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05-10-06
|
Acusa al tripartito de mezclar ambos temas para
utilizarlos como «arma arrojadiza»
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 El
Parlamento Vasco lleva camino de repetir mañana el
desencuentro que protagonizó en abril, cuando fue
incapaz de consensuar un pronunciamiento sobre los
presos. Mientras PNV, EA y EB no parecen por la
labor de asumir la propuesta de EHAK y Aralar para
reconocer un «carácter político» a los reclusos de
ETA y han presentado una enmienda que la izquierda
abertzale no acepta, el PP no quiere oir hablar del
asunto. El PSE se opone entretanto a la
transferencia de prisiones que reclama el Gobierno
Vasco, no sin antes matizar que tampoco serviría
para cambiar la política sobre presos sino, más
bien, como «arma arrojadiza» contra el Estado.
El portavoz parlamentario de los socialistas, José
Antonio Pastor, acusó al Gobierno Vasco de «mezclar
interesadamente» la transferencia con la situación
de los presos de ETA, a pesar de que se trate de
cuestiones «sin relación directa». Tras asegurar que
es «la primera vez» que el Ejecutivo autónomo
solicita formalmente la capacidad de gestionar esta
materia, cuestionó que se utilice como una especie
de «bálsamo» para resolver el problema de los presos
de ETA.
Pastor, que no escatimó críticas al Gobierno Vasco,
aprovechó su encuentro con la prensa para asegurar
que será, por otra parte, «muy difícil» que su grupo
reedite el apoyo al presupuesto de Lakua si no se
llega a un pacto sobre política social. Consideró
asimismo «prematuro» hablar de que la mesa de
partidos pueda comenzar a funcionar este mismo mes
de octubre y abogó por «huir de las especulaciones».
Un paso más
EHAK fue otro de los partidos que terció ayer en el
debate sobre los presos. Su portavoz, Nekane
Erauskin, reclamó al tripartito que apoye en el
pleno de mañana la proposición no de ley presentada
junto con Aralar para que el Parlamento Vasco haga
suyas las peticiones del Foro de Ibaeta. Advirtió
que PNV, EA y EB tienen que ir más allá de oponerse
a la dispersión, reconociendo un «carácter político»
a los reclusos de ETA.
La izquierda abertzale se abstendrá en la enmienda
de los socios, con lo que la Cámara vasca corre el
riesgo de repetir su incapacidad de abril para
consensuar un pronunciamiento sobre presos. Salvo
acercamientos de última hora no descartables del
todo, la propuesta de EHAK y Aralar contaría con 10
votos, con lo que decaería. La enmienda del
tripartito reclamando una política penitenciaria
«más flexible y humana que respete escrupulosamente
los derechos de todos los presos», incluidos los de
Iñaki de Juana Chaos, podría quedarse en 32 apoyos
frente a los 33 de PSE-EE y PP, con lo que también
sería rechazada. El debate se producirá en un
momento en el que la izquierda abertzale ha retomado
con redoblado ímpetu sus tradicionales exigencias en
materia de presos. |
05-10-06
| LA SANCIÓN MÁXIMA ES
UNA MULTA DE 300 EUROS Y UNA ADVERTENCIA La Sala de
Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado este
jueves incoar un expediente por falta leve al juez Juan
del Olmo en relación con la excarcelación de Saed El
Harrak, uno de los procesados por el 11-M, que quedó en
libertad por un fallo del magistrado. El servicio de
inspección propuso en dos ocasiones considerar el error
una "falta muy grave", lo que podía suponer que el juez
fuera apartado del caso. Sin embargo, el CGPJ apreció
sólo una "falta leve" por un fallo "puntual". Ahora, el
instructor del expediente que abre la Audiencia
determinará la sanción, cuyo máximo es una multa de 300
euros y una advertencia. |
Según
informaron fuentes del tribunal, la Sala de Gobierno nombró
instructor del expediente al magistrado de la Sala de lo
Contencioso Tomás García,
que deberá investigar los hechos y decidir la sanción que se
impone a del Olmo. La Sala de Gobierno está compuesta por el
presidente de la Audiencia Nacional,
Carlos Dívar, por
los presidentes de las Salas de lo Penal, de lo Social y de
lo Contencioso-administrativo y por tres magistrados
electos. A la reunión de este jueves no asistió el
presidente de la Sala de lo Penal,
Javier Gómez Bermúdez,
que asiste en Canarias a unas jornadas organizadas por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El pasado día 13, la Comisión Disciplinaria del CGPJ apreció
una posible "falta leve" en la actuación del juez instructor
del 11-M, que supuso la excarcelación por error el pasado 20
de mayo de El Harrak y acordó remitir la cuestión a la
Audiencia Nacional. Fuentes del CGPJ informaron entonces de
que, a diferencia de lo que proponía el servicio de
inspección, que apreciaba una falta muy grave de desatención
en la tramitación de los procedimientos, la Comisión
Disciplinaria sólo vio, por 3 votos contra 2, una falta leve
por incumplimiento de los plazos legalmente establecidos
para dictar resolución porque "se ha producido un error
puntual". Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o
multa de hasta 300 euros o con ambas.
"Un error puntual y aislado"
La Comisión remitió las actuaciones a la Audiencia Nacional
de acuerdo con el artículo 421.1 de la LOPJ, que indica que
para sancionar las faltas leves son competentes "las Salas
de Gobierno del Tribunal Supremo (TS), de la Audiencia
Nacional y de los Tribunales Superiores respecto a los
jueces y magistrados dependientes de cada una de ellas".
Según el CGPJ, Del Olmo incurrió en "un error puntual y
aislado" en la fijación de la fecha de comparecencia para la
prórroga de la prisión provisional del preso Saed El Harrak
en el auto de procesamiento, que fue notificado al fiscal,
así como a las defensas y a la acusación particular, sin que
ninguna de estas partes pusiera objeción alguna.
En el auto de procesamiento notificado por Del Olmo el
pasado 11 de abril se fijó para el 16 de mayo siguiente la
comparecencia sobre la prórroga de la prisión provisional de
El Harrak, a pesar de que éste había sido detenido el 6 de
mayo de 2004, por lo que su prisión debía prorrogarse
necesariamente antes de que se cumplieran los dos años desde
esa fecha.
La juez Teresa Palacios, que sustituyó a Del Olmo cuando
éste se dio de baja para ser operado de glaucoma del ojo
izquierdo, advirtió el error el 10 de mayo, pero como el
plazo ya había vencido sin que se hubiera solicitado la
prórroga de la prisión tuvo que ordenar la libertad del
procesado.
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05-10-06
El
ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz fue
trasladado de la cárcel malagueña de Alhaurín de la
Torre a otro centro penitenciario situado en
Andalucía por decisión de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. El traslado se produjo
finalmente a la cárcel de Jaén.
Este cambio de prisión habría sido propiciado en un
intento de proteger la intimidad del ex edil que
ingresó el 21 de julio en este centro penitenciario,
tras ser detenido por su presunta vinculación con la
trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí,
denominado 'caso Malaya', según informaron a Europa
Press fuentes penitenciarias.
De hecho, la dirección de la prisión abrió
recientemente una investigación interna para
determinar las circunstancias en las que internos de
la cárcel malagueña habían grabado al presunto
cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y al propio
Muñoz, imágenes, estas últimas, que, finalmente
resultaron ser falsas.
Otras fuentes penitenciarias señalaron que para ayer
por la tarde, sobre las 18.00 horas, estaba previsto
el traslado de Muñoz dentro de un paquete de
movimientos de presos penados, lo que, según
indicaron, se produce con normalidad todas las
semanas por el volumen de población reclusa de la
prisión malagueña.
Asimismo, señalaron que en el traslado habría
incidido el hecho de que el Juzgado de lo Penal
número 5 de Málaga ordenara la semana pasada la
ejecución inmediata de la sentencia que lo condenó a
un año de prisión, momento en el que habría dejado
de ser preso preventivo.
Los abogados del ex regidor recurrieron el auto de
ejecución de la sentencia del denominado caso 'Proinsa',
aunque aún no hay resolución al respecto por parte
del juez que decretó el cumplimiento "inmediato" de
la pena a la que fueron condenados tanto Muñoz como
los entonces concejales Rafael González -en prisión
por el caso 'Malaya' igual que el ex regidor-, Mario
Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María
Luisa Alcalá y Dolores Zurdo.
Muñoz y los ex ediles fueron condenados por un
delito contra la ordenación del territorio, al
conceder una licencia al proyecto básico presentado
por Promoción de Edificaciones Industriales (Proinsa)
para construir viviendas, garajes y locales
comerciales en una parcela situada al oeste del
Palacio Polivalente.
Tras confirmarse la sentencia, el juez ordenó el
cumplimiento de la misma, ya que en el caso de Muñoz
y de González están en prisión y en general "existe
reincidencia", por haber sentencia firme anterior de
seis meses de prisión por el caso 'Banana Beach', al
conceder una licencia para construir 238 viviendas,
aparcamientos y locales comerciales en suelo no
urbanizable, cuya ejecución está paralizada mientras
se tramita el indulto. |
05-10-06
La
reunión ayer del Comité de Seguridad y Salud de la
prisión de A Lama que, en principio, iba a analizar
las últimos agresiones a funcionarios penitenciarios
se quedó en nada.
El sindicato ACAIP achacó esta situación a
que no se pudo llegar a ningún punto de encuentro
entre las personas que conforman este órgano
paritario que preside el director de la cárcel
pontevedresa y que lo constituyen cuatro miembros de
la parte social y cuatro de la administración. La
central sostiene que para la dirección del centro
los últimos incidentes no son competencia del citado
comité sino que son cuestiones de seguridad interior
y de régimen disciplinario.
Sin embargo, para los sindicatos las agresiones no
sólo se deben adscribir al régimen sancionador, sino
que también se debe abordar desde una perspectiva
preventiva, aspecto sobre el que el comités sí tiene
competencia, resaltaron dos de los miembros de
ACAIP.
Las criticas más fuertes de este sindicato se
centraron en la figura del director de la prisión de
A Lama. Lamentaron que «no se quiso implicar y se
limitó a tomar nota», al tiempo que pusieron de
ejemplo al penal de León, cuya dirección «no duda en
solicitar más personal para evitar problemas de
seguridad».
Las centrales sindicales, además de cursos de
formación específicos para poder hacer frente con
seguridad a posibles contingencias y agresiones de
los reclusos, reclamaron la habilitación en el
centro penitenciario pontevedrés de una unidad
psiquiátrica, para que los internos con algún
problema de salud mental puedan ser atendidos
convenientemente. |
5/10/06
La
Dirección General de Inst ituciones
Penitenciarias decidió el traslado de los dos presos
que ocasionaron los dos últimos incidentes con
agresión a funcionarios dentro del penal pontevedrés
de A Lama.
Sin embargo, la medida no aplaca los ánimos de la
plantilla de trabajadores, quienes han expresado una
muy seria preocupación por la llegada de 300 presos
procedentes de otras cárceles, lo que elevará a más
a de 1.800 el número de reclusos en A Lama, según
confirmó José Manuel Alves, delegado sindical de CC
OO en el penal.
"Ayer hubo otro intento de agresión por parte de
estos dos reclusos a otros funcionarios y nos
tememos que sea muy fácil que esto se pueda repetir
ya que este centro fue construido para tan sólo
1.008 reclusos y ahora serán 1.800", denunció.
