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07-06-06
| El
director del centro penitenciario de Los Rosales de
Ceuta, Ayax Murillo, eludió hoy pronunciarse sobre la
denuncia efectuada ayer por el Sindicato de Prisiones (ACAIP)
de Ceuta, en la que señala que los presos se ven
obligados a dormir en el suelo debido a la masificación
del penal. |
 El
responsable de la institución penitenciaria, con el
que se puso en contacto Efe, se limitó a comentar
que este asunto debía ser respondido por el gabinete
de prensa de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, sin efectuar más comentarios al
respecto.
El sindicato, a través de su
delegado en la ciudad, Guillermo González, denunció
ayer 'graves carencias' en el centro preventivo de
Los Rosales, donde conviven en la actualidad unos
250 internos cuando la cárcel está preparada
únicamente para acoger a unos 160 preventivos.
Guillermo González aseguró que hay
tres presos por cada celda, lo que obliga a uno de
ellos a dormir en el suelo, y a que el reparto de la
comida se tenga que efectuar en dos turnos ante la
falta de espacio físico. |
07-06-06
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Sánchez Ramos denuncia que se
trata de otra de las promesas electorales incumplidas
por el PSOE |
El
diputado nacional del Partido Popular por la
provincia de Cádiz Aurelio Sánchez criticó ayer la
"inoperancia" del Gobierno central para resolver
problemas "que eran motivo de crítica cuando
gobernaba el PP y que tanto prometieron que
resolverían de inmediato, como las críticas por
hacinamiento en el centro penitenciario Puerto 2".
Sánchez afirmó que "a los problemas de seguridad ciudadana,
aumento de la percepción de inseguridad y a la falta de
Policía y Guardias Civiles se une ahora el hacinamiento de
internos en Puerto II".
A juicio del diputado del PP, "el hacinamiento es
incomprensible después de la remodelación realizada en el
centro penitenciario por las innumerables carencias que
tenía". Además, añadió que "no es lógico que fueran muy
críticos en este tema con el Gobierno anterior y ahora que en
teoría es imposible duplicar el número de internos, tras
adaptarse a uno por celda, lo metan con calzador durmiendo en
el suelo o utilizando el módulo de ingreso, que no está
adaptado porque es de trámite".
Aurelio Sánchez aseguró que durante el Gobierno del PP "se
acometió la remodelación y mejora del centro para evitar estas
situaciones, por lo que no es de recibo alojar ahora a 900
internos cuando el centro está adaptado para 600".
Para el dirigente del PP, "es un nuevo incumplimiento más
del Gobierno socialista, que tanto prometió y tantas carencias
nos está dejando". Finalmente, exigió que se tomen medidas
para evitar el hacinamiento de los presos y mejorar la calidad
de vida de los internos en el centro penitenciario de Puerto 2
.
Las declaraciones del popular se producen a raíz de
denunciar hace unos días el sindicato mayoritario de la
prisión de preventivos portuense, ACAIP, las pésimas
condiciones en las que están siendo alojados los nuevos
reclusos que llegan a la prisión: en colchones tirados en el
suelo. Desde hace un mes, son una media de 15 los presos que
no disponen de camas por lo que se ven obligados a pernoctar
sobre el suelo en un colchón, cifra que se ha duplicado este
pasado fin de semana. Varios presos han denunciado al Juzgado
el hacinamiento. |
07-06-06
El
personal sanitario de los centros penitenciarios abandonó el
lunes el encierro y la huelga de hambre comenzados el martes
30 de mayo en reivindicación a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias por peticiones que llevan años
planteando y que no encuentran reconocimiento alguno, pese a
que el trabajo de los «sanitarios en las prisiones es cada
vez más complicado y requiere de una alta especialización».
Estos trabajadores cesaron en sus medidas de presión como
signo de buena voluntad de cara a la negociación comenzada
ayer con la Administración central. Un diálogo que aunque
avanzó en el acercamiento de posturas y sirvió de
intercambio de pareceres aún deja pendientes varios temas.
Entre las propuestas que llevaron los representantes de los
empleados solicitaron una duración media que no excediera
las 48 horas semanales, además de reivindicar una
retribución similar a la de las horas ordinarias por las
horas extra trabajadas. La petición estrella del personal
sanitario se centra en la pretensión de los trabajadores de
entrar a formar parte del sistema general de salud de cada
comunidad autónoma, algo que excede la capacidad de las
conversaciones establecidas.
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07-06-06
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La Coordinadora de Médicos y
Enfermeros de Sanidad Penitenciaria ha manifestado, no
obstante, su intención de convocar una huelga en el caso
de no llegar a un acuerdo |
La
Coordinadora de Médicos y Enfermeros de Sanidad
Penitenciaria han advertido que se planteará llevar
a cabo una huelga en el caso de que la
Administración no acepte pagar las horas de guardia
como horas ordinarias de trabajo, tal y como
determinó una sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) que, a su juicio, "no se cumple". Sin
embargo, y tras una reunión mantenida hoy con la
Dirección General de General de Instituciones
Penitenciarias, dependiente del Ministerio del
Interior encargada de negociar las pretensiones
laborales y económicas de este colectivo- fuentes de
la Coordinadora han indicado que "la Administración
se muestra partidaria a dialogar sobre el tema de
las guardias, para ajustar una cantidad". Si bien,
admitió, según el portavoz sindical, que no se
tratarán otros asuntos laborales al haber meses de
negociación abiertas con las organizaciones
sindicales.
En concreto, los sindicatos mayoritarios (UGT, CC.OO.
y la Agrupación de Cuerpos de Administración de
Instituciones Penitenciarias-ACAIP) no secundan las
movilizaciones que se están llevando a cabo en
diversas prisiones, ni la huelga de hambre del
personal sanitario penitenciario, que iniciaron la
semana pasada, "al haber una mesa de debate
abierta". No obstante, precisó que "no sorprenden
estas movilizaciones, ya que el colectivo lleva más
de 17 años con estas reivindicaciones económicas".
