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Los sindicatos de prisiones y Teófilo Montoya denuncian las
condiciones de hacinamiento en El Acebuche |
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4/04/2007 |
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ALMERÍA.- El candidato del Partido de Almería a la
Alcaldía de Almería, Teófilo Montoya, se ha
concentrado en la mañana de hoy junto con los
sindicatos de prisiones de Almería en la puerta del
Centro Penitenciario de El Acebuche en protesta por
la falta de medios y personal en la cárcel.
“La directora del Centro nos ha amenazado por
concentrarnos”, asegura Marcelino Menéndez,
secretario provincial la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias
(ACAIP). Los funcionarios afirman que
Clotilde Berzosa, directora de la prisión de
Almería, les ha prohibido expresamente formar parte
de la concentración. Por este motivo, los
representantes sindicales han realizado un escrito
en el que reivindican que dicha prohibición sea
revocada y se permita a los trabajadores ejercer su
derecho al paro y a concentrarse. Del mismo modo,
recuerdan que el propio subdelegado del Gobierno les
había autorizado el paro-concentración.
Concretamente las quejas de los funcionarios están
encaminadas a la falta de seguridad, la masificación
de los reclusos y a la ausencia de unas mínimas
condiciones de habitabilidad para los trabajadores y
los internos.
“El Centro de El Acebuche es el más masificado de
Andalucía y el que cuenta con menos medios técnicos
y de seguridad, por lo que la actividad de nuestro
trabajo se limita a abrir y cerrar puertas”, declara
Francisco Iglesias de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios -CSI-CSIF-. Según
los sindicatos la prisión provincial tiene capacidad
para 50 reclusos, sin embargo alberga a 130
internos. “Las celdas, el comedor y el resto de
instalaciones sufren una situación de
desbordamiento. En una celda de unos cinco metros
aproximadamente conviven tres reclusos”, añade
Iglesias.
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Dicho y hecho. Los sindicatos presentes en la
prisión provincial de El Acebuche ya advirtieron la
semana pasada de que se iban a concentrar cada
miércoles de este mes para protestar por la
masificación y la falta de seguridad de las
instalaciones. La de la mañana de ayer fue la
primera de estas expresiones ante la que la
dirección del centro penitenciario reaccionó.
La responsable de El Acebuche, Clotilde Berzosa,
reconoció que el centro está masificado y que, hoy
por hoy, cuenta con 990 reclusos aunque matizó que
hubo épocas peores en la que el número de presos
superó el millar. De hecho, la directora recordó que
en este año no se ha superado en ningún momento la
cifra de 1.080 internos que se pactó con los
sindicatos el pasado año y después, también, de una
serie de actos de protesta. En estos momentos, más
del 50 por ciento de los internos se encuentran en
régimen preventivo, según la misma fuente, y sólo en
uno de los módulos -el preventivo para población
extranjera- duermen más de dos internos por celda lo
que, a su juicio, en términos absolutos significa
que el centro supera en once personas el número de
plazas habilitadas.
«Están a tope»
Aunque la verdad, reconocida por la propia Berzosa,
es que cuatro módulos «están a tope», la responsable
no dejó de puntualizar que se están haciendo
esfuerzos por reducir la presión demográfica en las
instalaciones que ha pasado, por ejemplo, por
trasladar a los presos más peligrosos. Asimismo,
quiso destacar que Instituciones Penitenciarias sólo
tiene capacidad para trasladar a aquellos presos que
están condenados y que los preventivos -una cifra
más que importante en el caso almeriense- sólo
pueden desplazarse con el consentimiento de la
autoridad judicial.
Los funcionarios son más duros con sus valoraciones
y durante la concentración de ayer pintaron con tiza
en el suelo las dimensiones de una celda para hacer
ver a los medios de comunicación que la presencia de
tres personas en ese reducido espacio es indignante
cuanto menos. «A simple vista, las condiciones en
las que viven los internos son lamentables», comentó
el responsable de CSI-CSIF, Francisco Iglesias,
quien quiso recordar que, aunque pueda parecer
obvio, las celdas están diseñadas para alojar a una
sola persona.
No es la única crítica acerca de la actual situación
del centro que todos los sindicatos consideran el
más infradotado de toda la comunidad andaluza,
además de encontrarse entre los «más obsoletos» -en
palabras de Iglesias-. Un ejemplo es suficiente para
visualizar esa idea y es el hecho de que mientras
otros centros cuentan con sistemas de
vídeo-vigilancia o de apertura informatizada de
puertas, en el de Almería «pervive el cerrojazo, que
es más propio de cárceles de la Guerra Civil que del
año 2007», sentenció el mismo representante de los
trabajadores.
Pero en ese sentido desde la dirección del centro no
dejaron de recordar que el recinto tiene más de 21
años y que a ello se debe la falta de medidas de
seguridad acorde a los tiempos que corren. Eso sí,
el 'peligro' se reduce con el traslado de los
internos de primer grado de los que sólo quedan en
estos momentos 16 integrantes de ETA. Asimismo,
señaló que en años pasados no se acometieron
reformas que mejoraran la cárcel. En cambio, en
estos momentos el Gobierno ha destinado una partida
de un millón de euros para llevar a cabo
actuaciones. Estas permitirán poner a punto el firme
de uno de los campos de fútbol del centro que, según
los sindicatos, «estaba hecho un pedregal». |
| La liberación del preso |
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8/04/2007 |
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TAL como ocurre desde el reinado de Carlos III, este
año también se ha repetido, pero con escasa
repercusión mediática, la vieja tradición española
liberar a un preso por Semana Santa. Conocen la
escena. Noche de roncos tambores y claros clarines.
Cofradía con las imágenes en sus pasos. Delante de
un Cristo flagelado o una Virgen llorosa, un preso
que avanza en el cortejo penitente, vestido con
túnica nazarena, su cabeza cubierta con un antifaz
sin capirote, quizá con sus manos atadas, como en
recordación del prendimiento de Jesús. Y tras el
rataplán solemne de los tambores, alguien que lee un
pergamino, que pronuncia una ritual frase antigua, y
el preso queda liberado.
Sé por qué este año ha tenido tan escasa repercusión
mediática la ritual liberación cofradiera de un
preso. Ya no es noticia que se libere a un preso por
privilegio de Carlos III. Larra decía que todo el
año es Carnaval, y a efectos de la rendición del
Estado ante los terroristas condenados por
asesinato, todo el año es Semana Santa. Zapatero ha
llegado mucho más lejos que Carlos III, y sin
necesidad de procesión alguna. Carlos III liberaba a
un solo preso, y el Jueves Santo. ZP los excarcela a
manojitos, cada lunes y cada martes. El hermano
mayor de la Cofradía de la Rendición del Estado es
el fiscal general, que aplica profusamente los
privilegios excarcelatorios sin necesidad de que sea
Semana Santa.
A ver, que me digan a mí: ¿qué cofradía española, de
la profunda Castilla penitente o de la riente
Andalucía de las saetas, ha conseguido liberar a un
preso con veinticinco crímenes a sus espaldas, que
tenía pedida además otra pena de 96 años? Desde
Carlos III acá, nunca se había concedido tal
privilegio en la tradicional liberación del preso.
Soltaban las cadenas a un pobre hombre que había
robado unas gallinas, al oficinista que había hecho
un desfalco con un cheque, al que había estafado a
un cateto con el tocomocho. Al cambio, nada con
tambores y cornetas. Por el contrario ZP, con su ya
tradicional ceremonia de liberación de los presos
etarras, ahí lo tienen al tío: ¿privilegios de
Carlos III a mí? Sin cofradía, sin Semana Santa, sin
ponerle túnica nazarena alguna, ZP ha concedido el
privilegio de que el Juana Chaos esté ya en su
tierra y con su gente, en prisión atenuada, con
arrumacos de la novia y buen caldo.
En cuanto a Otegui, ni te cuento. Precisamente en
estos pasados días de Semana Santa, el hermano mayor
de la cofradía de la Rendición, digo, el fiscal
general del Estado, ha celebrado la ceremonia de la
liberación número no sé cuántos ya de Otegui,
diciendo que no hizo ni mucho menos enaltecimiento
del terrorismo en su habitual ceremonia apologética
de la ETA. La tradición excarceladora con Otegui es
muy curiosa. Según los privilegios liberadores de la
Semana Santa, se ponía en libertad a un solo preso y
una sola vez. A Otegui lo han puesto ya en libertad
una cantidad de veces que yo hasta he perdido la
cuenta. Es como si en Málaga, un poner, la Cofradía
de Jesús el Rico, liberara el Miércoles Santo de
cada año al mismo preso, y por una causa distinta.
Punto el de la tradición liberadora en el que este
año se ha producido en Málaga una novedad muy
reveladora. Esa ceremonia ritual que se celebra
cuando hace su aparición por la calle Alcazabilla el
trono de la Virgen del Amor tiene detrás, como todo
lo español, una barbaridad de papeleo. Instituciones
Penitenciarias, sí la dirección general de la
Gallizo, ojú, interviene lo suyo para aplicar a un
preso los mismos beneficios que al Juana Chaos o al
Otegui, o sea, las patitas en la calle. Hasta ahora
liberaban a presos condenados por delitos de robo,
lesiones o apropiación indebida. Este año no. Este
año han liberado a un preso por delitos de sangre, a
un jubilado de 66 años condenado a cuatro años y
medio de prisión por un delito de tentativa de
homicidio, al que le quedaban por cumplir dos años
de cárcel. ¿Captan el matiz, no? De modo que pienso
que a ese preso de Málaga no le han aplicado el
privilegio de Carlos III, sino el pasemisí, pasemisá
que se gastan con los asesinos de la ETA. Que eso sí
que es tradicional ya, ay, yayayay de la triste
saeta de la rendición del Estado. |
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La directora de prisiones habla del “desconcierto” entre los
presos por el fin de la tregua |
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5/04/2007 |
| Gallizo
"no descarta" que De Juana vuelva a ingresar en prisión.