"Y para colmo hoy retornó a la Prisión Provincial
el etarra más sanguinario de los últimos tiempos,
García Gaztelu, alias Txapote, quien regresó de
varios juicios en la Audiencia Nacional", recordó.
Los sindicatos con representación en la plantilla
del penal pontevedrés analizaron hoy la próxima
llegada de un contingente de hasta 300 presos más.
De momento no han decidido medidas de presión.
El delegado de ACAIP, Tomás Acuña, explicó
que la preocupación de la plantilla de A Lama es
"manifiesta y comprensible", ya que a cada
funcionario le corresponde vigilar a más de un
centenar de reclusos. "En estos casos de contacto
directo con los reclusos la ratio en A Lama es de
dos funcionarios por cada 120 reclusos, y con
frecuencia tan sólo está trabajando un funcionario,
cuando desde Instituciones Penitenciarias se indica
que tienen que ser dos funcionarios por cada módulo
de 70 reclusos", concluyó este portavoz sindical. |
6/10/06
Las
recientes agresiones de reclusos del centro
penitenciario de A Lama a funcionarios de la propia
prisión fue otra de cuestiones que abordó el
subdelegado del Gobierno a instancia de los medios
de comunicación. Precisó, en este sentido, que «el
Gobierno, más que preocupado por la situación de A
Lama, está ocupado en tratar de que esto no ocurra».
Delfín Fernández precisó que, en caso de nuevos
incidentes, la Administración central tratará de que
se de la repuesta más eficaz. «Si hay algún problema
de disfunción habrá que hacer un esfuerzo», señaló.
A nivel del territorio nacional, aseguró que el
Gobierno se plantea aumentar la plantilla del
personal adscrito a Instituciones Penitenciarios, ya
que, según manifestó, existe un déficit. Para el
subdelegado la situación global de las cárceles
españolas, al igual que ocurría con las plantillas
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil, es una situación heredada del anterior
Gobierno.
Por otra parte, Instituciones Penitenciarias ha
decidido trasladar a otras prisiones a los dos
reclusos que protagonizaron las últimas agresiones a
funcionarios pontevedreses. |
7/10/06
| El ex asesor
urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan
Antonio Roca, ha sido trasladado al centro penitenciario
provincial de Granada, situado en el municipio de
Albolote |
Roca,
que hoy declaró en el Juzgado
de Instrucción número 1 de Marbella por presuntas
irregularidades en convenios urbanísticos
denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción, ingresó
en la prisión granadina a última hora de la tarde,
según ¡ fuentes de Instituciones Penitenciarias.
El ex asesor de Urbanismo marbellí permanecerá en el
módulo de ingresos hasta que, tras ser entrevistado
por un educador y analizada su situación personal,
se escoja "una ubicación acorde, entre otras
cuestiones, con su seguridad personal", indicaron
dichas fuentes.
Se trata del segundo recluso imputado en el caso
Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella
que es trasladado desde la cárcel de Alhaurín de la
Torre (Málaga) a otro centro penitenciario andaluz.
El miércoles, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz
fue trasladado a la cárcel de Jaén por orden, al
igual que Roca, de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
Ambos traslados se producen después de que
recientemente funcionarios de la prisión malagueña
desactivaran una red de reclusos que, desde la
cárcel, vendían imágenes tomadas a detenidos por la
trama de corrupción urbanística de Marbella, como
Julián Muñoz o Juan Antonio Roca. |
09-10-06
| El
miembro de la Ejecutiva del PSE-EE Rodolfo Ares advirtió
hoy de que los cambios que se puedan introducir a futuro
en la política penitenciaria 'serán fruto del diálogo y
del proceso de paz y cuando se compruebe que son útiles
para acabar definitivamente con el terrorismo y
conseguir la paz'. |
Ares
participó hoy en la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento Vasco, donde vinculó hoy la política
penitenciaria 'con la política antiterrorista y la
política para lograr la paz y la libertad en el País
Vasco'.
La Cámara de Vitoria debatió hoy
una proposición no de ley del grupo EHAK, en la que
se pedía 'la inmediata puesta en libertad del preso
Iñaki de Juana Chaos', quien ayer puso fin a una
huelga de hambre de 63 días.
La iniciativa de EHAK decayó por
falta de apoyos. Aralar votó a favor, el tripartito
(PNV,EA y EB) se abstuvo y PP y PSE-EE votaron en
contra.
Durante el debate, los grupos del
tripartito se alegraron por la decisión del preso de
ETA Iñaki de Juana de abandonar su ayuno y opinaron
que su caso 'es la punta del iceberg de un problema
mayor'.
Así, reclamaron una política
penitenciaria 'más flexible y humana, no sujeta a
criterios de venganza'. Intentaron aprobar una
iniciativa en estos términos pero no obtuvieron
apoyos suficientes.
También volvieron a solicitar el
traspaso de la competencia de prisiones y recordaron
que aún no ha habido respuesta del Gobierno a una
petición oficial del Gobierno Vasco en este sentido.
Desde el PSE-EE, Rodolfo Ares
advirtió de que 'los presos no están en el tablero
de ajedrez de la política del Gobierno'.
'El Gobierno de España está
haciendo una política (penitenciaria) seria,
responsable, que se modificará cuando fruto del
diálogo y del proceso de paz se constate de manera
feaciente que contribuye a acabar definitivamente
con el terrorismo y conseguir definitivamente la
paz', subrayó Ares.
El dirigente socialista vasco
recordó que la política penitenciaria 'no se va a
modificar en absoluto fruto del chantaje, ni de
presiones ni de manifestaciones en las puertas de
las sedes socialistas, ni mucho menos con actos
vandálicos y terroristas como los cometidos
recientemente en el Ayuntamiento de Pasaia'.
Ares reiteró el compromiso de los
socialistas por conseguir la paz y aseguró que
'estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance
para conseguir la paz y también resolver algunas
cuestiones que están encima de la mesa, siempre
desde el respeto al cumplimiento de la ley, en los
márgenes de la ley'.
Así, se refirió a la política
penitenciaria, aclaró que los socialistas no
reclaman venganza y dijo que 'cuando la paz y la
libertad estén asentadas, las instituciones
competentes sabrán perdonar y ser generosas con
quienes se arrepientan y quieran reinsertarse en la
sociedad democrática libre'.
En relación con las críticas de
EHAK y del tripartito a la política penitenciaria,
Ares recordó que 'la política penitenciaria es
legal' y advirtió de que 'los cambios que se puedan
introducir en la misma no están vinculados a
cuestiones como legalización de la izquierda
abertzale u otras'.
'Los cambios que se puedan hacer
en política penitenciaria en el futuro, se harán
dentro de los márgenes de la ley y serán fruto del
diálogo y del proceso de paz y cuando se compruebe
que son útiles para acabar definitivamente con el
terrorismo y conseguir la paz', agregó.
Finalmente, afirmó que 'las
decisiones que se tengan que adoptar serán de
carácter individual y con la aplicación estricta de
los márgenes de la ley y teniendo en cuenta la
actitud y el comportamiento de cada persona' |
09-10-06
| El Ayuntamiento se
opone al proyecto de una nueva cárcel sólo para reclusas
madres en la antigua prisión provincial |
Instituciones
Penitenciarias, a través de su sociedad de
infraestructuras, ha presentado un estudio detalle
al Ayuntamiento de Granada en el que explica la
utilidad que pretende dar a los terrenos de la
Avenida de Madrid en los que se encuentra la antigua
prisión provincial. En el proyecto se plantea, entre
otras edificaciones, la construcción de un centro
para reclusas que sean madres, lo que queda lejos de
la idea municipal de ubicar en la zona instalaciones
deportivas “que el barrio necesita”, dijo el edil de
Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, quien se
encargó de explicar el plan.
El estudio esboza la creación de una zona verde de
1.800 metros
cuadrados junto a la Avenida de Madrid, un centro de
reclusas de 2.132 metros cuadrados y un centro de
reinserción social de 6.068 metros cuadrados, con lo
que no se agotan las posibilidades de los 11.306
metros cuadrados totales de la parcela. En el diseño
se han trazado dos vías perpendiculares que unirán
la Avenida del Beiro y la calle Concepción Arenal.
La altura de los edificios superará la actual, por
lo que el concejal consideró que “se macizará el
área”.
García-Royo anunció con ironía que gracias al
proyecto “nos colocamos entre las grandes ciudades
de España. Cualquiera no tiene dos centros
penitenciarios”, y lamentó que “un equipamiento que
iba a ser para la ciudad y para el barrio vuelva a
convertirse en una prisión”. El texto presentado por
la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias es
susceptible de ser modificado, por lo que se abre la
posibilidad de que la Junta de Distrito realice sus
alegaciones, si bien no serán vinculantes. El
responsable municipal de Urbanismo se mostró
satisfecho cuando comentó que “al menos han olvidado
la idea de levantar viviendas, tal y como nos
plantearon en febrero de 2006” |
10-10-06
¿Es
cierto que el amor no entiende de barreras ni fronteras? En
la rutina del día, las historias personales dejan de ser
importantes frente al interés general, pero cuando van
directas al corazón dejan de ser nimiedades. El pasado fin
de semana, una joven gaditana contrajo matrimonio. Hasta
ahí, podría ser cualquier novia de las decenas que se han
casado en los últimos días. Pero esta historia es especial
porque se desarrolló en una cárcel y porque el marido está
cumpliendo una condena de más de 200 años por delitos de
sangre cometidos en nombre de ETA.
El área socio-cultural del recinto penitenciario de Topas
(Salamanca) fue escenario el pasado sábado de la boda de
Iñaki Rekarte Ibarra y una joven vecina de Cádiz, de nombre
Mónica G. D. P. Su idilio nació con el novio ya entre rejas.
Según fuentes consultadas, Mónica ha ido acudiendo, desde
que inició la relación con Iñaki, regularmente a la cárcel
de Puerto I donde se conocieron ambos contrayentes. Ella no
tiene antecedentes penales ni tan siquiera ha pisado los
pasillos de un recinto penitenciario involuntariamente, pero
se ha enamorado de un preso etarra, que el pasado sábado se
convirtió en su esposo.
Dos mundos distintos que han terminado uniéndose. Por un
lado, Iñaki Rekarte, quien como miembro de un comando de la
banda terrorista asesinó a tres personas mediante un
coche-bomba; además, se trata de uno de los presos de ETA
que recientemente ha acaparado más la atención pública por
sus amistades en la cárcel con internos islamistas que
mantenían lazos con los atentados del 11-M. De otro lado,
una chica gaditana, de una familia bien enraizada en Cádiz y
su actividad comercial, sin ningún tipo de vinculación al
mundo de la delincuencia y al crimen en todas sus
manifestaciones.
La pareja se conoció cuando Rekarte cumplía su condena en
Puerto I. Este etarra fue uno de los miembros del comando
que cometió un atentado en Santander, en el año 1992. Su
acción con un coche-bomba, cuyos explosivos activaron al
paso de una furgoneta de la Policía, provocó que tres
personas murieran y 21 quedaran gravemente heridas. Por
estos hechos fue condenado a 203 años de cárcel.
Su relación con Mónica nunca fue un secreto en el interior
de Puerto I, de las visitas semanales pasaron a los vis a
vis íntimos y a tener planes de unión matrimonial. Antes de
verano, Iñaki fue trasladado desde Cádiz a la cárcel de
Topas, en Salamanca. Según fuentes consultadas, se negó a
ser cacheado después de salir de unos talleres donde ese
tipo de medidas de seguridad son necesarias. Esto le hizo
ser merecedor de un castigo disciplinario y fue llevado a un
módulo de aislamiento.