Según han confirmado fuentes de la Coordinadora, la
próxima semana se llevará a cabo otra reunión con la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para fijar la cantidad a pagar de las horas de
guardia de sanitarios que, previsiblemente no se
haría efectiva hasta enero de 2007, según las mismas
fuentes. En concreto, los médicos tendrían que
cobrar entre 20 y 23 euros por hora (ahora cobran
unos 12) y los enfermeros entre 15 y 19 euros (ahora
perciben unos 6 euros). |
07-06-06
Según
datos facilitados de Instituciones Penitenciarias, España ha
conseguido un bien poco honroso récord: ya es el país de
Europa que tiene mas presos en proporción a su población.
Los 140 encarcelados por cada 100.000 habitantes han
superado a Gran Bretaña, con 139, y a Portugal, con 136, que
ostentaban el récord hasta ahora. Paradójicamente, mientras
este indicador aumenta sin parar -ha crecido cinco puntos en
6 meses-, el índice de delitos progresa muy lentamente en
nuestro país y la tasa de criminalidad -el número de delitos
por habitante- está veinte puntos por debajo de la media
europea.
La explicación del fenómeno es simple y está relacionado con
la inmigración, lo que no significa que los inmigrantes
tengan más inclinación criminógena que los autóctonos:la
prisión provisional se dicta, además de por la peligrosidad
del delito, por las condiciones objetivas del presunto
autor: falta de arraigo y carencia de un trabajo estable. Se
conoce que algunos extranjeros han cometido pequeños delitos
para asegurarse comida y habitación.
La conclusión es obvia: el descontrol de la inmigración
legal e ilegal impide la integración cabal de los recién
llegados, que se ven sometidos a un penoso desarraigo y
abismados al mundo de la marginalidad. Deberíamos meditar
sobre esta situación y actuar en consecuencia.
|
07-06-06
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el parlamento
vasco espera el nuevo decreto después de que el
tsjpv anulase el de los años anteriores |
El
Parlamento Vasco rechazó ayer la propuesta del PP
-secundada únicamente por los socialistas- que
perseguía eliminar las subvenciones con las que los
familiares de los presos afrontan parte de los
gastos derivados de sus desplazamientos a los
respectivos centros penitenciarios. La iniciativa
popular, defendida en comisión por Carlos Urquijo, se adelantó
al propio decreto del Gobierno Vasco para este año, ya que el
documento está actualmente en proceso de elaboración, después
de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulase
el correspondiente a ejercicios anteriores.
A la espera de que el texto se presente a debate y votación
en la Cámara vasca, el PP dejó clara su postura al respecto.
Urquijo calificó la iniciativa de "inadmisible", al considerar
que su objetivo es dar "confort y calor humano a quienes son
responsables del asesinato de casi mil personas".
Frente a las notorias discrepancias del resto de los grupos
presentes en la Comisión de Derechos Humanos, Rodolfo Ares (PSE)
invitó al representante del PP a aplazar su proposición hasta
que el decreto sea una realidad y los parlamentarios puedan
cotejar las fórmulas planteadas por el Ejecutivo. Esta
iniciativa mantenía en duda las posturas de los socialistas en
la votación, aunque, finalmente, Ares optó por recordar la
negativa de su grupo a subvenciones de estas características y
respaldó con su voto la propuesta del grupo conservador.
El resto de los representantes en el encuentro fueron muy
críticos con los argumentos defendidos por Urquijo, hasta el
punto que la parlamentaria de EHAK Itziar Basterrika utilizó
los adjetivos "fascista e inquisitorial" para calificar la
propuesta, lo que provocó un enfrentamiento con el portavoz
del PP, quien acusó a la representante abertzale de ser
"portavoz de ETA".
Sin llegar a este nivel de confrontación, el jeltzale
Xabier Agirre defendió que las ayudas a las familias de presos
son "pertinentes y necesarias", y matizó que su objetivo es
intentar "paliar las consecuencias de una política
penitenciaria que no compartimos". En este sentido, criticó al
PP por seguir instalado en un "revanchismo que entorpece el
camino para una futura reconciliación".
Rafael Larreina señaló que la propuesta del PP supone
"convertir en delincuentes a personas que no lo son", por lo
que el representante de Eusko Alkartasuna justificó que la
retirada de las ayudas supondría "emplear una injusticia para
reparar otra injusticia".
Asimismo, Larreina matizó que la decisión del tribunal de
anular el decreto anterior se debió al uso incorrecto del
"título competencial" para materializar las ayudas, una
deficiencia que, según el parlamentario, puede quedar
corregida en las próximas semanas, ya que la misma resolución
"aclaró" cuál debe ser el cauce para mantener las
subvenciones.
La parlamentaria de Aralar, Ain-tzane Ezenarro, por su
parte, acusó al PP de buscar un "eco mediático" con un debate
que "ya se abordó en el pleno de presupuestos". |
7/06/06
Un
magistrado de Instrucción de Alicante ha imputado a
cinco funcionarios del psiquiátrico penitenciario de
Fontcalent por maltratar a un interno. El recluso
presuntamente recibió dos patadas en los testículos
y perdió dos fundas dentales cuando era reducido por
los cinco imputados durante una crisis.
La víctima, un enfermo mental con problemas de
toxicomanía, también ha sido imputada por un delito
de lesiones. Instituciones Penitenciarias ha abierto
una investigación interna para aclarar el suceso.
El padre del interno denunció la presunta agresión
en el juzgado de guardia. El denunciante es miembro
de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Fuentes
cercanas al caso explicaron que el recluso sólo
acusa a dos de los cinco imputados. Una médico
confirmó que la víctima tenía un hematoma en los
testículos, otro de grandes dimensiones en la
espalda y que había perdido las fundas dentales.
El juez del caso ya ha tomado declaración a cuatro
de los cinco imputados. Los cuatro aseguraron al
magistrado que se limitaron a reducir al interno,
que reaccionó «violentamente» durante una crisis.
