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10-08-08
| Los
aeropuertos europeos han sido objetivo de grupos
terroristas en numerosas ocasiones, aunque los únicos
atentados con víctimas mortales perpetrados en
terminales tuvieron lugar en la década de 1980 |
 El
primero fue obra del grupo independentista armenio
ASALA, que causó ocho muertos en el aeropuerto
parisiense de Orly en julio de 1983.
Dos años más tarde, el grupo
palestino de Abu Nidal colocó tres bombas; una en el
aeropuerto alemán de Fráncfort en junio, que causó
tres muertos, y en diciembre otros dos artefactos
que estallaron casi simultáneamente en los
aeropuertos de Roma y Viena, que dejaron 16 y cuatro
muertos, respectivamente.
Sin embargo, otras acciones
terroristas que habrían causado cientos de muertos
pudieron ser abortadas o resultaron fallidas.
Este fue el caso del atentado que
intentó la organización palestina 'Septiembre
Negro', en enero de 1975, cuando falló el disparó
que lanzó con un bazuca contra un avión de la
compañía israelí El Al, en el aeropuerto de Orly.
El proyectil impactó en el
fuselaje de un avión yugoslavo que también estaba en
la pista, son causar muertos.
En la década de 1990, destaca el
espectacular asalto perpetrado, el 26 de diciembre
de 1994, por los cuerpos de elite de la policía
francesa en el aeropuerto de Marignan (Marsella)
para poner fin al secuestro de un avión de Air
France por cuatro miembros del GIA argelino, que
fueron abatidos.
En diciembre de 2002, un empleado
de origen argelino que tenía acceso a zonas
reservadas del aeropuerto parisino de Roissy-Charles
de Gaulle fue detenido con explosivos y armas en su
poder.
Al Qaeda planeó en 2003 secuestrar
un avión comercial en Europa del Este para lanzarlo
contra el aeropuerto londinense de Heathrow, con
objeto de castigar al Reino Unido por participar en
la guerra de Irak.
De ahí que el Gobierno británico
enviara tanques y cientos de militares a los
aeropuertos londinenses, donde la alerta obligó a
cancelar numerosos vuelos.
También en Alemania fue reforzada
la seguridad en diciembre de 2003, tras indicios de
que la organización Ansar el Islam planeaba atentar
contra el aeropuerto del Ejército estadounidense de
Rhein/Main, una de las tres bases aéreas que EEUU
tiene en Alemania.
En febrero de 2005, el musulmán
británico Baajid Badat confesó que fue entrenado
para volar un avión en pleno vuelo hacia EEUU con
una bomba en los zapatos, al estilo de su
compatriota Richard Reid, detenido en diciembre de
2001.
Una redada en Francia, en
septiembre de 2005, con nueve detenidos destapó una
conspiración para atentar, entre otros contra un
aeropuerto y el metro de París.
El líder del grupo era el argelino
Safé Bourada, que cumplió diez años de prisión por
los atentados del GIA en París en 1995, y otros
cuatro sospechosos fueron detenidos en octubre
siguiente.
El pasado mes de enero, se
descubrió en Francia, en la investigación del
sumario de las llamadas 'redes chechenas', que
islamistas radicales habrían comprado misiles
aire-tierra para atentar contra aviones civiles en
Francia.
El pasado 8 de junio se anunció la
desarticulación de una célula del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate en una operación
llevada a cabo en España, Suiza y Francia. El grupo
planeaba 'muy seriamente' cometer un atentado contra
un avión de El Al durante una escala en el
aeropuerto de Ginebra.
Los arrestados por este caso
procedían del Magreb y mantenían contactos con
Abderrahmán Tahiri, que fue extraditado por Suiza a
España en abril de 2005 y fundó durante su
estancia en la cárcel de Topas (Salamanca), el grupo
'Mártires por Marruecos', que pretendía atentar
contra la Audiencia Nacional española.
La trama desmantelada hoy en el
Reino Unido, con la detención de 21 sospechosos,
podría tratarse de un complot de grupos terroristas
que planeaban hacer explotar aviones en pleno vuelo
entre el Reino Unido y EEUU |
10-08-08
| La
Junta de Tratamiento del centro penitenciario de
Segovia, donde cumple condena Rafael Vera por
malversación de fondos reservados, ha propuesto por
unanimidad que se le conceda el tercer grado al ex
secretario de Estado de Seguridad, según informaron a
Efe fuentes penitenciarias |
Vera
ingresó en prisión el 16 de febrero de 2005 para
cumplir condena y ha ido obteniendo beneficios
penitenciarios fundamentados en su estado de salud y
el de su esposa.
Actualmente, el ex secretario de
Estado de Seguridad podía salir todos los días de la
prisión, pero tenía que volver un día a dormir al
centro penitenciario; en concreto, Vera, condenado a
siete años de cárcel, podía salir de prisión de
sábado a jueves.
Su estancia fuera de la cárcel
estaba seguida por un sistema de control telemático,
por una pulsera que debía de llevar en su muñeca, y
con el seguimiento de su escolta.
Ahora, una vez que la Junta de
Tratamiento ha propuesto que se le conceda el tercer
grado, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias tendrá que resolver esta solicitud,
que previsiblemente será favorable dada su
unanimidad.
De ser así, y si no recurre la
decisión la Fiscalía, Vera vivirá fuera de la cárcel
y estará controlado con un sistema telemático, pero
en este caso de voz.
Así, a Vera se le controlaría con
llamadas telefónicas aleatorias y estaría obligado a
presentarse unos determinados días en los servicios
sociales penitenciarios.
La Junta de Tratamiento ha
adoptado esta decisión tras valorar informes
médicos, psicológicos y psiquiátricos y considerar
que el hecho de que Rafael Vera esté solo en un
módulo -como medida de seguridad por el alto cargo
que ostentó- le ha sumido en una fuerte depresión.
Cuando está en su celda, según
fuentes penitenciarias, Vera pasa el tiempo
escribiendo en el ordenador y leyendo y siempre
tiene un trato correcto hacia los funcionarios.
La Audiencia Provincial de Madrid
autorizó el pasado 7 de junio que Vera pudiera salir
de prisión de sábado a jueves, llevando puesta una
pulsera de control.
En un auto, la Audiencia estimaba
un recurso de Vera contra la decisión de un juez de
Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, que el
pasado 24 de marzo le denegó la ampliación del
tiempo que el penado pasa fuera de la cárcel.
La Audiencia de Madrid destacó, en
su auto, que 'la evolución del interno ha sido
positiva y se ha puesto de manifiesto en una buena
conducta global, tanto dentro de prisión como fuera
de ella', por lo que 'no hay razón para no concluir
que el penado puede merecer un mayor acercamiento a
lo que sería el contenido material del tercer grado'
o semilibertad.
Vera disfrutaba desde agosto del
año pasado de salidas de 32 horas semanales,
repartidas en ocho horas cuatro días, de lunes a
jueves, debido a sus especiales circunstancias
psicológicas, derivadas de la situación de
aislamiento total que tiene en prisión.
La Junta de Tratamiento propuso en
ese momento ampliar su estancia fuera de la cárcel
tras examinar también informes médicos, psicológicos
y psiquiátricos. |
11-08-08
El
PP denunció ayer que tanto los casos que se han producido 
como los resultados de las inspecciones realizadas por el
Ejecutivo autónomo confirman que hay un riesgo permanente de
legionelosis en la prisión de Zuera, pero se ha conocido que
las obras para renovar las instalaciones del agua caliente
sanitaria -donde se localiza el problema- no se prevé que
acaben hasta dentro de un año. El diputado regional del PP,
Ricardo Canals, aseguró ayer que esta situación «es
inadmisible» y responsabilizó tanto al Gobierno central como
al autonómico. Al central, por no haber acometido las obras
de forma inmediata desde que se detectó este foco, en el año
2003, cuando aparecieron los primeros casos. Y al
autonómico, por no exigir, en aplicación de sus competencias
en materia de Salud Pública, que Instituciones
Penitenciarias actuara de inmediato.
Canals recordó que, desde 2003, se han conocido quince casos
de legionelosis entre internos de Zuera. Uno de ellos
falleció el año pasado por complicaciones con otras
patologías. El diputado del PP aseguró que «el Gobierno
aragonés está actuando como cooperador necesario, porque no
me cabe ninguna duda que si el PSOE no estuviera en el
Ejecutivo central estaría bramando para exigir una
solución».
El origen está en las instalaciones del agua caliente
sanitaria. No dispone de sistema que eleve la temperatura a
70 grados, que es en la que se garantiza la muerte de esta
bacteria. Eso obliga a readaptar las instalaciones, pero las
obras tardarán meses en quedar concluidas, algo que ha sido
criticado por el PP.