Este tipo de acciones, señalaron las mismas fuentes
informantes, suelen provocar entre los internos protestas,
que en el caso de Rekarte sirvió para que muchos de sus
compañeros hicieran una especie de huelga de patio. Para
evitar más conflictos internos, se aprovechó una orden de
conducción y fue trasladado a Topas. Este distanciamiento
aún mayor no fue impedimento para que la relación con Mónica
prosiguiera y allí, en el centro salmantino, continuaron los
vis a vis y las visitas programadas. Las fuentes consultadas
indicaron que Mónica y Iñaki se conocieron gracias a las
inquietudes de corte social que tiene la joven gaditana. Las
citadas fuentes señalan que el pasado etarra del preso y su
estado penal no han sido un obstáculo para la novia, que
«demuestra estar muy enamorada de él».
Los presos pueden casarse durante el cumplimiento de la
condena. Dependiendo del tipo de recluso se aprueban salidas
custodiadas para que el interno se case bien en una iglesia
o bien en unos juzgados. En cambio, los etarras que quieren
contraer matrimonio cuando están encarcelados, no suelen
tener acceso a ese tipo de permisos y deben casarse entre
rejas por motivos de seguridad.
A partir del sábado, Iñaki y Mónica disfrutan de un nuevo
estado civil, pero sin cambios en sus respectivas vidas.
Ella tendrá la oportunidad de ver a su marido sólo durante
sus visitas a la cárcel y él tendrá que continuar con su
rutina diaria en la cárcel.
|
10-10-06
|
El Partido Popular
intenta in extremis corregir en su trámite en el Senado
la cesión del PSOE a una enmienda de los nacionalistas |
La
nueva Ley del Menor apura su tramitación
parlamentaria ya que mañana llegará a la comisión de
Justicia e Interior del Senado después de su debate
en ponencia a puerta cerrada. De todos los flecos
pendientes, el más relevante es el que afecta a cómo
queda una enmienda asumida por los socialistas en el
Congreso y que establece que la ley pueda aplicarse
a los menores delincuentes que rebasen los 18 años,
de modo que entre esa edad y los 21 años no tengan
que ser internados obligatoriamente en una prisión
sino que sean derivados a centros de internamiento
de menores. El proyecto de ley aprobado por el
Consejo de Ministros no incluía esta exención, pero
se coló a instancias de CiU con el apoyo del PNV y
EA. ERC también dio su respaldo.
Aún hay negociación
La negociación sigue abierta y el PP está
intentando in extremis que el PSOE corrija este
apartado. De la ponencia no sale el compromiso firme
de hacerlo, pero tampoco se ha cerrado la puerta a
la modificación. El problema es que en el otro lado
está la resistencia numantina de sus socios ante una
enmienda con la que se compensa el castigo más
elevado para los delitos más graves que recoge la
nueva normativa.
Ya en tiempos de la discutida gestión de Mariscal
de Gante como ministra de Justicia, se avanzó en una
dirección parecida, pero tal decisión fue corregida
al llegar Ángel Acebes al ministerio. Nunca entró en
vigor. En 2003, Justicia, dirigida entonces por
Michavila, endureció aún más las condiciones al
promover -en plena polémica por el «caso Sandra
Palo»- que los menores asesinos pasasen a prisión al
cumplir 18 años.
El principal partido de la oposición reconoce que
la sociedad no puede renunciar a largo plazo al
principio de aplicar a los jóvenes de entre 18 y 21
años medidas educativas dirigidas a su reinserción,
pero entiende que intentar cumplir esa máxima sin
ningún tipo de previsión de medios personales y
materiales para su puesta en práctica, cargando su
coste además sobre las comunidades, supone
condenarla al «más estrepitoso fracaso».
Una decisión mal medida en esa dirección puede
conducir, asimismo, a una saturación tanto del
sistema judicial y fiscal de menores como de los
dispositivos de las administraciones autonómicas
para poder ejecutar la ley, y resulta claramente
negativo que el sistema de justicia juvenil se tenga
que hacer cargo de una población tan dispersa desde
el punto de vista de la edad en los mismos centros y
con los mismos equipos.
Falta de recursos
Transcurridos cinco años desde la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 5/2000, aún muchas
comunidades no pueden llegar a ejecutar todo el
marco de medidas que la norma contempla
(internamientos terapéuticos, trabajo en beneficio
de la comunidad, convivencia en familia o en grupo
educativo...), por lo que sería imposible atender
con los mismos recursos, como mínimo, al doble de la
población, teniendo en cuenta que es un colectivo
con un nivel acusado de inadaptación social,
problemática conductual y drogodependencias.
Los delitos cometidos por menores se han
disparado, por ejemplo, en Madrid, y aunque es
cierto que cada vez se rebaja más la edad de los
delincuentes, también es un hecho que se incrementan
en el segmento entre 18 y 21 años. La realidad es
que hay una creciente alarma social refrendada por
datos objetivos que confirman que aumentan los
delitos cometidos por los menores contra la vida,
contra la salud pública, de lesiones y de robo con
violencia e intimidación.
El PP está convencido de que serán muchas las
derivaciones de este colectivo al Sistema de
Reeducación de Menores, teniendo en cuenta que los
jóvenes entre 18 y 21 años cometen en mayor número
delitos y faltas de las mismas características y
naturaleza que los comprendidos en la franja de 16 a
18 años, y que en todo caso se les podrá aplicar
medida de medio abierto (como libertades vigiladas y
trabajos en beneficio de la comunidad).
El proyecto de Ley del Menor endurece las penas
de las medidas aplicables a los menores de 18 años
que cometan delitos graves, como los de violación y
asesinato, y busca responder a preocupantes
realidades como las bandas juveniles o el acoso
escolar. El principal partido de la oposición
mantiene que no puede brindarle su apoyo porque no
responde a la delincuencia protagonizada por los
menores de entre 12 y 13 años; no atiende la
delincuencia extrema (asesinato, violación,
terrorismo) cometida por jóvenes de 16 a 18 años,
que será penada como hasta ahora; no resuelve el
problema que plantea la prescripción de delitos y
faltas; y crea un problema grave de financiación en
las comunidades autónomas a las que compete la
ejecución de las medidas impuestas. |
10-10-06
|
Un interno falleció, al parecer
de sobredosis, poco antes de una pelea con noventa
internos implicados. Dos funcionarios resultaron heridos
|
Los
funcionarios de la prisión de Botafuegos están en pie de
guerra después de un fin de semana agitado, marcado por la
muerte de un recluso y por una pelea multitudinaria, la más
grave en toda la historia del centro penitenciario
algecireño.
La trifulca se produjo el sábado en el módulo número cinco.
Se originó entre un grupo de internos de Algeciras y otro de
Málaga. Los de este último querían ajustarle las cuentas a
un preso local y para ello se valieron de los llamados
pinchos carcelarios, una especie de arma blanca de
fabricación casera que, en uno y otro bando, muchos
esgrimieron sin cortarse.
Testigos de la reyerta aseguran que fue una batalla campal
en la que participaron casi noventa reclusos. Sólo estaban
vigilados por dos funcionarios, que consiguieron reconducir
la situación y resultaron heridos de carácter leve.
Once internos han sido aislados y se da por seguro que si
alguno de ellos está en el segundo grado, se le pasará al
primero. La prisión continúa investigando para depurar más
responsabilidades.
Esa solución no ha contentado a los sindicatos. El CSIF se
quejó ayer de que los once internos aislados están en el
módulo de ingresos, donde la seguridad "es insuficientes", y
reclamó su traslado inmediato a otra prisión.
Además, alertó de las graves consecuencias que pudo acarrear
la pelea y del riesgo de que esa situación se reproduzca.
"Tenemos una cárcel cada vez más masificada y, por el
contrario, hay menos funcionarios para vigilarles", resaltó.
Otros sindicatos representados en la prisión de Botafuegos –Acaip,
UGT, USO y Comisiones Obreras– incidieron también en esa
falta de seguridad en la prisión y protestaron por "los
criterios de clasificación que han hecho que coincidan en un
módulo internos incompatibles entre sí".
Mencionaron otro incidente ocurrido el fin de semana: el
sábado por la mañana apareció muerto un interno del módulo
11. En principio no se relaciona ese suceso con la posterior
y se apunta el consumo de drogas como causa.
|
10-10-06
| La
dirección del centro penitenciario de Alhaurín de la
Torre ha retirado a Juan Antonio Roca unos cuadernos en
los que el presunto cerebro de la trama marbellí detalla
su vida entre rejas y datos clave de la prisión, como
horarios, descripciones y hasta dibujos de las
instalaciones, según confirman fuentes cercanas al caso. |
Funcionarios
de la prisión malagueña han descubierto la
documentación al preparar la conducción del preso,
que ha sido trasladado a la prisión de Albolote, en
Granada. El ex asesor de Urbanismo al ser cacheado y
su equipaje, inspeccionado, se hallaron las
libretas.
Al hojear los cuadernos, el
personal del centro penitenciario ha observado que
contenían una especie de diario de la vida de Juan
Antonio Roca en la cárcel, pero también datos
'concretos' relativos a funcionarios y planos de las
dependencias. Fuentes de la prisión se limitan a
señalar al respecto que cualquier material que pueda
afectar a la seguridad se retiene y se remite a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Ese ha sido el destino de las
libretas que Roca escribió de su puño y letra
durante sus seis meses de estancia en la cárcel de
Alhaurín de la Torre. Al parecer, la documentación
retirada ya ha sido enviada a Instituciones
Penitenciarias, aunque también podría ser remitida
al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella,
donde se sigue el Caso Malaya. De hecho, fuentes
cercanas al caso apuntan que las libretas revelan
con quién ha tenido Roca más o menos relación entre
los encarcelados por la trama marbellí durante su
paso por la prisión de Alhaurín de la Torre.
En las libretas, según las
fuentes, el ex asesor hace una relación detallada de
su vida en la cárcel, explicando la hora a la que se
levanta cada día, las actividades que realizan, hace
comentarios de otros presos... Al parecer, también
aparecen dibujos de las instalaciones deportivas del
centro, la sala de día e incluso su propia celda.
Sin embargo, lo que más parece preocupar a
Instituciones Penitenciarias son los datos relativos
a los funcionarios, que aparecen retratados, según
las fuentes, con sus nombres, horarios y hasta
turnos de trabajo y de descanso.
La prisión no ha dado a esta
documentación el tratamiento de agenda personal
puesto que -según las fuentes consultadas- no se han
encontrado teléfonos o correspondencia, sino una
especie de cajón de sastre donde el presunto cerebro
de la trama anotaba todo lo que se le venía a la
cabeza.
Cabe recordar que a Roca ya se le
intervinieron unos apuntes manuscritos y en soporte
informático durante los registros del Caso Malaya
que, según se desprende de las resoluciones
judiciales, han supuesto uno de los principales
pilares de la segunda fase de la operación policial.
En esos listados figuran las
'aportaciones' que supuestamente hacían los
empresarios imputados y las entregas de dinero que
presuntamente realizaba Roca a algunos de los ex
concejales del Ayuntamiento de Marbella. El trabajo
de investigación policial se ha centrado en
relacionar esas cantidades con convenios
urbanísticos sospechosos.
