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 Nuevo
episodio de tensión en la cárcel de Picassent. El
escenario, el módulo 19 de Preventivos de la cárcel
de Picassent, donde se encuentran ingresados
internos considerados muy peligrosos. El
protagonista, un preso que ya había sido autor de
“diversos hechos violentos” en otras prisiones de
España, según la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).
La alarma se desató hacia las 13.45 horas, cuando el
recluso C. D. G prendió fuego a una papelera en el
interior de su celda y causó una densa humareda.
Los funcionarios que se encontraban de servicio a
cargo del citado módulo acudieron de inmediato a la
celda. Al llegar, observaron al interno tumbado en
el suelo. Para evitar que el humo pudiera causarle
una intoxicación, los trabajadores de Picassent
empezaron a tratar de evacuar al preso de su celda.
Repentinamente, el recluso sorprendió a los
funcionarios al revolverse y comenzó a pegarles
“patadas y puñetazos”, según Acaip. Pero no
fue este el punto álgido de su ataque. Armado con
“un cepillo de dientes afilado al que le había
pegado un trozo de cuchilla de afeitar”, el violento
preso empezó a agitar violentamente el objeto ante
los empleados públicos.
La agresión alcanzó a cuatro de los funcionarios.
Uno de ellos sufrió “múltiples cortes en la cara y
en el pecho”, otro varias cuchilladas en el pecho y
dos empleados padecieron golpes y magulladuras por
diferentes partes del cuerpo.
Traslado “inmediato”
No es la primera vez que C. D. G. protagoniza una
agresión de este tipo, puesto que el recluso ya
había herido anteriormente a funcionarios en otras
cárceles de España.
Desde Acaip anunciaron ayer que solicitaran
el “inmediato traslado” del preso a otro centro
penitenciario “que reúna unas características más
adecuadas para albergar a este tipo de internos”.
Desde el sindicato penitenciario denunciaron que la
agresión sufrida por los cuatro funcionarios
demuestra que hay un “importante número de internos
que están inadaptados al régimen de vida normal de
las prisiones”.
Acaip critica abiertamente en su comunicado
que desde los “ambientes progres” de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias se quiera
“eliminar” el régimen de primer grado de
tratamiento, en el que están clasificados “los
presos que son un peligro grave para el resto de
internos y, por supuesto, para los funcionarios”.
Una agresión de gravedad similar a la de ayer se
produjo el pasado mes de octubre. Entonces, otros
cuatro funcionarios de prisiones resultaron heridos
al ser atacados a golpes por un interno que se
negaba a que le pusieran una inyección en la
enfermería del centro penitenciario valenciano |
Uno de los elementos más temidos por los
funcionarios de prisiones son los pinchos que los
internos se fabrican para utilizarlos contra ellos o
contra otros reclusos. La semana pasada, denunció
ACAIP, se recuperaron dos de estas peligrosas
piezas en sólo 48 horas.
La sospecha de los trabajadores es que han sido
elaborados en el taller de abrazaderas metálicas,
una zona de Preventivos usada para la reinserción
laboral de 25 internos.
ACAIP considera que este lugar supone “un
grave riesgo para la seguridad”. “Solamente hay dos
funcionarios de servicio que, además de controlar a
todos los internos, tienen que vigilar el desarrollo
de los trabajos en el taller”, lamentaron.
Material peligroso a su alcance
Lo que más preocupa a los funcionarios es que los
presos tienen en su poder “material peligroso”.
Además, aseguran, “el detector de metales de la
entrada funciona de forma deficiente”.
Otro problema del taller, según ACAIP, es que
no existen “cristales para evitar que se arrojen
objetos desde el interior a las zonas comunes
exteriores”. “El material utilizado para fabricar
las abrazaderas metálicas se puede convertir muy
fácilmente en pinchos y se producen coacciones por
parte de internos que no están en el taller para que
otros realicen los pinchos por encargo”, denunció el
sindicato. Los internos pueden arrojar piezas a
zonas de paso para que luego las recoja otro
recluso.
Los funcionarios critican que la empresa privada que
gestiona el taller carcelario “no ha puesto ningún
monitor que lo supervise”. Los trabajadores de la
prisión han denunciado estos peligros derivados del
taller, pero “no se ha tomado ninguna medida al
respecto”. |
“No habrá cárcel
en la Isleta”. Así de tajante se mostró Carmelo
Cabrera sobre la posibilidad de que finalmente la
nueva institución penal que debe construirse en la
isla ocupe el espacio natural protegido de La
Isleta. El concejal de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda aseguró en declaraciones a este
periódico que el último Plan Territorial Especial de
Instituciones Penitenciarias ya recoge el
emplazamiento definitivo que se ha acordado para la
nueva cárcel que necesita construirse en Gran
Canaria, pero esta ubicación “no va a ser en Las
Palmas de Gran Canaria”, enfatizó el edil, sino en
el sur de la isla.
Padrón aseguró haber seguido personalmente, al igual
que Tere Morales, la confección del nuevo Plan de
Instituciones Penitenciarias, en el que se recoge
claramente la situación definitiva que ocupará el
edificio destinado a aumentar las plazas para presos
en la isla y dijo no tener ninguna duda de que La
Isleta ha sido definitivamente descartada para
albergar su construcción. Tanto el Ministerio de
Interior como el de Medio Ambiente se han
preocupado, según informó el edil, por conseguir
trasladar la cárcel hacia un lugar en el que no se
atente contra un paraje natural protegido y que siga
cumpliendo las características necesarias para
acoger un edificio que tanto Padrón como Tere
Morales consideraron que “es absolutamente necesario
construirlo”.
El lugar elegido definitivamente para la
construcción de la cárcel que tantas polémicas ha
suscitado entre los concejales del anterior gobierno
municipal, ecologistas y ciudadanos, será un terreno
público situado en la zona de Juan Grande, al sur de
Gran Canaria, concretamente entre la Autovía GC-1 y
el litoral sureño.
La edil de Presidencia y portavoz del gobierno
municipal en el Ayuntamiento capitalino, y Carmelo
Padrón destacaron “el alto nivel de hacinamiento”
que sufre la actual cárcel del Salto del Negro, a la
que el concejal de Urbanismo aseguró haberse
acercado en compañía del equipo encargado de
elaborar el Plan Territorial Especial de
Instituciones Penitenciarias, descubriendo las
graves necesidades en las que vivían los presos de
la misma.
Tere Morales lamentó que “muchas familias tengan a
sus presos en la península y tengan que desplazarse
para poderlos ver”, a causa de que no existe un
edificio con las plazas suficientes en la isla para
albergar a los grancanarios que tienen deudas que
pagar con la justicia. Tanto la portavoz del
gobierno como el edil de Urbanismo consideraron “una
vergüenza que esa cárcel aún no esté construida”, ya
que se trata de un asunto “de sensibilidad con los
ciudadanos que tendría que haber estado resuelto
hace mucho tiempo”, enfatizó la edil responsable de
Presidencia y Relaciones Internacionales.
Sin embargo, Felipe Afonso El Jaber, anterior
responsable de Urbanismo en la capital y actual edil
del Partido Popular en la oposición asegura haber
estado trabajando hasta el último momento para
evitar la construcción de la institución en el
Paisaje Protegido de la Isleta y manifiesta que, a
su salida de la corporación municipal, “aún no había
llegado respuesta” a la alegación presentada por su
partido al Plan Territorial que había sido aprobado
en 2005 a nivel nacional por el Gobierno socialista |
El padre Jaime Garralda, fundador de la ONG que
lleva su apellido, denunció hoy que "hay que sacar a
los niños" menores de tres años que viven con sus
madres reclusas en las cárceles españolas "cuanto
antes" porque la permanencia en estos centros
"condiciona toda su personalidad" a futuro y les
acarrea serias "carencias".
En declaraciones a Europa Press, Garralda recordó
que en la actualidad, doscientos niños menores de
tres años viven en las ocho cárceles españolas que
tienen módulos adaptados para la convivencia entre
madres e hijos, lo que resulta perjudicial para los
bebés porque carecen de más estímulo que "el
hormigón y la valla".
"No sé como a la gente no se le cae la cara de
vergüenza al saber que tenemos en esas condiciones a
estos niños, aquí, en España", denunció Garralda,
para quien "es una bestialidad someterles a esa
presión durante los primeros años de su vida" en los
que "se les ve gateando al lado de muros, alambradas
y policías armados como si fueran a escaparse".
Según explicó el sacerdote, los tres primeros años
de vida condicionan, en primer lugar, la percepción
que tiene sobre su madre allí dentro ésta "no
trabaja para el niño; no tiene autoridad porque está
sometida a la funcionaria y su hijo la ve agachar la
cabeza, y no juega lo suficiente con el niño ya que
no están para juegos".
Asimismo, el niño se desarrolla en estos primeros
años sin más estímulo que "la presión de dos mil
personas allí dentro" y los "muros" ya que "no ven
un coche, ni a otra gente, hombres, árboles,
pájaros" etc porque "no hay nada". También
desarrollan carencias afectivas por la falta de
relación con otros parientes distintos de la madre,
explicó Garralda a Europa Press.
Es por este motivo que tiene especial relevancia la
labor de la fundación, que se ocupa de sacar a estos
niños al exterior organizando campamentos de verano,
excursiones y salidas de fin de semana. Además,
apuntó el sacerdote, "hacemos fiestas de cumpleaños
para los niños dentro de la prisión, celebramos las
Navidades, los carnavales y todo lo demás para
normalizar su situación en lo posible".
Sin embargo, lo que hace falta, según el sacerdote,
es la construcción de centros especiales para el
internamiento de las reclusas con hijos, que se
parezcan más "a un hogar normalizado" que a una
cárcel. En este sentido, recordó que la fundación
dispone de "un centro más pequeño" para la acogida
de "las mujeres que tienen un buen comportamiento"
en prisión.
SACAR A LOS NIÑOS.
Estas mujeres reciben autorización por parte de
Instituciones Penitenciarias y pasan a residir en
las instalaciones de la Fundación Garralda-Horizontes
Abiertos. "Ya no es la cárcel, es una vida normal de
familia. La madre trabaja en el centro penitenciario
y el niño va a la guardería. A la vuelta se
encuentran, como en cualquier familia normalizada,
en una casa, con menos gente y un trato humano, sin
la presión de una cárcel gigante con dos mil
personas rodeándole".
"Es cárcel pero en otro hábitat, en un pueblo y de
forma normalizada. Algunas madres tienen mal
comportamiento y no las podemos sacar antes de que
acaben la condena pero cuando salen libres tenemos
un programa de acogida para ellas y sus hijos",
apostilló el sacerdote.
Es este el tipo de proyectos en los que cree la
fundación y que, según informó Garralda, va a poner
en marcha la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias "que ya está construyendo un centro
especial en Madrid donde la madre estará retenida
pero el niño libre". Se trata, en definitiva de
"sacar a todos los niños de la cárcel".
Mientras tanto, la fundación, por decimotercer año
consecutivo, ha puesto en marcha estos días un
campamento de verano para madres reclusas y sus
hijos, que se alojan por un par de semanas en "una
casa muy grande de las Hermanas del Sagrado Corazón
que tiene un jardín enorme con piscina" en la
provincia de Soria, apuntó Garralda.
"Son unos sesenta niños y cuarenta madres además de
unos setenta voluntarios y aquello parece un pueblo
de veraneo: mientras las madres hacen sus cosas los
niños están por allí jugando tranquilamente" y
participando en las actividades formativas y lúdicas
que voluntarios y pedagogos han preparado para
ellos, explicó |
Tres trabajadores de la prisión de Basauri
resultaron heridos el pasado domingo al intentar
reducir a un preso que se amotinó, según desveló
ayer el sindicato ACAIP, mayoritario en las
prisiones españolas. El incidente se produjo a
última hora de la tarde, cuando el detenido esperaba
«en la sala de televisión», para ser trasladado a su
celda, relató un funcionario. Entonces, el interno
hizo una barricada «con todo lo que encontró a mano,
sillas, mesas...» y acto seguido «prendió fuego a
unos libros». El humo impidió a los trabajadores ver
lo que se les venía encima. «Les lanzó todo lo que
tenía a su alcance. Estaba fuera de sí», recordaba
ayer un portavoz de ACAIP, quien confirmó que
tres guardianes resultaron heridos con cortes y
hematomas y por inhalación de humo.
Fueron necesarias seis personas y media hora para
reducir al preso, que la semana pasada ya había
herido a otro funcionario. Ayer, mientras
Instituciones Penitenciarias reconocía el incidente
y lo calificaba de «menor», el sindicato criticaba
la falta de medios. «El material está obsoleto y no
hay formación para enfrentarse a estas situaciones». |
Una
nueva tanda de presos de la
cárcel de Botafuegos fue
trasladada ayer al nuevo penal
de Puerto III, situado en el
Puerto de Santa María. Se trata
del tercer desplazamiento en los
últimos días cuyo objetivo es
descargar el número de internos
del edificio penitenciario de
Algeciras, por encima de su
capacidad. Fuentes de
Botafuegos informaron que ayer
marcharon 25 internos y que
durante la pasada semana fueron
dos remesas de 28 los que
partieron en diferentes días.
Hay previsto otro nuevo
movimiento de más de veinte
personas en las próximas
jornadas.
De esta manera, la prisión
algecireña va a estar por debajo
de los 1.800 presos, aunque el
número ideal sería sobre los
1.600. Ha llegado a estar cerca
de los 1.900, un número bastante
por encima de sus posibilidades,
aunque en la media de casi todos
los centros, en el que sobran
habitantes.
