A la asociación de apoyo a presos no le salen los números. Teniendo en cuenta que desde 2002 se ha detectado un incremento anual de 4.000 personas reclusas en todo el Estado, no cree que el Ministerio del Interior se pueda permitir cerrar una prisión en este momento. Por ello, duda de la promesa del Ejecutivo central, pese a que sólo hace diez días, en una visita del delegado del Gobierno en el País Vasco a las instalaciones de Zaballa, Mikel Cabieces aclaraba que "no habrá uso penitenciario" para el viejo penal, que cuenta actualmente con alrededor de 700 internos. Así lo aseguraron ayer también a este periódico fuentes de Instituciones Penitenciarias, que insisten en trasladar ese mismo mensaje. "La cárcel se va a cerrar aunque todavía es pronto para decir cuándo. Primero se tendrán que incorporar los funcionarios y después, gradualmente, se irán trasladando a los reclusos", señalaron.

Entre tanto, se prevé que la nueva marcrocárcel esté en funcionamiento en el primer semestre de 2012. Ésta contará con un total de 848 celdas, que serán compartidas, por lo que Salhaketa estima que la infraestructura llegará a acoger a más de 2.000 personas presas. Así, si Nanclares se mantiene abierta, Álava será el territorio con mayor índice de reclusos por habitante. "Calculamos que una de cada 80 personas estará presa", apuntó ayer el portavoz de Salhaketa, César Manzanos. El colectivo denuncia que se esté intentando vender el penal como "una ciudad penitenciaria de cuatro estrellas con instalaciones deportivas y excelentes vistas", en referencia al acto del pasado día 25, cuando se procedió a la inauguración oficial de Zaballa pese a que las obras aún no han concluido.

DiariodeLanzarote.com

La medida, por la que se estudiará el regreso de cada recluso, responde a la petición planteada por la asociación de familiares de presos Derecho y Justicia. Armas señala que el compromiso “supone una satisfacción porque entendemos que es una necesidad prioritaria para las familias lanzaroteñas y para cumplir el objetivo de reinserción en estas personas”.

La reunión se celebró9 en la sede de Instituciones Penitenciarias en Madrid el pasado viernes, y, según el PSOE, se sentaron las bases para la posible creación de una comisión de seguimiento que facilite la verdadera reinserción social de los presos.

Gallizo mostró su disposición a que este órgano se materialice a través convenio en el que participen los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y el Estado.

También se trató de la posibilidad de crear una unidad terapéutica dentro de la prisión de Tahíche, dotada con profesionales del ámbito sociosanitario y destinada a favorecer el tratamiento de los presos drogodependientes.

En la reunión también participó el diputado nacional por el PSOE, Miguel González, y el Director General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Virgilio Valero.

El juicio celebrado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia se ha resuelto con la conformidad de las partes, después de que los procesados hayan reconocido los hechos ante el tribunal y tanto fiscal como acusación particular hayan rebajado sus peticiones de pena.

El Ministerio Público solicitaba para los acusados 184 años de cárcel, 46 para cada uno, mientras que la acusación particular, ejercida por el sindicato de prisiones Acaip en representación de los funcionarios secuestrados, elevaba la petición a 308 años, 77 para cada amotinado, por "vejar, maltratar y agredir de forma salvaje" a los retenidos.

Finalmente, se ha imputado a los procesados cuatro delitos de detención ilegal, tres de lesiones y uno continuado de atentado, además de dos faltas de malos tratos y tres de amenazas.

Por estos hechos, deberán también indemnizar a un recluso del centro penitenciario con 90 euros por las lesiones sufridas durante el motín y con otros 2.000 a otro por daños morales.

No ha habido conformidad respecto a la indemnización que los acusados, con responsabilidad subsidiaria del Estado, deberían pagar a las víctimas.

Mientras que el fiscal y la acusación particular fijan indemnizaciones de 33.800 y 41.690 euros, respectivamente, el abogado del Estado defiende que se le debe absolver de esta responsabilidad.

Los primeros sostienen que la ausencia de vigilancia propició unos actos en los que los internos portaban unos "pinchos que estaban dentro de la cárcel, cuyo responsable es el Estado, no los funcionarios", mientras que el representante del Estado insiste en que los medios de vigilancia sí "existían".

Al finalizar la vista, dos de los internos, escoltados por diez agentes de policía, han afirmado que el día del motín "había un pincho" pero que las "navajas, cuchillos y móviles" que tenían "eran de los funcionarios".

Los otros dos han denunciado "trato vejatorio y degradante y abuso de superioridad" de los funcionarios: "nos tenían encerrados en un patio interior de ocho metros cuadrados, lloviendo y todo.

Teníamos que mear en las esquinas. Allí hubo cosas para que pasara eso y más. Hay funcionarios que están en esta sala que saben que tienen que pagarlas todavía", ha dicho uno, amenazante, girando la mirada hacia el público.

El sindicato Acaip ha manifestado luego que estudiará si procede presentar una denuncia por amenazas.

El juicio por el motín, que ha quedado visto para sentencia, ha tenido lugar más de tres años después de que, en 2007, los internos Manuel C.G., Ernesto C.G., Francisco José S.B. y Pedro Antonio M.R.

retuvieran durante doce horas a tres funcionarios, que finalmente fueron liberados.

La revuelta comenzó sobre las 18.00 horas en el módulo de presos conflictivos con el secuestro de tres funcionarios, a quienes los reclusos amenazaron con objetos punzantes y "pinchos", y poco después comenzó un proceso negociador en el que participaron una unidad especializada de la Guardia Civil y los propios funcionarios retenidos.

La situación se dio por controlada a las diez de la noche y, de forma gradual, fueron liberando uno a uno a los rehenes, hasta que a las seis de la mañana salió el último.

Uno de los funcionarios sufrió heridas incisas en cuello y región frontal, fractura de dos costillas y síndrome de estrés postraumático con tratamiento psiquiátrico que persiste en la actualidad, y otro tiene síndrome ansioso-depresivo, con tratamiento psicológico, y numerosas contusiones.

El tercero sufrió una rotura de menisco externo y varias contusiones.

Tras insistir en que «son numerosos los incidentes graves» que, al parecer, está registrando la prisión de A Lama, desde esta central precisaron que, «aproximadamente hace un mes», un funcionario encontró una pequeña cantidad de droga a un recluso en el transcurso de un cacheo. Al parecer, la reacción del interno fue emprenderla a golpes con el empleado público, quien «sufrió golpes y heridas por los cuales permanece aún de baja».

En cuanto a la segunda de las agresiones, esta habría tenido lugar hace apenas siete días. En este caso, el detonante del ataque parece que fue el hecho de que el trabajador público hubiese amonestado a un preso «por haberse quedado acostado en la celda cuando tenía que estar en el patio». La recriminación del funcionario dio pie para que el interno la emprendiese «a puñetazos y patadas».

Candados para cerrar celdas

Los reproches de Acaip hacia la situación de la prisión también alcanzan a la propia infraestructura de la cárcel de A Lama, donde «nos encontramos con increíbles situaciones». Es lo que denuncian que ha ocurrido durante dos meses a raíz de que un conato de incendio dañase el sistema de apertura de las celdas de uno de los módulos, una circunstancia que motivó que estuvieran este período de tiempo «con cierres de celdas tercermundistas».

Así, desde el sindicato de funcionarios aseguran que tuvieron que emplear «cadenas, palos y candados» para cerrar las celdas de forma provisional, y añaden: «Lo peor es que es la segunda vez que sucede».

de polen de hachís.

La cuarta de las actuaciones, realizada por la Guardia Civil a principios de mes, tiene lugar en el Centro Penitenciario “Acebuche”, donde la Guardia Civil, a requerimiento de los funcionarios del Centro, se personan en las dependencias del servicio de registro de paquetería y comunicaciones, ya que durante la inspección de una persona, que pretendía realizar una visita a un interno, observaron entres sus ropas un bulto extraño y que al extraerlo para su identificación, observan que pudiera tratarse de dos bellotas de hachís.

