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Tres cuartas partes de los presos ya condenados siguen en
régimen cerrado, sujetos a la disciplina de la banda |
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06/04/09 |
| Los reclusos que abandonan las
directrices de ETA son clasificados en segundo grado, con más
horas de patio y con acceso a actividades |
Las tres cuartas partes de los presos de ETA que
cumplen condena siguen bajo los rigores del régimen
cerrado, con menos horas de patio y ajenos a
cualquier actividad o trabajo de los que organiza la
prisión. De los 421 internos de la organización
terrorista con sentencia firme, 322 están
clasificados en primer grado y 94 están en segundo
grado o régimen ordinario, al que acceden la inmensa
mayoría de los que renuncian a la disciplina de la
banda, informaron a Europa Press fuentes
penitenciarias.
Los condenados por terrorismo de ETA que siguen los
'txapeos' --encierros en la propia celda negándose a
disfrutar de las horas de patio--, el rechazo a la
comida, la exhibición de pancartas y las
concentraciones en los lugares comunes, protestando
por la dispersión, tienen muchas posibilidades de
ser considerados conflictivos y clasificado en
régimen cerrado. En la actualidad, un 76 por ciento.
Si un preso ignora a la dirección de ETA y abandona
esas actitudes suele ser reclasificado en segundo
grado. Sin embargo, en ese régimen ordinario también
caben presos de la banda, sujetos a las órdenes
impuestas en el 'frente de makos', pero a los que
Prisiones no considera especialmente conflictivos.
Instituciones Penitenciarias revisa la clasificación
de los presos cada tres meses. Los criterios para
aplicar el régimen cerrado a los internos,
terroristas o no, son variados. En el primer grado
caben miembros de la banda por el hecho de tener
delitos de sangre, pero también otros, que pueden
estar condenados por colaboración o 'kale borroka',
que han mostrado en prisión una actitud
especialmente conflictiva.
Por eso, la inmensa mayoría de aquellos que han
expresado su rechazo a la "lucha armada" de forma
contundente y a la disciplina de la actual dirección
de la banda están incluidos en el segundo grado, de
forma que pueden participar en talleres y salir más
horas al patio. En total, representan un 24 por
ciento del colectivo de presos de ETA que cumplen
condena.
Otros 201 internos por delitos relacionados con ETA,
pero que aún no están juzgados conforman el grupo de
preventivos. La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias no clasifica en régimen alguno a los
presos que están a la espera de juicio, pero aplica
el artículo 10 del Reglamento para colocar en una
situación similar a la del primer grado a 60 de los
preventivos de ETA, dejando a 141 en régimen
ordinario.
Asimismo, cinco etarras disfrutan de régimen
abierto. En total, las cárceles dependientes de
Instituciones Penitenciarias albergan a 622 presos
de la banda y las de Cataluña, comunidad autónoma
con la competencia transferida, a otros 12, según
los datos a 31 de diciembre de 2008.
EL PLAN DE INTERIOR.
Interior inició en el último tercio de 2008 una
política de alejamientos y acercamientos a cárceles
del País Vasco para presos de ETA en función de las
posturas expresadas en el interior de las prisiones
--todos los condenados por terrorismo tienen
legalmente intervenidas las comunicaciones-- a favor
o no de seguir con la "lucha armada" una vez
finalizado el último proceso de paz.
Las prisiones de Zuera (Zaragoza) y Villabona
(Asturias) han sido escogidas por el departamento
que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba para acercar a
presos al País Vasco. El último ex dirigente etarra
en beneficiarse de esa medida ha sido Santiago
Arrospide, 'Santi Potros', que se ha encontrado en
Zuera con relevantes ex jefes de ETA, como Francisco
Múgica Garmendia, 'Pakito', y Carmen Guisasola,
fuera ya del colectivo de presos etarras por
voluntad propia, e Iñaki Aracama Mendia, 'Makario'.
Dentro del plan de Interior, en la prisión de
Villabona se encuentran recluidos Valentín Lasarte,
Carlos Almorza, alias 'Pedrito de Andoain', Alvaro
Arri Pascual y Joseba Koldo Martín Carmona, entre
otros. |
El sábado 21 de marzo no fue un día normal en el
Centro Penitenciario de Badajoz. Los funcionarios
sospechaban del inminente inicio de una pelea
multitudinaria en el módulo número 1 y no estaban
dispuestos a consentirla. Había servido de
escarmiento la muerte de un interno a manos de otro
preso en ese mismo módulo durante el año 2006. Por
eso el 21 de marzo hubo registros masivos y se
detectaron «pinchos carcelarios y alguna navaja»,
según ha confirmado una fuente penitenciaria.
A pesar de los controles, un preso ingresado en ese
módulo aprovechó la hora de la comida para intentar
golpear con una bandeja metálica a uno de los dos
funcionarios que controlaban el módulo. La rápida
reacción de su compañero y la colaboración de varios
presos evitaron la agresión, pero otros dos
funcionarios que entraron en el módulo para prestar
apoyo también fueron acorralados.
Al final no hubo lesionados, pero los dos sindicatos
más representativos en la cárcel de Badajoz creen
que el riesgo de incidentes bajaría si se acabase
con la sobreocupación que padece el centro.
Distintas informaciones publicadas en HOY durante la
última década permiten constatar que la población
reclusa ha crecido un 40% durante los últimos 10
años (639 internos en junio de 1999 por 893 hoy), un
espectacular incremento que relacionan los
sindicatos penitenciarios con la mayoría de los
conflictos que han salpicado a la cárcel durante los
últimos años: un preso muerto, varios intentos de
fuga... El más grave fue el homicidio de ese interno
y lo protagonizó un preso condenado por dos muertes
anteriores que, a pesar de su peligrosidad, convivía
en su módulo con internos menos conflictivos.
Incidentes
Para el portavoz regional del sector penitenciario
en el sindicato CSI-F, Diego Márquez, el riesgo de
que se repitan incidentes como éste sólo se
aminorará si Instituciones Penitenciarias acaba con
el «hacinamiento».
Márquez ha recordado que la cárcel de Badajoz se
asienta sobre un edificio que tiene 450 celdas, por
lo que debería ser ése el número de internos.
«Realmente estaba habilitada para 350, puesto que la
existencia de un módulo para presos muy peligrosos
impedía ocupar dos alas».
José Manuel Vicente, del sindicato
ACAIP, eleva
ligeramente la cifra de celdas disponibles a 392.
«Estamos al 240% de nuestra capacidad y eso
repercute en la seguridad de los funcionarios y los
internos: no es lo mismo controlar a 70 que a 170».
Desde CSI-F se argumenta que la ley orgánica que
rige el funcionamiento del sistema penitenciario
recomienda que los presos tengan celdas
individuales, aunque deja abierta las puertas a las
celdas compartidas. «Lo que ha ocurrido al final es
que la excepción se ha convertido en la norma y
ahora lo normal es que haya dos presos por celda y
que en algunos casos incluso existan tres».
El director del centro penitenciario, Carmelo
Charfolé, ha reconocido estos días que lo ideal
sería disponer de más espacios, pero asegura que las
celdas compartidas, lejos de suponer un perjuicio
para los presos, tienen algunas ventajas. «A veces
es positivo que haya dos internos en lugar de uno».
Desde la dirección de la cárcel se destaca también
que la inminente creación de un Centro de Inserción
Social para la reinserción de presos que están en
tercer grado permitirá ganar espacios dentro de la
prisión. Esos reclusos, que disfrutan de un régimen
de semilibertad que les permite salir de la cárcel
durante el día para trabajar o recibir formación
laboral, ocupan actualmente un módulo inserto dentro
de las instalaciones penitenciarias.
Charfolé ha explicado que en 43 casos ni siquiera
duermen en la prisión, puesto que el control se
realiza a través de una pulsera telemática. Pero hay
otros 41 que sí permanecen en la cárcel y ocupan un
espacio que podría dedicarse a internos que están en
un régimen más restrictivo.
La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen
Pereira, ha confirmado que Instituciones
Penitenciarias ya está buscando un terreno idóneo
para levantar el Centro de Inserción Social (CIS) de
Badajoz y anunció que será similar al que está a
punto de inaugurarse en Cáceres.
Peligrosos
Si se imita el modelo, el CIS de Badajoz dispondría
de 52 habitaciones dobles (44 para hombres y 8 para
mujeres), dos individuales para personas con
movilidad reducida y dos de enfermería. También
habrá comedor, cafetería-economato, sala de estar
polivalente, biblioteca, gimnasio, talleres
ocupacionales, sala de trabajo y sala de reuniones,
consulta médica, enfermería, farmacia, celdas
sanitarias y despachos de atención a los internos
(tratamiento, jurista, laboral y otras).
Charfolé cree que ese sistema de funcionamiento
impulsará el proceso de reinserción, puesto que los
presos que han cumplido la mayor parte de su condena
y están a punto de recobrar la libertad plena
tendrán el apoyo de un equipo de profesionales
especializados en este tipo de situaciones.
El representante del sindicato CSI-F aún no sabe el
alcance que tendrá esta nueva medida, pero intuye
que la creación de nuevas infraestructuras permitirá
clasificar a los presos con mayores garantías. «La
sobreocupación no sólo pone en riesgo la integridad
de los presos, sino que también coloca en apuros a
los funcionarios».
Ampliar plantilla
Ésa es una de las razones por las que este sindicato
insiste en la necesidad de ampliar la plantilla de
funcionarios. «Un módulo estaría bien atendido si
dispusiese de ocho funcionarios, pero actualmente
suele haber tres y en períodos de libranzas sólo
dos».
Márquez afirma que ese número de trabajadores impide
controlar todas las zonas del módulo. «La prueba
está en que la muerte del preso que se ha juzgado
estos días se produjo en una zona donde no había
funcionarios».
José Manuel Vicente también demanda un incremento en
la plantilla de funcionarios, al tiempo que se
muestra partidario de reducir el número de internos.
«Lo ideal sería tener 600 o 600 y pico».
Con la intención de ganar espacios, el centro
penitenciario de Badajoz también eliminó en fechas
recientes el módulo dedicado a los presos FIES
(Fichero de Internos de Especial Seguimiento),
poniendo en uso las alas de los módulos colindantes,
74 en total.
Esa ganancia de espacios ha sido destacada por
Carmelo Charfolé, pero el sindicato
ACAIP alerta de que
el módulo número 7 se ha convertido ahora en la zona
de aislamiento, por lo que también recluye a presos
peligrosos sin contar con el aislamiento que tenían
los presos FIES. |
El centro penitenciario salmantino de Topas según
declara el Sindicato penitenciario de Acaip no
cuenta con un psiquiatra.
La Enfermería de la prisión salmantina está
preparada para albergar a 64 internos en celdas
dobles. En estos momentos la tasa de ocupación es
del 79,68 por ciento, de los cuales una parte está
formado por internos destinos y otra parte por los
reclusos enfermos, en ambos casos tanto mujeres como
hombres. Según informa el Sindicato el 70,5 por
ciento del 79,68 está formado por enfermos y el otro
29,5 por internos de ordenadas y de apoyo a otros
reclusos del centro.
Los reclusos que presentan cuadros psiquiátricos
fuertes se sitúan en un 61,1 por ciento, de los
cuales un 15,78 destaca por su estado calificándolos
el sindicato como enfermos de "escándalo" debido a
la gravedad de la patología que padecen.
Ante esta situación se advierte que pese al número
elevado de enfermos con patologías mentales
existentes en la enfermería, a los que se unen
internos del resto de los módulos, el centro en la
actualidad no dispone de ningún psiquiatra para la
atención de dichos pacientes. La única entrada que
realiza un experto en la materia es a través de las
visitas que realiza al centro penitenciario
salmantino de Topas.
Como consecuencia de la inexistencia de un
psiquiatra en el centro los médicos se ven obligados
según informó el sindicado a "improvisar" la
medicación de dichos pacientes.
Por lo que el Acaip reclama a la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarais denomine Unidades
Psiquiátricas a las enfermerías de los centros, ya
que muchos de los reclusos vienen con el mandamiento
de ser internados en la unidad de Psiquiatría del
centro, aunque la Secretaría conoce perfectamente la
situación de la prisión salmantina, ya que no está
dotado convenientemente de dicho personal.
Por otro lado, Acaip informó que la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias ha vuelto a
olvidar a la cárcel de Topas, ya que según la
publicación del concurso de provisión de puestos de
trabajo publicado el día 2 de abril no se dota de
ninguna plaza ni al centro zamorano ni al
salamantino.
Las plazas que han salido para Topas en el presente
concurso asciende a ocho, por lo que según señala
Acaip "ni tan siquiera se cubrirán todas las
vacantes existentes. Algo realmente incomprensible".
La situación que padece el centro penitenciario de
Topas según el sindicato está siendo ignorado por la
Secretaria General. |
La cárcel de Topas ha registrado una nueva discusión
entre presos en la que uno de ellos tuvo que ser
trasladado al hospital de Salamanca tras sufrir un
corte en la cara con una cuchilla, según informan
fuentes penitenciarias. Los hechos se produjeron por
motivos desconocidos, provocando un corte de gran
profundidad en una de las mejillas del herido.
La última reyerta se produjo hace una semana entre
rumanos y españoles, debiendo ser aislados seis de
ellos. Aunque en esta ocasión no se detectaron
pinchos carcelarios, del 3 al 12 de marzo fueron
intervenidos por parte de los funcionarios once
pinchos carcelarios, alguno de los cuales tenían más
de treinta centímetros de hoja.
El sindicato Acaip
denunció entonces que también que el pasado día
6, otro preso golpeó en el comedor a un compañero
con una bandeja metálica, intentando clavarle
posteriormente un pincho carcelario. Desde el
sindicato se explica que “los comedores modulares
disponen de 82 plazas, lo que hace que muchos
internos tengan que comer de pie o fuera de los
propios comedores; esta falta de plazas, junto con
las disputas para acceder a recoger la comida, son
puntos de fricción entre los reclusos que generan
frecuentes incidentes, como el producido el pasado
día 6”. |
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
hoy en un comunicado que una interna extremadamente
peligrosa hirió en la tarde del pasado sábado a una
funcionaria de la cárcel valenciana de Picassent
tras romperle un plato en la cabeza.
La interna, que responde a las iniciales N.C.R.,
había estado amenazando ese mismo día a las
funcionarias de servicio con agredirlas, clavándoles
un lapicero en el ojo. Esta mujer, destinada al
Módulo 20 de la Unidad de Preventivos, contaba con
un amplio historial delictivo, con una dilatada
trayectoria penitenciaria y con antecedentes de
agresiones a otros empleados de prisiones.
Sobre las 19.30 horas del sábado, cuando las
funcionarias acudieron a su celda para que llamara
por teléfono, ésta, sin mediar palabra, le estampó
el plato que llevaba en las manos en la cabeza a una
de ellas, la cual comenzó a sangrar de forma
abundante.
Como consecuencia, la funcionaria herida presentó
numerosos hematomas y golpes en la cara, y se
encuentra de baja laboral. Sin embargo, la interna,
pese a sus antecedentes de agresión a funcionarios
de II.PP., estaba recibiendo un trato diferenciado
del resto de internos, lamentaron fuentes del
sindicato.
Así, pusieron como ejemplo que a su llegada al
centro de Valencia, procedente del Centro de
Teixeiro (La Coruña), se le entregó un aparato de
televisión mientras llegaba el suyo procedente del
centro de origen.
Este hecho, dijeron, "causó gran indignación entre
los funcionarios del centro", y desde
Acaip se presentó
una queja formal ante la Dirección del Centro el
pasado 25 de Febrero, en la que se manifestaba la
disconformidad con esa actuación, que podía ser
percibida por el resto de internas como que se
premiaba a una interna por su conflictividad, por
sus agresiones.
A su entender, "no es ni mucho menos habitual que a
los internos que han causado alta en el centro, y
que esperan que llegue su aparato de televisión, el
centro penitenciario les facilite mientras tanto
otro". Así, "si no es habitual con internos que
tienen un comportamiento normal o bueno, desde este
sindicato, y desde la plantilla, no se entendía que
se tuviera esta deferencia con esta interna agresiva
y conflictiva", criticaron.
"Evidentemente se ha vuelto a demostrar, una vez
más, que los favores a internos totalmente
inadaptados al sistema, y extremadamente
conflictivos, ni evitan, ni previenen, los
incidentes graves, ni las agresiones a los
trabajadores penitenciarios", alertaron desde
Acaip.
Con todo, pidieron a la Dirección del Centro que
solicite el traslado de esta interna, debido a su
peligrosidad extrema, a un centro penitenciario que
reúna más medidas de seguridad, con puertas
mecanizadas.
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El Gobierno llevará de inmediato al Ejecutivo de
Juan José Ibarretxe ante los tribunales para tratar
de impedir que los familiares de presos de ETA
reciban las ayudas económicas que se incluyen en los
Presupuestos del País Vasco para 2009, aprobados en
diciembre pasado por el Parlamento de Vitoria.
Los responsables de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, han
acordado que la Abogacía del Estado recurra ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la
convocatoria de ayudas que el Ejecutivo de Vitoria
publicó el pasado 24 de marzo en el Boletín Oficial
del País Vasco. La impugnación deberá ser resuelta
por los magistrados de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del tribunal de esa
comunidad.
La convocatoria recurrida destina 225.081 euros para
ayudar a sufragar los gastos que tienen los
familiares directos de los terroristas encarcelados
en sus visitas a los centros penitenciarios. Estas
ayudas públicas, que se incluyen en los presupuestos
de la comunidad autónoma desde 2006, terminan
destinadas en su práctica totalidad a paliar los
gastos de los padres, hermanos, cónyuges e hijos de
presos de ETA en sus desplazamientos a las cárceles.
El decreto impugnado establece pagos de entre 20 y
600 euros por viaje realizado, que se otorgan según
la distancia al centro penitenciario desde el lugar
de residencia.
Los servicios jurídicos del Estado persiguen que el
futuro 'lehendakari', con toda probabilidad el
socialista Patxi López, no se vea obligado a
ejecutar unas subvenciones concedidas por el
Gobierno de Ibarretxe. El próximo presidente vasco
pretende desterrar de la nueva etapa del Gobierno
vasco la concesión de estas ayudas dentro de un
programa para la deslegitimación política y social
del terrorismo. De hecho, el pacto que hace dos
semanas firmaron responsables del PSE y del PP, que
marcó los principios generales que deben inspirar al
próximo Gobierno socialista, descarta entregar
cualquier cantidad de dinero público a personas u
organizaciones vinculadas a la actividad terrorista.
23 días
La Administración socialista ha puesto en marcha la
demanda después de observar que el actual Gobierno
vasco ha publicado la convocatoria de ayudas sólo 23
días después de las elecciones autonómicas y varios
meses antes que en años anteriores. El Ejecutivo de
Vitoria tomó la decisión después de que ya fuese
público que el PNV no podrá continuar en el poder a
partir de mayo.
Fuentes del Gobierno de Ibarretxe consideran que la
actitud de los socialistas es de claro oportunismo
político porque es la primera vez que recurren el
pago de una ayudas que existen desde hace al menos
tres años. De igual manera, no entienden por qué si
la Abogacía del Estado cree que estas subvenciones
pueden ser ilegales los Presupuestos vascos de 2009,
en los que se incluyen, fueron aprobados con el
respaldo de los parlamentarios del PSE. En último
lugar, advierten que si prospera la demanda la
Administración del Estado puede causar perjuicios a
las familias de reclusos vascos con delitos comunes
que también se benefician de estas ayudas. |
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La paralización de los trabajos previos a la
construcción de la nueva cárcel ha causado la
preocupación de los sindicatos. Representantes de
Acaip, UGT y CC OO
reclamaron ayer un "acuerdo" entre la Junta y el
Gobierno para desbloquear una situación que puede
acabar en los tribunales. Los sindicatos consideran
que la Junta es "responsable de la paralización" y
aprecian que existe un riesgo para el futuro centro
penitenciario. "Están en peligro los empleos que se
podrían crear", explicó César Molina, por parte de
UGT. No sólo eso, de modo directo se tambalean los
vigentes 130 puestos de trabajo. Y es que, la actual
cárcel ha cumplido su vida útil y está abocada al
cierre. O se verifica la alternativa o los 130
trabajadores se irán a otro sitio. El centro cuenta
ahora con 163 internos.
Los representantes de los trabajadores se dieron
ayer cita en la Delegación de la Junta, donde
registraron 1.441 firmas que reclaman el "desbloqueo
de la actual situación". El registro se produjo
también en la Subdelegación del Gobierno. Los
pliegos de firmas reclaman que se agilice la
construcción de la futura prisión y que el proceso
se realice "sin interferencias políticas". Todo
ello, "por el bien de Soria", concluye la cabecera
de los pliegos. La cifra de 1.441 rúbricas no
resulta de sumar el número de respaldos conseguidos.
En realidad, los sindicatos contaban con más, pero
eligieron registrar 'sólo' esos por su contenido
simbólico. Sucede que 1.441 equivale a la suma de
los 724 puestos estimados para la construcción del
inmueble, de los 517 empleos fijos que generará y de
los 200 indirectos.
El Gobierno prevé construir la nueva cárcel en el
paraje La Laguna, en Las Casas, elección que desde
el verano de 2007 arrastra una larga polémica
municipal. La explanación del terreno fue detenida a
mediados del pasado marzo por el delegado de la
Junta, Carlos de la Casa. La ausencia de licencia
para ejecutar las talas y la incógnita formal
entonces de si existía el trámite de impacto
ambiental o se consideraba innecesario fueron
algunas de las razones alegadas, que motivaron
además la apertura de sendos expedientes. La
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (Siep) recurrió la orden y la Junta
todavía no ha resuelto esta reclamación. En el caso
de no levantarse la paralización cautelar, el asunto
acabará en la jurisdicción Contencioso
Administrativa. Por otra parte, el Gobierno
elaborará el estudio ambiental sobre el proyecto de
ejecución del centro.