«No está justificado»
Fuentes del Palacio de Justicia explicaron que «el
interno es una persona muy agresiva por su
enfermedad mental, pero en ningún caso está
justificado que le golpeen en los testículos para
reducirlo».
La juez de Vigilancia Penitenciaria abrió una
investigación de oficio, pero se apartó cuando el
caso entró por la vía penal en el juzgado de
guardia. La supuesta víctima de la agresión todavía
no ha prestado declaración ante el juez que instruye
el asunto. Los funcionarios están imputados por un
delito de torturas. |
07-06-06
| El ex
secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado
a siete años de cárcel por malversación de fondos
reservados, podrá salir de prisión de sábado a jueves,
llevando puesta una pulsera de control, según decisión
de la Audiencia Provincial de Madrid hecha pública hoy. |
El
auto de la Audiencia, del pasado día 5, estima un
recurso de Vera contra la decisión de un juez de
Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, que el
pasado 24 de marzo le denegó la ampliación del
tiempo que el penado pasa fuera de la cárcel.
La Audiencia madrileña aprobó,
así, el acuerdo que había adoptado el 2 de marzo la
Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia, donde
Vera cumple su condena, para que éste salga el
sábado por la mañana y regrese a su celda el jueves,
siempre 'bajo medidas de control telemático y
seguimiento por su escolta'.
Vera ingresó en prisión el 16 de
febrero de 2005 para cumplir condena y ha ido
obteniendo beneficios penitenciarios fundamentados
en su estado de salud y el de su esposa.
La Audiencia de Madrid destacó, en
su auto, que 'la evolución del interno ha sido
positiva y se ha puesto de manifiesto en una buena
conducta global, tanto dentro de prisión como fuera
de ella', por lo que 'no hay razón para no concluir
que el penado puede merecer un mayor acercamiento a
lo que sería el contenido material del tercer grado'
o semilibertad.
Si bien 'cabría pensar en un
tercer grado disimulado y cuasi en fraude de ley'
con los beneficios otorgados a Vera, la Audiencia
concluyó que 'ese sería un mal pensamiento' porque
la Junta de Tratamiento no ha propuesto el cambio de
clasificación penitenciaria, sino que explora las
posibilidades del segundo grado para que Vera pueda
seguir con su tratamiento y atendiendo a sus
responsabilidades familiares.
Además, 'las limita en cuanto que
el amplio régimen de salidas, ciertamente notable,
lo es al propio domicilio, en condiciones que se
asemejan al contenido de la prisión', según el auto.
Vera disfrutaba desde agosto del
año pasado de salidas de 32 horas semanales,
repartidas en ocho horas cuatro días, de lunes a
jueves, debido a sus especiales circunstancias
psicológicas, derivadas de la situación de
aislamiento total que tiene en prisión.
La Junta de Tratamiento propuso
ampliar su estancia fuera de la cárcel tras examinar
informes médicos, psicológicos y psiquiátricos, y
concluir que el hecho de que Vera esté solo en un
módulo del centro segoviano -como medida de
seguridad por el alto cargo que ostentó- lo hundió
en una fuerte depresión. |
07-06-06
La
investigación no ha apartado de su trabajo a Jose
Francisco Vázquez Mallorquín, que continúa como
coordinador del área del plan de infraestructuras de
Instituciones Penitenciarias, una plaza que según
fuentes de Instituciones Penitenciarias consiguió
mediante concurso público hace tres años.
Sin embargo, el subsecretario del Ministerio del
Interior, Justo Zambrana durante su comparecencia
ante la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados, en la que fue preguntado por el diputado
popular Carlos Casimiro Salvador sobre los
procedimientos de contratación seguidos por el
Gobierno durante 2004 y 2005 aseguró que Vázquez fue
«libremente designado» por el anterior Ejecutivo y
el actual no lo ha cambiado. «Tenemos interés, por
una parte y por otra, en el caso de que hubiera
alguna irregularidad, que está por ver», comentó el
subsecretario, quien hizo hincapié en que si hay
algo que sea necesario corregir se hará «con toda la
exactitud y toda la Justicia».
Además, Zambrana explicó los diferentes tipos de
contratos rubricados por Prisiones en 2004 (779) y
en 2005 (900), una documentación que ofreció al PP,
desde cuyas filas le reprocharon que no la hubiera
ofrecido antes. |
07-06-06
|
El Gobierno sospecha que
pudo haber trato de favor en concesiones por valor de
37.774 euros |
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, ordenó ayer que se abriera una
investigación interna para esclarecer si ha existido
alguna irregularidad en varias adjudicaciones de
obras realizadas en dos centros penitenciarios de al
Comunitat Valenciana.
El coordinador del área del plan de infraestructuras
de Instituciones Penitenciarias, José Francisco
Vázquez Mallorquín, ha sido acusado de beneficiar al
arquitecto César H. S. en la adjudicación de varios
proyectos de remodelación de centros penitenciarios.
Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la
investigación se centrará, en primera instancia, en
establecer la relación existente entre Vázquez y
Carlos H. S., y en revisar todas las adjudicaciones
realizadas entre 2003 y 2005.
La totalidad de las obras adjudicadas durante este
período de tiempo al arquitecto Cesar Herrero se
realizaron en la Comunitat Valenciana concretamente
en los centros penitenciarios de Fontcalent
(Alicante) y Valencia II (ubicado en Picassent) por
un importe global de 37.774 euros. Una cantidad
«irrisoria» (según Instituciones Penitenciarias) ya
que aseguraron que el total invertido en obras en
2003 fue de 140.724 euros, mientras que en 2004 se
invirtieron 303.388 euros, y en 2005 la cantidad fue
de 423.149 euros.
Trabajos de redacción y dirección
El arquitecto con despacho en Madrid fue el
adjudicatario de tres obras en la Comunitat
Valenciana durante tres años. César H. S. recibió
10.150 euros por redactar el proyecto del
psiquiátrico de Alicante, 19.675 euros por redactar
y realizar la obra de los departamentos de
comunicación (tanto en preventivos como en penados)
del centro penitenciario de Picassent, y otros 7.949
euros por la redacción y ejecución de las oficinas
del centro de Picassent.