Los trasladados han sido
seleccionados teniendo en cuenta
la cercanía de la residencia de
los presos, de la ubicación de
su familia y que ellos mismos lo
hubieran solicitado. Fue la
dirección general de Prisiones
en Madrid la que elegió los
nombres de los trasladados. Se
produjeron muchas solicitudes
|
Tras las prisiones madrileñas de Soto del Real,
Aranjuez, Alcalá, Navacarnero y Valdemoro, la
provincia de Cádiz concentra, hoy por hoy, el mayor
número de presos que cumplen condena por su
pertenencia a la banda armada ETA. Al menos, según
las cifras del mes pasado que contabiliza Exerat,
una organización que pretende atender a dichos
reclusos desde el País Vasco, hay 600 internos
relacionados con dicha formación violenta,
repartidos por 82 prisiones de España y Francia,
pero también de Inglaterra y Canadá. Sólo 19 de
ellos se encontrarían recluidos en centros
penitenciarios del País Vasco.
En el caso de Cádiz, 21 de entre todos ellos,
radican en El Puerto de Santa María y otros 12, en
Algeciras. Precisamente, en esta última macrocárcel
cumplió la última parte de su condena por múltiples
asesinatos el etarra Iñaki de Juana Chaos, antes de
que se le mantuviera el auto de prisión hasta su
posterior y controvertida condena por amenazas:
«Ciertos medios de comunicación atizaron el fuego»,
afirma Txema Montero, quien ayer sábado pronunció
una conferencia en los cursos que la Universidad de
Cádiz organiza en San Roque. «Casos como el de De
Juana nunca fueron tratados con la virulencia
mostrada por algunos medios españoles. Alemania,
Italia, Francia y el Reino Hunido han puesto en
libertad a terroristas condenados a cadena perpetua
o largas penas (Moehaupt, Faranda, Bidart y el
carnicero de Belfast) con irritación contenida de
los medios de prensa más recalcitrantes pero sin el
tremendismo local. Solamente en Turquía podemos
encontrar un paralelismo con lo aquí acontecido.
Estuve como observador de la Unión Internacional de
Abogados para asistir al proceso de Ocalan, líder
del PKK. Cuando dio comienzo la vista la mayoría de
los medios coincidieron en el mismo titular, Día del
ajuste de cuentas».
Montero recordó, eso sí, que Iñaki de Juana Chaos
volvió a prisión tras haber recibido tratamiento
hospitalario para cumplir la condena de tres años
por dos escritos en los que el Tribunal Supremo
encontró evidencias de amenazas: «Si alguna vez se
vuelve a negociar con ETA, habrá que comenzar la
negociación por el final y no por el principio. Esto
es, tendrán que entregar las armas primero, porque
ya nadie se fía de que no vuelvan a utilizarlas»,
vino a decir Montero. Abogado, llegó a ser
eurodiputado de Herri Batasuna hasta que importantes
diferencias con la izquierda abertzale así como sus
críticas a la actuación de ETA a partir del atentado
de Hipercor, llevaron a su expulsión por parte de la
coalición: «Ese es un mundo en el que pesa también
mucho la trama social -explicó-. Hubo quien me dijo
que pensaba como yo pero que no se atrevía a decir y
hacer lo mismo porque con quién iban a poder cenar
el viernes». Dos días antes y en ese mismo
escenario, lo había dicho Julio Anguita, ex
coordinador general de Izquierda Unida: «Si el
Gobierno acercara los presos al País Vasco acabaría
con uno de los principales focos de
retroalimentación del entorno etarra». En el penal
portuense se encuentra destinado Josu
Uribertxeberría Bolinaga, llevado sin embargo a
Langraitz por su delicado estado de salud, tras que
le fuera extirpado el riñón izquierdo como
consecuencia de un carcinoma que le obliga a
controles urológicos de por vida.
En mayo de 2006, cuando no existían grandes dudas en
torno al llamado proceso de paz hoy definitivamente
roto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
procedió al acercamiento de seis presos de ETA a
cárceles más cercanas al País Vasco. Tres de ellos,
cumplían condena en la provincia gaditana: se
trataba de Iñaki Rekarte, que pasó a Salamanca,
Ziortza Fernández, quien fue enviada de Puerto II a
Valladolid e Idoia López de Riaño, la célebre
Trigresa, que fue llevada desde esa misma prisión
portuense a la de Badajoz.
¿Por qué este afán de confinar a los etarras en la
provincia gaditana? Quizá las especiales medidas de
seguridad de dichos centros penitenciarios les
conviertan en el lugar idóneo para encarcelarles sin
demasiado riesgo de fuga. Pero también la distancia
que media entre Cádiz y Euskadi, prácticamente
antípodas en el mapa de la Península, convierta a
esta provincia en el lugar más lejano al que pueden
llevarles sin tener que cruzar el mar. A fin de
cuentas, Andalucía también se lleva la palma en
cuanto a comunidades autónomas que cuentan con tan
peculiares reos. A los 21 de Cádiz, habría que
sumarles otros 70, repartidos de la siguiente forma:
16 en Almería, 13 en Jaén, otros tantos en Albolote
(Granada), 12 en Huelva, 10 en Córdoba y 6 en
Málaga.
La semana en la que la España democrática volvió a
llorar el asesinato de Miguel Ángel Blanco diez años
después, también vio como la Guardia Civil reforzaba
controles en las carreteras y otros puntos sensibles
del mapa gaditano, en previsión de cualquier acción
terrorista. Teórico de la llamada tercera vía para
encontrar la paz en el País Vasco, Montero forma
parte ahora de la Fundación Sabino Arana, el think
tank del Partido Nacionalista Vasco: «El atentado en
la T-4 de Barajas produjo una sensación de
incredulidad primero y de silencioso reproche contra
ETA sí, pero también contra quienes habían validado
un proceso en condiciones tan inestables. Y
finalmente una amarga sensación al evidenciar los
límites de la política cuando se trata de graves
asuntos como el uso del terror y la ausencia de una
posición común entre quienes lo combaten desde la
democracia». |
El
colectivo de oficiales
sanitarios asistenciales de la
prisión de Botafuegos denuncia a
través de un escrito a la
directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
lo que considera una
discriminación grave de sus
condiciones laborales. El
colectivo explica que en
Botafuegos sólo hay seis
efectivos, de los cuáles uno
está en excedencia y la otra una
reducción de jornada. Este hecho
propicia que dado el elevado
número de internos, los
auxiliares de enfermería tienen
que asumir funciones que no les
corresponden y de especial
responsabilidad como la
supervisión de medicación.
Los sanitarios critican que
actualmente el sistema de
contratación es largo, tedioso y
poco efectivo dado que pasan
meses desde que se produce la
necesidad de cubrir una vacante
hasta que realmente se llega a
cubrir. Además, los contratos
son de un mes.
El Plan de Contratación de
Verano que se aprobó por el MAP
el pasado mes de marzo y cuyas
contrataciones se realizaron en
los distintos centros en tiempo
y forma, a algunos centros no ha
llegado, según alertan los
sanitarios en el escrito enviado
a Gallizo.
En cuanto a la formación son
excluidos de muchos cursos
convocados para médicos y
enfermeros, asimismo llevan
varios años sin concurso de
traslados, ni oposiciones, se
les deniegan los traslados
provisionales y se ha perdido la
esperanza de poder ingresar en
el Sistema Andaluz de Salud, ya
que de la transferencia en
materia sanitaria nada se ha
vuelto a saber.
"Este colectivo se siente
ninguneado por la administración
penitenciaria que usted dirige,
Pudiendo observar como en otros
colectivos basándose en la
implantación de programas se
realizan contrataciones
importantes en número y con la
máxima celeridad", reza el
escrito.
Los sanitarios recuerdan la
creación reciente del Centro
Penitenciario Puerto III en el
cual ha sido aprobado en su
relación de puestos de trabajo
18 efectivos. Los trabajadores
de Botafuegos dicen alegrarse
conocedores de las necesidades
que presentan los centros tipo
con 15 módulos residenciales,
ingresos y enfermería. En esta
ocasión los sanitarios sí creen
que Instituciones Penitenciarias
ha reconocido la realidad.
Pero el colectivo tacha de
incongruente que se hayan
realizado todas las
contrataciones en Puerto III a
pesar de que su ocupación
actualmente no supere los 150
internos y en el resto de
centros penitenciarios con una
dotación tres veces menor, no se
cubran las necesidades más
primarias a pesar de encontrarse
masificados.
Por todo ello, los
profesionales sanitarios de
Botafuegos afirman sentirse
gravemente lesionados en sus
derechos como trabajadores y
solicitan a Gallizo que tome las
medidas oportunas para evitar
que estas situaciones se
produzcan y todos puedan tener
la igualdad plena de derechos
que reconoce la Constitución
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Topas extrema la seguridad ante el temor de ser objetivo de
ETA |
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15-07-07 |
| La Guardia Civil activa un
dispositivo de control en el penal Detonante. A finales de
semana llegó un paquete extraño a nombre de un funcionario
del penal salmantino que, por su contenido, se sospecha que
provenía de la banda terrorista
El penal salmantino de Topas ha extremado sus medidas
de seguridad por el temor a ser objetivo de la banda
terrorista ETA después de la llegada de un paquete
sospechoso a nombre de uno de los funcionarios de la cárcel,
según aseguraron a TRIBUNA fuentes cercanas a la prisión. El
paquete fue entregado en Topas al funcionario destinatario
del mismo que al observar el contenido, que no ha
trascendido hasta el momento, alertó a las autoridades de la
prisión ante la sospecha de que podría haber sido enviado
por miembros de ETA. |
Al día siguiente de la llegada de este correo,
efectivos de la Guardia Civil de Salamanca activaron
un fuerte dispositivo de control en la entrada del
penal ya que, además, se da la circunstancia de que
los cerca de quince presos etarras ingresados en
Topas habían tenido numerosas comunicaciones en las
horas de visita del penal con familiares y personas
allegadas en los últimos días, según ha podido saber
este periódico.
Como aseveraron las citadas fuentes, la plantilla
del centro penitenciario de Topas vive estos días
con preocupación ya que no han recibido información
oficial de ningún tipo sobre lo acontecido, que ha
pasado de boca en boca por toda la cárcel.
Además, fuentes consultadas por TRIBUNA aseguran que
algunos de los presos comunes se relacionan con los
internos de ETA y que los primeros conocen a muchos
de los funcionarios de Topas por lo que es fácil que
la información sobre los trabajadores circule; un
temor añadido a la llegada del sospechoso paquete
que estaba a nombre de uno de los trabajadores de la
plantilla.
Asimismo y siempre según las mismas fuentes, los
funcionarios del centro penitenciario salmantino
temen que Salamanca se convierta en objetivo de la
banda terrorista por su repercusión mediática. |
El
número de presos en las cárceles asturianas creció
un 5,28 por ciento en el primer semestre del año,
con 1.478 reclusos en la actualidad, de los que 206
son preventivos.
Según datos del Ministerio del Interior, el número
de presos en las cárceles españolas pasó de 64.021
en diciembre del pasado ejercicio a los 66.073
internos actuales, un incremento del 3,2 por ciento.
Del total de presos, 50.503 son reclusos ya
condenados (el 76,44 por ciento) y 15.570 son
preventivos (el 23,56 por ciento).
El 91,73 por ciento de los internos son hombres
(60.607) y el 8,27 por ciento, mujeres (5.466). El
actual número de presos duplica la cifra de 1990,
cuando las cárceles acogían a una media de 33.035,
cantidad que ha ido aumentando de forma progresiva y
que a partir del año 2002 no ha bajado de los
50.000.
Las cárceles de todas las comunidades registraron
aumentos en su población reclusa, a excepción de
Castilla y León y Galicia. |
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Un preso agrede con puñetazos y patadas a un funcionario de
Alhaurín |
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16/07/07 |
| Al parecer, el interno,
procedente de Guinea Conakri, se negó a entregarle una
gorra. Además de las patadas, le dio un puñetazo en la cara
provocándole una hemorragia nasal, según el sindicato de
prisiones Acaip achacan el incidente a la "masificación, la
falta de personal y el nuevo perfil de los reclusos |
El
sindicato de prisiones Acaip denunció hoy una
nueva agresión a un funcionario de la cárcel de
Alhaurín de la Torre (Málaga), después de que un
trabajador recibiera
ayer un puñetazo
en la cara y varias patadas de un interno que se
negó a seguir sus directrices.
Según un comunicado de Acaip, la agresión se
produjo cuando el funcionario
requirió al
recluso que le entregara una gorra que
portaba ante la sospecha de que pudiera ocultar
algún objeto prohibido, aunque fuentes
penitenciarias precisaron que la causa del
altercado fue la negativa del interno a ducharse.
La víctima fue trasladada
con una
hemorragia nasal al servicio de Urgencias
de la Clínica El Ángel, en la capital malagueña, y
todavía no se ha reincorporado a su puesto de
trabajo.
Por su parte, al interno, de iniciales A.O.D. y
procedente de
Guinea Conakri, no se le
ha impuesto
ninguna medida sancionadora y continúa en
régimen general, después de que un informe
desaconsejara su puesta en régimen de aislamiento.
Acaip achacó esta agresión a la
"masificación, la
falta de personal y el nuevo perfil de los
reclusos", y denunció que la
prisión de Alhaurín de la Torre "cuenta con 1.800
presos cuando está diseñada para 900".