La nueva cárcel "no se puede ir por la borda porque
desde unos intereses políticos estén jugando unos y
otros a ver quién es el que la tira mejor", estimó
por parte de Acaip
su representante, José María Garcés. El primer
"colectivo damnificado" si el proyecto se va al
traste será el de los actuales trabajadores. Pero es
que además la ciudadanía "respalda la construcción",
indicó. |
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Las cárceles se
quedan pequeñas |
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08/04/09 |
| Los centros penitenciarios
están saturados y la construcción de nuevas prisiones parece
ineludible puesto que su alternativa, los trabajos en
beneficio de la comunidad, tiene enfrente el rechazo social |
Más condenas con trabajos en beneficio de la
comunidad. Esto es lo que sugirió la secretaria
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo como medida para hacer frente a la
saturación existente en las cárceles españolas.
Sin embargo, este tipo de condenas son difíciles de
llevar a cabo. Los jueces consideran que son
difíciles de aplicar, Instituciones Penitenciarias
ofrece pocas plazas y, por lo general, no están bien
vistas por la sociedad, que prefiere que los
culpables cumplan sus condenas en prisiones
convencionales.
Las penas con trabajos en beneficio de la comunidad
se legalizaron como alternativa a la prisión en la
reforma del Código Penal de 1995 siendo ministro de
Justicia Juan Alberto Belloch y sin embargo, a día
de hoy, trece años después, son todavía "muy pocas"
las condenas de este tipo que se imponen, según
explican fuentes de Instituciones Penitenciarias.
La disponibilidad de plazas para hacer trabajos
comunitarios depende de los convenios que
Instituciones Penitenciarias firme con los
ayuntamientos, ONG o las plazas que habiliten para
ello en sus propios centros penitenciarios. El
ministerio del Interior dispone de un convenio con
la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias) para que los Ayuntamientos habiliten
plazas donde los culpables puedan cumplir sus penas.
Sin embargo, estos convenios son voluntarios y por
lo tanto los consistorios van sumándose poco a poco.
Prueba de ello es que un Ayuntamiento de una gran
ciudad como Sevilla acaba de suscribir el convenio
esta misma semana.
Desde Instituciones Penitenciarias admiten que es
necesario que las administraciones "conciencien" de
la necesidad de habilitar estas plazas. En la
actualidad están trabajando en nuevos convenios con
Protección Civil o la Dirección General de Tráfico.
Sin embargo, como admitió la propia Mercedes Gallizo
durante su intervención en el Congreso de los
Diputados, las penas alternativas no son la única
solución para la saturación de presos en las
cárceles y construir nuevos centros es una tarea
ineludible. Algo que recuerdan los funcionarios de
prisiones. El sindicato de prisiones
Acaip lo tiene muy
claro: no se puede quitar importancia a la necesidad
de construir nuevas cárceles y presentar las penas
alternativas como la solución al "hacinamiento" en
las prisiones. "La sociedad no quiere condenas a
trabajos en beneficio de la comunidad, la gente
quiere que los delincuentes estén entre rejas.
Además, hay que solucionar el actual problema de
"hacinamiento en nuestras cárceles", asegura un
funcionario de la Comunidad Valenciana.
A pesar de los esfuerzos de la Administración por
preparar nuevas vacantes, son los jueces los únicos
que pueden imponer estas penas y el principal motivo
que les hace reticentes a imponerlas es que son
"difíciles de ejecutar".
A diferencia de las multas o el ingreso en prisión,
delitos en los que cuando el juez se cerciora de que
el condenado ha cumplido con su pena se desentiende
después, en el caso de los trabajos en beneficio de
la comunidad el juez es la persona que tiene que
vigilar -aunque intervienen también los funcionarios
de los Servios Sociales Penitenciarios- que el
culpable acude diariamente a su trabajo y, en el
caso de que haya algún problema en el cumplimiento,
se tiene que poner en marcha todo el aparato
judicial, lo que resulta muy "burocrático", según
explica el portavoz de la Jueces para la Democracia
y magistrado de la Audiencia Provincial de
Barcelona, Miguel Ángel Gimeno.
Por otro lado, Gimeno explica que los jueces no
pueden inventarse estas penas sino que ellos se
limitan a aplicar las que estipula el Código Penal y
solicita a los legisladores que incluyan este tipo
penal como sustitutivo a las penas de prisión.
Finalmente, el magistrado explica que para que "este
tipo de penas realmente funcione tendría que haber
más ofertas, ofrecer diversas posibilidades que se
ajustaran a la necesidad educadora de cada
delincuente" y que una persona condenada por
conducir a demasiada velocidad pueda trabajar en un
hospital y no estar vigilando el monte para prevenir
incendios, que no guarda relación con la naturaleza
de su delito. |
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ZARAGOZA. Un estudio jurídico-técnico elaborado por
el Justicia de Aragón -el equivalente regional al
Defensor del Pueblo- propone sanciones alternativas
a la cárcel para prevenir la violencia de género. El
Justicia, Fernando García Vicente, no cree que la
prisión sea siempre la solución más adecuada, porque
puede «exacerbar» el problema. Es una de las
conclusiones que García Vicente expuso ayer ante las
Cortes de Aragón, durante la presentación de ese
estudio, titulado «Modelos de actuación en violencia
de género». El documento recoge nuevas propuestas
para luchar de forma más eficaz contra la violencia
machista.
Un objetivo prioritario, según el Justicia de
Aragón, es conseguir que las víctimas puedan
denunciar de forma más ágil y con menos presión
social o de su entorno personal. Para ello, el
estudio propone dos nuevas figuras técnicas, que
denomina «denuncia puente» y «denuncia oculta».
Nuevos tipos de denuncia
Cuando una mujer está siendo maltratada, uno de los
pasos más difíciles de dar, según los expertos, es
el de presentar la denuncia. A veces es por miedo a
las represalias; otras, por una cuestión de
dependencia respecto a la pareja, por temor a que
vaya a la cárcel y ella se quede totalmente
desamparada. Por eso, según el informe presentado
ayer, es necesario que se habiliten fórmulas
jurídicas que tengan en cuenta todo eso.
El primer tipo de denuncia que propone el Justicia
de Aragón consiste en sustituir la cárcel por
sanciones alternativas para el maltratador,
someterlo a tratamiento y darle una segunda
oportunidad. Eso sí, esta opción sólo cabría si la
víctima la admite y hay un informe favorable de un
profesional que analice el caso y los riesgos. Esta
propuesta está pensada para aquellas mujeres
maltratadas que no quieren denunciar a sus parejas
porque no desean que estos vayan a la cárcel. Como
solución a este recelo se plantea este nuevo modelo
denominado «denuncia puente», en el que prima la
reinserción y que busca acabar con la violencia sin
que el maltratador tenga que ir a prisión.
Por su parte, la «denuncia oculta» está pensada para
aquellas mujeres que no denuncian por miedo a las
posibles represalias. En este caso, sería un tercero
el que haría de intermediario para presentar la
denuncia y así se evitaría un enfrentamiento directo
entre la víctima y su agresor.
Alternativas a la cárcel
En estos momentos, en las cárceles de España hay
70.000 hombres acusados de maltratar a sus parejas.
Sin embargo, según el Justicia de Aragón, ésta no es
la solución, ya que las estadísticas demuestran que
el problema persiste e incluso sigue aumentando. Por
eso, el informe presentado ayer propone cambios en
el sistema punitivo a maltratadores y apuesta por la
reeducación en los casos de inadaptación social.
También aboga por el tratamiento de enfermedades
como el alcoholismo, que a menudo están en el origen
del maltrato.
El actual sistema punitivo «no es bastante», aseguró
el Justicia. Cree que después de pasar por prisión
el riesgo de que la mujer vuelva a ser maltratada
«es mucho mayor». García Vicente recalcó que la
estancia en el centro penitenciario debe ser
aprovechada para la reinserción.
El informe que recoge estas propuestas ha sido
elaborado por un equipo encabezado por el director
del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan
Antonio Cobo, e incluye un amplio trabajo de campo
hecho en las prisiones de Zuera y Daroca, en el
centro de inserción social «Las trece rosas» y en el
Juzgado de Guardia de Zaragoza.
Además de las propuestas citadas, se recogen otras
conclusiones que apuntan que el riesgo de que las
mujeres inmigrantes sufran malos tratos es mucho
mayor. En concreto, calcula que es ocho veces mayor
que en el caso de las mujeres españolas. Para el
Justicia de Aragón esto se debe a problemas
culturales. «Para algunas culturas es muy difícil
asumir ciertas circunstancias que se dan en nuestra
sociedad, como el hecho de que las mujeres trabajen
y ellas no. Esta simple diferencia puede desembocar
en malos tratos».
Otro de los puntos en los que más enfatiza este
informe es que en la mayoría de los casos las
mujeres no son conscientes del riesgo que corren, ya
que según García Vicente tienen una «percepción
errónea de su maltratador y sólo tienden a recordar
los buenos momentos de la relación. |
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El magistrado presidente del tribunal del jurado que
consideró culpables de asesinato a los dos reclusos
del centro penitenciario de Teixeiro acusados de
matar a un compañero en mayo de 2006 ya ha impuesto
las penas de prisión que corresponden a cada uno de
los procesados. El jurado es quien tiene que decidir
si los imputados son culpables o inocentes de un
determinado delito, pero es un juez quien impone la
pena.
Juan Ignacio Lamas Fernández, con antecedentes por
asesinato -uno de los ellos cometido también en
prisión- ha sido condenado a 19 años de prisión. El
otro acusado, David Charlín Mondragón, ha sido
penado con 17 años y medio, pues no había cometido
antes delitos similares. El jurado consideró que
ambos actuaron con alevosía y con abuso de
superioridad, pues eran dos contra uno y mucho más
corpulentos que la víctima.
El magistrado ha impuesto también a los reclusos la
obligación de indemnizar a la madre del fallecido
con 78.500 euros, cantidad de la que debe responder
de forma subsidiaria la Administración. Todo indica
que ambos condenados se declararán insolventes, como
suele ser habitual en estos casos, por lo que será
el Estado quien se tenga que hacer cargo de la
indemnización. Recuerda el juez que "la
Administración penitenciaria tiene el deber de velar
por la vida y seguridad de los internos", obligación
que no cumplió, según consideró probado el tribunal
del jurado.
Los acusados lograron introducir un pincho de
elaboración casera en el gimnasio de la instalación
sin que ningún funcionario se diese cuenta. Recuerda
además el magistrado que Lamas es "una persona con
una especial predisposición a realizar actos
violentos" similares a los enjuiciados, pues en el
momento de los hechos estaba ya acusado de la muerte
de otro recluso en la cárcel de A Lama.
"Ello debería haber dado lugar -dice la sentencia- a
exacerbar el sistema ordinario de control, lo que no
se produjo". Esta falta de vigilancia ha provocado
que el magistrado entienda que la Administración
debe hacerse cargo de la indemnización en caso de
los que los condenados no estén en condiciones de
abonar la cantidad fijada. Lamas y Charlín acabaron
con la vida de su compañero en el interior del
gimnasio con la ayuda de la una raqueta de ping
pong. Esta estancia es una de las pocas del centro
penitenciario donde no hay cámaras de vigilancia.
Los procesados aprovecharon también para cometer el
crimen -según considera probado el fallo judicial-
el horario de la comida de los funcionarios, cuando
la vigilancia es menor. |
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La paralización de los trabajos previos a la
construcción de la nueva cárcel ha causado la
preocupación de los sindicatos. Representantes de
Acaip, UGT y CC OO reclamaron ayer un "acuerdo"
entre la Junta y el Gobierno para desbloquear una
situación que puede acabar en los tribunales. Los
sindicatos consideran que la Junta es "responsable
de la paralización" y aprecian que existe un riesgo
para el futuro centro penitenciario. "Están en
peligro los empleos que se podrían crear", explicó
César Molina, por parte de UGT. No sólo eso, de modo
directo se tambalean los vigentes 130 puestos de
trabajo. Y es que, la actual cárcel ha cumplido su
vida útil y está abocada al cierre. O se verifica la
alternativa o los 130 trabajadores se irán a otro
sitio. El centro cuenta ahora con 163 internos.
Los representantes de los trabajadores se dieron
ayer cita en la Delegación de la Junta, donde
registraron 1.441 firmas que reclaman el "desbloqueo
de la actual situación". El registro se produjo
también en la Subdelegación del Gobierno. Los
pliegos de firmas reclaman que se agilice la
construcción de la futura prisión y que el proceso
se realice "sin interferencias políticas". Todo
ello, "por el bien de Soria", concluye la cabecera
de los pliegos. La cifra de 1.441 rúbricas no
resulta de sumar el número de respaldos conseguidos.
En realidad, los sindicatos contaban con más, pero
eligieron registrar 'sólo' esos por su contenido
simbólico. Sucede que 1.441 equivale a la suma de
los 724 puestos estimados para la construcción del
inmueble, de los 517 empleos fijos que generará y de
los 200 indirectos.
El Gobierno prevé construir la nueva cárcel en el
paraje La Laguna, en Las Casas, elección que desde
el verano de 2007 arrastra una larga polémica
municipal. La explanación del terreno fue detenida a
mediados del pasado marzo por el delegado de la
Junta, Carlos de la Casa. La ausencia de licencia
para ejecutar las talas y la incógnita formal
entonces de si existía el trámite de impacto
ambiental o se consideraba innecesario fueron
algunas de las razones alegadas, que motivaron
además la apertura de sendos expedientes. La
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (Siep) recurrió la orden y la Junta
todavía no ha resuelto esta reclamación. En el caso
de no levantarse la paralización cautelar, el asunto
acabará en la jurisdicción Contencioso
Administrativa. Por otra parte, el Gobierno
elaborará el estudio ambiental sobre el proyecto de
ejecución del centro.
La nueva cárcel "no se puede ir por la borda porque
desde unos intereses políticos estén jugando unos y
otros a ver quién es el que la tira mejor", estimó
por parte de Acaip su representante, José María
Garcés. El primer "colectivo damnificado" si el
proyecto se va al traste será el de los actuales
trabajadores. Pero es que además la ciudadanía
"respalda la construcción", indicó. |
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El número de internos encarcelados en las prisiones
ha aumentado un diez por ciento en el último año.
Según datos de Instituciones Penitenciarias, en los
últimos días del pasado mes de marzo había 75.093
internos en España, un 10,4 por ciento más que en el
mismo mes del año anterior y, en su mayoría ?-un
92,02 por ciento-, hombres. Atendiendo a su
situación procesal, 57.674 del total de reclusos
eran penados (76,8 por ciento), mientras que 17.419
eran preventivos (23,2 por ciento). Las cárceles
valencianas encerraban en esa fecha a 7.512
personas.
La Comunitat Valenciana se sitúa en torno a la media
española de número de presos en función de sus
habitantes. Así, los reclusos suponen el 0'15% por
ciento de la población total valenciana, mientras
que la media de España es del 0'16%. Las cárceles de
Castilla y León contabilizaron 7.322 internos, lo
que supone el 0,29% de su población, ateniéndose al
padrón municipal de enero del 2007, el último
facilitado por el Instituto Nacional de Estadística.
La desproporción se debe a que en Castilla y León se
encuentran macrocárceles como la de Topas, que
encierran a inmigrantes detenidos por delinquir en
otras zonas de España. Muchos inmigrantes arrestados
en la Comunitat Valenciana acaban en Castilla y León
al considerar los jueces que no tienen arraigo. |
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El Plan de Infraestructuras de Instituciones
Penitenciarias para el año 2011 podría contemplar la
creación de un nuevo centro penitenciario en Melilla
que sustituyese las instalaciones inauguradas en
1993.
Según señalaron fuentes del sindicato
ACAIP, el
mayoritario entre los funcionarios de la prisión
melillense, el Ministerio del Interior contempla una
posibilidad que vendría a dar respuesta a sus
reivindicaciones.
En declaraciones a Diario SUR, el portavoz de
ACAIP, Julio César
Manjuán, recordó la reunión pendiente con la
Consejería de Fomento en la que se valorará la
posible recalificación de terrenos en la ciudad para
llevar a cabo esta infraestructura.
Esta reunión, que fue preludiada por la que mantuvo
Juan José Imbroda semanas atrás con el máximo
responsable nacional del sindicato, tenía previsto
llevarse a cabo esta semana, si bien ha sido
pospuesta por motivos de agenda, como reconocía
Rafael Marín.
«Mi secretaria tiene cogida hora para sentarnos, ver
sus necesidades y empezar a trabajar el tema»,
señalaba Marín, recordando que si se trata de en un
terreno militar no habría ningún problema en
recalificarlo con el PGOU aún en proceso, una vez lo
hubiese cedido el Ministerio.
Ante el interés de los funcionarios de prisiones de
Melilla, Rafael Marín señaló en declaraciones a este
rotativo que el de la recalificación sería el
problema menor si se pudiese utilizar terreno
liberado por Defensa como ya pasara con el que hoy
en día ocupa el CETI. «Por interés social se puede
hacer y no tendríamos ningún problema», insistió el
consejero, recordando que se trata de un caso
similar al del centro de menores.
Sin embargo, el titular de Fomento puntualizó que al
estar implicados los ministerios de Defensa e
Interior, podrían tratarlo entre ellos para
facilitar luego el nuevo tratamiento en el futuro
Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.
Gallizo
Por su parte, el responsable sindical de los
funcionarios del centro de Melilla insistió en que,
pese a la corta trayectoria del de Melilla, ya el
año pasado la directora general de Instituciones
Penitenciarias reconoció la necesidad de desarrollar
uno nuevo que podría haber sido ya una realidad de
no haber coincidido la visita de Mercedes Gallizo a
Melilla con la conclusión del último Plan de
Infraestructuras del organismo dependiente del
Ministerio del Interior.
Según explicó Manjuán, Gallizo manifestó entonces
esta necesidad, apuntando a su futura inclusión en
los proyectos a realizar por el Ministerio en los
centros de reclusión españoles, si bien por el
momento desde Instituciones Penitenciarias no han
confirmado este hecho. |
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Aquellos aspirantes a porteros de discoteca que
hayan suspendido las pruebas en España cuentan con
una nueva posibilidad, eso sí, si no les importa
vivir lejos de sus casas. En Inglaterra las escuelas
públicas están interesadas en contratar los
servicios de porteros de discoteca como profesores
suplentes para mantener el orden en las aulas cuando
se ausenta el profesor.
Entre los aspirantes al cargo de gorila de escuela,
cuentan con más posibilidades que otros los
funcionarios de prisiones, ex militares, policías,
bomberos, deportistas y actores que den el pego de
matones.
Así lo indicó Andrew Baisley, un profesor de
matemáticas en una escuela de secundaria de Camden,
al norte de Londres, durante la conferencia del
Sindicato de Profesores que se celebra estos días en
Cardiff (Gales). Baisley expuso que los jefes de
estudio de muchos centros escolares de Inglaterra
están recurriendo a contratar «cualquier cosa»,
siempre y cuando tengan limpio el expediente de
penales.
Entre 60 y 80 euros
La paga que perciben estos gorilas escolares es de
entre 60 y 80 euros al día, y su labor es la de
controlar las clases en ausencia de los profesores.
Esto es lo que anuncia una oficina de colocación de
Birmingham: «Se busca supervisores dinámicos, a
poder ser ex marines, funcionarios de prisiones,
porteros de discoteca, policías, bomberos,
deportistas y actores. Necesitamos a alguien que
crea que puede verse trabajando en un contexto
escolar y controlar al alumnado de una escuela».
Baisley explicó durante el congreso que sabe de al
menos una escuela en la que estos vigilantes -«tipos
muy grandes que con su simple presencia imponían
respeto»- han llegado incluso a impartir clase con
gran éxito.
A raíz de la intervención de Baisley, otro profesor
indicó que su antigua escuela contaba con una equipo
de «seguratas a jornada completa» que controlaban
los pasillos del centro, las clases en las que
faltaba un profesor y el área de recreo. «Y créanme,
era necesaria su presencia en la escuela», indicaba
este profesor.
El comportamiento del alumno en las escuelas
inglesas es un tema que preocupa al Gobierno de
Gordon Brown. Ayer, el Ministerio de Educación
recibió la conclusión del estudio encomendado a sir
Alan Steer sobre el comportamiento de los niños en
las escuelas de primaria y secundaria. Una polémica
conclusión del estudio es aislar en aulas especiales
en los mismos centros a los alumnos más
problemáticos de cada clase.
Ayer se supo que el índice de suicidios entre
profesores de primaria y secundaria es superior a la
media nacional, 14,2 por 100.000, frente al 10,25 de
media. |
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El Centro Penitenciario de Villabona (Asturias)
alberga 1.623 internos, lo que supone una tasa de
ocupación del 193,21 por ciento, ya que dispone de
840 plazas residenciales repartidas en 10 módulos,
según informaron los sindicatos de prisiones a
Europa Press.
La mayor parte de los módulos presentan ocupaciones
cercanas al 200 por cien exceptuando el departamento
de mujeres y las Unidades Terapéuticas. Además,
desde los sindicatos destacan la "masificación" que
existe en la Enfermería del centro con una ocupación
de 91 internos, muchos de ellos con patologías
psiquiátricas.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
El Centro Penitenciario de Villabona ha sufrido un
incremento de 515 internos en los últimos nueve años
(2000-2009), lo que viene a suponer un aumento
porcentual del 46,48 por ciento. En el año 2000 la
población reclusa ascendía 1.108 internos, mientras
que en 2009 los presos suman 1.623.
Según los sindicatos, la tendencia de nuevos
ingresos, lejos de invertirse, se mantiene al alza
como demuestra el hecho que durante el año 2008 la
población reclusa ha aumentado en un 8,52 por
ciento, y en los tres primeros meses del año 2009 el
aumento registrado alcanza el 2,85 por ciento.
Los sindicatos resaltan que a este alto grado de
masificación se une la "escasez" de personal
reflejada en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
"insuficiente" para atender las necesidades de la
población reclusa.
"Cada módulo es atendido por dos funcionarios;
mientras uno de ellos realiza las labores
burocráticas y de control de acceso, los 160
internos son vigilados solamente por un funcionario
lo que hace imposible garantizar la normal
convivencia, la seguridad interior y la integridad
física, tanto de internos como de trabajadores",
sostienen los representantes de los funcionarios. |
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14/04/09 |
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El sindicato de prisiones
Acaip denunció hoy una nueva agresión en
el Centro Penitenciario de Melilla, el tercero en
tres meses, a lo que hay sumar el tiroteo sufrido
por la garita. El último incidente se registró este
fin de semana cuando un interno, con múltiples
expedientes disciplinarios y que responde a las
iniciales A.M.A., tumbó de un puñetazo a un
funcionario, al que provocó lesiones.