Controles periódicos
Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud negaron ayer
las acusaciones de los populares. Indicaron que, desde 2003,
la Sanidad autonómica realiza controles regulares en la
cárcel de Zuera, además de los que está obligados a realizar
Instituciones Penitenciarias. Subrayaron que, desde el
Salud, también se ha dirigido «reiteradamente a
Instituciones Penitenciarias para que lleve a cabo las
reformas necesarias» para garantizar la eliminación del
riesgo de legionelosis.
Asimismo, explicaron que la prisión cumple con los
protocolos establecidos para la erradicación de la bacteria,
pero la raíz del problema es estructural. De tal forma que,
aunque se sigan los protocolos, las actuales instalaciones
del agua caliente no permiten garantizar la eficacia de esos
tratamientos preventivos. Por último, subrayaron que más
allá de esa función de control de Salud Pública, la
responsabilidad de estas instalaciones son del Ministerio
del Interior, a través de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
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11-08-08
La
Guardia Civil detuvo ayer en Vitoria a Zigor Bravo
Sáenz, presunto colaborador de ETA, por orden del
juzgado número tres de la Audiencia Nacional,
informaron fuentes policiales. Zigor Bravo ya fue
detenido en el año 2001 por presunta colaboración
con ETA en relación con el asesinato del
funcionario de prisiones Máximo Casado, bajo la
acusación de facilitar datos para la comisión de
atentados, entre ellos, los que les proporcionó un
preso etarra sobre funcionarios de la cárcel de
Nanclares de Oca.
Bravo era vecino en Vitoria del funcionario de
prisiones asesinado, y supuestamente facilitó a ETA
las llaves del garaje donde se encontraba el
vehículo de éste y al que los terroristas adosaron
la bomba-lapa que le mató. Casado, de 44 años, fue
asesinado en octubre del 2000 por ETA al hacer
explosión la bomba-lapa colocada en los bajos de su
vehículo, aparcado en el garaje de su vivienda de
Vitoria. Zigor Bravo integraba junto a Juan Carlos
Subijana, 'Txampi' o 'Kepa', desde 1997 uno de los
denominados «comandos de información» de ETA, del
que también formaba parte José Ramón Acedo |
11/08/06
| Los funcionarios de
prisiones han alertado sobre la posible saturación de
las cárceles españolas con la entrada en vigor de la
futura ley penal. El texto prevé la posibilidad de
enviar a prisión a los inmigrantes en situación ilegal
en lugar de tramitar su expulsión inmediata |
El
futuro Código Penal, que está llevando a cabo el
Ejecutivo, permitirá a los tribunales que juzguen a
extranjeros irregulares por la comisión de delitos
menores escoger entre aplicar la expulsión o el
ingreso en la cárcel. Esta posibilidad ha llevado a
los funcionarios de las prisiones españolas a
prevenir sobre la saturación de las prisiones ya que
aumentará el número de condenas.
Por su parte, el presidente del sindicato de
funcionarios de prisiones (ACAIP), José Ramón
López Santamaría, considera que "ante la presión
social ara que aumente la seguridad en la calle, los
jueces aplicarán la condena para su cumplimiento en
la cárcel, y eso aumentará las cifras de presos y en
consecuencia el gasto público". Según las cifras que
maneja el sindicato, cada año se tramitaban entre
1.600 y 1800 expulsiones, cantidad que con la nueva
normativa deberán asumir los centros españoles.
El presidente de ACAIP ha señalado que el
sistema penitenciario cuenta sólo con unas 30.000
plazas y que "prácticamente están el doble de
personas de las que realmente deberían caber". Según
datos del sindicato, los inmigrantes representan una
tercera parte del total de presos. |
11/08/06
La
juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios
decretó el ingreso en prisión incondicional del
detenido el jueves por la Guardia Civil en Vitoria
Zigor Bravo por su presunta implicación en el
asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado
en octubre de 2000, en la capital vasca, al aparecer
nuevas pruebas en Francia que le relacionan
directamente con el crimen.
Fuentes jurídicas indicaron que dichas pruebas
consisten en la declaración prestada ante las
autoridades francesas por el que entonces era jefe
de los comandos de información de ETA, Juan Carlos
Subijana, quien identificó a Bravo como la persona
que facilitó las llaves del garaje donde fue
asesinado Casado, así como la información necesaria
para cometer el crimen, porque era su vecino.
Además, también se ha intervenido una nota, que debe
ser cotejada pericialmente, con las palabras
"carcelero", "plano, llaves y garaje", que también
relacionan a Bravo con el atentado.
Con estas pruebas, la fiscal de la Audiencia
Naciones Blanca Rodríguez pidió el ingreso en
prisión incondicional de Zigor Bravo, quien aún no
había sido interrogado en relación con este
asesinato porque hasta ahora los indicios existentes
contra él no pasaban de ser especulaciones. |
12/08/06
| Acaip culpa a la Junta
de los atascos que se producen a primera hora por haber
cerrado la carretera provisional sin ofrecer
alternativas |
el
puerto. El sindicato Acaip de funci onarios
de prisiones pide soluciones a los atascos diarios
que se producen a las siete y media de la mañana,
coincidiendo con el horario de entrada de los 500
obreros que trabajan en las obras de Puerto 3 y los
alrededor de 300 empleados que desarrollan su
actividad en los centros penitenciarios Puerto 1 y
2.
Según palabras del delegado del sindicato
diariamente se produce un "tapón" a la entrada de
estos centros, y el carril de desaceleración "lo
ocupan para parar y dar la vuelta". Cada día se
cometen "múltiples infracciones", por lo que piden a
la Junta que vuelva a habilitarse el acceso
provisional a Puerto 3 que fue cerrado hace dos
semanas. Al parecer y pese a lo temprano de la hora,
los vehículos han de esperar por espacio de más de
diez minutos a la entrada del centro penitenciario,
retrasando a toda una plantilla de trabajadores. El
problema ha sido denunciado ante la Dirección de
Tráfico, que ha levantado acta y lo ha analizado
enviando inspectores para realizar un estudio de la
situación de los accesos al complejo, tras el cual
se ha elevado un informe a la Junta de Andalucía
"que hasta ahora no ha servido para que se lleven a
cabo acciones concretas".
Acaip solicita que se tomen medidas inminentes y que
"quien sea el responsable, que haga lo que sea
necesario". Quiere que se eviten posibles
"desgracias personales" y cree que la "pasividad de
los responsables" continuará hasta que no se
produzca algún incidente de gravedad, declarando
"cuando haya muertos será cuando se busquen
soluciones". Estas no han sido las únicas quejas
relacionadas con el nuevo Penal ya que han existido
quejas de otra índole, desde la plataforma por la
seguridad ciudadana que agrupa a diversos colectivos
de la ciudad y que pide compensaciones para la
ciudad por acoger al centro así como una mayor
presencia de las fuerzas de seguridad.
En siete meses empezará a funcionar el nuevo centro
penitenciario Puerto 3 que ha costado más de 65
millones de euros y que ha sido edificado sobre una
finca de más de 50 hectáreas muy próxima a Puerto 1
y 2. Las instalaciones contarán con 1.200 celdas
distribuidas en 14 módulos residenciales y tendrá
zonas dedicadas al desarrollo de actividades
culturales y deportivas, así como talleres de
producción |
12/08/06
La Dirección de la prisión provincial
 de
Albolote asegura que no cuenta con partidas para
subvencionar la línea de autobús, suprimida hace varios
meses, que enlaza la capital y el centro penitenciario, y
que deberían ser otras administraciones quienes solucionen
la problemática.
El máximo responsable de la cárcel granadina, Nahum Alvarez,
aseguró que, en caso de que Instituciones Penitenciarias
ofreciera algún tipo de ayuda que permitiera el
mantenimiento de la línea, sería la primera vez que se
financia el transporte de familiares a estos centros.
Según el director de la prisión, el centro penitenciario de
Albolote, que cuenta con una población reclusa en torno a
las 1.800 personas, debería tener consideración "como un
pueblo más" y contar con un servicio de autobús similar al
de cualquier otra localidad para no quedar "desconectado".
Explicó que Instituciones Penitenciarias ha establecido
conversaciones con las diferentes administraciones, entre
ellas los Ayuntamientos de los municipios cercanos y
miembros del Consorcio Metropolitano del Transporte, que
pudieran buscar una salida a la problemática.
"No quiero señalar quién tiene que ser competente pero tiene
que darse una solución", aseguró Alvarez, que se refirió a
la importancia que tiene para los reclusos la visita de sus
familiares, habitualmente de limitados recursos económicos
para sufragar los desplazamientos hasta la prisión con
medios de transporte alternativos.