La Guardia Civil encargada de prestar seguridad en el Centro Penitenciario, constata que la sustancia hallada se trata de hachís, con un peso de 10’3 gramos, por lo que tras identificar a Encarnación H. T., de 46 años, como la persona que intentaba introducirla en el Centro Penitenciario, proceden a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción en funciones de Guardia de Almería, quien decretó ingreso en prisión para los tres primeros detenidos.

La más elevada de todas ellas ha sido, precisamente, la última: la que recibió el pasado 31 de diciembre Rafael Ricardi, un gaditano que pasó 13 años en prisión por una violación que no había cometido: 555.600 euros. La mayoría, sin embargo, son mucho más humildes. Un ejemplo: en 2009, Justicia aceptó indemnizar sólo a dos de las 52 personas que reclamaron. Entre ambas cobraron 8.000 euros.

Los afectados y sus abogados coinciden en criticar lo que califican de "tacañería" de la Administración al compensar los errores de los tribunales. Juan Domingo Valderrama, uno de los letrados que asesora a Ricardi, recalca que el baremo de 120 euros por día de prisión que Justicia aplica "de manera sistemática", y que sirvió para fijar la cuantía recibida por su cliente, "es de chiste. No tiene en cuenta cómo afecta el error a las circunstancias personales y familiares de las víctimas".

Por ello, el equipo jurídico al que pertenece ultima estos días un recurso contencioso administrativo que presentará ante la Audiencia Nacional para reclamar una cantidad mayor. "Aún no hemos decidido cuánto. No podemos aceptar que Justicia considere que ha cumplido con su responsabilidad con lo que le han abonado", recalca el letrado. Desde el Ministerio, donde son reacios a valorar tanto la cuantía de las indemnizaciones como el número de ellas que se dan, insisten en que "son las que fijan los jueces".

Las críticas a esta supuesta "tacañería" no son nuevas. Desde que fuera promulgada el 1 de julio de 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que en su artículo 292 establece el derecho a solicitar una indemnización, la inmensa mayoría de las reclamaciones han sido desestimadas por la Administración o, posteriormente, por los propios tribunales. Así, en los primeros ocho años de vigor de la ley, 727 personas presentaron reclamaciones. Justicia sólo reconoció 97 casos, es decir, poco más del 13% del total.

Uno de los casos más polémicos entonces fue el de Patricia Bartolomé, una joven de 19 años que el 13 de septiembre de 1984 fue detenida como autora de un atraco cometido en una sucursal bancaria de Fraga (Huesca). La joven estuvo en prisión 35 días y permaneció imputada hasta abril del año siguiente, cuando la Guardia Civil detuvo en Valencia a cuatro delincuentes que confesaron ser los autores del robo. Desde ese momento, la joven reclamó al Estado 20 millones de pesetas (120.000 euros) por los trastornos psicológicos que sufrió tras su arresto. El Gobierno, sin embargo, se la denegó y la mujer tuvo que pleitear hasta julio de 1990. Entonces, el Tribunal Supremo le dio la razón, aunque rebajó la indemnización a dos millones de pesetas (12.000 euros).

El caso de Alejandro

El abogado Miguel Ángel López Linares denuncia, precisamente, que el Estado "siempre dice no por sistema" a este tipo de reclamaciones y que, en la mayoría de las ocasiones, se ampara en el argumento de que ser absuelto por falta de pruebas no es motivo para conceder una indemnización por error judicial. Él llevó uno de estos casos, el de Alejandro A. G., un joven disminuido psíquico de 25 años que fue detenido en abril de 2001 como supuesto autor del homicidio de un compañero de la residencia para psicodeficientes de Marbella donde estaba ingresado. Alejandro pasó 22 meses y 13 días en prisión antes de que fuera declarado inocente por el jurado, que consideró que su grave incapacidad física era prácticamente ciego y tiene graves dificultades para caminar hacía imposible que él hubiera cometido ningún tipo de agresión.

La hermana y tutora de Alejandro pidió entonces 150.000 euros de indemnización. El 16 de agosto de 2005, Justicia le comunicó que su petición había sido rechazada precisamente con el argumento de que la absolución no era suficiente. Tuvo que esperar dos años para que la Audiencia Nacional le diera finalmente la razón. Recibió 90.000 euros más los intereses. En total, 103.000 euros.

López Linares destaca que aquella sentencia que les dio la razón hizo hincapié en las condiciones en que estuvo encarcelado su cliente pese a sus deficiencias psíquicas: "Lo ingresaron en un centro penitenciario psiquiátrico y pasó un auténtico calvario rodeado de enfermos mentales que le robaron el dinero y las cosas que su familia le llevaba. Nunca debieron ingresar en una cárcel a alguien cuyo coeficiente intelectual era el de un niño de 3 años".

El también abogado Eduardo García Peña tiene una opinión similar. "Por desgracia, el Ministerio de Justicia obliga a las víctimas a embarcarse en un proceso legal complicado y muy caro, ya que el Estado agota todos los recursos antes de pagar". García Peña lleva, entre otras, la reclamación de uno de los acusados del 11-M que finalmente no fue condenado: Brahim Moussaten. El joven, que denunció que su detención le hizo perder su trabajo y le "estigmatizó" en la localidad de los alrededores de Madrid donde aún vive, pidió por ello 1,2 millones de euros. En la vía administrativa, Justicia ya le ha comunicado que, en su opinión, no hubo error judicial y que, por tanto, no tenía derecho a compensación. La Audiencia Nacional decidirá en los próximos días sobre el recurso que ha presentado.

En idéntica situación se encuentra Jesús Muñoz Gil, un joven que el 16 de julio de 2006 fue testigo de un brutal accidente de tráfico cerca de su pueblo natal, Vejer (Cádiz). Entonces, Jesús fue acusado de haber provocado el siniestro al participar en una carrera ilegal. Como consecuencia de ello, pasó 426 días en prisión. El juicio que se celebró en diciembre de 2008 no sólo demostró que no fue autor, sino que, incluso, ayudó a las víctimas. La sentencia ratificó ese paso de villano a héroe, pero Jesús considera que el daño ya está hecho. "Mi madre no ha levantado cabeza desde entonces y nadie me ha pedido perdón", asegura el joven, quien destaca que perdió el trabajo y que todavía sigue en paro. El Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado, pero su abogado, José Luis Ortiz Miranda, ya ha presentado recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir al Estado 127.800 euros, una suma que obtiene de multiplicar cada uno de los días que pasó encarcelado por 300 euros.

La influencia de los medios

"Lo triste es que al no ser un caso mediático, Justicia no nos ha hecho hasta ahora ni caso", denuncia el abogado, quien pone como ejemplo el de Dolores Vázquez, la mujer que fue juzgada y condenada por el asesinato de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof. Esta, que estuvo 17 meses en prisión tras su detención en septiembre de 2000 y pasó un calvario judicial que incluyó la repetición del juicio, fue absuelta tras ser arrestado el autor del crimen, el británico Tony Alexander King.

En enero de 2008, Justicia propuso a esta mujer una indemnización de 392 euros por cada día que había pasado en prisión: 120.000 euros en total. Sin embargo, la rechazó y la cuantía de su indemnización, siete años después de la detención del verdadero culpable, todavía espera una decisión de los tribunales, según confirmaron a este diario fuentes del despacho de abogados que lleva su caso.