Además, el sindicato añadió que la propia
administración penitenciaria ha cuantificado esta
deficiencia en más de 60 efectivos, lo que, según
Acaip, "redunda en una falta de seguridad para
trabajadores e internos".
En los últimos meses se han producido
dos intentos
frustrados de fuga y varios funcionarios han sido
agredidos por los internos, añadió el
sindicato.
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Funcionarios de Topas piden a sus familias que no abran
cartas |
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Presunto correo desde la banda
terrorista eta
Los trabajadores, preocupados
al seguir sin ser informados oficialmente
Los
funcionarios del penal salmantino de Topas han tomado sus
propias medidas de seguridad cuando todavía no han sido
informados oficialmente del correo enviado a uno de sus
compañeros, misiva sobre la que cae la sospecha de que
provenga de la banda terrorista ETA. Según fuentes
consultadas por este periódico, la plantilla ha dado órdenes
explícitas y a título personal a sus familias para que no
abran ningún paquete o carta, sabiendo desde el día en que
la banda armada rompió la tregua que volvía a ser objetivo
prioritario de ETA; la misma fecha en que los trabajadores
del centro penitenciario comenzaron a llevar a cabo sus
propias precauciones. |
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16-07-07 |
Dichas fuentes aseguraron a TRIBUNA que desde la
llegada del correo acolchado el pasado viernes,
conteniendo recortes del diario vasco Gara con
frases subrayadas y con amenazas, e interceptado
antes de que llegase al domicilio del trabajador, la
Dirección del centro no ha tomado nuevas medidas de
seguridad a nivel interno.
La plantilla sigue cumpliendo escrupulosamente con
los manuales de seguridad de los que dispone y que
recomienda en este tipo de casos, no abrir los
correos sospechosos –como los que presenten bultos o
manchas de aceite– e informar inmediatamente a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como
ocurrió el pasado viernes con el dispositivo de
control activado por la Guardia Civil en el penal de
Topas.
La dirección mantiene la calma
Por su parte, la directora del centro penitenciario
salmantino, Ana Soledad Acosta, en declaraciones a
TRIBUNA, aseguró que la dirección está «a la espera»
de que finalice la investigación policial, que
continúa abierta, y reveló que la Policía tiene
dudas sobre la autoría de ETA. Acosta aseguró que en
Topas se lleva una «marcha normal, como el nivel de
funcionamiento» y que los Cuerpos de Seguridad han
recomendado a la prisión que «sigamos trabajando
tranquilos, sin dar excesiva importancia a lo
ocurrido pero sin quitársela» hasta conocer las
conclusiones de la investigación.
Además, la directora de Topas afirmó a este
periódico que dentro de la prisión se está
«acompañando al compañero» en este difícil momento,
después de recibir tal susto a su nombre. |
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La dirección de Topas pide calma a los funcionarios sin
bajar la guardia |
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17-07-07 |
| La directora se reúne hoy con
los sindicatos para analizar la amenaza terrorista de ETA
Tranquilidad. Esa es la petición que desde la dirección
del centro penitenciario de Topas se ha traslado en las
últimas horas a los trabajadores de la prisión tras la
llegada el pasado viernes de un correo acolchado remitido a
un funcionario que contenía recortes del periódico ‘Gara’
con frases subrayadas y amenazas. |
La directora de la prisión, Ana Soledad Acosta,
convocó ayer a los sindicatos con presencia entre el
personal de la prisión a una reunión de carácter
informativo que se celebrará en la mañana de hoy.
Fuentes de la dirección de Topas revelaron ayer a
TRIBUNA que esa «llamada a la tranquilidad» a la que
se está aconsejando a los trabajadores de Topas y a
sus familiares se repetirá hoy en la charla entre
Acosta y los representantes sindicales. Desde que
ETA rompiera oficialmente la tregua a las 00.00
horas del pasado 6 de junio con un comunicado
remitido a los diarios ‘Gara’ y ‘Berria’, las
medidas de seguridad se han reforzado en todas las
prisiones españolas en las que se encuentran
recluidos miembros de la banda terrorista por
recomendación de Instituciones Penitenciarias y del
ministerio de Interior.
Alerta de Rubalcaba
Asimismo, se ha aconsejado a los funcionarios que
extremen su seguridad y la de sus familiares ante el
riesgo real de atentado «al tratarse de un objetivo
histórico de los terroristas», apuntan fuentes de la
dirección del penal. El ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, sostenía ayer que pese a
las últimas detenciones de etarras en Francia y
Santander, que han evitado atentados inminentes en
la capital cántabra y Navarra coincidiendo con la
celebración la pasada semana del Debate del Estado
de la Nación, «ETA lo va a seguir
intentando».
La directora del penal de Topas subrayaba el lunes
en declaraciones a este diario que se mantienen «a
la espera» de que concluya la investigación policial
que determine la veracidad de la carta y de las
amenazas lanzadas en la misma. «Estamos trabajando
tranquilos, sin dar excesiva importancia a lo
ocurrido, pero también sin quitársela». Los
sindicatos han criticado «que la gente se esté
enterando de lo que está pasando por los medios» y
reclamarán hoy a Acosta una «información de carácter
oficial, que nos digan todo lo que
sepan». De momento, los propios funcionarios han
reaccionado ordenando a sus familiares no abrir
ninguna carta sospechosa |
Los
trabajadores de la
prisión salmantina
de Topas continúan
in- mersos en un
clima de
intranquilidad
después de la
recepción el pasado
viernes por parte de
uno de los
funcionarios en su
domicilio particular
de una carta que
incluía amenazas
supuestamente
procedentes de la
banda terrorista
ETA. Aunque el envío
continúa siendo
investigado por las
fuerzas de
seguridad, los
trabajadores
denuncian una «muy
mala gestión» del
caso por parte de la
dirección del centro
penitenciario y
aseguran que
desempeñan su
trabajo «en medio de
una total falta de
información».
Esta situación
provocó que la
directora del
centro, Ana María
Acosta, acompañada
del director de
Seguridad de la
prisión, convocara
ayer por la mañana
una reunión urgente
con los
representantes
sindicales de los
trabajadores para
analizar el
escenario surgido a
raíz de la difusión
del envío de la
amenaza por parte de
ETA.
Alfonso Martínez,
representante del
sindicato de
prisiones Acaip
en la reunión,
señaló que «nuestra
sensación del
encuentro no ha sido
nada buena, aquí
continúa habiendo
dos visiones
opuestas del
problema» y acusó a
la dirección del
centro de estar
«únicamente
preocupada de la
imagen que se
transmite al
exterior en vez de
garantizar una
información
suficiente a los
trabajadores,
nuestra seguridad
debería ser lo
primero».
Martínez señaló que
el hecho de que el
trabajador de Topas
recibiera en su
domicilio particular
la carta de ETA -un
sobre acolchado que
contenía un conjunto
de recortes del
diario Gara en el
que estaban
subrayados varios
términos
amenazantes, según
ha trascendido- ha
llevado una
«especial inquietud»
a todos los
funcionarios del
centro, ya que «ha
tenido que haber por
alguna parte una
filtración del
nombre y de la
dirección, porque
aquí nunca
trabajamos con
nuestro nombre».
Por su parte, la
directora del centro
calificó de «lógica»
la sensación de
intranquilidad de
los trabajadores.
Ana María Acosta
declaró que las
fuerzas de seguridad
continúan
investigando la
autenticidad de la
carta amenazante
recibida por el
funcionario y señaló
que «no hay nada
confirmado, por el
momento no sabemos a
ciencia cierta si el
documento procede
efectivamente de
ETA, debemos dejar
trabajar a los
investigadores».
La directora del
centro aseguró por
otra parte que no se
había considerado
transmitir hasta
ayer nuevos datos a
la plantilla, ya que
los funcionarios
«fueron informados
de las pautas y
protocolos de
seguridad que debían
ponerse en marcha
tras la ruptura del
alto el fuego por
parte de ETA».
Acosta aseguró que
«continuamos
trabajando con las
mismas directrices
desde el alto el
fuego, con el
protocolo de
seguridad
lamentablemente
habitual en estos
casos».
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La prisión provincial de Albolote fue ayer escenario
de una nueva agresión de un trabajador a manos de un
recluso. En esta ocasión, el ataque tuvo tintes de
tragedia. Pero terminó con la víctima en la
enfermería y recuperándose.
Tuvo lugar a las nueve de la mañana. Según la
denuncia formulada públicamente por el sindicato
mayoritario en el sector, Agrupación de Cuerpos de
la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip),
un trabajador-monitor de la lavandería se dirigía
acompañado de las internas que desempeñas tareas en
estas dependencias cuando se cruzaron con un
recluso.
Este, identificado con las iniciales de F. M. C., se
dirigía a su vez a comenzar su tarea diaria asignada
en la cafetería del módulo tres.
Al ver al grupo de reclusas, el preso comenzó a
increpar a una de ellas. Era su esposa. «Al parecer,
no quería que trabajase en la lavandería», advierte
el citado sindicato en un comunicado remitido ayer a
IDEAL.
El trabajador, ante la escena violenta, «se
interpuso para media en la discusión y sin mediar
palabra, el interno extrajo un abrelatas del
interior de su ropa y se abalanzó al cuello del
trabajador».
El resultado del ataque no fue poco cosa. El
empleado acabó en la enfermería del centro
penitenciario con un corte que requirió 14 puntos de
sutura. DE milagro, indican desde Acaip, la
profundidad del corte no fue suficiente para
provocarle una herida que podría haber resultado
mortal.
En este incidente existe una falta al reglamento de
la prisión, que no es otra que la ausencia de un
funcionario de prisiones que acompañara a la citada
comitiva. «Según las normas internas del servicio,
tienen que ir acompañados de un funcionario
cualificado», denuncia Acaip.
Carencia de personal
Por ello, achacan este suceso a la falta de
personal que padece la prisión granadina. «Lanzamos
un SOS a las autoridades para que de una vez por
todas solucionen el palmario problema de personal,
para evitar sucesos» como el ocurrido en la mañana
de ayer, reclaman. Los responsables de esta
agrupación sindical afirman que existe una «enorme
tensión» entre los trabajadores. «Existe un
incremento indiscriminado de ambiciosos programas de
tratamiento, a lo que hay que sumar la desmesurada
ocupación del centro así como la preocupante falta
de personal», denuncian.
Con estas condiciones, Acaip concluye que, en
la actualidad «es difícil garantizar la integridad
física tanto de los internos de la prisión de
Albolote como de las personas que a diario prestan
su servicio en este centro». |
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19/07/07 |
Consideran que el centro vive
la situación «más crítica» desde su apertura por falta de
personal
El sindicato Acaip señala que la prisión ha alcanzado su
récord histórico, con 1.750 reclusos |
El
sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de
Administración de Instituciones Penitenciarias)
denunció ayer en un comunicado que la cárcel de
Mansilla de las Mulas ha alcanzado su record
histórico de ocupación al albergar en la actualidad
a 1.720 reclusos, lo que implica que el centro
penitenciario vive, según esta organización, «la
situación más crítica desde su apertura».
El colectivo explica que existe un «insoportable
hacinamiento» y recuerda que la capacidad de la
prisión es de 1.008 internos, por lo que hay una
ocupación de un 170 por ciento que, aseguran,
incluso se supera en «días de tránsito». Esta
situación se agrava en el caso de algunos módulos
residenciales, en donde «se llega a superar el 187%
de capacidad», según se denuncia en el comunicado.
Acaip critica que la Relación de Puestos de Trabajo
de la prisión «es incompleta, está sin cubrir en su
totalidad» y lamenta que los 15 funcionarios en
prácticas correspondientes a la Oferta de Empleo
Público del 2006 hayan sido destinados a otros
centros. También se quejan de que ninguno de los 200
funcionarios interinos que la Administración
Penitenciaria contratará el próximo mes de
septiembre vaya a ser destinado a la cárcel leonesa.
En un nota, el sindicato asegura que en muchas
ocasiones «un único funcionario atiende, vigila,
supervisa y en definitiva tiene a su cargo a la
población reclusa de un módulo -hasta 135
internos-». Esta circunstancia supone que
«incidentes habituales en cualquier centro que
albergue a personas privadas de libertad, y en
consecuencia con problemas, pueden convertirse en un
grave altercado de consecuencias mucho más graves
que si, al contar con el personal suficiente, se
pudiese intervenir de inmediato», añaden. También
destacan que la escasez de funcionarios hace que los
módulos terapéuticos con los que cuenta la prisión,
«y que han sido puestos como modelo» en todo el
país, puedan cumplir los fines que persiguen. «Se
han suspendido numerosas actividades por falta de
personal», apuntan.
El centro penitenciario de Mansilla es un centro de
tránsitos, en el que pernoctan internos «en
conducción» a los que se traslada de un centro a
otro por cambio de destino o por asistencia a un
juicio, lo que supone un «enorme movimiento» y una
«carga de trabajo muy superior a la de otros centros
de la misma categoría», según denuncian el
sindicato. |
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19/07/07 |
El Gobierno ya alertó en junio
sobre el riesgo de atentados durante los traslados de
trabajadores
Se teme que sean el objetivo de ETA ya que no hubo ningún
gesto penitenciario durante la tregua |
El
Ministerio del Interior ha extremado las medidas de
protección de los funcionarios de prisiones ante el
riesgo de que ETA se haya fijado como objetivo
atentar contra este colectivo, golpeado ya en otras
ocasiones por los terroristas.
El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio
Camacho, ha remitió un télex a las direcciones
adjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil
en el que alertó de la posibilidad de que la banda
trate de atacar «durante el itinerario» de algún
convoy de los que llevan a los trabajadores
penitenciarios a los centros. En ese mismo documento
dispuso que se establecieran nuevas medidas de
seguridad para proteger estos traslados.
