Acaip
- Índice de Noticias de prensa -
Acaip
- Noticias de prensa
|
Prisión sin delito |
|
8/05/2007 |
| Más 65.000 familias españolas
sufren las consecuencias de tener un familiar en la cárcel |
Más de 65.000 familias en España sufren las
consecuencias de tener un familiar en prisión, lo
que supone un estigma social, un problema económico
y un conflicto psicológico, según el Observatorio
del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la
Universidad de Barcelona (UB). Este observatorio ha
hecho un diagnóstico de esta situación que ha sido
recogido en el libro La cárcel en el entorno
familiar, según explicó Cristina Fernández, uno de
los miembros de esta asociación.
Los familiares de los presos, en su gran mayoría
mujeres, afrontan una situación marcada por las
dificultades económicas, sanitarias, psicológicas y
sociofamiliares, así como las relacionadas con el
propio sistema penitenciario, según Cristina
Fernández: «Su vida queda condicionada por la
prisión sin haber cometido ningún delito».
Una de las principales conclusiones que se
desprenden del estudio es el problema económico al
que se enfrentan las personas que están en esta
situación.
Según el Observatorio, los gastos económicos que
desencadena el ingreso en prisión de un familiar,
añadido a la pérdida de uno de los sueldos
familiares -a veces el único- debido a la privación
de libertad de uno de los integrantes de la familia,
no están contemplados en ayudas especificas para el
colectivo.
Sin embargo, y a pesar del peso económico que supone
esta situación, la mayoría de las familias prefieren
contratar un letrado privado, hasta el punto de «dar
prioridad al abogado privado por encima de poder
comer», apuntó otra de las miembros del Observatorio
Aura Roig.
Rutinas estrictas
Estas situaciones se agravan especialmente por las
rutinas del propio sistema penitenciario, que
establece unos regímenes de visita y comunicación
muy estrictos y poco adaptados a las necesidades de
los familiares, destaca el estudio. Los presos
tienen derecho a dos comunicaciones de veinte
minutos a la semana (locutorio), así como dos
comunicaciones físicas al mes de una hora y media,
en algunos casos difíciles de cumplir por los
horarios laborales de los familiares.
Pero quizá, el gran cambio en la vida de estas
personas es el aspecto psicológico y sociofamilar,
ya que la prisión «entra en la cotidianeidad, en
todas las facetas de la vida». Las mujeres de presos
presentan cuadros psicológicos de «falta de
autoestima, inseguridad, sentimiento de culpa», en
definitiva -expuso Roig- «sentimiento de estar en
una prisión».
Sin embargo, su prisión es la propia sociedad, a la
que prefieren ocultar su situación por miedo o
rechazo. Otra de las miembros del estudio, la
doctora en Ciencias Económicas de la UB, Núria Font,
destacó como la mayoría prefieren «recurrir a la
mentira», también delante de los hijos, frente al
poco apoyo psicológico que reciben las familias. |
Nuevamente la Enfermería de la penitenciaría
valenciana vuelve a ser escenario de un incidente.
El pasado sábado tres funcionarios sufrieron
lesiones –dos de ellos leves y otro en la rodilla,
lo que le obligará a mantener reposo varios días– al
intentar reducir a un preso que comenzó a destrozar
el cristal de una puerta, según el sindicato
Acaip. Además, este interno ya había
protagonizado otro incidente el día 1 de mayo al
negarse a entrar en su celda.
También el pasado fin de semana otro recluso intentó
agredir con la hebilla de un cinturón a los
funcionarios que habían acudido para evitar
agresiones a otros internos, pero no lo consiguió al
ser reducido por otro preso.
Para el sindicato, estos hechos demuestran la
“dramática y escandalosa” situación en la que se
trabaja en la Enfermería de la Unidad de
Preventivos, ya que casi a diario se producen
sucesos de este tipo.
“Los incidentes son casi diarios, hay multitud de
funcionarios que resultan lesionados al ser
agredidos por los internos, al tratar de reducirlos,
o para intentar evitar agresiones entre ellos”,
relató el sindicato.
Las mismas fuentes explican que en ese departamento
se mezclan internos con patologías psiquiátricas
graves, internos muy peligrosos e internos
clasificados en Primer Grado “sin que reúna las
condiciones adecuadas para ello y con una
insuficiente dotación de personal”. |
La Fiscalía de Sevilla se sumó ayer a las críticas
formuladas recientemente por la asociación Pro
Derechos Humanos sobre la atención sanitaria
especializada que se ofrece a los reclusos. Según
los datos de la Memoria de la Sección de Vigilancia
Penitenciaria de la Fiscalía sevillana, más del 50%
de los presos que solicitaron este servicio entre
agosto y diciembre de 2006 no pudieron acudir a su
cita con el médico por falta de escolta policial. El
Ministerio Público reclamó, a través de un comunicdo,
que se renueve el acuerdo firmado en 1992 en tre la
Junta e Instituciones Penitenciarias, que
contemplaba que, para evitar los desplazamientos, el
recluso fuera atendido en la cárcel siempre que
fuera posible.
La Fiscalía sevillana considera que la atención
sanitaria primaria en las cárceles de Sevilla "queda
plenamente garantizada" por 22 médicos dependientes
de Instituciones Penitenciarias, que garantizan
servicio las 24 horas del día. Sin embargo, la
atención especializada "quiebra" por
"incumplimiento" del convenio que suscribieron en
1992 la Junta y la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias (DGIP).
Este incumplimiento, según el Ministerio Público, se
nota dos aspectos: En la atención psiquiátrica, que
es afrontada por la DGIP con recursos ajenos
concertados; y en "fracasos de materialización" de
los desplazamientos de internos para atención fuera
del hospital, "la única alternativa de atención
especializada al incumplimiento del Convenio". Según
la Fiscalía, estos desplazamientos no se puede hacer
a menudo "por insuficiencia de la fuerza policial de
escolta"
"Parece evidente la necesidad de que se efectúe la
revisión del convenio", advierte el Ministerio
Público sevillano, quien denuncia que la situación
actual supone la "vulneración al derecho a la salud"
de los internos. La Fiscalía insta a "hacer real" la
asistencia de los médicos especialistas en las
cárceles, como proponía el convenio, "de forma que
no quede a la voluntad de estos profesionales".
El Ministerio Público sevillano apuesta por adoptar
convenios similares a los que está firmando la DGIP
con otras autonomías, como Extremadura o Aragón.
Estos acuerdos fijan un mínimo de horas para
determinadas especialidades en las que los reclusos
son atendidos en la prisión y establece un sistema
de videoconsultas. El convenio extremeño hace un
cálculo aproximado de reducción del 40% de las
consultas externas.
La Fiscalía reclama además la creación de comisiones
de seguimiento para supervisar todas las áreas
afectadas y planificar los recursos necesarios para
mejorar la asistencia de los internos. Según los
datos de la memoria, de las 1.968 citas que pidieron
el año pasado los presos de Sevilla para médicos
especialistas, no se llevaron a cabo 741 (el
43,63%). La situación se ha visto agravada el
segundo semestre, donde se superó el 50% de
incumplimientos durante varios meses. La memoria
denuncia asimismo la "saturación" del hospital
psiquiátrico penitenciario de Sevilla, cuya
capacidad ideal se estima en 120 internos. La media
en 2006 ha sido de 183 internos, a pesar de que sólo
dispone de 180 camas, lo que obliga a ocupar las
plazas de presos que disfrutan de permiso. |
|
Decomisan 300 'armas' a los internos de la cárcel Sevilla-II
|
 |
8/05/2007 |
| Los funcionarios de la prisión
Sevilla-II intervinieron el pasado año 321 objetos peligrosos
a los internos, lo que supone un incremento del 72,5 por
ciento frente a las 186 armas intervenidas en 2005. La memoria
de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria destaca el aumento
en el decomiso de 108 pinchos -objetos de fabricación casera
utilizados para agredir a otros presos- frente a los 73 que
fueron aprehendidos en 2005. |
Los registros a los internos también permitieron la
retirada de 22 teléfonos móviles, uno de los
aspectos cuya intervención ha experimentado un mayor
crecimiento, dado que el año anterior sólo fueron
intervenidos dos teléfonos y uno en 2004.
La Fiscalía considera no obstante que la convivencia
en la prisión de Sevilla-II mejoró a lo largo de
2006, al haberse reducido los índices de
conflictividad y las sanciones disciplinarias. Para
avalar estos datos, el Ministerio Público señala que
los funcionarios tuvieron que emplear la fuerza
física en 17 ocasiones frente a las 43 que
resultaron necesarias en 2005; y la utilización de
las defensas de goma se limitó a un único caso
frente a los tres del año precedente.
Los expedientes disciplinarios a los internos se
mantienen prácticamente igual -622 frente a los 627
de 2005- y han aumentado las recompensas de notas
meritorias, que alcanzaron las 1.383.
La aplicación de esposas para evitar que un interno
se autolesione o agreda a otro preso afectó a 18
personas, lo que representa las mismas cifras que en
el año 2005, y los aislamientos provisionales de
reclusos pasaron de 242 a 303, aunque todavía se
encuentran por debajo de los 334 casos registrados
en 2004.
Junto al incremento de la intervención de objetos
peligrosos, la Fiscalía también ha puesto de
manifiesto en su memoria un aumento en las
aprehensiones de sustancias estupefacientes,
principalmente heroína y cocaína, así como
benzodiacepinas, aunque no especifica las cantidades
incautadas. Por el contrario, han disminuido las
aprehensiones de hachís.
La prisión de Sevilla cuenta con 912 celdas y su
capacidad máxima operativa es de 1.824 internos
antes de alcanzar la saturación. Durante el año
pasado hubo momentos en que se superó la ocupación
máxima -1.833 internos en el mes de octubre-, aunque
a 31 de diciembre la población reclusa alcanzaba las
1.717 personas, de las cuales 400 estaban en prisión
de forma preventiva, a la espera de la celebración
de su juicio.
En cuanto a la comparación con la media española, en
Sevilla hay una celda para 1,88 internos, lo que
supone unos niveles de saturación por encima de la
ocupación que se registra en otras prisiones
españolas -una celda para 1,37 internos-. Con estas
cifras, la Fiscalía considera "evidente" la
necesidad de poner en marcha la nueva cárcel de
Morón de la Frontera, cuya construcción está
prevista para la primavera próxima. |
|
El acusado se negó a declarar ante el juez sobre
estos hechos, ocurrieron en diciembre de 2005,
cuando agresor y agredido se encontraban cumpliendo
condena por diversos delitos. Según los funcionarios
que declararon esta mañana en el juicio, nadie vio
cómo ocurrió la agresión, pero aseguraron que sí
habían visto salir huyendo a la víctima y al
presunto agresor detrás de él.