Más años fue lo que tardó en cobrar Florencio R. R., un vecino de Colmenar Viejo (Madrid) que en diciembre de 1998 ingresó en prisión acusado de agredir sexualmente a un menor de 11 años. Tras 463 días entre rejas y un juicio del que salió absuelto en 2001, Florencio inició su particular batalla para ser indemnizado. Justicia le dijo no en junio de 2004. La Audiencia Nacional apoyó la negativa del Ministerio en octubre de 2005. Y, finalmente, el Supremo le dio la razón en noviembre de 2009. Cobró 100.000 euros. Hoy, aún vive en el mismo pueblo, pero su vida no ha vuelto a ser igual. "Su mujer se divorció de él y su vida familiar nunca la recuperó. Eso no se paga con dinero", destaca su abogado, Eduardo García Peña.

Tampoco se considera compensado Juan Enrique Tena, un turista al que una cadena de errores policiales y judiciales durante la Semana Santa de 2009 le mantuvieron encarcelado cinco días en Granada. En su caso fue el Ministerio de Interior el que acordó indemnizarle con 3.000 euros. Su abogada, María José López, ya ha anunciado que piensa recurrir al considerarla insuficiente por los problemas psicológicos que sufrió su cliente. Juan Enrique, además, tiene otra queja: "Ni siquiera me han pedido perdón. No todo es el dinero".

La Defensora no hace alusión alguna a si las investigaciones finalmente se cerraron o si, a día de hoy, continúan instruyéndose. En todo sí que se hace alusión a los fallecimientos por suicidio en prisión, toda vez que «Zaragoza, A Lama y el psiquiátrico penitenciario de Alicante, con un 4% de la población penitenciaria española concentraban cerca del 36% de los suicidios habidos en el período comprendido entre los años 2003 y 2008».

Sin explicación aparente

A raíz de la intervención de María Luisa Cava, la Administración penitenciaria tomó cartas en el asunto. Sin embargo, lo cierto es que «no fue posible extraer ninguna hipótesis que permita explicar por qué solo tres centros de todos los que conforman el sistema penitenciario presentan una tasa de suicidio comparativamente tan elevada».

Frente esta respuesta, la Defensora es clara. Para la institución estatal ha llegado el momento de «analizar si en estos centros concurren alguna o algunas circunstancia ambientales específicas que puedan explicar los datos estadísticos que ofrecen».

La cárcel que se prevé multiplique "por nueve" a las instalaciones de la prisión de Martutene, supondrá invertir 113 millones de euros. Martínez suscribió, junto con el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, el convenio para edificar el centro penitenciario. Este tendrá 18 hectáreas -Martutene tiene dos- y 504 celdas. La cárcel guipuzcoana actual distribuye en 180 celdas a sus más de 300 reclusos.

En esta línea, el primer edil donostiarra hizo hincapié en que las nuevas instalaciones contarán con la mitad de celdas de los centros que se están construyendo en otras provincias. "No es una macrocárcel", añadió. Esta es una de las críticas que se han vertido sobre prisiones como la de Zaballa, en Álava. Martínez aseguró que la prisión de Nanclares de la Oca se cerrará cuando esté "a pleno rendimiento" la de nueva construcción de Zaballa.

La cárcel de Martutene, que fue descrita como "obsoleta y sin servicios", será derribada y en su lugar se construirán edificios en los solares liberados. Elorza se comprometió a aportar "un piso de metraje" a Arrats, entidad que apoya a los reclusos y fomenta su reinserción en la sociedad.

Cientos de reclusos del Centro Penitenciario de Jaén recurrieron al Defensor del Pueblo ante una situación que, al parecer, se produce una y otra vez: pierden sus citas con médicos especialistas por problemas de descoordinación, algo que está, según la institución andaluza, en contra del derecho a la salud de la población de las cárceles. Concretamente, el 33 por ciento de las citas concertadas se perdieron en 2009 en la prisión de Jaén (según datos proporcionados por la dirección del centro a la oficina del Defensor, tal y como se precisa en el dossier), donde hay en torno a ochocientas personas recluidas.
El informe referente a los casos recibidos y atendidos en 2010 remitido por la institución al Parlamento Andaluz dice que la situación se repite tan solo en aquellos centros en los que es la Policía Nacional, y no la Guardia Civil, la encargada del traslado de los presos hasta clínicas y hospitales, lo que achacan a una falta de coordinación entre el Cuerpo y las propias instituciones penitenciarias. “En los últimos años ha sido tan frecuente esta problemática en las prisiones de Sevilla I y Jaén que, sumamente preocupados, hubimos de hacer una consulta a la Fiscalía Superior de Andalucía sobre posibles responsabilidades penales derivadas de tan frecuentes pérdidas de cita”, recoge el dossier, y cita la posibilidad de que “personas concretas” pudieran “estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad penal por omisión del deber de socorro, por denegación de auxilio”. Por ello, extendió la consulta a la Fiscalía a modo de consulta. En ejemplos recogidos de manera detallada se habla casos de personas internas que han pospuesto sus citas hasta en seis ocasiones en dos meses por falta de comparecencia de los agentes que debían trasladarlos hasta el hospital más cercano. 
Por otro lado, aunque los responsables reconocen que ha habido varios avances en este aspecto, sobre todo en otras prisiones andaluzas, apuntan:  “Por lo que llevamos visto, oído e investigado, la sanidad penitenciaria entendida en su globalidad, y no solo en el concepto restringido de la asistencia primaria en el interior de los centros, continúa siendo una asignatura pendiente de la sanidad pública española”. Propone la asunción, por parte de las comunidades autónomas —entre ellas la andaluza—, de la salud penitenciaria dentro de sus sistemas autonómicos de salud como una posible solución. 

   El sindicato, en un comunicado, ha criticado que Botella "en lugar de visitar los módulos que presentan un mayor problema de saturación, módulos que al estar ocupados por el doble de internos de los inicialmente previstos presentan, algunos de ellos, un estado lamentable de deterioro", visitó los "sitios estrella" de la prisión, y algunos módulos que "no están masificados, ni mucho menos, y que no representan la realidad que se vive en el centro".

   Asimismo, ha señalado que la delegada del Gobierno "no tuvo tiempo" para recibir a los representantes de los trabajadores de la cárcel, a pesar que este centro penitenciario de Picassent "es el centro de trabajo de la Comunitat Valenciana con un mayor número de trabajadores que dependen directamente de ella".

   "Sin duda, dicho desprecio se deberá a lo apretado de su agenda, y no a que no le importe en absoluto las condiciones en las que los trabajadores penitenciarios desarrollamos cada día nuestra labor", ha subrayado Acaip.

   El sindicato ha lamentado que la delegada del Gobierno "ha dejado pasar una oportunidad de primera mano para conocer cuáles son los problemas reales que afectan al colectivo de trabajadores penitenciarios".

   Según la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, uno de estos "problemas" es la reducción "drástica del número de funcionarios en el centro". Al respecto, ha asegurado que este año "se volverá a reducir el número de funcionarios en plantilla, lo que, sin duda, repercutirá en el funcionamiento de la prisión, y en el número de incidentes graves".

   También ha denunciado que existe "discriminación" hacia los funcionarios de prisiones a la hora de concesión de permisos. "La Delegación del Gobierno consiente que, ante situaciones similares, se apliquen criterios diferentes a los funcionarios de Picassent respecto a otros funcionarios de la provincia", ha criticado Acaip.

   Del mismo modo se ha referido a "incumplimientos" por parte del centro penitenciario de los requerimientos de la Inspección de Trabajo en materia de salud y seguridad laboral. Así, ha aseverado que "sistemáticamente se incumplen los requerimientos de la inspección para subsanar deficiencias".

   Otro de los "problemas" denunciados por Acaip es la "falta de mejoras en la seguridad en el centro" ya que, según ha indicado, "no se realizan las mejoras en materia de seguridad necesarias y algunas de las que se realizan son incompletas".

   Por último, ha criticado que desde la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana "se quejan de que desde Acaip se utilizan los medios de comunicación para denunciar las deficiencias y problemas existentes en el centro", en lugar de los "cauces establecidos", pero "cuando la máxima responsable visita Picassent, no quiere reunirse con los representantes de los trabajadores para que estos le transmitan de primera mano estos problemas".