El recluso actuó así, según señaló
Acaip, después de
que fuera recriminado por la víctima de la agresión
por insultar a otro funcionario de prisiones. A.M.A.
"se abalanzó" sobre el trabajador de la cárcel y "le
propinó un puñetazo que le hizo caer al suelo".
El sindicato indicó que la rápida reacción de otro
funcionario evitó que la agresión fuera a mayores,
si bien el interno "aún después de ser reducido
continuó profiriendo graves amenazas al funcionario
agredido y a los que acudieron en su defensa".
Asimismo, aseguró que a consecuencia de estos hechos
el funcionario agredido presenta lesiones por las
que ha precisado asistencia médica.
Como sindicato, Acaip
viene denunciando los cada vez más frecuentes
incidentes, que "están causando una gran inquietud
en la plantilla, ya que --añadió-- la escasez de
medios de seguridad y la falta de rigor en la
aplicación de las medidas disciplinarias en
anteriores sucesos similares a este, propician que
estos se produzcan cada vez con mayor gravedad". |
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Tipo
de dieta, apariencia física, consumo de sustancias
estupefacientes, aparatos electrónicos en su poder,
nivel cultural, conocimiento de idiomas, prendas de
vestir y artículos de higiene que usa, qué lee,
pegatinas y pósters que tiene... El Ministerio del
Interior puso en marcha el pasado mes de agosto
grupos de espionaje en las cárceles
para someter a un
control exhaustivo a determinados presos,
principalmente etarras y yihadistas. Así
aparece recogido en un documento "confidencial" de
la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias fechado el pasado 31 de julio, al que
ha tenido acceso Público y que bautiza a
dichos grupos como "de control y seguimiento de
internos". Según el texto, lo que ha llevado al
departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba a crearlos
es "la aparición de
nuevas formas de delincuencia organizada y,
especialmente, la irrupción en la esfera
internacional, y en particular en España, de
fenómenos terroristas de corte religioso (...). Este
nuevo fenómeno terrorista debemos combatirlo desde
todos los frentes posibles y entre ellos está el
frente penitenciario".
Sin embargo, el objetivo de los nuevos "grupos de
control", integrados por funcionarios de prisiones,
no se limita a los islamistas radicales
encarcelados. El propio documento recoge que esta
estrecha vigilancia se ha hecho extensiva a
integrantes de ETA,
de los Grapo y de bandas de delincuencia organizada.
Para ello, entre las "funciones" que Interior
asigna a estos grupos, incluye el control de todas
las actividades de los reclusos sometidos al mismo,
desde su "participación en actividades culturales,
deportivas, educativas y religiosas",
hasta sus "relaciones con otros internos" sean o no
éstos integrantes de grupos terroristas. Los
funcionarios deben elaborar fichas de cada uno estos
presos en las que se detalle la dieta que sigue, si
cambia su aspecto físico, si pide cambios de celda,
cuáles son sus relaciones familiares, si tiene
familiares encarcelados también por delitos de
terrorismo y un largo etcétera.
Registro de celdas
Para ello, el documento faculta a estos
funcionarios de prisiones a registrar
exhaustivamente sus celdas y controlar cualquier
detalle que aparezca en las mismas: desde las
publicaciones en su poder de las que deben anotar
"títulos y autores de las mismas, posibles
anotaciones manuscritas en libros, revistas,
periódicos, hojas más desgastadas por el uso o
marcadas" hasta las
prendas de vestir que tiene y los artículos de
higiene y limpieza que posee. Los autores
llegan incluso a pedir que se tome nota de "frases
manuscritas en el panel de corcho o en cualquier
otro lugar de la celda" y que se registren los
barrotes.
Control sobre el gasto personal
El documento abre también la puerta a extremar la
vigilancia sobre las comunicaciones orales, escritas
y telefónicas a la que ya se somete bajo control
judicial a estos presos, y se hace especial hincapié
en el registro minucioso de los paquetes postales
que reciban o envíen
"para detectar la posible introducción de
documentación o notas manuscritas ocultas".
Incluso, se somete a una revisión permanente su
peculio cantidad de dinero del que pueden disponer
en prisión y en qué lo gastan en el economato del
centro.
Toda esta información es volcada, según detalla
el documento, en una base informática de acceso
restringido con dos niveles de acceso. Al más
restringido sólo tienen acceso aquellas personas
autorizadas por la propia secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
y su
número dos
e impulsor del proyecto, Virgilio Valero. |
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La población reclusa se ha disparado un 70% en
España en la última década, un crecimiento cimentado
sobre todo en el gran aumento del número de presos
extranjeros.
Desde el 1 de enero de 2000, los internos españoles
sólo han crecido en 10.700 personas (un 29%),
mientras que los extranjeros lo han hecho en 18.100
(un 228%). Es decir, que en estos diez años, de cada
diez personas que han ingresado en la cárcel, seis
eran inmigrantes.
De cada diez personas que han ingresado en la
cárcel, seis eran inmigrantes. Actualmente hay en
las 87 prisiones españolas (incluida Cataluña)
75.212 reclusos (datos a 3 de abril), de los que
25.966, el 35%, no han nacido en España, según el
último informe del sindicato de prisiones
Acaip.
Un porcentaje elevado, teniendo en cuenta que los
extranjeros sólo suponen hoy el 11,4% del total de
la población española.
La situación no va a mejorar a corto plazo. Un
informe de la Comisión Europea vaticina que antes de
que acabe 2010 el 50% de los presos en España serán
extranjeros.
"Sólo Grecia ha tenido dentro de la Unión Europea un
incremento de reclusos mayor que España. Incluso
Italia, Francia y Alemania, con más habitantes,
tienen menos presos que nuestro país", señala un
portavoz de Acaip.
"Las cárceles están desbordadas".Las estadísticas
hablan de hacinamiento: 20 de las 87 cárceles
superan en un 200% su capacidad. En lo que va de
2009, cada día ingresan en prisión una media de 19
personas, cuando en el año 2000 la media era de 2,5
y en 2001, de 6,7.
'Boom' migratorio
El incremento del número de presos extranjeros desde
el año 2000 ha coincidido con el inicio del boom
migratorio. Hay razones económicas y culturales
detrás de este fuerte aumento, señalan fuentes
penitenciarias. "Muchos inmigrantes delinquen por su
precaria situación, agravada aún más por la crisis
del último año. Además, en sus países de origen los
delitos están menos castigados, y se creen que en
España es igual".
Una tercera causa es judicial: "Los delincuentes
extranjeros casi nunca obtienen la libertad bajo
fianza hasta la celebración del juicio porque no
tiene domicilio fijo donde encontrarlos. Los jueces
no se arriesgan a perderles la pista", explica José
Manuel García Catalán, vicepresidente del sindicato
policial SPP.
De hecho, más del 40% de los reclusos extranjeros
son preventivos a espera de juicio. "Sin olvidar la
delincuencia organizada, de alto nivel, copada por
inmigrantes. En 2007, por ejemplo, teníamos fichados
254 grupos. Más del 80% de sus miembros eran
foráneos", señalan fuentes policiales.
Una torre de Babel en la cárcel de Topas
El 80% de los 1.740 reclusos de Topas son
extranjeros, señala el sindicato
Acaip, lo que hace
la convivencia diaria difícil y peligrosa, en una
cárcel que además tiene una ocupación del 172%. Es
una verdadera torre de Babel distribuida en módulos,
controlados por distintos grupos: los marroquíes,
los latinos, los rumanos, los africanos...
"Las peleas son frecuentes, no sólo por el control
de estos módulos, sino también por ajustes de
cuentas por el trapicheo de drogas que hay dentro de
la prisión". En marzo hubo dos reyertas
multitudinarias. Una en el módulo 9, entre rumanos y
españoles; y otra en el 10, entre africanos y
rumanos. Tuvieron que intervenir más de 20
funcionarios, que decomisaron muchos pinchos.
Pinchos de tuberías
El sindicato Acaip
denuncia que los múltiples fallos en el sistema de
fontanería de la prisión de Topas (Salamanca)
permiten a los reclusos arrancar los pulsadores con
los que funciona el agua y fabricar los pinchos
carcelarios, algunos de hasta 30 centímetros de hoja
(ver foto). El mango se hace con cordones de
zapatos.
Marroquíes y colombianos, predominantes
Las cárceles españolas albergan presos de más de 80
nacionalidades. Las colonias más numerosas son, en
este orden, los marroquíes, los colombianos, los
argelinos y los rumanos, que han crecido un 150% en
cinco años.
Once nuevas prisiones
De aquí a 2012 el sistema penitenciario español
contará con 8.920 celdas más, distribuidas en once
nuevas prisiones, aunque también está previsto que
se cierren otras cinco: Martutene, Pamplona,
Nanclares, Soria y Ceuta. |
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Los hijos y los padres de David S.O., el preso
asesinado en la cárcel de Badajoz el 28 de
septiembre de 2006 por el interno Antonio R.P.,
deberán ser indemnización por la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. Así se determina en
la sentencia que condena por asesinato al acusado y
que declara que el Estado es responsable civil
subsidiario del pago de la indemnización por el
asesinato de David en un patio de la prisión pacense.
Antonio R.P. es condenado a cumplir 17 años y 4
meses de prisión por el delito.
La cifra fijada por el magistrado ponente de la
sentencia como indemnización a la familia del joven
muerto es de 75.000 euros para cada uno de los hijos
del fallecido y 8.736,46 euros para cada uno de los
padres.
Antonio R. P. fue juzgado y condenado por un jurado
popular, que lo declaró culpable del asesinato.
Ahora, el magistrado presidente del jurado ha fijado
la condena, tal como establece la ley.
La sentencia considera probado que Antonio R.P., un
sevillano de 40 años, que cumplía condena por dos
homicidios anteriores, mató con un pincho carcelario
a David S.O., de 26 años, mediante una puñalada en
el corazón. Se estima que existió alevosía en la
agresión, ya que la víctima no se pudo defender del
ataque sorpresivo del acusado. David se encontraba
apoyado en la pared, sentado y semiinconsciente
debido a que había ingerido tranquilizantes.
Reincidencia
La sentencia tiene en cuenta el agravante de
reincidencia, dados los antecedentes de Antonio R.P.,
lo que agrava la condena. También tiene en
consideración una atenuante que la rebaja: que el
acusado tenía mermada levemente su voluntad debido a
un trastorno de personalidad que le hace difícil
controlar sus impulsos.
Además de la condena penal, uno de los aspectos
claves de este caso era determinar si Instituciones
Penitenciarias, organismo propietario de la cárcel,
tuvo algún tipo de responsabilidad en la muerte de
David S.O. por no controlar al acusado. La sentencia
concluye que sí existió esa falta vigilancia, lo que
permitió que Antonio R.P., considerado un preso
peligroso, dispusiera durante un tiempo
indeterminado de un pincho carcelario.
«La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias hubiera debido extremar el control y
vigilancia de este interno, lo que no hizo», se
afirma en la sentencia. Para el magistrado, la
responsabilidad de la administración es evidente, ya
que en el centro penitenciario ni siquiera se dieron
cuenta de que faltaba la placa de metal del soporte
de la televisión con la que el acusado había
construido el pincho.
Es esa falta de vigilancia del acusado lo que lleva
al magistrado a considerar que Estado es responsable
subsidiario del pago de las indemnizaciones por el
asesinato de David en el caso, prácticamente seguro,
de que Antonio R.P. no pueda responder de ellas.
No a la ex pareja
Respecto a quiénes tienen derecho a percibir esa
indemnización, el magistrado rechaza que pueda ser
compensada su ex pareja sentimental, de la que ya se
encontraba separado. David tenía ya una nueva
relación y vivía con sus padres.
La sentencia determina que son los padres y los
hijos los que deben recibir la indemnización. En el
caso del dinero de los hijos se establecerán las
cautelas necesarias para que puedan conservar ese
patrimonio.
En la ejecución de la sentencia se establecerá si el
padre, que sufre un grave trastorno mental a raíz
del asesinato de su hijo, es indemnizado por él. El
condenado no podrá acercarse ni a los padres ni a
los hijos de David durante diez años tras cumplir su
condena. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura |
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Los presos de ETA han rechazado la propuesta de la
dirección de la banda terrorista de no pagar las
fianzas como medio para evadir la cárcel. La
decisión se ha tomado después de un debate
desarrollado en los últimos meses entre los reclusos
y a cuyas conclusiones ha tenido acceso Vasco Press.
En un documento enviado a sus presos el pasado año,
la dirección de ETA había planteado el rechazo a
este pago, que para muchos imputados supone evitar
la prisión hasta la celebración del juicio. La
iniciativa provocó un intenso debate entre los
miembros de ETA encarcelados que, por abrumadora
mayoría, han rechazado la propuesta de la cúpula
etarra. Los presos de un total de 24 cárceles se han
pronunciado a favor del pago de las fianzas, frente
a los internos de seis centros que se han
manifestado en contra. Los recluso de otras siete
prisiones se han limitado a expresar sus dudas sin
un pronunciamiento claro al respecto.
Siempre según la información de la citada agencia,
algunos partidarios del pago de las fianzas han
justificado su postura invocando que con esta
posibilidad lo que está en juego es su propia
libertad, con lo que consideran válidos tanto el
pago de las cantidades fijadas, en su caso, por los
jueces de instrucción, como las conformidades en las
vistas como medio para conseguir rebajas de
condenas.
«Bastantes trabas ponen ya como para ponérnoslo más
difícil», señalan algunos participantes en el
debate, en referencia a cuestiones como la «doctrina
Parot» o el rechazo de excarcelaciones de reclusos
enfermos.«La prioridad es que la gente esté en la
calle», afirman los presos de otro centro, que
arguyen que resulta más cara la presencia en prisión
que abonar las fianzas. Lo explican así: «Las
fianzas se devuelven y normalmente son para salir.
La «dispersión», supone, sin embargo, una «mayor
sangría».
Otros etarras alegan que si se implanta la norma de
no pagar fianzas habrá «contradicciones y peleas»
entre reclusos y sus familiares, que, además, pueden
hacer efectivo el pago sin contar con la opinión de
los reclusos.
No obstante, también contemplan la posibilidad de
establecer diferencias entre miembros de una
«organización no clandestina», como el caso de los
miembros de Batasuna, y los de una «organización
clandestina» como ETA. «Los primeros no la tendrían
que pagar; los otros sí», señalan. Algún interno
apunta incluso que «nunca había que haber pagado»
fianzas como la de 400.000 euros que se impuso a
Arnaldo Otegi durante la tregua.
En este sentido, las opiniones de algunos etarras
reflejan un sentimiento de agravio respecto a la
situación de algunos dirigentes de Batasuna: «No es
lícito decir que no vamos a pagar fianzas después de
haber pagado algunas inmensas por unos cuantos
mandatarios de la izquierda abertzale». «¿Cómo se le
puede decir a un militante de a pie que no va a
poder pagar la fianza después de esto?», se
preguntan.
Por su parte, la minoría que defiende rechazar este
pago justifica su postura en que, más allá de la
trascendencia económica, las fianzas tienen una
influencia política: se entra «en el juego del
enemigo». |
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La sección sindical de
Acaip-sindicato de prisiones-, denunció
ayer la masificación de internos en la cárcel de
Castelló, que, a día de ayer, contaba con una
población de 822 reclusos, pese a tener una
capacidad para 420, lo que supone casi el doble.
Según señaló la misma fuente a través de un
comunicado, la apertura del centro de Albocàsser no
ha supuesto, por el momento, ningún alivio para las
instalaciones de la carretera de l'Alcora. "Muy al
contrario, la decisión de abrir la nueva prisión con
una remesa de internos de baja peligrosidad ha
supuesto el traslado de muchos de éstos desde
Castelló I, cuyas plazas han sido ocupadas
nuevamente, pero con internos de mucho peor perfil,
por lo que, a la masificación que soporta, debe
añadirse un aumento de la conflictividad, traducida
en un incremento de los incidentes y una mayor
tensión entre los reclusos por la falta de un
espacio mínimo para una normal convivencia".
Acaip recuerda que en el mes de febrero, la
secretaria de Instituciones Penitenciarias reconoció
la masificación y se comprometió a llevar a cabo un
paquete de medidas que a día de hoy no se ha
realizado. "Por el contrario, a pesar de ser
consciente de la problemática, ha continuado
autorizando el ingreso de numerosos y peligrosos
reclusos procedentes de otros centros, convirtiendo
la prisión de Castelló en un polvorín, que de seguir
así estallará ", según señala la citada nota. |
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La senadora del Grupo Parlamentario Popular por
Murcia, María José Nicolás, denunció hoy durante la
comparecencia del secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, en la Comisión de Interior, "el
hacinamiento y la masificación" que existe en el
centro penitenciario de Murcia, cuya realidad "es
que está diseñado para 350 internos y hoy hay
1.025", sentenció.
Además, recordó la respuesta por escrito remitida
por el Ministerio, que dice textualmente que "este
centro de Murcia, como el resto, soporta un
porcentaje elevado de población, si bien no existe
situación de saturación", según informaron fuentes
de esta formación política en un comunicado.
En este sentido, Nicolás interpeló a Camacho "a qué
llama saturación si no es a una ocupación del 292
por ciento, cuando la media nacional según el
sindicato Acaip
es del 160 por ciento", lo que incide "directamente
en las condiciones de trabajo del personal que
soporta una carga de trabajo superior a la
recomendable".
La parlamentaria por Murcia dijo que "las agresiones
y los altercados son cada día más frecuentes y
aunque no llegan a ser incidentes graves las peleas
son más habituales debido al hacinamiento y la
masificación", y puso de manifiesto la denuncia del
sindicato CSI-CSIF, que insiste en que "esta
situación de saturación no se ha dado nunca en la
historia moderna de las prisiones españolas".
Nicolás destacó que la celdas "están ocupadas por
tres internos que tienen que usar literas
provisionales, cuando esta situación está en contra
de lo que marca el Reglamento", y concretó que el
aseo "es compartido y no tiene ducha y agua
caliente".
La senadora popular reprochó al Gobierno de España
"no haber inaugurado ni un solo centro penitenciario
en la pasada legislatura, cuando la población
reclusa creció masivamente", y dijo que "ya llevan
gobernando cinco años gobernando y no la ven venir
ni en esto, ni en economía, ni en empleo".
"Meten la cabeza debajo del ala hasta que todo
explota y así no se puede gobernar un país, los
ciudadanos tienen unos derechos y si hay un
colectivo de ciudadanos que tienen un elevado riesgo
de exclusión son los reclusos y ex reclusos y
ustedes, los de la política social se han olvidado
de ellos", subrayó.
También recordó las palabras pronunciadas por el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en la
inauguración de la prisión Madrid VII, en julio de
2008, donde dijo que "los tres principios básicos
con los que debe trabajar un centro penitenciario
son la seguridad, la funcionalidad y la humanidad".
En su opinión, "no se puede hablar de la seguridad
de los reclusos y de los funcionarios de prisiones
cuando hay más de 1000 internos y los funcionarios
de vigilancia interior asumen más carga de trabajo
porque la prisión está diseñada para 350 reclusos".
En cuanto a la funcionalidad, la senadora popular se
preguntó si podía llamarse funcional "a una celda
diseñada para una persona, pero que la comparten
tres internos".
"En la realidad, en el centro penitenciario de
Murcia los internos no tienen espacio natural para
moverse dentro de la celda, debiendo permanecer dos
internos dentro del aseo para que el tercero pueda
acceder a la puerta de salida de la celda cuando
ésta se abre", apuntó.
Igualmente se refirió a la "humanidad" y señaló que
en las zonas diseñadas para 60 reclusos se hacinan
hasta 200 en cada turno, al tiempo que matizó que
"tampoco es humano compartir el espacio de uno entre
tres y a 40 grados en verano", lo que, a su juicio,
es "además de inhumano, un insulto a la inteligencia
cuando desde el Ministerio hablan de ventilación
correcta o de alta ocupación de nuestro sistema
penitenciario".
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La senadora del Grupo Popular por Murcia también
preguntó al Secretario de Estado de Seguridad por el
personal destinado en el centro penitenciario y por
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Para Nicolás, "después del panorama descrito lo que
cabe es alabar la profesionalidad de los
funcionarios y del personal del centro penitenciario
de Murcia porque consiguen evitar incidentes graves
y porque les guardan las espaldas a los responsables
políticos del Ministerio del Interior, al Ministro,
a la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias y al Delegado del Gobierno en
Murcia".
Ante esta situación, la senadora popular preguntó a
Camacho "en qué situación se encontraba el Plan de
Prevención de riesgos laborales del personal del
centro, que el pasado mes de enero nos comunicaron
que se estaba realizando".
Por último, mencionó las declaraciones de la
directora de Prisiones, Mercedes Gallizo, que dijo
que las cárceles deben ser "una oportunidad" para
personas que "se equivocaron en un momento de su
vida", aunque matizó que "la realidad es otra, en
cinco años el sistema penitenciario está más
deteriorado que nunca, más masificado que nunca, con
falta de centros, de personal, o con una clara falta
de coordinación entre el sistema judicial y
penitenciario, que brilla por su ausencia",
concluyó. |
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Camacho ha hecho estas reflexiones en la Comisión de
Interior del Senado, en respuesta a dos preguntas de
la senadora del PP María Teresa Cobaleda sobre la
'masificación' de este centro y, en general, del
resto del sistema penitenciario español.
El número dos de Interior ha iniciado su
intervención informando de que, a fecha 27 de marzo
de 2009, en este centro -que dispone de 1.208
celdas, 1.008 residenciales y 134 auxiliares y 66 de
régimen abierto-, había 1.652 internos en régimen
ordinario y 82 en régimen abierto.
A pesar de esta cifra 'no podemos hablar de
masificación o de saturación', ha señalado Camacho,
tras escuchar la opinión de la senadora en el
sentido de que la 'alta masificación' de la cárcel
de Topas es el 'fiel reflejo' del resto del sistema
penitenciario.