Además, desde Instituciones Penitenciarias
aseguraron que el arquitecto realizó las obras «a
título personal» y no como empresa alguna, y que al
ser cantidades inferiores a 12.000 euros, «fueron
adjudicadas por los propios centros penitenciarios». |
9/06/06
En la prisión hay
1.490 reclusos y el centro está diseñado para albergar a
1.008
Familiares de internos y varios colectivos, contra la
masificación |
Familiares
de presidiarios y colectivos sociales como O Imán,
la comunidad parroquial Cristo de la Victoria y el
comité en defensa de los presos, Concepción Arenal,
se manifestaron ayer delante del Museo de Arte
Contemporáneo para protestar por la masificación de
la cárcel de A Lama, un centro pensado para 1.008
reclusos y que, en la actualidad, acoge a 1.490 de
50 nacionalidades diferentes, según Antón Bouzas,
portavoz de O Imán.
En Galicia hay actualmente 4.200 reclusos y en todo
el Estado 62.000.
Los concentrados solicitaron ayer celdas
individuales, tal como estaba previsto en su día por
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Fuentes del sindicato Acaip
reconocieron ayer la masificación existente en A
Lama y dijeron que nunca fue verosímil que hubiese
una celda para cada preso. «A Lama está a mitad de
tabla entre las cárceles españolas en cuanto a
hacinamiento. Hay centros que están peor, como el de
El Puerto de Santa María, donde hay colchones en el
suelo de las celdas porque no caben en las literas»,
cuenta un funcionario de la prisión.
Mejor transporte
En julio de 1998 la cárcel de A Lama se inauguró con
400 presos. La macrocárcel se proyectó para albergar
un máximo de 1.008 reclusos y, en algún momento, la
cárcel ha albergado hasta 1.625 personas. De esta
manera, en módulos que estaban calculados para
acoger a 72 internos se han custodiado más de 120.
Ante esta situación, numerosos familiares y
organizaciones sociales se concentraron ayer delante
de lo que en su día fue la cárcel de Vigo en la
calle del Príncipe. Los concentrados señalaron que
«ante o aumento progresivo da conflictividade nas
cárceres galegas e a progresiva masificación,
recoñecida polas propias institucións públicas nos
sentimos solidarios en defensa dos dereitos das
personas presas de recibir un trato de calidade que
permita atender con eficacia as persoas que padezan
patoloxías físicas e mentais».
El portavoz de los concentrados, Antón Bouzs, señaló
que se van a dirigir al director de la prisión, José
Antonio Gómez y a la directora xeral de
instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, para
que se revisen las circunstancias que han llevado a
la actual masificación.
Bouzas calcula que harían falta otros 60
trabajadores en la prisión entre guardianes, persoal
sanitario e intérpretes. En la prisión hay 480
funcionarios. |
10/06/06
Los presos preventivos
suponen las tres cuartas partes de la población total
interna en el centro penitenciario de Murcia
En torno a los 600 presos, entre hombres y mujeres,
internados en el centro penitenciario de Sangonera la
Verde en régimen preventivo, están a la espera de que se
celebre su juicio en la Audiencia Provincial de Murcia,
según ha ratificado CCOO. Un dato que pone en entredicho
la eficacia judicial en la Región y corrobora una vez
más la masificación en las instalaciones de la prisión
de Sangonera. |
A
pesar de que este sindicato tiene constancia de que
tres cuartas partes de la población reclusa esperan
en la cárcel de Sangonera a que se le dicte
sentencia, la dirección del centro reduce estos
datos a la mitad y argumenta que solo 350 presos
(cerca de 320 hombres y unas 30 mujeres) se
encuentran en régimen preventivo. Frente a estos
datos y por poner un ejemplo, la prisión de Villena
presenta una población reclusa en régimen preventivo
de 170 presos, muy por debajo de lo estimado en la
Región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
número de presos en el centro penitenciario de
Sangonera oscila en torno a los 900, presentando un
porcentaje de masificación del 264%, y de ellos un
75% esperan una resolución judicial, lo cuál quiere
decir que la prisión de Sangonera alberga una gran
cantidad de reclusos a la espera de que se celebre
su juicio. Y es que, según datos de CCOO “unos 1300
internos de Murcia cumplen condena en otras
prisiones españoles fuera de la Región y la cárcel
de Sangonera se ha quedado básicamente como
preventiva”.
A este último dato hay que añadir que todo recluso
de sexo femenino internado en Sangonera, es
trasladado a la prisión de Picassent, en Valencia,
en caso de que de a luz en la cárcel. Con lo cuál
las cifras de preventivos podrían aumentar aún más.
Algo que viene a justificar también que la dirección
del centro cifre sólo en 30 las mujeres reclusas que
pertenecen a población preventiva.
El total de presos a la espera de una respuesta
judicial en Murcia se une a los 13.747 en prisión
preventiva que existen a nivel nacional, de los
cuáles 12.449 son hombres y 1.298 mujeres.
Hace unas semanas se informaba de que la
construcción del nuevo centro penitenciario de
Murcia, quedaría ubicado en Campos del Río y tendrá
una capacidad de 1.280 celdas, según lo comunicó la
directora generalde Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo. Una medida que viene a desahogar
en la masificación que en la actualidad sufre el
centro penitenciario de la Región. A pesar de que ya
han surgido varios detractores de la ubicación de
esta nueva cárcel, el centro prevé ofertar 800
empleos durante su construcción y requerirá de unos
400 funcionarios una vez puesta en funcionamiento.
Incremento de reclusos
Hay que advertir que el número de personas en
centros penitenciarios de España se ha visto
incrementada en los últimos tiempos. Según datos del
sindicato de centros penitenciarios de España,
Acaip, el número de presos internos en Murcia ha
registrado un incremento de 92 reclusos en este
último año frente a los 1.337 del incremento a nivel
nacional. Así aseguran que desde el 1 de Enero al 17
de Marzo de 2006, la población reclusa se ha
incrementado en un 79,63% con respecto al aumento
total de reclusos que se produjo en las prisiones
españolas el pasado año.