Por otra parte, la vida en prisión
del ex asesor ha dado un vuelco cuando ha sabido que
había sido fotografiado por otros reclusos mientras
jugaba al dominó, y que estas imágenes pretendían
ser vendidas a la televisión. Ese incidente ha
supuesto su cambio de centro y, de paso, el hallazgo
de su diario sobre la prisión. |
10-10-06
|
La Fiscalía se plantea ahora rebajar, e incluso
suspender, la condena por amenazas a De Juana Chaos que
impediría su excarcelación tras cumplir una condena de
sólo 18 años de prisión por 25 asesinatos. Para el líder
del PP, que esta decisión se tome sólo un día después de
que el etarra abandonara una huelga de hambre, es "una
vergüenza enorme" y "un escándalo descomunal" que él no
acepta. "Imagínese que cincuenta etarras dijeran que van
a hacer lo mismo", ha dicho el líder del PP.
Para Mayor Oreja, la decisión de la Fiscalía y del
etarra forman parte del pacto entre ETA y el Gobierno. |
En
declaraciones a Catalunya Radio,
Mariano Rajoy ha
lamentado la decisión de la Fiscalía de rebajar su petición
de pena. El etarra Iñaki de
Juana Chaos fue procesado poco tiempo antes de que
fuera puesto en libertad por publicar dos artículos en
Gara con amenazas a los funcionarios de prisiones. Con
esta medida, se impedía la excarcelación del terrorista, que
se había beneficiado de redenciones ordinarias y
extraordinarias y había conseguido que su condena inicial de
30 años por 25 asesinatos se rebajara a sólo dieciocho.
El juicio por los artículos publicados en Gara está previsto
para el 27 de octubre y puede venir marcado por un radical
cambio de criterio de la Fiscalía. De pedir en junio de 2005
una condena de 96 años de prisión por amenazas y pertenencia
a ETA, podría exigir sólo seis. Esta decisión del fiscal se
conoció apenas 24 horas después de que Iñaki de Juana Chaos
dejara su huelga de hambre por "peticiones", según explica
este martes en el diario portavoz de la banda terrorista.
"Que un señor asesine a 25 personas y le rebajen la
pena es de risa"
Según el líder del Partido Popular, que la huelga de hambre
de etarra haya acabado con una revisión de su petición de
condena es una "vergüenza enorme". Y ha hablado de la
posibilidad de que otros etarras presionaran al Gobierno de
idéntica forma: "Imagínese que cincuenta terroristas dicen
que van a hacer lo mismo". "Esto es un escándalo descomunal
que yo no acepto", apuntó.
"Ha asesinado a 25 personas, ha hecho una huelga de hambre y,
como la hace, el fiscal iba a pedir 96 años y lo va a reducir
a seis, eso es una vergüenza nacional, porque es una
invitación a todas las personas que están en la cárcel a que
hagan una huelga de hambre y le rebajen la pena", ha afirmado,
antes de añadir que es uno "de los mayores escándalos que se
han producido en España en los últimos años".
"Espero que este escándalo no se consume, a este asunto me
opongo y es una vergüenza. Que un señor asesine a 25 personas
y le rebajen la pena es de risa. (...) Estamos locos. ¿Para
qué sirve el Estado de derecho?", ha añadido Rajoy. Asimismo,
Mariano Rajoy ha dicho que no tiene la menor duda de que "el
fiscal actúa con los parámetros del Gobierno", y se ha
preguntado si se actuaría de la misma forma en caso de que
"cincuenta señores de ETA decidieran hacer una huelga de
hambre".
|
10-10-06
El
sindicato ACAIP rechazó tajantemente la
afirmación de un trabajador del centro penitenciario
de A Lama de que manifestó que «una de las vías de
entrada de la droga en las prisiones es ''a través
de funcionarios corruptos, que también los hay'',
junto con los permisos y las comunicaciones» y que
fue reproducida en un reportaje publicado el pasado
1 de octubre. «Lanzar acusaciones infundadas sobre
un colectivo es algo tan sencillo como difícil sería
demostrar su falsedad».
En este sentido, la central incide en que «el mundo
de las prisiones, aunque cada vez menos, continúa
siendo tan desconocido para la sociedad, que aún
hoy, muchos nos imaginan a los funcionarios con
gorras de plato y armados con pistolas». Añade que
«dudar de nuestra profesionalidad y sobre todo de
nuestra honradez (...), además de ofensivo, es una
afirmación que sólo puede hacer alguien con un
desconocimiento total de los que somos los
trabajadores de los centros y los que es la vida en
prisión».
ACAIP, en este punto, matiza que «cualquiera
que sepa lo que es un patio de un centro
penitenciario sabe que entrar en ''negocios'' con
internos sería ponerse en sus manos, te estarías
vendiendo a ellos y arriesgando todo aquello que te
importa». El sindicato resalta que los penales «son
lugares cerrados donde al final todo se termina
sabiendo», por lo que «es prácticamente imposible»
que un funcionario realizase tales actividades «de
forma habitual e impunemente».
Tópicos
No obstante, reconoce que «seguro que hay y habrá
malos funcionarios, lo mismo que hay malas
personas», pero advierte que «definir a un colectivo
por los casos excepcionales es una clara
injusticia». Los empleados públicos penitenciarios,
según la central, «somos gente normal, con nuestras
familias, nuestros hijos y nuestras hipotecas», al
tiempo que resalta el hecho de que, «dentro de la
Administración, somos el colectivo con mayor número
de universitarios, no siendo este un requisito para
el acceso a este puesto». Lamentan que en la
sociedad sigan existiendo de tópicos e ideas sin
fundamento sobre las prisiones españolas. |
10-10-06
| La documentación
contiene anotaciones de turnos y nombres de funcionarios
del centro penitenciario |
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan
Antonio Roca, en prisión preventiva por el 'Caso Malaya', ha
anunciado hoy una querella contra el director de la prisión
de Alhaurín de la Torre (Málaga), Ángel Herbella, por la
retirada de cuatro cuadernos personales sobre su vida en la
cárcel.
Fuentes de su defensa han asegurado que la querella también
se dirige a aquellos funcionarios que hayan participado en
la comisión del presunto delito de apropiación indebida y
revelación de secreto.
El pasado viernes, con ocasión del traslado de Roca a la
prisión de Albolote (Granada) se le requisaron cuatro
cuadernos, aunque los funcionarios le comentaron que se le
enviarían por mensajería al día siguiente, según el abogado.
Dicha documentación contiene, según publica hoy la prensa
local, anotaciones de turnos y nombres de funcionarios del
centro penitenciario y descripciones de las instalaciones.
A este respecto, el letrado ha explicado que en uno de los
cuadernos intervenidos "Roca relataba la estrategia que iban
a seguir sus abogados en su defensa", así como todas las
reuniones que mantenía con éstos, lo que supone "una clara
vulneración del derecho a la defensa y, por tanto, un delito
de revelación de secreto".
Un funcionario le llamó "delincuente"
En otros cuadernos, el ex asesor urbanístico hizo varios
dibujos, entre ellos uno que describía el patio de la
prisión de Alhaurín de la Torre, y relataba su vida diaria
en el centro penitenciario.
Juan Antonio Roca tenía apuntado el nombre de un funcionario
de la cárcel en una de sus libretas, ha admitido el abogado,
quien ha argumentado que su cliente lo hizo tras un
incidente con este empleado con la intención de interponer
una querella contra él por difamación.
Según la versión de Roca, el funcionario le llamó
"delincuente" cuando se encontraba en unas dependencias del
centro penitenciario, y éste le recriminó que "no era un
delincuente porque no había sido condenado, sino un preso
preventivo".
|
10-10-06
Instituciones
Penitenciarias financiará en 2007 y por primera vez
en su historia la asistencia religiosa de los
reclusos que profesen confesiones no mayoritarias,
lo que afectará en concreto a judíos, musulmanes y
evangelistas, según informó hoy en sede
parlamentaria la directora general de este
organismo, Mercedes Gallizo.
Para este fin, Prisiones dispone de una partida
de 819.000 euros, según el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Gallizo
detalló ante la Comisión de Interior del Congreso,
donde desglosó el dinero que el Ministerio del
Interior destinará a Instituciones Penitenciarias y
que, por vez primera también, supera los 1.000
millones de euros.
Gallizo destacó que en los tres últimos
ejercicios presupuestarios el dinero con que ha
contado Instituciones Penitenciarias ha aumentado un
39,31%, frente al 12% de aumento entre 2001 y 2004.
Entre las partidas que más subirán en 2007 figura
la destinada a prevención de riesgos laborales para
los funcionarios de prisiones, que lo hace en un
425% con respecto a los presupuestos de 2006,
seguida por la destinada a los equipos de seguridad
en los centros penitenciarios (194%), la dirigida a
reparación y adecuación de centros, que aumenta un
164%, y la referida a renovación del mobiliario (un
53,22%). |
10-10-06
| Los
funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre
(Málaga) que el viernes requisaron unos cuadernos al ex
asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, lo
hicieron por razones de seguridad al descubrir en ellos
los nombres de varios empleados y quién está de
servicio, así como planos del recinto. |
También
contenían anotaciones sobre los horarios del centro
y detalles de su funcionamiento, por lo que se
decidió intervenir los cuatro cuadernos de anillas
para estudiarlos y, en función de su contenido,
ponerlo en conocimiento de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias o del juez instructor
del caso Malaya.
Así lo explicaron a Efe fuentes
penitenciarias, que recordaron que toda persona que
es trasladada a otra prisión es cacheada por motivos
de seguridad y aseguraron que si esa documentación
la hubieran descubierto antes, también la habrían
requisado.
'Los dibujos se le retiraron
porque podían afectar a la seguridad como se haría
con cualquier otro interno', según las fuentes, que
dijeron a Efe que tras el incidente Roca les
solicitó un justificante en el que constase que se
le habían retirado los cuadernos, documento que le
fue entregado.
Los cuadernos de anillas están
siendo valorados por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, que determinarán si se
toma alguna medida de tipo disciplinario contra Roca
o se informa al juez Miguel Angel Torres, titular
del juzgado de instrucción número 5 de Marbella.
Los abogados del ex asesor de
Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella anunciaron
hoy una querella contra el director de la prisión de
Alhaurín de la Torre, Angel Herbella, por la
retirada de los cuatro cuadernos personales 'sobre
su vida en la cárcel'.
Fuentes de su defensa aseguraron a
Efe que la querella también se dirige a aquellos
funcionarios que hayan participado en la supuesta
comisión del delito de apropiación indebida y
revelación de secreto.
Según la versión de los letrados,
en uno de los cuadernos intervenidos 'Roca relataba
la estrategia que iban a seguir sus abogados en su
defensa', así como todas las reuniones que mantenía
con éstos, lo que supone 'una clara vulneración del
derecho a la defensa y, por tanto, un delito de
revelación de secreto'.
Juan Antonio Roca, considerado el
presunto cerebro de la trama de corrupción en el
Ayuntamiento de Marbella, fue trasladado el pasado
viernes a la prisión de Albolote (Granada) |
11-10-06
La
presa transexual de Villabona María Jesús Lastra a
quien en su día se le concedió la estancia en el
módulo de mujeres de la prisión y que posteriormente
solicitó su salida del mismo ha presentado una
denuncia contra tres funcionarias y la dirección del
centro penitenciario al considerar que se han
vulnerado sus derechos fundamentales de de
integridad moral y sexual y se le ha dispensado un
trato vejatorio y de discriminación sexual.