El director del penal recordó que, incluso, en las prisiones estadounidenses «la droga entra».

En cualquier caso, insistió en su compromiso de combatir esta lacra. Es por ello que este año se ha impulsado y reforzado esta lucha: «Intentamos intervenir sobre la oferta». Así, se han incrementado los cacheos e, «incluso, la unidad canina de la Guardia Civil está entrando dentro de la prisión para intentar evitar que los internos pasen droga».

En cuanto a la segunda de las muertes sobre las que se interesó el Defensor del Pueblo, Gómez Novoa, que realizó estas declaraciones tras la firma de un convenio de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y la ong Agareso, apuntó que fue un suicidio.

Aclaró, en este sentido, que la propia Administración había abierto una investigación, que «ya está cerrada», como también lo está la realizada por la institución estatal.

José Antonio también aludió a las recientes denuncias del sindicato ACAIP sobre nuevas agresiones a funcionarios. Considera que son hechos «factibles, aunque intentamos que esas cosas no pasen».

Asimismo, anunció que Instituciones Penitenciarias había aprobado una partida para solucionar los problemas de seguridad en uno de los módulos que generó un incendio.

En la actualidad, la población reclusa está situada por debajo de los 1.500 internos. Consideró «exagerada» la tasa de encarcelamientos con respecto a la de criminalidad: «Es una cosa curiosa que habría que estudiar».

El departamento de Comunicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias negó ayer que se pueda hablar de una plaga de mosquitos, restó importancia a las críticas del sindicato por entender que no se ajustan a la realidad en su total extensión y anunció que el Gobierno está buscando soluciones al problema planteado para que lo antes posible se pueda remediar lo que está ocurriendo. «Es una situación puntual que seguro que tendrá solución», explicaron estas mismas fuentes.

El problema se inició hace «aproximadamente dos años», manifestó en conversación telefónica Valentín Llamas, secretario general nacional del sindicato. «El centro está atendiendo con limitaciones las reivindicaciones que hemos presentado y aunque son muy receptivos, llegan hasta donde llegan. La solución real sería vaciar el departamento entero, porque los expertos creen que los productos que se están utilizando son altamente tóxicos y deberían permanecer cerrado por espacio de al menos 48 horas», explicó.

«Ni se puede hablar de una plaga, porque el tema no llega a tanto, ni hay problemas sanitarios como se denuncia en los comunicados. Hay una parte del módulo, que no es todo completo como se quiere dar a entender, que al parecer por culpa de unas humedades presenta determinadas incidencias puntuales. Pero eso no quiere decir que no se vaya a encontrar una solución», explicó la portavoz de Instituciones Penitenciarias.

Son internos y personas. «Nos preocupa la salud de los internos, no dejan de ser personas. Pero lo que de verdad nos tiene alerta es la situación de nuestros compañeros los funcionarios, que salen todos los días con la cara como un mapa», señaló Llamas.

Según el comunicado «hace más de un año que se detectó la anormal abundancia de mosquitos en el módulo cerrado del Centro Penitenciario, departamento donde se ubican los presos más peligrosos. A pesar del tiempo transcurrido y de haberse comunicado la situación de forma verbal a la Dirección y a la Subdirección Médica del Centro, y esta haber ordenado la fumigación del mismo en numerosas ocasiones, una vez fumigado, el problema pasados unos días persiste, y trabajadores e internos continúan sufriendo una situación que debería haberse solucionado hace tiempo. La última fumigación que se realizó fue el pasado 14 de abril; pues bien, transcurridos tres o cuatro días de nuevo los mosquitos se adueñaron del departamento. Y así continuamos en estos momentos», explica el sindicato en la nota remitida a los medios de comunicación.

«Es cierto que se han llevado a cabo varias fumigaciones y que no han surtido el efecto que nosotros esperábamos, efectivamente. Pero hay soluciones y lo único que se está haciendo es buscar la más adecuada a este caso. Una cosa es que aparezcan mosquitos de vez en cuando y otra muy diferente es que se pueda hablar de un problema sanitario», dijo ayer la representante de II.PP.

«El principal obstáculo, que según tiene entendido este sindicato, encuentran los profesionales que, repetimos, en numerosas ocasiones han fumigado el mismo, es la imposibilidad, al tratarse de un módulo tan especial, de vaciarlo de internos, durante aproximadamente 12 horas, dado que los productos utilizados son altamente tóxicos. Aún así únicamente garantizarían la desaparición de los mosquitos durante unos meses».

El Ministerio del Interior recibió ayer otras denuncias por presencia de animales en algún centro más de la geografía nacional, donde habían hecho acto de aparición gatos en un número excesivo. El departamento que dirige Mercedes Gallizo ha anunciado que adoptará las medidas correspondientes para solventar los problemas en todos los casos.

   En 2002 la Audiencia Nacional condenó a Mariñelarena a 100 años y nueve meses de cárcel por el asesinato, dos años antes, del portavoz socialista en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. Además, en 2007 fue condenado a otros 22 años y medio por el intento de asesinato del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera.

   Detenido en octubre de 2001 por la Policía Nacional, este terrorista ha permanecido los últimos diez años entre cárceles de Madrid y Galicia, concretamente en el centro penitenciario de A Lama en Pontevedra desde donde ha sido trasladado ahora a Villabona. La cárcel asturiana es, junto a Zuera (Zaragoza), las dos principales prisiones en las que Interior lleva a cabo su política de premios para los terroristas que comienzan a dar muestras de arrepentimiento.

   En muchos casos los presos que terminan cumpliendo su pena en Zuera o Villabona permanecen un tiempo en cárceles gallegas

En caso de que su desvinculación de la banda sea total es cuando Instituciones Penitenciarias estudia su traslado a Nanclares de la Oca, donde como declaró el propio Rubalcaba "ya no quedan presos de la banda terrorista ETA".

   El último ejemplo de esta política penitenciaria es Andoni Díaz Urrutia, recién llegado a Nanclares procedente de Villabona, según las mismas fuentes consultadas. Allí coincidirá con presos históricos ya desvinculados de la violencia como José Luis Álvarez Santacristina, alias 'Txelis' o Idoia López Riaño, alias 'la Tigresa'. En ocasiones la banda castiga a estos internos con la expulsión de la banda y del Colectivo de Presos sólo por el mero hecho de haber sido trasladados ese centro penitenciario.

   José Antonio Díaz Urrutia, alias 'Andoni', era empleado de Caja Laboral y fue condenado en 2007 a 11 años de prisión por la Audiencia Nacional, acusado de integración en organización terrorista, dentro del macroproceso KAS-EKIN-XAKI (sumario 18/98) contra el entorno de ETA.

ALDASORO ALEJADO A VALLADOLID

   No obstante, el traslado a Zuera y Villabona no es irreversible y en caso de que los presos no muestren avances en su ruptura con ETA pueden ser alejados a otras cárceles haciendo el camino de vuelta. Ese ha sido el caso de Ramón Aldasoro que recientemente ha abandonado la prisión asturiana donde llegó en 2009 y ha sido trasladado a Valladolid, han indicado estas fuentes.

   Además Interior ha acercado a otros dos etarras a la cárcel guipúzcoana de Martutene. Se trata de José Ángel Biguri Camino, procedente de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Gotzone López de Luzuriaga Fernández (procedente de Valladolid).

   Detenida en 1989, López Luzuriaga (de 62 años) integraba el 'comando Araba'. La detención se produjo tras un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, en la autopista Bilbao-Behovia, donde

murieron los etarras Juan Oyarbide Aramburu "Txiribitas" y Manuel Urionabarrenechea Betanzos 'Manu'. Entre 1990 y 1991 fue condenada a un total de 127 años de prisión por tres asesinatos y un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad alavesa de LLodio (Álava).