Sobre este asunto, el número dos de Interior ha
recordado que en la actualidad se está desarrollando
la ampliación del Plan de Amortización y Creación de
Centros, aprobado en Consejo de Ministros en
diciembre de 2005.
Así, ha señalado que en la legislatura actual y en
la anterior se han inaugurado cuatro centros
penitenciarios: Puerto III, Madrid VII, Castellón II
y Sevilla II, y se han ampliado las cárceles del
Dueso y Lanzarote.
La senadora del PP ha insistido en que, a pesar de
todos los centros que se han inaugurado últimamente,
la situación en la cárcel de Topas 'sigue siendo de
masificación' porque 'la ocupación ronda el 170 por
ciento de su capacidad'.
Ha recalcado que la 'superpoblación que padece' la
cárcel de Topas merma 'considerablemente' la calidad
de vida de los internos, a la vez que dificulta del
trabajo de los funcionarios.
Según ha explicado, los empleados de este centro
'denuncian constantemente el hacinamiento y exigen
una mayor dotación de personal para hacer frente a
la progresiva masificación'.
'El hacinamiento progresivo que padece hace
imposible la reeducación y reinserción social' que
prevé la Constitución, ha dicho Cobaleda, para
advertir de que 'estas condiciones están provocando
un aumento de la conflictividad entre los internos
entre sí o contra los funcionarios'.
El secretario de Estado, por su parte, ha adelantado
que está abierta una mesa de negociación con los
sindicatos para revisar el catálogo de puestos de
trabajo y las funciones que desarrollan. |
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La sección sindical de
Acaip denunció ayer la masificación de
internos de la prisión provincial de Castellón I,
una circunstancia que no se ha solucionado con la
apertura del nuevo penal de Albocàsser el pasado
año.
Según este sindicato, actualmente hay un 196% de
presos más de lo previsto, ya que con una población
de 822 internos, el centro penitenciario de
Castellón I soporta "el doble de la capacidad"
prevista para la prisión.
La entidad afirma además que la apertura del nuevo
recinto penitenciario de Albocàsser-Castellón II no
ha supuesto en ningún momento un desahogo para el
antiguo penal. "Muy al contrario, la decisión de
abrir la nueva prisión con una remesa de internos de
baja peligrosidad ha supuesto el traslado de muchos
de estos desde Castellón, cuyas plazas han sido
ocupadas, nuevamente, pero con internos de mucho
peor perfil, por lo que, a la masificación que se
soportaba, debe añadirse un aumento de la
conflictividad, traducida en un incremento de los
incidentes y una mayor tensión entre los reclusos
por la falta de un espacio mínimo para una normal
convivencia.
Para este sindicato, "la falta de unas condiciones
mínimas no perjudica solamente a la seguridad del
centro, sino que afecta a la labor del resto de
profesionales (personal sanitario, educadores,
trabajadores sociales, personal educativo y
administrativo), quienes no pueden desarrollar sus
respectivas funciones con la eficacia necesaria". La
sección sindical se reunió en febrero con la
secretaria general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, quien reconoció, según
Acaip, la
"masificación del centro y se comprometió a llevar a
cabo un paquete de medidas que, a día de hoy, no se
ha realizado. De hecho, ha continuado autorizando el
ingreso de numerosos y peligrosos reclusos desde
otros centros. |
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Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta considera que los
efectos colaterales del proyecto de la nueva
penitenciaría ceutí son “una derivación más de un
planteamiento erróneo”, tal y como manifestó ayer su
secretario general, Juan Luis Aróstegui, en
declaraciones a este medio.
El líder sindical afirmó que el proyecto de la nueva
penitenciaría es “un conjunto que no beneficia a la
ciudad”. De momento, tres empresas se verán
afectadas -Hoarce, Maquinaria Hidalgo y Makerel-,
debido a que el proyecto contempla un tercio del
barranco de Piniers.
“El Gobierno buscaba poner una cárcel de este tipo y
ha elegido Ceuta, donde la gente no protesta”,
añadió el secretario general de CCOO en Ceuta.
Además, los sindicatos representados en la cárcel de
Ceuta lamentan no recibir noticias sobre la nueva
prisión que el Estado comenzará a construir en
breve. Ni la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (DGIP), ni la Delegación del
Gobierno, ni la propia Dirección del centro
penitenciario de Los Rosales les ha hecho saber aún
los detalles que se encierra en el proyecto, aunque
esta misma indicó a este medio que no tiene
competencia para ofrecer información de este tipo,
ya que correspondería a las otras instituciones que,
al parecer, lo harán próximamente.
La Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) ha decidido no hacer ninguna
declaración sobre las noticias relacionadas con las
obras que salen a la luz pública, ya que entiende
que lo que está ocurriendo con los movimientos
previos a la construcción de la penitenciaría es “un
cachondeo”, ya que “un día dicen que la prisión va a
tener 648 celdas y, a la semana siguiente, 720.
Después se habla de que va a hacer cinco módulos de
primeros grados y 400 internos los fines de semana
en la calle...”. De esta manera,
Acaip afirmó que “no va
a entrar en el juego”. |
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Un funcionario de prisiones identificado como
J.C.P.P. ha sido detenido por presuntamente
introducir droga y otros objetos prohibidos en el
centro penitenciario Tenerife II, donde además ha
sido hallada una pistola de calibre ocho milímetros
y marca Bruni.
La detención del funcionario se enmarca en una
operación realizada por la Brigada Provincial de
Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Santa
Cruz de Tenerife Grupo II de Estupefacientes de la
Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que se
ha saldado con la detención de tres personas más:
P.G.P., T.M.R. y A.D.M., a quienes se les acusa de
ser presuntos autores del mismo delito contra la
salud pública por tráfico de drogas.
La operación Agravante, enfocada a la detección de
un grupo de personas que introducía droga y objetos
prohibidos en el centro penitenciario, culminó
asimismo con la imputación de otros cinco internos
que cumplen condena en el recinto y se intervinieron
80 kilos de hachís, además de la pistola.
El funcionario de prisiones era el encargado de
introducir la droga y objetos prohibidos, como
teléfonos móviles, máquinas de tatuajes y bebidas
alcohólicas, recibiendo a cambio cantidades de
dinero que variaban según el valor de lo ilegalmente
introducido. En los registros practicados en los
domicilios, en la taquilla personal del funcionario
y durante la investigación se obtuvieron pruebas que
sirvieron de base para que el Juzgado de Instrucción
de Guardia decretase el ingreso en prisión del
funcionario.
El transporte de la droga hasta los puntos de
entrega y almacenamiento la realizaba el detenido
P.G.P, taxista de profesión, que aprovechaba la
cobertura del taxi para no levantar sospechas,
interviniéndose en su domicilio la totalidad de la
sustancia estupefaciente.
Asimismo, se procedió a la detención de la mujer de
un interno de origen magrebí, T.M.R., y del hermano
de éste, A.D.M, quienes organizaban la entrega de la
droga y acordaban con el funcionario la entrega de
los objetos que pretendían introducir. En la
investigación se ha demostrado la participación en
la trama de cinco internos, destinatarios de los
objetos y la droga.
La Policía Nacional destaca que en el transcurso de
las investigaciones de los hechos se ha contado
con la colaboración de las autoridades del Centro
Penitenciario y de los trabajadores, “quedando
claramente determinado que se trata de un caso
aislado y que en modo alguno pone en entredicho la
labor diaria del resto de los funcionarios y
trabajadores del centro penitenciario Tenerife II”.
Las diligencias tramitadas, los efectos intervenidos
y los detenidos han sido puestos a disposición del
Juzgado de Instrucción de Guardia. |
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Tres internos de la prisión de Topas (Salamanca),
dos de nacionalidad rumana y uno española, han
tenido que ser trasladados al departamento de
aislamiento tras protagonizar una agresión de la que
fueron atendidos en la enfermería del centro
penitenciario.
EFE Esta nueva pelea, que tuvo lugar ayer, según ha
informado hoy el sindicato
Acaip a través de un comunicado, pone de
relieve que el Gobierno "no reconoce la lamentable
situación que viene padeciendo" la cárcel salmantina
motivada por la "masificación de presos y la escasez
de funcionarios".
Asimismo, denuncia que los internos se ven obligados
a compartir celda debido a la insuficiencia de las
mismas, una situación que, según concluyen las
mismas fuentes, es "fuente de conflictos", algunos
de los cuales "han derivado en graves agresiones". |
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Instituciones Penitenciarios confió en él por su
larga trayectoria al frente de diferentes prisiones
para poner en marcha Puerto III, una de las cárceles
más modernas y mejor equipadas del país que comenzó
a recibir internos de otros centros saturados el 20
de junio de 2007, trece días después de su
inauguración oficial. Francisco Sanz es también un
histórico que estuvo situado en la diana de las
amenazas de ETA cuando su nombre, junto al de otros
cuatro compañeros, apareció en unos artículos del
Gara firmados por el terrorista De Juana Chaos. El
próximo día 30 la trayectoria de Sanz volverá a dar
un nuevo giro, pero de 360 grados, ya que retornará
a la dirección de la cárcel de Huelva, su anterior
destino y su ciudad natal.
Francisco Sanz confirmaba ayer a este medio su
marcha de Puerto III y su satisfacción por el
trabajo realizado hasta ahora: «Me voy contento
porque han sido casi dos años intensos, que han
supuesto una grata experiencia como director. No
siempre se tiene la oportunidad de sacar adelante
una prisión nueva, con una elevada capacidad, pero
me puedo sentir satisfecho porque no ha habido
grandes problemas y dejo una prisión a pleno
rendimiento».
Sus motivos para cambiar de aires son «sencillamente
personales», ya que su traslado a Cádiz desde Huelva
no fue completo. En la capital onubense dejó a toda
su familia y con este retorno pone fin a las idas y
venidas constantes para conciliar la vida familiar y
profesional. Además, mantiene su función como
coordinador de las cárceles ubicadas en Andalucía.
Aunque Instituciones Penitenciarias aún no ha hecho
oficial el relevo en la dirección de Puerto III, los
funcionarios y el resto del personal que trabaja en
este centro ya conocen de manera oficiosa quién
sustituirá a Francisco Sanz. Se trata de Juan Carlos
Carrillo, quien lleva dirigiendo la prisión de
Cáceres desde junio de 2007, cuando llegó procedente
de la de Ibiza. Allí, en Cáceres, dejará una
importante reforma a punto de concluir, un nuevo
centro de integración social (CIS) que abrirá a
finales de año para albergar a 108 internos de
tercer grado.
Carrillo tomará las riendas de Puerto III a partir
del próximo 2 de mayo y con una población reclusa,
que a fecha del pasado viernes, está compuesta por
1.683 reclusos. La evolución del número de internos
en este centro ha sido de permanente crecimiento.
«Esta cárcel ha jugado un papel fundamental para
aliviar la falta de espacio de prisiones como Puerto
II. Si bien, con la entrada en funcionamiento del
nuevo centro de Morón, se ha consolidado una cifra
más o menos estable», decía ayer Francisco Sanz.
Esos 1.600 internos aún están lejos de la capacidad
máxima de esta prisión. En su primera entrevista
concedida en 2007 para este medio, Sanz fijaba en
2.500 ese techo de disponibilidad. |
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MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Un
informe elaborado por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, dependiente del
Ministerio del Interior, señala que "el centro
penitenciario Tenerife II presenta defectos en todos
los ámbitos", según señalaron ayer diferentes
fuentes sindicales representantes de los
funcionarios que trabajan en esta prisión. En este
sentido, los sindicatos subrayan que este informe
"avalaría nuestras quejas y denuncias sobre las
condiciones de precariedad en las que se ven
obligados a trabajar los funcionarios, pero también
las condiciones en las que cumplen las condenas los
internos así como aquellos aspectos que dependen
directamente de las decisiones que toma la dirección
del propio centro", señalaron.
El pasado viernes, representantes de las
organizaciones sindicales CSI-CSIF,
Acaip, CC OO, UGT y
APFP se reunieron con la directora del centro, María
Concepción Zurdo, para alcanzar algún acuerdo o
avance ante las demandas que vienen realizando desde
hace más de tres años, sin embargo, la directora
solicitó aplazar el encuentro hasta ayer, lunes.
Ya es hora de avanzar. Fuentes sindicales aseguraron
ayer que "consideramos que tras casi un año en la
dirección del centro, y después de haber mantenido
por nuestra parte la paz social, ya es tiempo
suficiente como para que la directora empiece a
atender nuestras peticiones o, que al menos, se
avance en alguna de las cuestiones que hemos
planteado".
Sin embargo, las fuentes sindicales señalaron que la
directora, en el día de ayer, "practicó una maniobra
dilatoria, es decir, nos dijo que necesitaba más
tiempo y que ya nos comunicaría cuándo nos
reuniríamos otra vez". Ante esta nueva situación,
los representantes sindicales decidieron ayer
suspender la concentración como medida de protesta
que tenían previsto convocar el próximo día 23
frente a las puertas del centro penitenciario
Tenerife II. Argumentan que la suspensión de la
medida es la de organizar mejor la protesta.
En este sentido, avanzaron que "al mismo tiempo que
hemos desconvocado esta concentración, hemos
decidido celebrar una asamblea de trabajadores el
próximo día 29 para comunicar cómo está la situación
y decidir las estrategias de acción que adoptaremos
en el futuro". Del mismo modo, los sindicatos
indicaron que se mantiene la concentración en las
puertas de la prisión el próximo día 30 de abril.
La mayor parte de los funcionarios que trabajan en
la prisión Tenerife II exigen la dimisión de la
directora "por su nefasta gestión del centro".
Aseguran que ha "interrumpido algunas de las
costumbres que se venían siguiendo en la cárcel,
costumbres adecuadas a la norma, y que redundaban en
beneficio de todos". Mantienen que la directora "es
sospechosa de haber pedido a los médicos del centro
acceder al ordenador que contiene la información
confidencial de los presos con enfermedades y, como
quiera que los facultativos se negaron, exigió al
técnico informático que le diera la clave de
acceso".
Asimismo, las organizaciones sindicales denuncian
que "la directora ordenó romper con el turno fijo de
visita del que disponían los familiares, lo que ha
traído numerosas quejas". Afirman que siempre se
había respetado un día, que elegían las familias,
para poder comunicar con los presos. Sin embargo,
ahora tienen que llamar por teléfono cada vez que
quieran hacer la visita.
El conflicto en la prisión Tenerife II viene de
antiguo. Una cárcel que fue construida para albergar
a 750 presos como máximo y que en la actualidad, a
pesar de los últimos trasladados que se han
producido a otros centros penitenciarios de la
Península, se encuentran internadas 1.690 personas.
Traslados irregulares
Las condiciones de hacinamiento de la prisión
Tenerife II han llegado a tal punto que en los
últimos seis meses se han producido al menos dos
conducciones de presos hacia centros penitenciarios
de la España peninsular para tratar de aliviar el
centro penitenciario. En total, y según fuentes
sindicales, se trasladó a un total de 144 presos. La
primera de estas conducciones se llevó a cabo el
pasado mes de septiembre y la segunda en febrero,
siendo 72 los internos trasladados en cada avión.
Según informaron las mismas fuentes sindicales, y a
tenor de la documentación que tienen, en las dos
conducciones se produjeron varios traslados
irregulares pues algunos de los presos contaban ya
con una propuesta para disfrutar del régimen
abierto, circunstancia que en caso de concedérsela a
los afectados, difícilmente se podría ejecutar si
los internos se encuentran fuera del lugar en el que
se encuentra su familia o el lugar en el que
residían antes de ingresar en prisión.
Los sindicatos han calificado estos hechos como "muy
graves". |
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Instituciones Penitenciarias adjudica la nueva cárcel de
Nanclares por 78,5 millones |
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21/04/09 |
| La construcción del nuevo
centro penitenciario de Nanclares, en el municipio alavés de
Iruña de Oca, ascenderá a 78,5 millones de euros. La Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP),
dependiente de Instituciones Penitenciarias, adjudicó ayer las
obras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC y
Plettac Electronics Seguridad. Se cumplen de este modo los
plazos que anunció en febrero pasado la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, por los que se
prevé que las obras comiencen a finales de año y que la
prisión abra sus puertas en la segunda mitad de 2011. |
El nuevo centro penitenciario se levantará en una
parcela de 502.000 metros cuadrados del antiguo
polvorín de Zaballa, a unos tres kilómetros de la
actual cárcel, pero al otro lado de la N-I. Con una
superficie construida de 81.427 metros, tendrá
cuatro plantas y contará con diez módulos
residenciales con 720 celdas, uno de régimen cerrado
con 36, otro de ingresos, salidas y tránsito con 56
calabozos, y uno de enfermería con un total de 64
camas.
La propuesta se presenta como un núcleo urbano
autosuficiente, pese a hallarse ubicado en suelo no
urbanizable. Se trata de una pequeña ciudad formada
por 12 minicentros, con servicios culturales,
sanitarios y deportivos comunes que tratan de cubrir
"todas las necesidades del interno, disminuyendo los
actuales traslados a servicios comunitarios
exteriores, y potenciando la política de
reinserción, objetivo final de la administración
penitenciaria actual", según la memoria de la SIEP.
Las instalaciones contarán también con un módulo de
comunicaciones con 35 locutorios destinados a las
entrevistas de abogados y jueces y a las
conversaciones privadas), además de 16 salas para
visitas de familiares y otras tantas para el vis a
vis.
En cuanto a la formación ocupacional, el módulo de
talleres está equipado con la preinstalación de
alumbrado, fuerza y aire comprimido necesarios para
el desarrollo de numerosas actividades industriales.
Otros dos talleres estarán destinados a trabajos de
manipulado y a la enseñanza de distintos oficios.
El complejo de edificaciones se levantará con
parámetros de construcción sostenible, con la
utilización de materiales menos contaminantes.
Además, se buscará el uso de energías renovables
para su mantenimiento. En cuanto a la distribución
de actividades, el eje central se presenta como una
plaza de ingreso, rodeada por los principales
edificios de la prisión, todos ellos en contacto
directo con el exterior para el acceso de
funcionarios o visitas externas. |
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Los presos de El Dueso sólo pueden ver la luna a
través de los barrotes. Tienen prohibido pisar el
patio, el más grande de España gracias a sus 90.000
metros cuadrados -nueve campos de fútbol como El
Sardinero-, una vez que anochece. Es uno de los
intereses que deben pagar antes de abonar, año tras
año, la deuda por sus delitos. Pero durante el día,
este penal centenario se convierte en una jaula con
vistas al mar. A la playa de Santoña. Las galerías
de las celdas, más propias de un clásico de
Hollywood, se quedan vacías y El Dueso se convierte,
salvando las distancias, en un pequeño pueblo donde
la escuela, el polideportivo, los talleres y las
fábricas aceleran las manijas del reloj para los 579
reclusos que cumplen condena aquí.
A las siete y media de la mañana es el toque de
diana. Los presos tienen media hora para ducharse y
arreglarse antes del primer recuento del día. A las
ocho de la mañana se sirve el desayuno y a las nueve
comienza, por así llamarlo, el 'tiempo libre'. La
gran mayoría, 417 de ellos, acuden a la escuela,
talleres y a las fábricas donde trabajan para
empresas externas que les pagan por hacer placas,
piezas neumáticas o llaves automáticas, entre otros.
Algunos no salen de la enfermería o siguen programas
especiales para maltratadores o drogodependientes.
Otros no quieren trabajar ni participar en ninguna
actividad y pasan la mañana en el patio.
Dos psicólogas del Plan Regional de Drogas, María y
Marga, se encargan de los talleres de
desintoxicación. Atienden a cerca de cien internos
de lunes a viernes. Durante la hora que dura cada
sesión, los presos hablan sobre sus problemas, ven
documentales sobre el tema y conversan con las
psicólogas. Todo es confidencial y ningún preso
puede contar fuera lo que se dice dentro.
«En la cárcel sigue entrando droga a través de los
permisos, las visitas familiares... es inevitable e
imposible de erradicar. Pero esto no es un
supermercado, se persigue y se sanciona», explica
María. «Aunque no sé si sería peor tener a 600
presos con el mono aquí dentro y sin absolutamente
nada de droga», añade.
El gimnasio es pequeño, pero hay suficientes
máquinas para todos los que están dentro. Raúl lleva
una cruz y un corazón tatuados en el hombro. Lleva
sólo un mes en El Dueso, pero es reincidente. «Ya es
como mi segunda casa», dice. Su nariz confiesa
coqueteos recientes con el boxeo: «Sí, lo era. Ahora
dedico dos horas al gimnasio cada mañana y por la
tarde me pongo los guantes para practicar». Ahora,
Raúl quiere encontrar trabajo dentro de la cárcel.
«Con tal de ganar dinero me da igual dónde»,
asegura. Daniel, su amigo, también reincidente y que
lleva una semana en la penitenciaría, lo tiene más
claro: «A mí me gustaría trabajar en la cocina».
Junto al gimnasio está la escuela de Secundaria,
Bachillerato y universidad a distancia, donde siete
profesores dan clase a 134 presos. Este año han
incluido además los cursos de panadería y cocina de
Formación Profesional. Los maestros están reunidos
ahora corrigiendo los exámenes de evaluación. «La
verdad es que hay pocos suspensos porque intentamos
valorar mucho el esfuerzo y la presencia. Es un
mérito para ellos asistir cada día a clase», explica
Tomás Monago.
En esta escuela se gradúan cada año una media de
ocho reclusos. Lo más complicado de mantener es la
estabilidad en la presencia. «Cuatro de cada diez
vienen todos los días, pero otros aparecen y
desaparecen. No se les puede obligar a los mismos
parámetros educativos que tiene la gente de la
calle. Las notas deben priorizar otros aspectos, no
sólo un exámen», señala Monago. Por eso, en tres
años ningún recluso ha conseguido acceder a
Educación Superior. «Aquí la élite llega al segundo
ciclo de la ESO», añade.