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, no descartó que el etarra Iñaki de Juana Chaos
reingrese en prisión si mejora su salud tras finalizar su
huelga de hambre, y señaló que la ruptura de la tregua “ha
provocado desconcierto” entre los presos de ETA. Gallizo, cuyo
apellido sirve de título a uno de los artículos por los que ha
sido condenado De Juana, dijo no ser quien “para determinar si
encerraba amenazas”, y recordó que “mientras exista una
organización armada, existe un riesgo”. |
Mercedes Gallizo, que ha estado en los últimos meses
en el ojo del huracán por el caso De Juana, señaló
que la situación del etarra “se revisará en su
momento y se tomará la decisión que proceda a la
vista de las circunstancias”. Según declaró en una
entrevista concedida a la revista Tiempo, no puede
descartarse “nada” con respecto al terrorista, y no
cabe deducir si se le aplicará el tercer grado o,
por el contrario, volverá a ingresar en prisión,
porque ambas son posibilidades reales.
“Desconcierto” por el fin de la tregua
Por otro lado, la directora de Instituciones
Penitenciarias aseguró que tanto ella, como otros
funcionarios de prisiones no notaron “contestación
interna” de los etarras presos cuando, hace ya un
año, se anunció el alto el fuego permanente, aunque
la ruptura de la tregua sí que habría “provocado
desconcierto” entre los miembros de la banda que
estaban en prisión. Aún así, matizó que los presos
son conscientes de que todas sus conversaciones
están intervenidas, por lo que se oye de ellas “no
es representativo de su opinión”.
“Se mezclan todas las cosas”
Gallizo subrayó, una vez más, que la decisión de
aplicar el segundo grado penitenciario a De Juana es
algo usual en el sistema legislativo español, puesto
que el etarra cumple ahora una condena por amenazas,
y no por delitos de sangre. “A veces se mezclan
todas las cosas y conviene aclarar que a personas
con penas tan reducidas se las suele clasificar en
segundo grado o incluso en tercero desde el mismo
momento en que empieza su cumplimiento”, aclaró.
“Demagogia política”
Además criticó que “se ha hecho mucha demagogia
política” a través de este caso, y denunció que “se
ha llegado a decir, y no en una conversación del bar,
sino en el Parlamento, que le habíamos aplicado
beneficios penitenciarios al autor de 25 asesinatos,
cuando quien lo dijo sabía perfectamente que ni
estaba cumpliendo condena por esos 25 asesinatos ni
nosotros le hemos aplicado beneficio alguno”. “Es
pura demagogia que confunde a los ciudadanos”,
lamentó.
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La Audiencia Nacional celebrará esta semana cuatro
juicios contra miembros de la organización
terrorista ETA. En dos de ellos será juzgado Juan
Antonio Olarra Guridi, para quien el fiscal pide 30
años de cárcel por el asesinato del funcionario
de prisiones de Martutene José Ramón Domínguez, en
1993, y otros 15 años más por la colocación de
una tartera-bomba en el vehículo de un militar en
Sevilla.
En las otras dos vistas se juzgará a los miembros
del anterior "comando Donosti", que se enfrentan a
penas de 26 y 29 años de prisión por los delitos de
pertenencia a banda armada, depósito de armas,
tenencia de explosivos y falsificación de
documentos, y a los históricos etarras Enrique
Letona, José Antonio Borde Gaztelumendi y Sebastián
Echániz Alcorta, para los que se piden 28 años de
cárcel por el asesinato de un teniente coronel de
Artillería en 1981.
Olarra Guridi será juzgado el viernes por el
asesinato del funcionario de la cárcel de Martutene
José Ramón Domínguez. El acusado presuntamente le
disparó dos tiros a la cabeza y el cuello que le
causaron la muerte inmediata, cuando la víctima
salía de su domicilio en el barrio de Martutene en
San Sebastián. El fiscal Ignacio Gordillo pide 30
años de cárcel por un delito de asesinato
terrorista.
Además, mañana será juzgado por haber facilitado a
los etarras ya condenados por estos hechos Jon Igor
Solana y Harriet Iragi informaciones sobre el
subteniente del ejército Fidel Albalat. El 4 de
octubre de 2000, los dos terroristas colocaron bajo
el asiento del conductor de su coche una
tartera-bomba en la que estaba escrito el nombre de
"Zigor" por un etarra muerto en esa época al
estallarle un artefacto.
El subteniente notó algo sospechoso y avisó a la
Policía, por lo que el artefacto pudo ser
desactivado. El fiscal de la Audiencia Nacional Juan
Moral pide para Olarra Guridi 15 años de cárcel por
asesinato terrorista en grado de tentativa.
"COMANDO DONOSTI"
Por otro lado, la Sección Tercera de lo Penal
juzgará mañana a los integrantes del "comando
Donosti" de ETA Iker Olabarrieta Colorado, Carmelo
Laucirica Orive, Igor González Sola, Marta Igarriz
Iceta y Jon Koldobika Garmendia Martínez, para
quienes la fiscal Dolores Delgado pide 26 y 29 años
de prisión por los delitos de pertenencia a banda
armada, depósito de armas, tenencia de explosivos y
falsificación de documentos oficiales.
La fiscal señala en sus conclusiones provisionales
que la formación de este comando se remonta a
septiembre de 2002 tras la muerte de los miembros
del "comando Vizcaya" Hodei Galarraga Irastorza y
Egoitz Gurruchaga Gogorza al explotarles la carga
explosiva que transportaban en un vehículo
alquilado.
Olabarrieta abandonó entonces España, refugiándose
en Francia. Allí recibió un curso de armas y
explosivos que le impartió otro miembro de ETA. En
febrero de 2004, entró de nuevo a España junto con
otros etarras, siguiendo órdenes de la dirección de
la banda terrorista para reconstituir el "comando
Donosti". Los terroristas permanecieron en España
hasta los atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid y regresaron al país vecino.
El fiscal señala que una vez reconstituido el
"comando Donosti", éste contó con el apoyo de
Igarriz, captada por Koldobika. Los etarras
alquilaron en marzo de 2004 un piso en San
Sebastián, en el que se alojó Olabarrieta y los
otros etarras huidos.
Cuando Olabarrieta se marchó a Francia entregó a
Igarriz dos mochilas que contenían armas y
explosivos, trasladándolas a un garaje en la
localidad guipuzcoana de Hernani. En este lugar se
intervinieron varias armas y detonadores.
Siguiendo órdenes de la dirección de ETA,
Olabarrieta regresó a España con Laucirica para
constituir el "comando Amaiur" con el fin de obtener
información sobre miembros del Ejército destinados
en el cuartel de Loyola y de la Guardia Civil de
Intxaurrundo de San Sebastián. Los terroristas se
alojaron en una vivienda de la ciudad, en la que se
intervino una pistola, dos cargadores con trece
cartuchos, un subfusil y documentación falsa, entre
otros elementos.
ASESINATO DEL SUBTENIENTE.
Además, el jueves serán juzgados Enrique Letona,
José Antonio Borde Gaztelumendi y Sebastián Echániz
Alcorta por el asesinato del teniente coronel de
Artillería Ramón Romeo Rotaeche, perpetrado el 19 de
marzo de 1981, cuando salía de escuchar misa en la
Basílica de Begoña, en Bilbao (Vizcaya).
Los tres participaron en las vigilancias e
infraestructura del atentado, aunque no fueron ellos
los que le dispararon en la cabeza. El teniente
coronel falleció dos días después del atentado. El
fiscal pide para cada uno de los acusados 28 años de
cárcel como autores del asesinato por colaboración
necesaria.
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Cabe señalar que, el objetivo de este protocolo,
publicado el pasado sábado en el Diario Oficial de
Extremadura (DOE), es establecer las líneas
generales para la puesta en marcha de un programa
físico-deportivo por medio de escuelas deportivas
tendentes a mejorar la salud, la forma física, el
nivel deportivo y la utilización del ocio de los
internos de las prisiones.
Por este acuerdo, la Consejería de Cultura se
compromete a facilitar los servicios de técnicos
adecuados para la puesta en marcha de las
actividades y cursos que se impartirán, entre los
que destacan escuelas deportivas y cursos de
formación.
De esta forma, fútbol, atletismo, baloncesto y
voleibol serán los deportes que se fomentarán a
través de este acuerdo, mientras que los cursos de
monitores, árbitros o formación reglada deportiva (TAFAD)
completarán la oferta formativa.
Mientras, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias dotará a los centros del material
deportivo necesario para el desarrollo de la
actividad, difundir los programas de carácter
deportivos así como la adopción de las medidas
necesarias para llevar a buen término los acuerdos
alcanzados en este protocolo general. |
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El Ministerio Fiscal ha decidido pedir que se
imponga un año y seis meses de prisión a María del
Carmen G. M. a la que acusa de haber utilizado a un
menor de edad para pasar droga al hermano de ella y
a su cuñada, cuando el matrimonio estaban en la
cárcel cumpliendo condena.
