nació en Melilla hace 55 años y lleva
más de 30 como funcionario. |
Jueves, 12 de enero de 2006
El
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha
reconocido el derecho de tres médicos del Cuerpo
Facultativo de Instituciones Penitenciarias, con
destino en el penal de El Dueso, a que les paguen
las horas de guardia de presencia física que superen
la jornada máxima establecida por la normativa
comunitaria. La sentencia establece que el precio
será el mismo que el del valor de la hora ordinaria
establecido en los presupuestos de los años que se
reclaman.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza las
demás cuestiones planteadas por los facultativos
relativas a la jornada. Así, pedían ser reconocidos
como trabajadores a turnos y, por tanto, la
realización de una jornada en computo anual de 1.530
horas, en lugar de las 1.645 que venían realizando,
además de los beneficios derivados de la turnicidad.
El tribunal rechaza ambas cuestiones.
Sí estima la cuestión relativa a las guardias
médicas y su retribución, que se venía realizando
con cargo al complemento de productividad.
Castelar
Por otro lado, el TSJC ha rechazado la reclamación
de 963 euros de la compañía de seguros del Banco
Vitalicio al Ayuntamiento de Santander por los daños
y perjuicios causados a un asegurado durante obra de
construcción del parking de Castelar.
La querellante basó su recurso en los daños
producidos en la vivienda de un particular en la
calle Castelar, entre 2001 y 2002, como consecuencia
de las obras de perforación. La Sala rechaza la
reclamación al considerar que no está probada la
relación entre el daño y los trabajos. |
Jueves, 12 de enero de 2006
| Presentará una
declaración institucional en el próximo pleno municipal
del día 31 Dice que el Gobierno Central tiene que
dialogar con Justicia de Gobierno Vasco |
SAN
SEBASTIÁN. DV. El grupo de concejales de EA en el
Ayuntamiento donostiarra solicitará en la próxima
sesión plenaria del día 31 mediante una declaración
institucional que San Sebastián dé su apoyo a la
creación de un módulo de inserción social para
cumplimiento del tercer grado y un centro para
mujeres en la futura cárcel de Zubieta, que
sustituirá a la de Martutene, donde se construirán
viviendas.
La portavoz de EA, Jaione Arratibel, anunció ayer
que su grupo solicitará además que se agilice el
traslado de la prisión de Martutene a los terrenos
de Zubieta, un compromiso adoptado por Instituciones
Penitenciarias.
El Plan de Renovación de Infraestructuras
Penitenciarias, aprobado por el Gobierno central,
incluye la construcción de una nueva cárcel para
Gipuzkoa en Zubieta, de unas 500 plazas, que
sustituirá a la prisión de Martutene, que se
encuentra saturada.
El traslado de la cárcel es indispensable para la
construcción de 300 viviendas incluidas dentro del
proyecto para la zona de Txomin, que incluye un
total de 1.170 pisos, de los que 514 serán de VPO.
Arratibel se mostró a favor de esta operación y
solicitó la creación de un módulo de inserción
social y un centro para mujeres en la futura cárcel
de Zubieta, que ocupará unas 15 hectáreas.
EA defiende el documento del departamento de
Justicia del Gobierno Vasco titulado Líneas
generales de política de ejecución penal y
penitenciaria, en el que se hace hincapié en las
políticas de rehabilitación de presos.
En este sentido Arratibel señaló que «el Gobierno
Central ha aprobado el Plan de Centros sin tener en
cuenta a la Administración autonómica y además se
niega reiteradamente a tratar el tema de la
transferencia de las competencias penitenciarias a
Euskadi, situación que es absolutamente
denunciable».
Arratibel considera que el nuevo centro se tiene que
realizar buscando en todo momento el diálogo con el
departamento de Justicia del Gobierno Vasco. |
(11/01/2006)
El
lorquino Miguel Melenchón, de 52 años, que cumple
condena en el centro penitenciario de Alcolea, ha
abandonado la huelga de hambre que había iniciado
para forzar su traslado a la prisión de Sangonera en
Murcia, con el objetivo de estar más cerca de su
familia, según informa Efe .
La directora de la prisión provincial de Córdoba,
Elena Puerta, ha explicado que el interno "había
actuado con sensatez" al entender que Instituciones
Penitenciarias no iba a ceder ante esta medida de
presión.
Josefa Mateo, esposa del recluso, comentó a este
diario que su marido está en prisión porque le
detuvieron con un kilo de droga y que lleva 13 años
cumpliendo condena en centros como Murcia, Granada o
Zaragoza, y que lo que pretendía con la huelga de
hambre es estar más cerca de su casa. |
Julio
Villarrubia, diputado nacional del PSOE por Palencia
y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, ha manifestado su «enorme
satisfacción» por el anuncio de la creación de un
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Palencia en
2006.
En una nota de prensa que ha remitido a los medios
de comunicación, el parlamentario palentino asegura
que «el trabajo riguroso y constante, callado y sin
ruidos, unido a la necesidad objetiva de la
existencia de este Juzgado para Palencia han hecho
posible que se haya conseguido esta importante
infraestructura».
Asimismo, Villarrubia recuerda que este Juzgado se
venía demandando por el elevado número de internos y
de asuntos que se derivan de la existencia del
Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas.
Cuestiones que en la actualidad se tramitan en el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Burgos.
Cabe recordar que el pasado martes, el ministro de
Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que
entre los proyectos del Ministerio de Justicia para
2006 en Castilla y León está la creación de cuatro
nuevos órganos judiciales: un Juzgado exclusivo de
violencia de género en Valladolid; dos de vigilancia
penitenciaria en Salamanca y Palencia; y una plaza
de magistrado para la Audiencia Provincial de León.
Antes, en el mes de octubre, Diario Palentino
informaba de que la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León había
elevado una petición formal al Ministerio para que
la provincia de Palencia albergase a partir de 2006
el que será el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
número 4 de la región.
No será la única novedad en la organización de la
Justicia en Palencia ya que durante los últimos
meses de 2005 se concretó la incorporación de un
quinto magistrado para la Audiencia Provincial y se
está a la espera de confirmación de la incorporación
de un fiscal.
Otra de las infraestructuras que desde los
estamentos del poder judicial se ha solicitado para
Palencia -en concreto, la juez decana y miembro de
la Sala de Gobierno del TSJ, María José Renedo- es
un nuevo Juzgado de Instrucción y de Primera
Instancia, que haría el número 7. |
13/01/2006
OHL se ha adjudicado la construcción
del centro penitenciario Madrid VII, que se levantará en
la localidad de Estremera, por un importe de 67,51
millones de euros, según datos de la empresa recogidos
por Europa Press.
|
El
centro, cuya entrada en servicio está prevista para
dentro de dos años, se construirá en una parcela de
21 hectáreas de superficie y está diseñado para
albergar 1.008 interinos.
En concreto, las instalaciones
penitenciarias contarán con un edificio de cuatro
plantas y una torre de vigilancia de 50 metros de
altura.