Ocho llamadas de cinco minutos
Cerca de la una del mediodía, la entrada a las
galerías de calabozos -una porticada con cierta
estética gótica- se atesta de reclusos. Muchos
quieren llamar por teléfono. Las cabinas están
agrupadas por letras correspondientes a los
apellidos de los internos. De la A a la D, de la E a
la J y así sucesivamente. En la cárcel no está
permitido el dinero de curso legal. No hay billetes
ni monedas, al menos a primera vista. Por eso cada
preso dispone de una tarjeta en la que están
guardados diez números de teléfono, los únicos a los
que puede llamar. Y con límites. Sólo ocho llamadas
a la semana de cinco minutos cada una.
A las 13:45 horas se empieza a servir la comida. El
menú permite elegir a los presos entre dos primeros
y dos segundos. Hoy, alubias con chorizo y morcilla
o spaguetti con tomate, y carne con arroz o pescado
con patatas. De postre, arroz con leche.
El Dueso estrenó hace poco los módulos de
convivencia. Este edificio, con 44 celdas, funciona
como un vestíbulo al mundo exterior. No todos los
presos pueden -ni quieren- acceder a él. A este
recinto, apartado del principal por un pequeño muro,
sólo pueden optar los que tengan buen
comportamiento, no consuman droga -se les hacen
analíticas cada cierto tiempo- y respeten unos
mínimos niveles de convivencia, como vestir aseados
y no gritar. Mikel, natural de Vizcaya, llegó el
pasado mes de julio a El Dueso y en septiembre se
convirtió en el primer huesped de este módulo. Aún
le quedan por pasar cinco años de condena por
tráfico de drogas. La otra mitad la cumplió en
Chile. «Aquello fue horrible, vivía cada segundo con
miedo. Cada día había uno o dos muertos y pensabas
que el próximo ibas a ser tú», recuerda.
Del infierno a, por lo menos, el purgatorio. Porque
Mikel, que trata a todo el mundo de 'usted', tiene
en El Dueso una celda para él solo («antes la
compartía, pero como el otro fumaba pedí el
cambio»), con baño propio, televisión y vistas a un
horizonte en el que se adivina el mar. «Muchos
hoteles quisieran tener esto», dice con una sonrisa.
Y es que la calidad de vida en la cárcel se mide por
si tienes o no ducha en tu celda. Eso es lo que
marca la diferencia.
Y también precisamente por esa misma razón muchos
reclusos miran con recelo a los inquilinos de este
módulo. «Existen leyes no escritas entre los presos.
Hay un submundo difícil de explicar. Muchos de ellos
creen que vivimos mejor porque nos chivamos a los
guardias...», explica.
Mikel dedica las horas a trabajar en el taller de
panadería y dirigir la cafetería y la biblioteca del
edificio. «Entre los remordimientos de conciencia
que tengo y el no poder ayudar a mi familia, tengo
que estar con la cabeza ocupada para no pensar»,
reconoce.
Mikel se despide con un «encantado». No cumple el
perfil de lo que uno espera encontrar en una
penitenciaria. «Es que no todos son iguales. Hay
gente que comete un error en su vida y tiene que
pagarlo, pero tiene muy claro que no volverá a
hacerlo», explica la subdirectora de Tratamiento,
Laura Pérez. En ese molde sí que encaja Mikel.
En El Dueso, al contrario que en otras cárceles, los
presos no duermen la siesta. Nada más terminar de
comer vuelven a salir al patio o regresan al trabajo
y a las actividades. Hasta que la luz comienza a
disminuir, sobre las cinco de la tarde en invierno y
a las siete en verano. Todos abandonan el patio y
regresan al módulo residencial después de un nuevo
recuento. A las ocho cenarán y a las nueve entrarán
en la celda, de la que no saldrán hasta once horas
después. |
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Los representantes sindicales de la Agrupación de
los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (ACAIP)
mantuvieron una reunión el pasado lunes con el
consejero de Fomento, Rafael Marín y con un técnico
de la Ciudad Autónoma, para discutir la ubicación
del nuevo centro penitenciario de Melilla.
Tras indicar los representantes de los trabajadores
de la penitenciaria los requisitos que debería
reunir la nueva ubicación, la Ciudad Autónoma
ofreció dos posibilidades, resultando una de ellas
“altamente interesante” a juicio de los
sindicalistas de prisiones.
Según ACAIP, ahora es preciso que la dirección de la
cárcel inste a la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, que ya mostró interés
durante su visita a la ciudad, a que se realicen las
gestiones necesarias para que ese interés se vea
reflejado en el próximo Plan General de Ordenación
Urbana de la ciudad de Melilla.
Fuentes del sindicato agradecieron tras la reunión,
mediante nota de prensa, el interés que ha mostrado
la Ciudad Autónoma en el proyecto, ya que han
reiterado en anteriores reuniones que es necesaria
la construcción de un nuevo centro penitenciario en
Melilla. |
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J.F.M. PALMA. Un preso de la cárcel de Palma ha sido
condenado a tres años y dos meses de prisión por
traficar con drogas en el centro penitenciario de la
carretera de Sóller. Tras mantener un encuentro "vis
a vis" con otra persona se averiguó que había
conseguido droga y que pretendía después venderla
entre la población reclusa.
Este incidente en la cárcel de Palma se produjo el
día 13 agosto de 2007. Tras mantener este encuentro
con otra persona los funcionarios sospecharon que el
preso había consumido droga. Se le realizó un cacheo
superficial y no se le encontró nada. Los
funcionarios de la prisión decidieron trasladarle a
la enfermería para realizarle una analítica. Cuando
estaba en la sala de reconocimiento, a la espera del
análisis, el acusado entregó a otro interno una
sustancia envuelta en un preservativo, que
previamente había portado en el interior de su
organismo. A pesar de este intento de deshacerse de
la droga entregándosela a un compañero de la cárcel,
los funcionarios consiguieron intervenirla.
La sentencia de la Audiencia de Palma refleja que el
preservativo contenía tres barritas de cannabis. El
peso era de 16,130 gramos y su valor en el mercado
era de algo más de 72 euros. La sentencia declara
probado que el acusado había conseguido entrar esta
droga en la cárcel de Palma para poder venderla
entre la población reclusa. |
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El Defensor del Pueblo ha pedido a las
administraciones que mejoren las condiciones de los
hospitales psiquiátricos penitenciarios y se
refuercen los servicios que prestan a los internos
aquejados de enfermedades mentales más graves.
La petición es consecuencias de las recientes
visitas que la oficina del Defensor del Pueblo ha
realizado a los dos centros de este tipo que existen
en España, situados en Alicante y Sevilla, que
dependen de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
Fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo han
señalado que la renovación de las infraestructuras
en los centros penitenciarios ordinarios no ha
supuesto una mejora en los hospitales psiquiátricos
penitenciarios.
Aunque en los últimos años se ha invertido y
mejorado las prisiones, "estos centros son los
grandes olvidados, están como podían estar hacer 20
años", ha detallado uno de los responsables del
informe, que ha visitado los centros a principios de
marzo.
Así, ha explicado que los más de 400 internos del
psiquiátrico de Alicante y los cerca de 200
internados en el centro de Sevilla -en su mayoría
esquizofrénicos- están atendidos "con esfuerzo y
dedicación" por personal de la administración y de
ONG que "no basta para atender sus necesidades".
La condiciones de vida de los reclusos en estos
centros "no son equiparables a las del resto de los
presidiarios del sistema penitenciario español", ha
subrayado el autor del informe.
Además de un refuerzo de las plantillas de estos
centros, el Defensor del Pueblo ha destacado la
necesidad de disponer de mayores recursos
terapéutico-asistenciales en el momento de la puesta
en libertad de los internos, para ayudarles en la
necesaria integración social.
El estudio ya ha sido remitido a la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, responsable
de todas las cárceles españolas salvo las de
Cataluña. |
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El secretario de Administración Pública e Interior,
Francisco García Peña, reiteró hoy la voluntad de la
Junta de Extremadura de iniciar el proceso de
transferencias del personal sanitario de
instituciones penitenciarias circunscrito a los
centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz.
Así respondió García Peña a la pregunta del diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Quintana,
durante la Comisión de Administración Pública de la
Asamblea de Extremadura.
Quintana justificó su pregunta haciendo referencia a
la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, que en su disposición adicional
sexta habla de que las transferencias a las
comunidades autónomas de los servicios sanitarios
dependientes de instituciones penitenciarias habrán
de sustanciarse en 18 meses desde la entrada en
vigor de la misma.
En este sentido, el popular añadió que ya hace seis
años desde la entrada en vigor de esta Normativa,
por lo que debería procederse ya al traspase de esas
transferencias en estos dos centros penitenciarios
de la región.
Al respecto, el secretario de Administración Pública
e Interior recordó que el objeto de hacer una
transferencia implica prestar un servicio en unas
condiciones determinadas y asumir una serie de
recursos y de funciones que anteriormente venían
realizándose por otra administración distinta.
En relación a esto, dijo que gran parte de esas
funciones ya se vienen prestando por parte de
Extremadura, de tal manera que hace ya varios años
existe un convenio de colaboración entre
instituciones penitenciarias y el Servicio Extremeño
de Salud (SES), mediante el cual los reclusos de los
centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres están
siendo asistidos por el SES en atención
especializada, en telemedicina y en prestación de
farmacéutica.
Por tanto, aseguró que gran parte del camino está
andado y en el sentido de realizar la transferencia
en sí, manifestó que lo único que implicaría es la
integración del personal sanitario que presta sus
servicios e estos centros que pasara a depender de
la Junta.
MATIZACIONES
En su turno de réplica, Quintana quiso hacer unas
matizaciones, como que la asistencia que desde
instituciones penitenciarias se presta con carácter
general al recluso dentro de España es de tan alta
calidad que quizás sea de las mejores de Europa,
algo que se debe, fundamentalmente, a la
profesionalidad del personal sanitaria circunscrito
en la región.
Finalmente, destacó que el convenio demuestra la
sensibilidad de la Secretaría General de
instituciones penitenciarias, de la Junta y de los
profesionales de la medicina de estos dos centros
penitenciarios, “un convenio que está por encima de
la media nacional”.
PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL
Posteriormente, el diputado del PP, Juan Antonio
Barrios, preguntó sobre previsiones de la Junta de
Extremadura en cuanto a subvencionar a los
Ayuntamientos que cuentan con Plan de Protección
Civil de ámbito local, con el fin de que éstos los
pongan en marcha.
La contestación vino de la mano del director general
de Justicia e Interior, Rafael Cuadrado, quien
informó que el Gobierno regional tiene dos líneas de
ayudas para este fin.
Con la primera de ellas financian la elaboración y
la implantación de los planes municipales, y con la
que en el período de 2004 a 2008 otorgaron
subvenciones a 123 municipios y doce mancomunidades
por valor de 1.042.000 euros.
Y la otra línea es para dotar de equipamiento de
protección civil a las agrupaciones de voluntarios y
para financiar proyectos en esta materia a aquellas
entidades que tengan Plan de Protección Civil. Aquí,
entre 2004 y 2008, se subvencionaron 712 proyectos,
por un importe global de 1.109.000 euros.
Finalmente, Pérez Cuadrado mencionó que el 1 de
abril se publicó en el DOE la orden del 23 de marzo,
por la que se convocan subvenciones para las
entidades locales con destino a la realización de
proyectos dirigidos al desarrollo y mejora de la
protección civil en el ámbito local para 2009. Son
subvenciones por un importe de casi 400.000 euros. |
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Juan Carlos Carrillo, desde mayo de 2007 director
del centro penitenciario de Cáceres, ha sido
nombrado por el Ministerio del Interior nuevo
director de Puerto III.
Carrillo, nacido en Badajoz hace 41 años, es
licenciado en Derecho por la Universidad de
Extremadura y jurista del Cuerpo Superior de
Instituciones Penitenciarias.
Funcionario desde 1994, ha desempeñado tareas en el
área de vigilancia y seguridad en los centros de
Cáceres-jóvenes, Palma de Mallorca y Lanzarote.
También fue director del centro penitenciario de
Ibiza y desde hace dos años ocupaba la dirección del
centro cacereño. Puerto III, a donde se incorpora,
fue puesto en marcha en 2007 |
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Un total de 6.790 hombres estaban recluidos en
prisión el pasado 1 de enero después de haber sido
condenados por delitos relacionados con la violencia
de género, según datos oficiales del Ministerio del
Interior, a los que ha tenido acceso Europa Press,
lo que supone un aumento de alrededor del 70 por
ciento con respecto a las cifras que Instituciones
Penitenciarias manejaba un año antes.
Según estos datos, los casi 7.000 hombres que
estaban en prisión a principios de 2009 por haber
maltratado a su pareja o ex pareja sentimental
representaban en torno al 9 por ciento de la
población reclusa.
Un año antes, a principios de enero de 2008, fuentes
penitenciarias aseguraban que en las cárceles
españolas había algo más de 4.000 internos
condenados por violencia de género, los cuales
representaban el 6 por ciento del número total de
presos.
Por otra parte, las cifras del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial, hechos públicos esta
semana, muestran que 95.284 hombres han sido
condenados por malos tratos en los tres años y medio
de aplicación de la Ley contra la Violencia de
Género.
El estudio, que abarca desde julio de 2005 hasta el
31 de diciembre de 2008, pone de relieve que en este
tiempo los jueces han dictado 140.705 sentencias, de
las el 68 por ciento eran condenatorias (95.284) y
el 32 por ciento absolutorias (45.421).
REHABILITACIÓN DE LOS MALTRATADORES
Sobre la rehabilitación de los maltratadores, los
datos de Instituciones Penitenciarias indican que
965 presos han participado entre 2005 y 2008 en los
programas de tratamiento de violencia de género
impartidos en las propias cárceles.
El Gobierno hace una valoración "positiva" de estos
programas porque se han ido implantando
progresivamente en los centros penitenciarios y por
los buenos resultados que se observan entre sus
participantes, aunque precisan que "para una
valoración más adecuada en términos de incidencia
delictiva es necesario un mayor margen temporal de
observación".
Además, la secretaría general de Instituciones
Penitenciarias ha manifestado su voluntad de que
estos programas de rehabilitación "se encuentren
implantados de forma estable en el mayor número de
centros penitenciarios posible". |
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Los presos del centro penitenciario Madrid IV
Navalcarnero han permanecido en huelga de hambre los
días 23 y 24 de abril por la nueva normativa del
centro que prohíbe a los internos sentarse a comer
"donde quieran", como llevaban haciendo desde hace
más de 15 años, informó hoy el sindicato de
prisiones Acaip. Además, se obliga a los
funcionarios a cerrar la sala de televisión--lugar
donde los del segundo turno esperaban para comer--
con el fin de que los presos hagan cola en la puerta
hasta que los del primer turno hayan terminado.
Hasta ahora los internos podían ocupar la silla que
quisieran en el comedor, pero el pasado 23 de abril
la dirección del centro penitenciario ordenó a los
funcionarios modificar la forma en la que se reparte
la comida. De esta manera se pretende que los presos
vayan ocupando las mesas en orden de llegada, lo que
hace que se sienten a comer "cada día con una
persona diferente".
Esta medida no sentó muy bien a los internos que,
tras conocer los cambios, "se negaron" a entrar en
el comedor. Tras el acto de protesta, la dirección
ordenó que no se les diera de comer si éstos "no
pasaban" al comedor y, además, que se tirara "a la
basura" la cantidad que había sobrado.
El conflicto siguió aumentando y, tras desobedecer
en repetidas ocasiones las órdenes de todos los
mandos del centro, la dirección, como medida de
represalia, mandó a cinco internos a las "celdas de
aislamiento". No obstante, esta iniciativa tampoco
calmó los ánimos y al día siguiente 140 internos se
volvieron a negar a comer, por lo que su comida
terminó en el contenedor.
UNA MEDIDA MÁS "INOPERATIVA"
En este sentido, el sindicato de prisiones Acaip
denunció la nueva normativa ya que, a su juicio, no
es entendible "el motivo" para cambiar algo que
venía "funcionando bien" desde hacía años y que "no
daba problemas". Asimismo, el sindicato afirmó que
este sistema es "mucho más inoperativo" por el nivel
de hacinamiento que "padece" el centro y la "falta
de espacio en el comedor".
"Creemos que la dirección pretende crear problemas
donde no los había, incumpliendo así una máxima
dentro de la vida en prisión: los problemas en la
cárcel vienen solos, no es necesario ir a
buscarlos", indicó Acaip, al tiempo que explicó que
para un mando o un funcionario lo principal es
"resolver los problemas cuando se presenten, no
crearlos".
Por ello, el colectivo denunció que son los
funcionarios de vigilancia los que tienen "que
solucionar los conflictos" y no los directivos que
dan órdenes y luego se van "tranquilamente a sus
casas". Asimismo, Acaip mostró su preocupación con
la polémica suscitada por la nueva norma ya que los
funcionarios "no pueden dar la razón" a los presos
porque supondría la "quiebra del principio de
autoridad" dentro del Centro Penitenciario.
Por último, el sindicato informó que en los próximos
días entregarán una queja a la Secretaría General
contra la dirección del Centro por considerar
"irresponsable" que las autoridades de la cárcel
"alteren la convivencia ordenada" y pongan en
"peligro" la seguridad del recinto penitenciario. |
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El Supremo ha echado abajo, declarándolo nulo de
pleno derecho, el protocolo de la Universidad del
País Vasco para matricular a presos. El Alto
Tribunal ha estimado el recurso que la Abogacía del
Estado interpuso contra una sentencia dictada por el
Tribunal Superior del País Vasco, que avaló el
protocolo de la UPV, elaborado en 2005.
Ese protocolo "no es conforme a Derecho", declara el
Supremo, porque "desconoce e ignora" la Ley
Penitenciaria. Desde 2003, esta norma exige que para
que las personas presas puedan acceder a la
educación universitaria será necesario que la
Administración Penitenciaria suscriba previamente
los correspondientes convenios con las Universidades
públicas.
Fue una reforma legal realizada por el Gobierno del
PP a la vista de los espectaculares expedientes
académicos que decenas de presos etarras -algunos de
ellos incluso prófugos de la Justicia- venían
obteniendo de forma sistemática en la UPV, y no en
otras universidades como la UNED. Las denuncias
sobre presuntas irregularidades en esos expedientes
son objeto de investigaciones judiciales que
prosiguen en la actualidad.
El Tribunal del País Vasco respaldó el protocolo de
la UPV porque, aun admitiendo que su redacción
"puede dar lugar a confusión", "ha de interpretarse"
en el sentido de excluir de su aplicación a los
internos en centros penitenciarios españoles a no
ser que medie el oportuno convenio. "Su ámbito de
aplicación se restringe entonces a los internos en
centros penitenciarios ubicados en el extranjero",
estimó.
El Supremo ha casado la sentencia del Tribunal vasco
y ha declarado nulo el protocolo de la UPV. "No es
posible que exista un protocolo que desconozca que
ha de nacer del convenio previo suscrito entre la
Universidad autora del mismo y la Administración
Penitenciaria, en el que se fijen las garantías para
su aplicación para que, de ese modo, se cumplan en
la enseñanza que se imparte las condiciones y el
rigor y la calidad inherentes a ese tipo de
estudios", afirma la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en una sentencia de la
que ha sido ponente el magistrado Santiago
Martínez-Vares.
"En nada modifica esta conclusión", añade, "que se
afirme que quedó probado que desde la modificación
de 2003 no existen alumnos internos en
establecimientos penitenciarios españoles
matriculados en esa Universidad, y ello porque eso
no acredita más que esa circunstancia", pero no
desvirtúa que el protocolo estuviera específicamente
dirigido a esos posibles alumnos ignorando la
exigencia legal de que ha de existir un convenio
previo con la autoridad penitenciaria.
El Supremo tampoco acepta la conclusión del Tribunal
vasco de que el protocolo de la UPV puede aplicarse,
en todo caso, a las personas presas fuera de España.
"No es posible olvidar", argumenta, "que estamos en
presencia de internos en centros penitenciarios de
otro Estado que se matriculan en Universidades
españolas para conseguir títulos de enseñanzas
universitarias que expiden esas Universidades pero
que reconoce el Estado español".
El Tribunal exige que el protocolo "posea el
respaldo previo del convenio firmado entre la
Administración penitenciaria española y la
Universidad", aunque se trate de internos en el
extranjero, porque el Estado español debe "velar por
que esos títulos avalen, frente a otros Estados, que
los conocimientos que presuponen y que habilitan
para el ejercicio de profesiones tituladas se han
obtenido con garantías". |
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J.F.M. PALMA. Un interno del centro penitenciario de
Palma golpeó a un funcionario durante una pelea
desarrollada en la cárcel. Según denunciaron ayer
fuentes de UGT y de los sindicatos
ACAIP y Comisiones
Obreras, esta agresión se produjo el pasado sábado.
El funcionario tuvo que ser trasladado al hospital
de Son Dureta al presentar un golpe en la cabeza que
precisó seis puntos de sutura. Los médicos le
obligaron a permanecer durante 24 horas en
observación.
Según señalaron las citadas fuentes, el agresor es
un individuo que internamente en la cárcel se le
considera un preso conflictivo. Parece ser que el
pasado sábado este recluso estuvo implicado en una
pelea con otros internos de la prisión de Palma. El
funcionario tuvo que intervenir en la disputa para
calmar los ánimos. Fue en ese momento cuando, según
señalaron fuentes de los sindicatos, el interno
lanzó al funcionario de la prisión contra una mesa
de cemento. El golpe contra este mueble le ocasionó
al funcionario una herida incisa-contusa en la zona
occipital. La herida era preocupante y fue llevado
hasta el hospital de Son Dureta. Por fortuna, la
lesión que presentaba la víctima no fue grave, pero
aún así tuvo que pasar la noche en el hospital en
observación ante la posibilidad de que presentara
lesiones internas. Sin embargo, según afirman los
sindicato, el golpe hubiera podido ser mucho más
grave si en vez de golpearse la zona occipital
contra la mesa se hubiera golpeado la nuca.
Los sindicatos exigen a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que se adopten las
medidas de seguridad correspondientes para proteger
la integridad física de los funcionarios que
desarrollan su trabajo en el centro penitenciario de
Palma.