Posteriormente, el herido se tapó la cara con una
toalla que se llenó de sangre. Estas declaraciones,
junto a las de los peritos, que resaltaron el hecho
de que la herida del ojo de la víctima había sido
hecha con un punzón, y la declaración del propio
agredido, hicieron al fiscal mantener la pena
solicitada inicialmente.‘Aunque nadie le vio agredir
al otro interno, las pruebas evidencian que sólo
pudo ser él’, apuntó Paulino González, fiscal
encargado del caso.
El acusado se acogió a su derecho a no declarar en
el juicio, ‘a pesar de que, inicialmente, su abogada
le había convencido de declararse culpable para
lograr algún tipo de rebaja en su condena ’M.V.L. es
un preso considerado por Instituciones
Penitenciarias como ‘conflictivo’, según explicó
González, ya que está cumpliendo varias condenas
concatenadas por diversos robos con violencia. ‘Creo
que no saldrá de la cárcel antes del 2’‘‘, indicó.
El fiscal también pidió que el acusado afronte una
indemnización de 50.000 euros para la víctima.
Precisamente, este interno señaló hoy en el juicio
al acusado como autor de los hechos, y aseguró que
todo el mundo en la prisión sabía que M.V.L. llevaba
un pincho consigo ‘porque lo había enseñado por todo
el patio’.
El pincho, al parecer, había sido fabricado con una
lata, pero no se pudo comprobar que se tratase del
instrumento empleado por el delincuente, ya que no
se pudo localizar el arma agresora.‘Supongo que se
desharía de ella o lograría que alguno de sus
compañeros de prisión la hicieran desaparecer’,
añadió Paulino González. El fiscal también ha
solicitado que el Estado se haga responsable de lo
ocurrido, ‘ya que no podemos olvidar que es el
responsable de la vigilancia y seguridad de los
presos en las cárceles’, e incidió en que ‘se hacen
continuos cacheos y se revisan las celdas para
evitar que se fabriquen armas como la que se utilizó
en este caso’.
Sin embargo, según González, en el caso del acusado
‘no consta que se le hiciera revisión a priori
alguna’, por lo que manifestó que creen ‘que se
produjo una negligencia’.‘Tras los hechos sí se le
registró la celda a posteriori y sólo se pudo
encontrar un pincho de plástico, pero que resultó no
ser el utilizado en la agresión’, puntualizó. |
|
Los
presos en España con condenas por homicidio,
agresiones graves y violaciones han pasado en los
últimos seis años de representar el 11,7% del
total a alcanzar un porcentaje del 16%. Expertos
consultados por La Vanguardia coinciden en que
esta estadística dibuja una sociedad española en
la que cada año está más presente la violencia
extrema, con un perceptible incremento del número
de homicidios o violaciones. Algunos de ellos
apuntan a la difícil integración de la inmigración
como una de las causas; otros no lo ven tan claro.
Luis Izquierdo /
Ssantiago Tarín | Que la sociedad española
es cada año que pasa más violenta no no es sólo
una percepción de la población o de los expertos.
Lo constatan las estadísticas sobre la evolución
del número de reclusos penados en España desde el
2001, facilitados por la dirección general de
Instituciones Penitenciarias. Mientras desde el
2001 la población reclusa penada (aquellos
internos que ya cumplen la condena impuesta) ha
crecido un 33%, el número de presos con condenas
por delitos relacionados con violencia hacia otras
personas (homicidios, agresiones, violaciones) lo
ha hecho en un 83%. El número de internos
sentenciados por conductas especialmente agresivas
como las descritas ha pasado en ese periodo de
representar un 11,7% de la población reclusa total
al 16,1% de los penados entre las rejas de las
prisiones españolas. El mayor número de presos
corresponde a las tipologías relacionadas con los
delitos contra la propiedad, seguidos de los
delitos vinculados al tráfico de drogas, tanto por
su transporte como por su venta.
VICENTE GARRIDO. Profesor de Psicología de
la Universidad de Valencia
"Forjarse una identidad en un entorno hostil"
El profesor de Psicología de la Universidad de
Valencia Vicente Garrido considera que los datos
aportados por La Vanguardia constatan que
"está apareciendo una delincuencia cada vez más
violenta" en España. Una sociedad con mayor
propensión a la hostilidad que, según su opinión,
es consecuencia en cierta medida de la dificultad
de integrar a un número tan abultado de
inmigrantes en un periodo tan corto de tiempo.
"Eso trae consigo una cierta conflictividad por la
necesidad de algunos (extranjeros) de forjarse una
identidad en un entorno que les ha resultado
hostil", abundó Garrido extendiéndose sobre las
causas de la mayor violencia en la sociedad. Una
mayor violencia que también constata el
crecimiento de los homicidios que se cometen
anualmente, alrededor de unos 1.200 en la
actualidad frente a los mil que se registraban
hace sólo unos años.
CARLOS LLES. Profesor de Sociología de la
Universidad Complutense
"Los datos son un buen barómetro"
Carlos Lles, profesor de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, considera, no
obstante, que achacar esa evolución a los
extranjeros es precipitado sin un análisis más
pormenorizado de la nacionalidad de quienes
durante estos últimos años han sido penados por
los delitos violentos. Lles estima, sin embargo,
que los datos son "un buen barómetro" sobre lo que
está ocurriendo en nuestra sociedad y marcan una
"tendencia sintomática de las cosas". El sociólogo
de la Complutense madrileña matiza, no obstante,
que esa evolución de los crímenes más violentos no
suele guardar relación con la alarma social que
concita la inseguridad ciudadana. "La preocupación
por la inseguridad sigue unos ciclos que pocas
veces coinciden con la evolución de la
criminalidad -explica-, pues se basan en
impresiones muy subjetivas de las personas".
JOSÉ LUIS MACHO. Psiquiatra forense de
Barcelona
"Incide también el consumo de drogas"
El psiquiatra forense José Luis Macho, que se
desempeña en el Institut de Medicina Legal de
Catalunya, consideró que "la violencia va ligada
al modo de vida: todo lo queremos para ayer y la
gente no está acostumbrada a la frustración
diaria, que hay cosas que no se pueden conseguir".
El especialista también destacó que hay una gran
incidencia del consumo de tóxicos en la población
que comete actos violentos: drogas como la cocaína
y las anfetaminas". La conjunción de estos dos
factores "causa mucha irritabilidad y violencia".
Pero no sólo es eso: también influye que hay menos
límites a las actuaciones y control en la vida
familiar. Esas cosas producen más trastornos de la
personalidad, como oscilaciones en la parte
afectiva, de manera que mucha más gente se sume en
el tobogán de que hoy estoy bien y mañana estoy
hundido en la miseria."Éste es el caldo de cultivo
para el aumento de la violencia, que se ha
incrementado mucho por parte de las mujeres, algo
que era hace sólo unos años era insólito".
ANDREU VAN DEN EYNDE. Miembro del Co·legi
d´Advocats de Barcelona
"El problema es la exclusión social"
Andreu Van den Eynde, letrado penalista miembro de
las comisiones de derecho penal y de derecho
penitenciario del Col·legi d´Advocats de
Barcelona, no coincide en estimar que ha aumentado
la violencia y menos en atribuirla a los
extranjeros: "Platón, hace 2.000 años, ya decía
que los alumnos no hacían caso a los maestros. Yo
pienso que es un problema de exclusión social.
Estamos en una fase en la cual se han abandonado
totalmente las políticas de resocialización. Todos
los recursos se destinan a la actividad punitiva y
al control. Nos enseñan el miedo para justificar
los esfuerzos a favor de la represión. Los
problemas de hoy no se solucionan y se nos vuelven
a presentar mañana. Así se alimenta más la rueda
de la exclusión social y fenómenos como el
racismo. Sí faltan perspectivas".
|
Un total de 1.539 reclusos en las cárceles de
Castilla y León realiza un trabajo remunerado en los
distintos talleres, lo que les permite cotizar a la
Seguridad Social. Así lo señaló ayer la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, que visitó algunos de estos talleres en el
Centro Penitenciario de Topas en Salamanca. Gallizo
destacó que el trabajo en los talleres productivos
de los centros penitenciarios ha aumentado en más
del 10% desde el año 2004 y que las cotizaciones a
la Seguridad Social de los internos castellanos y
leoneses se han incrementado en el 28% en el último
año, alcanzando los 733.000 euros.
La directora general remarcó que no todas las
personas que cumplen condena en una prisión pueden
trabajar, ya que algunas tienen limitado este
derecho y otras tienen condiciones que se lo
impiden. Actualmente, trabaja el 39% de las personas
que están en disposición de poder hacerlo en las
cárceles de la comunidad, según las cifras del
Ministerio del Interior. Sin embargo, estos datos
reflejan que la ocupación de los internos en los
ocho centros penitenciarios de la comunidad no es
homogénea, ya que mientras en algunas cárceles los
internos que están capacitados para desarrollar un
trabajo y que tienen ocupación alcanza el 90% del
total, en otras apenas supera el 27%.
Los talleres productivos en los que se emplean los
reclusos abarcan diferentes áreas, como carpintería
metálica, confección industrial, carpintería de
madera, artes gráficas, panadería, cocina,
mantenimiento o actividades auxiliares. Mercedes
Gallizo insistió en que «lo ideal es que toda la
población interna que esté en disposición de
trabajar tenga un puesto pero eso no lo podemos
hacer nosotros solos, necesitamos la colaboración de
los empresarios».
Contratación
La directora general destacó en este sentido que
actualmente la propia administración es la principal
empresa de contratación para los internos, a través
del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, «lo que quiere decir que
estamos también muy concienciados», apuntó.
Así, destacó que «estamos comenzando a cubrir
servicios desde las propias cárceles, como los
talleres de cocina y panadería». Igualmente, avanzó
que el taller textil de la cárcel salmantina de
Topas, recientemente ampliado, se encargará a partir
de ahora de la confección de la ropa de cama de las
celdas de todos los centros penitenciarios
españoles.
En cualquier caso, Gallizo subrayó la puesta en
marcha de convenios con organizaciones empresariales
y otros agentes sociales para impulsar los talleres
productivos, considerados como «un instrumento
esencial» para la reinserción y reintegración de los
presos.