La circular de Camacho fue redactada el 8 de junio,
sólo dos días después de que el etarra Ignacio de
Juana Chaos volviera a la cárcel de Aranjuez por
orden del Ministerio del Interior tras haber estado
recuperándose en un hospital de San Sebastián de su
huelga hambre. El escrito fue entregado a las
fuerzas de seguridad apenas 48 después de que la
banda armada diera por terminado su alto el fuego
permanente. La alerta antiterrorista sobre los
funcionarios de prisiones también coincidió con el
décimo aniversario de la liberación de José Antonio
Ortega Lara.
Tras las instrucciones de Interior, policías y,
sobre todo, Guardia Civil han reforzado las escoltas
durante los traslados de funcionarios y se han
intensificados los controles e inspecciones en las
inmediaciones de las prisiones y en las carreteras
de acceso a los centros penitenciarios. Efectivos de
los servicios de Información han establecido por su
parte dispositivos de contravigilancia para detectar
posibles informadores etarras en los itinerarios de
los trabajadores.
Según han informado esta semana responsables
penitenciarios, la dirección de prisiones ha
renovado también las instrucciones sobre
autoprotección para los funcionarios y ha recordado
la necesidad de variar rutinas y de estar vigilantes
ante personas sospechosas en las cercanías de los
domicilios privados y de las cárceles.
Varios informes de los servicios de Información de
la Policía y la Guardia Civil elaborados en los días
previos a la ruptura del alto el fuego y después del
anuncio del fin de la tregua han puesto el acento en
la posibilidad de que ETA atenten contra este
colectivo.
Los analistas de Interior, que reconocen no tener
datos concretos sobre la preparación de un atentado
concreto, apuntan a que la banda terrorista pueda
golpear a los funcionarios de prisiones como forma
de mostrar su enfado después de que el Gobierno,
durante los catorce meses de alto el fuego, no haya
hecho un solo gesto en política penitenciaria, tal y
como le reclamaban los terroristas. |
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MÁLAGA. Un funcionario de la prisión de Alhaurín de
la Torre ha resultado herido en la cara por un
interno cuando le pidió que le diera una gorra que
llevaba, "ante la sospecha de que pudiera ocultar
algún objeto prohibido en ella", según denució el
sindicato de prisiones Acaip, quienes volvieron a
criticar que la cárcel malagueña está entre "las más
masificadas de España".
Desde el sindicato critican la "difícil situación a
la que se ven expuestos los funcionarios de
prisiones, debido a factores tales como la
masificación, la falta de personal y el nuevo perfil
de los reclusos de nuestras prisiones". Asimismo,
insistieron en que la cárcel malagueña está "entre
las más masificadas de España, con más de 1.800
reclusos cuando está diseñada para unos 900" y
recordaron su reivindicación de un aumento de la
plantilla "que la propia administración
penitenciaria ha cuantificado en más de 60
efectivos". Esta demanda de personal se suma a las
realizadas en los últimos meses tras dos intentos
frustrados de fuga y varios funcionarios lesionados
en incidentes con internos. |
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20/07/07 |
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Instituciones Penitenciarias se negó ayer a valorar la
situación del centro penitenciario de León
La dirección de la prisión reconoce el problema pero asegura
que «se hace lo que se puede»
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El subdirector del centro penitenciario de Mansilla
de las Mulas, Javier Martínez, confirmó ayer que la
saturación de la prisión denunciada el pasado
miércoles por el sindicato Acaip, representante
mayoritario de los funcionarios de prisiones, es un
hecho real. Martínez reconoció que la cárcel «está
al completo, nunca habíamos tenido tantos reclusos
como ahora, no obstante, en cada celda ahora está
permitido que duerman dos presos, como en el resto
de prisiones españolas». Instituciones
Penitenciarias, por su parte, declinó ayer valorar
la situación de la cárcel de León.
Ante la denuncia sindical de que la situación de
masificación y la falta de recursos humanos pone en
peligro las actividades de reinserción llevadas a
cabo en la prisión, Álvarez aseguró que «somos
conscientes del problema, estamos intentado hacerlo
lo mejor posible con los medios con los que
contamos, no con los que nos gustaría trabajar pero
eso es lo que hay». Por el momento, muchas
actividades de estos cursos de reinserción estan
bajos mínimos, y según aseguran desde el sindicato
Acaip, varias han tenido que ser suspendidas.
El subdirector del centro reconoció que los
funcionarios «quizá no sean suficientes para cubrir
todas las necesidades del centro penitenciario pero
nosotros no podemos hacer nada, aquí nos mandan a
los reclusos aunque supere el número indicado, y la
contratación de funcionarios tampoco es una gestión
que nos concierne a nosotros, esa función es de la
administración penitenciaria y, es ella, la que debe
tomar las medidas que crea oportunas».
Una prisión ejemplar
La cárcel de León se ha convertido en un ejemplo a
seguir por cárceles españolas según el Informe del
defensor del Pueblo, publicado recientemente,
gracias a los cursos pioneros para la reinsercción
de los presos. Por su parte, el Ministerio del
Interior no ha querido aceptar ni desmentir estas
cifras alarmantes que denuncian los funcionarios.
Por el momento no tienen previsto dar ninguna
declaración.
El pasado miércoles el sindicato Acaip denunció, a
través de un comunicado, las malas condiciones por
las que atraviesa el centro penitenciario de León.
Su principal queja es la falta de personal en primer
lugar por las numerosas bajas laborales, vacaciones,
permisos y principalmente, porque la administración
penitenciaria no destinaba nuevos funcionarios a la
prisión leonesa. De los 200 que contratará el
ministerio en el próximo mes de septiembre, ninguno
de ellos será destinado al establecimiento
penitenciario de León.
Otra de las protestas era por el hacinamiento de la
prisión que alcanzaba su máximo histórico, que con
una capacidad para 1.080 internos, alberga en estos
momentos más de 1.700, lo que supone una ocupación
superior de 170%. Esta conglomeración de presos
unido a la falta de funcionarios provoca que
cualquier accidente, por pequeño que sea pueda
convertirse en un altercado con graves
consecuencias. Esta situación ha provocado que uno
de los fines inmediatos del centro penitenciario, la
reinsercción de los presos a través de unos cursos
pioneros en España, no se haga efectiva, ya que
según funcionarios de la prisión muchas de estas
actividades han tenido que ser suspendidas por falta
de personal. |
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Como en las mejores películas del ramo, dos internos
del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense)
se dieron a la fuga en la madrugada de ayer.
Belisario P. S., de 27 años de edad y natural de Las
Palmas, y Manuel P. D., de 34 años y ourensano, eran
compañeros de celda en el módulo tres y lo tenían
bien planeado. El primer paso para salir fue romper
un cristal blindado. La operación les llevó días
porque empezaron rayándolo y, a partir de ahí,
fueron insistiendo hasta tenerlo listo para hacer el
hueco que necesitaban y escapar de la habitación. Se
cree que la hora de la huida fue entre las dos y las
tres de la madrugada.
Ambos protagonistas salieron por la ventana
descolgándose con sábanas anudadas. La ventana está
a unos tres metros de altura del patio. Como el
módulo de la cafetería es bajo, saltaron a su
cubierta y de allí a un patio más grande, al que los
presos salen todos los días. Ese espacio está
vallado por una alambrada de 8 metros de altura. La
subieron y saltaron al pequeño espacio que queda
entre la alambrada metálica y el muro perimetral de
la cárcel, que es de hormigón y tiene 5 metros de
alto, coronado por una espiral de alambre con
espinas. No se sabe cómo lo consiguieron, pero el
caso es que llegaron a la cima del muro y saltaron
al exterior de la prisión. Nadie los vio.
La alarma.
Los funcionarios hacen por la noche cuatro rondas
por los patios. Salieron hacia las 02.15 horas,
según el director de la prisión, Manuel Arias, y no
notaron ninguna anomalía.
En su huida, los fugitivos se tiraron del muro a
pocos metros de distancia de una torre de control y
se encontraron en el monte, con un terreno
silvestre. No fueron detectados por nadie, aunque
Manuel Arias explicó que había vigilancia. Y
culminar la operación aún les tuvo que llevar su
tiempo.
La alarma saltó al hacerse el relevo de funcionarios
de las ocho horas, que es cuando se descubrió que el
cristal blindado de la celda estaba roto. Los
fugitivos se fueron con lo puesto. Sin dinero, sin
teléfono y sin ninguna documentación. Belisario
cumplía una condena por varios delitos de robo y ya
tenía cumplida la mitad. Estaba en la cárcel desde
el 29 de diciembre del 2005 y se hallaba clasificado
en el segundo grado de tratamiento. Manuel había
ingresado como preso preventivo el 14 de marzo del
2007 por un robo. Según el director, el
comportamiento de ambos era normal.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo
Ocampo, señaló que los ciudadanos deben estar
tranquilos, puesto que no son presos peligrosos. Hay
un fuerte despliegue policial para buscarlos desde
las nueve de la mañana de ayer. Desde 1997 no se
escapaba nadie de la cárcel de Pereiro. Hasta ayer.
Manuel Arias señaló que cuando sean capturados es
muy probable que se les aplique el grado uno, «máis
pechado, con moitos cacheos, de máis seguridade
posto que acreditaron a súa perigosidade», señaló el
responsable de la cárcel. |
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Como cualquier turista descontento con los servicios
de un hotel, desde el pasado 1 de julio los presos
también tienen derecho a protestar oficialmente por
las deficiencias que encuentren en las cárceles.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha dictado una
orden interna que aprueba un formulario donde se
recogerán y tramitarán las demandas de los usuarios,
así como las iniciativas para mejorar la calidad de
los servicios y las instalaciones de los penales
dependientes del Ministerio del Interior.
La nueva normativa busca extender la imagen de que
las cárceles son otro servicio más de la
Administración y que sus usuarios siguen siendo
ciudadanos con sus derechos intactos, incluido el de
reclamar al Gobierno un mejor servicio. Sin
precedentes en la historia penitenciaria española,
la orden establece que los formularios se podrán
presentar en los centros de atención que se crearán
dentro de cada cárcel.
Pero los vientos aperturistas de Gallizo tendrán
límites. Y para evitar el colapso en las oficinas y
que los internos demanden por demandar, la orden
define de manera taxativa qué se entiende por queja
y qué es una sugerencia. Así, queja es «la facultad
que pueden ejercer los ciudadanos de poner de
manifiesto cualquier tardanza, desatención o
anomalía observada en el funcionamiento o calidad de
los servicios prestados por la administración». Y
sugerencia es «toda iniciativa que puede proponer el
ciudadano para lograr la mejora en la organización,
en el funcionamiento o en los medios personales y
materiales de los servicios administrativos». |
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Los dos presos que se fugaron el lunes de la cárcel
de Orense vuelven a estar entre rejas. La Policía
Nacional detuvo a uno de ellos en el hospital
Gregorio Marañón de Madrid, adonde había acudido
para curarse unas heridas que se hizo en la fuga, y
al segundo en la estación de autobuses de Burgos.
Su libertad apenas duró 24 horas. Los dos presos,
Belisario P.S. y Manuel P.D., se habían fugado la
madrugada del pasado lunes del Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar (Orense), tras romper un
cristal blindado de la celda que compartían y
descolgarse por unas sábanas que habían anudado
previamente.
La Comisaría Provincial de Orense estableció un
dispositivo de búsqueda en cuanto tuvo conocimiento
de la fuga de ambos internos. Tras las gestiones
pertinentes, los policías descubrieron que la
intención de Manuel P.D., de 34 años y natural de
Orense, era contactar con algún familiar. Sobre las
8,00 de este martes fue localizado en la estación de
autobuses de Burgos y allí fue detenido por
funcionarios adscritos a la Unidad de Delincuencia
Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial
de Orense en colaboración con los de la Comisaría
Provincial de Burgos. El preso se encontraba en
prisión preventiva por un delito de robo.
Coches robados
El otro evadido, Belisario P.S., de 27 años y
natural de Las Palmas, fue detenido a las 02.00
horas de este martes en el Servicio de Urgencias del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Al parecer, el
personal sanitario de este servicio le había
atendido en la estación de autobuses de Méndez
Álvaro de Madrid de unas heridas en el tobillo
izquierdo que se había producido durante la fuga de
prisión. Una vez que llegó al centro hospitalario
fue sorprendido por los agentes policiales y se
entregó voluntariamente. El preso había cumplido ya
la mitad de la condena por varios delitos también de
robo.
Los dos fugados habían comenzado la huída juntos y
se habían hecho con un vehículo al salir de la
prisión. Según fuentes policiales, todavía no se ha
podido determinar con precisión la ruta que
realizaron ni las causas por las que, cuando ya
estaban en Valladolid, decidieron sustraer otros dos
vehículos. Desde este punto, y ya por separado,
continuaron la fuga hasta que fueron arrestados. |
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La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ha introducido un cambio normativo sobre las
condiciones de tratamiento que se deben dar a los
presos incluidos en el Fichero de Internos de
Especial Seguimiento (FIES). Dicha orden, que se
aplica desde el pasado mes de mayo, impide a los
trabajadores de los centros penitenciarios esposar a
este tipo de presos, considerados “muy peligrosos”
para efectuar los traslados oportunos, según publica
en su edición de hoy El Día de Valladolid. |
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Mientras le van a avisar que llegaron los
periodistas el expediente queda abierto en el
escritorio del jefe del penal. Cumplió ocho condenas
por robo a mano armada: lo atraparon cinco veces en
asaltos a camiones y otras tres en salideras de
bancos. Antonio Rosado Fernández es el preso más
viejo del Servicio Penitenciario Bonaerense y por
esos delitos estuvo 25 de sus 75 años en la cárcel.