Los representantes de los trabajadores señalan en un
comunicado que el exceso de población reclusa en las
cárceles, y en concreto en la de Palma, es una de
las causas que explica el aumento progresivo de la
inseguridad en el ámbito penitenciario. Por ello,
los sindicatos exigen más medidas de seguridad. |
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Los presos del centro penitenciario Madrid IV
Navalcarnero han permanecido en huelga de hambre los
días 23 y 24 de abril por la nueva normativa del
centro que prohíbe a los internos sentarse a comer
"donde quieran", como llevaban haciendo desde hace
más de 15 años, informó hoy el sindicato de
prisiones Acaip.
Además, se obliga a los funcionarios a cerrar la
sala de televisión--lugar donde los del segundo
turno esperaban para comer-- con el fin de que los
presos hagan cola en la puerta hasta que los del
primer turno hayan terminado.
Hasta ahora los internos podían ocupar la silla que
quisieran en el comedor, pero el pasado 23 de abril
la dirección del centro penitenciario ordenó a los
funcionarios modificar la forma en la que se reparte
la comida. De esta manera se pretende que los presos
vayan ocupando las mesas en orden de llegada, lo que
hace que se sienten a comer "cada día con una
persona diferente".
Esta medida no sentó muy bien a los internos que,
tras conocer los cambios, "se negaron" a entrar en
el comedor. Tras el acto de protesta, la dirección
ordenó que no se les diera de comer si éstos "no
pasaban" al comedor y, además, que se tirara "a la
basura" la cantidad que había sobrado.
El conflicto siguió aumentando y, tras desobedecer
en repetidas ocasiones las órdenes de todos los
mandos del centro, la dirección, como medida de
represalia, mandó a cinco internos a las "celdas de
aislamiento". No obstante, esta iniciativa tampoco
calmó los ánimos y al día siguiente 140 internos se
volvieron a negar a comer, por lo que su comida
terminó en el contenedor.
UNA MEDIDA MÁS "INOPERATIVA"
En este sentido, el sindicato de prisiones
Acaip denunció la
nueva normativa ya que, a su juicio, no es
entendible "el motivo" para cambiar algo que venía
"funcionando bien" desde hacía años y que "no daba
problemas". Asimismo, el sindicato afirmó que este
sistema es "mucho más inoperativo" por el nivel de
hacinamiento que "padece" el centro y la "falta de
espacio en el comedor".
"Creemos que la dirección pretende crear problemas
donde no los había, incumpliendo así una máxima
dentro de la vida en prisión: los problemas en la
cárcel vienen solos, no es necesario ir a
buscarlos", indicó Acaip,
al tiempo que explicó que para un mando o un
funcionario lo principal es "resolver los problemas
cuando se presenten, no crearlos".
Por ello, el colectivo denunció que son los
funcionarios de vigilancia los que tienen "que
solucionar los conflictos" y no los directivos que
dan órdenes y luego se van "tranquilamente a sus
casas". Asimismo, Acaip mostró su preocupación con
la polémica suscitada por la nueva norma ya que los
funcionarios "no pueden dar la razón" a los presos
porque supondría la "quiebra del principio de
autoridad" dentro del Centro Penitenciario.
Por último, el sindicato informó que en los próximos
días entregarán una queja a la Secretaría General
contra la dirección del Centro por considerar
"irresponsable" que las autoridades de la cárcel
"alteren la convivencia ordenada" y pongan en
"peligro" la seguridad del recinto penitenciario. |
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Frente al hacinamiento, soluciones imaginativas.
Frente a la desidia institucional, su señoría
sacando una chistera de ley.
Lo ha hecho el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
número 1 de Madrid, que en un auto pionero dictado
ayer ordena a la prisión de Valdemoro enviar a casa,
bajo control telemático, a dos reclusos que deberían
estar cumpliendo su condena en la semilibertad que
les da su régimen de tercer grado.
La avanzadilla de los dos internos es la primera
remesa de un grupo de ocho por los que intercederá
'motu proprio' al rescate este juzgado. Kafka se ha
metido a alcaide: en vez de estar pagando su culpa
fuera de la prisión como manda la ley, lo están
haciendo dentro, concretamente en el módulo de
ingresos.
El enclaustramiento indebido de los ocho de
Valdemoro es consecuencia directa del hacinamiento
de la penitenciaría y conculca el derecho de unos
reclusos que, por lo demás, ya han consumido tres
cuartas partes de la condena (basta con haber
cumplido más de la mitad de la pena para pasar a
tercer grado en los peores supuestos).
Según el artículo 80 del reglamento penitenciario,
los internos que están en tercer grado pueden
cumplir su condena en tres tipos de establecimientos
de régimen abierto: 1) en un CIS o Centro de
Inserción Social (salen a trabajar y vuelven allí a
dormir); 2) en una Sección Abierta (similar al
anterior y fuera de las prisiones), o 3) en una
Unidad Dependiente (generalmente para madres
embarazadas).
El hecho de que la Sección Abierta de Valdemoro esté
saturada y la indolencia de Instituciones
Penitenciarias se han aliado, han hecho posible el
dislate y han dado con los huesos de estos internos,
ahí es nada, en el módulo de ingresos de la prisión,
en el interior de la misma.
La Sección Abierta de Valdemoro que hay fuera de la
cárcel alberga a 128 internos de tercer grado, dos
por habitación. Dado que el centro no tenía más
espacio donde ubicar a los nuevos clasificados, los
ha ido metiendo dentro. Y ha elaborado una lista de
espera y todo: cuando hay una plaza libre en la
Sección, los tercer grado del módulo de ingresos las
van ocupando.
Sucede que, desde hace unos meses, los internos le
han ido al juez con la historia en distintos
escritos: permanecen en dependencias inadecuadas
donde carecen de las actividades propias de su
clasificación. Muchos llegan tarde a sus trabajos
por los controles que supone salir de la cárcel; no
reciben visitas de psicólogos; no disponen de
economato; no cuentan con actividades formativas ni
deportivas, y el día de la marmota es de lunes a
domingo. La paradoja final es que, en vez de gozar
de un tercer grado en la Sección Abierta, los
internos están en un módulo donde las condiciones de
vida son aún más duras que las del régimen
ordinario.
Al juez le llegaron los ecos aquellos y realizó dos
visitas sorpresa a la prisión a comprobarlo. La
primera fue el 18 de marzo y pudo comprobar que
había 30 personas que no debían estar allí dentro.
La segunda fue el 20 de abril y pescó a nueve
incrustados. Entre visita y visita hubo un escrito
de queja y propuesta del juez a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y el silencio como
toda respuesta.
De ahí el auto revolucionario de ayer. La resolución
judicial, que aplica el artículo 86.4 del reglamento
penitenciario, manda a los reclusos a su hogar con
un dispositivo de control telemático "para comprobar
que pernoctan en el mismo las ocho horas que exige"
dicho precepto. "Claramente la insuficiencia de
plazas en los CIS y en las secciones abiertas está
repercutiendo de manera negativa en las condiciones
de vida de los internos clasificados en tercer
grado". |
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El Gobierno está procediendo a esta reagrupación de
presos ‘disidentes’ en cárceles cercanas al País
Vasco para presionar a la banda terrorista en un
momento de trascendental importancia política en la
lucha contra ETA.
El Ministerio decidió aplicar esta política
penitenciaria desde el pasado mes de octubre, cuando
seis importantes ex dirigentes firmaron una carta
dirigida a la dirección de ETA y en la que
manifestaron su apuesta por el abandono definitivo
de la ‘lucha armada’, desmarcándose del colectivo de
‘makos’ (presos de la banda). Los acercamientos
continuarán durante los próximos meses.
De esta forma, tras los últimos movimientos de hace
unos días, los miembros de ETA que han criticado la
actitud violenta de la banda se encuentran
distribuidos de esta forma en las prisiones
españolas:
Zuera
El centro penitenciario zaragozano alberga, a día de
hoy, a diecinueve etarras. En los últimos meses,
varios destacados ex dirigentes de la banda han sido
trasladados allí desde otras cárceles. Son estos:
-- Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’, ex ‘número
uno’ de de ETA. Fue uno de los que firmaron la carta
en la que se abogaba por el abandono de las armas.
-- Carmen Guisasola Solozábal, ‘Lourdes’, ex jefa
del ‘comando Vizcaya’; Jose Luis Urrusulo Sistiaga,
‘Joseba’, pistolero condenado por 16 asesinatos y
dos secuestros; José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’,
y Kepa Picabea Ugalde, ‘Pikabea’. Los cuatro
decidieron abandonar el Colectivo de Presos
Políticos Vascos (EPPK) tras una decisión “personal
y voluntaria, profundamente madurada e
inmediatamente comunicada a los compañeros” de la
banda terrorista. Ambos han sido trasladados de la
prisión de Logroño a la de Zuera.
-- Ignacio Arakama Mendia, ‘Makario’, trasladado
también a Zuera, fue uno de los tres representantes
de ETA en las ‘Conversaciones de Argel’.
-- Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, que
ordenó el atentado de Hipercor, en Barcelona, y el
de la República Dominicana en Madrid. Fue trasladado
a la prisión de Zuera desde la de Puerto I (Cádiz)
el pasado 5 de marzo. Ha sido condenado a 790 años
de cárcel.
-- Rafael Caride Simón, ‘Rafa Gallego’. Fue el
etarra colocó el coche cargado con 25 kilos de
amonal y líquido inflamable en el aparcamiento de
Hipercor, en el que perdieron la vida 23 personas y
resultaron heridas otras 45. Ha sido trasladado a
Zuera desde Curtis-Teixeiro.
-- Jon Koldo Aparicio Benito. Denunció, en diciembre
de 2003, al Estado ante la Corte Europea de Derechos
Humanos de no tener zonas específicas de fumadores
en las prisiones, recurso que fue acogido por la
corte. Expulsado de la banda por la famosa carta de
disidentes ha sido trasladado desde la cárcel de
Algeciras.
-- Sergio García Razkin. En agosto de 2000 escribió
este texto: “Yo todas las noches encuentro algún
motivo para reírme del mundo, sobre todo
últimamente, cuando veo a Mayor Oreja explicar lo
inexplicable. De funeral en funeral los quiero ver a
los listos estos, al menos mientras nos tengan como
nos tienen”. Proviene de la prisión de Alcázar de
San Juan.
-- Otros etarras que han ingresado en Zuera son José
Ramón Martínez García; Peio Odriozola, que estaba en
la prisión de Bonxe; Jorge Uruñuela, condenado a 16
años por ‘kale borroka’ y Leire Martínez Pérez,
alias ‘Maitane’, reagrupada desde la cárcel de
Granada.
Villabona (Asturias)
-- Álvaro Arri Pascual. Procede del centro
penitenciario de Alcolea (Córdoba). La Audiencia
Nacional condenó a 208 años de cárcel al etarra por
su participación en el atentado perpetrado el 29 de
julio de 1994 en la plaza de Ramales de Madrid, en
el que murieron el teniente general Francisco
Veguillas y otras dos personas.
-- Ismael Arrieta Pérez de Mendiola. Ex párroco
Salvatierra (Álava). Condenado a 30 años de
reclusión y tres días de prisión, por el asesinato
de tres guardias civiles en 1980. Trasladado a
Villabona procedente de El Dueso (Santander).
-- Iñaki Bilbao Beaskoetxea. Condenado como autor
material del asesinato de Juan Priede. Firmó la
carta de disidentes junto a, entre otros, ‘Pakito’.
Procede de Huelva.
-- Valentin Lasarte Oliden. Condenado por el
asesinato de Fernando Múgica y Gregorio Ordóñez.
Procede del centro de Ocaña. Podría ir a Zuera en
las próximas semanas.
-- José Ramón López de Abetxuko. Trasladado en
octubre desde Andalucía.
-- Joseba Koldo Martín Carmona. Integrante del
‘comando Vizcaya’. Aseguró que el ex consejero vasco
de Interior, Juan María Atutxa, es objetivo de ETA
por “seguir siendo enemigo de nuestro pueblo, lo
mismo que el guardia civil destinado allí, que está
oprimiendo a mi pueblo”. Proviene de la cárcel de
Málaga y está condenado por el asesinato de un
sargento del Ejército en Lujua (Vizcaya).
-- José Ramón Martínez de Lafuente e Iñaki Rekarte
Ibarra. Ambos vienen desde Topas.
-- Kepa Mirena Solana Arrondo. Firmó la carta de
disidentes junto a ‘Pakito’, entre otros. Estaba
ingresado en el centro de El Puerto.
-- Félix Zabarte Jainaga. Condenado por el asesinato
de dos policías municipales, un guardia jurado, un
brigada de la Armada y un pescador de Lekeitio, así
como su intervención en otros 11 atentados mortales.
Proviene de Almería.
Otros acercamientos y movimientos
-- Eider Pérez Aristizábal. Participó en el atentado
en Rosas (Girona) donde murió el mosso d’esquadra
Santos Santamaría. Ha sido trasladada de Granada a
Valencia.
-- Juan José Rego Vidal. Intentó asesinar al Rey don
Juan Carlos en Mallorca en 1995. Ha sido acercado
desde León a Palencia.
-- Jon Igor Solana Matarran, asesino del coronel
médico sevillano, Antonio Muñoz Cariñanos, del
fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero García, y del
concejal malagueño, Martín Carpena, ha sido traslado
de Huelva a Valencia.
-- Del centro de Alcalá al de Aranjuez, ambos en
Madrid, Instituciones Penitenciarias ha reagrupado
en el mismo penal a los hermanos Aritz e Ibai Azkona
Domínguez, dos de los cabecillas de los grupos de
'kale borroka' y apoyo a ETA desarticulados por la
Guardia Civil en agosto en Navarra.
En definitiva, desde el pasado otoño, el Gobierno ha
realizado el volumen de traslados del colectivo
etarra mayor de la historia.
Alejamientos: otros históricos, ‘borrokas’ y
batasunos
Por su parte, otros históricos dirigentes de ETA que
no se han mostrado partidarios de abandonar la
violencia no han sido acercados al País Vasco.
Incluso, se le ha alejado. Es el caso de Ignacio
Gracia Arregi, ‘Iñaki de Renteria’, que de la cárcel
de Soto del Real (Madrid) ha pasado a la de El
Puerto I, José María Arregi Erostarbe, ‘Fitipaldi’,
que continúa en la prisión de Jaen II, o Fernando De
Luis Astarloa, ‘Txato’, integrante del ‘comando
Bilbao’ al que se le aplicó la ‘doctrina Parot’ y
que procede de la cárcel de Álava.
Los integrantes de la llamada ‘kale borroka’ o los
miembros de las juventudes etarras ilegalizadas han
sido alejados a prisiones del sur, este u oeste
peninsular.
Por último, los detenidos el pasado 23 de enero por
su vinculación a Batasuna -ver noticia-, y otros
condenados por su relación con ANV, el PCTV o D3M,
han sido dispersados por todo el territorio
nacional: Arantza Urkaregi está en A Lama; Imanol
Nieto, en Alicante; Mikel Etxaburu, en Alcala Meco;
Karmelo Landa, en Cáceres; Juan Cruz Aldasoro, en
Valladolid; Nuria Alzugarai, en Villena (Comunidad
Valenciana); Pernando Barrena, en León; y Joseba
Permach, en Topas. |
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El secretario general de la Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip),
Valentín Llamas, manifestó en declaraciones a Europa
Press que el próximo día 28 de mayo se celebrará un
Congreso Nacional Extraordinario para establecer
movilizaciones en el sector.
Estos actos reivindicativos, según explicó, se
plantean tras no responder a la demanda del
sindicato de abrir una mesa de diálogo por el
incumplimiento de algunos puntos del pacto alcanzado
en el año 2005 entre las organizaciones sindicales y
el Ministerio del Interior.
"Convocamos conflicto colectivo en el sector y no se
han abierto mesas de diálogo ni nada de nada.
Queremos que se cumplan esos puntos, que además, en
su mayoría no tienen que ver con cuestiones
económicas", puntualizó.
Además, señaló que "no se pueden dar" cuestiones
como el hecho de que un funcionario de 60 años esté
en un patio de un centro penitenciario a cargo de
160 reclusos. "Superamos los 75.000 internos cuando
la RPT está preparada para la mitad", agregó.
Finalmente, indicó que la vigencia de pacto concluyó
el pasado día 31 de 2008 y los puntos que no se han
cumplido son los que se refieren al incremento de
personal en los centros penitenciarios españoles y a
la mejora de las condiciones laborales de los
empleados. |
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El ministerio del Interior ha decidido trasladar a
Madrid desde la prisión almeriense de El Acebuche a
tres históricos de la banda terrorista ETA. Se trata
del ex jefe del comando Andalucía, Mikel Azurmendi
Peñagarikano, Hankas, y su compañera sentimental
Maite Pedrosa, declarados culpables de los
asesinatos del concejal de Sevilla Alberto Jiménez
Becerril y su esposa Ascensión García el 30 de enero
de 1998. Junto a ellos, también cumplirá condena en
Madrid, a la mitad de distancia del País Vasco de lo
que se encontraba en Almería, uno de los presos de
la banda que más tiempo permanecía entre rejas, José
Félix Zabarte, que fue detenido en 1985 en la
localidad vizcaína de Galdácano.
La intención del Ejecutivo para debilitar al frente
carcelario de ETA se basa en premiar aquellos
comportamientos disidentes entre los presos etarras,
algo que se observa con mayor asiduidad entre
aquellos que llevan más tiempo cumpliendo condenas
en distintas prisiones y que están convencidos de
que o se abre un frente de negociación o pasarán el
resto de su vida en la cárcel.
En esta situación se encuentran los presos de la
banda terrorista ETA en El Acebuche, cuyo número, a
pesar de los tras traslados se ha visto incrementado
hasta los 18. En los últimos meses han ido llegando
a las instalaciones almerienses, presos cada vez más
jóvenes, procedentes todos ellos de la denominada
kale borroka, la violencia callejera, verdadero
invernadero para futuros integrantes de la
organización terrorista.
Fuentes penitenciarias han asegurado que estos tres
internos (Azurmendi, Pedrosa y Zabarte) si bien no
ocasionaron problema alguno, sí se han negado en
repetidas ocasiones en seguir las iniciativas de
protesta del resto de sus compañeros.
La intención pretende premiar a aquellos miembros de
ETA que quieren impulsar un debate en las cárceles
sobre el abandono de la violencia, una iniciativa
impulsada por cuatro históricos de la banda
terrorista, Luis Álvarez Santacristina, José Luis
Urrusolo Sistiaga, Carmen Guisasola y Kepa Pikabea,
que ha llevado a cárceles de Madrid, la zaragozana
de Zuera y la asturiana de Villabona de internos
que, como en el caso de los tres almerienses, se
encontraban más alejados de sus familiares del País
Vasco. Aunque desde la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias no han querido
confirmar la existencia de algún otro caso más en el
centro penitenciario almeriense de El Acebuche, este
periódico ha podido saber que se está estudiando
algún otro caso de internos que, como los
anteriores, tiene aún pendientes largas condenas.
Asimismo tampoco se descarta que dicha política se
aplique en sentido contrario, es decir, que lleguen
a Almería internos partidarios de la línea más dura
y de la continuación del terrorismo. |
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¿Y si me
violan en la prisión de hombres? |
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05/05/09 |
| Por los pasillos las llaman
«puta» y escupen a su paso. Así trabajan cientos de
funcionarias de prisiones obligadas a ejercer en cárceles
masculinas por la Ley de Igualdad. |
Hasta el 1 de abril, Amelia se arrimaba cada mañana
al libro de registros con la parsimonia tatuada de
quien lleva 10 años mirando la misma hoja. Ese día,
el rito despreocupado, el vistazo somnoliento, se
convirtieron en un péndulo amenazante. «¿Me tocará
hoy?», se repetía Amelia, cada alba, de camino a la
prisión andaluza en la que trabaja. Hasta que un día
de mal agüero, a las 8:40, el péndulo aterrizó sobre
su nombre: Amelia-Panadería. Eso ponía la maldita
hoja, por más veces que la mirase: Amelia-Panadería.
La cita, dos días después, en la tahona de la
prisión. Entremedias, dos noches en vela y mil «yo
me voy, yo me largo» para conjurar inútilmente los
nervios. A la hora H del día D, un suspiro. En vez
de a las 5:00 horas, el turno de panadería comienza
a las 6:00. Llegan seis internos. Amelia (nombre
figurado) les entrega el simpático ajuar: cuchillos,
rodillos y hasta un hacha pequeña. Sabe que la
mayoría, si no todos, son delincuentes sexuales.
Suelen hacer estos servicios porque son los internos
que mejor se portan. «Quizás porque en una prisión
no ven mujeres», razona Amelia. Quizás. El caso es
que ahora van a empezar a verlas.
El Gobierno le ha explicado a Amelia, por prensa
interpuesta, que todo es por su bien. Que la
igualdad entre hombres y mujeres tiene estas cosas.
El único cuerpo de la Administración que seguía
teniendo un acceso diferenciado para mujeres y
hombres era el de los funcionarios de prisiones.
Tenía su lógica: las mujeres encarceladas
representan algo más del 8% de los 65.786 reclusos
en cárceles españolas. Por tanto, se necesitaban
menos mujeres funcionarias que hombres.
Una lógica machista, según el Ministerio de
Igualdad, que considera una discriminación que las
mujeres no puedan trabajar con psicópatas, homicidas
y violadores. Por lo que aprobó una disposición en
2008 para que las mujeres funcionarias trabajasen
también en módulos de hombres, algo que no ocurre en
ningún país europeo, salvo Alemania. Hace 10 años,
entraban 100 ó 200 mujeres por cada 4.000 plazas.
Desde 2006, cuando se implantó la escala unificada,
la relación es del 50%: unos 200 de cada sexo.
«¿Y si me violan? Todavía no ha ocurrido algo
semejante, pero un día va a pasar, por eso lo
denunciamos», se queja Lola Garrido, una de las
organizadoras de la protesta. Recientemente, una
funcionaria de la cárcel de Murcia tuvo que soportar
que un preso le mostrase su sexo, talla XXL, según
testigos, de forma ostentosa.
«Tenemos muchos problemas con internos musulmanes o
gitanos, que no reconocen la autoridad de una mujer.