La directora general destacó especialmente en su
visita a Salamanca el convenio firmado con la
patronal regional, Cecale, y señaló que más de 40
empresas colaboran ya con los talleres productivos.
En el conjunto nacional, el número de empresarios
colaboradores se eleva hasta más de 400 |
|
Según los datos de la memoria de la sección de
Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de Sevilla,
el número de casos que se estudiaron el año pasado
fue de 410, de los que finalmente se concedieron
359. Una cifra que supone un 44,36 por ciento más
que el año anterior, en el que se analizaron 284.
Las libertades condicionales también aumentaron a lo
largo de 2006, ya que de las 243 que se otorgaron en
2005 se ha pasado a las 260 del último año. Esto
significa un incremento del 6,99 por ciento, aunque
si se compara con los datos de 2003, en el que se
registraron 126, es decir, un 106,34 por ciento más.
En cuanto a los permisos de salidas y asimilados
durante 2006, Sevilla II concedió un total de
25.733; de estas se produjeron un total de 15
quebrantamiento de condenas --todos reingresados--,
lo que equivale a 0,65 rupturas cada mil salidas. En
cambio, en 2005, las salidas concedidas fueron
22.836 salidas, con nueve quebrantamientos, es decir
0,39 por cada mil permisos.
En cuanto a la formación, la memoria destaca como
aspecto negativa la bajada de la actividad
formativa, ya que de los 28 talleres de formación
profesional que se ofertaban el año pasado se ha
bajado a 23, lo que repercute que el número de horas
haya bajado de 19.974 a 12.333, y el de internos de
420 a 435.
Por contra, afirma que el área educativa ha
mejorado, especialmente en enseñanza primaria,
neolectores y alfabetización. Así, actualmente nueve
presos estudian una carrera universitaria, frente a
los seis del año pasado. De estos reclusos, cuatro
cursan Derecho; dos, Turismo; uno, Administración de
Empresas; uno, Psicología; y uno, Trabajo Social.
Por último, la Fiscalía resalta la potenciación de
los talleres productivos, con un incremento de
internos que pasan una media de 269; mientras que
las nóminas totales anuales se incrementaron de
523.843 a 647.938 euros. |
Un total de 54 internos de la provincia cumplen
condena fuera de prisión. Son reclusos que han
demostrado su capacidad para reinsertarse
socialmente y que ahora cumplen el final de la pena
desde sus casas gracias a un dispositivo
electrónico. Tres de cada diez presos en tercer
grado disfrutan de este sistema de vigilancia
telemática, según fuentes penitenciarias.
La cifra de presos con sistemas de control
electrónico no ha dejado de aumentar desde que el
dispositivo empezó a aplicarse en la provincia en
marzo del 2002. En esa época, en Fontcalent podían
contarse 28 internos con pulseras telemáticas.
Cuatro años más tarde, un total de 46 reclusos se
beneficiaban del sistema. A fecha de hoy, 54 de los
161 internos de tercer grado del centro
penitenciario alicantino pueden pernoctar en su casa
gracias a la televigilancia.
En estos momentos, en Villena no hay nadie que
utilice este sistema, ya que los presos de tercer
grado se derivan al Centro de Inserción Social (CIS)
de Fontcalent inaugurado el pasado año, explican
desde la dirección del centro penitenciario Alicante
II.
La televigilancia consiste en una pulsera o
tobillera que lleva puesta el preso y difícil de
manipular por el interno. El dispositivo emite una
señal a un sistema electrónico conectado por vía
telefónica a Madrid y al centro penitenciario.
El sistema se encuentra en el teléfono del domicilio
del interno y tiene un radio de acción determinado,
de tal modo que sólo recibe la señal de la pulsera o
la tobillera si el usuario se encuentra en casa. De
este modo, Instituciones Penitenciarias puede
controlar las horas que el condenado pasa en la
vivienda.
El sistema detecta cualquier tipo de engaño o de
manipulación y de inmediato salta la alarma. Un
receptor capta una señal cuando el sujeto llega a su
domicilio y alerta si se incumple el horario
establecido desde Instituciones Penitenciarias.
Normalmente se le obliga a estar en casa ocho horas
por la noche, las mismas que debería de pasar en
prisión si fuera a dormir al centro penitenciario.
«En lugar de pernoctar en el centro, se controla al
preso mediante instrumentos electrónicos conectados
con la prisión y con Madrid», señala Manuel Sánchez
Sánchez, subdirector del Cis de Fontcalent. «Se sabe
que están en casa la hora que tienen que estar.
Suele ser por la noche, pero se puede adaptar al
horario de trabajo».
Prisión
condicional
Manuel Sánchez Sánchez explica que la
utilización de las pulseras telemáticas suele ser el
paso previo a la prisión condicional, la última fase
del tercer grado.
El tercer grado es la antesala a la reinserción del
preso y consta de cuatro fases, explica Manuel
Sánchez Sánchez. La primera es la más restrictiva y
supone un periodo de adaptación a la nueva
situación. En la segunda se realizan todas las
gestiones oportunas para que el interno pueda salir
a trabajar con toda la documentación en regla. En la
tercera, el preso sale a trabajar por el día y
vuelve a dormir al centro penitenciario. Si cumple
con los programas y los objetivos, se le pone una
pulsera telemática |
Según los datos de la memoria 2006
de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la
Fiscalía de Sevilla, las nacionalidades más
habituales son colombiana y marroquí, con 22 presos
de cada una; rumana, con 15; china, siete; y
argelina, seis. De estas las tres primeras
nacionalidades representan el 45 por ciento de la
población del centro.
La Fiscalía justifica el bajo
número de extranjeros en que, aunque Sevilla genere
una población penal anual de 4.500 reclusos, sólo
unos 1.900 se quedan en Sevilla; ya que el superávit
se deriva al centro penitenciario de Huelva y el
resto se dispersa principalmente en Córdoba,
Badajoz, y a partir de ahí, en Jaén y otros centros.
Asimismo, los extranjeros sin
arraigo ni vínculos sociofamiliares ni
institucionales se derivan a centros penitenciarios
de Castilla-León, con superávit de plazas ofertadas.
En toda España, según los datos
actualizados a diciembre de 2006 de Instituciones
Penitenciarias, el número total de reclusos
extranjeros existentes en centros penitenciarios
españoles ascendía a 20.643 reclusos sobre una
población total de 64.021 internos, lo que supone un
38'49 por ciento de la población general |
2.940 presos recibieron tratamiento antirretroviral
durante 2006 en las cárceles dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de
España, que se encarga de realizar un análisis
voluntario a todos los reclusos antes de ingresar en
los centros para detectar el virus VIH, de realizar
un seguimiento del estado del paciente y de
proporcionarle acceso diario a consulta médica y
asistencia de urgencias durante las 24 horas.
Así contestó el Gobierno a la pregunta realizada en
el Congreso por la representante de Esquerra
Republicana de Cataluña Laia Cañigueral i Olivé,
quien se interesó por conocer las actuaciones del
Ejecutivo en relación a los acuerdos aprobados en la
moción de su grupo sobre políticas de investigación,
prevención, tratamiento e integración de personas
afectadas por el VIH.
En su respuesta el Gobierno informó también de que
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
dispone de un programa específico para la prevención
y control de la infección VIH en el medio
penitenciario que está "implantado en todos los
centros" y en el marco del que se lleva a cabo
controles analíticos CD4 y carga viral y el
seguimiento de la infección "a todos los internos
que lo requieren".
"Además, los internos son derivados a consultas
especializadas en unidades de infecciosas o de VIH
de los hospitales de referencia de cada centro
penitenciario, proporcionándoseles el tratamiento
necesario en cada caso", concluyeron |
La falta de personal en la prisión de Fontcalent
continúa agravándose con el paso del tiempo. Esta
semana, los sindicatos han levantado la voz de
alarma y han vuelto a denunciar la «extrema
peligrosidad» con la que conviven a diario. Fuentes
sindicales han denunciado que en los módulos más
numerosos, en los que se pueden concentrar «hasta
casi 300 presos», sólo dos funcionarios se encargan
de la seguridad. «En cada módulo suele haber tres
trabajadores, pero uno se encarga de todos los
trámites burocráticos. Por tanto, hay un funcionario
por cada 150 reclusos», señala un responsable
sindical.
Este hecho se ve todavía agravado en caso de que se
inicie una pelea entre dos reos. «Podemos tener
serias dificultades para detenerlas. Pero es que
además trabajamos en unas condiciones
tercermundistas y en unas instalaciones obsoletas»,
lamentan. Lo peor además es el elevado número de
vacantes y, por tanto, la falta de personal. Las
tres cárceles de la provincia (Cumplimiento,
Psiquiátrico y Villena), suman más que las de
Castellón y Valencia. El Gobierno, en una respuesta
parlamentaria, ha admitido el gran número de
ausencias |
15 de mayo de 2007.
Ayer se dio a conocer, en informaciones
periodísticas no desmentidas, la situación de
algunos presos de la banda terrorista ETA en
cárceles catalanas. Reclusos como
Diego
Sánchez Burria,
condenado a nueve años por colaborar con el comando
Barcelona, y su compañera
Laura Riera,
condenada también por colaborar con la banda,
mantendrían encuentros a diario entre sí y con otros
terroristas. La tolerancia hacia estos privilegios
estaría favoreciendo el reagrupamiento y
coordinación en cárceles de Cataluña de presos
condenados por terrorismo.
No se trata de una anécdota, ya que precisamente la
mejora en la situación de los presos es una de las
reivindicaciones más constantes de ETA a lo largo
del "proceso de paz" entablado entre la banda y el
Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. La liberación de
los etarras condenados, precedida de una fase de
acercamiento y atenuación de las penas, es algo que
ETA nunca ha dejado de pedir como condición para dar
más pasos. El caso del etarra
Ignacio De Juana
Chaos, culpable de veinticinco asesinatos y
actualmente en un régimen privilegiado de
semilibertad, fue sólo el primero, ya que la banda
pretende algo similar para todos sus miembros
detenidos.
No es casualidad, por otro lado, que estas noticias
lleguen de Cataluña.
Zapatero
no ha anulado formalmente la política de alejamiento
y dispersión de presos etarras, que nació para
debilitar a la banda. Sin embargo, la Generalitat
catalana tiene las competencias de prisiones, y los
etarras detenidos en Cataluña tienen un régimen
diferente porque dependen de la Secretaría de
Prisiones catalana, responsable de los privilegios
penitenciarios que puedan disfrutar allí.