Su sobrino
El delito ocurrió el 25 de febrero del año pasado.
María del Carmen acompañó a sus sobrinos menores de
edad al centro penitenciario de Cáceres en el que se
hallaban internos los padres de los niños.
Los menores tenían autorizada una comunicación y
según señala el fiscal, María del Carmen entregó a
uno de sus sobrinos un monedero pequeño para que se
lo diese a sus padres cuando estuvieran a solas con
ellos.
Los funcionarios del control de entrada descubrieron
el monedero, en el que había un trozo de hachís de
5,12 gramos de peso. La droga está valorada en 3,04
euros el gramo.
De ser condenada, María del Carmen no tendría que ir
a prisión ya que no tiene antecedentes penales y la
pena es menor de dos años. |
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La cárcel de Brians 2, situada a escasos metros de
la que lleva el mismo nombre, en Sant Esteve
Sesrovires (Baix Llobregat), se inaugurará el 1 de
junio y desde esa fecha hasta finales de año se irá
llenando progresivamente. "Como un pantano",
explican los responsables de la Generalitat. Cuando
concluya el proceso albergará 1.500 reclusos, todos
hombres, que cumplen condenas por delitos muy
diversos. Las nuevas celdas servirán para esponjar
la Modelo, donde se hacinan más de 2.200 reclusos.
Los que están cumpliendo condena representan casi el
mismo número que los preventivos.Los expertos
aseguran que la cifra crítica de la Modelo son 2.100
presos, un límite que se superó hace unas semanas a
costa del deterioro de las condiciones de vida de
los presos. En muchas celdas conviven hasta seis
reclusos en literas, una situación parecida a la que
sufren otros internos de los centros de Tarragona,
Girona y Lleida, que también pueden llegar a estar
cinco o seis en una misma celda, que, además, es más
reducida.
Esta situación extrema hará que los primeros presos
que ocupen las nuevas celdas de Brians 2 sean los de
la Modelo y los que ahora cumplen pena en el módulo
1 de Brians, el más saturado.
Brians 2 es la última cárcel que se licitó en la
época de Convergència i Unió (CiU) y responde a un
modelo penitenciario que se desterró con la llegada
de la izquierda al Gobierno catalán. Es un
macropresidio al estilo de Quatre Camins y Brians,
los dos únicos que se construyeron durante los
sucesivos gobiernos de Jordi Pujol en los casi 20
años que tuvo las competencias en materia de
prisiones.
Centros más pequeños
El plan de centros penitenciarios que diseñó el
tripartito apuesta por cárceles más pequeñas, con un
máximo de 600 presos, en las que la función
resocializadora del recluso que prevé la
Constitución puede resultar más efectiva, según
explica el secretario general de Servicios
Penitenciarios, Albert Batlle.
Brians 2 ya está prácticamente acabada y desde el
pasado 1 de enero se están entregando las obras a la
Generalitat. Tendrá 14 módulos residenciales de 72
celdas, a los que hay que añadir el de ingresos,
régimen cerrado, sancionados, enfermería y otras
dependencias. En las nuevas instalaciones trabajarán
835 funcionarios. De ellos, el 60% realizará tareas
de vigilancia y el resto, de tratamiento. Ha costado
más de 80 millones de euros y su director será Pedro
Domínguez, quien ya ocupó ese cargo en la Modelo y
en Quatre Camins.
La nueva prisión será una válvula de escape para
afrontar la masificación de las cárceles catalanas,
un asunto que nunca está en la agenda política y que
no genera interés social, salvo que se cometa un
crimen horrendo por un recluso de permiso. Entonces
sí hay coincidencia en reclamar un endurecimiento
del Código Penal y menos flexibilidad de la vida
carcelaria. España es el país de la Unión Europea
con más presos por cada 100.000 habitantes y en
Cataluña los índices están mejor, pero sólo
ligeramente. El pasado 14 de marzo había en las
cárceles catalanas 9.170 presos, 200 más que al
empezar el año. Es decir, 2,78 más cada día, con lo
que la cifra actual seguro que ya supera los 9.220.
Si esta tendencia no se detiene, habrá 10.000 presos
al terminar el año, aunque las estadísticas
demuestran, no se sabe bien por qué razón, que en el
segundo semestre hay menos ingresos.
De esos 9.170 presos, uno de cada cinco eran
preventivos (1.965) y las mujeres suponían el 7%
(639 reclusas). Son porcentajes estabilizados desde
hace años, pero el que no para de aumentar es el de
extranjeros encarcelados. Son ya 3.469 y representan
el 37,8% de la población, 3,6 puntos más que al
iniciarse 2006.
"Hace falta una reflexión social", repite Batlle sin
demasiado éxito desde hace años. "El actual sistema
penitenciario es insostenible social y
económicamente", añade. Un preso cuesta cada día 64
euros a la Administración, pero a su entender lo más
preocupante es que no se realiza una "debate
riguroso" sobre qué evidencia la cárcel. En su
opinión, el fracaso de otras políticas, como la
sanidad, la juventud o actuaciones en materia de
inmigración. |
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Una orden interna del director del Centro
Penitenciario de Badajoz, Carmelo Charfolé, ha
causado rechazo y malestar entre los funcionarios de
prisiones, en especial aquellos que prestan sus
servicios en el módulo de mujeres. La misiva exige
que, a partir de ahora, los cacheos y las requisas
realizadas en las celdas de las internas 'FIES BA',
es decir, aquellas incluidas en el fichero interno
de especial seguimiento por pertenencia a banda
armada, deberán realizarse en presencia de un jefe
de servicio.
Estos cacheos o registros de celdas suelen ser
práctica habitual en cualquier cárcel española y los
llevan a cabo los funcionarios de prisiones cuando
consideran que un interno o interna está en posesión
de alguna pertenencia sospechosa y prohibida. Es
más, en algún caso se realizan aleatoriamente para
disuadir al resto de internos de determinadas
prácticas. Los funcionarios con los que ha podido
hablar este diario y que prefieren no revelar su
identidad entienden que la orden de la dirección
supone un trato preferente para las únicas dos
presas de ETA que cumplen condena en Badajoz, una de
ellas Idoia López Riaño, alias 'La Tigresa', dado
que no es válida para el resto de internas del
módulo, ni para los doce presos varones
pertenecientes a la banda armada vasca ni para el
resto de los aproximadamente 750 internos del centro
penitenciario pacense.
Reglamento
Este tipo de especificaciones no figuran en el
reglamento penitenciario y suponen una medida
absolutamente arbitraria, han indicado fuentes
penitenciarias aquejadas de que para el resto los
internos se pueda seguir actuando como hasta ahora.
Fuentes internas del centro consideran que la orden
del director viene como consecuencia del registro
realizado en la celda de Idoia López Riaño hace un
par de semanas. La miembro del ETA se sintió molesta
por ello y mostró su queja a la dirección. Acto
seguido vino la orden mencionada. Y es que, según
han indicado a HOY fuentes de la prisión, esta
interna goza de la mayor parte de las ventajas que
concede el segundo grado a pesar de ser una preso de
primer grado. Tiene comunicaciones, disfruta de vis
a vis, goza de horas de patio y participa en
actividades casi como una interna de régimen
ordinario.
Respuesta
Desde la Dirección General de Instituciones
Penitencias del Ministerio del Interior se contestó
ayer que, en efecto, la orden de la dirección existe
y se ha comunicado a todos los jefes de servicio de
la prisión. Según informaron desde su gabinete de
prensa, se trata de una medida que trata de conjugar
la seguridad del centro con el respeto a la normal
convivencia de los internos que cumplen condena en
prisión.
Una portavoz autorizada negó que existe trato
preferente para la interna Idoia López Riaño o
cualquier otra y que la orden entra dentro del
normal funcionamiento de un centro penitenciario en
nuestro país. |
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E l último concurso de traslados de funcionarios
convocado por la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha dejado a las cárceles de Alicante,
Valencia y Castellón con el mayor número de vacantes
de todo el país, según los datos facilitados por el
sindicato ACAIP, que asegura que sólo en los
dos centros penitenciarios de Fontcalent y Villena
se ha registrado un déficit de 45 plazas de
trabajadores que han pedido incorporarse a otras
prisiones. En las otras dos cárceles valencianas han
quedado quince plazas libres en Castellón y 16 en la
de Picassent.
ACAIP achaca esta «fuga» de funcionarios a
las elevadas tasas de hacinamiento en las prisiones
alicantinas, al mayor índice de conflictividad, a
las carencias de medios humanos y a la «política
nefasta de personal que llevan cabo los directores
de la prisión de Villena, del Psiquiátrico
Penitenciario y del Centro de Cumplimiento de
Fontcalent, los cuales tienen un talante tirando a
despótico». En este sentido, UGT ha enviado una
carta a la directora de Instituciones Penitenciarias
en la que critica la «actitud prepotente» del
director de la cárcel de Villena.
Desde Instituciones Penitenciarias indicaron que la
cifra de vacantes es similar a otros años y dijeron
que cubrirán las plazas con personal interino o en
prácticas, además de precisar que la mayoría de los
traslados se han producido en el departamento de
oficinas y no en interior. Sin embargo, ACAIP
rechaza esta valoración y asegura que, por ejemplo,
en Cumplimiento de Fontcalent «era impensable venir
con menos de diez años de antigüedad hasta hace
pocos años y ahora han quedado nueve vacantes».