La denuncia presentada ante los juzgados de instrucción de
Gijón relata varias experiencias, que según María Jesús
Lastra, son muestra de "las funcionarias denunciadas le hacían
la vida imposible" dentro del módulo de mujeres por lo que
llegó a verse obligada a solicitar su salida del mismo a pesar
de que la Audiencia Provincial le diera la razón y permitiera
su traslado a ese sector de la cárcel tras una larga batalla
judicial.
Lastra asegura que estas funcionarias retrasaban la entrega
de su correo, la dejaban siempre para ser la última en la cola
del teléfono y permitían que la luz de su celda permaneciera
toda la noche encendida a pesar de que ella insistía una y
otra vez en que se la apagaran para poder descansar. Además,
recuerda que denunció ante el juzgado de Vigilancia
Penitenciaria el hecho de que fuera llamada al teléfono por
megafonía con por su nombre de pila de hombre, y no de mujer.
Para la letrada que representa a María Jesús, Concepción
Trabado los hechos relatados constituyen un incumplimiento de
ciertas disposiciones del reglamento de Instituciones
Penitenciarias, así como de los derechos fundamentales antes
mencionados y de algunas normativas y convenios europeos e
internacionales por lo que solicita que se admita a trámite la
denuncia |
11-10-06
|
UGT, Acaip, USO y CCOO demandan
que se vaya a la raíz de la pelea que hubo en Botafuegos
|
Los
sindicatos UGT, Acaip, USO y Comisiones
Obreras, representados en la prisión de Botafuegos,
han solicitado la dimisión de la directora de la
cárcel algecireña, Isabel Martínez de la Torre, a
raíz de la reyerta que se produjo el pasado sábado
en la que participaron casi noventa reclusos.
UGT ha trasladado el sentir general de la plantilla,
molesta por la "mala" gestión de Martínez de la
Torre. "Ha demostrado una vez más su incompetencia",
apunta este sindicato, que recuerda que fue la misma
directora la que declaró que de los reclusos etarras
se podía aprender mucho. "Con sus declaraciones ella
misma se descalifica".
Acaip, UGT, USO y CCOO denunciaron el pasado lunes
en la falta de seguridad que hay en la prisión y
protestaron por "los criterios de clasificación que
han hecho que coincidan en un módulo internos
incompatibles entre sí".
Por otra parte, Instituciones Penitenciarias
consideró que no hay relación entre la reyerta del
sábado y un supuesto hacinamiento de presos, tal
como criticó el sindicato CSI-CSIF.
Fuentes de la institución confirmaron a Europa Press
que el sábado se registró una reyerta en la que un
funcionario de la cárcel resultó con heridas leves
en el antebrazo derecho.
CSI-CSIF atribuyó este suceso en el que, según su
versión, intervinieron un centenar de reclusos del
módulo cinco al hacinamiento de Botafuegos,
"diseñada para albergar 1.008 presos y, en la
actualidad, con más de 1.800". Las mencionados
fuentes no consideraron este extremo y achacaron la
reyerta a un incidente propio del régimen
penitenciario. |
11-10-06
La
directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, confió hoy en que el fin de las obras de la prisión
de Puerto III, en el término municipal de El Puerto de Santa
María, en marzo del próximo año y la construcción del centro
de Morón de la Frontera (Sevilla) resuelvan la "congestión
existente" en las prisiones de Andalucía.
Gallizo visitó hoy las obras de la prisión de Puerto III,
donde anunció el fin de las obras para el primer trimestre
de 2007, concretamente en marzo, y su apertura "en el menor
plazo tiempo posible".
Sobre la prisión de Morón, explicó que la obra "va un poco
más atrasada, pero a buen ritmo, como la de Puerto III", por
lo que confió en que "se cumplan los plazos" y esté lista
"en algo más de un año".
Así, con estos dos centros penitenciarios abiertos se
permitirá "descongestionar" la situación en la comunidad
autónoma, donde "hay mucha población cumpliendo penas",
además de la de "muchos andaluces que están en prisiones de
fuera de Andalucía".
La responsable de prisiones reconoció que el sistema
penitenciario está "sobreocupado", por lo que el Gobierno
"no tiene otro remedio que hacer los centros aprobados en el
menor tiempo posible", en lo cual "se está apreciando el
esfuerzo inversor estatal". En este sentido, aseguró que "se
está notando" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
que para 2007 ha destinado una suma "mayor a lo que dedicó
el anterior Gobierno del PP en sus últimos seis años".
Así las cosas, concluyó que producto de esa "escasa"
potencia inversora "es que no haya hemos tenido
infraestructuras y haya sobreocupación".
|
12/10/06
La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, anunció hoy medidas disciplinarias
y "seguramente algún traslado" entre los internos de
la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), que
el pasado sábado protagonizaron "lo que vulgarmente
es una pelea en el patio".
En declaraciones a los periodistas tras visitar las
obras del futuro centro penitenciario Puerto III, en
el término municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz), Gallizo explicó que gracias a la "buena
disposición y preparación" de los funcionarios de
prisiones para resolver "de forma inmediata" los
incidentes "prácticamente nunca tienen consecuencias
muy graves, como ocurrió en Botafuegos".
En este sentido, relató que la pelea en el patio
afectó a un "número importante" de internos, pero la
intervención de los funcionarios "fue eficaz", por
lo que este incidente "forma parte de la normalidad
de esta casa".
Sobre las críticas de los sindicatos de prisiones,
que atribuyeron la pelea en Botafuegos al
"hacinamiento" de presos, la directora general negó
que ningún centro de España "tenga 2.000 reclusos",
si bien reconoció "una alta ocupación". En concreto,
en el caso de Algeciras hay 1.800 internos, de las
cuales 130 están en régimen abierto.
A su juicio, en los centros penitenciarios "hay
cierto nivel de incidentes, como pasa en la
sociedad", pero en este caso los que protagonizan
los incidentes "están en contra de su voluntad, una
prisión no es un colegio mayor", además de que
algunos de los internos "arrastran problemas muy
complejos", citando la adicción a la droga o una
"gran tensión" por las consecuencias de su delito.
En este sentido, Gallizo reconoció que, aunque los
incidentes "son muy pocos numerosos, existen", y
sobre la atribución sindical al nivel de ocupación,
manifestó que en España éste "es muy alto, más que
en Europa" y, sin embargo, las incidencias en
algunos centros "han bajado", lo cual achacó a los
"esfuerzos" del sistema, que cuenta con mecanismos
de control que hace que las peleas "cada vez sean
menos importantes, estamos en una época más
tranquila no hay la agresividad y los incidentes
violentos de otras épocas".
Por último, se refirió a la petición de dimisión,
por parte de los sindicatos, de la directora de la
prisión de Botafuegos, Isabel Martínez de la Torre,
por el incidente del sábado, manifestando que el
sistema penitenciario es "complejo y suceden cosas"
y Martínez de la Torre "no es la responsable de que
se produzca una pelea".
Así, la directora general de Instituciones
Penitenciarias abogó por averiguar por qué se
producen los incidentes y establecer medidas para
evitarlos, para lo cual anunció un "esfuerzo
presupuestario" el próximo año en materia de
control. |
12/10/06
La
Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias
(SIEP) encargó el proyecto para la construcción de
un centro de inserción social y una unidad de madres
reclusas en la antigua prisión provincial antes del
ofrecimiento del solar por parte del Ayuntamiento,
según sostuvo hoy la Gerencia de Urbanismo.
Su vicepresidente, Luis Gerardo García Royo, en un
comunicado, respondió así a las críticas sobre la
negativa de Urbanismo a negociar, "cuando quien
parece que tenía muy claro el proyecto era la SIEP".
"Al mismo tiempo que estábamos ofreciéndole
terrenos, el Gobierno estaba encargando el proyecto
en la vieja prisión; Nos engañaron y engañaron a
todos los ciudadanos de Granada", declaró el
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.
El responsable de la Gerencia recordó, además, que
cuando se les ofreció el solar en el plan parcial
I-5 a los representantes de la SIEP "les pareció
bien esa parcela", pero al mismo tiempo en Consejo
de Ministros había decidido que "se macizara" la
antigua prisión de la Avenida de Madrid, edificando
una Centro de Inserción Social y una Unidad para
Madres.
Según figura en el estudio de detalle, en diciembre
de 2005 se encarga la redacción del proyecto,
mientras que es a finales de ese mes cuando la
Gerencia envía el ofrecimiento del solar. La
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios contesta que no al ofrecimiento en
febrero de 2006, cuando casi dos meses antes ya
había encargado el proyecto que ahora defienden,
según García Royo. El edil también señaló que desde
la SIEP no se habla de un solo centro de inserción
social, para hombres y para madres reclusas, como se
está comentando ahora, sino que desde el primer
momento en el estudio de detalle se habla de dos
proyectos, la adaptación del nuevo centro de
inserción social y la construcción de una unidad de
madres. García Royo mostró su disposición a seguir
hablando y estudiar cualquier ubicación posible, a
pesar de que la parcela ofrecida responde a lo que
se pidió en un principio. Respecto a la urgencia
aludida por la SIEP para justificar el quedarse en
el solar de la antigua prisión, el concejal estimó
que este proceso se puede dilatar mucho más en el
tiempo que si se opta por otra parcela. De
"empecinarse" el PSOE en mantener los equipamientos
que se proyectan en el solar actual, una vez más
"los socialistas actuarán en contra de lo que
quieren los vecinos", concluyó el edil, en alusión
al anuncio realizado hoy por los socialistas de
"sacar adelante" el proyecto con o sin el consenso
del Ayuntamiento, solicitando, en última instancia,
su declaración de interés social al Consejo de
Ministros. |
12-10-06
La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
cederá en enero la antigua prisión de Sevilla, que
quedará sin uso penitenciario para su demolición.
Así lo anunció ayer la directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín, en una visita a la
vieja cárcel, que data de 1932 y donde quedan 40
internos de tercer grado que sólo van a dormir y
serán trasladados a Sevilla II a principios de año,
lo que adelantará el inicio de las obras por el
consistorio. |
12-10-06
| El Ayuntamiento revela
que el plan del PSOE .es anterior a la oferta del solar
que hizo el PP |
El
PSOE «sacará adelante» el proyecto para la
construcción de un centro de inserción social y una
unidad de madres reclusas en la antigua prisión
provincial con o sin el respaldo del Ayuntamiento,
solicitando, en última instancia, su declaración de
interés social al Consejo de Ministros.
Así lo anunció ayer, en rueda de prensa, la portavoz
socialista de la Comisión de Instituciones
Penitenciarias, María Escudero, en respuesta al
anuncio del Ayuntamiento de Granada de no aprobar el
estudio detalle de este proyecto, presentado por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias.
«Si no quieren aprobar el estudio detalle, que no lo
aprueben», dijo la diputada socialista, quien
adelantó que ellos van a «cumplir la legalidad y,
dentro de ella, existe la posibilidad de que el
proyecto se declare de interés social y que podamos
sacarlo adelante a través del Consejo de Ministros
sin autorización del Ayuntamiento».
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo
García-Royo, afirmó que la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
encargó la redacción del proyecto sobre la antigua
prisión provincial antes de recibir el ofrecimiento
del solar.