Toda concesión a ETA ha sido entendida por la banda
como signo de debilidad. Incluso si fuese posible
negociar con los terroristas, las concesiones sin
contrapartida serían una mala idea. En este caso, la
simple sospecha de que ETA pueda estar ganado la
batalla de las cárceles es motivo de escándalo para
la opinión pública, que no olvida los terribles
delitos de estos criminales, que ni se han
arrepentido ni han pagado su deuda con la sociedad.
El Estado de Derecho peligra si la Ley y las penas
no son iguales para todos |
Un total de 16 funcionarios iraquíes de prisiones
participan en el curso que, sobre gestión de centros
penitenciarios y derechos humanos, se desarrolla en
Madrid desde el pasado 7 de mayo y hasta el próximo
día 25
El curso, coordinado por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional (AECI) del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación,
en colaboración con la Dirección
General de Instituciones
Penitenciarias, forma parte del
programa Eurojust Lex -aprobado en
marzo de 2005 por el Consejo de la
Unión Europea, a petición de Irak- y
es el primero destinado en exclusiva
a funcionarios de prisiones. La
ministra iraquí de Derechos Humanos,
Wijdan Mijalil Salim, que el pasado
día 8 participó en una jornada del
curso, reconoció a EL PAÍS que "el
principal problema está en las
cárceles [...] Hemos tenido 35 años
de dictadura y no podemos acabar con
las malas prácticas de la noche a la
mañana". No obstante, aseguró que
"la tortura es un problema bastante
limitado y puntual, no es
sistemática".
La directora general de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, ofreció a la
ministra iraquí la colaboración
española para reformar el sistema
penitenciario de su país.
Los funcionarios que participan
en el curso trabajan en las
prisiones dependientes de los
ministerios de Interior (en el norte
de Irak, bajo control kurdo) y en el
centro (en torno a Bagdad), pero no
en las del Ministerio de Defensa, de
gestión más opaca.
A lo largo de este año está
previsto que se celebren en España
un total de seis cursos de formación
para jueces, policías y funcionarios
de prisiones iraquíes, por un coste
total de 700.000 euros. El primero
de dichos cursos se celebró en
febrero pasado en la Escuela de la
Guardia Civil de Valdemoro. El curso
para funcionarios de prisiones se
está celebrando también a las
afueras de Madrid, aunque el
emplazamiento no se ha revelado por
razones de seguridad.
El Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero decidió en abril
de 2004 la retirada de las tropas
españolas de Irak, pero mantuvo los
compromisos económicos asumidos por
el Ejecutivo de José María Aznar,
que ascendían a un total de 300
millones de dólares en cinco años
|
|
Un total de 562 condenados el año pasado en Navarra
por delitos o faltas se beneficiaron de medidas
alternativas a la prisión en lugar de ser
encarcelados, y sólo un 3% de ellos tuvieron que
ingresar en la cárcel por decisión judicial por no
cumplirlas. El dato forma parte de la memoria del
Servicio Social Penitenciario y trata de mostrar que
las medidas penales alternativas «son el futuro del
modelo penitenciario, son eficaces y contribuyen a
la reinserción social en mayor medida que la
prisión».
Así se expresó ayer el delegado del Gobierno en
Navarra, Vicente Ripa, que presentó la memoria en
compañía del presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández,
como representante de los jueces sancionadores y el
juez de Vigilancia Penitenciaria, los que dictan
estas medidas alternativas. Con ellos, Javier Muñoz,
el fiscal jefe del TSJN, y Amador Ruiz, responsable
del Servicio Social Penitenciario, que reconoció que
en Navarra no existen estudios actuales sobre
reincidencia de personas acogidas a estas medidas.
Los seis trabajadores del Servicio Social
Penitenciario, ubicado en Pamplona y dependiente de
Instituciones Penitenciarias, supervisan que los
condenados cumplen alguna de las cinco medidas
alternativas a la prisión que se les ha aplicado. De
los 562 condenados, la tipología delictiva más
frecuente es el delito contra el patrimonio
(cometido por uno de cada tres beneficiarios)
seguido de los delitos contra las personas (29%) y
contra la salud pública (tráfico de drogas, 24%).
Cuatro de estas medidas alternativas evitan el
ingreso en prisión, con 224 internos en la
actualidad: suspensión condicional de la pena por
tratamientos específicos de drogodependencia o
enfermedad psíquica; trabajos en beneficio de la
comunidad; localización permanente con elementos
telemáticos, y medidas de seguridad para quienes la
drogadicción o la enfermedad psíquica ha supuesto
una atenuante o eximente y así lo refleja la
sentencia judicial. La quinta medida es la libertad
condicional y se aplica a quienes provienen de la
cárcel y ya han cumplido en prisión las tres cuartas
partes de la condena.
El delegado del Gobierno ofreció los datos de la
memoria. Y así informó de que en tres años, desde
2003, el número de personas acogidas a las cinco
medidas alternativas ha crecido un 74,5% (de 322 a
562); que en estos cuatro meses y medio de 2007 ya
se han integrado más de 400; que el 39% de los
beneficiarios (217) es drogodependiente; que el 10%
(55) es drogodependiente y sufre además una
enfermedad mental, y que el 8,7% (49) presenta una
enfermedad mental sin otras patologías.
El presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández,
también valoró de forma positiva las medidas
alternativas. En su opinión, «el éxito obtenido con
la aplicación de estas medidas demuestra que es
posible compatibilizar el rigor en la aplicación de
la ley con el intento de hacer efectivo el mandato
constitucional que persigue la reeducación y
reinserción social».
Como representante de la Fiscalía del TSJN, Javier
Muñoz expuso que, «aunque la Fiscalía no es muy
proclive a la sustitución de las penas privativas de
libertad», merecía resaltar los resultados de las
medidas alternativas «cuando se ve que se cumplen y
sirven para la reinserción».
|
|
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
denunció hoy la falta de programas específicos
dentro y fuera de prisión para los reclusos que
padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental,
cuyo número supera en la comunidad a las 6.700
personas.
De los 14.000 internos que existen en las cárceles
andaluzas, 1.120 padecen enfermedades mentales
graves y 5.600 trastornos mentales, a lo que habría
que sumar los más de setecientos discapacitados
psíquicos también reclusos, según los datos
ofrecidos hoy en rueda de prensa por, Manuel Gamiz,
miembro de la Comisión de Cárceles de APDHA.
La asociación lamentó que, tras la desaparición de
los denominados "manicomios", las cárceles se
convirtieran en "nuevos almacenes" de enfermos
mentales, a los que no se trata durante su
internamiento, no se les ofrece alternativa, ni se
les ayuda a reintegrarse en la sociedad.
Estos enfermos, señaló Gamiz, no suelen disponer de
apoyo familiar ni de medios económicos y, además,
acostumbran a reincidir en sus comportamientos
delictivos puesto que no reciben un seguimiento por
parte de los servicios sanitarios comunitarios.
Según la APDHA, si se crearan dispositivos
socio-sanitarios para atender adecuadamente a estos
enfermos, la mayor parte no entraría en prisión,
puesto que la mitad de ellos delinque por haber
sufrido un brote sicótico, generalmente por no haber
recibido el tratamiento adecuado.
Precisó, en este sentido, que el que cometan delitos
no depende tanto de su enfermedad mental, sino de su
situación de "inadaptación social", puesto que casi
el 64 por ciento de los enfermos mentales se
encuentra cumpliendo condena por delitos contra la
propiedad y el 11,1 por ciento por delitos contra la
salud pública.
Por todo ello, desde esta asociación, que trabaja
directamente con los presos en las cárceles
andaluzas, exigen que la Junta de Andalucía tenga en
cuenta a estos internos con atención preferente y se
creen los recursos sociales, médicos, de
rehabilitación, ocupacionales y residenciales
suficientes para sus necesidades.
Piden asimismo que se financien y desarrollen
programas de prevención en barriadas marginales con
personas afectadas que se encuentren en situación de
alto riesgo "predelicuencial".
Al Ministerio de Justicia y al Gobierno autonómico
exigen, por su parte, la creación de plazas de
psiquiatría forense adscritos a los juzgados.
Además, solicitan por parte de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias que se localicen a
las personas que en las prisiones ordinarias tengan
eximentes completas por trastorno mental en sus
sentencias y que sean atendidas médicamente de forma
adecuada.
También que se trabaje en la detección de trastornos
mentales en la población penitenciaria para poder
tener un tratamiento adecuado, que incluya un
protocolo de actuación, un diagnóstico y tratamiento
para enfermos mentales y discapacitados
intelectuales. |
|
|
El Gobierno recurre al SES para completar la sanidad de los
presos |
 |
16/05/2007 |
| El ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y el consejero de Sanidad y Consumo,
Guillermo Fernández Vara, han firmado un acuerdo para
garantizar a las personas internas en las prisiones de Badajoz
y Cáceres una asistencia sanitaria completa, y para ello se
pondrá un punto de telemedicina en cada centro penitenciario. |
Estas instalaciones le costarán al Ministerio algo
más de 50.000 euros pero con ello se garantiza una
buena asistencia, con la participación de los
especialistas del Servicio Extremeño de Salud (SES)
y sin que los internos tengan que salir de su
reclusión y trasladarse a los edificios de las
consultas externas de los hospitales de la región.
La salud de las personas que ingresan en prisión es
precaria en buena parte de los casos y presenta
índices altos de infección por el virus del sida,
hepatitis o tuberculosis, pero aparte de esas
enfermedades infecciosas a los seis meses de su
llegada 'están de sanos como cualquiera', explica
Dámaso Villa, director general de Asistencia
Sanitaria en el SES.
El pasado 27 de abril Vara y Rubalcaba firmaron en
Madrid un acuerdo que viene a regularizar la ayuda
que hasta ahora prestaba el Servicio de Salud a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
cuanto a la atención de especialistas para con los
penados.
La Consejería de Sanidad y Consumo, por medio del
SES, se compromete en este acuerdo a integrar al
máximo la labor de sus sanitarios con la que vienen
realizando los médicos y enfermeros del cuerpo de
Prisiones, y a prestar todo el servicio de
diagnóstico, laboratorio, quirúrgico, farmacéutico y
de hospitalización del que disfrutan el resto de los
extremeños.
La sanidad penitenciaria es una competencia del
Gobierno a través del Ministerio del Interior y su
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
pero la Ley de Salud de Extremadura del 2001 también
reconoce el derecho universal a la sanidad a todas
las personas que vivan en la región
independientemente de su situación 'legal o
administrativa'.