En el caso de Villena, se han producido 64
peticiones de traslado frente a 34 incorporaciones,
por lo que quedan 30 vacantes. En el Centro de
Cumplimiento de Fontcalent hay 29 salidas de
funcionarios por 20 incorporaciones, mientras que en
el Psiquiátrico de Fontcalent son 15 los
funcionarios que se marchan y 9 los que se
incorporan, quedando seis vacantes, algo que hasta
ahora no se había producido en el hospital
penitenciario.
Tanto las prisiones alicantinas como las de
Castellón y Valencia duplican su capacidad de presos
y sólo las cárceles de Canarias - por la distancia -
y la de Algeciras superan a los centros de la
Comunidad Valenciana en plazas sin cubrir en el
concurso de traslados. |
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11/04/07 |
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La Policía Judicial ha iniciado una investigación
para esclarecer las causas de la muerte de D. R. A.,
un recluso de 24 años, que cumplía condena de cuatro
años por robo en el centro penitenciario de El
Acebuche, en Almería. El recluso fue encontrado
muerto en el interior de su celda y nadie se explica
lo que pudo sucederle porque tenía «un
comportamiento muy bueno». EFE |
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El sindicato CSI-CSIF vive momentos de crisis. La
promoción de 300 viviendas de protección oficial y
de renta concertada en la Comunitat Valenciana ha
provocado la suspensión cautelar de la ejecutiva
provincial del sindicato.
Es la primera vez que CSI-CSIF impulsa la
construcción de viviendas en las tres provincias
valencianas. El sindicato ya ha adquirido los
terrenos. Las desavenencias se han producido por la
forma de promover la ejecución del proyecto.
Fuentes de la dirección provincial del sindicato
aseguraron ayer que desde la Unión Autonómica que
preside Daniel Matoses “se pretende promover este
proyecto a través de una sociedad limitada”. La
Unión Provincial, que ha sido suspendida
cautelarmente por sus críticas, aseguró que este
tipo de promociones oficiales se deben llevar a cabo
a través de la creación de una cooperativa “y no por
una mercantil”.
El presidente de la directiva autonómica, Daniel
Matoses, se mostró ayer sorprendido por las críticas
vertidas desde el seno del sindicato “pero siempre
de manera anónima”. Matoses aseguró que casi con
toda probabilidad la promoción de las 300 viviendas
se realizará “a través de una cooperativa”. El
presidente de CSI-CSIF reconoció en todo momento que
el conflicto interno en el sindicato existe, pero
añadió que no se ha producido ninguna destitución,
“sólo una declaración de conflicto”.
Las explicaciones de Matoses no convencieron a los
representantes críticos de la ejecutiva provincial
de CSI-CSIF. Las mismas fuentes señalaron que no
entienden como el presidente autonómico señala que
la promoción la desarrollará una cooperativa “cuando
se ha creado una mercantil llamada Cesinin para
promover las obras”. Fuentes de la Unión Provincial
de CSI-CSIF criticaron la apertura de un expediente
a su presidente, Jaime Benlloch, y añadieron que se
ha calculado un beneficio en la ejecución de este
proyecto “de unos seis millones de euros”. Desde la
dirección provincial se asegura que la función de
una organización sindical nunca debe estar el ánimo
de lucro.
Los miembros de la ejecutiva provincial suspendidos
se ven “perseguidos” desde su llegada al cargo en
mayo de 2005: “Lo que pretenden es crear una gestora
desde la Unión Autonómica para poder actuar sin
oposición, menoscabando los principios
democráticos”. La Unión Provincial asegura que ha
logrado 500 nuevos afiliados y la elección de 80
nuevos delegados.
Daniel Matoses, funcionario liberado, participa de
una sociedad familiar relacionada con la
construcción llamada Grupo Matoses. La empresa, en
la que también trabajan sus hijos, fue fundada hace
tres décadas “con la vocación de gestionar todos los
acontecimientos que se desarrollan tanto en el
proceso edificatorio como en su posterior
mantenimiento”.
La actividad de Grupo Matoses va desde la promoción
de viviendas, hasta la ejecución de proyectos de
arquitectura e ingeniería. También trabaja la
explotación de fincas agrarias y la administración
de fincas. En estos momentos anuncia la construcción
de viviendas de protección oficial con garaje en
l’Olleria por poco más de 100.000 euros.
Daniel Matoses señalo que la empresa familiar en la
que participa “no tiene nada que ver ni está
relacionada” con el proyecto de promoción de 300
viviendas que impulsa el sindicato que él preside.
Matoses aseguró que CSI-CSIF si tiene comprados los
terrenos donde se levantarán los edificios, “pero ni
siquiera se sabe qué empresas son las que van a
construir”. |
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Investigan si las muertes de dos presos en cinco días se deben
a una sobredosis |
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11/04/2007 |
| En cinco días, dos internos del
Centro Penitenciario de Jaén han sido encontrados muertos en
sus propias celdas. Las primeras hipótesis apuntan a que los
reclusos fallecieron debido a una sobredosis de droga.
Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación, a
la espera de los resultados de las autopsias. |
Fuentes de la Dirección General, consultadas por
JAEN, confirman las muertes de los internos, que
fueron hallados por los funcionarios cuando
realizaban el recuento rutinario de las ocho de la
mañana. El primer caso se produjo el pasado día 6,
el Viernes Santo. A primera hora, los funcionarios
encontraron el cadáver de A. J. B. M., en su propia
cama. Tenía 35 años, acumulaba condenas por más de
22 años por delitos de robo y estaba en situación de
segundo grado. Dormía en compañía de otro recluso,
que no notó nada. El cadáver fue trasladado al
Instituto Anatómico Forense de Jaén para la
realización de la autopsia. En principio, la primera
hipótesis es que A. J. B. M. falleció por
sobredosis. Sin embargo, también se barajan otras
posibilidades, ya que el interno fallecido sufría
problemas médicos de hipertensión. Los forenses
determinarán la causa del fallecimiento.
La segunda víctima mortal se produjo ayer mismo. Tan
sólo tenía 23 años y también era un preso de segundo
grado. El hallazgo del cadáver se produjo en
circunstancias muy similares. Cuando los
funcionarios de la prisión iban a realizar el
recuento de las ocho de la mañana, J. C. V. P. no se
levantó de la cama. Su compañero de celda no había
notado nada extraño durante la madrugada. Este
segundo fallecido había sido condenado a una pena de
dos años y diez meses como autor de un delito derobo
con violencia.
En principio, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias guarda silencio sobre las causas del
fallecimiento de ambos internos en tan sólo cinco
días. Tan sólo aclaran que se ha abierto una
investigación y que serán las autopsias las que
determinen las circunstancias en las que se
produjeron las muertes. No obstante, fuentes
consultadas por JAEN aseguran que la sobredosis de
sustancias estupefacientes puede estar detrás del
fallecimiento de A. J. B. M. y J. C. V. P.
No sería la primera vez que en el Centro
Penitenciario de Jaén muere un recluso en
circunstancias similares. A principios de 2005, un
preso fue hallado muerto después de consumir una
cantidad letal de droga. Hay que tener en cuenta que
más de la mitad de la población reclusa de Jaén
tiene contacto con las sustancias estupefacientes. |
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Multa a
CCOO por revelar datos en 'Emule' |
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| EL PERIODICO.COM 12-04-07 |
| Un empleado dejó al descubierto
en internet unas 60.000 fichas de funcionarios La Agencia
de Protección de Datos actuó a instancias de un guardia
civil |
La
Agencia de Protección de Datos (APD) ha
condenado al sindicato Comisiones
Obreras (CCOO) a pagar una multa de
6.000 euros por revelar datos de unos
60.000 asistentes a diversos cursos de
formación porque un trabajador instaló
en un ordenador del centro un programa
para compartir archivos a través de
internet (P2P), en concreto Emule,
que utilizan muchos internautas para la
descarga de música y de películas.
La máquina que daba acceso a contenido
pertenecía al área de formación de la
Federación de Servicios y
Administraciones Públicas de CCOO de
Madrid, que, cuando se destapó el caso,
en el 2004, prohibió instalar este tipo
de programas y procedió a reforzar las
medidas de seguridad informática para
evitar nuevos casos.
En un programa P2P el usuario determina
qué partes de su ordenador quiere
compartir con otros. Por defecto, el
programa crea una carpeta en la que se
colocan los archivos que el ordenador
está dispuesto a canjear y con los que
obtendrá créditos para el intercambio.
Los ficheros expuestos, según la
denuncia ante la APD, eran dos bases de
datos con extensiones .mbd ( Access)
sobre los funcionarios que habían
recibido del sindicato cursos de
formación a distancia. Una se refería a
unos 20.000 solicitantes y a alumnos de
los cursos del 2003 y la otra era una
histórica de tres años con unas 40.000
fichas. En ambos archivos constaban todo
tipo de datos personales, como DNI,
domicilio, puesto de trabajo, centro,
teléfono, formación académica,
antigüedad en el puesto y departamento.
Además, figuraban anotaciones sobre la
situación personal que justificaba
algunas ausencias, como "baja médica",
"problemas laborales", "fallecimiento
familiar" o "vacaciones".