El centro forma parte del plan de
infraestructuras penitenciarias del Gobierno y,
entre otros servicios, dispondrá de un pabellón
deportivo y cultural que facilite a los reclusos el
acceso a actividades educativas, laborales,
recreativas y deportivas.
|
13/01/2006
|
El etarra argumenta que el
funcionario no quiso entregarle la prensa en la mano y
que lo humilló por dejársela en el suelo a las puertas
de la celda |
No
le entregó la prensa en la mano. Ése es el motivo
esgrimido por un preso de ETA –Ángel Figueroa
Fernández– para sentar en el banquillo de los
acusados a un funcionario del centro penitenciario
de Alcolea por una presunta vejación. Los hechos
–que están pendientes de sentencia en el Juzgado de
Instrucción número 3– se produjeron en el mes de
julio del año pasado, cuando los funcionarios
procedían al reparto de la correspondencia entre los
internos. Según el terrorista, el trabajador se negó
a darle el paquete en la mano y, en su lugar, lo
depositó en el suelo del pasillo –al parecer, ante
la puerta de la celda–. Eso le valió para presentar
una denuncia y que el caso llegara a los tribunales.
Según fuentes próximas al caso, el etarra argumentó
durante la vista oral que el funcionario tenía la
obligación de conocer la legislación penitenciaria
y, en consecuencia, su objetivo no era otro que
humillarlo al obligarlo a agacharse para fuera él
mismo quien levantara los paquetes del suelo. Por lo
que, según su interpretación, esa práctica
constituiría una acción ilegal.
La tarde de los hechos el funcionario le efectuó la
entrega de un voluminoso paquete de periódicos,
según las explicaciones del entorno penitenciario.
Cuando el trabajador le entregó la notificación para
que firmase el recibí, el interno se opuso a
devolver el documento original, que rubricó –según
las mismas fuentes– con una expresión en euskera.
Tras pedirle reiteradamente que devolviera el papel,
el etarra contestó que sólo lo haría si los
funcionarios se agachaban y le daban los periódicos
en la mano. Aunque al final cedió y recogió los
papeles, después escupió al suelo y arrojó el
documento al suelo de la galería.
Según los argumentos del denunciante, la entrega
tendría que haberse hecho en mano al ser ésta la
forma más normal y consideró que la actividad
penitenciaria tendría que ser ejercida respetando la
personalidad de los presos, pues poseen el derecho a
que se preserve su dignidad. El etarra reclama que
el funcionario pague una multa por el presunto
episodio de malos tratos psicológicos.
Fuentes del entorno penitenciario explicaron que
dejar la correspondencia en el suelo es una práctica
habitual debido al volumen de trabajo diario.
Argumentaron, además, que la denuncia por la
presunta vejación podría formar parte de un plan de
actuación concertado y aceptado por los presos de
ETA que cumplen condena en el centro penitenciario
de Córdoba y que se trata, por tanto, de un plan
preconcebido. Según las mismas fuentes, los internos
suelen cursar quejas sobre cuestiones relacionadas
con el economato, los horarios o las llamadas
telefónicas.
|
14/01/2006
SANTIAGO.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
confía en que «en dos o tres años» la mitad de los
presos de las cárceles gallegas participen en los
talleres de trabajo que se ofrecen en los cinco
centros que hay en la comunidad, en los que
actualmente tan sólo el 20 por ciento de los
internos trabajan, 849 de un total de 4.193, según
los datos al cierre de 2005. Así lo avanzó la
responsable de este organismo, Mercedes Gallizo,
quien firmó un convenio en Santiago de Compostela
con el presidente de la Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, por el que se
insta a las empresas a contratar estos servicios.
Según explicó, el objetivo de estos talleres es
lograr la «efectiva rehabilitación» de los presos
mediante un «cambio en sus hábitos y una superación
de estados carenciales de marginalidad y falta de
formación». Al tiempo, recordó que esta posibilidad
permitiría afrontar la deslocalización ofreciendo a
las empresas «intereses sociales y con costes más
ajustados, en vez de irse a producir al otro lado
del mundo».
Gallizo valoró también cómo esta iniciativa
garantiza formación y experiencia laboral a los
internos y convierte a los centros penitenciarios en
«instituciones capaces de generar formación y
empleo». No obstante, admitió que las posibilidades
actuales son limitadas y que es necesario el
«compromiso de la sociedad y de las empresas para
que entiendan que este trabajo es interesante y
socialmente productivo».
Falta de información
Sin embargo, la responsable de Instituciones
Penitenciarias admitió que existe el problema de la
falta de información de las empresas a la hora de
recurrir a esta posibilidad y, por ello, agradeció
la disponibilidad de la patronal gallega para
difundir estos programas y contribuir a
consolidarlos. Así, explicó que aunque la dirección
general mantiene relaciones con diversas compañías
gallegas y españolas, el objetivo es «incrementar la
presencia» de nuevas firmas que propicien más
oportunidades de trabajo y que, en la medida en que
«evalúen positivamente» el trabajo de un preso,
pueda ser el «principio para que éste continúe su
vida laboral en esa empresa» una vez que salga de
prisión.
Esta iniciativa lleva en marcha desde hace tiempo,
pero no fue hasta el año 2000 hasta que los
trabajadores fueron dados de alta en la Seguridad
Social y pasaron a tener las mismas prestaciones que
cualquier trabajador. La regulación laboral se
realiza con arreglo a la legislación vigente y el
Salario Mínimo Interprofesional es la «referencia»,
de modo que cualquier oscilación al respecto,
repercute en las retribuciones de los internos.
|
14/01/2006
| En 20 días se han
celebrado una docena de comunicaciones |
La prisión de Lanzarote se sitúa en primer lugar en
Canarias en el uso de la videoconferencia, una técnica que
permite celebrar vistas o tomar declaración a presos desde
juzgados de fuera de la isla.
En menos de 20 días desde la instauración de esta
tecnología, en Tahíche se han celebrado ya «al menos una
docena de comunicaciones», según explicó el director del
centro, Joaquín Romero. El nuevo responsable de la cárcel, que
se incorporó hace poco más de un mes a su cargo, visitó ayer a
la presidenta del Cabildo, Inés Rojas. Herrera aseguró que en
este corto espacio de tiempo «hemos vivido los problemas
clásicos de un centro penitenciario», pero con la ventaja de
que «entran menos internos por el descenso en la llegada de
inmigración».
Las próximas obras de ampliación o el aumento de la
plantilla fueron algunos de los temas que ayer se trataron en
la reunión entre los dos responsables. Herrera explicó que
«esperamos contar con la nueva plantilla en el mes de mayo»,
mientras que el procedimiento de la ampliación, «está sujeto
aún a los trámites burocráticos de licitación, exposición
pública de proyectos etcétera».
Los 80 funcionarios del centro están en fase de adaptación
a los cambios del futuro centro. |
14/01/2006
El delegado del Gobierno en la Ciudad, José
Fernández Chacón , se reunió ayer con el nuevo
director de la prisión de Melilla, Emilio Navas y con
Ana Acosta que hasta ahora ha estado ocupando este
cargo.
|
La
hasta ahora directora de prisiones manifestó su
pesar por abandonar este cargo así como la ciudad ya
que desde su llegada la acogida de los ciudadanos
fue magnífica, según afirmó.