   En la misma operación fue arrestado en 1989 Biguri Camino. En diciembre de 1991 fue condenado a 51 años de cárcel también por el atentado cometido contra la casa cuartel de LLodio.

DOS ALEJAMIENTOS

   En el capítulo de 'castigos', además de Ramón Aldasoro, Interior ha alejado desde la cárcel de Navalcarnero (Madrid) hasta Almería al miembro de Segi detenido en 2010 Xabier Arina y desde Alicante hasta Granada a Iban Apaolaza, entregado a España por las autoridades canadienses en 2008.

   Detenido en Québec había formado parte del comando de ETA 'Barahuste', que actuó en Madrid tras la ruptura de la tregua de 1999, y podría haber participado en el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García. El presunto etarra, de 37 años y natural de Beasain (Guipúzcoa), estaba reclamado por el Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional desde 2002.

Además, la popular ha denunciado la reducción en los salarios de los funcionarios de prisiones, que deben restar, además del 5% que le corresponde a todo el funcionariado, la productividad de este año, lo que hará que cobren 450 euros menos que en 2009, ‘algo que no sucede con los directores y subdirectores’, dice Navarro.

‘No hay que trabajar con parches, hay que dotar a la prisión de personal, y es fundamental que se haga el proyecto de la cárcel del Amanzora’, dice Navarro, a la vez que indica los problemas de seguridad que podría suponer acometer esta ampliación en el centro de El Acebuche.

Rueda ha destacado por su parte que, excepto en el caso de Lucar, se había logrado la unanimidad de criterios en los 26 municipios de la Mancomunidad del Almanzora, cuyos alcaldes visitaron el centro penitenciario de Albolote, presentaron mociones en sus plenos locales, y consiguieron, a través de Rueda, que la propia Diputación instase a Instituciones Penitenciarias a crear una nueva prisión.

En una reunión en Madrid, la secretaria general ‘nos dijo que era viable y oportuno, aunque no se comprometió económicamente’, señala Rueda. Navarro recuerda en este sentido que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados votó en contra una Proposición no de Ley (PNL), presentada por ella misma para la consecución de la cárcel del Almanzora.

Gracia quedó en libertad en abril de 2010, al estimar la Audiencia Nacional que las causas por las que permanecía en prisión en España desde 2008, cuando fue extraditado, ya habían sido juzgadas en Francia. Eso pese a que una de ellas le relacionaba con el intento de asesinar al Rey en Palma de Mallorca. La excarcelación, recurrida por la Fiscalía, de quien había sido cabecilla de la banda en uno de los periodos más sanguinarios, suscitó una fuerte polémica.

A partir de entonces, la Guardia Civil ha reunido y analizado pruebas que le vinculaban con el secuestro de Ortega Lara, mientras que Dignidad y Justicia presentó una querella para impulsar la investigación judicial. Finalmente, Gracia Arregi fue detenido a la una y media de la tarde de ayer cuando se acercaba con una mochila a la frontera con Francia en el puesto de Behobia, no se sabe si con intención de huir al vecino país. No obstante, «Iñaki de Rentería» se mostró muy sorprendido cuando los agentes le comunicaron la orden de arresto. Hoy prestará declaración ante el juez Pablo Ruz.

La querella presentada por Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, se sustenta en una información publicada por ABC el 5 de julio de 1997, pocos días después de la liberación de Ortega Lara, que ya adelantaba la implicación de «Iñaki de Rentería» en el secuestro. Así, este periódico informaba de que entre la documentación hallada en el «zulo» figuraban comunicaciones en las que el cabecilla ordenaba a los integrantes del «comando» que prolongaran el secuestro, ya que ETA lo utilizaba para presionar al Gobierno. Además, uno de los torturadores del funcionario, apodado «Boli», confesó a la Guardia Civil que tras la detención de Julián Atxurra, «Pototo», el responsable directo del «comando» pasó a ser «Gorosti», alias con el que también se conoce a Gracia Arregi. En los interrogatorios, los agentes le preguntaron si habían consultado a «Rentería» la posibilidad de liberar a Ortega Lara por su preocupante estado de salud. Según «Boli», el cabecilla respondió que «las negociaciones estaban muy duras y que le dieran ánimos (al secuestrado) porque tenían que continuar, ya que no le veían de momento solución».

En este contexto, la Policía trasladó ayer desde Francia a los etarras Aitor Arteche, detenido junto a Aitzol Iriondo en 2008 , y a Gregorio Jiménez , «Pistolas», integrante de un «comando» que trasladó en tres ocasiones un «misil» para asesinar a Aznar.

El cambio de alojamiento de estos treinta internos ha dejado la población reclusa en Navarra en unos 225 presos, una cifra relativamente asumible. Las conducciones de reclusos se han producido durante los últimos quince días y han tenido como destino principal la cárcel de Zuera, en Zaragoza, aunque también las prisiones de Logroño y Nanclares de Oca (Álava).

La Junta de Tratamiento de la cárcel pamplonesa, órgano que aglutina a los diferentes agentes implicados en la reinserción de los presos y en su seguimiento (educador, jurista, psicólogo, trabajador social), además de la directora y el subdirector de Tratamiento, celebró hace algunas fechas una junta extraordinaria para analizar la situación del centro, que se encontraba al límite de su capacidad debido a la masificación como consecuencia del elevado número de presos, muy próximo a los 260.

Esta Junta de Tratamiento es la encargada de analizar cada uno de los casos susceptibles de ser movido a otra prisión. El criterio principal es el nivel de arraigo que los reclusos tienen en Pamplona: aquellos casos donde sea inexistente o de menor relevancia, tienen más posibilidades de ser trasladados fuera de Navarra. No obstante, otra de las variables que se analiza es la situación penitenciaria del preso, si se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio o está cumpliendo una pena.

El hacinamiento en la cárcel de Pamplona ha sido una constante durante los últimos años, un problemas que ha sido mitigado temporalmente mediante remesas de traslados como la que ha tenido lugar en estas últimas semanas. Los trabajadores del centro penitenciario han venido denunciado los problemas de seguridad que esta situación generaba.

Estas transferencias se refieren a la Inspección de Trabajo, los maestros y personal sanitario de instituciones penitenciarias, los profesores de religión, la convalidación y reconocimiento de estudios en centros extranjeros radicados en Euskadi y de los títulos extranjeros no universitarios. Ambas partes ya se habían reunido en febrero pero entonces no llegaron a un acuerdo por discrepancias económicas.

En concreto, la Inspección de Trabajo implica el traspaso de la mitad de personal y de varios bienes materiales valorados en casi 5 millones de euros: 54 inspectores y subinspectores, 57 miembros del personal de apoyo y tres locales, uno en cada capital vasca.

La transferencia de nueve maestros y 40 miembros del

personal sanitario de Instituciones Penitenciarias se traduce en una cuantía de 9,8 millones de euros, mientras que la del profesorado de religión, que afecta a 215 maestros, está valorada en 16,5 millones de euros.

IMPULSO AL AUTOGOBIERNO

Ambas partes han mostrado su "satisfacción" por un acuerdo que, según explicaron se ha retrasado sobre los plazos inicialmente previstos por "discrepancias" en la valoración económica de esas transferencias. Tanto el socialista José María Benegas, como el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, han destacado la importancia de este nuevo paquete de transferencias previstas, han subrayado, en el Estatuto de Guernica.

"Supone un impulso importante al desarrollo del autogobierno vasco", se ha congratulado Erkoreka, quien ha retado al Ejecutivo de Patxi López, que es el que tendrá que aprobarlo formalmente en coordinación con el Gobierno central, ha mejorar el contenido de estas transferencias, aunque, a su juicio, "lo tiene difícil".