La denuncia la interpuso en el 2004 un
agente de la Guardia Civil de Orense que
aseguró que había podido descargar y
grabar ambos ficheros a través de la red
del programa Emule, que puede
utilizar cualquier internauta. Y dijo
que el archivo ya se encontraba en otras
máquinas.
RESPONSABLES
La sentencia de la APD tiene en cuenta
que el sindicato tomó las medidas de
seguridad adecuadas tras ser advertido
del fallo, con circulares y notas a
todas sus delegaciones, y con la
adopción de una política de seguridad
informática más estricta, como aseguran
desde CCOO. Por esa "buena fe" que tiene
en cuenta la APD, la cuantía de la multa
a la federación es muy inferior a la
máxima que establece la ley de
protección de datos, que puede llegar a
los 300.506,05 euros.
En el 2001, la APD impuso una multa de
180 millones de pesetas (1,08 millones
de euros) a la productora Zeppelin por
distintos conceptos --incluida la falta
de seguridad-- por una fuga de datos de
aspirantes a concursantes del programa
Gran Hermano
|
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Un recluso de la cárcel de Picassent amenazó ayer
“gravemente” a una enfermera de la prisión y se
abalanzó sobre ella mientras le repartía la
medicación psiquiátrica que tiene prescrita, según
fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
Uno de los funcionarios de servicio que se interpuso
también fue amenazado y empujado por el interno. De
acuerdo con las mismas fuentes, hizo falta la
presencia de varios funcionarios más “para reducirlo
y evitar que el hecho adquiriera mayor gravedad”
El recluso, J. V. V., ya había protagonizado otro
incidente similar la semana pasada, después de una
pelea con sus compañeros de celda, explicaron. A
pesar de que tiene antecedentes de intentos de
agresión a funcionarios, autolesiones y peleas con
otros internos, “se le continúa aplicando un régimen
de vida normal”.
ACAIP denunció que la enfermería del centro
“se encuentra al límite de su capacidad y alberga en
una de sus plantas a los internos con patologías
psiquiátricas, vigilados sólo por dos funcionarios
de servicio”. |
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GRANADA. El futuro de la vieja cárcel vuelve a estar
sobre la mesa de negociaciones. Fuentes de
Instituciones Penitenciarias confirman que el
Ayuntamiento y el Ministerio de Interior han
mantenido contactos últimamente a fin de buscar una
solución favorable a la nueva posible ubicación del
centro de inserción. Las conversaciones se retoman
después de que el Ministerio rechazara la última
oferta realizada por el Ayuntamiento en la que
ofrecían las dependencias de La Ponderosa para
ubicar dicho centro, el pasado mes de febrero.
Interior consideró que la oferta no era viable y
manifestó su intención de continuar con su propuesta
de crear el centro de inserción en las instalaciones
de la antigua prisión provincial.
Fue entonces cuando todos los partidos del
Ayuntamiento acordaron en el pleno por unanimidad
solicitar al Gobierno central la paralización del
proyecto, debido a la oposición vecinal y a la
necesidad que tiene el barrio de la Plaza de Toros
de contar con equipamientos para los residentes.
También el candidato socialista a la Alcaldía,
Javier Torres Vela, pidió a Instituciones
Penitenciarias que retomara las conversaciones. El
proyecto quedó aparcado a partir de ese momento.
A pesar de los nuevos contactos, las mismas fuentes
aseguran que las conversaciones entre las
administraciones no tienen plazo de conclusión y
que, previsiblemente, la utilidad de la antigua
cárcel no se conozca hasta pasadas las elecciones
municipales. Será entonces cuando los vecinos puedan
conocer en que se convertirán las instalaciones del
antiguo centro penitenciario que actualmente es el
centro que acoge a los presos que disfrutan del
tercer grado y es sede de algunas oficinas de los
trabajadores de la prisión.
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La directora del centro penitenciario de El Acebuche
(Almería), Clotilde Berzosa, recordó hoy que desde
el año pasado se está trabajando en el traslado de
los 15 presos etarras internados a un módulo,
actualmente en obras, de menores dimensiones al que
ocupan ahora, habilitado para unas 50 personas.
En declaraciones a Europa Press, Berzosa aseguró que
"los presos de ETA tienen una clasificación especial
y no pueden compartir por ley módulos con internos
de otro régimen más flexible" y declinó "cualquier
trato de favor" a estos reclusos.
Además precisó que en este módulo están ingresados
actualmente 15 internos, más otro en espera de
juicio, de primer grado, entre los que se encuentra
también "algún interno que no tiene nada que ver con
ETA pero que también tiene la calificación de primer
grado".
Berzosa reveló que el alojamiento de los presos
"responde a la estipulación del grado penitenciario,
siguiendo los mismos criterios que en el resto de
cárceles españolas, donde la legislación vigente
impide que los presos de primer grado se puedan
distribuir con otros reos".
Por último Berzosa valoró que "se están mezclando
con la situación de los presos de ETA unas
reivindicaciones sindicales que no tienen nada que
ver" y manifestó su deseo de "tener suficiente
espacio" para todos los penados de El Acebuche |
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El juicio contra un preso de Tenerife II se vuelve a suspender
por faltar un informe |
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| EL DIA.ES
14/04/02007 |
| La vista por la que se acusa a
un interno de agredir a dos funcionarios dentro de las
instalaciones penitenciarias cuando éste cumplía una condena
por un delito de drogas se suspendió ayer de nuevo. Las
causas, según la acusación particular, es que el centro no ha
aportado el escrito sobre el expediente disciplinario del reo. |
Por segunda vez consecutiva, la vista oral por la
que se viene acusando a un reo, que se encuentra
interno en el Centro Penitenciario Tenerife II, como
presunto autor de un delito de atentado a los
agentes de la autoridad y lesiones graves -agredió
brutalmente a un funcionario en julio de 2006-, se
ha tenido que suspender ya que el centro no ha
remitido un informe completo sobre el expediente
disciplinario del interno.
La primera vista estaba señalada para el día 26 de
marzo y la segunda para ayer, pero ambas han sido
suspendidas a petición de la abogada de la acusación
particular.
Este informe ha sido solicitado por el Juzgado de lo
Penal Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife; sin
embargo, según la letrada, "el Centro Penitenciario
no lo ha enviado completo, ya que sólo aportan la
parte que les interesa, que en este caso, son los
hechos que se juzgan".
Para la parte acusatoria, es fundamental que se
aporte al tribunal de la sala el informe completo,
es decir, en el que aparezca el expediente
disciplinario del interno, ya que "el reo es muy
peligroso".
Los hechos
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso
EL DÍA, el acusado se encontraba, sobre las 16:50
horas del día 23 de julio de 2006 en el Centro
Penitenciario Tenerife II, sito en El Rosario, y,
tras el cierre de las celdas, se acercó a la puerta
del rastrillo que da acceso al patio. En un momento
dado, se dirigió a dos funcionarios y tras
reclamarle sus pertenencias, les manifestó "son unos
abusadores. Si no aparecen lo van a pagar ustedes".
Así, tras dirigirse a ellos con greves insultos, y
con la finalidad de atentar contra la integridad
física de ambos, se dirigió a uno de los
funcionarios y le dio un cabezazo en la boca,
haciendo que éste perdiera el equilibrio y cayera al
suelo, momento que aprovechó para agredir al otro
funcionario, con patadas en la rodilla. Tras
recuperar la conciencia, el funcionario que recibió
la mayor agresión se levantó y agarró al acusado,
quien, persistiendo en su ánimo, le cogió por el
cuello y le golpeó la cabeza contra la pared.
Finalmente, entre todos los funcionarios allí
presentes lograron reducirlo.
Como consecuencia de tal agresión, el funcionario
del Centro Penitenciario sufrió importantes lesiones
que precisaron para su curación, además de una
primera asistencia, de tratamiento médico
psiquiátrico y de rehabilitación, quedándole como
secuelas una atrofia de la corteza cerebral, con
deterioro de las funciones cerebrales superiores
integradas de intensidad moderada y grave trastorno
adaptativo crónico con estado mixto depresivo y
ansioso. La ansiedad se acompaña de crisis nocturnas
de angustia.
Por otro lado, el otro trabajador agredido sufrió
contusiones en región pretibial derecho y encima de
rótula derecha, que precisó para su curación de una
primera asistencia facultativa de cuatro días de
curación no impeditivos, sin secuelas. Por todo
ello, el representante del Ministerio Fiscal
solicitará una pena condenatoria de dos años de
prisión por un delito de atentado a la autoridad,
otros dos años por un delito de lesiones, así como
una multa de un mes con cuota diaria de 8 euros por
una falta de lesiones. En cuanto a la
responsabilidad, el acusado deberá indemnizar al
funcionario que recibió la mayor agresión con la
cantidad de 10.000 euros, y al otro funcionario con
100 euros.
Tal y como publicó este periódico en su edición del
pasado día 1 de abril, uno de los agredidos
manifestó que "el acusado es un interno peligroso.
Todo comenzó cuando le dieron de alta en el Módulo
Cinco, donde hay dos funcionarios y 190 internos".
Asimismo, señaló que este preso había participado en
una pelea el día anterior en el Módulo Cuatro y que
tres semanas antes también agredió a otro interno en
el Módulo Seis, con un cabezazo.