En este sentido, sostuvo que no poder recibir una visita
supone al preso una falta de apoyo emocional y afectivo, que
puede repercutir especialmente en su estado de ánimo en
prisión.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) entregó el pasado
1 de agosto en la Subdelegación del Gobierno de Granada mil
firmas de reclusos y de sus familiares, para reclamar el
restablecimiento de la línea de autobús.
Uno de los miembros de la ONG, David Benítez, explicó
entonces a Efe que Alsina Graells suprimió hace tres meses
este servicio "por no ser rentable y sin tener en cuenta los
costes sociales", lo que ha supuesto "quitar un derecho
fundamental tanto de los familiares como de los presos, que
sufren además un desarraigo que perjudica su reinserción".
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TELDE ACTUALIDAD
12/08/06
| ● El senador popular
visita el centro penitenciario y comprueba ‘in situ’ el
funcionamiento y los servicios de la instalación ●
Asegura que hay 1.436 internos cuando sólo tiene
capacidad para albergar a 835 |
José
Macías, senador por la isla de Gran Canaria del
Partido Popular (PP), este miércoles giró una visita
al centro penitenciario de Salto del Negro, en la
que pudo comprobar in situ la “total masificación”
que desde hace tiempo arrastra la instalación
grancanaria.
“En el módulo de hombres hay 1.365 internos cuando
la capacidad es de 800 y en el módulo de mujeres hay
71 personas, cuando lo normal es que haya 35”,
destacó el senador. Macías señaló que durante su
recorrido a la cárcel de Salto del Negro hizo acopio
de información sobre el funcionamiento, situación y
servicios que presta la prisión a fin de
incorporarlos a la interpelación que está preparando
para el Senado y que presentará antes del mes de
septiembre. El primer pleno del Senado está previsto
que se celebre el próximo día 12 de septiembre,
indicó Macías, quien recalcó la necesidad de
encontrar una “solución urgente” a este asunto para
evitar el traslado de presos canarios a la
Península, con el perjuicio que ello conlleva para
sus familiares.
“Es urgente que se aceleren los trámites para
construir una nueva cárcel en Gran Canaria y que los
ayuntamientos busquen un sitio para ubicarla”,
aseguró Macías.
A su juicio, las zonas de mayor hacinamiento son los
propios módulos, la enfermería, la peluquería y,
sobre todo, los patios o espacios de recreo. Esta
situación resulta especialmente llamativa en el área
de mujeres, prosiguió Macías, en donde las internas
prácticamente “se rozan” en los patios.
Frente a la carestía de espacios, uno de los
factores que el senador popular valoró positivamente
fue el grado de atención del personal de la cárcel
capitalina. “Me llevé una grata sorpresa con la
atención que dan a los internos, se está
multiplicando para atenderlos lo mejor posible tanto
a la hora de las comidas y en la enfermería”. Además
de los módulos, Macías recorrió el botiquín, el
comedor y las distintas áreas donde los internos
llevan a cabo distintas actividades y oficios
(carpintería, jardinería y trabajos manuales), la
biblioteca y el gimnasio.
La biblioteca y el gimnasio precisan material
José Macías aprovechó su estancia en la cárcel de
Salto del Negro para departir con los empleados y
los internos acerca de la instalaciones
penitenciarias. Probó la comida que se servía en el
comedor –paella, ensalada y postre– y recogió
documentación de cuatro internos con trámites
pendientes.
Uno de ellos, L.A., natural de Telde, cumple condena
por tirotear a una persona que presuntamente intentó
sustraerle fruta de su finca. Aunque no llegó a
asesinar al supuesto ladrón, tuvo que desembolsar a
la víctima 30.000 euros en concepto de indemnización
por las heridas sufridas y cumplir pena de prisión.
Agricultor de profesión, L.A. pasa sus días en la
cárcel despistando al tiempo. Trabaja activamente en
el invernadero y confía en obtener un permiso
–libertad condicional– para trabajar.
Con los cuatro expedientes en la mano, el senador
del Partido Popular (PP) por Gran Canaria, espera
“acelerar” los trámites pendientes con la justicia.
Igualmente, Macías expresó su intención de donar
libros del Cabildo de Gran Canaria a la biblioteca
que vio “muy ordenada y en muy buen estado”. Animó
también a todos aquellos que lo deseen a donar
aparatos de gimnasio a la prisión, dado el nivel de
aceptación del mismo. Asimismo, sólo ayer recibió la
visita de 200 usuarios.
Desde su toma de posesión como senador del PP, José
Macías ha formulado numerosas preguntas sobre el
centro penitenciario de Salto del Negro. Partiendo
de distintos enfoques, el senador ha interrogado al
Gobierno central sobre el grado de ejecución del
plan para descongestionar las cárceles, los
proyectos del Gobierno en relación con el
mantenimiento de los centros penitenciarios,
particularmente el de Salto del Negro o la relación
de presos trasladados a la Península. Fuente: La
Gaceta de Canarias. |
13/08/06
Las
cárceles de la Comunidad de Madrid albergan en la
actualidad a un total de 73 niños que viven en los
módulos de Aranjuez y Soto del Real o en unidades
dependientes de estos dos centros, según los últimos
datos que maneja la Subdirección General de
Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Según estas
cifras, contenidas en el informe anual de 2005
elaborado por la Oficina del Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid, un total de 62 menores viven
junto a sus madres en los centros penitenciarios de
la región, mientras que otros 11 lo hacen en
unidades dependientes. Estas unidades están situadas
fuera de la cárcel y generalmente son gestionadas
por asociaciones, lo que favorece el desarrollo de
los menores y les permiten vivir junto a sus
progenitoras mientras éstas cumplen sus penas de
privación de libertad.
La cárcel madrileña en la que viven un mayor número
de menores es la de Aranjuez (Madrid VI), con 33
niños y 31 madres. De ellas, 18 viven en un módulo
habilitado exclusivamente para reclusas con hijos,
mientras que otras 13 lo hacen en el módulo mixto de
la prisión. De los 33 niños que viven en este
centro, 20 reciben atención educativa en la propia
cárcel, mientras que otros siete se desplazan todos
los días hasta Aranjuez para asistir a clase.
A continuación se sitúa la cárcel de Soto del Real
(Madrid V), que alberga a un total de 29 presas que
tienen a otros tantos niños a su cargo, 17 de los
cuales reciben atención educativa. De ellos, sólo
tres salen a diario del centro penitenciario para
recibir su formación en el cercano municipio de
Colmenar Viejo. El resto completa su formación en el
interior de la prisión.
El resto de niños que viven en las cárceles
madrileñas lo hacen en unidades dependientes de
estos dos centros: seis en el centro adscrito a la
cárcel de Aranjuez y otros cinco en el dispositivo
adjunto a Soto del Real.
NÚMERO SIMILAR AL DE 2004
A este respecto, la Oficina del Defensor del Menor,
que dirige Pedro Núñez Morgades, destaca que el
número de niños residentes en las prisiones
madrileñas es "muy similar al existente en el año
anterior". A pesar de ellos, advierte de que "no
deja de ser un número importante el que se ve
afectado por la pérdida de libertad de sus
progenitoras".
Núñez Morgades propone, en este sentido, "trabajar
sobre la modificación de la legislación
penitenciaria en cuanto a la redefinición de las
unidades dependientes y sobre la creación de los
recursos necesarios en coordinación con otras
administraciones". |
13/08/06
| El Defensor prepara un
nuevo informe sobre Mujeres en Prisión |
Andalucía
ha alcanzado una cifra "histórica" en número de
reclusos --13.749 presos, 3.099 preventivos y 9.545
penados--, superando la tasa española, con más de
63.000 presos para 31.00 plazas, que ya de por sí es
la más elevada de toda la UE, según los datos
recabados por el diputado de IULV-CA, Antonio
Romero.
Así, según los datos aportados por Romero, en España
la tasa es de 146 reclusos por cada 100.000
habitantes, seis por encima de Portugal y el Reino
Unido mientras que la comunidad andaluza se superan
los 170 presos en la misma proporción. Así, expuso
que "los niveles de ocupación rozan y en Andalucía
sobrepasan en algunos centros penitenciarios el 180
por ciento".
Para el diputado de IULV-CA, esta "gran masificación
no se arregla con la construcción de más cárceles".
De hecho, apuntó que en los primeros meses de 2006
han ingresado en los centros penitenciarios 1.637
presos más, es decir, "suficientes para una cárcel
nueva completa".
Estos datos evidencian para Romero un "fracaso
social" donde ha fallado el modelo de sociedad en el
que vivimos manifestado en "la precariedad laboral,
las tasas de exclusión social, la infravivienda, el
tráfico de drogas o los niveles de
drogodependencia", entre otras cuestiones.