Todos estos datos sitúan a la prisión de Sangonera
en un nivel demasiado alto con respecto a la
capacidad reclusa que puede albergar. Tal es el
caso, que el centro penitenciario de Murcia posee
una capacidad para 351 reclusos, la cual se ve
sobrepasada en más del doble. Ya es bien sabido, lo
de que cada celda de la cárcel alberga a tres
presos, cuando la máxima sería de uno. Según CCOO,
“esta masificación se sufre con mayor arraigo debido
a que la cárcel no dispone ni de refrigeración, ni
calefacción a pesar de que las celdas cuenten con
mayor número de reclusos por cada uno de ellos. Esto
crea una situación infrahumana que nadie querría si
se tiene que cumplir una pena penitenciaria”.
Por ello, y dado la masificación que Sangonera
presenta hay que reincidir en el tema de que la gran
mayoría de ellos están esperando a conocer cuál será
su condena, en unas condiciones más bien negativas y
por ahora sin ningún tipo de garantía judicial. |
10/06/06
| Un Real Decreto regula
desde ayer el derecho de culto en las prisiones
españolas |
El
Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por
el que se regula el procedimiento para que los
ministros de culto de las religiones evangélica,
judía y musulmana puedan prestar sus servicios
religiosos a los internos en centros penitenciarios.
Con este Real Decreto, se desarrollan los acuerdos
de cooperación firmados por el Estado con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (Ferede), la Federación de Comunidades Judías
de España y la Comisión Islámica de España, que
garantizan el derecho a la asistencia religiosa en
las cárceles.
El Decreto establece un procedimiento limitado por
el que se deja constancia de que las entidades
religiosas acreditan que las personas que acudirán a
los centros penitenciarios son auténticos ministros
de culto, que carecen de antecedentes penales y, si
son extranjeros, que residen legalmente en España.
Serán competentes para resolver las solicitudes de
autorización la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa o el órgano de la comunidad
autónoma que ejerza competencias de ejecución de la
legislación penitenciaria.
Posible revocación
Las entidades religiosas interesadas en tener
ministros de culto de su confesión en centros
penitenciarios lo solicitarán a la Administración
Penitenciaria competente, aportando una serie de
documentos. La autorización tendrá vigencia anual y
se renovará automáticamente de no mediar el cese del
ministro de culto en sus actividades, la revocación
o la suspensión cautelar de la autorización. El
director del centro penitenciario correspondiente
procederá a la suspensión cautelar de la
autorización, hasta que se pronuncie el órgano
competente sobre la revocación, si la actividad del
ministro atentara gravemente contra el régimen y
seguridad del centro o conculcara el ordenamiento
jurídico. Si, finalmente, se verifican los hechos
que dieron lugar a la suspensión cautelar, se
revocará la autorización.
Las reclusos que deseen recibir asistencia religiosa
deberán presentar, por su parte, una solicitud
dirigida a la dirección del centro penitenciario,
que lo pondrá en conocimiento del ministro del
correspondiente culto acreditado ante el mismo. Se
considerarán funciones de asistencia religiosa las
dirigidas al ejercicio del culto, la prestación de
servicios rituales, la instrucción, el asesoramiento
moral y religioso, así como las honras fúnebres. |
12-06-06
| Los internos recibirán
formación en centros educativos homologados ubicados
fuera de los centros penitenciarios y con un horario
semilaboral para que puedan familiarizarse con las
obligaciones que comporta un empleo estable. |
Cuatro
internos del Centro Penitenciario de Badajoz se
verán beneficiados de las becas de inserción
socio-laboral concedidas por el Ministerio de
Interior junto con la Caixa. Se trata de un convenio
recientemente firmado por el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Caixa,
Ricardo Fornesa.
Esta iniciativa permitirá adquirir capacitación
profesional a 300 internos de 40 centros
penitenciarios del país que cumplen condena en
segundo o tercer grado y están en un proceso
avanzado de reinserción.
La formación profesional que recibirán es
fundamentalmente práctica y abarca campos tan
diversos como la construcción (albañiles, alicatador,
ayudante de albañil y operador de grúa torre), las
nuevas tecnologías (informática, ofimática, diseño
gráfico, teleoperador), jardinería, hostelería o
atención geriátrica.
El programa tiene un precedente en Cataluña,
comunidad que tiene transferidas las competencias
penitenciarias, donde 80 internos participan con
aprovechamiento de esta iniciativa.
1,37 millones de euros
El convenio firmado, y que tiene un año de vigencia,
implica una inversión por parte de la Caixa de 1, 37
millones de euros cantidad que incluye los costes de
formación de los internos, los gastos de transporte
desde el centro penitenciario hasta el centro
educativo, así como una retribución incentivadora
mensual cuyo importe incluye los gastos de comida
durante las jornadas formativas.
Para asegurar el adecuado desarrollo del convenio,
se ha creado una comisión mixta formada por cuatro
miembros, uno de ellos designado por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, otro por el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo y otros dos por la Caixa, que
supervisará y coordinará las actuaciones que se
realicen en ejecución del acuerdo firmado. |
EL FARO CEUTA MELILLA
12-06-06
El sindicato Acaip
ha vuelto a poner el dedo en la llaga denunciando la
situación carcelaria y apuntando, como bien sabe, a la
prisión de Los Rosales. En un extenso informe del que
se están haciendo eco hasta los medios nacionales se
citan situaciones tercermundistas.
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Se
habla de hacinamiento en las celdas, lo que provoca que
algunos internos tengan que dormir en el suelo. Se habla de
falta de higiene, piensen ustedes las rotaciones que tienen
que producirse en las duchas teniendo en cuenta la
estadística de 90 presos para media docena. Recuerdan las
más tremendistas historias al describir la sala de bis a bis
-digna de una pensión de mala muerte- o los locutorios que
supuestamente sirven para las comunicaciones entre presos y
familiares aunque terminan siendo una jaula de grillos.