Ahora a nadie se le ocurre ponerse un pantalón
ajustado», dice Garrido. «Por los pasillos te llaman
«zorra», «puta» o escupen a tu paso», comenta otra
funcionaria de la cárcel de Zuera (Zaragoza).
«La seguridad en las cárceles no está garantizada.
La situación es caótica, porque la propia ley impide
de facto esa igualdad. Una funcionaria no puede
cachear a un hombre ni entrar en un baño, pero no
debería haber espacios vedados a funcionarios. Y si
la igualdad debe ser matemática, ¿por qué los presos
se separan de las presas?», Ahora se avisa por
megafonía a los internos el sexo del funcionario que
subirá a hacer el recuento en las celdas, para que
cuiden atuendo y posturas.
Por la oposición de las trabajadoras, las prisiones
han comenzado a implantar el régimen con el freno de
mano puesto. En España, sólo tres penales tienen una
plantilla totalmente mixta: Huelva, Puerto III
(Cádiz) y Córdoba. Según fuentes penitenciarias, se
espera su implantación generalizada en 2010. Y eso
son muchas Amelias preguntándose dónde les va a
tocar mañana. Todas sacaron una plaza en la que
ponía, negro sobre blanco, que trabajarían con
presas. Ahora, obligadas, tratan con hombres pero
sin formación adicional.
En la misma situación hay unas 2.000 funcionarias;
más de 700 han firmado una protesta y se
constituyeron como plataforma esta semana. Pero
Mercedes Gallizo, secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, se ha negado a
recibirlas y les ha recomendado «cambiar de chip»,
según un encuentro destemplado con una funcionaria
en la cárcel de Granada. Su departamento confirmó a
este suplemento que sólo cumplen «la ley» y que no
recibirá a «grupos de trabajadores, sino a
sindicatos».
A Amalia le enseñaron en los cursos que su tarea es
la vigilancia y la observación. Pero desde su
ventanuco en la garita de la panadería no jipia nada
de lo que preparan los presos. Tendría que haberse
paseado entre los reclusos armados. Pero no se
atreve a salir. A las 8.00, cuando acaba el turno,
tiene a su cargo a 28 convictos enharinados.
«Es la primera vez en 10 años que voy a trabajar con
miedo y he decidido pedir el traslado a oficinas.
Porque lo peor de todo es volver a casa sabiendo que
no has hecho bien tu trabajo. Si hay una pelea, ¿qué
tengo que hacer?, ¿intentar reducirles?», pregunta.
Amelia mide 1,61. |
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El gobierno francés ha recurrido a las fuerzas anti
disturbios para intentar romper el bloqueo de cerca
de un centenar de prisiones, donde vigilantes y
personal penitenciario retrasan y perturban el
funcionamiento de la justicia, para denunciar sus
condiciones de trabajo, en unas cárceles desbordadas
donde se multiplican los suicidios.
Las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS)
tuvieron ayer que recurrir a los gases lacrimógenos
y las porras eléctricas, para imponer la “libertad
de circulación” en varias prisiones emblemáticas,
como la Santé, en París, y Courbas, en Lyon.
Las tensiones y violencias sistemáticas se suceden,
desde hace días, porque los carceleros y
funcionarios de prisiones perturban gravemente el
sistema carcelario y judicial, con retrasos
interminables y una política de brazos caídos y
resistencia pasiva que precipita tensiones de todo
tipo, con los prisioneros, con los jueces, con la
policía, con todos los gremios del sistema judicial
y carcelario.
Numerosos procesos judiciales han sido retrasados o
aplazados, consecuencias de los retrasos impuestos
por la huelga. Y todo el sistema judicial se ve
forzado a marchar al ralentí, ya que la presencia de
acusados y detenidos se ve retrasada de manera
imprevisible, sin que jueces ni fuerzas del orden
puedan hacer nada para “agilizar” unos mecanismos
bloqueados en su raíz.
Al borde de la «explosión» de su modelo carcelario
A juicio del personal penitenciario, Francia está al
borde de la “explosión” de su modelo carcelario, con
63.351 encarcelados en unas prisiones que solo
cuentan con 52.000 plazas. Ese exceso de prisioneros
atiza tensiones graves. En los últimos doce meses se
han sucedido una veintena larga de suicidios.
En Francia, unos 32.000 carceleros y funcionarios de
prisiones deben ocuparse de 63.351 prisioneros
(2008). Los carceleros se consideran víctimas de
varios problemas de fondo, con salarios mensuales
que oscilan, masivamente, entre los 1.500 y los
2.000 euros mensuales. Los sindicatos piden aumentos
de salarios y contratación de nuevos funcionarios de
prisiones. El gobierno apenas está dispuesto a
contratar a un número muy limitado de funcionarios,
con aumentos salariales muy modestos.
Las negociaciones entre el ministerio de justicia y
los sindicatos de funcionarios de prisiones son
víctimas, al mismo tiempo, de un relativo vacío
político. Rachida Dati, la ministra de justicia,
deberá abandonar el cargo tras las elecciones
europeas, y está prácticamente ausente de la crisis,
consagrada a una titubeante campaña. |
|
El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno
derecho el primer apartado de la Instrucción de
Instituciones Penitenciarias de 1996 que regula las
"normas de seguridad y control relativas a internos
muy conflictivos o inadaptados" - Ficheros Internos
de Especial Seguimiento (FIES)-, por considerar que
este tipo de norma, de carácter menor, no es la
idónea para regular derechos y deberes de los
internos en centros penitenciarios.
La decisión no afectará de momento a los presos
conflictivos que actualmente se encuentran en las
cárceles españolas, pues la citada Instrucción fue
sustituida por otra en 2006, y esa es la que está
ahora vigente, según informaron a Europa Press
fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Las mismas fuentes precisaron que Instituciones
Penitenciarias estudiará, no obstante, la resolución
por si fuera necesario realizar alguna modificación
normativa respecto de la situación actual.
La resolución de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima
un recurso de casación interpuesto por Madres Unidas
contra la Droga de Madrid contra una sentencia de la
Audiencia Nacional de 2004 que sólo anuló uno de los
puntos de la instrucción, relativo a las
comunicaciones entre esta clase de presos y sus
familiares y allegados.
INTERVENCIONES Y MEDIOS COERCITIVOS.
Ahora, el Tribunal Supremo considera que hay que ir
más allá y anula todas las disposiciones del
apartado primero de la Instrucción "por vulnerar los
principios de reserva de ley y de jerarquía
normativa". Se refieren a la creación del fichero
FIES, inclusión de presos en distintos grupos,
requisitos para autorizar consultas médicas,
intervención de comunicaciones, control para
traslados o aplicación de medios coercitivos, como
aerosoles.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el
magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, este apartado
de la Instrucción "contiene normas de carácter
general sobre seguridad, control y prevención de
incidentes relativos a internos muy conflictivos y/o
inadaptados, que afectan a los derechos y deberes de
éstos, de manera que se excede del cometido y
finalidad de los denominados "reglamentos
administrativos o de organización", para adentrarse
en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos
ejecutivos".
Estos últimos, según el alto tribunal, disponen de
"unas garantías en su elaboración y requisitos de
publicidad" de los que carece una mera Instrucción,
"razón por la que la sentencia recurrida conculca
los principios recogidos en los preceptos
constitucionales invocados" por la asociación
recurrente.
Agrega que la conveniencia de tratar con igualdad a
los presos no permite "traspasar el umbral de
funcionamiento del servicio y adentrarse en la
regulación de los derechos y deberes de unos
internos a los que la propia Instrucción incluye en
un grupo determinado, aunque se diga que es a los
meros efectos administrativos, ya que todo lo
relativo a su clasificación y tratamiento está
reservado a la Ley Penitenciaria y al Reglamento que
la desarrolla".
La ventaja de la Ley sobre la Instrucción, afirma el
Tribunal Supremo, es que "su aplicación se ha de
llevar a cabo a través de los concretos actos
administrativos relativos a cada interno con el
consiguiente control jurisdiccional". |
|
Su
construcción, a lo largo de los dos últimos años, ha
pasado inadvertida. Tanto como el edificio, que ya
está acabado. Instituciones Penitenciarias espera
recibir en las próximas semanas el nuevo Centro de
Inserción Social de La Torre, que sustituirá a la
antigua Prisión Provincial.
La discreción del inmueble es asombrosa. Compuesto
por un edificio central cuadrado y dos alas
paralelas, y con una altura de tres plantas y bajo
cubierta, es casi invisible, tanto desde el Paseo
Marítimo, por donde tiene su acceso, como desde la
Ronda de Monte Alto, donde varios edificios y un
pequeño jardín evitan su visión directa.
LA CONSTRUCCIÓN TARDÓ EL DOBLE DE LO PREVISTO
La primera piedra se colocó el 24 de abril de 2007,
en plena campaña electoral de las municipales.
Entonces se fijó un plazo de un año para su
construcción. Han pasado ya dos.
MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL TERCER GRADO
El CIS de La Torre está concebido para acoger a
presos de régimen abierto, que sólo utilizan las
instalaciones para pernoctar. Aún así, está dotado
de las máximas medidas de seguridad, incluido un
doble vallado de dos metros de altura y un corredor
perimetral para la vigilancia.
La vieja se la queda María Pita
El acuerdo suscrito en su día entre el Ayuntamiento
e Instituciones Penitenciarias recoge que María Pita
recuperará la titularidad de la antigua Prisión
Provincial en el momento que el nuevo centro entre
en funcionamiento.
Losada ha manifestado en varias ocasiones que sabe
lo que quiere hacer con el edificio, pero nunca ha
dado detalles. |
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La "mafia carcelaria" desarticulada por la Policía
Nacional y que se dedicaba a extorsionar a reclusos
y a sus familias bajo amenaza de muerte, había
obtenido varios miles de euros de la familia de un
empresario que se encuentro preso en la cárcel de
Fontcalent (Alicante).
Fuentes penitenciarias han explicado a EFE que la
primera denuncia llegó de la madre de uno de los
internos de esta prisión de Fontcalent que alertó a
la dirección del centro penitenciario de que su hijo
estaba siendo extorsionado por un grupo de reclusos.
Bajo amenazas de muerte y coacciones, la mujer
relató cómo se había visto obligada a realizar
varios pagos a la mafia ahora desarticulada.
Tras comprobar la verosimilitud de la denuncia tras
el cotejo de varios recibos de transferencias
bancarias, Instituciones Penitenciarias comunicó los
hechos al juzgado y procedió a separar a la víctima
de sus presuntos extorsionadores.
La "mafia carcelaria" estaba integrada por catorce
personas, entre ellas tres reclusos de la cárcel de
Fontcalent y uno de la de Valdemoro (Madrid).
Además de los cuatro internos identificados como
integrantes de esta banda, la Policía ha detenido a
otras diez personas que desde el exterior de la
cárcel eran los responsables de obtener información
económica de las posibles víctimas, realizar las
llamadas amenazantes y por último, cobrar el dinero
reclamado a las familias.
La Policía trata ahora de determinar el número de
presos que, bien de forma directa o a través de sus
familiares, han podido ser extorsionados por esta
organización.
Fuentes de la investigación no descartan nuevas
detenciones en las próximas horas ni que otros
presos que han sido víctimas de esta organización
delictiva denuncien ahora situaciones similares. |
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Said Afif, argelino de 38 años condenado por la
Audiencia Nacional por formar parte de una célula
islamista que pretendía volar la Audiencia Nacional,
será juzgado el miércoles en Jaén acusado de un
delito de atentado contra dos agentes de la Policía
Nacional de Jaén, a los que supuestamente agredió
para intentar fugarse durante una visita al médico
desde la prisión provincial Jaén II, donde se
encontraba preso en septiembre de 2007. Fiscalía le
pide una condena de dos años de prisión.
Según el escrito de acusación del Ministerio
Público, el día 11 de septiembre de 2007 Said Afif
fue conducido de la cárcel al hospital
Neurotraumatológico de Jaén para que lo viese un
médico. Al salir, según la acusación que sostendrá
Fiscalía durante el juicio, «dio un fuerte tirón y
opuso resistencia con golpes y patadas» a los dos
policías que lo custodiaban. Los tres cayeron al
suelo en un fuerte forcejeo. «Os tengo que matar
cuando salga de la cárcel, hijos de puta», les dijo
a los funcionarios cuando lo redujeron.
Diez años
Said Afif fue condenado a una pena de diez años de
prisión por pertenencia a banda armada por la
Audiencia Nacional, que lo consideró miembro de una
célula islamista que tenía planes para volar con un
camión cargado de explosivos la Audiencia Nacional.
También tenían entre sus objetivos la sede del PP en
la calle Génova, el parque Tierno Galván y la
estación Príncipe Pío en Madrid.
En el juicio que se siguió contra él en Madrid en
febrero de 2008, Afif se declaró inocente: «Yo sólo
soy musulmán, estoy en contra del terrorismo por lo
que solicito mi libertad», dijo al tribunal. La
Justicia no le creyó y lo condenó a diez años. Ocho
meses después el Tribunal Supremo ratificó su
condena (en un polémico fallo en el que exoneró de
toda responsabilidad a catorce de los veinte
condenados en la Audiencia Nacional).
Según las conclusiones de la Fiscalía, Said Afif era
una de las ocho personas del grupo que habían
manifestado su disposición para inmolarse para volar
la Audiencia Nacional.
Desde 1999
Said Afif es conocido por la Policía en España desde
1999, cuando se ve implicado en asuntos de hurto en
el País Vasco. El 11 de septiembre de 2007 ya tenía
una condena a sus espaldas por delitos comunes: La
Audiencia Provincial de Guipúzcoa lo había puesto
entre rejas al encontrarlo culpable de robo,
extorsión y amenazas en una sentencia que fue firme
el 3 de diciembre de 2002.
Su periplo por las prisiones españolas lo llevó a la
cárcel de Topas (Salamanca), donde coincidió con
Adbderahmane Tahari, alias 'Mohamed Acraf', según
las conclusiones de la Fiscalía recogidas por la
Agencia Efe. 'Acraf' constituyó en Topas un grupo de
discípulos a los que adoctrinó en el salafismo
jihaidista, con conexiones con Al Qaeda. Según la
hipótesis del Ministerio Público, Tahari ideó en la
formación de cuatro grupos. Afif era uno de sus
hombres de confianza y debía controlar directamente
uno de los grupos.
En 2004 el nombre de Said Afif como cabecilla de los
reclusos islamistas en la cárcel de Topas salió
además a colación en otro asunto del que informó el
diario El Mundo: supuestamente el prisión hizo
buenas migas con Manuel Errazkin Beldarain, antiguo
enterrador del Ayuntamiento de Hernani y experto de
ETA en explosivos. |
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El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo
se mostró ayer en la segunda sesión de las primeras
jornadas sobre Derechos Humanos, organizadas por el
Centro Asociado de la Uned del Campo de Gibraltar,
especialmente preocupado porque la masificación de
las prisiones en España estaba impidiendo la
reeducación de los internos. "Es imposible", matizó.
Gordillo, que suma 29 años en la Audiencia Nacional
y que es un experto en lucha contra el terrorismo,
explicó ayer en el edificio del Kursaal que España
se ha convertido en muchos aspectos en ejemplo en
cuanto a la manera de garantizar los derechos
fundamentales, pero reconoció que aún queda mucho
por mejorar.
Puso especial énfasis en el aumento del número de
presos, en que las penas se incrementan y que ese
ritmo no venía acompasado precisamente con más
plazas ni con más cárceles, entre otros aspectos,
porque políticamente no vende y porque los
ciudadanos tampoco quieren un penal cerca de su
casa. El resultado es más internos en las celdas de
lo recomendable y la reinserción aparcada. También
se mostró preocupado porque no existen en la
práctica beneficios penitenciarios.
Concluyó que en la lucha contra el terrorismo era
imprescindible la colaboración internacional, pero
auténtica y no únicamente teórica. "Francia por fin
está colaborando", apostilló. También solicitó la
colaboración ciudadana. Puso como ejemplo la falta
de apoyo vecinal cuando estuvo secuestrado en un
zulo el funcionario de prisiones José Antonio Ortega
Lara. También reclamó una legislación acomodada a
las circunstancias. En este punto incidió en la
importancia de los actos preparatorios de los
delitos y no sólo considerarlos cuando tengan lugar,
es decir, cuando ya no hay vuelta atrás. Eso sí,
recalcó que en cualquier caso no se debe olvidar que
España es un estado de derecho, que el fin no
justifica los medios y que siempre se ha de aplicar
la ley.
Ignacio Gordillo manifestó que el respeto de los
derechos humanos siempre ha de primar, ya sea
víctima o presunto culpable. Fue muy crítico cuando
la sociedad condenaba públicamente a las personas
sin sentencia firme de por medio y se acordó de la
soledad que sufren las víctimas. "Hay que
informarles de sus derechos, no pueden ser
manipuladas por partidos políticos y tampoco pueden
estar dando vueltas perdidas por la Audiencia
Nacional cuando son citadas para un juicio".
Aseguró que en la lucha contra el terrorismo no se
pueden buscar atajos y se mostró especialmente
orgulloso con el ejemplo que dio el país con la
aparición de los GAL. "No se puede generar con el
terrorismo más terrorismo. España ha reaccionado
bien no teniendo la pena de muerte y sin torturas y
maltratos. La respuesta es el respeto a la vida". |
|
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
hoy en un comunicado que las alarmas de detección de
incendios de la cárcel valenciana de Picassent
llevan más de un año de funcionar, y que los
funcionarios del centro siguen cambiándose de ropa
de trabajo "en unas condiciones indignas".
Miembros de Acaip
expusieron esta queja la semana pasada al
subdirector general de Servicios de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, con quien
se reunieron el día 8 de mayo, y a quien también le
recordaron que, en total, el centro tiene varias
obras pendientes "desde hace más de tres años".
En cuanto a las alarmas de incendios, indicaron que
su carencia "está poniendo en grave peligro" la
integridad física de los trabajadores y los
internos, ya que en caso de incendio fortuito o
intencionado, "la detección del mismo podría no
producirse hasta que hubiera alcanzado importantes
proporciones". Sin embargo, criticaron, esta obra
"no es considerada como prioritaria por el
subdirector general".
Además, lamentaron que los funcionarios del centro
siguen cambiándose de ropa de trabajo "en unas
condiciones indignas", puesto que "no hay unos
vestuarios que cumplan, ya no con las normas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, sino con las
desalubridad". Así, señalaron que "muchas taquillas"
están ubicadas junto a los servicios, por lo que
mientras unos funcionarios se están cambiando,
"otros están haciendo sus necesidades". Además,
agregaron que en otros vestuarios no hay una
ventilación directa, ni entra la luz del sol.
Por otro lado, criticaron que la obra que impide el
acceso a los visitantes y a los internos en tercer
grado a los vehículos de los trabajadores está
inacabada desde hace más de tres años. Mientas
tanto, dijeron, "cientos de personas tienen acceso
cada día a esos vehículos, produciéndose
periódicamente daños en los mismos".
Además, señalaron que el hecho de que esta obra esté
inacabada, "supone que todos los visitantes que
acuden al centro tengan que dar un rodeo de casi 10
minutos para avanzar 10 metros, por lo que terminan
pagando la frustración que les produce este hecho
con los funcionarios de servicio".
Ante este problema, lamentaron que al "brillante"
subdirector "solo se le ocurre trasladar todo el
edificio de comunicaciones de la zona de
Preventivos, y crear una nueva entrada para el
Centro de Inserción Social, con un coste desorbitado
e inasumible".
Asimismo, indicaron que se están planeando reformas
de módulos "cuando la necesidad que motivaba las
mismas ha cambiado". Así, recordaron que se van a
producir reformas en algunos módulos del centro,
algunas con un coste superior a los 600.000 euros,
cuando la necesidad real del centro está, "no en más
módulos de Primer Grado, sino en otros que absorban
el incesante incremento de internos preventivos".
En resumen, señalaron que la "errática política" de
la Secretaría General de Instituciones "se
manifiesta en todos los aspectos, también a la hora
de materializar y concretar las obras a desarrollar
en los centros penitenciarios". |
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El Plan de la cárcel de Carabanchel se aprueba este jueves |
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13/05/09 |
| El Plan Parcial de los terrenos
de la antigua cárcel de Carabanchel, donde la Comunidad de
Madrid pretende construir un hospital que dará servicio a los
500.000 vecinos de la zona, incluidos los del distrito de
Latina, pasará este jueves por la aprobación de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de la capital, confirmó este
miércoles la coordinadora general de Urbanismo del
Consistorio, Beatriz Lobón. |
Lobón confirmó asimismo que, desde que en junio del
año pasado se firmara un protocolo de intenciones
para el desarrollo urbanístico de los terrenos del
antiguo penal, el Ayuntamiento ha mantenido diversas
reuniones con la Consejería de Sanidad "sobre las
necesidades del futuro hospital" y detalló que la
cartera que gestiona Juan José Güemes "está a punto
de iniciar los estudios ambientales".
También explicó que la cesión definitiva de los
terrenos se producirá cuando se apruebe la
reparcelación de la zona. Será entonces cuando se
firme el convenio con la Comunidad de Madrid. Por su
parte, la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez,
sostuvo que si el Gobierno regional quiere construir
antes de esta firma puede hacerlo porque cuenta
tanto con el apoyo en este sentido tanto del
Ayuntamiento como del Ministerio del Interior.
Por su parte, el portavoz socialista de Urbanismo,
Pedro Sánchez, recordó que cuando se firmó el
protocolo de intenciones el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
dijo que en septiembre de 2008 sería cuando se
firmaría el protocolo definitivo con la Comunidad de
Madrid para ceder el suelo en el que se construirá
el hospital. "Ustedes no han llamado a la puerta de
la Comunidad de Madrid", recriminó Sánchez, que
añadió que se da una "dejación de funciones en
relación con el hospital" y que hay que evitar "otra
legislatura en blanco sobre este tema".