Durante el tiempo que Acosta trabajó en el centro
penitenciario, ha desempeñado distintas funciones ya
que en sus comienzos fue la psicóloga de dicho
centro, labor “bastante gratificante” ya que pudo
trabajar directamente con los reclusos y conocerlos
a cada uno personalmente.
Los distintos puestos que la ex directora de la
prisión ocupó en la misma los ha realizado “con gran
ilusión” y resaltó el trabajo realizado junto al
resto de sus compañeros.
Los proyectos que actualmente se encuentran en
marcha, sobre todo aquellos relacionados con la
mejora de las infraestructuras, que tras la visita
de la directora general de Prisiones, Mercedes
Gallizo se han iniciado, son ahora uno de los
principales retos del nuevo director de prisiones,
Emilio Navas.
El nuevo director nació en Melilla y lleva más de 30
años como funcionario de prisiones, tiempo en el que
su trabajo ha pasado por distintas áreas de la
administración penitenciaria, ente los que destaca
su etapa como subdirector de régimen en la modelo de
Barcelona o director del centro penitenciario de la
ciudad de Huesca.
Ana Acosta continúa como directora de prisiones y
sustituirá en la dirección del centro de Topas en
Salamanca, a José Ignacio Bermúdez quien pasará a
formar parte del gabinete de la directora general de
prisiones, ocupando el cargo de jefe. |
15/01/2006
| ENTREVISTA: MERCEDES
GALLIZO Directora General de Instituciones
Penitenciarias |
Pregunta. ¿Su cargo es un marronazo?
Respuesta. Qué va. Es de los más interesantes y
transformadores que puede haber en un Gobierno.
P. Ha hecho el plan de cárceles más grande y más
caro que se recuerda. ¿Quiere enchironarnos a todos?
R. Quiero repartir a los que ahora están un poco
apretados en las que tenemos y, si conseguimos una política
que ayude a salir del mundo del delito, cerrar alguna de las
viejas.
P. 61.000 presos. ¿En España somos especialmente
chorizos?
R. No. Y lo chocante es que ni de lejos se ha
incrementado la delincuencia en proporción a la población
reclusa. Somos uno de los países europeos con más gente en las
cárceles. Se ha complicado un poco el acceso a regímenes de
semilibertad.
P. Educación, reinserción, libertad. Acabarán
poniendo en las celdas su foto junto a la chica Play Boy.
R. No [ríe]. Yo lo que quiero es dar una oportunidad
a quien no la ha tenido y que quien representa un riesgo para
la sociedad esté bien custodiado.
P. Propone que, en dos años, la mitad de los
internos tenga trabajo remunerado. ¿La han llamado muchos
parados para que les encarcele?
R. No competimos con los parados, sino con la
deslocalización. Queremos explicar a los empresarios que es
más rentable trabajar en un centro penitenciario que a 5.000
kilómetros, en otro país.
P. ¿Qué método aconseja para escaparse de la cárcel:
bocadillo de lima o soborno de funcionario?
R. Recomiendo la lectura. Es la mejor evasión.
P. ¿A qué ministro se pediría para compartir celda?
R. Es que no tenemos celdas mixtas todavía [ríe].
Tendría que casarme previamente con alguno, y no estoy en esa
disposición. Mi mente sólo ve trabajo.
P. ¿Y para un buen régimen de aislamiento, mejor
José Antonio Alonso o el presidente del Gobierno?
R. Pues mi ministro.
P. ¿Le ve como la estrella del Ejecutivo?
R. Mi ministro es el gran descubrimiento de este
Gobierno. Hace su trabajo con una eficacia extraordinaria sin
tirar muchos cohetes. Es muy listo, trabajador y prudente.
P. No siga.Creo que ya tiene cargo para rato.
R. No lo digo por eso. Sé que estaré aquí mientras
sea útil.
P. El secretario general del SUP la llamó "roja de
salón". ¿Qué tiene usted de fantasma?
R. No sé por qué dijo eso. Tengo una historia muy
larga en la izquierda, y más que de salones soy de cocina. Soy
muy curranta y muy de la calle.
P. Dicen que va usted de estupenda. ¿Se ve entre
Victoria Kent y Concepción Arenal?
R. Me veo en el siglo XXI. Con más oportunidades y
más medios, pero muy en sintonía con lo que ellas
representaron.
P. ¿Qué es lo más raro que le han pedido al visitar
una cárcel?
R. Una dentadura. Y la tiene puesta.
P. Tiene fama de sedentaria.
R. Pero si soy una revolución andante. En los veinte
meses que llevo aquí he visitado sesenta centros
penitenciarios.
P. Bastante monotemática. ¿Entrega a la causa o
falta de otros registros?
R. Es que este trabajo es muy absorbente. Pero tengo
otros registros. El teatro, el cine, la lectura. Antes incluso
escribía algo. Tengo varias novelas empezadas, y algún relato.
P. En Meco nos ha enseñado unas plantaciones hechas
por los reclusos. ¿Está segura de que no son de hachís?
R. Segurísima [ríe], porque forman parte de un
proyecto educativo: cultivar especies que pueden tener salida
en el mercado.
P. Pues el hachís, ni le cuento.
R. En el mercado legal, que es al que nos debemos
dedicar.
P. "Como buena aragonesa, soy sorda". ¿Se cree Goya?
R. No. Lo que me creo es aragonesa, porque quiero
mucho a mi tierra. Pero la genialidad de los artistas es
inalcanzable.
P. De Zaragoza, ¿la Virgen del Pilar o el alcalde,
Belloch?
R. Pueden ser una buena pareja.
P. Cuando deje el cargo, ¿cómo se reinsertará?
R. Mi gran pasión es la política. Y seguramente
escribiré. Novelas y ensayos sobre el sistema penitenciario.
P. Veo que en este tema está condenada a cadena
perpetua.
R. Es una buena definición. |
16/01/2005
La cárcel pacense
alberga a casi 400 reclusos más de las plazas
habilitadas en las celdas funcionales. La región cierra
el 2005 con 1.226 presos, un 40% más que en el 2000,
aunque Interior no ve saturación.
|
Las cárceles extremeñas soportan un índice de ocupación medio
del 170%. En el caso de la de Badajoz, el año 2005 se cerró
con 784 reclusos, cuando hay 392 plazas en celdas funcionales
(donde el interno vive de forma continuada), mientras que el
centro cacereño tiene una tasa de ocupación del 138%, según
los datos de Instituciones Penitenciarias. Las prisiones de la
región albergaban a 31 de diciembre del 2005 a 1.226 internos
(213 preventivos y 1.013 penados), lo que supone un 40% más
que en el año 2000. Además, en este período de cinco años el
número de presos extranjeros se ha incrementado un 238% y ya
suponen el 20% del total.