Hasta el momento únicamente los medios de comunicación se
han pronunciado sobre este informe. La dirección, cumpliendo
su misión, ha tomado la callada por respuesta sin aportar
versión alguna de lo que sucede más allá de los muros de Los
Rosales.
Habrá quien pueda pensar que como los internos están allí
por algo, no deben tener privilegios, ni mucho menos gozar
de instalaciones dignas de un hotel de cuatro estrellas.
Concepto erróneo este porque aquí no se está debatiendo, ni
mucho menos, los lujos de los que puede gozar un condenado.
Aquí se está denunciando situaciones tercermundistas que
atacan a los mínimos derechos humanos y que atentan contra
el concepto de ‘reforma y reinserción’ que debe tener
cualquier prisión que se precie.
Los Rosales figura ya entre las cárceles con mayor
antigüedad y peores infraestructuras dentro de la red
carcelaria de toda España. Esto sin contar los problemas
añadidos de la masificación, el hacinamiento y los picos que
debe soportar en tiempos concretos debido a su ubicación en
una ciudad-frontera que debe ‘chuparse’ a los delincuentes
extranjeros que cometen delitos en tierra ceutí. Los
periodos OPE son temidos por los funcionarios, ante el
incremento de detenidos marroquíes por tráfico de drogas e
inmigrantes que terminan cumpliendo la condena en Los
Rosales, desbaratando cualquier estadística u ordenamiento
interno.
La dirección, ya que no habla, debería tener en cuenta la
denuncia de Acaip, siempre acertado en sus
valoraciones y, en este caso, especialmente crítico con lo
que está sucediendo dentro de la prisión.
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12-06-06
| La mayor parte fueron
intervenidas en los macrocentros de A Lama y Teixeiro
En el mismo período se contabilizaron más de 19.000
sanciones a reclusos |
Cada
año son intervenidos por término medio 200 objetos
punzantes en los centros penitenciarios gallegos,
según datos aportados por el sindicato de prisiones
Acaip y el Ministerio del Interior. En total,
desde el año 2000 se han requisado a reclusos de los
cinco centros de la comunidad 1.197 armas punzantes.
La mayor parte de estos objetos, aproximadamente el
63%, proceden de los penales de A Lama, en
Pontevedra, y Teixeiro (Curtis), en A Coruña.
Mientras en la primera de estas dos macrocárceles se
decomisaron 451 instrumentos capaces de causar
lesiones, en la segunda aparecieron 304.
En Teixeiro, además, se da la paradoja de que,
aunque el 2005 supuso una explosión de incidentes
violentos en la prisión, también fue el año en que
menos armas de estas características se decomisaron
desde el 2001. Así, mientras los ejercicios del 2004
y el 2003 se cerraron con la intervención de 65 y 63
objetos, respectivamente, el pasado año no se superó
el medio centenar.
La prisión de A Lama, sin embargo, ostenta el triste
récord de ser la cárcel gallega donde más pinchos
localizaron los funcionarios en un mismo año.
Ocurrió en el 2004, cuando se pusieron a buen
recaudo 124 objetos, más que la suma de los
aprehendidos en Bonxe durante los últimos seis años.
En este centro de Lugo hubo ejercicios en los que
las actuaciones fueron meramente anecdóticas, con
hallazgos de apenas cinco o seis instrumentos
punzantes.
Los sindicatos entienden que la proliferación de
tales objetos desata la alarma ante la insuficiente
dotación de personal de los penales, y consideran
que en numerosas ocasiones se está poniendo en
riesgo la integridad no sólo de los internos, sino
también de los propios empleados públicos adscritos
a las prisiones.
Por otro lado, Instituciones Penitenciarias ha
confirmado que en los últimos seis años se han
impuesto 19.125 sanciones a presos, en su mayor
parte graves o muy graves, en las cinco cárceles
gallegas. Como es previsible, son los dos centros
más grandes, los ubicados en Pontevedra y A Coruña,
los escenarios de la mayor parte de este tipo de
actuaciones, con un total de 5.352 y 5.283
sanciones, respectivamente.
Sólo en el 2005 se registraron 1.301 potenciales
infracciones en Teixeiro (A Coruña), 1.012 en A Lama
(Pontevedra), 768 en Bonxe, 629 en Monterroso (ambas
en Lugo) y 261 en Pereiro (Ourense). Los reclusos
pueden recurrir la resolución del centro, una
posibilidad a la que se acogen en una proporción que
oscila entre el 30 y el 45% de los internos
sancionados. Objetos artesanales
presentes en algunos crímenes
Las armas punzantes, comúnmente conocidas como pinchos
por la población reclusa, son una triste realidad. Los
funcionarios de A Lama las han encontrado de todas las formas,
desde cepillos de dientes a los que se les había afilado el
mango hasta auténticas obras artesanales, capaces de matar.
Es el caso de la que utilizó en mayo del 2002 Alfonso González
Alén para degollar a su compañero de celda y amigo José
Antonio Topa Afonso. El objeto utilizado en el crimen, que le
valió una condena de trece años de prisión, estaba constituido
por cinco cuchillas de afeitar acopladas a un trozo de
plástico proveniente de un recogedor de polvo. |
12-06-06
Los
reclusos que van a participar en las brigadas
antiincendios de Galicia, cinco por prisión,
cobrarán el sueldo equiparable a los agentes
forestales que hacen esa tarea en las brigadas en la
misma categoría. En el caso concreto del centro
penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense), su
director, Manuel Arias, dijo que aparte de
seleccionar a cinco internos se dará la debida
formación a un total de diez por si luego hay que
hacer sustituciones en el día a día. Serán, en todo
caso, internos con un cuarto de la condena cumplida
que se hallen en el segundo o en el tercer grado.