"Nunca se informó a los funcionarios del Módulo
Cinco sobre la peligrosidad de este interno ni de la
sanción de aislamiento que tenía pendiente",
manifestó el funcionario agredido, quien padece
graves lesiones cerebrales, que le impiden hacer una
vida normal.
La letrada de la acusación particular señaló ayer
que "el Centro Penitenciario Tenerife II ha cometido
una negligencia, puesto que cuando ocurrió dicha
agresión, el reo se encontraba en aislamiento por
otra agresión anterior, pero nunca cumplió el tiempo
reglamentario. Cuando salió, agredió a otro interno
en el comedor con una escoba y, el 23 de julio
agredió brutalmente a mi cliente". "Todo esto se
pudo evitar", finalizó. |
|
La fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez
mantuvo su petición de pena de treinta años de
prisión para el ex dirigente etarra Juan Antonio
Olarra Guridi en el juicio por el asesinato en San
Sebastián del funcionario de la prisión de Martutene
José Ramón Domínguez Burillo, el 22 de enero de
1993. Según la fiscal, ha quedado probado que el
procesado, que cumple condena por diversos delitos
en Francia, en compañía de Jose María Igerategi -que
murió por la explosión de una bomba en Vitoria en
1994- disparó dos veces a Domínguez, una en la sien
y otra en el cuello, lo que le provocó la muerte.
Para la fiscal, ha sido relevante el testimonio de
una persona condenada por colaboración con el
comando Donosti en la fecha del atentado, que
declaró que el acusado le contó este asesinato y
otros atentados.
Por el contrario, la fiscal no dio «credibilidad» al
testimonio del preso de ETA Valentín Lasarte
-condenado por diversos asesinatos y por haber
formado parte del comando Donosti- que cambió su
versión de los hechos exculpando a Olarra del
atentado contra el funcionario de prisiones, según
fuentes jurídicas. La defensa de Olarra -quien no
declaró al no reconocer al tribunal- consideró que
no hay pruebas contra él. El juicio quedó visto para
sentencia. |
|
La dirección de la cárcel de Villabona ha negado que
haya o haya habido en la prisión asturiana ningún
preso en huelga de hambre por el «efecto De Juana
Chaos». La dirección del centro penitenciario salió
así al paso de las informaciones según las cuales el
interno Fernando Luis Suárez, de 44 años, reclamaba
el mismo trato que el etarra, al que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias concedió la
prisión atenuada tras permanecer 115 días sin comer.
Fuentes de la cárcel apuntaron que, efectivamente,
Suárez estuvo sin ingerir alimento alguno durante
los pasados 23 y 24 marzo, pero aseguraron que la
postura del interno «nada tiene que ver» con la del
etarra De Juana Chaos. Según añadieron las mismas
fuentes, se trata de un recluso ya conocido por
Prisiones, ya que -aunque con entradas y salidas-
tiene un historial penitenciario «de unos veinte
años» y «ya se ha puesto en "huelga de hambre" con
anterioridad varias veces para reivindicar cualquier
cosa o circunstancia que no le guste o quiera
reclamar"».
Lo que sí es cierto, apuntaron desde Villabona, es
el delicado estado de salud que sufre Fernando Luis
Suárez, que solicitó su salida condicional de la
cárcel alegando razones humanitarias. Según «El
Mundo», un informe del 24 de enero y firmado por la
subdirectora médica de la prisión asturiana detalla
que el interno es politoxicómano, «tiene sida y
arrastra una cirrosis hepática con riesgo de
carcinoma hepatocelular». Añade que el preso consume
dos tipos de tranquilizantes (Tranxilium 50 y Valium
10) varias veces al día.
El recluso -apuntaba el periódico- no quiere seguir
en prisión con la amenaza de un cáncer sobre él: «No
soy un asesino ni un narcotraficante. Mi madre y mis
hermanas sólo quieren que pase el último momento de
mi vida junto a ellas», manifestó. |
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HUELVA. La Subdirección General de Servicios
Penitenciarios ha anunciado la licitación de obras
en el centro penitenciario de Huelva, abierto hace
diez años, para adaptar las instalaciones a la
normativa de la legionella. El Ministerio de
Interior anuncia la reforma de la macrocárcel
después de que se haya cumplido ya un año desde que
un recluso que cumplía condena en el centro onubense
fuera contagiado e ingresado en un centro
hospitalario por legionelosis.
En las bases del contrato, llama la atención una de
las condiciones que establece la Administración
penitenciaria a la empresa que lleve a cabo las
obras, en tanto que exige que guarde total "sigilo"
respecto a la información a la que pueda tener
acceso antes o durante la ejecución de las obras.
El año pasado, Instituciones Penitenciarias tuvo que
reforzar los controles en las instalaciones y
conducciones de agua de en la cárcel para evitar que
volviera a producirse otro caso de legionelosis,
después de detectar en enero de 2007 el primer caso
de legionella en un interno de la prisión . El
departamento de Instituciones Penitenciarias activó
el protocolo previsto para estos casos y notificó la
situación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que
revisó las instalaciones de la cárcel. Los técnicos
que examinaron la prisión encontraron un sólo foco
en la salida de agua de la celda que ocupaba el
recluso que fue contagiado, en el módulo 8, y se
aplicó el tratamiento previsto de desinfección de
las tuberías.
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Un total de 10 puestos de trabajo de personal
funcionario se encontraba pendientes en los centros
penitenciarios de Extremadura, en el Badajoz y en el
de Cáceres, a 31 de diciembre de 2006. Este dato se
desprende una pregunta escrita formulada en el
Congreso por los diputados extremeños del Grupo
Popular María Pía Sánchez y Amador Alvarez Alvarez.
En concreto, a 31 de diciembre de 2006, se
encontraba pendiente de cobertura cuatro puestos de
trabajo de personal funcionario en el Centro
Penitenciario de Badajoz y seis en el de Cáceres
según los datos facilitados por el responsable
político |
|
El grado de sobreocupación de las cárceles
extremeñas se debe fundamentalmente al aumento de la
población reclusa en los últimos años, especialmente
desde que empezó el siglo XXI.
De esta manera, en el año 2000 había en la región
879 reclusos, que representaba prácticamente la
capacidad de las dos prisiones extremeñas. Más de
seis años después, el número de penados ha crecido
nada menos que un 44,7%, hasta las 1.272 personas
registradas a finales del año pasado, según muestran
los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Los últimos datos, aportados por
Instituciones Penitenciarias esta misma semana,
hablan de 1.174 internos.
Este fenómeno no es exclusivo de Extremadura. En el
conjunto del país, el número de reclusos ha
aumentado un 41,9%, desde los 45.104 hasta los
64.021.
El incremento de la población penitenciaria no se ha
visto correspondido con un aumento en el número de
prisiones. Ante esta situación, el Gobierno anunció
a a finales del año 2005 un ambicioso plan de
construcción de nuevas prisiones.
Los últimos datos pormenorizados sobre la ocupación
de las dos prisiones extremeñas datan del año 2004.
De ellos se puede extraer que el número de mujeres
en prisión resulta insignificante, apenas 45 frente
a 1.083 varones.
Preventivos
De igual manera, el 17,9% de los reos de las
cárceles extremeñas se encontraban en situación
preventiva; esto es, eran retenidos a la espera de
que se celebrara juicio oral contra ellos. El 82%
restante son reclusos que se encuentran ya
cumpliendo la condena impuesta por un tribunal.
Asimismo, había a finales del año pasado tres
penados, hombres, que se encontraban en situación de
otras condiciones. Este supuesto incluye arrestos de
fin de semana, impago de multas, medidas de
seguridad y tránsitos.
Según los datos de esta semana de Instituciones
Penitenciarias, en el centro de Badajoz hay 713
internos, de los que el 21% eran de nacionalidad no
española. Por su parte, el número de presos en
Cáceres era de 485, con un 31% de extranjeros. Como
es la tónica a nivel nacional, el mayor contingente
de reclusos foráneos está formado por el colectivo
magrebí, seguido del suramericano y del europeo,
especialmente de los países del Este.
A nivel nacional, en las cárceles peninsulares hay
ahora mismo 461 presos etarras. Es sabido que 12 de
ellos están en la prisión pacense y otros seis, en
Cáceres.
El pasado mes de febrero, el Centro de Investigación
en Derechos Humanos de Extremadura (Cidhex) presentó
un informe que aseguraba que las prisiones
extremeñas estaban «sobreocupadas» en ese momento en
un 167,6% de su capacidad, y que más de la mitad de
los 1.266 internos que había eran reincidentes en
los delitos cometidos.
De ese estudio se desprendía que la cárcel de
Badajoz, que está preparada para acoger de media a
507 reclusos, estaba al 200% de ocupación. La de
Cáceres, pensada para 359, presentaba una ocupación
del 127,8%. Según Elena Alfageme, redactora del
informe, más de la mitad de los presos y presas de
Extremadura son reincidentes. Concretamente el 67%
de la población reclusa en Badajoz y el 60% en el
centro penitenciario de Cáceres.
Más cárceles
En día después, la delegada del Gobierno en
Extremadura, Carmen Pereira, reconocía que las
prisiones extremeñas albergan más presos que los que
debería, aunque matizó que la delincuencia no ha
aumentado en la región y se trata de un problema del
conjunto de España. Incidió en que el plan de
construcción de prisiones solucionará el problema en
un futuro.