Asimismo, las partes volverán a reunirse el próximo 8 de junio con la intención de cerrar otro paquete de transferencias pendientes que esperan acordar a finales de ese mes. Se trata de la regulación de empleo, el transporte marítimo, fluvial y por carretera, los archivos de titularidad estatal, la ampliación del traspaso de expedientes de regulación de empleo y de las enseñanzas náutico-pesqueras, la ejecución de la legislación del Estado sobre propiedad intelectual.

CERCANÍAS Y PEAJES ANTES DEL VERANO

A partir del 8 de junio también se buscarán acuerdos para el traspaso de otras dos competencias a las que el PNV da especial relevancia y que supondrán una importante dotación económica: las autopistas de peaje -en este caso queda por ser transferida la AP-68 que une el País Vasco y Aragón--, así como de las Cercanías de ferrocarril.

Erkoreka ha asegurado que su formación afronta con "optimismo" esa nueva fase de la negociación porque ha visto una "disposición favorable" del representante del Gobierno en la comisión bilateral. Por eso se ha mostrado confiado en que al final de este periodo de sesiones estén cerrados todos los compromisos que formaban parte del acuerdo por el que el PNV apoyó los Presupuestos vigentes.

Según ha recalcado el portavoz de los nacionalistas vascos, el cumplimiento en su totalidad de ese pacto es condición indispensable para una hipotética negociación con el Gobierno en relación con las cuentas públicas del año que viene.

La resolución, firmada por la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, distingue entre acoso y violencia psicológica y establece un protocolo detallado para actuar en caso de conflicto. Se considera acoso, además de los supuestos citados, "dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan". Por el contrario, no es acoso "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legal", así como las "conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores", las "presiones para aumentar la jornada" y las "ofensas puntuales dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos".

Para que la Administración acepte que ha existido acoso el comportamiento grosero y discriminatorio tiene que ir dirigido siempre contra el mismo empleado y ser "permanente y prolongado". El acosador será sancionado por falta muy grave o derivado a los tribunales. La víctima retomará sus funciones y quienes hayan actuado como testigos no sufrirán represalias. El protocolo considera que el hostigamiento que sea considerado "violencia psicológica" en lugar de acoso tendrá "la sanción que corresponda", de menor gravedad en cualquier caso que el acoso.

Esta resolución concede un plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que la Administración incluya un impreso de denuncia en la intranet de los departamentos y nombre al especialista de personal que iniciará el proceso tras la denuncia. La normativa introduce otra novedad: los empleados con conocimiento de algún supuesto de acoso tienen la obligación de denunciarlo ante la dirección aunque no les afecte.

Sindicatos y expertos en salud laboral se felicitan por la aprobación del protocolo, aunque les hubiera gustado que fuese más "audaz" con los intereses de la víctima, ya que exige que la hostilidad se produzca una y otra vez antes de poder denunciar el acoso. Y también critican que el proceso esté tan burocratizado y haya que dar tantos pasos que finalmente desanime a la víctima. Pero era una necesidad imperiosa, argumentan. "La carencia era clara. El propio Gobierno estaba incumpliendo la ley porque no tenía un protocolo de actuación ante casos de violencia laboral ni tampoco un sistema de prevención de riesgos psicosociales, tal y como marca la ley de prevención de riesgos laborales (de 1995)", razona Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT.

Según los expertos, la violencia laboral -acoso, agresiones verbales, acoso sexual...- es uno de los problemas laborales emergentes, y más en época de crisis, donde las relaciones pueden enrarecerse más de lo habitual. "Es un tema sensible, no solo para la salud laboral. También afecta a la productividad", comenta Fernando Benavides, Director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

No se han desglosado los datos por empresas públicas o privadas, pero se calcula que alrededor del 6% de los trabajadores sufre algún tipo de violencia laboral, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Los sectores más afectados son la sanidad, el trabajo social y la educación, según cálculos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud.

Gobierno y sindicatos llevaban tres años negociando un protocolo de actuación ante el acoso laboral en la administración general del Estado. Ahora, tras la firma, fuentes sindicales explican que el plan tiene muchas carencias y confían en que el documento sea solo "un acuerdo de mínimos".

En declaraciones a Europa Press, el Defensor ha señalado que aunque éste es el primer problema en las cárceles de Andalucía", a finales de 2010, por primera vez, descendió el número de personas encarceladas en toda España en 2.150 personas, "una cifra que en Andalucía ha sido menos significativa, en torno a 200 personas menos", apunta. "Éste es un problema que el sistema penitenciario tiene que abordar dentro de su trabajo de inserción y reeducación", afirma.

En este sentido, de entre las 420 quejas que la Defensoría ha recibido a lo largo del año 2010, "una de las que nos llegan por parte de los presos es que quieren participar en talleres, y actividades y a veces es muy difícil por la demanda tan alta que hay dentro de la prisión y el gran número de reclusos", asegura Chamizo, quien este jueves impartirá en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla la conferencia 'Situación y queja de los presos en los centros penitenciarios andaluces'.

Asimismo, ha lamentado "el incremento" de enfermos mentales que están en prisión, y ha destacado que esto "es un drama que no está resuelto en la sociedad y que tienen que abordar las prisiones, cuando el problema no lo tiene la prisión sino la falta de recursos externos", ya que "se han suprimido los psiquiátricos, algo que está muy bien, pero nos encontramos que muchas veces las cárceles se han convertido en una especie de psiquiátrico alternativo", manifiesta.

En este sentido, ha informado de que, a nivel nacional, el porcentaje de enfermos mentales que están en prisión alcanza el 25,6 por ciento, "lo que significa que uno de cada cuatro tiene una enfermedad mental", subraya. "Es un tema que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se está abordando, pero entendemos que también hay que darle una respuesta desde el Gobierno andaluz", destaca.

Por otra parte, y siguiendo con las quejas recibidas por la Institución, Chamizo ha señalado que otro de los temas es la pérdida de citas médicas, y pone como ejemplo la provincia de Sevilla, en la que "se pierden muchas citas de enfermos que necesitan pruebas que solo se hacen en hospitales". No obstante, añade, "desde la Delegación del Gobierno y desde la Fiscalía Superior de Andalucía, ante la denuncia que hemos hecho, se están tomando medidas para paliar este fenómeno".

El tema de los traslados de personas que son de fuera de Andalucía y quieren estar cerca de sus familias, y al revés, "es otro de los más frecuentes entre las quejas que llegan desde los centros penitenciarios andaluces", señala Chamizo, al tiempo que afirma que "la reclamación del derecho al tercer grado, en torno al cual muchas veces hay complicaciones porque el equipo tratamiento no lo ve claro, es otro de las demandas más habituales".

Además, asegura el Defensor, "hay quejas de personas que se declaran inocentes, y que tenemos que mirar de una en una porque en algún caso si ha resultado que ha habido algún error, y otras del personal funcionario, que critica el gran número de presos y la falta de medios suficientes para atenderlos". Por último, afirma "estar preocupado" por lo que pueda pasar con la cárcel de Puerto I, en el Puerto de Santa María (Cádiz), "que sería importante que no desapareciera", concluye.

Además, según un comunicado de Instituciones Penitenciarias, el actual director de la cárcel de Alhaurín, Juan Antonio Marín, dirigirá la prisión de Jaén donde sustituirá a Manuel Martínez Cano que, tras dirigir este centro durante siete años, deja el cargo a petición propia. Marín se ha encargado de la prisión de Alhaurín de la Torre desde abril de 2010, es funcionario de la administración penitenciaria desde 1973 y ha dirigido los centros de Nanclares de la Oca (Alava), Madrid II y Segovia y ha trabajado en otros seis. En 2009 recibió la medalla de oro al Mérito Penitenciario y también se ocupó de diversas tareas en la Secretaría General, y en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Marín deja la prisión con uno de los niveles de masificación más bajos de los últimos años.