Por todo ello, IULV criticó que la Junta de
Andalucía "lleva años haciendo una política del
avestruz" en materia de asuntos penitenciarios
"mirando para otro lado, teniendo como tiene
competencias en materia penitenciaria y que se
contemplan tanto en el Estatuto de Carmona como en
el nuevo que se encuentra en las Cortes Generales".
Romero responsabilizó al presidente andaluz, Manuel
Chaves, "de no mostrar ningún interés por la
transferencia de Instituciones Penitenciarias a la
Administración autonómica" y añadió que la Junta "ni
siquiera está atendiendo de manera adecuada sus
competencias en las cárceles, caso de asistencia
sanitaria, talles de ocupación o educación".
UN "MARRON" PARA LA JUNTA
Para el diputado, estas materias han sido siempre
consideradas por Chaves "un marrón políticamente no
rentable para la Junta de Andalucía". "No se puede
pedir un Estatuto de máximos si no logramos esas
competencia, que ya las tiene la Generalitat de
Cataluña desde hace años", aseveró.
Por esta razón, Romero anunció que en septiembre,
una vez abierto el nuevo cursos político, pedirá a
la responsable de Justicia y Administraciones
Públicas, María José López, y al consejero de
Presidencia, Gaspar Zarrías, "que en la Comisión
Mixta de Transferencia con el Estado se incorpore
como un punto prioritario la transferencia de
Instituciones Penitenciarias", aún con más razón
cuando según señaló "el 15 por ciento de los
reclusos andaluces están en cárceles fuera de la
comunidad".
INFORME DEL DEFENSOR
El diputado de IULV-CA aludió a en este sentido a un
informe del Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, donde la institución reclama gestiones para
que los reclusos cumplan su condena en Andalucía.
"No podemos ocultar el hecho de la existencia en las
cárceles de personas presas ni renunciar a asumir
una competencia política y de gestión que le
corresponde al pueblo andaluz y a la comunidad
autónoma", concluyó Romero.
INFORMES DE DEFENSOR
El Defensor del Pueblo Andaluz ya se ha interesado
en varias ocasiones por la situación de los presos
en las cárceles andaluzas. De hecho, la materia de
Justicia centra la mayoría de las quejas de los
informes anuales de la institución y varios informes
especiales se han dedicado a los presos, caso de la
situación de los drogodependientes en las cárceles
andaluzas de 1999; la situación de los enfermos
mentales en las cárceles en 1997 o el interés
mostrado en el informe de 1996 sobre los presos
andaluces que cumplen condena fuera de centros de la
comunidad.
Asimismo, Chamizo, en una reciente entrevista
anunció que entre los temas a los que la institución
dedicará un informe especial se encuentra la
situación de las mujeres en prisión. |
14-08-06
| Dos trabajadores
sufrieron lesiones al ser agredidos por un interno |
La
situación «insostenible» que según los sindicatos se
vive en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent
no parece que tenga visos de solucionarse a corto
plazo. La falta de personal es notoria y, según
aseguran fuentes del sindicato ACAIP, se está
llegando incluso a obligar a funcionarios a doblar
turnos y trabajar hasta 24 horas seguidas porque es
la única forma de cubrir el servicio. El exceso de
horas en cambio no se compensa económicamente, sino
que conceden días de libranza cuando se doblan los
turnos, según indiciaron las fuentes de ACAIP.
Los sindicatos y el comité de empresa denunciaron a
principios de esta semana que la inexistencia de
psiquiatras en el centro se traduce en más
inestabilidad en los pacientes y por consiguiente
una mayor agresividad tanto entre internos como
entre los pacientes y los funcionarios. De hecho, el
pasado miércoles por la noche se produjo una nueva
agresión en el psiquiátrico.
Según explicaron fuentes de ACAIP y de UGT,
el incidente se produjo durante el reparto de la
medicación y el presunto agresor es un interno
problemático que cogió un cuchillo de plástico y
atacó a un funcionario y a una celadora. Ambos
tuvieron que ser atendidos de lesiones de carácter
leve, según las fuentes consultadas.
Los funcionarios no son los únicos que están
doblando turnos en algunos casos. Según ACAIP,
los médicos generalistas llevan casi una semana sin
poder salir del psiquiátrico debido también a la
falta de personal. La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias aún no se ha
pronunciado oficialmente sobre las denuncias
formuladas por todos los sindicatos y el comité de
empresa, a pesar de que este diario ha requerido
varias veces su valoración a lo largo de la semana.
El psiquátrico de Fontcalent ha batido en estas
fechas su récord de ocupación al rebasar los 400
internos y los sindicatos han exigido en sendos
escritos remitidos a Instituciones Penitenciarias y
a la Subdelegación del Gobierno en Alacant que se
adopten medidas urgentes para contratar a
psiquiatras y reforzar la plantilla de funcionarios
para atender de forma adecuada el centro. Además
reclaman una mejora en las infraestructuras del
psiquiátrico, que según denuncian son «obsoletas» |
CRÓNICAS DE LANZAROTE
14-08-06
|
La directora general de
Instituciones Penitenciarias anuncia que tratará la
iniciativa con la Sociedad Estatal Siep y el Cabildo
Más de cien
residentes en la Isla cumplen condena en Canarias y la
Península. A pesar de tratarse de un centro preventivo,
cerca de 360 internos, “el doble de los internos que hay
hoy”, han sido trasladados fuera de Lanzarote |
Gallizo
apuesta por prevenir teniendo en cuenta que en 2008
las
instalaciones del centro cubrirán dignamente las
necesidades de convivencia de los actuales presos y
que, además, la población reclusa aumentó en
territorio español un 40 por ciento en los últimos
seis años
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, hizo este lunes un alto en sus
vacaciones en Lanzarote para visitar, dos años
después, las actuales obras de ampliación del centro
penitenciario de Tahíche.
 Acompañada
del director insular, Marcial Martín, y del gerente
del centro, Joaquín Herrera Fraigiel, Gallizo
anunció ante los medios que hoy mismo propondría a
la empresa Siep, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, una
tercera fase de remodelación que aporte unas
condiciones más dignas de convivencia entre los
presos de Tahíche y, sobre todo, que facilite el
acercamiento de presos lanzaroteños que cumplen
condena fuera de la Isla, algo que, según la
representante estatal podría comenzar al término de
la segunda fase de las obras, en 2008.
Gallizo iniciará de inmediato las gestiones para
materializar esta
iniciativa del tercer pabellón, y esperó
receptividad por parte del Cabildo insular de
Lanzarote.
“Aunque tenemos espacios nuevos donde situar la
sección abierta, he valorado que el espacio
residencial que va a quedar después de las dos fases
de remodelación se adecua a las necesidades que
tenemos en estos momentos, pero tenemos que hacer
una previsión de necesidades futuras”, explicó
Gallizo.
“A
mí me gustaría que pudiera cumplir su condena en su
isla todas las personas que tienen aquí su domicilio
y que hoy están en centros distintos del de
Lanzarote”, subrayó. Se pretende, pues, “que la pena
de privación de libertad no lleve aparejada una
condena añadida para las familias de quienes están
en un centro penitenciario de fuera de su tierra”,
añadió.
 Tras
reunirse con la Dirección Técnica de la obra,
Gallizo habló de alguna complejidad a la que se
enfrenta la constructora Comsa por las
características del suelo de la Isla, como el
hallazgo de bloques de piedra soterrados de grandes
dimensiones que, sin embargo, no dilatarán lo más
mínimo el buen ritmo de los trabajos.
La
cárcel de Tahíche es una prisión preventiva, por lo
que las personas con una condena firme
necesariamente deben cumplir su pena en otros
centros fuera de Lanzarote. Con las nuevas
instalaciones se pretende solventar esta situación.
La lejanía es en muchos casos uno de los principales
obstáculos en el camino hacia la reinserción de los
internos, cuyos familiares y amigos no siempre
pueden asumir los gastos de desplazamiento para
visitarles.
Actualmente cumplen condena en Tahíche cerca de 180
personas.
Los nuevos módulos tendrán capacidad para 350
internos, el triple de lo actual. Muchos de los
internos no pueden ser trasladados por estar
pendientes de juicio, ya que Tahíche es un centro
para preventivos. Mientras tanto,
más de
100 presos lanzaroteño cumplen condena fuera de la
Isla, en las cárceles de otras islas del
Archipiélago o de la Península, con las
consiguientes desventajas y gastos por
desplazamientos para los familiares de estos
residentes.
“No podemos hacer demasiados traslados porque los
presos preventivos, pendientes de juicio, no pueden
trasladarse. Sin embargo, así y todo, hemos ido
trasladando aproximadamente en los últimos tiempos
al doble de los internos que hoy están en Tahíche”,
reveló Gallizo.