Efectivamente, en noviembre del 2005 el Gobierno
anunciaba un ambicioso plan para construir 46
centros penitenciarios en los seis próximos años,
que se sumarían a los 77 ya existentes.
En conjunto, se trataría de 18.000 nuevas celdas,
que sin embargo ya podrían ser pocas antes de estar
operativas, teniendo en cuenta la población reclusa
que hay en España en estos momentos.
El proyecto, dotado con 1.647 millones de euros más
otros 1.504 millones ya liberados, contempla la
construcción de once macrocárceles, centros-tipo de
1.008 celdas, en zonas de mayor hacinamiento
penitenciario o de infraestructuras obsoletas:
Andalucía oriental, Ceuta, Comunidad Valenciana,
Fuerteventura, Gran Canaria, Guipúzcoa, Menorca,
Murcia, Navarra, País Vasco y Soria.
Además, se remodelarían o ampliarían tres centros ya
existentes, El Dueso (Cantabria), Arrecife
(Lanzarote) y La Isleta (Las Palmas), y se sumarían
las cuatro cárceles aprobadas por el Gobierno del PP
que ya estaban en ejecución: Puerto III (Cádiz),
Albocsser (Castellón), Estremera (Madrid) y Morón
(Sevilla).
Además, el Gobierno aceptó la propuesta de
Instituciones Penitenciarias de abrir 32 nuevos
centros de inserción social (CIS) para el
cumplimiento de penas en régimen de semilibertad
(tercer grado).
Uno de estos centros estará ubicado en Cáceres,
junto a la actual prisión. |
|
Tubos de ensayo que contienen sangre, decenas de
botes para material médico contaminado de los que
sobresalen agujas de jeringuillas, botes para
muestras, cientos de antibióticos dentro de su
envoltorio y cientos de jeringuillas sin usar,
goteros para suero...
Todo ello yace tirado en la esquina de uno de los
patios de la abandonada cárcel de Carabanchel.
Debajo de una canasta oxidada, y a pocos metros de
una de las cocinas del penal, se puede ver un cubo
de basura volcado. Al lado de la canasta hay una
estancia de azulejos blancos en donde están la mayor
parte de los antibióticos. Están amontonados.
También hay guantes de plástico y algunas
jeringuillas sin usar que salen de cubos de basura
volcados.
Da la impresión de que el material hubiera salido
despedido desde el interior de la sala. "Nos
sorprendimos bastante de encontrar esto aquí, porque
no es un lugar de fácil acceso", cuenta Laura
Aparisi. Esta madrileña de 27 años se encontraba con
un grupo de amigos haciendo fotos del interior de la
cárcel cuando descubrieron el material médico.
"Oímos que un grupo de chicos hablaban sorprendidos
del tema, pero cuando llegamos allí ya no estaban",
recuerda Laura, que pertenece a un grupo de
fotógrafos que, desde hace dos meses, se acerca al
penal para sacar instantáneas.
El lugar no resulta de fácil acceso, ya que hay que
atravesar varios patios y dependencias para llegar.
Encontrar el lugar requiere ir con alguien que
conozca el acceso o caminar un buen rato por los
pasillos. Aun así, hay varias pintadas -"Entra y
flipa", "Drogas duras llenan sepulturas"- en
referencia a lo que se encuentra en el interior del
cuarto. En la cárcel, a la que se accede sin gran
dificultad -la verja exterior está agujereada, uno
de los portones está abierto y al interior se puede
acceder por una ventana tapada sólo con una manta-,
vive gente, aunque no exactamente en la zona en la
que se encuentran los residuos.
"Cuando lo vimos, pensamos que podía venir de la
enfermería", cuenta Laura. Fuentes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias aseguraron a
este periódico que el lugar en el que se encuentra
el material no está cerca de lo que era la
enfermería y que, cuando se cerró la cárcel, en
1998, se procedió al traslado de todo el material.
Incluso uno de los médicos que trabajaba allí,
consultado por dicha fuente, se mostró sorprendido
por el número de jeringuillas, ya que el programa de
intercambio no se había iniciado en 1998. |
|
Los delegados sindicales de la Prisión Provincial de
Santander se reunieron ayer con el delegado del
Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, para
trasladarle sus quejas y preocupaciones por el
«deterioro» de las condiciones de trabajo en el
centro y para comunicarle además su decisión de
pedir una visita a las obras de la cárcel de El
Dueso para conocer cómo marchan los trabajos que se
están ejecutando en el penal.
Expusieron a Ibáñez el proceso de asambleas y
movilizaciones que están desarrollando para pedir
información y soluciones a la «grave precariedad de
medios humanos y materiales que sufre la prisión» y
le comunicaron la decisión de la Junta de Personal
de la Administración del Estado en Cantabria de
solicitar una visita a El Dueso.
En un comunicado, los cuatro sindicatos
representados en la Provincial (CC OO, UGT, Acaip
y CSIF), informan del desarrollo de dicho
encuentro, al tiempo que reclaman el «desbloqueo» de
la reunión que han solicitado a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. |
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El convenio entre el Gobierno y la dirección de
Instituciones Penitenciarias para la prestación de
servicios a las cárceles vascas por parte de la
administración autonómica expira mañana sin que
ambas partes hayan mantenido una sola reunión. El
ejecutivo decidió en febrero dar por terminado este
convenio, vigente y renovado automáticamente cada
año desde 1994, para forzar la reclamada reunión de
la Comisión Mixta de Transferencias, y negociar el
traspaso de las competencias penitenciarias. La
administración central se niega porque las considera
parte de la política antiterrorista.
La colaboración que han mantenido desde hace 13 años
el Gobierno y la Dirección de Instituciones
Penitencias, dependiente del Ministerio de Interior,
tocará a su fin mañana, salvo alguna actuación poco
probable de última hora. El Ejecutivo adoptó en
noviembre un acuerdo formal para pedir la
constitución de la Comisión Mixta de Transferencias,
que no ha sido atendido por el Gobierno central. El
Parlamento apoyó la petición el 30 de marzo.
El convenio que ha venido sustentando esa
colaboración entre ambas administraciones desde 1994
expira mañana y el Ejecutivo autónomo no lo va a
renovar esta vez. El consejero de Justicia, Joseba
Azkarraga, adelantó la denuncia de ese acuerdo en
febrero pasado como forma de presionar al Gobierno
central para que reúna la Comisión Mixta de
Transferencias en la que negociar el traspaso de las
competencias en materia penitenciaria, previstas en
el Estatuto de Gernika.
La ruptura no afectará a la prestación de servicios
a los reclusos de las tres cárceles vascas
(Nanclares, Basauri y Martutene), según la intención
del Gobierno, a expensas de conocer la posición que
adoptará Instituciones Penitenciarias, que ayer no
quiso pronunciarse al respecto.La prestación de esos
servicios se hará, en consecuencia, y desde mañana,
sin cobertura legal alguna, salvo que el Gobierno
central decida asumirlos y ejercerlos directamente
de nuevo.
El convenio marco fue firmado en 1994 por el
entonces ministro de Interior y Justicia, Juan
Alberto Belloch, y el consejero de Justicia, el
socialista José Ramón Recalde. Desde entonces se ha
prorrogado sin problemas y de modo automático cada
año.
El Ejecutivo autónomo ha ido elevando su
contribución económica en esta materia sin
transferir hasta los cuatro millones de euros
presupuestados en total para este ejercicio.
Instituciones Penitenciarias aporta otros 408.000
euros, que con la expiración del convenio podrían
perderse si su denuncia acarrea la supresión de esa
partida.
El gesto es más político y de protesta que de orden
práctico, dada la disposición del Gobierno a
mantener las cosas como están, cubriendo todas las
áreas en las que actúa dentro de las tres cárceles.
También piensa seguir corriendo con el gasto, sin
entrar siquiera a reclamar la recuperación de las
cantidades empleadas, como ha hecho en cambio con
otras actuaciones en materias no transferidas. "Ni
siquiera nos hemos planteado realizar esa
reclamación, porque ése no es el problema", aseguró
ayer el titular de Justicia, Joseba Azkarraga, a
este periódico.
Azkarraga emplazó en febrero a Instituciones
Penitenciarias a aclarar por escrito su posición y a
iniciar las conversaciones con la constitución de
una ponencia técnica que estudiase el traspaso.
Ninguna de ambas peticiones ha obtenido resultados.
No se ha producido ni una sola reunión y Azkarraga
reprocha hoy a la directora de Instituciones
Penitenciaria, Mercedes Gallizo, el incumplimiento
de un compromiso verbal que habría adoptado durante
una visita a Euskadi para abordar la cuestión.
El Gobierno no quiso aceptar la transferencia en los
años 80, cuando se realizó a Cataluña, por
desacuerdo con las condiciones en que se le ofrecía.
Desde entonces, la cuestión figuró en los informes
sobre competencias pendientes aprobados por el
Parlamento en 1993 y 1995 por unanimidad, pero el
Ejecutivo no reclamó formalmente el traspaso hasta
2001, con el PP en el Gobierno central y unas
relaciones muy deterioradas entre ambas
administraciones. Después revalidó su exigencia en
julio de 2005, nada más iniciarse el actual mandato.
El Gobierno socialista sigue basando su negativa a
abordar la transferencia en que la política
penitenciaria forma parte de la lucha
antiterrorista. El Ejecutivo vasco antepone a ello
la obligación del central de cumplir una previsión
estatutaria.