El SES prestará atención a los 1.304 internos en los
centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz pero
recibirá de Interior una contraprestación económica
que para este año se ha fijado en 483.717,76 euros,
una media de 336,44 euros por interno.
El acuerdo prevé que se fije un sistema de consultas
en los centros penitenciarios con sus horarios
correspondientes, a los que acudirán los
especialistas del Servicio de Salud un cierto número
de días al mes.
En la prisión de Badajoz las especialidades a
prestar son psiquiatría, odontología, medicina
interna, traumatología y radiología. En la de
Cáceres los internos recibirán la visita de
psiquiatras, odontólogos, traumatólogos y expertos
en medicina interna.
La atención primaria que ya prestan los médicos y
enfermeros de Instituciones Penitenciarias resuelve
buena parte de los problemas según Dámaso Villa con
lo cual la posterior demanda de especialistas está
'tamizada'.
Las competencias de atención son del Ministerio del
Interior, pero la ley 2003 de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud prevé que este servicio
sanitario sea transferido a las comunidades
autónomas. Dámaso Villa, dirigente del SES, reconoce
que este convenio regular de Rubalcaba y Vara, que
es el primero de este tipo que se firma, 'es el
primer paso' para esa transferencia.
'A medio plazo quedará transferido, otra cosa son
las instalaciones penitenciarias en general'. De
momento es 'muy razonable' en su opinión que la
sanidad penitenciaria esté muy conectada con la
general'.
Para Villa la mayor novedad del convenio es que
contempla incorporar la telemedicina en ambas
prisiones, mediante una inversión en aparatos que le
costará al Gobierno central no menos de 25.000 euros
en cada caso.
Con este sistema se implanta la consulta a distancia
y los médicos de la plantilla de estos dos centros
penitenciarios van a contactar con el especialista
situado en los hospitales del SES para hacer
conjuntamente el diagnóstico, ahorrando viajes al
interno y al médico especialista, como ya se hace en
25 centros de salud distribuidos por la región.
Para ello el Servicio de Salud va a poner al frente
de su departamento de medicina penitenciaria al
responsable del desarrollo de la telemedicina
pública en Extremadura. Una de las prestaciones
específicas que el convenio contempla es la
aplicación del calendario de vacunación infantil en
las dos prisiones de la región.
Las mujeres que en el momento de empezar a cumplir
pena estén embarazadas, o con niños pequeños a su
cargo, tienen derecho a convivir con sus hijos
dentro del centro. Ya el SES ofrecía un servicio de
vacunación pero con el acuerdo se regulariza la
inclusión de todos esos niños en el calendario
regional de vacunación infantil, y su
correspondiente cartilla. 'Ya no pasará', espera
Dámaso Villa, 'que una mujer diga que se le ha
olvidado'.
|
|
El Juzgado de lo Social número 2 de Palencia ha
desestimado mediante sentencia la demanda de un
interno extranjero de la cárcel de Dueñas, en la que
reclamaba la pensión de viudedad después de que
falleciera su compañero antes de casarse y tras
varios años como pareja de hecho. Según la demanda,
como ya adelantó Diario Palentino en su día, la
pareja se consolidó cuando ambos hombres cumplían
condena en el centro penitenciario de La Moraleja,
en Dueñas, donde compartían incluso celda por
licencia.
La Sala argumenta, sin embargo, en su dictamen
desestimatorio, que puede ser recurrido en súplica
ante la Sala de lo Social del TSJ, que ambos «no
contrajeron matrimonio por las circunstancias que
fueren y que desde luego escapan y exceden de la
posibilidad de que el reconocimiento de la pensión
de viudedad pueda acaecer por el mero hecho de que
realizados todos los pasos previos para la
celebración del matrimonio sobrevenga la muerte del
causante». El demandante había argumentado que la
relación como pareja de hecho entre los dos hombres
estaba «perfectamente consolidada», además de estar
registrada como consta en el empadronamiento del
Ayuntamiento de la localidad de Dueñas.
También esgrimió que el matrimonio fue autorizado
por auto judicial el 18 de abril de 2006, aunque el
fallecimiento de uno de los miembros de la pareja se
produjo súbitamente el 26 de abril de ese mismo año.
La defensa del demandante llegó a exponer que «sólo
faltó» la formalización del enlace, que ya estaba
señalado judicialmente para el 20 de mayo de 2006,
ya que uno de los miembros falleció de forma súbita
el 26 de abril en el Hospital Río Carrión de
Palencia al sufrir un infarto de miocardio.
Además, indicó que el Juzgado de Paz de Dueñas
resolvió la autorización de matrimonio civil, que se
debería haber celebrado inicialmente el 21 de
febrero de 2006 en el propio centro penitenciario;
pero que, según el demandante, fue retrasada al 20
de mayo «por motivos de agenda de trabajo del órgano
judicial».
El demandante había considerado que reunía «todas y
cada una de las condiciones» para acceder a la
pensión de viudedad que le pudiera corresponder en
su calidad de pareja de hecho y porque se trataba
«de una relación estable y consolidada» desde hacía
más de tres años, además de estar documentada la
autorización matrimonial. |
|
El 40% de los presos españoles, unos 26.000
reclusos, sufre trastornos mentales y de
personalidad. El 8%, más de 5.000, padece una
enfermedad mental grave, según la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Teniendo en cuenta que España es el país de la UE
con mayor población reclusa (65.122, según el
sindicato ACAIP) los datos resultan
preocupantes. Más aún si se considera que tan sólo
tres prisiones poseen un centro psiquiátrico y que
entre los tres únicamente ofrecen 567 plazas. El de
Can Brians, en Barcelona, 67; el de Fontcalent, en
Alicante, 320, y las 120 del centro de Sevilla.
"Pero eso no es lo peor. Lo terrible es que a la
mayoría de presos no se le ha detectado la
enfermedad durante el juicio o que, incluso
sabiéndose el diagnóstico, el juez se ha negdo a
dictar una condena alternativa a la prisión", señala
el responsable del área de Prisiones de la APDHA,
Valentín Aguilar.
Pésima atención médica
La entidad ha elaborado un informe en el que
denuncia la pésima atención médica que reciben estos
presos. "Exceptuando Cataluña, que al estar
transferidas las competencias, el sistema funciona
mejor", señala Aguilar.
No en vano las enfermerías de los centros
barceloneses de La Modelo, Quatre Camins o Can
Brians disponen de 168 plazas, más las dos del
hospital penitenciario de Terrasa (Barcelona). No
obstante, por lo general, "los tratamientos no son
los adecuados y la medicación se interrumpe con
frecuencia hasta que termina por abandonarse",
apunta el responsable de la asociación.
En este sentido, el informe alerta de la
inexistencia de "coordinación entre los servicios
médicos de la prisiones con los servicios de salud
mental" de cada autonomía. O a la inversa, casos de
enfermos que han entrado en prisión y, por falta de
comunicación, ni son medicados, ni los médicos de
las prisiones se preocupan de conocer el interno,
señala el informe de la APDHA.
"La falta de atención médica sumada a que
precisamente en una cárcel no se aprenden demasiadas
cosas buenas, las conductas son, por lo general,
extremadamente violentas, y la droga circula tanto o
más que en la calle, el resultado es que a los
presos con enfermedades mentales se les agrava su
enfermedad", asegura el responsable de Prisiones de
la Asociación.
Centros alternativos
A pesar de la carencia de plazas, la creación de más
centros psiquiátricos penitenciarios no sería la
panacea a este problema.
"Seguirían, como ahora, saturados. En la década de
los ochenta, cuando se empezó a suprimir los
manicomios, no se pensó en la posibilidad de que
estos enfermos estuvieran en pisos tutelados o en
centros de día. Tampoco en tratamientos externos
para su cuidado ni se pensó en formar debidamente a
los funcionarios y crear un sistema de tutela en la
prisión. Estas son algunas de nuestras propuestas",
apunta Aguilar.
La otra cara de la moneda son las familias de los
enfermos. Gran parte de éstas no reciben ayuda de la
Administración. "Se necesita invertir más en el
ámbito psiquiátrico. Tanto para la prevénción, como
para las personas que ya se encuentran en prisión.
Después de todo, ellas no tienen la culpa de nada,
¿es que acaso podríamos culpar a una persona de
haber enfermado de alzheimer?", lamenta un miembro
de una de estas familias afectadas.
Las cifras
El 50% de los enfermos mentales que delinque es
porque ha sufrido un brote psicótico, según la APDHA.
Generalmente, esto sucede por no seguir un
tratamiento médico adecuado.
700 discapacitados psíquicos, algunos adictos a las
drogas, han sido registrados por Insituciones
Penitenciarias en las prisiones, además de los
26.000 enfermos mentales.
El 64% de los presos enfermos mentales cumplen
condena por robo y el 11% por atentar contra la
salud pública. El porcentaje de reclusos por delitos
violentos es nimio.
|
|
El ministro del Interior insistió ayer en que «no es
el momento oportuno» para llevar a cabo la
transferencia de la política penitenciaria al País
Vasco. Sin embargo, Alfredo Pérez Rubalcaba se
mostró dispuesto a hablar de este asunto en un
futuro. El responsable de Interior respondió de esta
forma a una interpelación efectuada en el Congreso
por la diputada de EA Begoña Lasagabaster. «No
tenemos previstas transferencias en esta legislatura
a ninguna comunidad, y no hay razón adicional para
cambiar esta posición», enfatizó el ministro.
La parlamentaria nacionalista indicó que su
formación no pretendía que este traspaso se
realizara de manera inmediata. De hecho, dijo que su
intención era que se convocara la comisión mixta de
transferencias para tratar un tema que es «urgente y
necesario».
La diputada recordó que el Estatuto de Autonomía
prevé esa competencia y dejó claro que la asunción
de la misma no tiene por qué crear problemas, como
no los ha originado en Cataluña, única comunidad que
gestiona sus prisiones.
«Realmente deplorables»
Lasagabaster, que cifró entre 1.100 y 1.300 personas
la población reclusa en las tres cárceles vascas,
calificó estas estancias de «realmente deplorables»,
con una situación «francamente difícil» y un número
elevado de fallecimientos. No obstante, Rubalcaba
significó que el número de suicidios se ha reducido,
especialmente en Nanclares desde la puesta en marcha
de un plan de emergencia específico.