Los trabajadores de Comisiones Obreras (CC OO) de la madrileña plaza de Cristino Martos están de enhorabuena. El ex sindicalista de UGT y ahora ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha pactado con la Comisión Federal del sindicato el traslado de esa sede a unas instalaciones mayores. Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo a LA GACETA. “No sé exactamente cuándo se producirá el traslado, pero el edificio era de Patrimonio Sindical y le correspondía a CC OO”, aseguraron ayer desde el Departamento de Comunicación de la central.

Ayer mismo se celebró una reunión entre representantes sindicales y el Ministerio “para agilizar el cambio”.
Los sindicalistas llevan desde octubre del año pasado reivindicando un lugar de trabajo nuevo, pues aseguran que las dependencias que ocupan desde hace alrededor de 20 años se han quedado pequeñas para sus 350 trabajadores.

Según ha podido saber este periódico, los sindicalistas serán reubicados a principios del año que viene en la sede que actualmente ocupan la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, que se encuentran en el número 6 de la madrileña calle Pío Baroja.

El Ministerio ha tramitado un expediente de cesión del inmueble sito en esta ubicación a favor de la central sindical. El emplazamiento, de 7.000 metros cuadrados, consta de cuatro plantas con oficinas y salas de juntas, un sótano y 45 plazas de garaje, y viene siendo desde hace más de 26 años el centro de trabajo de 210 empleados.

El traslado obtuvo el informe favorable de la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical Acumulado en su reunión del 24 de mayo de 2010.

El proceso superó el último trámite el 12 de mayo de 2011, cuando la Comisión Permanente aprobó “proponer al Pleno informar favorablemente la cesión de espacios en el edificio de Pío Baroja a CC OO, con la correspondiente revocación de la cesión que tiene concedida este sindicato en el edificio de la calle Cristino Martos”.

Los funcionarios afectados han manifestado su malestar por la medida del ministerio. “Favorece a los de Comisiones en detrimento nuestro”, se quejan. “Es vergonzoso que nos trasladen a nosotros, que llevamos cerca de 30 años aquí, para beneficiar a los sindicalistas. Y no sólo es el hecho de que nos echan, es que nos mueven a un sitio peor”, denuncian. Su nuevo lugar de trabajo estará ubicado en la calle Infanta Mercedes, en otras instalaciones del mismo ministerio y que en estos momentos ocupa el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los funcionarios lamentan que sólo les cederán dos de las plantas del edificio, por lo que pasarán de los 7.000 m2 actuales a sólo 3.000 m2.

Por otro lado, circula entre los trabajadores afectados una nota de protesta, a la que ha tenido acceso LA GACETA, en la que se solicita a la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo que no se proceda a la cesión del inmueble de Pío Baroja y que se elija otro que esté disponible y ocasione menos gastos de traslado.
En el escrito también reivindican que “el sistema hasta ahora seguido por la comisión era el de no ceder espacios del Patrimonio Sindical a sindicatos hasta no estar previamente desalojados por los organismos que los vienen ocupando”. También, que el asunto de la cesión no constaba en el Orden del Día de la reunión del 24 de mayo, por lo que el procedimiento se ha desarrollado en el más absoluto de los secretos.
Resulta curioso que, aunque los empleados públicos de Trabajo sí conocen el cambio, los sindicalistas de Cristino Martos insisten en que no tienen constancia de que se vaya a efectuar una mudanza. A pesar de las evidencias, aún califican de “rumores” el traslado. “Como otras tantas veces, no sabemos si se hará efectivo”, añaden.

La decisión del Ministerio de Trabajo de ceder espacio a los sindicalistas en detrimento de los funcionarios se enmarca en un contexto político que destaca por los favores del departamento de Valeriano Gómez al colectivo ahora beneficiado. Esta misma semana se ha conocido que el ministerio ha querido que UPTA-UGT sea la agrupación que represente de la autónomos ante el Gobierno, en detrimento de otras mucho más numerosas, como la Asociación de Trabajadores Autónomos

Sin embargo, las defensas de los 2 funcionarios acusan a Instituciones Penitenciarias de manipular las pruebas y de presionar a varias reclusas para que inculparan a sus clientes. El sindicato Acaip ha presentado una denuncia contra uno de los inspectores que lleva la investigación por un delito de prevaricación administrativa, ya que utilizó el testimonio de una presa que no pudo presenciar los hechos porque estaba de permiso.

Según la querella, "el denunciado conocía perfectamente que la interna estaba de permiso ese día y permitió que mintiera en su declaración, validó su contenido conociendo la falsedad del mismo y lo utilizó con la intención de perseguir la sanción del funcionario". La reclusa acusó al funcionario de verle cometer ciertas irregularidades la Nochevieja de 2009, algo imposible porque estaba de permiso.

José Ramón López, presidente de Acaip, asegura que Prisiones ha puesto en marcha "una caza de brujas". "Ante el impacto mediático que tuvo el caso, la dirección ha pedido una sanción ejemplarizante, y como no hay pruebas, las inventan. ¿Quién ha ordenado presionar a la presa para que mienta?, ¿y qué ha recibido a cambio la interna?".

En libertad condicional

El juez, que ha admitido la denuncia, ha llamado a declarar al inspector y a la presa en julio. "No creo que la exreclusa aparezca". Salió en libertad condicional en mayo. Prisiones ha seguido con el expediente disciplinario pese a que la Fiscalía ya archivó la investigación en uno de los casos el 20 de julio de 2010, porque "ningún testimonio ha revelado que el funcionario haya solicitado favores sexuales de las internas".

En el segundo caso, el del funcionario que abrió cuatro celdas una misma noche, el juez ya tiene en su poder más pruebas que apuntan a nuevas coacciones. "Se han ejercido presiones sobre las internas para que declaren contra mi cliente", señala su abogado.

Cinco reclusas declararon en contra del funcionario diciendo que esa noche escucharon música en las celdas y sonidos compatibles con el sexo, pero este diario ha tenido acceso a cartas de esas internas, en manos del juez, en las que reconocen que fueron presionadas para mentir. Una de ellas asegura que si no decía lo que le pedían le quitaban el trabajo en el economato de la cárcel. A otra la amenazaron con separarla de su pareja (las dos, lesbianas, cumplían condena juntas). Otra, que declaró a favor del funcionario, asegura que recibió la visita de inspectores que le invitaron a cambiar su declaración.

El letrado estudia ya presentar otra querella contra Prisiones para que se depuren responsabilidades. Y es que según Acaip, Instituciones Penitenciarias quiere "cabezas de turco" en este caso. Asegura que han pedido 14 pruebas para defender a uno de los funcionarios, y que todas han sido denegadas. La propia Inspección reconoce en el expediente que la declaración de la reclusa que mintió no es válida, pero la usa para refrendar ciertos cargos.

La Inspección conocía los abusos meses antes

El escándalo de los abusos en Meco explotó a finales de 2009 debido al cruce de acusaciones entre funcionarios. En abril de 2010, días antes de que se destituyera a la cúpula de la cárcel, la Inspección, en una reunión con los sindicatos, estableció un "plan de choque por el deterioro generalizado", un plan que recordaba a los funcionarios que "no se puede tomar alcohol con las presas, ni tener móvil en el centro, y no se podían tener relaciones personales, y menos sexuales".
Pero ¿por qué este plan? Prisiones ya sabía desde febrero las acusaciones de posibles abusos de funcionarios a presas a cambio de favores, y más en concreto se acusaba a las "funcionarias de que se acostaban con internas". La guerra se desató cuando un grupo de funcionarias, apodadas las Talibanas, fueron recibidas en el despacho de Mercedes Gallizo, secretaria general. Una de ellas es sobrina de un ex alto cargo de Prisiones. En esa cita se calificó a Meco de "Sodoma y Gomorra". Ellas acusaron a sus compañeros de los abusos.