Proyecto y reinserción
 Tras
reconocer el hacinamiento a que están sometidos los
internos en Lanzarote, fruto entre otras cosas del
incremento en un 40 por ciento de la población
reclusa en España en los seis últimos años, Gallizo
recordó que la primera fase del proyecto, que estará
finalizada en junio de 2007, aportará 74 celdas
nuevas junto a distintos módulos y talleres. Cuando
comience la segunda fase de las obras, que
remodelarán totalmente la estructura básica de
Tahíche, los internos tendrán que trasladarse y
estrenar la primera fase.
“Junto a las celdas y espacios residenciales más
dignos, también se habilitarán espacios para que se
desarrollen actividades importantes como parte del
tratamiento que deben seguir los internos privados
de libertad, un espacio sociocultural, deportivo, un
taller productivo”, precisó Gallizo.
“Aunque la cárcel esté instalada en una isla no
demasiado grande,
 queremos
que tenga las mismas condiciones que las que están
instaladas en la Península o en cualquier provincia
por importante que sea. Las condiciones de los
internos no pueden variar por el hecho de que viva
en un sitio o en otro”, agregó.
Los trabajos de construcción comenzaron el pasado15
de junio y concluirán al cabo de dos años. Sin
embargo, los internos podrán beneficiarse de las
nuevas instalaciones mucho antes. Según explicó
Gallizo, una vez concluido el traslado de estos, por
su parte, en la segunda fase se acometerá el
derrumbamiento del 70% de las actuales
infraestructuras y el consiguiente levantamiento de
las definitivas.
Será entonces cuando se proceda a derruir la mayor
parte de las antiguas instalaciones, de las que sólo
se aprovechará un 30% para la construcción
definitiva. El resultado final será la unión de
ambos espacios en un solo centro penitenciario con
capacidad para 350 internos, el triple de lo que
ahora puede albergar, con casi 10.000 metros
cuadrados de edificios nuevos y 821,33 metros
cuadrados de edificios reformados.
 Al
finalizar las obras, que costarán 21.338.197,14
euros, el centro contará con cuatro módulos
residenciales, un módulo de aislamiento, un
departamento de ingresos, un módulo de enfermería,
un módulo para mujeres, cuatro patios de recreo y
deportivos, un área deportiva de usos múltiples, un
salón cultural multiusos, cuatro talleres
ocupacionales (uno por módulo), una biblioteca, un
centro educativo y un Centro de Inserción Social (CIS)
para 50 internos de tercer grado. No cabe duda de
que con estas nuevas instalaciones, y teniendo a los
seres queridos cerca, la rehabilitación y posterior
reinserción social de los presos será mucho más
fácil y efectiva.
Hacinamiento
El director insular de la Administración General del
Estado, Marcial Martín, reconoció que el centro fue
construido para dar cabida a 70 presos, aunque ha
habido momentos en los que ha tenido que acoger
hasta 185 internos. Ahora mismo hay 176 personas en
régimen preventivo, tal y como confirmó el director
de la cárcel, Joaquín Herrera.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, que recordó que el presupuesto del
proyecto completo supera los 21 millones de euros,
aseguró que habrá fases en que las nuevas celdas,
bastante mejor preparadas que las primeras que datan
de los años setenta, tendrán que ser compartidas por
dos presos. “Lo ideal y lo que pretendemos con este
proyecto es que al final cada celda tenga una
ocupación individual”, afirmó.
Delincuencia
A pesar del incremento en un 40 por ciento de la
población reclusa en España en los seis últimos
años, Gallizo dejó claro que la inmigración
irregular no es un factor que esté contribuyendo
demasiado a dicho hacinamiento en los centros
canarios. “El tráfico de drogas y su consumo son una
de las principales causas de ingreso en prisión,
seguido de los robos con fuerza y otro tipo de
delitos, pero el tráfico ilegal de personas humanas
no constituye un elemento relevante”, aseveró la
representante estatal.
Gallizo anunció igualmente que en Gran Canaria,
donde se están encontrando varios problemas por la
escasez de suelo, el Estado ampliará las
infraestructuras penitenciarias aunque sea por la
“vía de la expropiación”, y dejó claro que el Plan
de Centros ideado por el Estado, con el que se
pretende terminar con ese hacinamiento y que entre
el 60 y el 70 por ciento de los condenados puedan
cumplir condena en centros nuevos, dejará algunas
actuaciones en Fuerteventura. |
17/08/06
| Hace un año y medio
entraba en vigor la Ley Integral contra la Violencia
Doméstica, una de las actuaciones estrella del gobierno
de Zapatero. Desde el principio se convirtió en una ley
polémica por las novedades que incluye entre su
articulado y que suponen, entre otras cosas,
modificaciones a corto y medio plazo en beneficio de las
maltratadas. Pero también el maltratador, como es
lógico, juega un papel importante dentro de esta
normativa. |
Así,
entre el articulado se recoge que quien maltrata y
haya sido condenado por ello ha de someterse a unos
cursos de rehabilitación. Para quienes la condena es
mayor a dos años y no les queda otra que ir a
prisión, dichos cursos se imparten dentro de la
cárcel, aunque esta es una práctica que se lleva a
cabo desde hace muchos años. La novedad está en los
casos de maltratadores condenados a menos de dos
años de prisión. Éstos, al igual que los acusados
por cualquier otro delito y condenados a menos de
dos años, pueden librarse de la cárcel si cumplen
una serie de requisitos.
Requisitos tales, en el caso de los maltratadores,
como el alejamiento de la víctima entre dos y cinco
años, la prohibición de salir de su zona de
movimiento habitual o de cambiar de domicilio, así
como no tener antecedentes penales o no cometer
ningún delito durante ese tiempo. Si esto es así, el
juez puede decretar su puesta en libertad. Ahora
bien, la nueva Ley integral establece que además, en
ese tiempo se sometan a un curso de rehabilitación,
impartido por los servicios sociales penitenciarios
pero en la calle, fuera de prisión.
Esta medida no se lleva aplicando desde hace un año
y medio exactamente, ha tardado más tiempo en
implantarse y sobre todo en que los titulares de los
juzgados la conociesen y la recogiesen en su
sentencia. En el caso de Jaén, el Juzgado Penal
número 3 fue el primero en hacerlo y desde que
comenzó lo hace por sistema. Y en los juzgados 1 y
2, han tardado más tiempo en recoger el tratamiento
rehabilitador en sus sentencias pero desde hace un
tiempo también lo hacen.
Y es que Jaén es pionera en la realización de este
tipo de cursos. Así lo cuenta Francisco Gonzalo R.,
psicólogo de Instituciones Penitenciarias en Jaén,
que asegura que a día de hoy en Andalucía los cursos
para maltratadores se imparten también en Málaga y
en Granada están a punto de hacerlo. Respecto al
resto de España, 'Jaén es pionera porque es una de
las pocas ciudades en las que trabaja un psicólogo
para Instituciones Penitenciarias, que es la persona
encargada de esta formación rehabilitadora'.
De esta forma, por las manos del psicólogo y de los
asistentes sociales de Jaén pasan los expedientes
remitidos por los juzgados para la ejecución de
penas alternativas a la prisión. Expedientes que se
han multiplicado en solo un año, pasando de ser 44
en 2005 a 111 en lo que va de año, si se trata de
cumplir la suspensión condicional de la pena. Aunque
este año también ha habido 122 condenados a trabajos
en beneficio de la comunidad, 7 condenados a medidas
de seguridad y 190 penas de localización permanente.
Los servicios sociales cotejan esos expedientes y
uno a uno trabajan con todos los condenados a través
de un largo proceso que puede llegar a prolongarse
incluso durante dos años. Lo primero es una
evaluación individual y de intervención social y
psicológica. Es lo que se conoce como Plan
Individual de Intervención y Seguimiento. En esta
fase, en función de los problemas que tenga el
condenado, se pueden incluir también tratamientos
con recursos externos a los Servicios Sociales de
Instituciones Penitenciarias.
No es raro que el acusado sufra problemas de
adicción al alcohol o a cualquier droga e incluso
algún trastorno mental. En estos casos y en función
de la problemática, la persona condenada iniciará
también un tratamiento en el centro de
drogodependencias o en cualquier otro que sirva de
ayuda a su problema.
Tras esta intervención, acompañada de la
psicológica, comienza el tratamiento en forma de
psicoterapia de grupo, que suele prolongarse durante
unos cuatro meses aproximadamente. Y una vez
concluido el programa, se trabaja con los
maltratadores en un estilo de vida positivo y en la
prevención de recaídas en las conductas
problemáticas, además de darles apoyo y orientación
sociofamiliar. También se evalúan los resultados del
tratamiento y las necesidades de intervención no
cubiertas por el programa. |
20/08/06
MADRID.-
Un informe elaborado por la Oficina del Defensor del
Menor de la Comunidad refleja que hay
 62
menores con sus madres en los centros penitenciarios
y 11 en las unidades dependientes.