Respecto a la situación de los centros, el ministro
precisó que el plan 2006-2012 prevé la construcción
de dos nuevas cárceles en el País Vasco de régimen
ordinario y tres centros de inserción social (CIS),
uno por cada territorio. De hecho, dijo que el
proyecto de redacción de la nueva cárcel de Álava
está muy avanzado. Y el centro de San Sebastián está
previsto en el PGOU de la ciudad. Ambos podrían
entrar en funcionamiento en 2010.
De acuerdo con el plan de amortización de prisiones,
en los próximos 14 meses se destinarán 4.032 celdas
nuevas en régimen ordinario en diversos
establecimientos penitenciarios de todo el país. Una
iniciativa que permitirá «aliviar» la situación de
las cárceles vascas por su actual saturación.
Aunque el ministro reconoció que la situación de las
prisiones en Euskadi no es buena, reiteró que los
proyectos de reinserción se desarrollan con
normalidad, gracias a la cooperación del Gobierno
vasco.
Rubalcaba mostró también «alivio» al conocer, por
boca de Lasagabaster, la intención del Ejecutivo
autonómico de no suspender las ayudas para la
prestación de servicios sanitarios, educativos y de
carácter social en las tres cárceles, a pesar de
haber denunciado el convenio en materia
penitenciaria suscrito con el Gobierno central.
Esta denuncia del pacto, que se renovaba desde hace
13 años, es un «incidente no positivo» que obliga al
Ejecutivo de Madrid a hacer «reajustes» para que las
políticas sociales no se vean perjudicadas. Así,
Rubalcaba dijo estar abierto a hablar con el
consejero de este asunto y de la nueva estructura
penitenciaria, que podría abordarse en una comisión
mixta como pidió EA. |
|
Los internos, identificados como O.B.S. y M.C.P.
lograron acceder al tejado de un módulo alrededor de
las 7.30 horas, 'momento en el que fueron
detectados'.
Desde allí ambos 'saltaron al recinto, lo que activó
inmediatamente los mecanismos electrónicos de
seguridad' y varios funcionarios y agentes de la
Ertzaintza que prestan servicio de vigilancia
exterior en el centro consiguieron detener a los
internos, uno de los cuales opuso resistencia,
explicaron las fuentes en un comunicado.
El incidente ocurrió en unos treinta minutos 'sin
que se haya visto alterada la normalidad del
centro', precisó Instituciones Penitenciarias, que
confirmó que los dos internos, ingresados por
condenas por robo, serán trasladados a otras
prisiones. |
|
Tenerife/ El Cabildo de Tenerife y el Centro
Penitenciario Tenerife II han presentado hoy viernes
18 las I Jornadas Multideporte que se celebrarán del
20 al 27 de mayo en las instalaciones del Centro.
Esta actividad pretende acercar el mundo del deporte
desde sus múltiples vertientes a las personas que se
encuentran internadas en con el objeto de que
conozcan los beneficios que reporta el ejercicio
diario, así como una aproximación al deporte de
elite. El acto ha contado con la asistencia del
consejero insular de Deportes, Dámaso Arteaga, la
directora del Centro Penitenciario Tenerife II, Ana
Isabel Serrano, y el técnico educador Miguel Miera.
Arteaga señala que "desde que nos plantearon la
posibilidad de organizar estas jornadas vimos la
necesidad de colaborar con el Centro Penitenciario.
Vamos a realizar diferentes actividades, tanto
prácticas como teóricas, con el objetivo de difundir
los valores del deporte entre las personas que se
encuentran en el centro".
Por su parte, la directora del Centro explica que
"tenemos unos 1.400 internos entre los dos centros y
la estimación es que participen en las jornadas más
de 800. Con ello pretendemos fomentar la práctica
del deporte, reforzar las actitudes de las más de
600 personas que ya hacen algún deporte en la
actualidad y establecer vínculos entre el Centro y
la sociedad"
Las I Jornadas Multideporte comenzarán el domingo 20
de mayo con la celebración de un encuentro amistoso
de fútbol sala, a partir de las 10,00 horas, entre
los internos del Centro y el Colegio de Arbitros de
la Federación Tinerfeña. El lunes 21 tendrá lugar, a
partir de las 11,00 horas, una charla coloquio bajo
el lema "El deporte te libera" en la que
intervendrán el futbolista del Club Deportivo
Tenerife, Cristo Marrero; el jugador del CB Tenerife
Rural, Iván Rodríguez, la jugadora del Spar Tenerife
Marichal, Goya Dorta; y el montañero Juan Diego
Amador y que será moderado por el periodista Juan
Carlos Castañeda.
En la jornada del martes 22 se realizará una
exhibición de tenis coordinada por la Federación
Insular de Tenis de Tenerife, mientras que el
miércoles 23 de mayo está prevista una exhibición de
aerobic. El jueves 24 de mayo la lucha canaria será
la protagonista, mientras que el viernes 25 será el
turno para los deportes autóctonos.
El sábado 26 de mayo tendrá lugar una conferencia a
cargo del psicólogo de las categorías de base del CD
Tenerife, Juan Ramón Alvarez, y el psicólogo del
Caja Rural de balonmano. Las I Jornadas Multideporte
finalizarán el domingo 27 de mayo con una exhibición
de culturismo en las instalaciones del Centro. |
|
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
controlará de manera exhaustiva la entrada de imanes
en las cárceles para evitar que puedan hacer
proselitismo yihadista entre los millares de presos
musulmanes en España. La directora de prisiones,
Mercedes Gallizo, ha remitido en los últimos días a
todos los centros una circular en la que se regula
por primera vez en la historia penitenciaria el
ejercicio y la asistencia espiritual de los reclusos
que practiquen las religiones minoritarias.
Interior establece unas condiciones previas muy
estrictas. La primera medida para reforzar el
control será que Instituciones Penitenciarias
centralizará todos los registros de religiosos con
acceso a las prisiones, unas relaciones que hasta
ahora estaban dispersas por los diferentes centros.
Sólo esta institución, a partir de ahora, dará
autorización de entrada a imanes, rabinos o
pastores, previo informe de la Unidad de
Coordinación de Seguridad.
Los requisitos para «ejercer el culto, la prestación
de servicios rituales, el asesoramiento moral y las
honras fúnebres» se endurecerán, según detalla la
circular.
Cualquier religioso que aspire a entrar a una cárcel
deberá entregar a Interior «un certificado de la
iglesia o comunidad de la que dependa, con la
conformidad de su respectiva federación o comisión,
que acredite que la persona propuesta pertenece a
dicha iglesia y que está dedicada con carácter
estable al servicio religioso».
Instituciones Penitenciarias había puesto especial
interés en la necesidad de lograr este aval de las
respectivas comunidades. |
|
Controlar el acceso de imanes en las cárcel para
evitar el proselitismo yihadista y saber quiénes son
exactamente los religiosos musulmanes que predican
en los centros se había convertido en una obsesión
de la directora de prisiones, Mercedes Gallizo Una
fijación enraizada en septiembre de 2004, apenas
medio año después del 11-M, cuando se desarticuló la
célula ‘Mártires para Marruecos’, gestada y nacida
en la cárcel salmantina de Topas y que, al momento
de ser desmantelada, preparaba un gran atentado para
hacer saltar por los aires la Audiencia Nacional con
un camión-bomba.
Los expertos de prisiones supieron que este grupo
yihadista, que había captado dentro de los muros de
diferentes cárceles hasta 24 acólitos dispuestos
para el ‘martirio’, se había fraguado en torno a la
figura de Said Afif, un preso común al que, ante la
falta de legislación e instrucciones, se toleraba
que ejerciera en Topas como imán improvisado de un
grupo de internos, a los que incluso se cedía
espacios comunes para sus oficios religiosos.
Durante 2003, Afif, del que luego se supo que era el
vice-emir del grupo terrorista que pretendía
realizar el atentado suicida contra la sede
judicial, tuvo facilidades para lanzar todo tipo de
prédicas y soflamas sin que nadie analizara sus
contenidos.
Cuando en 2004 las investigaciones de la Comisaría
General de Información de la Policía detectaron que
la más peligrosa célula islamista desarticulada en
España tras el 11-M había nacido un año antes en las
cárceles, Instituciones Penitenciarias fue criticada
con dureza.
Gallizo puso en marcha plan de choque para impedir
la creación de nuevas células terroristas en las
cárceles, que comenzó con la dispersión de los
miembros de ‘Mártires para Marruecos’. Además,
solicitó autorizaciones judiciales para aislar a
todos los presos imputados por terrorismo islamista
y controlar todas sus comunicaciones, cartas,
llamadas telefónicas, comunicaciones o 'vis a vis'.
Desde entonces no ha habido nuevas noticias de
captación de acólitos yihadistas en los centros
penitenciarios, aunque Interior mantenía el temor de
que pudiera haber imanes que hicieran proselitismo
amparados en la falta de legislación y control sobre
sus prédicas en lengua árabe. |
|
Con motivo de los servicios que presta la Guardia
Civil en relación con el tráfico y consumo de drogas
en zonas de ocio y esparcimiento, centros escolares
y centro penitenciario, el pasado viernes, día 18,
se realizó una actuación, en la que han sido
detenidas dos personas e incautado diversa cantidad
de droga.
En esta ocasión, la operación fue llevada a cabo por
componentes del Equipo de Delincuencia Organizada de
la Comandancia de Jaén (EDOA), dentro del
dispositivo de investigación establecido para evitar
el tráfico de droga en la Prisión Provincial,
consiguiendo la interceptación de 30 gramos de
heroína (416 dosis), 7 gramos de cocaína (41 dosis),
19,4 gramos de polen de hachís (77 dosis), 2,5
gramos de hachís (10 dosis) y 141 comprimidos de
Trankimazin, antes de llegar a su destino, dentro
del Centro Penitenciario.
En la intervención, centrada en un control de las
personas que acceden al Centro Penitenciario para
visitar a los internos, se pudo descubrir e
identificar a los responsables que pretendían
introducir la droga, oculta entre la ropa,
procediéndose seguidamente a su detención.
Las dos personas detenidas responden a las iniciales
J.P.O., de 45 años y A.P.N., de 28 años, ambos
vecinos de Málaga, quienes pretendían hacer entrega
de la droga incautada a un interno que se encuentra
cumpliendo condena en el Centro, aprovechando la
visita. También les fue intervenido el vehículo en
que se habían desplazado hasta Jaén, un turismo
marca BMW-320.
Los detenidos, droga incautada y vehículo han sido
puestos a disposición de la Autoridad Judicial, con
las diligencias instruidas por un presunto delito
contra la salud pública. |
|
La alarma había saltado hace dos semanas en el
centro penitenciario de Segovia. Los servicios
médicos habían descubierto dos casos de tuberculosis
entre la población reclusa y corría el temor de la
patología se hubiera extendido a más internos.