Fue la gota que colmó el vaso y Gallizo decidió destituir a la dirección del centro. Pocas pruebas se han encontrado, porque muy pocas reclusas han hablado delante de los inspectores. Y las pocas que lo han hecho han acusado más a las funcionarias que a los funcionarios. ¿Por qué la Inspección no ha actuado contra ellas? De momento no hay respuesta.

Errores para dilatar la declaración

Acaip denuncia que Prisiones ha retrasado "intencionadamente" la declaración del inspector denunciado, ya que hace la secretaria general se ‘equivocó’ hace unos días y envió la notificación de declaración a un preso de Murcia que tiene los mismos apellidos que el inspector
 

Fuentes de la lucha antiterrorista, de asociaciones de víctimas y de varias prisiones aseguran a LA GACETA que Interior ya acondiciona las cárceles del País Vasco y de Navarra para trasladar allí a decenas de presos etarras en el futuro. No se puede olvidar que ETA y todo su entorno reclaman como condición indispensable para abandonar las armas el final de la dispersión de sus presos y su inmediata “vuelta a casa”.

Ahora mismo, la prisión de Pamplona (Navarra) está pendiente de una reforma que dejará espacio para al menos medio centenar de reclusos. Igualmente, este diario adelantó en exclusiva que en la prisión alavesa de Nanclares de Oca se está acondicionando un módulo que sería el destino ansiado por los presos etarras con delitos de sangre. Sabedores de que tendrán que cumplir sus condenas, al menos quieren hacerlo cerca de su familia.

También en estas páginas se denunció la existencia de una reunión entre Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, y los directores de las prisiones de Basauri (Vizcaya) y la ya citada de Nanclares para abordar los pasos a seguir en ese camino.

Premios y castigos

La política penitenciaria del Gobierno consiste en permitir que los terroristas presuntamente críticos con la banda asesina obtengan beneficios penitenciarios o traslados de reclusos a cárceles próximas al País Vasco. Por el contrario, permanecen alejados de su tierra y sin esperanzas de ver recortada su condena aquellos reos de la organización terrorista que siguen las órdenes de la dirección etarra.

Se trata, en suma, de una estrategia de premios y castigos en función de la actitud del reo. Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por LA GACETA aseguran que esta forma de proceder tiene hoy más efecto que nunca entre los presos terroristas. Cada vez son menos los que siguen las consignas que marca el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). Al menos 95 reclusos de ETA y su entorno han firmado ya las famosas cartas en las que reniegan de la organización terrorista, piden perdón a sus víctimas y hablan de resarcirlas.

Actualmente, las cárceles conocidas como laboratorios de Interior acogen a decenas de etarras. En Nanclares hay una veintena de reclusos etarras, ya premiados por el mero hecho de haber sido trasladados a una cárcel vasca. Además, casi una decena de ellos han accedido ya a beneficios penitenciarios que incluso les permiten salir a la calle. Sin duda, el caso más conocido es el de José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, ex jefe de la banda terrorista. Pero también consiguen beneficios Kepa Pikabea, Iñaki Rekarte, Jorge Uruñuela, Andoni Muñoz de Vivar, José María Fernández Pérez de Nanclares, Andoni Alza, Fernando Luis de Astarloa y Luis María Lizarralde. Entre todos los beneficiados, son responsables de al menos 38 asesinatos y sus condenas suman 785 años de reclusión, de los que sólo han cumplido 148.

Otros 10 reclusos de ETA o su entorno pernoctan en esta prisión alavesa. Entre ellos están, por ejemplo, Idoia López Riaño, La Tigresa, responsable de 23 asesinatos, los dirigentes etarras José Luis Urrusolo Sistiaga y Carmen Guisasola, el asesino de Hipercor Rafael Caride Simón o el terrorista Josu García Corporales. Esta decena de individuos aspira ahora a obtener beneficios, como sus nueve compañeros de postulados y de barrotes. En total, los 19 etarras de Nanclares acumulan penas por más de 4.500 años de cárcel.

Las otras prisiones a las que son trasladados los etarras, y que son ya conocidas como laboratorios, son Villabona (Asturias), Zuera (Zaragoza), Dueñas (Palencia) e incluso Logroño, donde ahora pernoctan 17, 25, 9 y 5 presos etarras, respectivamente. A estos números habría que sumar otros terroristas a los que el citado EPPK ha expulsado de su colectivo –como Valentín Lasarte– y que, por ello, no aparecen en los listados que elaboran las organizaciones afines a ETA.

Jefes veteranos

De todos esos laboratorios, el más significativo es el de Zuera (Zaragoza). Allí duermen tras los barrotes algunos de los más veteranos ex dirigentes de ETA, como Francisco Múgica Garmendia, Pakito, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, Juan Luis Aguirre Lete o José Javier Zabaleta Elósegui, Baldo. Extraña y curiosamente, el batasuno Arnaldo Otegui pasó un tiempo en esta prisión. Sin ninguna explicación oficial.

Todo ello ha llevado a sus responsables a anunciar a la dirección del centro que pedirán el cierre de las oficinas de vigilancia de dichos módulos, donde trabajan los funcionarios. Éstos advierten que, como establece la ley, los trabajadores no están obligados a soportar "las condiciones de penosidad ni de peligro para la salud laboral" que sufren en El Acebuche.

El cierre de las oficinas de funcionarios de los módulos supondría también el cierre de éstos, pues los presos no pueden ser dejados sin vigilancia.

En la actualidad, además de las oficinas administrativas, sólo los módulos 6 y 9 prisión cuentan en sus oficinas con climatizador.
Acaip también ha anunciado la presentación de otra denuncia a la Inspección de Trabajo, para tratar que se adopten soluciones de una vez por todas, después de que el sindicato lleva denunciando las penosas condiciones de trabajo durante el verano desde hace más de 15 años.

Marcelino Menéndez, delegado provincial de Acaip, ha lamentado, además, la discriminación que sufren los funcionarios que trabajan en las oficinas de vigilancia de los módulos, al carecer de aire acondicionado y tener que soportar elevadísimas temperaturas, mientras que todas las oficinas de administración y dirección de la prisión sí disponen de estos aparatos.

A pesar de todo, esta cantidad supera aún con mucho la capacidad de El Acebuche, que fue construida para un máximo de 550 internos.

Las principales razones de esta disminución, según apunta el director del centro penitenciario almeriense, Miguel Ángel de la Cruz, son básicamente la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, la implantación de medidas alternativas al ingreso en prisión y el incremento de expulsiones de extranjeros a sus países. Así, los extranjeros suponen en la cárcel almeriense más del 30% del total de internos.

Esta disminución ha permitido que en El Acebuche se hayan eliminado las celdas con tres internos, algo habitual antes de 2008, y que cada uno de los 11 módulos residenciales, además hay otros cuatro administrativos, cuenten con un máximo de 100 personas. Antes, el límite era de 150 presos por módulo.

El presidio desmiente que padezca 'condiciones penosas' o plagas

Por otra parte, fuentes del centro penitenciario han respondido a las críticas del sindicato mayoritario, Acaip, que ha denunciado "discriminación" y "riesgo para la salud" de sus ocupantes. De hecho, ha pedido el cierre de 13 de los 15 módulos del centro porque los funcionarios se ven obligados a soportar temperaturas superiores a los 40 grados al carecer de aire acondicionado, además de sufrir plagas de mosquitos, cucarachas y gatos.

Según la dirección de la prisión, "sólo" quedan cinco módulos sin aire acondicionado, que ya se ha eliminado la plaga de gatos y que hasta el momento no se ha recibido ninguna queja ni denuncia por parte de funcionarios o internos en relación a la presencia de cucarachas o mosquitos. De hecho, una empresa fumiga el centro mensualmente, precisa el director.

Éste ha precisado que el centenar de gatos denunciado eran sólo 14, según el recuento hecha por la empresa que los ha capturado.