Las cárceles de la Comunidad de Madrid albergan en
la actualidad a un total de 73 niños que viven en
los módulos de Aranjuez y Soto del Real o en
unidades dependientes de estos dos centros, según
los últimos datos que maneja la Subdirección General
de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Según estas cifras, contenidas en el informe anual
de 2005 elaborado por la Oficina del Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, un total de 62
menores viven junto a sus madres en los centros
penitenciarios de la región, mientras que otros 11
lo hacen en unidades dependientes. Estas unidades
están situadas fuera de la cárcel y generalmente son
gestionadas por asociaciones, lo que favorece el
desarrollo de los menores y les permiten vivir junto
a sus progenitoras mientras éstas cumplen sus penas
de privación de libertad.
La cárcel madrileña en la que viven un mayor número
de menores es la de Aranjuez (Madrid VI), con 33
niños y 31 madres. De ellas, 18 viven en un módulo
habilitado exclusivamente para reclusas con hijos,
mientras que otras 13 lo hacen en el módulo mixto de
la prisión. De los 33 niños que viven en este
centro, 20 reciben atención educativa en la propia
cárcel, mientras que otros siete se desplazan todos
los días hasta Aranjuez para asistir a clase.
A continuación se sitúa la cárcel de Soto del Real
(Madrid V), que alberga a un total de 29 presas que
tienen a otros tantos niños a su cargo, 17 de los
cuales reciben atención educativa. De ellos, sólo
tres salen a diario del centro penitenciario para
recibir su formación en el cercano municipio de
Colmenar Viejo. El resto completa su formación en el
interior de la prisión.
El resto de niños que viven en las cárceles
madrileñas lo hacen en unidades dependientes de
estos dos centros: seis en el centro adscrito a la
cárcel de Aranjuez y otros cinco en el dispositivo
adjunto a Soto del Real.
A este respecto, la Oficina del Defensor del Menor,
que dirige Pedro Núñez Morgades, destaca que el
número de niños residentes en las prisiones
madrileñas es "muy similar al existente en el año
anterior". A pesar de ellos, advierte de que "no
deja de ser un número importante el que se ve
afectado por la pérdida de libertad de sus
progenitoras".
Núñez Morgades propone, en este sentido, "trabajar
sobre la modificación de la legislación
penitenciaria en cuanto a la redefinición de las
unidades dependientes y sobre la creación de los
recursos necesarios en coordinación con otras
administraciones". |
20/08/06
Un
total de 28 presos lograron evadirse la madrugada de
ayer de la prisión belga de Termonde (este de
Flandes), aunque al menos siete de ellos han sido ya
detenidos.
La fuga masiva arrancó cuando dos de los presos,
miembros de una banda de ladrones de Europa del
Este, forzó la puerta de su celda y tomó como
rehenes a varios guardias del presidio, a quienes
arrebataron las llaves para liberar al resto, según
el relato del fiscal de Termonde, Christian du Four.
Ya fuera de sus celdas, los presos lograron alcanzar
el patio interior de la cárcel, y desde allí,
escalar los muros del centro penitenciario para
darse a la fuga.
La policía belga, que emprendió una operación de
búsqueda a gran escala, encontró ya a siete de los
fugados, si bien el fiscal Du Four cree difícil que
pueda detenerse a todos.
Entre los fugados, se encuentran varios miembros de
la misma banda criminal de la que forman parte los
cabecillas de la fuga.
En cualquier caso, no hay constancia de que entre
los evadidos haya condenados por asesinato. La
cárcel de Termonde no suele albergar a presos
condenados a penas de larga duración, según el
fiscal.
El Ministerio de Justicia ha iniciado una
investigación interna para aclarar lo sucedido. Para
el diputado democristiano y antiguo ministro de
Justicia Tony van Parys, la fuga masiva guarda
relación con el deterioro de las instalaciones del
centro penitenciario.
«Hace cinco o seis años, el ex ministro de Justicia
Marc Verwilghen anunció la construcción de una nueva
prisión en Termonde. Pero el proyecto ha sido
retrasado una y otra vez, y mientras tanto, se han
olvidado de hacer las inversiones necesarias para
que la prisión responda a las exigencias modernas»,
declaró Van Parys a la agencia Belga. |
20/08/06
De los 1.079 internos
de la prisión de Ponent, 437 presos son extranjeros, lo
que supera el 40 % de la población penitenciaria de
Lleida. El universo penitenciario de Ponent está
compuesto por 1.023 hombres y 56 mujeres. Del total de
los reclusos, 125 son marroquís, lo que los convierte en
la primera nacionalidad dentro de la cárcel después de
la española. 54 son argelianos y 34 son rumanos.
|
La
población interna en centros penitenciarios en
Catalunya llegó esta semana a los 8.988 reclusos, la
cifra más alta desde la reforma del Código Penal,
según han destacado desde la Secretaria de Serveis
Penitenciaris. El responsable de este organismo,
Albert Batlle, explicó que actualmente más del 35%
de los internos son de origen extranjero, y las
estimaciones de la Secretaria son que en el 2010 la
proporción llegue hasta la mitad de la población
reclusa.
Por centros penitenciarios, la prisión Modelo de
Barcelona es donde hay más población reclusa. Según
datos del 9 de agosto, en este centro penitenciario
había una ocupación de 2.043 reclusos, de los cuales
972 son preventivos, es decir, a la espera de juicio
o condena firme. En Quatre Camins la población
reclusa llega a los 1.791 internos; en Can Brians
cerca de 1.500 personas; y en el centro de jóvenes
de la Trinitat en Barcelona el número de internos
contando régimen abierto y cerrado se queda en 565.
En la prisión de Girona hay 171, de los cuales 82
son preventivos; y en Figueres 206, con 124
preventivos. En el centro de Tarragona hay 383
presos, de los cuales 160 son preventivos.
El secretario de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació y Justícia Juvenil, Albert Batlle, en
declaraciones a la ACN, destacó que la apertura de
equipamientos penitenciarios que se están
construyendo ayudará a dar salida a “esta exigencia
inmediata”, de masificación en las prisiones.
El próximo abril entrará en funcionamiento el centro
de Brians 2 y a partir de aquí “en cadena” el resto
de nuevos equipamientos penitenciarios. En el 2008
lo hará la nueva prisión de Jóvenes y el centro de
Lledoners en El Bages y, entre el 2009 y el 2010,
los centros de Figueres, Tàrrega, el centro de
mujeres de Sant Llorenç d’Hortons y el del Catllar. |
20/08/06
| La salida de prisión
de etarras y los derechos de ex dirigentes de Batasuna
evidencian las discrepancias entre jueces en la
Audiencia Nacional |
Madrid.-
El pasado jueves, los etarras Aitor Lorente y David
Pla dijeron adiós a cinco años de prisión y
abandonaron la cárcel tras cumplir su condena por
facilitar a ETA información sobre posibles objetivos
de atentados. No tardaron demasiado en recoger sus
pertenencias y salir a la calle. Probablemente no
las tenían todas consigo, porque en el último mes
dos magistrados de la Audiencia Nacional, Santiago
Pedraz y Baltasar Garzón, habían mantenido posturas
enfrentadas sobre su excarcelación (prevista para el
pasado 25 de julio), que ha estado durante semanas
pendiente de un hilo. El primero se negó a
procesarles de nuevo como cooperadores necesarios en
el asesinato, en mayo de 2001, del senador del PP
Manuel Giménez Abad, a quien ETA mató en Zaragoza
cuando iba al fútbol con su hijo. El segundo, sin
embargo, impidió días después su excarcelación y
ordenó que se llevaran a cabo diez diligencias para
precisar si la información que pasaron a la banda
terrorista fue determinante para cometer el crimen.
Ambos magistrados interpretaron de forma distinta la
documentación incautada en Francia al etarra Ibon
Fernández de Iradi «Susper» en diciembre de 2003. Lo
que para Pedraz eran datos genéricos y anticuados,
con los cuales «ETA no podría cometer los hechos»,
para Garzón constituía, a priori, información sin la
cual «no se hubiera podido cometer el delito». Por
ahora, se ha impuesto el criterio del primero -los
terroristas ya están en libertad tras cumplir su
condena-, pero los pertinaces recursos de la
Fiscalía pueden dar la vuelta a la tortilla si el
asunto llega finalmente a la Sala de lo Penal o las
diligencias solicitadas por Garzón arrojan
evidencias que aconsejen su encarcelamiento.