Los guardias explican que ahora habrá que pasar los
controles para encontrarse con él. Habrá que caminar
hacia adentro y escuchar cómo la reja de ingreso se
cierra detrás.
La entrevista se hizo en uno de los jardines de la
Unidad Nº 12 de Gorina, donde está detenido a la
espera de un nuevo juicio. Apenas dos minutos
después de entrar, aparece Rosado Fernández. No debe
medir más de un metro sesenta. Esa estatura no ayuda
a imaginarlo al frente de una banda de piratas del
asfalto, pero los rasgos de abuelo tierno
desaparecen cuando suena su voz cascada. "¿Ustedes
son los que me quieren hacer una nota?", se
presenta.
A pocos metros dos presos reciben visitas sin que la
cámara del fotógrafo les llame la atención. En
cambio, los que están adentro se asoman por una de
las ventanas para poder ver. Rosado se enciende el
primero de los cuatro cigarrillos que fumará durante
la charla y comienza a contar su último "problema"
con la Justicia. Fue hace tres años cuando, por su
edad, le otorgaron el arresto domiciliario. Después
de unos días dentro de su casa decidió salir sin
autorización y tuvo que volver a la cárcel ya sin
ningún beneficio. "Tuve una situación familiar
complicada y por eso me tuve que ir. Avisé en el
juzgado pero no me quisieron escuchar", se justifica
pero sabe que es muy difícil que se la vuelvan a
otorgar.
-¿Desde cuándo roba?
-Desde siempre. El día que cumplí los 18 años caí
preso y a partir de ahí no paré más. Empecé en serio
en los '50, pero antes ya había estado detenido por
hurtos.
-La mayoría de sus condenas son por delitos a mano
armada.
-Sí, es verdad, pero puede ver que en ninguno de los
casos herimos a alguien. Nos tirábamos con la
Policía, pero no a la gente. Actuábamos de manera
muy distinta a los ladrones de ahora.
-¿En qué se diferenciaban?
-En muchas cosas. Las armas las usábamos para
amedrentar y llevarnos el botín. Jamás le íbamos a
sacar un peso a un chofer de un camión. Nos
interesaba la carga, no el rehén.
-¿Y cómo lo hacen ahora?
-Se trabaja con mucha más violencia. Te pegan porque
sí. En muchos casos son pibes jóvenes que trabajan
drogados. Le roban el reloj, las zapatillas y la
plata que lleva encima el conductor. Y por ahí hasta
se enojan y le pegan un tiro. Si vas a robar con
armas y tenés que resolver rápido, mejor no tomar ni
un vaso de vino. Después hacé lo que quieras.
-¿Cuánto era un buen botín?
-A plata de hoy, llegabas a sacar 200.000 pesos con
un camión grande.
-¿Cómo colocaba después la mercadería?
-Lo difícil era robar, no ubicarla. A veces el mismo
tipo te pedía un envío y te daba los datos de por
dónde iba a pasar el camión. Ya la tenías vendida
antes de robarla. El problema con ellos era
cobrarle. Eso también era complicado. No eran gente
de mucha palabra, se imagina.
-¿Cómo se organizaban las bandas?
-Eran grupos que duraban más tiempo. Tenías
confianza en las personas con las que trabajabas.
Salvo que uno muriera o cayera preso, el grupo se
mantenía. Ellos se encargaban de mantener a mi
familia cuando yo estaba preso. Era parte de los
códigos del ladrón en los '60 y los '70.
-Usted robó hasta la década del 90, ¿conoció a la
gente del "Gordo Valor"?
-Claro, si estabas en el mismo rubro lo tenías que
conocer. Pero no teníamos gran trato, él se dedicaba
a negocios más grandes. Cada uno en su negocio.
Nosotros, a los camiones y ellos a los blindados.
Explica que ganó mucho pero que también gastó mucho.
Además asegura que tuvo un BMW, un Mercedes Benz,
una 4X4, una Toyota Terios y una Isuzu Trooper. Que
supo invertir en propiedades y negocios pero que
después de varios desbarranques sólo se quedaron un
par de "terrenitos" y un Fiat Duna. "Así como me
ven, yo supe tener mucho dinero. Hice plata en serio
robando a las droguerías. Pasé un tiempo de gloria,
con vacaciones en el verano y todo, pero no fui
inteligente y me lo gasté todo en mujeres. Las
mujeres son un vicio caro que te puede dejar seco en
poco tiempo", se confiesa.
Rosado Fernández recorrió, entre otros, los penales
de Caseros, Devoto, Olmos, Mar del Plata, San
Nicolás, Ituzaingó, San Nicolás, Córdoba, Rawson.
"En provincia estuve en casi todos. En Capital,
hasta en la vieja penitenciaría de la calle Las
Heras. Pasé momentos delicados en las cárceles
argentinas", dice.
-¿Cuál fue la peor?
-Durante las dictaduras militares, nadie quería ir a
Olmos, era como un centro de torturas. En la
bienvenida te mandaban a las duchas y te metían un
chorro de agua helada en el pecho. Si no te caías te
daba un paro cardíaco. Se divertían con vos. Te
hacían desvestir en medio de la noche y te mojaban
los colchones.
-¿Nunca se fugó?
-No, siempre cumplí las condenas. La única vez que
sentí la sensación de escapar de un penal fue en Río
Gallegos, en plena guerra de Malvinas. En medio de
la noche nos vinieron a buscar los guardias porque
había amenazas de bombardeos. Salimos todos los
presos juntos corriendo por un playón hasta un avión
Hércules y nos llevaron volando a Buenos Aires. Fue
parecido, con la diferencia de que terminé en
Devoto.
-¿Los presos de ahora también son diferentes?
-Pasa lo mismo que con los ladrones. Los que tienen
problemas con drogas salen y vuelven a entrar peor
de lo que se fueron. Hay que meter preso a los que
les venden a los pibes. Que se metan con gente
grande que ya sabe lo que hace. Yo tengo una hija de
12 años; si me entero que alguien le vende paco,
salgo de acá pero vuelvo por homicidio.
-¿Cuántos hijos tiene?
-Tres. La nena más chica, uno de 48 y otro de 34.
-¿Qué dicen de su vida?
-No mucho.
-¿Lo vienen a visitar?
-De vez en cuando porque tienen que trabajar.
-¿La madre de la nena?
-Cuando viene con ella. No le puedo pedir que siga
conmigo. Es una mujer joven y atractiva. Yo entiendo
que quiera rehacer su vida. Lo único que le pido es
que no meta a un tipo a dormir en la misma casa que
mi nena.
-¿Y sus compañeros de banda?
-No, esos están muertos. Los que no murieron en
enfrentamientos se murieron por la edad.
-¿Alguna vez pensó en trabajar para alejarse de esta
vida?
-Sí, varias veces.
-¿Entonces?
-¿Vos le darías empleo a un tipo que cumplió tantas
condenas?
-¿Se acostumbra uno a estar en la cárcel?
-No, se resigna.
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Mercedes
Gallizo Llamas, directora general de Instituciones
Penitenciarias, impartió ayer la sesión de clausura
del curso de la Universidad de Verano de Adeje, en
la que destacó que "en España podemos estar
orgullosos del sistema penitenciario que tenemos,
pero nuestra espina es que hay demasiadas personas
en prisión".
Gallizo comentó que actualmente hay 66.047 presos en
España, es decir, que por cada 100.000 habitantes,
146 están en prisión. Esta cifra es
significativamente superior a la media europea, que
se sitúa en 90 reclusos por cada 100.000 habitantes.
La población reclusa sigue creciendo en 2.000
personas al año y evidencia que "no podemos seguir
cerrando los ojos ante esta situación". La respuesta
a esta problemática, según la ponente, no pasa por
la construcción de más cárceles, pues "esa sería una
visión simplista y maniquea".
Así, propone medidas alternativas que vayan a la
raíz del problema que origina el delito. "Una de las
cosas fundamentales que perseguimos es convencer a
la sociedad de que las prisiones no deben ser
lugares de exclusión, sino de integración", pues
explicó que "las penas acaban terminándose y la
persona vuelve a la sociedad".
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Según
explicaron a Europa Press fuentes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias esta
iniciativa supone una vía de autoempleo para
'evitar' que los reclusos que se reintegran en la
sociedad vuelvan a 'delinquir'.
Así, se prevé que en septiembre comiencen los cursos
de formación con los reos seleccionados que. El
procedimiento para acceder a este programa es que
los reclusos presenten un proyecto personalizado, a
raíz de los cursos y actividades de información,
práctica profesional, orientación laboral,
seguimiento y evaluación que recibirán.
Por su parte, la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, indicó, en el acto
de entrega de los diplomas a los ex presos que
presentaron sus proyectos en Valencia, que es
'necesario' trabajar para la reeducación y la
reinserción de las personas que han cometido delitos
para que 'la sociedad sea más segura' porque 'si las
personas dejan el mundo del delito, todos ganan en
seguridad'.
Asimismo, explicó que se están desarrollando
'muchas' iniciativas dentro de prisión para formar,
educar y preparar al 'mundo del trabajo' a quienes
cumplen condena. No obstante, puntualizó que
'faltaba la parte de después, cuando las personas
salen a la calle y no tienen nada, ya que han
perdido, mientras estaban en prisión, su trabajo,
sus amigos y su familia'.
El objetivo es, según dijo Gallizo, que esta
iniciativa 'llegue a todos los centros en los que
exista un colectivo de personas que piensan que la
forma de integrarse en la sociedad es crear su
pequeña empresa'. Así, se comprometió a 'hacer lo
posible' para que las personas que tengan un
proyecto viable 'adquieran un crédito'. |
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Dispersión carcelaria para los procesados por el 11-M |
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29/07/07 |
| Los 29 procesados por los
atentados del 11-M serán trasladados en los próximos días
desde Madrid a prisiones de Andalucía, Galicia, Aragón y
Valencia, entre otras comunidades, según señalan fuentes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Será allí
donde aguarden el fallo judicial que se espera para el próximo
mes de octubre. |
Para
la celebración de la vista, los procesados fueron
conducidos desde distintos centros a las cárceles de
Alcalá-Meco, Valdemoro y Soto del Real para
facilitar su traslado diario hasta la sala de vistas
donde se celebró el juicio oral. Ahora volverán a
ser repartidos por diferentes comunidades por
razones de seguridad.
Un responsable de Instituciones Penitenciarias
asegura que no habrá más de uno en cada cárcel "o a
lo sumo dos como mucho". Permanecen en módulos de
aislamiento y todas sus comunicaciones con
familiares, visitas o abogados están intervenidas.
La dispersión de los presos islamistas intenta
evitar que los reclusos contacten entre sí y ejerzan
el proselitismo con otros reclusos. El control y la
vigilancia sobre los presos islamistas es cada vez
más estricto, según fuentes penitenciarias.
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MADRID.-
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
solicitan la colaboración ciudadana para localizar a
los seis presuntos etarras más buscados, a los que
se supone pertenecientes a comandos operativos de la
organización terrorista ETA, según informa el
Ministerio del Interior.
Para ello la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil ha hecho públicas las fotografías de
los seis presuntos miembros de ETA, entre los que se
encuentra Ander Múgica Andonegui, quien podría haber
participado en las últimas acciones de la banda
terrorista.
Los otros son Joseba Mikel Olza Puñal, Eneko
Zarrabeitia Salterain, Aitzol Etxaburu Arteche,
Leire López Zurutuza y Saioa Sánchez Iturregui.
Las fuerzas de seguridad animan a cualquier
ciudadanos que tenga algún tipo de información sobre
estas personas a que llamen a los teléfonos
gratuitos 900 100 091 (del Cuerpo Nacional de
Policía) y 900 100 062 (de la Guardia Civil).
Ander Múgica es el presunto etarra que abandonó el
pasado 19 de julio el taxi en el que viajaba al
detectar un control policial por la N-340, a la
altura de Torreblanca (Castellón).
Por su parte, Joseba Mikel Olza Puñal fue condenado
en 2002 por la Audiencia Nacional a quince meses de
prisión por realizar pintadas amenazantes en las
calles de Pamplona contra el PP y el PSOE, en julio
de 2001.
Eneko Zarrabeitia Salterain "Sorgin" y Saioa Sánchez
Iturregui "Hintza" también se encuentran en paradero
desconocido.
El pasado 14 de julio el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón ordenó la detención de
ambos en un auto en el que decretó el ingreso en
prisión de Aritz Arginzoniz, quien pertenecía a un
comando que iba a atentar contra edificios públicos
de Santander y había hecho ya las primeras
comprobaciones para perpetrar con "éxito" un
atentado contra el Ayuntamiento y la Plaza
Porticada.
Según el auto del magistrado, Aritz Aginzoniz, Saioa
Sánchez y "Sorgin" se reunieron el pasado 29 de
junio con Garikoiitz Aspiazu Rubina "Txeroki",
presunto responsable del aparato militar de ETA,
quien les ordenó constituir el comando "Larrano" y
recoger el explosivo el día 10 de julio en Usánsolo
(Vizcaya) para montar un coche-bomba que harían
estallar en Cantabria.