Puertas abiertas
«Esta campaña penso que é moi boa polo de traballo
que supón, e o desexable sería que fose anual»,
señaló Arias. Quienes participen en las brigadas
contra el fuego forestal saldrán a su trabajo cada
día. Esta prisión celebró ayer una jornada de
puertas abiertas. |
12-06-06
La
cifra global de internos de prisión de Villabona ha
vuelto a dispararse. Según la estadística de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
correspondiente al pasado día 2, la cárcel asturiana
alberga a un total de 1.401 internos, unos 350 por
encima de su capacidad idónea, según fuentes
penitenciarias. Esta cifra, que no cesa de crecer,
hace al centro tocar su «techo» de saturación, al
menos en la última década.
Los datos son demoledores. La prisión tiene 840
celdas, aunque este número no es real, ya que
algunos huecos no son dormitorios de reclusos, sino
que están destinados a otras funciones, como
almacenes o cuartos para la realización de talleres.
A 31 de diciembre de 2000, Villabona tenía 1.043
internos; en 2001, un total de 1.136; en 2002, esta
cifra se elevó de nuevo, llegando a los 1.295; el 31
de diciembre de 2003 había 1.308 reclusos. En 2004
se produjo un descenso, hasta los 1.278. Duró poco:
en 2005, aumentaron a 1.353 |
12-016-06
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Uno de cada tres presos
preventivos de Villabona lo es por venta de
estupefacientes. Según las estadísticas, 62 presuntos
camellos están encarcelados a la espera de juicio por
tráfico de drogas. De ellos, 25 son extranjeros. El
total de presos preventivos asciende a 181, lo que
supone casi un 13 por ciento del total. |
Sesenta
y dos presuntos camellos y narcotraficantes a mayor
escala están encarcelados en la prisión de Villabona
a la espera de juicio por tráfico de drogas. El
centro penitenciario alberga actualmente un total de
181 presos preventivos, según las cifras que maneja
Instituciones Penitenciarias, por lo que uno de cada
tres lo es por un presunto delito de venta de
estupefacientes.
De estos 62 internos -algunos de ellos detenidos en
las grandes operaciones contra el narcotráfico
desarrolladas en Asturias en el último año y medio-,
37 son españoles y 25 de nacionalidad extranjera, la
gran mayoría de procedencia colombiana y magrebí. En
cuanto a la droga por la que fueron arrestados prima
la cocaína.
Los presos preventivos suponen casi el 13 por ciento
del total de la población reclusa del centro
penitenciario de Villabona y conviven con el resto
de internos condenados, en las mismas celdas y
sometidos a idéntico régimen, según fuentes
jurídicas. Tras celebrarse el juicio, en el caso de
que sean condenados, el tiempo que pasaron en
prisión de forma preventiva se tendrá en cuenta por
parte del Juzgado o del tribunal y se restará del
total de la pena, según las mismas fuentes.
El elevado número de internos preventivos por
tráfico de drogas dentro de la prisión asturiana
-encarcelados por orden del juez de guardia
encargado de tomarles declaración tras su arresto-
se debe, principalmente, «a la importancia de las
penas que incluye el Código Penal para la mayoría de
delitos contra la salud pública y para evitar
posibles fugas», explican fuentes de la lucha
antidroga. De este modo, añaden, la Administración
se asegura que el detenido no evada la acción de la
Justicia ni su presencia en el juicio.
A nivel nacional, 14.179 personas se encuentran
encarceladas en situación preventiva, según
Instituciones Penitenciarias. Esta cifra supone un
22,4 por ciento del total de 63.221 internos que
pueblan las cárceles españolas. |
12-06-06
| Tras localizar un
suplemento de 'Gara' con anotaciones en árabe en poder
de Abdelmajid Bouchar, vecino de celda de 'Gadafi' |
El
pasado 12 de mayo, agentes de la Guardia Civil
dependientes de Instituciones Penitenciarias
practicaron un minucioso registro en 10 celdas de
máxima seguridad de la cárcel de Valdemoro, todas de
internos relacionados con el terrorismo
internacional y, la mayoría, presuntamente
implicados en los atentados del 11-M.
Los presos afectados están internados en el módulo IV de
máxima seguridad del centro penitenciario madrileño. Cinco
están implicados en el 11-M y los otros cinco, en la célula
que pretendía volar la Audiencia Nacional y en la financiación
de otras tramas islamistas.
Los agentes se incautaron de varios documentos que, tras
fotocopiarlos, se les devolvieron a los internos. También se
requisaron varios CD que aún siguen en poder de los servicios
de seguridad.
Los presos encarcelados por el 11-M que se vieron afectados
por estos registros extraordinarios fueron Jamal Zougam,
Abdelmajid Bouchar, Rachid Aglif, Abdelilah El Fadual y Hamid
Ahmidan. Los dos primeros son los únicos detenidos como
presuntos autores materiales del 11-M.
Estos registros extraordinarios se produjeron pocos días
después de que a uno de los más destacados de estos cinco
implicados en el 11-M, Abdelmajid Bouchar (huido a la carrera
del piso de Leganés y detenido y extraditado desde Serbia), se
le incautara un suplemento del diario Gara con anotaciones en
árabe. El ejemplar fue localizado por un funcionario, que
alertó de este hecho al subdirector de seguridad del centro.
De las anotaciones manuscritas en árabe en ese ejemplar se
hicieron fotocopias para su traducción, por si los datos allí
aportados podrían tener relevancia policial. El ejemplar del
suplemento dominicial del diario le fue devuelto
posteriormente al interno.
Según explicaron fuentes penitenciarias, en dicho módulo,
apenas separado por dos celdas, está cumpliendo condena uno de
los etarras más sanguinarios Juan Carlos Iglesias Chouzas,
Gadafi. Bouchar está en la celda número 120 y el terrorista de
ETA, en la 118. Estas fuentes sospechan que el etarra fue
quien facilitó el ejemplar del diario vasco al islamista.