Pero éste no ha sido el único caso en los últimos
meses en el que las discrepancias entre magistrados
de la Audiencia Nacional han traspasado las paredes
del tribunal para plasmarse en un papel. Éstos son
algunos de los más sonados: ? De Juana Chaos, con un
pie en la calle. La posible excarcelación del etarra
José Ignacio de Juana Chaos, prevista para el 3 de
agosto del pasado año, levantó un considerable
revuelo. El ex miembro del «comando Madrid»,
condenado a 3.000 años de cárcel por once atentados
en los que murieron 25 personas, estaba a punto de
cumplir su condena tras 18 años en prisión gracias a
los beneficios penitenciarios.
Grande-Marlaska, entonces al frente del Juzgado
Central de Instrucción número 1 de la Audiencia
Nacional, decidió en enero de 2005 procesarle por un
nuevo delito de pertenencia a ETA y por otro de
amenazas terroristas a cuenta de dos artículos
publicados en el diario abertzale «Gara», en los que
amenazaba, presuntamente, a varios funcionarios y
directivos de prisiones. Era su primera resolución
de calado, que quedó en entredicho cuando se hizo
cargo del Juzgado Santiago Pedraz. El nuevo titular
ordenó cerrar el sumario contra De Juana al
argumentar que las opiniones vertidas por el etarra
estaban amparadas por el derecho a la libertad de
expresión.
- La Sala de lo Penal impide la excarcelación. La
Fiscalía recurrió de inmediato y la Sala de lo Penal
enmendó la plana al magistrado el 7 de julio de 2005
y le obligó a procesar al etarra. Sus argumentos:
que existían indicios racionales de criminalidad en
la conducta de De Juana, que vio frenada una
excarcelación que ya acariciaba, motivo por el que
ha emprendido hace unos días una huelga de hambre.
Pedraz se fue de vacaciones unos días después, quizá
con la secreta esperanza de que fuera su sustituto
quien finalmente firmara el auto de procesamiento.
Pero regresó de su periodo estival y el mandamiento
de la Sala de lo Penal seguía sobre la mesa. El
rocambolesco procesamiento se dictó, finalmente, el
9 de agosto de 2005.
- Manifestación abertzale: no, pero... Otra
sustitución, la de Grande-Marlaska por Garzón al
frente del Juzgado de Instrucción número 5, también
ha dejado en las últimas semanas sensibles cambios
de parecer. Nada más reincorporarse al cargo, Garzón
resolvió un recurso contra una decisión de Grande-Marlaska,
que había proohibido una manifestación convocada por
el sindicato LAB para el pasado 18 de junio en
Pamplona porque entendía que detrás estaba el
entorno de Batasuna.
Garzón desestimó el recurso interpuesto por los
abogados batasunos, pero el auto deslizaba frases
que vislumbraban un cambio de rumbo. Tras asumir la
valoración de su antecesor, Garzón recalcaba que en
adelante debería «tenerse muy en cuenta» que la
suspensión de actividades que pesa sobre Batasuna no
debe interpretarse de forma «extensiva» a personas
que no están procesadas en la causa ni actúan en
nombre de esa formación, sino «por sí mismos o en
nombre y representación de otras entidades». «El
hecho de ser militante de Batasuna no significa que
no pueda desarrollar sus derechos civiles y
políticos», razonó. Tampoco se aplicaría, hizo
hincapié, a quienes «se adhieran a una determinada
iniciativa de otros».
- La conferencia que Otegi sí debió pronunciar. Con
esos mismos argumentos, Garzón autorizó el pasado 12
de agosto una manifestación abertzale que
previamente había impedido al considerar que
Batasuna estaba detrás de la protesta. En ese mismo
auto, el magistrado revocó la decisión de Grande-Marlaska
de prohibir, el pasado 23 de junio, una conferencia
que Arnaldo Otegi tenía previsto pronunciar en
Barcelona porque el portavoz batasuno no iba a
ejercer sus derechos civiles y políticos, «sino que
se constituye en altavoz del frente
político-institucional de la organización
terrorista».
Muy al contrario, Garzón estimó que la
interpretación de Grande-Marlaska era extensiva y
que debería haberse esperado «al análisis del
contenido de la conferencia visto que no puede
extenderse la prohibición hasta el punto de impedir
la palabra a quien no tiene suspendidos sus derechos
civiles y políticos». Tirando de galones y quizá
contagiado de su año y medio de docencia en Nueva
York, Garzón «recordaba» que «es un principio básico
de Derecho Penal» que la suspensión de derechos
fundamentales debe ser interpretada en un proceso
penal «con rigor pero restrictivamente». |
21-08-06
Intranquilidad.
Eso es lo que genera entre los empresarios del
polígono Guadalhorce de la capital malagueña la
futura construcción
del Centro de Inserción Social (CIS), que
sustituiría a la prisión de tercer grado que
actualmente se ubica en la Cruz de Humilladero. El
alcalde de la ciudad, vaticina que esto podría dar
lugar a muchos problemas y a la oposición a la
construcción de la cárcel, por lo que convoca a una
reunión a todas las partes afectadas para el próximo
mes de septiembre.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió a
representantes de Instituciones Penitenciarias y de
la entidad pública Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento de Suelo (Sepes) mantener una reunión
el próximo mes de septiembre para tratar de llegar a
un acuerdo definitivo sobre la ubicación en el
polígono Guadalhorce de un Centro de Inserción
Social (CIS), la nueva cárcel de régimen abierto,
proyecto al que hasta ahora se oponen los
empresarios.
De la Torre subrayó la conveniencia de que ese
encuentro no sea sólo entre el Consistorio e
Instituciones Penitenciarias, sino que esté también
Sepes, titular del polígono Guadalhorce y al que, a
través de cartas, el regidor del PP ya planteó que
acometa la mejora de las infraestructuras de esa
zona como mecanismo para que los empresarios accedan
a la construcción del CIS. Sin embargo, como expuso,
todavía no ha tenido respuesta por parte de la
sociedad pública.
A juicio del primer edil malagueño, “si hubiera
voluntad de las partes, el acuerdo se podría cerrar
en muy pocas semanas”, al tiempo que mostró “la
mejor disposición” del Ayuntamiento para alcanzar
una solución.
El regidor destacó la necesidad de conseguir “una
buena aceptación por parte de los empresarios del
polígono Guadalhorce, que hasta el momento han
tenido una postura de cierto rechazo” al CIS, cuyo
proyecto envió la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para su estudio al Ayuntamiento a
finales de marzo.
De todos modos, el alcalde de precisó que también
los empresarios “han de tener una postura de
entender que ese centro no va a causar perjuicio ni
a la imagen del polígono ni a la imagen de sus
empresas”. El polígono Guadalhorce presenta
numerosas deficiencias, por lo que ningún Gobierno
municipal ha querido recepcionarlo.
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga e
Instituciones Penitenciarias supondría la permuta
del suelo donde se ubica la prisión de Cruz de
Humilladero, utilizada para los presos de tercer
grado, y una parcela de 11.000 metros cuadrados en
el polígono Guadalhorce, en la que se construiría la
cárcel para régimen abierto. |
21-08-06
|
En la prisión llanerense hay
diez reclusos de ETA y uno de los GRAPO sometidos a un
régimen de vigilancia especial |
Los
presos son atentamente vigilados por los
funcionarios de prisiones, pero existe un colectivo
que, más que vigilado, está bajo un
control permanente debido a su potencial
peligrosidad. Estos reclusos son los llamados FIES:
su historial delictivo forma parte del Fichero de
Internos de Especial Seguimiento, que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias acaba de
modificar para «adaptarlo» debido a «la evolución de
la criminalidad en nuestro país».
De los reclusos que cumplen condena en la cárcel
asturiana de Villabona, en Llanera, un total de
1.408 según los últimos datos facilitados por
Instituciones Penitenciarias, los nombres de 27
figuran en tres de las cinco categorías del fichero.
El FIES es una base de datos que fue creada ante la
necesidad de disponer de más información sobre los
grupos de internos de alta peligrosidad, en atención
a la gravedad de su historial delictivo o a su
trayectoria penitenciaria. También incluye los
nombres de los reclusos necesitados de alguna
protección especial dentro del recinto
penitenciario.
Desde su creación, en 1991, el fichero ha estado
rodeado por la polémica, ya que muchos de los
internos de las prisiones españolas denunciaron su
ilegalidad al considerar que se trata de un
mecanismo de control que vulnera los derechos de los
presos que el Estado considera peligrosos.