Los datos de Instituciones Penitenciarias reflejan que la
cifra de presos en las cárceles de la región no ha dejado de
crecer en los últimos años, pero el número de celdas
funcionales se ha mantenido, lo que ha provocado el
hacinamiento en los centros. Sin embargo, desde la Delegación
del Gobierno se ha manifestado que las prisiones extremeñas no
están sobrecargadas, ya que contabiliza las celdas existentes
en dependencias como enfermería, aislamiento e ingresos y
tránsitos, que se ocupan por un tiempo determinado.
Pese a ello, el pasado mes de septiembre, la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
durante una visita a Badajoz, consideró que "Extremadura no es
una de las comunidades en las que hay un mayor índice de
ocupación", y aclaró que está "perfectamente dimensionada" con
la capacidad que tienen las prisiones.
Un año antes, por el contrario, un informe remitido por el
Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados reconocía
por primera vez de manera oficial la saturación que sufren las
cárceles extremeñas, y culpaba de la situación a la
"insuficiente planificación" del Gobierno del PP, y a que éste
maquillaba las cifras sumando al número de celdas
funcionales los módulos de ingreso y de enfermería, con lo que
la saturación oficial de las prisiones era mucho menor a la
que se registraba en realidad.
En cualquier caso, Gallizo anunció entonces que las
instalaciones de la antigua cárcel de Cáceres acogerán un
centro de inserción social para reclusos.
MAS PRESOS EXTRANJEROS
La masiva llegada de presos
extranjeros ha sido un factor fundamental para el incremento
general de reclusos. Tal es así que en el año 2000 había 65
internos extranjeros en las prisiones extremeñas y el pasado
año superaron con creces los 200.
Esta tendencia es generalizada en España, ya que el 73% de
las personas que el pasado año ingresaron en cárceles
españolas son extranjeras, la mayoría de ellas procedentes del
Magreb y de países sudamericanos. Los datos oficiales cifran
en casi 15.700 los presos extranjeros en España, un 8% más que
en el 2004.
En este sentido, el sindicato de prisiones Acaip ya
advertía de esta situación en Extremadura el pasado mes de
agosto y denunciaba que la prisión de Badajoz es la duodécima
más masificada de España. Además, señalaba que el 35% de la
población reclusa condenada a penas llega por primera vez a la
cárcel, mientras que el 65% son reincidentes. |
16/01/2006
| El centro penitenciario de la
localidad zaragozana de Zuera cuenta actualmente con 158
internos con algún tipo de discapacidad. De ellos, 115
tienen minusvalía física con un grado igual o superior al
33%, y el resto, un total de 43, son minusválidos
psíquicos con un grado igual o superior también al 33%.
Así se desprende de una respuesta del Gobierno a
instancias de una pregunta formulada por el grupo del
Partido Popular, en la que también se da cuenta de que
este centro tiene accesibilidad total para personas con
discapacidad.
También se señala que la cárcel de Zuera se adapta a la
normativa vigente establecida sin la existencia de
barreras arquitectónicas y, por lo tanto, con las
condiciones marcadas por la legislación para facilitar la
movilidad de estas personas.
Una persona se considera discapacitada cuando su grado
de minusvalía global sea igual o superior al 33%.
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16/01/2006
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Los presos
inmigrantes tienen menos posibilidades de obtener el
tercer grado penitenciario que los nacionales, un
hecho contra el que lucha la organización Málaga
Acoge. “Si no hay arraigo, no hay tercer grado y
muchos internos no lo tienen; ahí es donde podemos
colaborar las asociaciones a través de un
voluntariado, de cursos o de acuerdos, aunque es
complicado porque Prisiones lo que pide es que haya
una persona a cargo del preso”, señaló a este
periódico la técnica del Departamento de Prisiones de
esta asociación, María Gema Rodríguez.
El tercer grado penitenciario se concibe como un régimen de
semilibertad que permite que el preso pueda pasar
parte del día fuera del recinto carcelario para ir a
trabajar, y es indispensable para obtener la libertad
condicional.
Desde Málaga Acoge se destaca que en la mayor parte de
las prisiones se sigue negando a la gran mayoría de
los extranjeros tanto el tercer grado como la libertad
condicional, y esa distinción con respecto a los
infractores nacionales se ve también en aspectos como
la declaración de la prisión preventiva.
igualdad ante la ley. “La ley es igual para todos y se
aplica estrictísimamente igual para todos, pero cuando
un extranjero llega a un juzgado, por el mero hecho de
no ser español, y aunque tenga trabajo, una hipoteca,
residencia e hijos, va directamente a prisión porque
se considera que tiene falta de arraigo y que tiene
posibilidades de escapar del país. Muchas de esas
personas, al final, salen en libertad sin cargos
después de haber perdido el trabajo”, señaló
Rodríguez.
El Departamento de Prisiones de Málaga Acoge realizó
hasta el 30 de octubre del pasado ejercicio un total
de 403 asistencias a internos extranjeros. El
principal problema con el que se encuentran los presos
inmigrantes es la barrera del idioma, como recalcó a
este periódico la coordinadora del Departamento de
Prisiones de Málaga Acoge, María Cruz Fernández-Llebrez.
En lo que lleva este proyecto en marcha, diez años, la
asociación ha detectado en la prisión provincial de
Alhaurín de la Torre hasta 64 nacionalidades (este
año 18 distintas).
La particularidad de muchas de ellas origina
situaciones tan complejas que requieren hasta tres
personas para hacerse entender con los presos. “Los
funcionarios hacen lo que pueden porque tienen una
actitud muy abierta, pero en muchas ocasiones no
pueden llegar a comunicarse con los internos”,
señaló Gema Rodríguez, quien añadió que “muchos no han
entendido nada de lo que les ha pasado”.
En el mes de agosto de 2005 había en la prisión
provincial de Málaga un total de 550 internos
extranjeros entre preventivos y penados. En este
aspecto cabe reseñar que el centro penitenciario
malagueño es prácticamente una cárcel de presos
preventivos que se encuentran a la espera de que se
celebre su juicio.
La falta de intérpretes en la prisión preocupa a la
asociación Málaga Acoge, hasta el punto de que han
remitido al Defensor del Pueblo Andaluz una queja en
la que se denuncia la situación creada por la
incomunicación de estas personas. La respuesta de la
institución regional se refirió a los cursos de
idiomas que pueden realizar los funcionarios de
prisiones, una posibilidad que no solucionaría el
problema, según la asociación malagueña, puesto que se
centran en las lenguas más comunes, tales como el
inglés o el francés, y no se acercan a los idiomas
minoritarios. |
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16/01/2006
La Audiencia de Granada juzgará mañana a un funcionario de
prisiones de Albolote al que el fiscal pide 2 años de cárcel y
10 de inhabilitación por dar una paliza a un preso en
presencia de un compañero que no hizo nada para evitar la
agresión, para quien solicitan un año de cárcel y ocho de
inhabilitación.