El subdelegado del Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo, descarta de forma categórica tal extremo y
rechaza que haya habido contagios ni riesgo de
epidemia de tuberculosis en las dependencias
penitenciarias de Perogordo. Para ello, se han
tomado las medidas sanitarias oportunas con el
objetivo de desechar la expansión de la enfermedad.
En este sentido, ayer mismo se trasladaron al
Hospital General de la capital a 41 presos que
cumplen condena en la cárcel segoviana, siguiendo el
protocolo de actuación sanitaria previsto en estos
casos.
Placas de tórax
Los reclusos fueron escogidos por su posible
contacto con los afectados y fueron sometidos a unas
placas de tórax en el centro sanitario. Con
anterioridad, también se les efectuó otras pruebas
para detectar si los internos habían incubado la
enfermedad.
El subdelegado del Gobierno, tras la realización de
estos tests, descarta la posibilidad de que haya un
riesgo sanitario en las instalaciones del centro
penitenciario. |
|
|
El nivel de conflictividad baja cuanto más deporte hagan los
internos |
|
 -La
Gaceta de Canarias 24-05-07 |
|
ANA ISABEL SERRANO BARBA /
Directora del Centro Penitenciario de Tenerife
Como pedagoga, esta
leonesa criada en Madrid es una de las ocho mujeres que
dirigen una prisión, de las 70 que hay en España, no ceja en
su empeño de ‘abrir’ las puertas de la cárcel Tenerife II o
al menos minimizar el tamaño de los muros. Cinturón negro
segundo dan, defiende las ventajas del deporte para la
reinserción. Varios proyectos están en marcha. |
Con apenas unos
minutos de charla, salpicada por un sinnúmero de
ejemplos absorbidos durante su dilatada experiencia
en otras prisiones, como Ibiza, Pamplona, Ávila o,
en mayor grado, Soto del Real (Madrid), salta a la
vista la vitalidad y el afán que inculca Ana Isabel
Serrano Barba en sus directrices para compaginar las
medidas obvias de una cárcel con una cierta libertad
focalizada en el deporte.
Precisamente, desde el pasado sábado se desarrolla
en las instalaciones del Centro Penitenciario de
Tenerife las I Jornadas Multideporte, con
charlas-coloquios de deportistas de elite isleños y
exhibiciones de diferentes actividades deportivas.
LA GACETA dialogó ayer con ella sobre los proyectos
desde que tomó posesión un nefasto día para la isla
meteorológicamente hablando: el 28 de noviembre de
2005, el día de la tormenta tropical Delta.
P.—¿Se puede afirmar que el 50 por ciento de los
1.414 internos practican deporte?
R.—Yo creo que un poquito más de esa mitad. Aquí, en
lo que llamamos Tenerife II, hay 1.200, pero abajo,
en Santa Cruz, hay 180 más y como son internos de
tercer grado y pueden salir a trabajar, pues salen a
correr al Parque de La Granja, que está enfrente, o
al gimnasio. Y aquí, en La Esperanza, mujeres hay
130 y tenemos practicando deporte de manera
habitual, 40. Y según me han contado, es un número
incluso superior al que hay en la calle. Hombres son
más de 600 los que realizan alguna actividad
deportiva, en especial culturismo y fútbol sala.
Mientras, las mujeres hacen aerobic, fitness, algo
de tenis..., y me pidieron, porque se firmó un
convenio con la Federación Tinerfeña de Fútbol,
crear un equipo de fútbol sala femenino. Además,
todos los años se dan 20 cursos de Formación
Profesional y en 2006 se hizo un curso de monitor
deportivo para mujeres. Era la primera vez que
montábamos un curso así y tuvo un éxito tremendo.
P.—Por lo tanto, se puede decir que el deporte es la
principal vía de escape de los internos.
R.—Sí, porque le gusta a la mayoría. La prueba está
que cuando hay algún partido importante y es una
hora en la que todavía no están en la celda, te
piden permiso para irse antes y verlo.
P.—¿Y desde las celdas se escucha el típico jaleo
del fútbol en cualquier bar?
R.—Pues la verdad es que los gritos se oyen
claramente. El ambiente deportivo me gusta porque
fomenta la educación en valores, la deportividad...,
y eso se nota muchísimo. Los códigos de conducta de
la gente que está más integrada en el ambiente
deportivo cambian. He visto chicos y chicas cambiar
de actitudes a través del deporte.
P.—¿Y hay mucho aficionado al Tenerife?
R.—De los 1.200 internos que tenemos, hay 900
canarios, que es un porcentaje de gente de la tierra
superior al de otros centros. Y de los 900 canarios,
800 son de Tenerife. La visita del otro día de
Cristo Marrero [participó en una mesa redonda] fue
espectacular. Estaban emocionados y todavía hoy [por
ayer] ha habido gente que me ha dado las gracias.
P.—¿Y qué ambiente se respira cuando hay partidos
televisados?
R.—Los días que hay partido de fútbol se nota mucho,
porque todo el mundo está tranquilo y pendiente de
la tele. Y si ya es un derbi, la pasión se nota aún
más fuerte, porque, por ejemplo, en el último
Tenerife-Las Palmas los goles del Tenerife se oyeron
desde lejos.
P.—El otro día, además de Cristo Marrero, hablaron
de su experiencia Goya Dorta (Marichal), Iván
Rodríguez (Tenerife Rural) y el alpinista Juan Diego
Amador. ¿Para cuándo regularizar esos actos?
R.—Estoy intentando firmar un convenio con el
Cabildo. El otro día fue la primera vez y queríamos
ver qué tal respuesta había por parte de todo el
mundo. Y fue buenísima. La intención es
institucionalizar las jornadas una vez al año y
luego intentar fomentar este tipo de cosas. Por
ejemplo, Goya Dorta se me ofreció a ir al módulo de
mujeres y traer a su equipo de voleibol. Iván
Rodríguez, igual con el equipo de baloncesto, porque
nosotros también tenemos un equipo. Cristo lo mismo
y Juan Diego Amador nos traerá diapositivas con sus
hazañas. Todos quedaron contentos y eso es bueno,
porque la gente se cree que todas las prisiones son
como las americanas y las de España no tienen nada
que ver. Ah, también hubo una exhibición de tenis y
se comprometieron a traerme una red, porque tengo
cancha en el módulo de mujeres, pero no red....
P.—Precisamente, ¿cómo están las instalaciones?
R.—Este centro es antiguo. Aunque está construido en
el año 85, por el sitio en el que está, por la
humedad y el óxido, las instalaciones están bastante
obsoletas a pesar de que se suelen arreglar. Y sobre
todo, como pasa en todas las prisiones, tenemos
masificación. Este centro estaba diseñado para 700
personas y ahora hay 1.200, con lo cual hacemos lo
que podemos. Hay falta de espacio y por eso los
internos no pueden acceder todos los días a la
canchas. Tenemos un polideportivo cubierto y
funciona como en la calle, te apuntas y vas una hora
o una hora y media. Las mujeres están aparte y allí
hay gimnasio propio y una cancha al aire libre. El
problema es que sólo tengo dos monitores deportivos
para todo el centro. Por eso estamos con el convenio
con el Cabildo, que me han dicho que hay
posibilidades de facilitarnos monitores, y con la
Federación Tinerfeña de Fútbol, que nos traerá algún
entrenador...
P.—Hablaba antes de los deportes estrella, el fútbol
sala y el culturismo. ¿Se ha planteado la opción de
introducir algún deporte de combate?
R.—Me han dicho que hace algunos años se hacía algo
de boxeo y sé que en otros centros también lo ha
habido, pero ha sido una actividad que se ha ido
dejando por temas higiénico-sanitarios por si en un
momento dado puede haber algo de sangre y la
posibilidad de transmisión de enfermedades..., en
realidad esto fue con el boom del VIH, en los años
90, y se fue cortando de la mayoría de los centros.
P.—También salen al aire libre...
R.—Hacemos salidas programadas, pero queremos que
sean con más frecuencia, aunque a principios de
junio tenemos una al Parque Nacional del Teide.
Asimismo, se hacen todos los años dos salidas a
correr dos medio maratones, el de Santa Cruz y el de
La Laguna. Salen entre ocho y diez, porque hay que
compaginar que hagan deporte habitualmente y estén
disfrutando de permiso de salida. Todo debe ser
controlado, porque normalmente no se fuga nadie,
pero recuerdo que hace algunos años en un centro en
Castilla y León salieron en bicicleta y uno se fue,
aunque a los dos días lo pillaron. La verdad es que
son escasísimos los casos de gente que aprovecha una
salida para no volver...
P.—¿Aquí se hace más deporte que en otros sitios de
España?
R.—Todo está muy parejo en el país. El deporte es de
las actividades preferidas y es normal, porque estás
muchas horas encerrado en una celda aunque también
pasas tiempo en el patio. La posibilidad de
practicar deporte te ayuda a evadirte y centrarte en
otro tipo de cosas. Tiene muchísimos beneficios,
psíquicos, físicos, educativos, de comportamiento.
El nivel de conflictividad baja, cuanto más deporte
hagan los internos. No hay tantas peleas entre ellos
y el consumo de droga disminuye.
P.—Hábleme de la niña bonita del centro, del equipo
de fútbol sala.
R.—Llevamos cuatro años siendo campeones en nuestra
categoría –Segunda–, pero lo que pasa es que como la
mayoría de ellos no puede salir, pues jugamos
siempre en casa y la condición es que no podemos
subir. Pero podrían haber dos equipos. También he
pensado organizar un torneo entre prisiones con Las
Palmas, Arrecife y La Palma, jugando en Las Palmas o
aquí. En Madrid sí hay torneos intercentros e
incluso pasan noches en la cárcel del rival.
P.—No tendrá más proyectos...
R.—Pues estoy intentando organizar, también en
colaboración con el Cabildo, en una mezcla de
formación y deporte, un curso de patrón de barco,
porque hay algunos internos que están haciendo ya
sólo la parte teórica. Como me han dicho que es una
profesión que tiene salida en Tenerife, hay que
intentar sacar a los internos fuera. También quiero
aprovechar, como estamos en una isla, fomentar los
deportes náuticos. |
La coalición EUPV-Verds-PCPE-IR explicó ayer cómo se
produjeron los contactos con los responsables de
Instituciones Penitenciarias con el fin de obtener
las autorizaciones para hacer campaña en el
establecimiento penitenciario castellonense. «Hace
semanas nos pusimos en contacto con el director de
la prisión de Castelló para celebrar una conferencia
política dirigida a los presos y funcionarios que
quisieran asistir. El responsable nos comunicó que
tendría que consultarlo a Madrid» , afirma.