Todo lo que tenían que hacer
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, replicó
que el Ayuntamiento de Madrid "ha hecho todo lo que
tenía que hacer para dar a la Comunidad un suelo que
no tenía y donde encajar un hospital", por lo que
exigió al edil socialista que no entorpezca la
gestión "con comentarios que no vienen a cuento" ya
que se ha desbloqueado un asunto que llevaba parado
años.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
firmaron el 16 de junio del año pasado un protocolo
de intenciones para el desarrollo urbanístico de los
terrenos, que ocupan una superficie de 170.000
metros cuadrados y donde se prevé la construcción de
650 viviendas, de las que al menos el 30 por ciento
serán de protección pública. También habrá espacio
para el hospital que levantará el Gobierno regional.
El acuerdo firmado rebajó en un 30 por ciento los
derechos urbanísticos del Ministerio de Interior:
tras el derribo del penal queda un terreno de 40.000
metros cuadrados para el futuro hospital. El
Ayuntamiento cederá esta parcela a la Comunidad para
que gestione la construcción del centro sanitario.
La llegada del hospital será posible gracias a que
Interior cedió parte del aprovechamiento urbanístico
que le permite el vigente Plan General de Ordenación
Urbana de la capital. También contempla el destino
de 14.000 metros cuadrados para nuevas dotaciones
del Estado, de modo que se construirá la Escuela de
Estudios Penitenciarios, la sede de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, la del
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, y la de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP). |
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Las funcionarias de la prisión de Valencia han
puesto en marcha una plataforma para evitar que sus
servicios se extiendan a los módulos de hombres, tal
como contempla la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. Entienden que su
físico no es el apropiado para tratar con varones
potencialmente conflictivos y temen que algunos
colectivos, como el musulmán o el gitano, no asuman
correctamente sus órdenes.
Hasta ahora, mujeres y hombres sólo trabajaban con
presos de su mismo género y, de hecho, hacían
oposiciones por separado, siempre con menos plazas
para las futuras trabajadoras al ser menor el
porcentaje de internas.
El conflicto surge con la Ley de Igualdad de marzo
de 2007, que trasladada a las prisiones obliga a la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a
hacer un cuerpo de funcionarios mixto, es decir, que
hombres y mujeres presten servicio indistintamente
en módulos de reclusos y reclusas.
Desde el año pasado algunas cárceles ya están
aplicando ese régimen mixto y las últimas dos
convocatorias de funcionarios han sido abiertas para
hombres y para mujeres, pero la idea de generalizar
esta situación en el año 2010 ha sublevado a las
funcionarias de varias comunidades, entre ellas las
de la prisión de Valencia, que es la más grande de
España.
Aunque prefieren ocultar su identidad por motivos de
seguridad, explicaron a Levante-EMV los motivos de
su enfado, relacionado básicamente con los problemas
de seguridad.
"Nosotras trabajamos con mujeres y no tenemos
problemas con ellas, pero si nos vemos envueltas en
una reyerta de hombres, ¿qué podemos hacer
nosotras?", se preguntan.
Temen, asimismo, que algunos colectivos, como los
musulmanes o los gitanos, se nieguen a obedecer sus
órdenes, lo que crearía un conflicto añadido a los
que ya se plantean de forma habitual. Incluso para
las mujeres reclusas puede ser un retroceso en su
calidad de vida, pues "a nosotras nos cuentan sus
cosas con libertad y a un hombre no". "Además, hay
mujeres que ha sufrido malos tratos y tienen miedo
de todo", añaden.
En su opinión, y eso es lo que van a defender desde
la futura plataforma, lo ideal es que las cosas
permanezcan como están. Creen, además, que es una
cuestión de justicia, pues "nosotras tuvimos más
dificultades para sacar la oposición, ya que había
menos plazas para mujeres, y ahora nos equiparan con
los hombres". |
|
La alcaldesa, Pilar Sánchez, en su calidad de
presidenta de la sociedad municipal del suelo,
Emusujesa, cerró ayer la venta de una parcela al
Ministerio del Interior de 5.600 metros cuadrados
que servirán para el Centro de Inserción Social que
vienen a ampliar y mejorar las actuales
instalaciones.
La compra del terreno ha sido suscrita por la
Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias -SEIP-,
cuyo director general, Juan José Azcona Olóndriz,
firmó las escrituras de adquisición. El proyecto de
SEIP supondrá una mejora y modernización de las
instalaciones de su centro en Jerez y la parcela
está situada entre la nacional IV y la Nueva Ronda
Oeste, junto al Parque Empresarial de la Norieta.
Juan José Azcona explicó ayer que "todavía no hay
presupuesto, porque primero hay que hacer un
proyecto básico, luego el proyecto de ejecución y
comenzará la obra dentro de seis meses
aproximadamente. El centro de inserción social que
hay actualmente está en el polígono cercano al
aeropuerto, pero se ha quedado pequeño
fundamentalmente después de la apertura del centro
penitenciario de Puerto 3 que ya se hizo hace año y
medio, y ahora es necesario un nuevo centro de
inserción social que de servicio precisamente a
todas las personas, a todos los internos que
necesitan salir en tercer grado para ir a trabajar o
ir a estudiar. Ahora hemos adquirido el suelo, se
hará el proyecto, se sacará la obra pública a
concurso y la empresa adjudicataria comenzará la
obra dentro de unos seis meses".
Instituciones Penitenciarias calcula que los
trabajos durarán unos quince o dieciocho meses, con
lo que el nuevo centro podría estar listo en algo
menos de dos años .
El centro va a tener, además de las habitaciones
para los internos de tercer grado, biblioteca, aulas
de formación, de reciclaje, talleres productivos
para que, durante el tiempo que estén allí, los
internos puedan realizar una Formación Profesional
de tal manera que luego se puedan reincorporar a la
sociedad una vez cumplido el tiempo de condena que
les haya impuesto la justicia.
Este nuevo centro tendrá 150 habitaciones y el
número de funcionarios que trabajarán en estas
instalaciones será de cuarenta aproximadamente. |
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Los sindicatos representativos de los trabajadores
del centro penitenciario de Melilla, a excepción de
la UGT, han denunciado hoy la situación que se da en
la prisión, que se encuentra, aseguran, al 200 por
ciento de su capacidad.
Alrededor de unos cuarenta funcionarios de prisiones
se han movilizado a las puertas de la cárcel, donde
se han oído gritos pidiendo la dimisión del director
del centro, Emilio Navas.
En declaraciones a los periodistas, los responsables
de ACAIP y de la
Sección Sindical de Prisiones de CCOO, Fernando Pons
y Luis Téllez respectivamente, han criticado la
situación que padecen los trabajadores y que afecta
a la seguridad de los funcionarios y de los
internos.
Pons ha señalado que hay 314 internos en 155 celdas,
por lo que el principio de una persona por celda no
se cumple "ni de lejos", y ha considerado que es
necesario una "inyección fuerte de personal" con la
incorporación de unos 30 funcionarios.
"Tenemos absoluta escasez de medios materiales.
Estamos trabajando con unos medios miserables, de
auténtico basurero. Tenemos escasez de personal y es
casi imposible cumplir el mandato constitucional de
la reinserción y de la educación, que es una broma
porque esto es un almacén de gente", ha afirmado el
subdelegado de ACAIP.
El dirigente sindical ha señalado que se está
exigiendo un "sacrificio" a la plantilla que luego
no es recompensado de ninguna forma, aunque ha
insistido en que sus reivindicaciones son la de
conseguir que su trabajo se realice "con seguridad y
con dignidad".
Además de los sindicatos representativos de los
trabajadores de prisiones, también se han unido a la
protesta miembros de la Unión Federal de la Policía
(UFP), ya que ellos también padecen las
consecuencias de la situación.
Según los representantes sindicales, todas estas
circunstancias están afectando a la convivencia, ya
que se dan situaciones de "conflictividad".
"Los internos se sienten maltratados igual que
nosotros", ha manifestado el representante de
ACAIP, quien ha
asegurado que a diario se producen situaciones de
insultos y agresiones frecuentes.
Por su parte, Téllez ha dicho que las demandas que
plantean los sindicatos son "justas", por lo que han
pedido al director de la cárcel que realice las
gestiones necesarias para poder solventar las
deficiencias que vienen padeciendo.
Los sindicatos apuestan por la construcción de un
nuevo centro penitenciario, ya que sería "más
barato" que arreglar el actual, aunque, por el
momento, no se tiene ninguna noticia al respecto. |
|
La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, afirmó hoy que más
del 80 por ciento de las alrededor de 5.000 mujeres
que se encuentran en prisión en España han sufrido
algún episodio de violencia de género y muchas de
ellas sólo han sido conscientes de su condición de
víctimas de ese tipo de violencia a través de los
talleres a los que han asistido en la cárcel.
Esta problemática es una de las que ha movido a
Instituciones Penitenciarias, en colaboración con el
Ministerio de Igualdad, a poner en marcha el
Observatorio del Programa de Acciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito
Penitenciario, comenzando por nombrar una comisión
técnica de expertos. Esta la integran personas de
"distintos ámbitos que aportarán iniciativa y mirada
crítica que ayude a mejorar la situación", según
explicó Gallizo, que encabeza esta comisión.
Según explicó hoy Gallizo, el principal problema de
las mujeres en prisión como colectivo se identifica
con su condición de minoría. Al representar tan sólo
el 8,5 por ciento de la población penitenciaria
(exceptuando a Cataluña que tiene las competencias
transferidas), las mujeres presas gozan de menos
espacios e infraestructuras.
Se trata de un colectivo compuesto en su mayoría por
condenadas por delitos de tráfico de drogas a
pequeña escala, en muchos casos relacionados con su
dependencia de las drogas. Suelen ser mujeres
jóvenes -el 70 por ciento está en edad
reproductora_y, de hecho, unas doscientas conviven
con sus hijos menores de tres años en prisión en los
distintos módulos de madres que tienen las cárceles.
Una de las medidas ya destinadas a las presas que
tienen hijos menores de tres años son las Unidades
de Madres, de las que se han proyectado cinco y una
más ya funciona en Palma de Mallorca. Se trata de
instalaciones fuera de las prisiones que favorecen
la integración de las presas y mejora la vida de los
menores. Esas Unidades de Madres serán posibles,
entre otras cosas, porque los delitos por los que
cumplen condena las mujeres no suelen conllevar
violencia contra otros y no representan, en ese
sentido, un peligro para la sociedad. |
|
La población reclusa en las cárceles de la Comunidad
de Madrid ha aumentado entre 2000 y 2009 un 63 por
ciento y aloja ya a 9.889 presos, casi la mitad de
ellos extranjeros, según un informe de prisiones
realizado por el sindicato de funcionarios de
prisiones Acaip.
El estudio revela que el número de reclusos
nacionales sólo han crecido un 13,72 por ciento en
la última década, lo que supone un aumento de 608
personas, mientras que los presos extranjeros se han
incrementado en un 184,64 por ciento. En cambio,
según señala el sindicato, el aumento de los reos no
ha llevado aparejada un aumento similar del número
de celdas, por lo que las cárceles madrileños están
"masificadas" y se encuentran al 173 por ciento de
su capacidad real.
Así, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la
tercera región en número de presos, sólo por detrás
de Andalucía y Cataluña. En toda España el número de
presos se sitúa en 75.781.
Acaip achacó el aumento de 3.800 presos
en estos últimos nueve años a las sucesivas reformas
penales en las que las penas se incrementan y, en
particular, a las nuevas actuaciones legales en
materia de violencia de género, "que junto a la
incidencia de la crisis económica y la llegada de
más extranjeros de forma no controlada por el efecto
llamada de los procesos de regularización".
El informe revela también que la población reclusa
madrileña se ha incrementado en lo que va de año en
310 internos --2,56 presos al día--, de los que 221
son extranjeros. El año pasado, uno de cada dos
nuevos presos era extranjeros en la región y su
número total es de 4.430, un 47,23 por ciento d de
los internos. Además, el 83 por ciento de los nuevos
encarcelados en la última década no es de
nacionalidad española.
Respecto a la sobreocupación de las cárceles, el
sindicato afirmó que provoca una pérdida de la
calidad del servicio y redunda en el nivel de
conflictividad. En este sentido, el estudio revela
que entre 2000 y 2007 se produjeron 201 agresiones a
funcionarios, 26 graves y uno muy grave; 1.763
agresiones entre presos, 99 graves, 6 muy grave y
dos muertes (una en 2002 y otra en 2007); 641
amenazas y coacciones graves a funcionarios y 1.960
requisamientos de pinchos carceleros.
"Estas situaciones han causado algunas escenas de
pánico, desde el momento en que estas peleas en los
patios acaban con más de un recluso en enfermería,
con lesiones graves al utilizar todo tipo de armas,
que van desde pinchos carcelarios hasta pilas
introducidas en calcetines, a pesar de los esfuerzos
realizados en controles mediante cacheos y registros
que se realizan diariamente", indicó Acaip.
CASI 50 PRESOS MURIERON POR SOBREDOSIS
Es más, explicó que en los últimos meses el ambiente
entre los funcionarios de prisiones es de "temor y
preocupación" ante la escala de agresiones, sobre
todo cometidas por reclusos provenientes de países
del Este (ex mercenarios), de Latinoamérica
(sicarios de cárteles de droga) y del norte de
África".
El sindicato relaciona también el aumento de la
conflictividad con el "importante número de presos"
que padece alguna patología de enfermedad mental
"sin ningún tipo de control médico ni tratamiento
psicológico hasta que sufren algún brote". "Los
últimos datos facilitados por la Administración
Penitenciara a nivel nacional, según un estudio de
2006, un 25 por ciento de la población padecen
trastornos mentales", indicó.
El informe también revela que, entre 2000 y 2008, un
total de 68 presos madrileños fallecieron en
prisión, 48 como consecuencia del consumo de drogas
y otros 16 por suicidio.
Como consecuencia de esta situación, los empleados
se quejan del "déficit" de plantilla y que la
administración penitenciaria, "que no puede
pretender que un solo un funcionario, y
excepcionalmente dos, se ocupe de la vigilancia de
144 presos, como ocurre actualmente".
MECO, LA PRISIÓN REGIONAL MÁS HACINADA
Para Acaip, las
prisiones madrileñas se encuentran "al borde de la
explosión", ya que registran 9.889 presos en 5.722
plazas. Por ejemplo, los funcionarios señalaron que
la prisión de Estremera, inaugurada en septiembre,
con una dotación de 1.008 plazas, ya ha superado el
100 por cieno de su capacidad y acoge actualmente
1.316 presos.
Entre las cárceles más hacinadas destaca, según el
estudio, la de Meco, con una saturación del 247 por
ciento, segunda del 195 por ciento de Valdemoro y el
187 por ciento de Soto del Real.
A pesar de ello, Acaip
recordó que dentro del Plan de Gobierno de creación
de nuevas infraestructuras penitenciarias para el
periodo 2005-2012 no recoge la construcción de
ninguna obra con el fin de descongestionar las
prisiones madrileñas, "por lo que el futuro no nos
presenta mejor que el actual".
PERFIL DEL PRESO MADRILEÑO
El estudio también se fija en el perfil
sociodemográfico del reo de las cárceles de la
región. Se trata de un varón de entre 26 y 40 años
de edad, condenado en su mayoría por delitos contra
el patrimonio o contra la salud pública.
En cuanto a la duración de su encarcelación, siete
de cada diez está condenado a penas de hasta ocho
años de reclusión, si bien el 32,59 por ciento
soporta penas de entre seis meses y tres años y el
35,7 a penas de entre 3 y 8 años.
Además, el 86,44 por ciento de la población reclusa
es hombres. La mayoría de las 1.341 mujeres, el 60
por ciento de ellas extranjeras, están ingresadas en
la cárcel Madrid I, en Alcalá de Henares.
Representan, por otro lado, el 22,1 por ciento de la
población femenina nacional.
En relación a su situación procesal-penal de todo el
colectivo preso, el 63,18 por ciento está condenado
a penas de prisión y el 36,82 por ciento en
situación preventiva. Además, el 43,37 por ciento es
reincidente. Por sexo, el 65,73 por ciento de las
mujeres reclusas fueron condenadas por primera vez,
mientras que en los hombres está cifra baja hasta el
55,24 por ciento.
Estos datos ponen de manifiesto que los presos
condenados que reinciden en las prisiones madrileñas
están 11 puntos porcentuales por debajo de la media
a nivel nacional, cuyo grado de reincidencia se
sitúa en el 54,58 por ciento.
Por último, según el grado de tratamiento procesal,
el estudio de Acaip
indica que el 68 por ciento de la población interna
está condenado a un segundo grado, el 16 por ciento
están en el tercer grado o semilibertad, el 13 por
ciento sin clasificar y el 0,45 por ciento, sólo 28
presos, están clasificados por el primer grado de
tratamiento, que incluye a terroristas, grandes
narcotraficantes o internos muy conflictivos. |
|
Los funcionarios de prisiones han sacado sus
reivindicaciones a la calle después de meses de
negociaciones solicitando mejoras en su situación
laboral dentro del centro penitenciario. Los
sindicatos Acaip
y Comisiones Obreras, junto a la Unión Federal de
Policías, organizaron ayer por la mañana una
concentración a las puertas del recinto exigiendo
más seguridad en su trabajo y dignidad tanto para
ellos en su trabajo como para los internos.
Fernando Pons y Luis Téllez, en representación de
los trabajadores del centro por parte de
Acaip y CC. OO.,
volvieron a expresar el malestar de los funcionarios
de la prisión melillense provocada por las
deficiencias que presenta ésta y por los problemas
surgidos a la hora de desarrollar su función en
Melilla sin que hasta la fecha se hayan atendido sus
reclamaciones.
«Intentamos que el director escuche nuestras justas
demandas -señalaba Téllez, en referencia a las
reclamaciones elevadas desde el año pasado por los
trabajadores-, porque hasta ahora siempre ha hablado
él y quizá nos escuchaba pero no tomaba nota».
La escasez de medios materiales y humanos ante la
masificación de la población reclusa son algunos de
los ejes de su queja, en la que contaron también con
el apoyo de los delegados del sindicato policial UFP.
Los delegados sindicales no descartan seguir
convocando nuevos actos hasta que se atienda a sus
reivindicaciones y el director del centro, dicen,
«valore a sus trabajadores».
En la actualidad trabajan en el centro 180
funcionarios para un total de 314 internos
repartidos en 155 celdas, lo que supone superar en
un 200 por ciento la capacidad de un centro cuya
única solución, entienden desde el colectivo
sindical, pasa por la creación de un nuevo presidio
ya que el actual es «como un almacén».
Nuevo centro
Los sindicatos hacen extensivas a los reclusos sus
quejas contra el director del centro y contra la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Según los representantes de los trabajadores, el
responsable de la cárcel debería «mover ficha»
respecto a las reivindicaciones de los funcionarios
para no verse obligados a pedir su dimisión.
Cabe recordar que ambos sindicatos, mayoritarios en
el Comité de Empresa del centro melillense, llevan
meses reivindicando mejoras materiales y
profesionales que, en un extremo, pasarían por la
creación de un centro nuevo para sustituir al que
funciona en la ciudad desde hace poco más de 15
años.
A la necesidad de un nuevo centro, los funcionarios
de prisiones suman una «inyección fuerte» de
personal para garantizar tanto la autoridad de los
responsables de la seguridad como la habitabilidad
del establecimiento para los internos. |
|
María está en la treintena, condenada por tráfico de
drogas. Le han caído entre tres y ocho años, que
cumple lejos de su ciudad. En la casa familiar ha
dejado a varias personas que dependen de ella, y eso
le produce incertidumbre, angustia y culpabilidad.
Aunque ella también es dependiente, emocionalmente,
de su pareja, que alguna vez le ha pegado o violado.
Como si no fuese bastante, sus condiciones en la
cárcel también la discriminan. Por ser minoría no
tiene acceso a los mismos derechos y recursos
materiales que sus compañeros varones. Hasta en la
cárcel María arrastra desigualdades como las que
ayudaron a ponerla en la senda del delito.
María no es nadie en concreto, cumple el perfil de
las reclusas en las cárceles españolas. Representan
un 8,5% del total de presos y sufren desigualdades
materiales y asistenciales. Barreras que ponen aún
más difícil su promoción dentro de las prisiones y
su preparación para un mundo que hasta ahora les ha
sido hostil. Por ello y en la línea de las políticas
de Igualdad, Instituciones Penitenciarias ha lanzado
el programa de acciones para la igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, que
pretende atacar estas situaciones y atender a las
mujeres según sus necesidades. "A veces ellas no son
culpables sino víctimas; queremos conseguir que
recompongan su vida, abordar los problemas que ya
tenían antes de entrar, la drogodependencia, la
falta de formación y sus problemas de salud, para
que cuando salgan se reincorporen en mejores
condiciones que cuando llegaron", ha explicado
Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones
Penitenciarias.
Las medidas buscan promover la igualdad de
oportunidades y tener en cuenta el perfil de las
presas, cuyos delitos son, en general, menores y de
poca peligrosidad. Así, una de las actuaciones más
importantes será "propiciar una generosa aplicación
de medidas capaces de acortar la duración del
encarcelamiento efectivo y la temprana
reincorporación a sus responsabilidades familiares y
laborales" de las mujeres con "perfiles de menor
peligrosidad", como las llamadas mulas, que
normalmente transportan drogas para solventar una
mala situación económica y que se enfrentan a
elevadas penas, por encima de los ocho años. Este
aspecto será tenido en cuenta especialmente en lo
que se refiere a las madres cuyos hijos "cumplen
también condena", según Gallizo.
Se establecerá un programa de "guía y tutela
personal" con implicación en los logros de las
reclusas en todos los ámbitos (autonomía, educación,
promoción de la salud...) y se creará en cada
establecimiento penitenciario con mujeres un
programa específico de asistencia médica, social y
psicológica. En general, se trata de crear nuevas
infraestructuras y acondicionar las ya existentes
para superar la discriminación "a la hora de acceder
a los servicios y gozar del mismo bienestar del que
se han visto privadas, sobre todo en los centros
mixtos, donde han venido ocupando los peores
módulos", ha señalado Gallizo. El proyecto incluye
un plan contra la violencia de género, ya que más
del 80% de las presas han sufrido abusos o malos
tratos.
El proyecto empezará a desarrollarse bajo la tutela
de una Comisión Técnica, formada por profesionales
de diversos ámbitos, que tendrán que promover las
iniciativas y servir de "voz crítica", en palabras
de Gallizo, para controlar su efectividad. |
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