En su escrito de acusación, el fiscal califica los hechos de
delito de tortura y falta de lesiones y pide que el agresor
indemnice al preso con 900 euros por las lesiones y el daño
moral causado, cantidad de la que deberá responder
subsidiariamente el Estado.
Según relata el fiscal, sobre las 14:30 horas del 23 de abril
de 2005, por causas que aún no han podido determinarse, los
funcionarios del centro penitenciario de Albolote Francisco
A.G. y Manuel S.L. subieron al departamento en el que se
encontraba el interno J.A.C.G. en calidad de preso preventivo.
"Con la finalidad de castigarlo y haciendo uso de su defensa
personal", Francisco A.G. le propinó "multitud" de golpes por
todo el cuerpo, lo que motivó el "llanto y lamentaciones" del
interno, que sufrió lesiones de las que tardó en curar 15
días, según el fiscal.
Mientras esto ocurría, Manuel S.L. permaneció impasible, por
lo que incumplió los deberes de su cargo, añade el fiscal.
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16/01/2006
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La consejera de Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, defendió este lunes
los buenos resultados de la nueva política sobre menores
con medidas de internamiento, basada en su
responsabilidad ante su propia reinserción y aclaró que
no se instaurará un modelo carcelario en los centros. |
Esta
política ha sido posible gracias al concurso de dos
nuevos asesores contratados por su departamento, los
ex directores de las prisiones Tenerife II y Salto
del Negro, que han puesto en marcha un programa
educativo obligatorio para los menores internos que
está dando resultados positivos, dijo la consejera
en una comparecencia en comisión parlamentaria
solicitada por el PP.
La diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez puso en
duda el nivel de coordinación y entendimiento entre
los directores de los centros y los asesores
contratados.
Señaló que los asesores cobran más que el presidente
del Gobierno de Canarias, 85.512,62 euros anuales
brutos frente a 77.988 euros, una cantidad que a su
juicio es exagerada y "desorbitante".
La consejera replicó que no es justo que se ponga en
tela de juicio el trabajo de los dos asesores, unos
profesionales de reconocido prestigio que han sido
claves para la normalización de los centros y cuya
participación requería unos salarios adecuados.
Gracias a su asesoría, dijo Zamora, se ha conseguido
mejorar la convivencia en los centros y que los
educadores puedan realizar el trabajo sin presión.
La consejera destacó que ahora los menores siguen
cursos de formación profesional durante su
internamiento y algunos salen del centro con
trabajo. Insistió en que el asesoramiento de los dos
ex directores de prisiones es para el programa
educativo, no para la custodia de los menores.
Su sistema educativo se basa en que los menores
tienen que asumir su responsabilidad con la
sociedad, como base para cambiar de conducta y
reinsentarse.
Con su concurso, se han superado los dos modelos
anteriores, ambos fracasados. Uno de esos modelos
estaba basado en un "asistencialismo paternalista"
según el cual la asistencia a los cursos laborales y
de reinserción era voluntario, una permisividad
total que no ayudaba a los jóvenes.
El otro modelo, basado en la disciplina sin proyecto
educativo, dio como resultado las denuncias de la
fiscalía y del Diputado del Común sobre el trato a
los menores, dijo Zamora.
"Ahora apostamos por la responsabilidad del menor,
el joven es responsable de sus actos y se potencia
la actividad educativa obligatoria". Este modelo de
"intensidad educativa y normalización de los
centros" se ha traducido en la fluidez de relaciones
con la autoridad judicial y con el ministerio
fiscal, indicó la consejera.
Los dos asesores, agregó Zamora, también están
participando en el diseño del futuro Instituto
Canario de Reinserción Juvenil, que se encargará de
la coordinación de las políticas y agentes
implicados en la reinserción de jóvenes infractores.
Marisa Zamora indicó además que la Consejería está
llevando a cabo la separación de los menores
internados por módulos y secciones, en cumplimiento
de los requerimientos del reglamento de la ley del
menor, con criterios de edad, conflictividad,
proyecto educativo y régimen de internamiento.
Además de mostrarse preocupada por la poca
coordinación y entendimiento entre los directores de
los centros y los asesores contratados, la diputada
del PSOE Rosa Guadalupe Jerez indicó que la
información que tiene es que no existe esa
separación ni por edades ni por delitos, sino que
los menores están todos juntos en los centros.
Ante eso, la consejera invitó a los diputados a
visitar esos centros, para que comprueben que esa
separación de los internos sí se produce.
Carmen Nirva Macías, diputada del PP, se mostró
satisfecha con que no se quiera instituir en
Canarias un sistema penitenciario para los menores
similar al que se aplica a los adultos, y apostó por
un modelo diferenciado.
Se mostró de acuerdo con el proyecto de creación del
Instituto Canario de Reinserción Juvenil y subrayó
que el nuevo centro de menores de Valle Tabares ha
permitido la separación en módulos de los internos.
La diputada de CC Esther Nuria Herrera, dijo que la
contratación de los asesores es fundamental para la
reinserción y para la puesta en marcha del Instituto
de Reinserción Juvenil.
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Al
cumplirse mañana martes el décimo aniversario del
secuestro del funcionario de prisiones, José Antonio
Ortega Lara, el espacio que conduce Teresa Viejo en
Antena 3 recordará los hechos que marcaron el
cautiverio más largo de la historia de España a
través de algunos de los protagonistas de aquel
periodo.
Los reporteros han entrevistado al agente de Guardia
Civil que lo liberó, al entonces ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja, y al ex director de la
Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. Asimismo,
han visitado el zulo en el que permaneció retenido
532 días y mostrará cómo es la actual vida de Ortega
Lara. |
17/01/2006
| El sindicato propone a
la Subdelegación construir una tercera cárcel en la
provincia Reclama más personal por la ampliación de la
sección abierta dentro de un año |
El
sindicato Acaip, mayoritario en el ámbito de las
instituciones penitenciarias, denunció ayer que la prisión
de Fontcalent es anualmente escenario de «múltiples
agresiones» por la situación de caos que, según esta
organización, afronta el centro penitenciario. Como ejemplos
más recientes, se refirió a un caso del pasado día 9, cuando
un funcionario fue agredido, supuestamente, por un preso en
el módulo 4.
«El herido tuvo que ser atendido en el Hospital General de
Alicante después de ser golpeado en la cabeza por el
interno, quien ya había protagonizado con anterioridad
altercados en el módulo 1», señalaron. Seis días antes,
según fuentes de Acaip, dos reclusos agredieron a
otro, quien sufrió una fractura de mandíbula y permanecía
ingresado el pasado sábado en el citado centro hospitalario.
«Es habitual que se produzcan agresiones entre los propios
internos en Fontcalent, así como entre grupos de presos de
diferentes nacionalidades, como consecuencia de la situación
compleja y caótica de la cárcel», indicaron.
Respecto a la prisión Alicante II, ubicada en Villena, el
sindicato expuso que, «a pesar de estar pensada para 750
internos», cuenta con unos 1.200 en la actualidad, de los
que 16 son supuestos miembros de ETA o están presuntamente
relacionados con el terrorismo islamista y media docena más
pertenece a bandas juveniles. Por ello, Acaip cree
que debería construirse un nuevo centro penitenciario en el
término de Alicante para aliviar la situación de los de
Fontcalent y Villena, idea que el sindicato ya ha expuesto a
la Subdelegación del Gobierno.