Después de varias consultas al organismo central, el
director de la prisión de Castelló comunicó a EU que
se había otorgado el permiso para que se pudiera
celebrar ese acto, según la formación. «Tras unas 30
llamadas para concretar el día y la hora el mismo
director de la prisión nos comunica que ese acto
está fuera de lugar y no se puede hacer », lamenta
Carmelo Garcia.
Además, EU anunció que piensa adoptar acciones
legales «inmediatamente» contra el centro
penitenciario situado en la carretera de l'Alcora y
contra quien haya tomado «esa decisión tan grave
limitando la libertad de expresión y el derecho de
recibir información por parte de los presos». Por
esta razón «pidió formalmente su dimisión ante el
ministerio competente», concluye Carmelo Garcia en
la nota de prensa que remitió ayer a los medios de
comunicación de Castelló |
Primero fue el Departamento de Justicia de la
Generalitat y ayer, el Síndic de Greuges. Este
organismo ha abierto una investigación para
esclarecer 22 denuncias recibidas desde 2006 en las
que los presos relatan episodios de presuntos malos
tratos o rigor innecesarios. La mayoría de las
denuncias afectan a los funcionarios de prisiones de
Brians.
Esa misma cárcel es la que está bajo
sospecha por parte del Departamento
de Justicia de la Generalitat, que
también está llevando a cabo otra
investigación interna. Tanto el
Síndic como la Administración
autonómica han actuado así después
de que la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura les haya
trasladado los episodios denunciados
por los presos, especialmente en el
módulo 3 de Brians. El Síndic
explicó ayer que las quejas
recibidas denunciaban "actuaciones
groseras, comentarios fuera de lugar
o amenazas directas de los
funcionarios". En estos casos, como
sucede con los malos tratos
policiales, el Síndic constata que
existe una dificultad probatoria,
pues es la palabra de un interno
frente a la de un funcionario. Y en
estas circunstancias, la mayoría de
los casos quedan archivados, aunque
todos ellos se investigan.
Rafael Ribó acudió el pasado mes
de febrero a Brians para interesarse
personalmente por estos casos. A
esas visitas siguieron otras de
Ignasi García Clavel, ex secretario
de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat en la época de CiU.
Aquel mandato duró casi 10 años y
García Clavel se ganó la enemistad
de todos los sindicatos de prisiones
por su decidida actuación para
acabar con los malos tratos a presos
|
El Congreso debatirá el martes el traspaso al País
Vasco de la competencia en materia de política
penitenciaria. Este debate surge de la iniciativa
planteada la pasada semana por Eusko Alkartasuna
(EA). La formación inscrita en el Grupo Mixto, a
través de Begoña Lasagabaster urge al Gobierno
socialista a convocar cuanto antes la Comisión Mixta
de Transferencias.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que
la diputada de EA, , , que ya le respondió entonces
que "no es el momento" de transferir la competencia
de prisión al Ejecutivo vasco.
En su propuesta, EA insta al Gobierno a "atender la
solicitud efectuada reiteradamente por el Gobierno
vasco" para que se convoque la Comisión Mixta de
Transferencias con el fin proceder al traspaso de la
competencia en materia de política penitenciaria al
País Vasco, como recoge el Estatuto de Guernica y
pide al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
que, hasta el momento en que se produzca el traspaso
de esa competencia, estudie y adopte conjuntamente
con el Gobierno vasco las decisiones que en materia
penitenciaria afecten al País Vasco.
Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que "no es el
momento" de transferir la competencia de prisiones
al Gobierno vasco aunque dejó abiertas las puertas a
un nuevo debate en el futuro |
La Comisión de Ordenación Territorial y Medio
Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias, acordó
ayer contestar a la Dirección General de
Infraestructuras Penitenciarias que, de acuerdo con
la ley, el órgano que debe evaluar el Plan
Territorial Especial de las cárceles en las Islas
Canarias es el Ministerio de Medio Ambiente.
Entre los numerosos asuntos que la Comisión de
Ordenación Territorial y Medio Ambiente trató ayer
en la última reunión del actual mandato, figuraba la
discusión del informe de impacto medioambiental de
las distintas infraestructuras penitenciarias que el
Estado pretende construir y ampliar en Canarias,
dentro de su Plan Territorial Especial (PTE) de
Infraestructuras Penitenciarias en las Islas
Canarias.
Por todo, según señaló el consejero de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel,
«vamos a remitir al Ministerio de Medio Ambiente la
tarea de declarar el impacto medioambiental de la
futura cárcel que el Estado planea construir en el
municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana,
como primera opción, porque es a ese organismo a
quien compete tal función, a menos, claro, que nos
sean transferidas esas competencias al Gobierno de
Canarias».
Según señaló Domingo Berriel, el avance del Plan
Territorial Especial de Infraestructuras
Penitenciarias en Canarias ya fue informado en su
día, analizándose las distintas alternativas de
emplazamiento y ahora, según el consejero, «nos han
pedido el contenido del informe de sostenibilidad y
la ponencia técnica ha acordado contestar que se
informe corresponde al Ministerio de Medio Ambiente,
al ser una infraestructura que, claramente, es
competencia exclusiva del Estado y sólo de él" |
Si el calendario se cumple, en el 2010 la cárcel
Modelo de Barcelona estará vacía, podrá ser demolida
y dejará de ocupar dos manzanas en pleno Eixample de
la ciudad. En los próximos días se inaugurará Can
Brians 2 y eso permitirá empezar a descongestionar
la histórica prisión barcelonesa, que hoy acoge a
2.098 presos entre preventivos y penados, con celdas
que llegan a ser ocupadas hasta por seis reclusos.
El objetivo es que la apertura de Can Brians 2 y,
luego, de la nueva cárcel de Lledoners, en Sant Joan
de Vilatorrada, haga posible a medio plazo que la
Modelo acoja tan solo a presos preventivos, hasta
que la nueva prisión de la Zona Franca, que se
inaugurará a finales del 2010, permita cerrarla
definitivamente.
El Gobierno tripartito ha hecho un gran esfuerzo
para modernizar las prisiones y aumentar su número,
lo cual representa mejoras en las condiciones de
vida de los reclusos y aumento de la seguridad de la
ciudadanía. Además de las ya mencionadas, están
previstas nuevas cárceles en Quatre Camins,
Figueres, Tàrrega, Sant Llorenç d'Hortons y El
Catllar. Pero mucho nos tememos que todo este
esfuerzo resulte insuficiente, dado el crecimiento
constante de la población reclusa, en buena parte
debido a las reformas del Código Penal que endurecen
el cumplimiento de las penas y la creación de nuevos
supuestos delictivos castigados con la cárcel. La
prisión para los responsables de conducción
temeraria, por ejemplo, está al caer.
En el 2010, las cárceles catalanas dispondrán de
11.000 plazas (hoy son 9.310), pero se calcula que
las necesidades serán de 12.200. Catalunya deberá
hacer un esfuerzo y la población asumir la
construcción de más prisiones |
El sindicato de prisiones
Acaip ha
denunciado los horarios de trabajo de un nuevo
taller ocupacional de la cárcel de Valencia por
invadir horarios del turno de noche. A esas horas el
número de funcionarios es muy reducido y no es
posible vigilar todos los espacios, de manera que
pueden crearse problemas de inseguridad. A juicio
del sindicato, la responsabilidad de esta situación
es de la dirección del centro, que se ha plegado al
« chantaje » de una empresa privada.
En un comunicado hecho público ayer,
Acaip explica
que desde el pasado 16 de mayo funciona en el centro
de preventivos de la prisión de Valencia un taller
productivo con horario de 6,30 a 20,45 horas. « Este
hecho -explican- que, en principio, podría ser
positivo, no lo es, porque supone graves problemas
en el funcionamiento del centro y puede llegar a
afectar gravemente a la seguridad» .
De entrada, el inicio del taller está todavía en
horario del turno de noche, cuando hay de servicio
la mitad de funcionarios que durante el día. Es
decir, con la mitad de personal « hay que atender la
apertura y traslado de los internos hasta el taller
y vigilar al mismo tiempo los módulos », misiones
que para el sindicato son difíciles de compaginar en
estas circunstancias.
Este taller, además, ocasiona graves trastornos de
funcionamiento a lo largo del día. Según
Acaip,
durante toda la jornada hay tres módulos, de 140
internos cada uno, que se quedan a cargo de un sólo
funcionario, de manera que « en caso de incidente
grave el módulo quedaría en manos de los internos» .
Para Acaip el
problema general es la falta de plantilla, que no se
ha incrementado en los últimos años. Pero en este
caso en particular entienden, así mismo, que «la
dirección del centro está totalmente entregada a las
exigencias de la empresa que gestiona el taller. Los
trabajadores tienen la impresión -añaden- de que es
esta empresa la que dirige el centro y no la
dirección, ya que no se duda en modificar los
horarios regimentales para atender sus demandas ».
Estas quejas ya fueron remitidas por
Acaip a la
dirección de la prisión la semana pasada y de
momento no tienen respuesta, aunque dicen saber cual
es la clave de todo esto, y es que la empresa ha
amenazado con llevarse la producción a otra parte si
no aceptan sus propuestas.
Para el sindicato, este «chantaje » no puede ser
aceptado, pues «la empresa obtiene beneficios por el
hecho de trabajar en la prisión y en el momento en
que no le sea rentable no dudará en sacar de allí
toda esa producción y llevarla a donde le interese» |
|
|
SUBIR AL ÍNDICE |
|
|
|
|
|
|
OFERTAS AFILIADOS
|
Importantes descuentos en gama Lancia, Fiat,
Mitsubishi, Lexus, Mazda, y Hyundai.
 |
Residencias de
tiempo libre |
 Casa Rural
Seguros de
Automóvil
 
Parques de atracciones
Muebles
Hoteles
Parques Acuáticos
Condiciones
especiales en prestamos hipotecarios y personales
Viajes Iberia
Campamentos de
verano
Parque de Atracciones |
|
|
8/05/2007
8/05/2007
9/05/2007
11/05/2007
11-05-07
13-05-07
14-04-07
14-05-07
15-05-07
16/05/2007
16/05/2007
16/05/2007
17/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
24-05-07
24-05-07
25-05-07