Pocos días después, el día 12 de mayo, a las 12.00 horas,
es cuando se produce el registro en las celdas de la decena de
presos islamistas. La operación estuvo dirigida desde el
mismo centro por el coordinador de seguridad del Instituciones
Penitenciarias, el teniente coronel de la Guardia Civil Ramón
Antón. Junto a él también se desplazó a este centro uno de
los guardias civiles que forma parte de esta coordinación de
seguridad.
Acompañados por el subdirector de seguridad se dirigieron
al módulo IV. Allí, en la sala que ocupan los funcionarios,
anunciaron que tenían previsto realizar un «cacheo
extraordinario en las celdas de los musulmanes». En este
dispositivo participaron 10 funcionarios. Uno de los ellos ya
se encontraba en ese módulo y los otros nueve llegaron desde
otros para participar en este dispositivo especial.
Según explicaron fuentes cercanas a los responsables de la
operación, en los registros se incautaron de numerosos
documentos y de varios CD. Una vez requisado el material, se
llevó a la cabina utilizada por los funcionarios de ese
módulo. Mientras se examinaban a fondo las celdas, el teniente
coronel de la Guardia Civil permaneció en las puertas de las
mismas observando cómo se realizaba el «cacheo
extraordinario».
En las dependencias de los funcionarios, los responsables
de la seguridad penitenciaria escudriñaron los papeles
incautados y fotocopiaron los que consideraron relevantes. Los
CD, en cambio, no se devolvieron a sus propietarios, uno de
los cuales ha elevado una queja a la dirección del centro por
este motivo.
Esta visita de los responsables de la coordinación de
seguridad de Instituciones Penitenciarias quedó reflejada en
el libro de incidencias del módulo, como es preceptivo.
Según informaron a EL MUNDO fuentes penitenciarias, en el
módulo registrado, además de los 10 islamistas que sufrieron
los cacheos, hay otros internos considerados muy peligrosos,
entre los que figuran varios miembros de la organización
terrorista ETA.
Los otros cinco internos islamistas cuyas celdas fueron
registradas están vinculados con la operación Nova, en la que
la Policía desmanteló una célula que, presuntamente, pretendía
volar la Audiencia Nacional.
Se trataba de Darra Soma, Brahim Hamim, Srifi Nali, Merabet
D'Jamel y Osuf Olman.
Los reclusos cacheados residen en celdas prácticamente
contiguas. Según la documentación interna del centro ocupan
las celdas número: 105, 106, 112, 114, 120, 121, 122, 126, 129
y 135.
APOYOS
Zougam, presunto autor de los atentados
Fue uno de los primeros detenidos por la Comisaría General
de Información tras la masacre del 11-M. Estaba en su casa
cuatro días después de los atentados. Al menos dos testigos le
reconocieron como uno de los que se encontraba con una mochila
en dos de los trenes que aquel día resultaron afectados por
los atentados.
Pero, además, es sospechoso de haber vendido las tarjetas
telefónicas que se presume que los terroristas colocaron en
los teléfonos móviles que utilizaron para activar las bombas
en los trenes.
Su ADN no ha aparecido en ninguno de los escenarios
relacionados con la masacre de Madrid: ni en los trenes, ni en
Leganés, ni en Morata de Tajuña.
Rachid Aglif, implicado en la trama de la Goma 2
Nacido en Haha (Marruecos)hace 26 años, El Conejo está
encarcelado como colaborador en el 11-M. Se le vincula a la
trama de las armas utilizadas por los suicidas de Leganés.
Cuando fue detenido, el 2 de abril de 2005, admitió ante la
Policía tener relación de «amistad y negocios» con algunos de
los principales sospechosos de participar en el 11-M; entre
ellos, con El Chino.
Aglif asistió a la boda de José Emilio Suárez Trashorras
(encarcelado por el 11-M), con Carmen Toro. También estuvo
presente en las reuniones de El Chino, Rafá Zouhier y Antonio
Toro en Madrid.La investigación apunta que en aquella reunión
se cerró el trato sobre la compra de la Goma 2.
El Fadual, colaborador de 'El Chino'
Está en prisión desde abril de 2004. El magistrado que
instruye la causa le ha procesado como colaborador en la
matanza del 11-M.Aparece estrechamente vinculado con algunos
de los vehículos utilizados por los terroristas en sus labores
de preparación de las acciones.
Además, también tiene relaciones con algunos de los
acusados de financiar la trama criminal presuntamente dirigida
por El Tunecino.
De hecho, las investigaciones policiales también le
implicaron con una trama dedicada a la sustracción y venta de
vehículos.Este detenido está considerado como uno de los
colaboradores de Jamal Ahmidan, El Chino.
Bouchar, huido de Leganés, detenido en Serbia
Abdelmajid Bouchar, conocido como El Gamo, también está
en prisión por su presunta implicación en la masacre de
Madrid. El juez le atribuye labores de intermediación para los
miembros del comando escondidos en el piso de Leganés. El 3 de
abril de 2004 logró huir a la carrera de la operación policial
contra la célula islamista, no sin antes dar la voz de alarma
a sus compañeros.
En julio de ese año pasó a Serbia desde Bulgaria con
intención de llegar a Bosnia. Fue detenido un año después por
la Policía serbia en un tren que se dirigía a Belgrado. El
pasado 25 de septiembre llegó a España a petición de las
autoridades judiciales españolas.
Hamid Ahmidan, implicado en la financiación
Está procesado en el sumario por el 11-M, aunque
siempre ha negado cualquier vínculo con la masacre. Es primo
de uno de los suicidas de Leganés, Jamal Hamidan, El Chino,
uno de los presuntos líderes de la célula que perpetró la
masacre.
Al igual que a El Fadual, las investigaciones policiales le
implican en todo lo que concierne a la financiación de los
atentados.Es sospechoso de pertenecer a la trama criminal
dirigida por El Chino que se dedicaba al tráfico de drogas.
De ese tráfico de drogas, según las investigaciones
policiales y judiciales, se obtuvieron los fondos para
financiar toda la trama del 11-M. |
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