Acaip propuso ayer que la ampliación de la sección de
la prisión de Fontcalent destinada a los internos en régimen
abierto «vaya acompañada de más funcionarios» para «no
agravar la situación caótica» que, a su juicio, padece este
centro penitenciario. Agregaron que esa sección «se abrirá
en enero del 2007», una vez ampliada, y dispondrá de un
centenar de celdas, aunque estimaron que albergará a unos
doscientos presos en régimen abierto.
En caso de no aumentar la cifra de personal, «la situación
de la cárcel se deteriorará más de lo que ya está»,
advirtieron las mismas fuentes, que explicaron que el
proyecto de ampliación de la sección abierta consiste en la
dotación de un edificio de nueva construcción anexo al
complejo penitenciario. El sindicato alega que la plantilla
de Fontcalent «no se ha modificado en profundidad desde hace
quince años», a pesar de que su población reclusa es casi el
doble que su capacidad, ya que asciende a 960 internos,
«cuando es una prisión pensada para 450».
Según Acaip, Fontcalent registró el año pasado cerca
de 3.000 ingresos y existen módulos, como el 1 y el 3, en el
que únicamente hay tres funcionarios para vigilar a casi
trescientos reclusos.
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17/01/2006
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Su familia exige que se le
traslade y alega que su salud psíquica es cada vez más
grave |
algeciras.
La directora de la prisión de Botafuegos, Isabel
Martínez de la Torre, afirmó ayer que no existen
motivos para que el preso Juan Jesús A.L. sea
trasladado del módulo de enfermería al Punta Europa,
como piden sus familiares. Éstos alegan que el
interno, de 39 años, está en una situación de grave
deterioro psíquico y el domingo comenzaron una
protesta en la puerta del centro penitenciario.
Martínez de la Torre relató que el preso ha sido
sometido a varios análisis psicológicos por parte de
personal especializado y que el resultado ha sido
que no existen "criterios profesionales para
ingresarle" en el hospital. Sufre "un trastorno
psiquiátrico severo" y se le vigila "a diario" en el
módulo de enfermería del penal, añadió.
La directora de la prisión salió también al paso de
algunas críticas vertidas por los familiares. Por
ejemplo, la supuesta falta de información sobre el
estado del preso. "Personalmente he hablado con
ellos y les he explicado los motivos por los que no
se le traslada. Les he transmitido también los
resultados de los informes, que dicen, entre otras
cosas, que en absoluto ha perdido la razón, que
coordina bien sus pensamientos y que, si no come, es
porque se niega", explicó.
Respecto a por qué lleva catorce meses como preso
preventivo –la familia dijo que desconocía los
motivos–, fuentes cercanas al caso precisaron que
está acusado de un atentado contra la autoridad y de
provocar un incendio peligroso. Dada la envergadura
de los delitos, indicaron, no se le permitió salir
en libertad condicional bajo fianza.
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17/01/2006
| El
plan cuenta con una inversión de casi 25 millones de
euros |
Madrid.
(EFE).- Los centros penitenciarios serán dotados
este año de una sala de videoconferencias, desde la
que los presos podrán comunicarse con jueces y
médicos especialistas, lo que permitirá "liberar" a
las cuerpos de seguridad de parte de la carga de los
traslados.
En 2005, se produjeron más de 144.000 traslados de
internos, 70.000 a hospitales y el resto a sedes
judiciales, unas cifras que la directora de
Prisiones, Mercedes Gallizo, confía en reducir "de
manera muy sensible" con las videoconferencias.
Estas salas, de las que ya hay 20 en funcionamiento,
son parte del convenio suscrito por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias con el ente
público Red.es para la implantación de las nuevas
tecnologías de la sociedad de la información en el
medio penitenciario.
En rueda de prensa para presentar el convenio,
Gallizo dijo hoy esperar que se superará la "cierta
cautela" que este nuevo instrumento pueda suscitar
en los jueces, que son los que determinarán si les
es imprescindible la presencia física del recluso.
El juez central de vigilancia penitenciaria, José
Luis de Castro, añadió que servirá para agilizar la
atención judicial a los internos, además de abrir
"enormes" posibilidades tanto en la instrucción de
causas como en la comunicación de presos con
familiares.
Gallizo confió en que los internos sabrán también
ver las ventajas de la "teleconsulta" médica, habida
cuenta de que en muchas ocasiones tienen que esperar
a ser atendidos en un furgón o pierden cita porque
no hay agentes disponibles para su traslado al
hospital.
El plan, con una inversión de casi 25 millones de
euros, de los que Red.es sufraga el 40 por ciento,
prevé la instalación en 2006 de las
videoconferencias y de aulas de informática, así
como de nuevos equipos informáticos en todos los
centros penitenciarios (excepto en Catalunya, que
tiene competencias propias).
Las consultas médicas se podrán hacer, en esta
primera fase, desde cárceles de Madrid, Extremadura
y Canarias (dos por comunidad) con especialistas de
un hospital de referencia en cada una de ellas.
Esta posibilidad se ha puesto ya a prueba con
internos de la prisión Madrid II para consultas de
dermatología y radiología con médicos del Hospital
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que está
dotado de videoconferencia. Gallizo explicó que este
uso de la telemedicina será a criterio del médico de
familia de cada centro, que en muchos casos ha de
recurrir a envíos "cautelares" a hospitales, y que
será para aquellas consultas que no requieran de una
gran exploración del enfermo.
La utilidad de este plan en el medio penitenciario
dependerá tanto de la confianza que suscite en los
jueces como de que los propios hospitales de
referencia para los centros penitenciarios vayan
dotándose de videoconferencias.
La directora mencionó otra de las posibilidades que
abren las salas de videoconferencias, como es la
comunicación de presos y familiares, que se ensayó
las pasadas navidades con internos canarios en
centros peninsulares que, en algunos casos, hacía
dos años que no veían a los suyos.
El director de Red.es, Ramón Palacio, destacó que
este tipo de proyectos siempre requieren un
"aprendizaje" hasta que se van haciendo costumbre y
añadió que el convenio, suscrito para tres años,
forma parte del plan 'Avanza' recién aprobado por el
Gobierno para el desarrollo en cinco años de la
sociedad de la información en España.
Otro de los puntos del programa es la apertura de
aulas de informática para 20 alumnos en cada cárcel,
donde recibirán una formación que puede ayudarles a
encontrar trabajo cuando salgan en libertad. Además,
otro objetivo de estas aulas es permitir a los
reclusos "el acceso al exterior por Internet", dijo
Palacio, aunque el uso de la red está muy
restringido en el medio penitenciario.