Aitzol Etxaburu es otro de los presuntos miembros de
la organización terrorista ETA más buscado y las
Fuerzas de Seguridad le relacionan con el atentado
ocurrido el 24 de septiembre de 2005 en el polígono
industrial de Vicolozano, a cinco kilómetros de
Ávila, donde ETA hizo estallar un coche-bomba
delante de la empresa Imcodávila, dedicada a la
impresión.
Respecto a Leire López, el juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno ordenó su detención el pasado
mes de mayo en el auto de procesamiento que dictó
contra 15 supuestos miembros, responsables y
colaboradores del "comando Donosti".
En este auto Moreno exponía que un presunto
integrante del "comando Donosti" desarticulado el
pasado mes de marzo, Arkaitz Agote, tenía
documentación en su domicilio sobre "las
negociaciones/conversaciones con el Gobierno, el
PSOE y el PNV", así como sobre "fórmulas para
posibilitar la participación de Batasuna en las
próximas elecciones" y "líneas de actuación
política".
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El
centro penitenciario de Dueñas fue donde más droga
se incautó durante el año 2006 de todos los
existentes en la Comunidad de Castilla y León, según
datos ofrecidos por el sindicato de prisiones
Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias), a
tenor de los datos del Ministerio del Interior
consultados por la organización.
Así, en la localidad palentina se llevaron a cabo 38
intervenciones, seguida de las 37 llevadas a cabo en
el centro penitenciario de Villanubla (Valladolid).
En las provincias de Soria y Segovia las
intervenciones fueron de diez en cada uno de los
centros. Por el contrario, los tres centros de la
Comunidad donde menos intervenciones se realizaron
fue en Topas (Salamanca), con siete; cinco, en
Burgos; y una en Mansilla de las Mulas (León).
Con estos datos sobre la mesa, se puede decir que en
todos los centros penitenciarios de la Región, con
6.961 presos censados, las incautaciones realizadas
fueron de 108, a fecha de 31 de diciembre de 2006.
Los centros penitenciarios de Castilla y León fueron
los cuartos donde mayor número de intervenciones de
droga se registraron en todo el país, por detrás de
los de Comunidades Autónomas como Valencia,
Andalucía y Madrid, según informaciones ofrecidas
por Acaip.
108 intervenciones. De las 1.638 intervenciones del
conjunto del país, 108 se produjeron en los centros
penitenciarios de la Comunidad, por detrás de las
377 de la Comunidad Valenciana, las 557 de Andalucía
y las 149 de Murcia. En quinto lugar se situó
Galicia, con 91 casos.
Acaip es un sindicato español que defiende desde
1989 los intereses de los funcionarios de
instituciones penitenciarias de toda España, a
excepción de Cataluña, comunidad autónoma que tiene
transferidas las competencias en materia
penitenciaria. |
El
etarra Ignacio de Juana Chaos podría volver en breve
al segundo grado penitenciario. La junta de
tratamiento de la prisión de Aranjuez, Madrid VI,
acordó proponer a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias la retirada de la
prisión atenuada al etarra.
Fuentes de prisiones explicaron que la decisión fue
adoptada por la junta de tratamiento al considerar
que ya no hay motivo para aplicar a De Juana el
«programa específico de tratamiento», después que su
estado de salud ha mejorado y las secuelas que le
quedan por la huelga de hambre que siguió pueden
tratarse en la misma prisión.
El 6 de junio pasado, un día después de que ETA
rompiera formalmente su alto el fuego, una
ambulancia medicalizada trasladó al etarra desde el
hospital donostiarra a la cárcel de Aranjuez. Desde
entonces cumple allí la pena de tres años de prisión
a la que fue condenado por un delito de amenazas
tras la revisión que hizo el Tribunal Supremo de la
sentencia de la Audiencia Nacional |
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Acaip denuncia el "abandono" de los funcionarios ante la
violencia de los presos |
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03-08-07 |
LA
ÚLTIMA SITUACIÓN DE RIESGO SE PRODUJO EN LA CÁRCEL DE
PICASSENT ESTE MARTES
La oficina de Valencia de la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip) lamentó este
jueves la situación en la que se encuentran los funcionarios
de las prisiones. A su juicio, "tienen la sensación de estar
abandonados a su suerte, y son objeto de
agresiones y amenazas muy graves". Estas declaraciones
las hicieron tras los hechos ocurridos el pasado martes
cuando varios internos de la Unidad de Cumplimiento del
establecimiento penitenciario de Picassent,
Valencia, considerados "peligrosos" provocaron una
situación de "gran tensión y riesgo" tras "aporrear
con fuerza" la puerta de la piscina del centro |
Los
hechos ocurrieron cuando un grupo de unos 30
internos del Módulo 7 de la Unidad de Cumplimiento
salieron a la piscina. Algunas de estas personas
están consideradas "muy peligrosas" pues "muchos de
ellos estuvieron clasificados en el Primer Grado de
peligrosidad", afirmaron.
Asimismo, indicaron que la funcionaria de servicio
impidió la entrada a la piscina de uno de ellos, ya
que llevaba objetos "no autorizados" para entrar en
la misma. Por este motivo, tres internos se
acercaron a esta trabajadora y le "insultaron y
amenazaron", resaltaron.
Aseguraron que debido a la "gravedad" de los hechos
fue "necesaria" la presencia de varios funcionarios
quienes, "con grave riesgo de su integridad física,
separaron y trasladaron a esos internos hasta el
Módulo de origen".
En este sentido, manifestaron que este Módulo es "el
más conflictivo de la Unidad de Cumplimiento".
Además, aseveraron que en él "ya se han producido
varias agresiones a funcionarios". Así, comentaron
que el pasado mes de febrero, cinco empleados
resultaron heridos de diversa consideración y
puntualizaron que uno de ellos, probablemente,
perderá de forma permanente la movilidad de uno de
sus dedos.
Desde el sindicato penitenciario, criticaron que "a
pesar de la conflictividad" en el citado módulo hay
"unos 130 internos, vigilados por tan solo dos
funcionarios". Asimismo, resaltaron que en este
departamento "no debería haber más de 75 internos ni
menos de tres funcionarios de servicio".
Por otro lado, explicaron que en los próximos meses,
debido a los últimos cambios normativos aprobados,
las funcionarias "podrán trabajar en módulos
ocupados exclusivamente por hombres". Esta
situación, a juicio de Acaip, "provocará un
aumento de la problemática en el interior de las
prisiones".
Profundo desconocimiento
Sobre este aspecto, apuntaron que esta medida se
aprobó "a pesar de que la mayoría de los
funcionarios estaban en contra", un hecho que
"demuestra el profundo desconocimiento que tienen
los responsables de las prisiones españolas sobre la
situación real de las mismas", subrayaron.
Por otra parte, destacaron que este miércoles un
interno del Módulo 6 de la Unidad de Cumplimiento
agredió a un funcionario y le provocó contusiones en
la cara, así como varios cortes en la mano. "Estos
hechos demuestran la situación de descontrol total
que se vive en todo el Establecimiento Penitenciario
de Valencia, por la dejadez de sus responsables",
criticaron.
Del mismo modo, lamentaron que los funcionarios
"tienen la sensación de estar abandonados a su
suerte, ven como son objeto de agresiones y amenazas
muy graves y al día siguiente tiene que volver a
trabajar con los internos que les han agredido o
amenazado".
En este sentido, aseguraron que "no hay respuesta
por parte de la Dirección para trasladar a ese
interno a otro Centro o, al menos, aplicarle un
régimen de vida más restrictivo en otro Módulo",
apuntaron. Asimismo, afirmaron que el centro de
Picassent "está en los máximos históricos de
ocupación".
Desde Acaip recordaron que, el pasado mes de
mayo, solicitaron una reunión para tratar temas
urgentes e importantes del funcionamiento del Centro
y aseveraron que, hasta el momento, "no ha recibido
una respuesta".
"Parece que los responsables del establecimiento
penitenciario no tienen tiempo para recibir al
sindicato que representa a la gran mayoría de los
trabajadores del centro", criticaron |
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ratificó la propuesta acordada el jueves por la
junta de tratamiento de la cárcel de Madrid VI-Aranjuez
para retirar la aplicación del artículo 100.2, de
prisión atenuada, al preso de ETA Ignacio de Juana
Chaos, informaron fuentes Instituciones
Penitenciarias.
De igual forma, el departamento que dirige Mercedes
Gallizo ha dado también el visto bueno a que el
preso continúe clasificado en segundo grado. Los
profesionales de la prisión de Aranjuez se reunieron
en la mañana del jueves y acordaron que no se dan
las circunstancias para la aplicación del 100.2, que
permite «un programa específico de tratamiento»,
porque el estado de salud de Ignacio de Juana ha
mejorado y, aunque persisten algunas secuelas de los
dos largos períodos en huelga de hambre, éstas
pueden ser tratadas en el centro penitenciario de
Madrid en el que ahora cumple condena.
El plazo máximo para la revisión de los grados
penitenciarios es de seis meses, que en el caso de
De Juana Chaos se cumplían en este inicio del mes de
agosto.
El 1 de marzo pasado, el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció públicamente con
la intención de explicar la clasificación en segundo
grado de De Juana, pero con la aplicación del
artículo 100.2, lo que permitía su traslado al
Hospital Donostia de San Sebastián, pasando a
depender el preso de la cárcel de Martutene
(Guipúzcoa).
Por otra parte, el juez central de vigilancia
penitenciaria, José Luis de Castro, rechazó esta
misma semana el recurso presentado por De Juana en
contra de su reingreso en la prisión de Aranjuez
desde el Hospital Donostia de San Sebastián.
Mientras, el ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, afirmó ayer que «ni el Gobierno ni el
PSOE llaman a etarras por teléfono», respondiendo
así a una información que apuntaba a que uno de los
números de teléfono que portaba el miembro de ETA
Jon Iurrebaso en el momento de su detención era del
socialista Rodolfo Ares.
Iurrebaso y Kepa Mirena Suárez explicaron en el
momento de su detención que pertenecían al aparato
de negociación de la banda y que eran «hombres del
proceso», mostrando a los agentes cuatro números de
teléfono a los que llamar para que se ordenase su
inmediata puesta en libertad.
La investigación realizada en Francia determinó que
dos eran números franceses y otros dos pertenecían a
tarjetas prepago adquiridas en el País Vasco. Uno de
los números franceses correspondía al jefe de las
unidades de intervención, hombre de confianza del ex
ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, en aquel
momento candidato a la Presidencia de la República.
Otro de los teléfonos, de numeración española,
pertenecía al portavoz parlamentario del Partido
Socialista Vasco, Rodolfo Ares.
Por otra parte, Rubalcaba dijo que la primera vez
que supo de un supuesto plan elaborado por el CNI,
por orden del Gobierno, para remunerar a los etarras
1.500 euros mensuales una vez que la banda dejara la
violencia, fue cuando lo leyó en la prensa |
E.
P., Valencia La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior iniciará
la reforma de espacios de atención y servicios
sanitarios de la Unidad de Ingresos Judiciales del
Hospital General de Valencia, que recibirá una
partida de 318.734,05 euros, según informaron ayer
fuentes ministeriales en un comunicado.
Las obras, «una de las peticiones más insistentes
del Hospital General en los últimos años» ,
comportan una remodelación completa con la
incorporación de «las últimas tecnologías en materia
de seguridad» , y tienen un plazo de ejecución de
cuatro meses. |
El
PP ha presentado un proposición no de ley en el
Congreso en la que solicita al Gobierno que articule
planes de trabajo en las cárceles para que en los
puestos de trabajo de vigilancia directa de los
reclusos siempre haya funcionarios del mismo sexo.
Según argumenta, la "diferenciación" en las escalas
masculina y femenina permitirá garantizar la
"seguridad" en el trabajo de los funcionarios y
también salvaguardar el derecho a la intimidad de
los presos.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa
Press, el partido de Mariano Rajoy recuerda que la
Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
incluye una disposición adicional que establece la
unificación de la escala masculina y femenina del
cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Esa unificación, explica el PP, está "provocando la
protesta de las trabajadoras de prisiones" por dos
razones. En primer lugar, porque "atenta contra el
derecho a la intimidad de los internos", ya que
éstos se encuentran recluidos dentro de los módulos
residenciales en las prisiones, siendo la celda su
lugar de residencia y en la que se desarrollan sus
actividades íntimas, "con lo que la presencia de
funcionarios de distinto sexo perturbará el buen
funcionamiento de su vida en prisión".
EVITAR POSIBLES AGRESIONES SEXUALES DE INTERNOS.
En segundo lugar, el Grupo Popular señala que la
presencia de trabajadoras de distinto sexo en
actividades íntimas de los internos "puede causar
problemas graves de seguridad, propiciar denuncias
falsas contra el derecho a la intimidad, así como
agresiones sexuales y físicas por parte de los
internos".
Por todo ello, y tras recordar la denuncia que han
realizado los funcionarios afectados, el PP insta al
Ejecutivo en esta proposición --que se debatirá en
comisión-- a dictar los reglamentos oportunos que
recojan la articulación de los planes de trabajo en
prisiones, la diferenciación de escala masculina y
femenina en los puestos de trabajo de vigilancia
directa con el fin de garantizar el buen
funcionamiento y la seguridad en el trabajo de los
funcionarios". |
L
a Audiencia Provincial ha detectado que cinco
alicantinos encarcelados por malos tratos han
amenazado por teléfono móvil a sus víctimas desde
sus celdas. El presidente de la Audiencia, Vicente
Magro, ha pedido a las prisiones que controlen la
introducción de móviles para evitar que las amenazas
se vuelvan a repetir. Las propias víctimas han
comunicado a la Audiencia que estaban siendo
amenazadas por sus maltratadores. Las llamadas,
según confirmó Vicente Magro, se han efectuado desde
las prisiones de Fontcalent, Villena y León. Los
maltratadores están avisando a sus víctimas de que
«se van a enterar» cuando salgan.