Luis Gerardo García-Royo responde así a las críticas
sobre la negativa de Urbanismo a negociar, cuando
quien parece que tenía muy claro el proyecto era la
SIEP. «Al mismo tiempo que estábamos ofreciéndole
terrenos, el Gobierno estaba encargando el proyecto
en la vieja prisión. Nos engañaron y engañaron a
todos los ciudadanos de Granada», dijo. |
12-10-06
La
directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, mantuvo un encuentro con los sindicatos de
prisiones antes de visitar las instalaciones de
Puerto 3. Según explicó Acaip, los
representantes laborales transmitieron la situación
de "masificación" que sufre el módulo de ingresos
del centro de Puerto 2. Así alertaron de que unos
150 internos han tenido que dormir durante el último
mes en unos colchones tirados al suelo. Han sido
varias las circunstancias que han motivado que las
instalaciones se hayan quedado pequeñas. Entre ellas
se encuentra el hecho de que el centro de inserción
social de Jerez está lleno, por lo que han tenido
que trasladar internos al centro portuense. Asimismo
en el módulo de ingresos hay presos que están a la
espera de ser reconducidos a otro módulo. Pero
actualmente el centro está totalmente ocupado. A día
de hoy hay unos 900 reclusos en Puerto 2.
Otra de las peticiones que le hicieron los
sindicatos fue la de mejorar los accesos a los
centros penitenciarios. La directora general de
Instituciones Penitenciarias se ha comprometido a
solicitar a la Junta de Andalucía que construya una
glorieta entre los accesos a Puerto 1y 2 con Puerto
3. La previsión es que esta carretera se desdoble
pero esta actuación tardará varios años en
ejecutarse. Por ello, los sindicatos demandan esta
medida provisional que incrementará la seguridad
para los vehículos que pretendan acceder a los
complejos penitenciarios.
Por último se le transmitió a la directora general
la petición de que no se cierre la cafetería en el
interior de Puerto 2, que se pretende clausurar por
medidas de seguridad. Los sindicatos explicaron que
si no estuviera los funcionarios tendrían que salir
fuera del centro por lo que no estarían localizables
en caso de urgencia. |
|
Masificado
el módulo de ingresos de Puerto 2 |
13/10/06
El
puerto. La directora de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, mantuvo un
encuentro con los sindicatos de prisiones antes de
visitar las instalaciones de Puerto 3. Según explicó
Acaip, los representantes laborales
transmitieron la situación de "masificación" que
sufre el módulo de ingresos del centro de Puerto 2.
Así alertaron de que unos 150 internos han tenido
que dormir durante el último mes en unos colchones
tirados al suelo. Han sido varias las circunstancias
que han motivado que las instalaciones se hayan
quedado pequeñas. Entre ellas se encuentra el hecho
de que el centro de inserción social de Jerez está
lleno, por lo que han tenido que trasladar internos
al centro portuense. Asimismo en el módulo de
ingresos hay presos que están a la espera de ser
reconducidos a otro módulo. Pero actualmente el
centro está totalmente ocupado. A día de hoy hay
unos 900 reclusos en Puerto 2.
Otra de las peticiones que le hicieron los
sindicatos fue la de mejorar los accesos a los
centros penitenciarios. La directora general de
Instituciones Penitenciarias se ha comprometido a
solicitar a la Junta de Andalucía que construya una
glorieta entre los accesos a Puerto 1y 2 con Puerto
3. La previsión es que esta carretera se desdoble
pero esta actuación tardará varios años en
ejecutarse. Por ello, los sindicatos demandan esta
medida provisional que incrementará la seguridad
para los vehículos que prentendan acceder a los
complejos penitenciarios.
Por último se le transmitió a la directora general
la petición de que no se cierre la cafetería en el
interior de Puerto 2, que se pretende clausurar por
medidas de seguridad. Los sindicatos explicaron que
si no estuviera los funcionarios tendrían que salir
fuera del centro por lo que no estarían localizables
en caso de urgencia. |
13/10/06
| El funcionario de
Monterroso empezó su cometido en la cárcel más
conflictiva de España, la del Puerto de Santa María.
Antes había trabajado en Bazán |
?ntonio
Pacín Otero es, desde hace doce años, el responsable
de los talleres de la cárcel de Monterroso. La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias le
acaba de imponer la medalla de bronce al mérito
penitenciario por su dedicación en beneficio de la
reinserción de los internos. La recibió de manos del
propio ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
en un acto que se celebró en Madrid con motivo del
día de la Merced.
-Es el reconocimiento a un trabajo en equipo.
Funcionamos como una cadena en la que todos los
engranajes son necesarios y si falla uno deja de
funcionar. -¿Cuántos reclusos acuden a los talleres?
-Están funcionando los de cableados, donde hay 67 y
de ferralla y carpintería metálica donde están otros
51. Hacemos cableado para Valeo, que suministra a
PSA. Suministramos ferralla a una empresa de As
Pontes y en carpintería metálica hacemos encargos a
medida para equipar centros: papeleras, mesas para
comedores... -¿Cómo funcionan? -Se rigen por la
normativa del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Se trata
de preparar a los reclusos para que en el momento en
el que salgan a la calle sepan lo que es trabajar.
Como en cualquier empresa hay unos horarios. La
jornada es partida, de nueve a una y de tres a
siete. Tienen su descanso de veinte minutos para el
café y funcionan con un sistema de distribución de
trabajo similar a cualquier empresa. -¿Cuánto
cobran? -Los salarios están ya estipulados y tampoco
puedo decir una media de lo que ingresan porque
depende de variables como la productividad. Entre
ellos hay encargados, responsables de cada cadena de
montaje y unos objetivos que cumplir. Estamos
sometidos a controles estrictos de calidad y si no
cumplimos con defectos 0 se nos sanciona. Todo el
material que sale cumple con las condiciones que
exige el mercado y los controles son muy estrictos.
Hemos conseguido mantenernos, pese a la
deslocalización de empresas y a la dura competencia
del exterior. -Supongo que será un centro de trabajo
algo más conflictivo que el resto y en el que se
manejan herramientas. -Es el sitio menos conflictivo
de toda la cárcel porque el que va a trabajar al
taller lo hace para estar ocupado y ganar un dinero,
por eso lo que menos desea son problemas. Hay que
tener en cuenta que tener un trabajo remunerado en
prisión constituye un lujo. A muchos, especialmente
sudamericanos, en cuyos países el nivel de vida no
es comparable al de aquí, el salario les permite no
sólo afrontar sus propios gastos de café, tabaco y
compras en el economato, sino que también pueden
enviar una parte a su familia. Y, no es que cobre
mucho. -¿No pueden acceder todos a los talleres?
-Tienen que presentar una solicitud y cumplir una
serie de requisitos legales que analiza la junta de
tratamiento. Es significativo que el 30% de la
población reclusa accede a trabajo remunerado.
-¿Cómo se consigue que no haya conflictividad?
-Existe disciplina y unas normas que si se incumplen
pueden llegar a suponer la expulsión del taller. Las
bases fundamentales son el orden y la limpieza,
básicos para evitar accidentes e incidentes. Se les
exige lo mismo que en cualquier otra empresa. |
13/10/06
| Sigue apostando por la
zona de La Asunción y Chapín pero descartará la antigua
cárcel si el proceso burocrático se demorara en exceso |
JEREZ.
Mamen Sánchez, jerezana y diputada socialista por la
provincia de Cádiz, ha confirmado que las
instalaciones de la antigua prisión de Jerez han
sido solicitadas ya formalmente por el Ministerio de
Interior a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias de cara a que alberguen en un futuro
las instalaciones de la comisaría de Jerez. Esta
solicitud se enmarca, según Sánchez, "en el interés
del Gobierno porque la nueva comisaría esté
operativa cuanto antes". La diputada confirmó a este
medio que "Interior ya ha confirmado que esa es la
zona que le interesa para el nuevo centro policial.
En caso de que no se pudieran utilizar los terrenos
de la antigua prisión, está absolutamente claro que
la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se
ubicaría por dicha zona porque sus comunicaciones
con el resto de Jerez son excelentes".
La representante provincial en el Congreso de los
Diputados destacó igualmente que las dos zonas que
Interior ha descartado fueron las inmediaciones de
Ifeca y un solar de la avenida de Puertas del Sur
muy cercano a la clínica Asisa, por el cual apostaba
directamente la Gerencia Municipal de Urbanismo. "En
dicha opción, los plazos habrían sido mucho
mayores", ya que dicho suelo municipal debería de
haber sido intercambiado por otros propiedad de
Patrimonio del Estado. Igualmente, la diputada
jerezana apunta que "la comisaría debe estar en
pleno casco urbano, en una zona con fácil acceso
tanto al centro como a las barriadas, para que los
ciudadanos puedan hacer sus gestiones sin
problemas".
Sánchez desea cerrar algunos rumores que han corrido
últimamente por la ciudad acerca de que se iban a
acometer una serie de obras en la actual comisaría
del Arroyo para que, de esta forma, el centro
policial siguiera en su actual enclave. "No digo que
no se hagan reformas tales como hacer de la
comisaría una instalación más accesible para
personas con minusvalías, pero repito que el
objetivo es que deje de ser un centro policial".
El proceso de desafectación (que viene a ser algo
así como demostrar que su propietario, en este caso
Instituciones Penitenciarias, no tiene interés por
dichas instalaciones) comenzó hace un año. El
director de la prisión de Puerto II es precisamente
el representante de Prisiones en dicho proceso. Fue
el pasado mes de noviembre cuando se ofreció a
Interior, lo cual es según Mamen Sánchez la vía más
rápida para que la construcción de la nueva
comisaría comience cuanto antes.
Tres meses más tarde, en febrero de este año,
técnicos del Ministerio de Interior visitaron los
terrenos y los declararon aptos para albergar una
comisaría y en junio se procedió la petición formal
por parte del ministerio del que depende el Cuerpo
Nacional de Policía. |
13/10/06
málaga.
Dice la tradición que hay una ley no escrita en la
cárcel. Una ley que respeta a los autores de delitos
relacionados con la droga, los atracos o los robos.
Pero también que se debe despreciar a los que entran
en prisión por delitos sexuales, de violencia de
género y a aquellos relacionados con menores de
edad.
Algunos funcionarios de la prisión saben bien cómo
funciona esa ley. "Cuando saben que llega algún
nuevo recluso que ha matado a la mujer o que ha
violado a alguna chica se muestran especialmente
violentos con ellos", aseguran. En especial con
aquellos cuyo caso ha tenido especial relevancia en
los medios de comunicación y que han conocido más en
detalle gracias a lo que han leído y visto por la
televisión. Hay quien opina lo contrario y dice que
la que funciona en prisión es la ley del más fuerte
y los kie (internos que lideran a grupos de
reclusos) son los más fuertes, independientemente de
lo que hayan hecho.
Pero los presos con delitos sexuales o violencia de
género suelen recibir muchas amenazas y el resto de
compañeros "tienden a hacerles un vacío" para que se
sientan cada vez peor. Ante ello, la prisión suele
mantenerlos en módulos de aislamiento para evitar
males mayores y también le aplican un programa de
prevención de suicidios, que se alarga en el tiempo
dependiendo del caso. "Muchas veces los internos han
llegado por primera vez a una cárcel y no tienen
antecedentes. El cambio es muy radical y que te
priven de la libertad es algo muy difícil de
asumir", dice otro funcionario. Sin embargo, a
veces, la presión del resto de reclusos o haberse
dado cuenta de lo que han hecho hace que la
situación de este tipo de personas llegue al límite
y lleguen al suicidio.