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17/01/2006
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El ex funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara fue capturado por ETA el 17 de
enero de 1996 y sufrió un cautiverio de 532 días |
Sus palabras, pronunciadas hace apenas un mes en una
entrevista concedida a este periódico, cobran quizá hoy más
vigencia que nunca: «lo único que quiero es ser el de antes;
ser dueño y señor de mi vida». Y a fe que lo ha logrado.
Diez años después de sufrir el secuestro más cruel de la
historia de España, José Antonio Ortega Lara ha conseguido
lo que buscaba. Volver a ser una persona normal, feliz,
volcado en su familia y en las organizaciones con las que
colabora (Hermandad de Donantes de Sangre, Tecno-Bosco,
PP...): «todo esto es un deber moral. Quería hacer algo
positivo por la sociedad con la que tengo una deuda». Y
aunque desde su liberación apenas ha parado quieto, en el
día a día intenta que su protagonismo público sea el menor
posible. Acaba de cumplir 47 años y dice que hasta ha
olvidado el nombre de sus captores: «el día que se termine
el terrorismo etarra haré una fiesta a lo grande», afirmaba
en la citada entrevista.
Para José Antonio Ortega Lara, el de hoy será un día más.
Como ha comentado en repetidas ocasiones, arrinconar muchos
de los detalles de su secuestro le ha servido para seguir
viviendo. Eso y el apoyo de su familia, especialmente el de
su mujer y sus dos hijos, que han sido la mejor de todas las
terapias posibles. Atrás, muy atrás, quedan ya las huellas
de su inhumano cautiverio.
El 30 de junio de 1997 para el ex funcionario de prisiones
terminaba una pesadilla que se había prolongado durante 532
noches. Su rostro, reflejo de una inaudita tortura, se clavó
en el corazón de todos los españoles y recorrió el mundo. Su
estado físico (llegó a perder 23 kilos) fue comparado con
los campos de concentración nazis. En el reducido habitáculo
sufrió fiebre, diarreas y hongos y hasta planeó un suicidio
para el que ya tenía fecha.
La Guardia Civil consiguió localizar el zulo realizado en la
nave de Mondragón tras una investigación de meses, aunque
estuvieron a punto de arrojar la toalla. Un complejo
mecanismo hidráulico activado desde una clavija secreta era
la única forma de llegar hasta el secuestrado. Fueron
necesarios 50 agentes para levantar una máquina de 2.000
kilos. Allí, en el subsuelo, los miembros del Instituto
Armado vieron la silueta de Ortega Lara. Durante los 17
meses de cautiverio, su relación con los cuatro
secuestradores fue distante. Solo vio la cara de dos de
ellos el día que fue capturado en el garaje de su domicilio,
el 17 de enero de 1996. No volvió a ver sus rostros jamás,
ya que siempre iban con capuchas. Nunca salió del zulo donde
le encerraron porque le dijeron «que tenían que vivir como
topos porque era una organización clandestina». El
cautiverio provocó el mayor número de concentraciones y
manifestaciones que se recuerda en Burgos.
La Audiencia Nacional condenó a los secuestradores a 32 años
de prisión por un delito de secuestro terrorista con la
agravante de ensañamiento y otro de asesinato alevoso en
grado de conspiración, con la misma agravante.
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17/01/2006
EL FUNCIONARIO LO NIEGA PERO ADMITE HABERLE PEGADO
"UN PAR DE PALOS"
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El
recluso que denunció haber recibo una paliza por parte de un
funcionario de la Prisión de Albolote en la que se encontraba
preso, aseguró que la agresión se debió a que le regaló un
ramo de flores, lo que el trabajador negó hoy en el juicio
oral celebrado en su contra.
Tras la celebración del juicio, que hoy quedó visto para
sentencia en la Audiencia de Granada, el fiscal mantuvo su
petición de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para
el funcionario por dar una paliza al preso y de un año de
cárcel y ocho de inhabilitación para el compañero que
presuntamente no hizo nada para evitar la agresión.
Durante su declaración ante el tribunal, el recluso, J.A.C.G.,
que padece una enfermedad mental, aseguró que el día de la
presunta agresión, el 23 de abril del 2005, salió al jardín de
la prisión donde recogió unas flores que ofreció en forma de
ramo al funcionario, que, ante el regalo, le increpó
diciéndole que si pensaba que era "maricón".
Esto provocó, según el preso, que poco después, cuando el
funcionario procedía a recontar a los reclusos y al pasar por
su celda, le agrediera con una porra de goma como represalia.
La versión del funcionario
Por su parte, el funcionario Francisco A.G. sostuvo que el
recluso, que el día anterior había protagonizado un altercado
con un preso "modélico" de origen magrebí, llevaba toda la
mañana insultándolo y le amenazó con que si subía -al módulo-
le iba a pegar, subrayando que "ya se había cargado a otro
funcionario antes".
Al llegar la hora del recuento de presos, a las 14.30 horas,
subió al módulo armado de una porra de goma ante las amenazas
del recluso y, al pasar por su celda, éste se le abalanzó, por
lo que le propinó un par de golpes con la porra "en legítima
defensa".
Francisco definió al recluso como una persona "conflictiva y
agresiva" y aseguró que durante su estancia en prisión
protagonizó múltiples altercados con otros presos y amenazaba
e insultaba continuamente a los funcionarios.
Segundo funcionario acusado
El segundo funcionario acusado, Manuel S.L., negó haber
presenciado la agresión y aseguró que mientras su compañero
Francisco recontaba un módulo, el hacía lo correspondiente con
el que tenía asignado.
Según su versión, sólo cuando vio que su compañero se
demoraba, subió para comprobar si necesitaba ayuda, momento en
el que la agresión había finalizado, extremo que fue negado
por el demandante, quien aseguró que Manuel presenció la
agresión y no hizo nada por detenerla.
LA DEFENSA PIDE LA LIBRE ABSOLUCIÓN
El abogado defensor de Francisco A.G, para quien pide su libre
absolución, afirmó que no quedó demostrado que éste tuviera
ánimo de torturar al recluso y añadió que la porra
reglamentaria la portaba ante las continuas amenazas que
recibió del recluso y que la utilizó en legítima defensa
cuando éste se le abalanzó.
Para el letrado, el recluso buscaba lucrarse económicamente
con la denuncia, ya que, según algunos testimonios, habría
accedido a retirarla a cambio de una cantidad de entre 500 y
600 euros.
La abogada defensora de Manuel S.L., que también pide la
absolución para su cliente, consideró que los distintos
testimonios recogidos en el juicio oral no han podido
demostrar que éste presenció la agresión y no ayudó a
evitarla.
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18/01/2006
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Los ponentes de la
reforma del Estatuto pactan incluirlo como atribución
ejecutiva. Sólo Cataluña tiene traspasada esta materia,
recibida del Estado en los 80.
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Los miembros de la ponencia de las Cortes de Aragón que
estudia la reforma del Estatuto de autonomía acordaron ayer
incluir en el texto la asunción de la competencia sobre
prisiones por parte de la comunidad, según explicó Francisco
Catalá, representante del PSOE en la comisión.