Los presos tienen prohibido el acceso a teléfonos
móviles por razones de seguridad. Sin embargo, según
confirmaron varios abogados penalistas, el uso de
móviles está generalizado en las cárceles
alicantinas. Es frecuente que los internos se
comuniquen con sus letrados a través del móvil. Los
reclusos están pagando ochocientos euros por
teléfono móvil. Instituciones Penitenciarias tenía
previsto instalar inhibidores para dejar sin
cobertura a las dos prisiones de Alicante, pero al
final no los ha puesto en marcha.
La Audiencia está pidiendo que se extremen los
controles. Según explicó Vicente Magro, en los cinco
casos en los que se ha detectado que los
maltratadores encarcelados han telefoneado a sus
víctima la Unidad Penitenciaria de Coordinación
Institucional ha contactado con Instituciones
Penitenciarias para que les cancelen los permisos.
La Audiencia ha percibido el problema a través de la
Unidad Penitenciaria de Coordinación Institucional,
que se puso en marcha en octubre para asesorar y dar
protección a las mujeres maltratadas. La oficina -
que también gestiona las medidas alternativas al
ingreso en prisión - alerta a las maltratadas cuando
sus agresores van a salir de la cárcel y las
víctimas comunican los quebrantamientos de las
órdenes de alejamiento. Magro precisó que «el
funcionamiento de esta oficina está siendo muy
positivo. Estamos dando asistencia a 454 víctimas
cuyos agresores están o han pasado por la prisión.
Cada día atendemos a una media de veinte mujeres».
El último caso grave se produjo el jueves. Una mujer
recibió la llamada amenazante desde una cabina de su
maltratador, que hacía unos minutos que había salido
de la prisión de Fontcalent.
El endurecimiento del Código Penal ha provocado un
crecimiento espectacular del número de reclusos
encarcelados por maltratar a sus parejas. El número
de maltratadores alicantinos en prisión
prácticamente se ha duplicado en los últimos siete
meses al pasar de 220 en enero a 414 a principios de
agosto, según precisó Vicente Magro. Además, en toda
la provincia hay 669 maltratadores condenados con la
pena suspendida porque carecían de antecedentes
penales. Los 669 maltratadores tienen la obligación
de asistir al curso de reeducación de la Audiencia y
si vuelven a cometer un delito - como quebrantar la
orden de alejamiento - ingresan automáticamente en
la cárcel.
El presidente de la Audiencia puntualizó que desde
que empezaron los cursos de reeducación en mayo de
2004 han pasado por ellos 1.800 condenados. La
Audiencia también tiene en marcha un curso de
atención e información a víctimas de violencia de
género al que han asistido más de doscientas mujeres
maltratadas de Alicante y Murcia.
Aumento de denuncias Según un informe de la
Audiencia fechado el 1 de agosto, las víctimas han
estado sufriendo malos tratos una media de siete
años antes de tomar la decisión de denunciar a sus
maltratadores. En los dos últimos años se han
multiplicado por cinco los casos de malos tratos que
llegan a los juzgados. Esta misma semana, un juzgado
de lo Penal del Palacio de Justicia de Alicante
tiene señalados casi una treintena de juicios
rápidos de malos tratos. Los juzgados de lo Penal de
Benalúa siguen abiertos en agosto porque los asuntos
de violencia doméstica se juzgan en un plazo máximo
de dos semanas. Hace apenas dos años la actividad en
los juzgados en agosto era prácticamente nula al ser
un mes inhábil.
A pesar del alto número de juicios, seis de cada
diez mujeres maltratadas intentan retirar la
denuncia tras producirse la detención de sus
agresores y un veinte por ciento vuelve a convivir
con su pareja a pesar de la orden de alejamiento.
Los jueces no pueden hacer nada contra su decisión,
aunque el pasado jueves una magistrada de lo Penal
advirtió a una víctima de los riesgos que asumía al
retirar la denuncia |
La
búsqueda de un municipio donde se ubique la nueva
prisión prevista por Instituciones Penitenciarias
para la Comunitat se antoja complicada, debido a que
la Administración no ofrece ninguna medida
compensatoria a las localidades que finalmente
acepten albergar este tipo de instalaciones.
Así lo confirmaron tanto el alcalde de Albocàsser
-donde el centro todavía está en obras y no se
espera tenerlo acabado antes de final de año- como
la alcaldesa de Picassent, quienes reconocieron que
los ayuntamientos no reciben ni un euro del erario
público en este concepto.
“La empresa constructora nos ha pagado durante un
par de años 3.000 o 4.000 euros, y después también
es posible que podamos pedirles algo más”, precisó
Antonio Querol (PP), máximo responsable municipal de
Albocàsser, quien negó haber recibido ayudas
públicas.
La alcaldesa de Picassent, Conxa García (PSPV),
coincidió con su homólogo castellonense sobre la
ausencia de ayudas encaminadas a compensar el riesgo
que supone tener un establecimiento penitenciario
dentro de su territorio, “ya que es considerada una
obra social”.
Promesas sin cumplir
Fuentes de su gabinete destacaron, además, que sí se
han producido intentos a lo largo de estos años para
acordar algún tipo de contraprestación, aunque sin
éxito.
Desde el momento en que se supo que en Albocàsser se
construiría una nueva prisión, un fuerte movimiento
vecinal se manifestó en contra de este proyecto.
Antonio Querol aseguró entonces estar negociando con
las diferentes administraciones posibles
compensaciones, entre las se encontraban la
construcción de una carretera hacia la costa, la
puesta en marcha de un módulo de bachillerato o
actuaciones en rehabilitación de patrimonio.
El alcalde, al ser cuestionado sobre las
compensaciones recibidas, no hizo referencia a
ninguna de estas medidas. En estos momentos, lo
único que se está estudiando en este sentido es
crear un partido judicial en la localidad, una
petición apoyada incluso por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia Valenciana, Fernando
de la Rúa.
El que fuera concejal del PSPV en el municipio,
Felip Beltrán, afirmó que aquellas promesas “no se
han hecho realidad”. “Cuando nos opusimos a la
instalación de la prisión en Albocàsser fue
precisamente porque se aceptó todo sin negociar”,
justificó.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias subrayaron
los “múltiples e importantes beneficios” que
proporcionan las cárceles a aquellas localidades en
las que se establecen, una conclusión “que se ha
demostrado” en los lugares que ya acogen un centro
de este tipo. El máximo responsable en el
Ayuntamiento de Albocàsser se mostró de acuerdo con
esta afirmación: “El pueblo estaba muerto, y sin
embargo ahora la gente ve que aquí se está moviendo
todo. Si invierten es gracias a la prisión”.
Una nueva cárcel
Según fuentes municipales, los ingresos en concepto
de licencias de obra han aumentado de forma notable
y las promociones urbanísticas se han disparado. El
alcalde incluso llegó a pronosticar que el pueblo
duplicará su población, aunque por ahora el número
de habitantes es el mismo que hace cuatro años (unos
1.370, según datos del INE).
La alcaldesa de Picassent, por su parte, dijo
desconocer los beneficios que le ha supuesto la
instalación penitenciaria al municipio.
La búsqueda de una localidad (preferentemente de la
provincia de Valencia) dispuesta a acoger una nueva
prisión que ayude a aliviar la masificación de las
cárceles valencianas continúa todavía. Según el
sindicato Acaip, los centros de la Comunitat
han pasado de albergar a 4.161 reclusos en el año
2000 a los más de 6.000 de hoy en día, lo que
refleja un aumento del 50%.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, anunció a
principios de 2006 su deseo de encontrar ubicación
para una nueva cárcel en la provincia de Valencia.
Ya en 2007, Gallizo lamentó las reticencias de los
municipios a albergar una prisión, e incidió en que
su oposición se debía al desconocimiento de los
“grandes beneficios” que éstas aportan.
Esta dificultad ha sido combatida en Cataluña (la
única autonomía con competencia en esta materia) con
la aportación de ayudas económicas a los
ayuntamientos afectados o con la oferta de trabajo
para los vecinos en sus instalaciones.
El propio subdelegado del Gobierno en Castellón,
Antonio Lorenzo, reconoció de forma implícita el
riesgo que conlleva un centro penitenciario tras
criticar al PP por no mejorar el acceso al centro
penitenciario. “Nosotros garantizamos la seguridad
de los vecinos de Albocàsser y sus alrededores en el
caso de que deban realizarse traslados de presos
entre este municipio y la capital de la provincia”,
defendió |
Las mujeres empleadas en la
Administración General del Estado (AGE)
suponen ya el 51% del total y
superan al número de hombres, según
datos del Ministerio de
Administraciones Públicas. Así, en
la AGE, que incluye, entre otros,
ministerios y administración
periférica, trabajan 118.530
mujeres, el 1,6% más que en 2004,
frente a 114.079 hombres.
En términos
generales, el perfil
tipo del empleado
público es el de una
mujer de unos 45
años, con estudios
de Bachillerato como
mínimo y que
pertenece al grupo
C. Además, en los
últimos años se
observa un
incremento de la
edad media de los
funcionarios
estatales, de los
que el 39% tiene mas
de50 años, frente al
34% de esta edad
registrado en 2004.
En cuanto al aumento
en el número de
funcionarias en la
AGE, ha sido mayor
en los grupos de más
cualificación, con
el 16,2% más para el
grupo A (titulados
superiores), el 9,5%
para el B y el 26,4%
para el C, mientras
que los grupos
inferiores D y E
descendieron el 10,9
y el 50%,
respectivamente.
A pesar de estos
incrementos en los
puestos más
elevados, la
presencia femenina
en el grupo A
todavía es
minoritaria, con
casi 5.300 hombres
más, al contrario de
lo que ocurre en el
nivel D (auxiliares
administrativos),
donde las mujeres
representan el 73%
del total.
El informe indica
también que España
cuenta con un total
de 2,5 millones de
empleados públicos,
de los que más de la
mitad, el 50,2%,
trabaja para la
administración
autonómica. A
continuación, por
número de
funcionarios, se
sitúan la
administración
local, con el 24% de
los funcionarios, y
la estatal, con el
22%, mientras el
3,8% restante
trabaja en las
universidades.
Dentro de la
administración
estatal, que desde
2004 se ha
incrementado en
11.000 puestos de
trabajo hasta los
553.206 actuales, el
mayor incremento se
ha registrado en las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del
Estado, del 6,4%
hasta los 119.031
trabajadores
|
El
Centro Penitenciario Provincial de
Córdoba cuenta con un total de 1.805
reclusos, lo que la sitúa en la cuarta
cárcel de Andalucía por número de
presos, según los datos estadísticos
facilitados a Efe por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
La prisión de Granada, ubicada en el
municipio de Albolote, con un total de
1.883 internos es la cárcel andaluza con
mayor número de presos y la única de la
comunidad cuya población reclusa creció
mes a mes durante el primer semestre de
2007.
La cárcel granadina contaba a
principios de año con 1.705 reclusos y
su ocupación creció en los meses
sucesivos (febrero, 1.712; marzo, 1793;
abril, 1.801; mayo, 1.847 y junio 1.859)
hasta situarse a finales de julio con
1.883.
Esta cifra la situó como el centro
andaluz que más presos aglutinaba a
finales del primer semestre del año, por
encima de las prisiones de Málaga, que
en esas fechas contaba con 1.846
internos, Huelva (1.823), Córdoba
(1.805), Algeciras (1.804) y Sevilla
(1.684).
Todas las prisiones andaluzas
comenzaron el año con unos 1.700 presos
cada una e incrementaron en el periodo
analizado en torno a un centenar su
población reclusa, a excepción de la de
Sevilla, que en enero de 2007 contaba
con 1.711 internos y a finales del
primer semestre del año contabilizaba
1.684
|
A
la saturación perenne que sufre el Centro
Penitenciario de Fontcalent y sus vetustas
instalaciones se añaden ahora nuevos problemas como
la carencia de psicólogos. La cárcel alicantina ha
permanecido desde abril hasta agosto sin el
asesoramiento de estos especialistas -salvo el mes
de mayo, cuando uno de ellos se incorporó al
servicio- al coincidir de baja los tres que
actualmente están en plantilla, tal y como
informaron ayer a La Verdad los delegados sindicales
de UGT y Acaip.
Durante todo este tiempo, la Junta de Tratamiento
del centro ha concedido permisos carcelarios y
efectuado clasificaciones o revisiones del grado de
los internos sin disponer de dichos informes,
confirmaron fuentes de la propia cárcel.
De la misma manera, numerosas peticiones de informes
psicológicos remitidas por los distintos juzgados de
Instrucción de la provincia sobre presos preventivos
(a la espera de juicio) tampoco han podido ser
atendidas. «Se contesta que no hay y ya está, por lo
que el juzgado se las tiene que apañar y pedir los
informes a un forense», explicaron las fuentes
penitenciarias consultadas.
Los psicólogos de las prisiones suelen encuadrarse
en los llamados equipos técnicos junto a educadores
y trabajadores sociales, médicos y ATS, juristas,
monitores, encargados de talleres y sociólogos,
entre otros profesionales. Tal y como establece el
reglamento penitenciario, los informes que realizan
estos equipos deben ser examinados -en algunos casos
de forma preceptiva- por la junta de tratamiento de
cada centro, presidida por el director del mismo,
antes de decidir sobre la concesión de permisos de
salida a reos o sobre la clasificación inicial o la
revisión de los diferentes grados en los que éstos
se hallan divididos (primero, segundo o tercero), lo
que debe examinarse cada tres o seis meses.