Entre todas las prisiones de toda España se suelen
dar una veintena de casos al año. Y Alhaurín de la
Torre no es una excepción. El martes apareció muerto
en su celda el ciudadano belga que en mayo intentó
matar a su hija de 11 años estrangulándola con el
cinturón de seguridad. Y el Viernes Santo del año
pasado también se suicidó tomando gran cantidad de
fármacos el joven de 22 años que dos meses antes
había asesinado a su mujer en Vélez-Málaga. En este
caso, fuentes cercanas a la familia aseguraron que
el chico había recibido palizas por parte del resto
de presos en el interior del centro penitenciario.
"Es una especie de subcultura de la cárcel. Es como
si allí hubiese una escala de valores en el que unos
delitos son mucho más reprochables que otros",
explica un abogado acostumbrado a tener clientes
internos. "Aunque lo de los malos tratos cada vez
está más normalizado, porque son muchos los que
entran el Alhaurín por cosas así", dice.
El experto en derecho dice además que los familiares
de las personas que se suicidan en una cárcel pueden
reclamar una indemnización, ya que una de las
obligaciones de la administración penitenciaria es
vigilar que no sucedan este tipo de cosas y cuando
lo hacen "piden responsabilidad por mal
funcionamiento del sistema".
Sin embargo, otros funcionarios dicen que los
problemas de los violadores o autores de delitos
similares "son más parte de un mito que de la
realidad". "Habitualmente no suceden este tipo de
cosas y además nosotros velamos por que no ocurran y
protegemos a los internos", dice otro trabajador del
centro penitenciario. |
14/10/06
| La Alcaldía cierra el
PGOU con este emplazamiento por falta de respuesta de
Instituciones Penitenciarias |
La
condición que puso Instituciones Penitenciarias para
construir una cárcel en Zamora está ya reflejada en
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Ayuntamiento ha reservado una parcela de 20
hectáreas en la zona norte de la ciudad, en la
carretera de Alcañices, a unos cuatro kilómetros de
la capital. Aunque había otra alternativa, la
Alcaldía ha optado por tomar una decisión unilateral
ante la falta de respuesta de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, pese a que dos
técnicos de esta Administración inspeccionaron el
pasado 22 de septiembre los dos terrenos que ofrecía
el Ayuntamiento. La segunda parcela es de una
extensión similar a la elegida y está situada en la
carretera de Entrala, entre el cruce de esta vía con
el polígono de Los Llanos.
La falta de respuesta de Instituciones
Penitenciarias a la oferta municipal y el
cumplimiento de los plazos que se había marcado el
Ayuntamiento para cerrar el PGOU han llevado a la
Alcaldía a incluir ya este terreno en el plan,
puesto que debían reflejar también la reserva de
suelo que se incorpora al patrimonio municipal,
según informó el concejal de Urbanismo, Jesús
Rodríguez.
Con esta decisión, el alcalde, Antonio Vázquez, sale
al paso de las críticas socialistas que le atribuyen
el retraso en la puesta en marcha del proyecto de la
nueva cárcel. «Desde el mes de julio tenían dos
parcelas para elegir, como yo mismo informé a los
miembros del sindicato ACAIP y al portavoz
municipal del grupo socialista, Antonio Plaza.» Fue
en ese mes cuando el diputado Jesús Cuadrado acusó
al Ayuntamiento de no facilitar suelo y le atribuyó
la responsabilidad en el caso de que se perdiera un
proyecto valorado en 60 millones de euros, que
generará 300 empleos y que tendrá capacidad para 500
internos.
Según explica el concejal de Urbanismo, «los
técnicos de Instituciones Penitenciarias quedaron en
dar una respuesta inmediata sobre las dos parcelas
que vieron. Se llevaron todos los datos e
información suficiente, y sabían que corría prisa
porque había que cerrar el PGOU. Después de tener
toda la información, nos llaman para pedir datos
irrelevantes como la propiedad de los terrenos,
cuando a la Dirección General le da lo mismo la
titularidad porque es el Ayuntamiento la institución
que va a expropiar o negociar con los propietarios y
la que va a pagar. El 25 de septiembre nos envían un
correo electrónico en el que nos dicen que van a
enviar su informe a la Dirección General, así que a
la vista de estos hechos que dan a entender falta de
interés, decidimos elegir nosotros la parcela porque
no se podía demorar más». |
14/10/06
Granada.
La Asociación de Vecinos "San Francisco Javier", una
de las que forman parte de los colectivos vecinales
del Distrito Beiro, ha exigido que la antigua
prisión de Granada se destine a equipamientos
públicos y no para acoger el nuevo centro
penitenciario para madres reclusas tal como proyecta
Instituciones Penitenciarias.
Así lo expresó el presidente de la Asociación,
Eduardo Ortega Martos, durante la reunión de la
Junta Municipal de Distrito Beiro celebrada el
pasado día 9 de octubre donde "el voto de este
representante vecinal es un no rotundo a la
construcción de nuevas instalaciones en el edificio
de la antigua prisión provincial".
Ortega aseguró que este colectivo mantiene las
reivindicaciones que las asociaciones de vecinos del
Distrito expresaron hace 16 años para que "esos
terrenos sean equipamientos: biblioteca pública,
piscina cubierta y pistas polideportivas". Indicó
que esta será su postura en la reunión que
celebrarán con el Ayuntamiento e Instituciones
Penitenciarias. |
14/10/06
| Si se confirma que el
implicado en el crimen de La Punta murió de sobredosis,
emprenderán acciones legales |
Tenía
23 años, aún no había sido juzgado por el crimen de
La Punta, pero llevaba dos años en prisión
preventiva; una medida cautelar que fue recurrida en
más de una decena de ocasiones por sus abogados.
José Antonio Cortés Domínguez falleció en la
madrugada del pasado sábado en la prisión de
Botafuegos. Tras el duro mazazo recibido, la familia
está a la espera de tener el informe definitivo de
la autopsia, y en función de su contenido emprenderá
acciones legales contra los responsables del centro
penitenciario si existen indicios de negligencia en
el control del preso.
Los padres de José Antonio sólo disponen de una
información superficial de las causas de la muerte
de su hijo, quien según explicó el abogado de la
familia, Mariano García Abascal, «no padecía ningún
tipo de problema físico que le produjera una muerte
natural».
El mismo sábado por la mañana, los progenitores del
finado fueron avisados del fallecimiento del joven.
Los primeros datos apuntan a que sufrió una
sobredosis por metadona. «Mientras no tengamos las
conclusiones de la autopsia, no vamos a tener en
cuenta lo que para nosotros son rumores. Pero si se
confirma ese dato, pediremos explicaciones de cómo
pudo entrar droga en un centro custodiado y donde no
puede existir el tráfico de estupefacientes».
En los próximos días, la familia de José Antonio se
personará en Botafuegos para poder conocer de
primera mano las conclusiones de la autopsia.
«Estamos dispuestos a llegar al final de todo esto,
ya que no pudimos hacer nada por su defensa, al
menos queremos que se depuren responsabilidades»,
dice el letrado, quien advierte de que «si la muerte
fue fruto del consumo de alguna sustancia, los
responsables del centro tendrán que explicarlo en un
juzgado».
Omisión o acción
Las probabilidades de que la familia denuncie a la
dirección de Botafuegos son muchas, ya que por
omisión o por acción, el fallecido accedió a una
sustancia que debió ser interceptada antes de que
llegara a manos de los consumidores.
Los padres «están sumidos en un profundo dolor» al
ver que su hijo ha terminado sus días en el interior
de una cárcel y cuando estaba cerca de salir en
libertad provisional. «Yo hablé con él una semana
antes de su fallecimiento. Me llamó para saber qué
tenía que hacer porque estaba a punto de cumplir los
dos años en prisión y se iba a revisar su
situación».
Con la muerte de José Antonio Cortés, se ha
producido un sobreseimiento parcial en el proceso
judicial, que aún está pendiente de señalamiento
tras superar diferentes obstáculos jurídicos como
las abstención efectuada por los magistrados de la
Sección Quinta de la Audiencia, que se negaron a
enjuiciar este asunto al haber visto el recurso de
los menores sentenciados; una decisión ratificada en
última instancia por el TSJA.
Distinto tratamiento
La prisión preventiva que dictó en su día el juez
instructor fue muy cuestionada por la defensa del
joven, ya que entendía que no se le podía aplicar el
mismo tratamiento que al presunto autor material del
crimen. Uno de los participantes en la reyerta de la
plaza de Filipinas, que terminó con la vida de
Francisco Gamboa, fue identificado por testigos y
sus propios compañeros como la persona que esgrimió
un arma blanca y se la clavó a la víctima. Este
sospechoso, de nombre Juan Carlos Martín Lechugo,
está acusado de un delito de homicidio en la
calificación inicial elaborada por el fiscal. En
cambio, José Antonio Cortés aparece en el mismo
documento como autor de dos delitos de lesiones y
una falta de hurto por agredir a Francisco Gamboa y
a Francisco Javier Moya; éste último fue golpeado
por salir en defensa del fallecido.
En esa misma calificación se describe la
participación de los otros dos adultos que
presuntamente participaron en la pelea y para los
que el fiscal solicita la misma pena que la de José
Antonio. El Ministerio Público entiende que los tres
tuvieron una intervención similar en los hechos. En
cambio, mientras José Antonio Cortés fue enviado a
prisión, sus otros dos amigos quedaron en libertad
con cargos. |
14-10-06
| Vázquez dice que el
Estado demora el proceso «pidiendo datos innecesarios» |
El
alcalde de Zamora, Antonio Vázquez responsabilizó
ayer a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Instituciones Penitenciarias (SEIP) del retraso en
la decisión de optar por uno de los dos terrenos -de
20 hectáreas cada uno- que el Ayuntamiento ha
ofertado al Estado para la construcción de una
cárcel en Zamora.
Vázquez hizo públicos ayer unos documentos que
desmontaban la acusación de que era el Ayuntamiento
de Zamora el que estaba demorando el proceso. «Nos
han pedido un montón de datos que no tienen sentido
y que han retrasado el informe favorable para
decidirse por una de las dos parcelas», declaró
Vázquez, quien mostró el contenido de un fax en el
que Instituciones Penitenciarias reclamaba, antes de
decidirse por una de las parcelas, datos tales como
el parcelario catastral afectado, sistema actual de
las infraestructuras de los terrenos para conocer
cual parcela dispone de mejor acometida y suministro
en electricidad, agua, saneamiento o vertido;
titularidad de los propietarios de los terrenos;
calificación y clasificación urbanística vigente y
la propuesta por la revisión del Plan General
actualmente en tramitación, además de datos
relacionados con el subsuelo. Peticiones que el
alcalde de Zamora tildó ayer de «absolutamente
innecesarias y absurdas».
Según se supo ayer, después de la visita realizada
el viernes 22 de septiembre a Zamora, el arquitecto
municipal, José Luis Azpicueta, se puso en contacto
con la responsable del Departamento de Suelo y
Gestión Patrimonial del SEIP para contestarle que
«los suelos visitados son aptos urbanísticamente
para la construcción del centro penitenciario» y,
por otro lado, que la clasificación urbanística era
«de suelo rústico, por lo que puede autorizarse como
uso excepcional según dispone la legislación
urbanística». Además, el arquitecto remitía a la
representante del SEIP a la web del Ayuntamiento
para que pudiera consultar la cartografía completa.