Zuera es la mayor cárcel de Aragón. La nueva competencia fue incluida en el artículo 39, que
recoge las llamadas competencias de ejecución, es decir, las
materias en las que la comunidad autónoma asume "la ejecución
de la legislación general del Estado".
Según explicó Catalá, la inclusión de este precepto en la
propuesta de reforma no conllevaría, en caso de aprobación
definitiva del texto, la asunción inmediata de la competencia,
sino que su transferencia debería ser solicitada por el
Gobierno aragonés al central. Esta se produciría tras una
negociación entre las dos partes que, en condiciones normales,
debería incluir una dotación económica para desarrollarla, de
forma similar a lo que ocurre en la actualidad con la
Administración de Justicia --en este caso, no ha llegado a
cerrarse el traspaso competencial ante la falta de un acuerdo
en el apartado financiero--.
"El acuerdo contempla la inclusión de la competencia entre
las de carácter ejecutivo que puede asumir la DGA. Otra cosa
es cuándo se reclama su traspaso. Eso dependerá de la
iniciativa política del Gobierno aragonés en un momento
determinado, una vez se haya aprobado la reforma", dijo Catalá.
El acuerdo para incluir esta competencia fue alcanzado por
unanimidad entre los representantes de los cinco grupos
parlamentarios --PSOE, PP, CHA, PAR e IU--, como todos los que
se han cerrado hasta la fecha en la ponencia que estudia la
reforma del Estatuto.
CENTROS En el caso de Aragón, la hipotética transferencia
de Servicios Penitenciarios, dirigidos en la Administración
central por la zaragozana Mercedes Gallizo, incluiría la
gestión de tres centros penitenciarios y de sus respectivos
centros abiertos.
La principal infraestructura penitenciaria existente en
Aragón es la cárcel de Zuera, que sustituyó a los obsoletos
complejos de Torrero, en Zaragoza, y de Huesca. En la
comunidad siguen abiertas otras dos prisiones, las de Daroca y
Teruel.
De traducirse este acuerdo en una trasferencia
competencial, Aragón se convertiría en la segunda de las 17
comunidades en recibir ese traspaso. La única autonomía que
dispone de él es Cataluña, que la recibió en los 80, poco
tiempo después de la aprobación de su Estatut.
En este caso, la Generalitat pactó como contrapartida que
los centros penitenciarios de su territorio no custodiarían a
condenados por terrorismo. El acuerdo se rompió hace unos
meses, poco después de que Barcelona pidiera ayuda a Madrid
para dispersar en cárceles estatales a los reclusos implicados
en un motín.
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| Supone una inversión
de 25 millones de euros destinados a aulas de
informática, equipos de videoconferencia para
actuaciones judiciales, servicios de telemedicina para
los internos y dotación TIC |
/noticias.info/
La Directora General de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el Director
General de la Entidad Pública Empresarial Red.es (www.red.es),
Ramón Palacio, han firmado esta mañana un convenio
de colaboración para promover el uso y utilización
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los 66 establecimientos
penitenciarios y los 10 Centros de Inserción Social
dependientes, que gestiona la Dirección General.
El Convenio desarrollará una serie de acciones en
los centros penitenciarios y se enmarca dentro del
Plan Avanza (www.planavanza.es) para la convergencia
con la Unión Europea y entre las Comunidades
Autónomas en lo referente a la Sociedad de la
Información (SI).
El convenio contempla cuatro actuaciones:
Aulas de Informática y Servicios de desarrollo de
contenidos de formación para internos.
Estas aulas, con capacidad para 20 alumnos, harán
posible que los internos reciban una formación
específica en informática que les facilitará el
acceso a un puesto de trabajo una vez que hayan
cumplido su condena.
Actuaciones judiciales a través de videoconferencia.
En cada Centro Penitenciario se instalará una Sala
de Videoconferencia desde la que los órganos
jurisdiccionales podrán practicar, en los supuestos
legalmente previstos, actuaciones judiciales con los
internos. Este sistema evitará traslados a los
juzgados con el consiguiente ahorro de efectivos de
las Fuerzas de Seguridad del Estado necesarios para
la custodia de los internos en los desplazamientos.
Durante el año 2005, se efectuaron más de 74.000
salidas a sedes judiciales, gran parte de las cuales
podrá evitarse con el sistema de videoconferencia.
Servicios de Telemedicina para los internos.
Esta iniciativa permitirá poner en marcha un
programa piloto en centros de las comunidades de
Extremadura, Madrid y Canarias, gracias al cual
podrán llevarse a cabo tareas administrativas y
consultas. De esta forma, podrán reducirse el número
de salidas hospitalarias que el año pasado se
situaron en más de 70.000 y el personal destinado a
seguridad en dichas visitas médicas.
Dotación de material informático en los
establecimientos penitenciarios, destinado
fundamentalmente para realizar tareas
administrativas propias de los centros.
La inversión total prevista en las actuaciones del
Convenio es de 24.862.779 euros, de los cuales, el
40% será asumido por Red.es. Por su parte, la
fundación Fundetec contribuye con la dotación del
software y contenidos para las aulas.
El Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros
del 4 de noviembre de 2005, se enmarca en los ejes
estratégicos del Programa Nacional de Reformas
diseñado por el Gobierno para cumplir con la
Estrategia de Lisboa. En concreto, el Plan Avanza se
integra en el eje de impulso al I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación)
que ha puesto en marcha el Gobierno a través del
Programa Ingenio 2010.
Las partidas asignadas al Plan Avanza para 2006
suman un total de 785,6 millones de euros, que se
unen a las ya destinadas al desarrollo de la S.I.
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
que ascienden a 412,1 millones de euros. El importe
global por ambos conceptos asciende a 1.197,7
millones de euros. |
18/01/2006
| El ministro del
Interior, José Antonio Alonso, ha confirmado hoy que las
reformas previstas en el centro penitenciario de El
Dueso, en Santoña, no contemplan su ampliación, además
de que el futuro Centro de Inserción Social (CIS)
sustituirá cuando esté construido a la Prisión
Provincial de Santander, tal y como ya había avanzado en
este sentido el delegado del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez. |
Tras una reunión mantenida en Santander con Ibáñez, y el
consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla, Alonso precisó en rueda de prensa que,
dentro del Plan de Creación y Amortización de Centros
Penitenciarios, "tenemos la intención de reformar y
rehabilitar en todo lo posible la prisión de El Dueso, que no
se va a ampliar, pero sí va a mejorar sus instalaciones".
Respecto a la Prisión Provincial, el ministro precisó que
"cuando tengamos" el CIS, "se irá sustituyendo", si bien,
"hasta entonces, evidentemente, la Prisión de Santander
seguirá cumpliendo sus funciones". A nivel estatal, Alonso
expuso que dado el "aumento que hay de la población
penitenciaria" y "la importancia de la función de
instituciones penitenciarias", el objetivo del Ejecutivo es
garantizar que hay "suficientes" y "buenas" prisiones, "donde
se puedan cumplir esos objetivos constitucionales", ya que "el
Gobierno está empeñado en eso".
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