Según Instituciones Penitenciarias, una de las
funciones de la Administración es «la protección de
los bienes jurídicos esenciales se todos los
ciudadanos» o seguridad pública. Para ello,
aseguran, «es necesario un seguimiento especial de
internos pertenecientes a bandas terroristas o
vinculados al crimen organizado». También de
aquéllos que, «por sus conductas o actitudes
fanáticas y violentas», pudieran organizar células
terroristas dentro de las prisiones o ser un peligro
para los funcionarios de las cárceles españolas.
Sin embargo, las categorías iniciales que hasta
ahora conformaban el FIES quedaron obsoletas hace
tiempo, por lo que la directora de prisiones,
Mercedes Gallizo, ordenó su actualización. Así, se
han caído del fichero las categorías de
narcotraficantes, que han sido incluidos en el
fichero dedicado a la delincuencia organizada, y los
insumisos, eliminados porque este delito ya no
existe.
Tras las modificaciones ahora introducidas, el
fichero se divide en cinco categorías o colectivos
FIES, dependiendo de los delitos cometidos, la
repercusión social de los mismos, la pertenencia a
alguna banda organizada o la peligrosidad de los
presos:
l FIES-1 CD o Control Directo: Esta categoría
incluye a aquellos presos especialmente conflictivos
y peligrosos, protagonistas o inductores de
altercados muy graves que hayan puesto en peligro la
vida o integridad de los funcionarios, autoridades,
de otros internos o de cualquier persona ajena a la
prisión, tanto dentro como fuera. Por ejemplo, en
algún traslado al exterior del centro penitenciario.
En la prisión de Villabona hay cinco reclusos
catalogados dentro de este grupo.
l FIES-2 DO o Delincuencia Organizada: Destinado a
aquellos internos condenados por cometer delitos
dentro de grupos u organizaciones delictivas
vinculadas al narcotráfico, al blanqueo de dinero o
al tráfico de personas. Diez presos de Villabona
están incluidos en este fichero, la mayoría
condenados por delitos relacionados con el
narcotráfico.
l FIES-3 BA o Banda Armada: Los presos clasificados
en este grupo están vinculados a bandas armadas o a
elementos terroristas. Además, este fichero incluye
a aquéllos que colaboran o apoyan a estos grupos.
Según fuentes del penal asturiano, actualmente
cumplen condena en Villabona diez miembros de la
banda terrorista ETA y uno relacionado con los
GRAPO.
l FIES-4 FS o Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de
Instituciones Penitenciarias: Este fichero está
creado para proteger de los otros presos a aquellos
funcionarios que han sido condenados.
l FIES-5 CE o Características Especiales: Este
último apartado, muy heterogéneo, incluye diversos
grupos de internos que, por sus características
criminológicas o penitenciarias, precisan de un
especial seguimiento. Además de los internos
especialmente conflictivos dentro del penal o
aquellos autores de delitos muy graves que han
generado gran alarma social, en este fichero están
catalogados los internos que, sin estar procesados o
condenados por terrorismo islamista, destacan por su
fanatismo radical y por liderar grupos de captación
en el centro penitenciario.
Uno de los mayores riesgos que corren los presos en
cualquier prisión es su posible captación como
candidatos a terrorista. Jamal Ahmidan, alias «el
Chino», uno de los supuestos autores de la matanza
del 11-M en Madrid, que se suicidó posteriormente en
Leganés, se radicalizó en la cárcel marroquí en la
que fue internado por un asesinato sin tintes
terroristas. |
22/08/06
La
prisión provincial de Albolote es el centro
penitenciario de Andalucía que contó con el mayor
número de reclusos de la comunidad de enero a agosto
de 2006, con 1.754 internos de media, según datos de
Instituciones Penitenciarias.
Por sexos, las instalaciones de Albolote tuvieron de
enero a agosto de este año una media de 1.593
reclusos y 147 internas, frente a los 1.426 presos y
153 presas del mismo período de 2005.
La mayoría de los presos de la cárcel provincial
granadina, un 79 por ciento, se encontraban en el
periodo analizado en situación de Segundo Grado,
mientras que un diez por ciento cumplía Tercer Grado
y un ocho por ciento estaba sin clasificar.
13.377 presos de media en Andalucía
En total, las seis cárceles de Andalucía tuvieron
desde enero a agosto de 2006 una media de 13.377
presos, situándose por detrás de la granadina la de
Córdoba y Sevilla con 1.738 y 1.726 presos,
respectivamente.
A principios de agosto todos los centros de la
comunidad superaban los 1.700 internos, aunque en el
acumulado, que recoge datos de enero a la
actualidad, tres centros, los de Algeciras (Cádiz),
Huelva y Málaga si situaron por debajo de esta
cifra, al contar con 1.631, 1.675 y 1.693 de media.
En el conjunto de la comunidad, los seis centros
aumentaron progresivamente su población reclusa
pasando de 12.881 presos a principios de enero a los
13.762 con los que contaban en agosto.
Por prisiones, desde principios de año a la
actualidad, las poblaciones internas pasaron en
Albolote de 1.691 a 1.764, en Algeciras de 1.576 a
1.713, en Córdoba de 1.705 a 1.758, en Huelva de
1.649 a 1.784, en Málaga de 1.555 a 1.773 y en
Sevilla de 1.650 a 1.722. |
22/08/06
La
exposición El retrato español en el Prado ,
programada en Salamanca por la Obra Social de Caja
Duero, ha recibido 50.200 visitantes desde que abrió
sus puertas al público el pasado 22 de junio,
informaron ayer fuentes de la entidad financiera. La
muestra incluía obras de los grandes genios de la
pintura española, con cuadros de Velázquez, Goya, El
Greco, Murillo o Tiziano, entre otros. La magia del
retrato ha podido verse así en Salamanca a través de
63 obras de 36 destacados pintores, que pertenecen a
las colecciones de la primera pinacoteca española,
en su decisión de acercarse a diversas ciudades
mediante el programa denominado Prado itinerante .
De forma paralela, se ha desarrollado el ciclo de
conferencias El Prado fuera del Prado con el
objetivo de dar a conocer las obras y divulgar
diversos aspectos relacionados con el retrato
español en aquellas ciudades y localidades donde no
se celebra la muestra.
Las charlas se han impartido en veintitrés centros,
entre los que destaca el Centro Penitenciario de
Topas y el Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Salamanca, así como en
salones de actos de Caja Duero, y diversas
asociaciones y ayuntamientos. |
22/08/06
Córdoba.
Los seis centros penitenciarios con los que cuenta
Andalucía tuvieron desde enero a ag osto
de 2006 una media de 13.377 presos, mientras que los
de Albolote (Granada), Córdoba y Sevilla, con 1.754,
1.738 y 1.726 presos, respectivamente, fueron los
que más internos acogieron de media.
Según los datos de Instituciones Penitenciarias, a
principios de agosto todos los centros de la
comunidad superaban los 1.700 internos, aunque en el
acumulado, que recoge datos de enero a la
actualidad, tres centros, los de Algeciras (Cádiz),
Huelva y Málaga, se situaron por debajo de esta
cifra, al contar con 1.631, 1.675 y 1.693 de media.
En el conjunto de la comunidad, los seis centros
aumentaron progresivamente su población reclusa
pasando de 12.881 presos a principios de enero a los
13.762 con los que contaban en agosto.
Por prisiones, desde principios de año a la
actualidad, las poblaciones internas pasaron en
Albolote de 1.691 a 1.764, en Algeciras de 1.576 a
1.713, en Córdoba de 1.705 a 1.758, en Huelva de
1.649 a 1.784, en Málaga de 1.555 a 1.773 y en
Sevilla de 1.650 a 1.722. |
22/08/06
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
concedido el tercer grado penitenciario al ex
secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera,
quien se encontraba ingresado en la cárcel de
Segovia, según informaron a Europa Press fuentes
penitenciarias.
Rafael Vera se encontraba ya en un régimen especial
por el que se le autorizaba a salir de prisión seis
días a la semana y tenía que dormir una noche en el
centro penitenciario. El interno tenía un sistema
telemático de seguimiento.
Sin embargo, solicitó que le fuera concedido el
tercer grado penitenciario y la Junta de Tratamiento
de la prisión de Segovia elevó la petición, con
informe favorable, a la Dirección General de
Prisiones en la primera semana de agosto. El propio
Rafael Vera confirmó a Europa Press que hace ya dos
semanas, el día 10 de agosto, la Dirección General
de Prisiones le concedió el tercer grado.
La decisión ha sido comunicada al Juzgado de
Vigilancia Penitenciara de Valladolid, del que
depende la prisión de Segovia. Ahora no tendrá que
acudir al centro penitenciario a dormir ninguna
noche.
Rafael Vera ingresó en la cárcel de Segovia en
febrero de 2005 y en atención a problemas
psicológicos causados por el internamiento, le fue
concedido un régimen penitenciario más blando con
salidas de varios días. |
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