Al parecer esta respuesta municipal, en la que
también se indicaba la edificabilidad máxima de las
parcelas, no fue suficiente para el organismo
estatal, ya que el 29 de septiembre -cuatro días más
tarde- el departamento de Suelo y Gestión
Patrimonial del SEIP envía otro correo electrónico
en el que indica que para poder elaborar el informe
sobre la visita les resulta imprescindible mayor
documentación. Ante estas nuevas peticiones, Vázquez
se puso en contacto con la representante del SEIP,
quien ese mismo viernes remitía el informe a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Las dos parcelas ofertadas por el Ayuntamiento para
la futura cárcel están situadas una al noroeste y
otra al sur de la capital, «a una distancia de 4 ó 5
kilómetros de la ciudad». El alcalde se mostró ayer
molesto por las declaraciones del subdelegado del
Gobierno, Carlos Hernández, en el que acusaba al
Ayuntamiento de retrasar la elección del terreno.
«Lo que tiene que hacer el subdelegado», dijo
Vázquez, «es procurar ser más eficaz resolviendo los
asuntos de su competencia, como es la seguridad
ciudadana». |
15-10-06
La
querella anunciada por la defensa de Roca contra
Instituciones Penitenciarias por haberle requisado sus
diarios no parece inquietar a los responsables de
Prisiones. Fuentes consultadas por ABC señalaron que la
dirección del centro de Alhaurín de la Torre actuó
correctamente, ya que el cerebro de la «Malaya»,
trasladado recientemente a la prisión de Albolote
(Granada), anotó en sus diarios planos de la cárcel,
horarios y nombres de funcionarios. «Roca es un presunto
delincuente que forma parte de una banda organizada y, por
lo tanto, se le retiraron sus diarios porque podían
afectar a la seguridad del centro», indicaron las fuentes,
que añadieron que también se hubieran requisado este tipo
de cuadernos a islamistas o etarras.
Por último, subrayaron que la información intervenida a
Juan Antonio Roca se ha enviado al Juzgado para que
determine si ha cometido algún delito o puede aportar
datos a la investigación. «Esto no es un colegio, sino una
cárcel, donde la seguridad es lo más importante. Además,
Roca no pidió permiso para escribir ningún diario»,
apuntaron las citadas fuentes.
Por su parte, la defensa del principal imputado en la
operación «Malaya» considera que se ha vulnerado el
derecho de defensa, que es un derecho constitucional,
porque en uno de estos cuadernos está la estrategia que
van a seguir.
|
15-10-06
| CSI-CSIF denuncia que
por cada 150 presos sólo hay dos funcionarios vigilando
El 18% de los reclusos son extranjeros, porcentaje
inferior a la media nacional |
La
prisión de Badajoz tiene una tasa de hacinamiento
del 200% y es la duodécima cárcel más masificada de
España, según un informe de Acaip en el que
se analizan las estadísticas penitenciarias del
periodo 2000 a 2005.
Pero estas apreturas no son exclusivas de la cárcel
de Badajoz. Se trata de un «problema generalizado en
todo el sistema penitenciario español», sostiene
Diego Márquez, representante del sindicato de
funcionarios CSI-CSIF.
Proximamente se van a abrir nuevos centros
penitenciarios además de algunos CIS que están
proyectados, y eso puede suponer un alivio si
algunos presos son trasladados de Badajoz a otras
cárceles».
El número de internos ha pasado de 584 en el 2000 a
784 en agosto de 2005, cifras que se han mantenido
estables en los últimos doce meses, señala Diego
Márquez, representante del sindicato de prisiones
CSI-CSIF.
A la masificación de la prisión pacenses ha
contribuido el aumento de la población reclusa de
origen extranjero, que se ha incrementado un 137%
desde el año 2000. Actualmente, en sus instalaciones
cumplen condena internos de muy diversas
nacionalidades.
El problema es que el aumento de la población
reclusa no se ha visto acompañado por una ampliación
de la instalaciones ni por un aumento en la
plantilla de funcionarios, que permanece invariable
desde hace diez años, denuncia Márquez
En cuanto al perfil de la población reclusa, nueve
de cada diez internos son hombres (95,56%). Y, en
relación con su situación procesal-penal, el 82,23%
de la población reclusa está condenada a penas de
prisión y el 17,77% son presos preventivos.
Si se comparan los datos de la población reclusa
penada de Extremadura, respecto de la media de la
población nacional, que se sitúa en el 77,5%, vemos
que ésta se encuentra cinco puntos porcentuales por
encima.
De las estadísticas de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias se desprende otro dato
negativo: la habitualidad penal de los presos
internos en la cárcel de Badajoz. El 64% de los
internos son reincidentes, mientras que el
porcentaje aumenta entre la población femenina, con
un 74%. Estos datos ponen de manifiesto que el grado
de reincidencia de los presos condenados en la
prisión de Badajoz está 9 untos por encima de la
media nacional, que se sitúa en el 58%.
El 80% de la población reclusa condenada y
clasificada lo está en segundo grado de tratamiento.
El 7% en tercer grado o situación de semilibertad,
ya que sólo acuden a dormir de lunes a viernes, y
realizan una actividad laboral fuera de prisión.
Sólo el 2% de la población reclusa condenada y
clasificada se encuentra en primer grado. Entre
ellos se encuentran principalmente terroristas,
grandes narcotraficantes, internos mafiosos e
internos inadaptados al régimen interior del régimen
penitenciario. El informe de Acaip señala que
este tipo de reclusos se caracterizan por un
enfrentamiento continuo a las normas, agresiones a
otros internos y a funcionarios, coacciones e
incluso asesinatos en prisión, como sucedió el
Presos etarras
En la prisión de Badajoz se encuentran recluidos en
la actualidad 12 presos de la banda terrorista ETA.
La prisión de Badajoz presenta una tasa de
hacinamiento del 200% y es la duodécima cárcel más
masificada de España, según concluye un informe
elaborado por el sindicato de prisiones ACAIP
en el que se analizan las estadísticas
penitenciarias del periodo 2000-2005.
En Badajoz cumplen condena 790 presos, alojados en
392 plazas, a pesar de que la legislación
penitenciaria establece la exigencia de celdas
individuales. Requisito que, por otro lado, «se
incumple de manera sistemática en todas las cárceles
de España», afirma Diego Márquez, funcionario del
centro penitenciario de Badajoz y representante del
sindicato CSI-CSIF. «Aquí han llegado a dormir hasta
tres internos en una misma habitación», asegura.
En Badajoz, el número de presos ha pasado de 584 en
el 2000 a 784 en 2005, cifra que se traduce en un
incremento del 34%.
Esta sobreocupación de las instalaciones
penitenciarias provoca no pocos problemas en el buen
funcionamiento de la vida de los internos. La falta
de espacio obliga a «meterles donde se puede, hasta
tal punto que se han mezclado, en el mismo módulo, a
presos reincidentes o que cumplen condena por
homicidio con internos condenados con penas de corta
duración», señala Diego Márquez.
Aún así, las apreturas no son exclusivas de la
cárcel de Badajoz. Se trata de un «problema
generalizado en todo el sistema penitenciario
español», insiste.
Estas declaraciones contrastan frontalmente con la
opinión de la delegada del Gobierno en Extremadura,
Carmen Pereira, quien manifestó meses atrás que
ninguna de las dos cárceles de la región está
masificada.
Sin embargo, a juicio de los funcionarios de
prisiones, el problema se debe a que el aumento de
la población reclusa no se ha visto acompañado de
una ampliación de la instalaciones y, mucho menos,
de un incremento de la plantilla, que no ha variado
desde hace diez años. Así las cosas, «cada vez es
más complicado el control de los internos y el
mantenimiento de la seguridad del centro», señala el
representante de CSI-CSIF.
«Dos funcionarios tenemos que vigilar a 150 presos»,
el doble de lo establecido. «Situación que se ha
agravado porque casi siempre los reclusos sólo están
controlados por un único funcionario, ya que el otro
pasa buena parte de la jornada en tareas de
oficina», afirma Márquez. Ante esta situación, «la
única posibilidad de aliviar las condiciones de la
prisión pasan por el traslado de algunos internos» a
los centros penitenciarios y de régimen de
semilibertad que el Gobierno tiene previsto abrir en
otras regiones.
Extranjeros
A esta masificación de la prisión pacense ha
contribuido el incremento de presos extranjeros,
cuyo número ha aumentado un 137% desde el año 2000.
Los presos no nacionales representan el 18% de la
población reclusa. A pesar de lo llamativo de la
cifra, la cárcel de Badajoz se encuentra 11 puntos
por debajo de la media nacional, muy lejos de
presidios como Topas, donde se registra una masiva
presencia de penados de origen foráneo.
«La mayoría de los presos extranjeros cumplen
condena por delitos que han cometido aquí, mientras
que otros se encuentran a la espera de ser
trasladados a otros centros», aclaran fuentes
penitenciarias.
Uno de los inconvenientes de la sobreocupación -y de
la propia existencia de distintas nacionalidades-
«es la incipiente formación de bandas dentro de la
cárcel», apunta Márquez. En el establecimiento
penitenciario de Badajoz cumplen condena marroquíes,
albanokosovares, nigerianos... que tienden a
agruparse por su procedencia. «Los de raza negra se
juntan con los de raza negra, los orientales se
relacionan con los orientales, y así
sucesivamente... Afortunadamente, no tenemos que
lamentar grandes brotes de violencia en las horas
que los internos pasan en el patio. A pesar de que
la falta de espacio provoca roces inevitables, pues
un lugar pensado para el esparcimiento de 80
reclusos tiene que ser compartido por unos 150».
En cuanto al perfil de la población interna, nueve
de cada diez son hombres (95,56%), siendo la
representación femenina residual. En relación con su
situación procesal-penal, el 82,23% de la población
reclusa está condenada a penas de prisión, mientras
que el 17,77% son presos preventivos.
De las estadísticas de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias se desprende otro dato
negativo: la elevada tasa de habitualidad delictiva
de los presos internos en la cárcel de Badajoz. El
64% de los presos son reincidentes, mientras que
este porcentaje aumenta hasta el 74% entre las pocas
presas recluidas en Badajoz. Estos datos ponen de
manifiesto que el grado de reincidencia de los
presos condenados en la prisión supera 9 puntos a la
media nacional, que se cifra en el 58%.
Por otro lado, el 80% de la población reclusa
condenada y clasificada lo está en segundo grado de
tratamiento. Y el 7% en tercer grado o situación de
semilibertad, puesto que únicamente acuden a dormir
a la prisión de lunes a viernes, y realizan una
actividad laboral fuera de ella.
Sólo el 2% de la población reclusa cumple condena en
primer grado. En la prisión de Badajoz se encuentran
recluidos 12 presos pertenecientes a la banda
terrorista ETA. Además de estos terroristas, en esta
lista de presos de primer grado figuran grandes
narcotraficantes, internos mafiosos y presos
inadaptados al régimen interior penitenciario.
Presos peligrosos
ACAIP matiza que este tipo de reclusos se
caracterizan por un enfrentamiento continuo a las
normas, agresiones a otros internos y a
funcionarios, coacciones e incluso asesinatos en
prisión. Es es lo que sucedió el pasado mes de
marzo, cuando un interno apuñaló a otro en el módulo
1.
En cuando a la edad de los penados, el 40% tiene
entre 31 y 40 años, y el 25% de 41 a 60 años. Por el
contrario, la población reclusa menor de 20 años es
residual, con un 1,4% sobre el total.
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