No obstante, como ha podido saber este periódico,
desde abril, decenas de trámites de este tipo se han
realizado en el Centro Penitenciario de Fontcalent
sin contar con los psicólogos, cuyos informes pueden
resultar determinantes. «No podemos paralizar los
trámites, pero muchas veces los informes se quedan
cojos sin los datos que aportan los psicólogos. Por
ejemplo, a la hora de conceder un permiso a un preso
drogadicto, no sabemos si hay riesgo de que vuelva a
consumir o si va a asistir a tratamiento aunque lo
hayan visto otros médicos», señalan fuentes
penitenciarias.
Prevención de suicidios
Además, el concurso de los especialistas es
fundamental en los programas especiales que todas
las prisiones siguen para la prevención de
suicidios. Y a nadie se le escapa que la experiencia
de estar recluido en un presidio, ya sea de forma
preventiva o con una condena, puede acarrear
diferentes trastornos o disfunciones mentales a
cualquier persona.
Este diario trató ayer en vano de ponerse en
contacto con el director de la cárcel de Fontcalent,
Jaime Hernández, para conocer su opinión sobre este
asunto. Hernández se limitó a responder a través de
una funcionaria que actualmente hay en el centro dos
psicólogos trabajando y uno de baja y que la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
pensaba reforzar el área.
Sin embargo, las fuentes consultadas por La Verdad
desmintieron este extremo y aseguraron que en agosto
sólo se ha incorporado al servicio una psicóloga.
Por otro lado, los refuerzos antes mencionados
constan de una especialista que ha obtenido la plaza
en una oposición.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado en diversas
ocasiones a Instituciones Penitenciarias que
aumentara esta plantilla. Según un fiscal de
Vigilancia Penitenciaria, las bajas «cortas» no
pueden ser cubiertas muchas veces por la
Administración. En todo caso, explicó el acusador,
«aunque estuvieran los tres psicólogos trabajando,
serían insuficientes». |
Dos
son las reivindicaciones ya
históricas de los sindicatos de
prisiones: reducción de la
población reclusa y ampliación
de la plantilla. Sin embargo, el
número de internos sigue
creciendo y ha superado ya los
1.900, mientras que el centro
penitenciario cuenta sólo con
1.008 plazas funcionales. En
cuanto a la plantilla, no sólo
no se ha aumentado, sino que
además, este año han sufrido un
recorte del número de prácticos,
de 13 el año pasado a 5 en 2007,
denuncian desde el sindicato de
prisiones ACAIP.
El de Albolote es el centro
penitenciario con más reclusos
de toda Andalucía y su número no
para de crecer. A esto se une
que al ser el primer centro tipo
de la comunidad, su Relación de
Puestos Laborales (RPT) cuenta
con 34 trabajadores menos que
otros centros equivalentes, como
el de Algeciras o el de Huelva.
"Granada es el punto negro",
señala Wenceslao Marbón, de
ACAIP, quien asegura que es
"un milagro diario que todo
salga para adelante". Este
milagro se hace posible,
explica, gracias a una plantilla
muy experta, con una media de
edad de 43 años, lo cual va, no
obstante, de la mano de un
absentismo laboral elevado, que
se sitúa entorno al 19 por
ciento.
La masificación la sufren
todos los trabajadores, que ven
prácticamente multiplicada por
dos su carga laboral y afectada
su seguridad. Marbón recuerda el
caso del trabajador que fue
agredido por un interno hace
unas semanas: "Es una especie de
polvorín y puede pasar algo así
en cualquier momento". Asimismo,
se pone en peligro la seguridad
de los internos, se dificulta el
control, por lo que se ve
incrementado el consumo de
droga, y se hace imposible la
puesta en práctica de las
actividades y talleres
planificados. Comparten esta
visión desde UGT, cuyo
responsable de prisiones,
Humberto Contreras, añade que se
producen frecuentes cortes de
luz y de agua, ya que las
instalaciones no están
preparadas para tal saturación.
Por el momento, se ha pedido
el traslado de 50 reclusos a
otras prisiones y la
paralización urgente de las
reconducciones provenientes de
Málaga, pero estas medidas son
consideradas insuficientes por
los sindicatos, que tampoco
confían demasiado en la
repercusión de la reciente
apertura del centro Puerto III,
en Cádiz, ya que consideran que
descongestionará sólo las
prisiones de aquella zona.
"El problema está en la
distribución de la Dirección
General, pero quizá, si no
escuchan nuestras demandas es
que la dirección del centro no
tiene suficiente peso", señala
Marbón. Por su parte, Contreras
destaca la labor del director,
Nahum Álvarez, que "se vuelca
con los internos", aunque
"quizás no se preocupa lo
suficiente por los
trabajadores", puntualiza
|
Andalucía
acoge en sus centros
penitenciarios más de
14.000 reclusos de los
66.000 correspondientes
al cómputo total de
España. Esto hace que
sea la comunidad con
mayor población presa,
superando a Cataluña con
9.300 y a Madrid que
contabiliza casi 8.500,
cifras que se deprenden
de las facilitadas por
la Dirección General de
Instituciones
Penitenciarias.
Ante esta situación, el
Ministerio de Interior
está construyendo nuevos
centros programados y
centros de inserción
social (CIS), para
responder a estas
necesidades de
masificación. «El
problema estriba en que
tienen que pasar años
para que estos centros
estén a pleno
rendimiento y mientras
seguirá aumentado el
número de internos»
aseguró ayer a ABC la
sección sindical de la
Agrupación de los
cuerpos de la
administración de
instituciones
penitenciarias (Acaip).
Las cifras que se han
puesto de manifiesto
reflejan un continuo
incremento en la
población reclusa
andaluza ya que en enero
la comunidad sumaba
13.681 internos, 13.829
en febrero, 13.857 en
marzo, 14.011 en abril y
14.126 en mayo.
El Provincial de
Granada, ubicado en
Albolote, fue, de entre
los grandes centros
penitenciarios
andaluces, la cárcel con
mayor número de presos y
la única de Andalucía
cuya población reclusa
creció mes a mes durante
el primer semestre de
2007 pasando de 1.705
reclusos a principios de
año hasta un total de
1.883 a finales de
julio. Esta cifra la
sitúa como el centro
andaluz que más presos
aglutinaba a finales del
primer semestre del año,
por encima de las
prisiones de Málaga, que
en esas fechas contaba
con 1.846 internos,
Huelva (1.823), Córdoba
(1.805), Algeciras
(1.804) y Sevilla
(1.684).
Según el Acaip,
el hacinamiento de
presos en centros
penitenciarios provoca
que se vulneren las
condiciones mínimas de
trabajadores e internos
que se están exigiendo
desde hace más de cinco
años. «En algunos casos
tan sólo tres
funcionarios supervisan
a más de doscientas
personas» denuncia el
sindicato de prisiones.
Las grandes prisiones
andaluzas han visto como
desde comienzos de año,
donde registraron unos
1.700 presos cada una,
se ha incrementado su
población en torno a una
centenar. La excepción
la encontramos en
Sevilla, que inició el
año con 1.711 internos y
a final del semestre
contaba 1.6
|
La
prisión malagueña de
Alhaurín de la Torre ha
alcanzado en estas
fechas la cifra más alta
de reclusos en sus
quince años de historia,
con un total de 1.904
cuando, sin embargo,
está diseñada para 900,
según advirtió la
sección sindical de la
Agrupación de los
cuerpos de la
administración de
instituciones
penitenciarias ( Acaip).
Por ello, exigió
«medidas urgentes si no
se quiere llegar al
colapso de la cárcel más
masificada de España».
Este hecho, según el
sindicato, pone la
prisión malagueña «al
límite de su capacidad
de funcionamiento», ya
que «la propia
Administración
penitenciaria reconoce
una falta de 65
trabajadores», aunque
Acaip considera que
ese déficit es de al
menos 90 personas. «Cada
salida o movimiento de
internos -a cursos,
locutorios, talleres,
charlas, polideportivo,
piscina, salón de
actos...- ha de estar
supervisada por los
funcionarios,
responsables de
cualquier incidencia que
pueda suceder»,
denunciaron, al tiempo
que alertaron de que,
pese a ello, «la
plantilla de la prisión
malagueña es menor que
hace 15 años».
Des de Acaip se
hizo hincapié en que
cada vez se aumenta más
el número de movimientos
de internos para
realizar actividades de
todo tipo, «ignorando,
sin embargo, que no hay
personal suficiente para
supervisarlos, poniendo
en grave peligro la
seguridad tanto de
presos como de
trabajadores».
Esta masificación en la
prisión malagueña
acarrea también uno de
los mayores problemas
dentro de una cárcel,
como es, según el
sindicato de
funcionarios, «el
incremento de la
conflictividad». «Los
roces aumentan cuando se
obliga a convivir a los
internos en espacios con
capacidad para la mitad
de personas, y esto,
unido al nuevo perfil de
los reclusos, hace que
en lo que va de año el
número de incidentes,
algunos bastante graves,
se haya elevado». Por
todo ello dejaron claro
que «la situación es
prácticamente
insostenible»
|
Parece
ser que los psicólogos no hacen falta en Fontcalent,
una prisión que funciona aunque sus tres
especialistas en psicología estén de baja. Los
sindicatos de funcionarios de prisiones UGT y
Acaip denuncian que se han tramitado, desde
abril, permisos para reclusos sin que nadie haga
informes psicológicos, más que nada porque han
estado de baja los tres profesionales de la
plantilla e Instituciones Penitenciarias no cubrió
su ausencia. Sólo durante unos días de mayo hubo un
psicólogo que pronto volvió a tener la baja. En
estos momentos parece ser que hay otro en activo
nada más, incapaz de cubrir las necesidades del
centro, ya que un fiscal de Vigilancia Penitenciaria
ha manifestado que ni con tres se solventa el
problema. La Fiscalía ha solicitado aumento de
plantilla, pero Interior ni quiere saber ni
contesta.
Esto no es serio por más que el director de la
cárcel, Jaime Hernández, a través de una
funcionaria, intentara suavizar la situación
diciendo que ahora hay dos (punto que niegan otras
fuentes) y que Instituciones Penitenciarias pensaba
reforzar el área. Los psicólogos tampoco informaron
clasificaciones y revisiones de grados de los
internos ni pudieron elaborar informes solicitados
por los jueces sobre presos preventivos.
Fontcalent no tiene motivos para otorgar una
distinción al ministro Rubalcaba, al que elogiábamos
aquí, hace unos días, porque se había comprometido
con Francisco Camps para consensuar plantillas de
Policía Nacional y Guardia Civil, así como para
mejorar las casas-cuartel de la Guardia Civil.
Supongo que en las reuniones de la comisión
Interior-Consell, que empezarán en septiembre,
también se planteará la necesidad de una nueva
cárcel que acabe con la saturación de Fontcalent y
Villena, algo que condiciona las prisiones
preventivas en la cárcel capitalina.
No todos los jueces tienen la misma balanza para
hacer justicia. Mientras una juez de guardia
ordenaba prisión preventiva para un maltratador de
San Juan, el pasado fin de semana, derivando el caso
a un juzgado especial de violencia doméstica (éstos
juzgados no funcionan los fines de semana), el juez
de malos tratos dejó en libertad provisional, el
lunes, al supuesto agresor de su compañera. Para el
abogado (del acusado), Joaquín María Lacy, fue todo
un éxito
¿Habrá prisión en firme para este presunto tras el
juicio? Ya hay en Fontcalent 300 maltratadores y el
número no hace más que crecer. Cada semana son
detenidos entre diez y quince violentos. Algunos
seguirán cursos de rehabilitación. Otros tendrán que
rehabilitarse en prisión, pero van a tener difícil
las entrevistas con los psicólogos. |
La
Dirección General de
Instituciones
Penitenciarias aseguró
hoy que ha tomado las
medidas oportunas tanto
con el preso afectado
por tuberculosis en la
cárcel de Sevilla II
como con los
funcionarios que
tuvieron contacto con
éste y dieron positivo
de contagio.
Fuentes de la DGIP
informaron a Europa
Press de que el centro
penitenciario realizó
los trámites pertinentes
para controlar el caso,
a pesar de que el
sindicato de prisiones
Acaip y la Unión
Sindical Obrera (USO)
han pedido una
investigación a la
Inspección General de
Instituciones
Penitenciarias por una
supuesta «dejadez o
negligencia» de la
Administración
Penitenciaria ya que
varios funcionarios de
la cárcel Sevilla II han
dado positivo de
contagio de tuberculosis
al tener relación con un
preso afectado por esta
enfermedad.
Los sindicatos
consideraron que la
administración «no ha
iniciado los protocolos
que la DGIP tiene
establecidos para estos
casos y remite a los
funcionarios a su médico
de cabecera en lugar de
iniciar las pruebas
pertinentes, como es su
obligación».
Asimismo, manifestaron
que el tema es
«delicado» ya que estos
trabajadores podrían
«multiplicar el número
de contagios».
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El
Ministerio del Interior, a través del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, publicó hoy en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) la adjudicación del suministro de varias
máquinas de confección industrial para los talleres
del centro penitenciario de Topas (Salamanca) que
permitirán que en las instalaciones charras se
confeccionen las sábanas y las fundas de almohadas
para todas las cárceles de España |
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