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo condenó ayer a una mujer a cuatro años de
prisión y al pago de una multa de 400 euros por
intentar introducir droga en la prisión de Villabona.
La acusada, Ana María J. G., se reconoció autora de
los hechos y aceptó la pena propuesta por el fiscal
especial antidroga, José Perals, que reconoció la
colaboración con la justicia prestada por la mujer.
Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2004,
cuando la mujer, de 45 años, se encontraba en el
módulo de comunicaciones del Centro Penitenciario de
Villabona, para tener un vis a vis con su marido, G.
R. F., interno en la prisión. En ese momento, los
funcionarios de prisiones descubrieron que la mujer
portaba una bolsa que contenía 1,98 gramos de
cocaína, con una pureza de 85,80 por ciento y un
valor de 129 euros, así como una bolsa con 2,47
gramos de heroína, valorados en 164 euros.
El último caso conocido de trascendencia de tráfico
de drogas en el interior de la prisión de Villabona
fue el de un funcionario de prisiones detenido el
pasado mes de noviembre. El funcionario fue
sorprendido por agentes de la Guardia Civil cuando
se dirigía al trabajo, vestido con el uniforme
oficial, con 210 gramos de heroína y pastillas, que
supuestamente se distribuían después dentro de la
prisión.
En su declaración en el Juzgado el trabajador negó
que la droga fuera suya y afirmó que no sabía que la
llevaba dentro del vehículo.
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La prisión Tenerife II, cuyo edificio se diseñó
originariamente para albergar a 700 reclusos y con
una capacidad funcional de 1.200, acoge en la
actualidad a 1.437 internos (1.274 hombres y 163
mujeres), según datos facilitados por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Esta situación tiene lugar sin que se aumente de
manera proporcional el número de funcionarios, por
lo que se establece una situación de sobrecarga
laboral e incluso de "peligro potencial para la
integridad física y la vida de los internos y
funcionarios" que ejercen su labor en este centro.
Por ejemplo, en cada uno de los módulos existen 200
internos y sólo 2 funcionarios para toda la labor de
vigilancia y asistencia.
"Esta masificación afecta a la calidad del servicio,
a los derechos y condiciones de estancia de los
internos y al trabajo de los empleados públicos, así
como al desarrollo de los cometidos penitenciarios
básicos, establecidos en la legislación vigente",
según denuncian los propios sindicatos, quienes
proponen que además de paliar las actuales tasas de
ocupación, se deben tomar medidas rápidas para
evitar el desarraigo geográfico y social de los
penados, y potenciar recursos penitenciarios
alternativos para el cumplimiento de penas en
semilibertad.
El Consejo de Ministros ha planteado la
actualización del Plan de Creación y Amortización de
Centros Penitenciarios que supone la construcción de
46 nuevas infraestructuras penitenciarias en toda
España en el periodo 2006-2012. En Canarias, el
Gobierno estatal aportará unos 380 millones de
euros. Estas nuevas infraestructuras penitenciarias
permitirán acercarse al principio de un recluso por
celda. En las Islas, supondrá la creación de 2.483
nuevas plazas.
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ALMERÍA.- Representantes de todos los sindicatos de
prisiones, excepto UGT que ha decidido desmarcarse,
han vuelto a manifestarte en la puerta del Centro
Penitenciario del Acebuche, tal y como vienen
haciendo desde hace más de dos semanas, para
denunciar “la situación insostenible” en la que se
encuentran internos, funcionarios y las
instalaciones de la prisión provincial.
Durante la concentración, los asistentes han sido
testigos de cómo, a causa de una avería, las aguas
residuales de la prisión provincial llegaban al
vecino barrio de Retamar a través de la Rambla. Por
ello, Francisco Iglesias Da Silva, presidente de CSI-CSIF
denuncia en nombre de todos los sindicatos de
prisiones “que nadie haga nada para acabar con esta
situación. Además, no es la primera vez que se
producen averías en los desagües de El Acebuche, ya
que no están preparados recibir los residuos
generados por tan alto número de internos”.
Asimismo, Francisco Iglesias, añade que cuando en
ocasiones anteriores se produjo averías en el
colector de aguas residuales de la prisión, “las
propias aguas generaban la aparición masiva de
mosquitos que acaban con la vida de los perros de la
prisión”. Iglesias insta a los responsables del
centro que la prisión a que solucionen este problema
–que considera que como en casos anteriores tardarán
aproximadamente un mes en encontrar la avería– antes
de que los propios vecinos de Retamar denuncien la
situación.
Aunque no hubo incidentes, cabe destacar que la
concentración de CSI-CSIF, CCOO, ACAIP y USO,
impidió el paso de coches policiales que
transportaban a un interno a las dependencias del
centro, así como a camiones de alimentos.
En la concentración de esta mañana, al igual que en
la anterior, se ha colocado un gran altavoz desde
donde se reproducía una grabación realizada por los
propios sindicatos de prisiones. En la grabación se
gritaban lemas tales como “más dotación y menos
decoración, Clotilde” o “Clotilde, escucha,
prisiones está en lucha”. De este modo los
sindicatos intentan asegurarse de que la dirección
del centro conozca cuáles son sus demandas.
Durante la última semana ni la dirección del centro
ni la subdelegación del Gobierno, han dado respuesta
a las continuas peticiones por parte de los
sindicatos de reunirse tanto con Clotilde Berzosa,
directora del centro, como con Miguel Corpas,
subdelegado del Gobierno en Almería. De este el
diálogo y la comunicación siguen cerrados entre
funcionarios y administraciones.
Convocatoria de paro y huelga general
De este modo, los sindicatos seguirán con este tipo
de movilizaciones hasta que obtengan respuesta. De
no llegar a producirse en las próximas semanas,
Francisco Iglesias afirma que “los sindicatos
declaremos un paro el próximo 2 de mayo, y
posteriormente, incluso huelga general indefinida”.
Según Iglesias la falta de respuesta por parte de
las administraciones es “ parte de una táctica para
intentar aburrirnos y que dejemos de seguir
concentrándonos para pedir ni más ni menos que una
situación digna y justa para el centro, sus
trabajadores e internos”.
Los sindicatos piden para esta prisión –que
actualmente alberga 996 internos– una rehabilitación
completa de sus dependencias, la instalación de aire
acondicionado y de un sistema de apertura
electrónica de las puertas de las celdas, la
incorporación de más funcionarios a la plantilla del
centro, así como la mejora de las condiciones de
hacinamiento de los presos, ya que en 25 celdas, hay
más de 3 internos instalados pese a que están
diseñadas para un recluso. |
El
preso de ETA Iñaki de Juana Chaos ya
sale a la calle tras abandonar el 1
de marzo la huelga de hambre. Y lo
hace en coche particular. Todo ello
bajo supervisión de Instituciones
Penitenciarias y del juez central de
Vigilancia Penitenciaria y con la
"protección" de la Ertzaintza, que
debe "preservar la integridad del
interno". En las últimas semanas, el
recluso, que cumple condena en
régimen de prisión atenuada desde
entonces, ha dejado su habitación de
la cuarta planta del hospital
Donostia de San Sebastián para
determinados tratamientos fuera del
centro, custodiado siempre por
agentes de la policía vasca.
Tanto la Dirección
General de
Instituciones
Penitenciarias como
el Juzgado Central
de Vigilancia
Penitenciaria, en
las pautas de
actuación genéricas
ordenadas el pasado
28 de febrero y 1 de
marzo, a las que ha
tenido acceso este
periódico,
consideran que la
principal encomienda
que tiene la policía
vasca en estos
momentos en relación
con el etarra Iñaki
de Juana Chaos es la
de "preservar la
integridad física
del interno". Esta
misma semana, el
preso, condenado
finalmente por el
Tribunal Supremo a
tres años de cárcel
por un delito de
amenazas y otro de
enaltecimiento del
terrorismo por
escribir dos
artículos de opinión
en el diario
abertzale
Gara, ha
realizado una salida
para un tratamiento
sanitario en un
centro de salud de
Hernani (Guipúzcoa).
De Juana Chaos se
desplazó desde San
Sebastián en un
coche particular,
acompañado por su
novia y por otras
dos personas, según
ha podido saber este
periódico.
No es extraño que
el interno, tras las
sesiones
terapéuticas
autorizadas por la
gerencia del
Hospital de Donostia
y por el equipo
médico, y
supervisadas por el
juez de Vigilancia
Penitenciaria,
realice compras u
otro tipo de actos
no relacionados con
el tratamiento
médico. El etarra ha
sido atendido fuera
del hospital por un
oftalmólogo y un
homeópata.
En una de las
pautas de actuación
autorizadas por
Instituciones
Penitenciarias y el
Juzgado Central de
Vigilancia
Penitenciaria de la
Audiencia Nacional,
se recoge
expresamente que las
salidas que tenga
que realizar De
Juana Chaos fuera
del centro
hospitalario donde
está internado
"podrá hacerlas en
vehículos
particulares". El
cuerpo policial
encargado de la
protección del preso
etarra es en todo
momento la
Ertzaintza, que
cumple las órdenes y
las pautas de
actuación que marcan
el juez de
Vigilancia
Penitenciaria y la
Dirección General de
Instituciones
Penitenciarias.
Régimen más liviano
Hace varias
semanas, De Juana
Chaos fue trasladado
a un centro
hospitalario de
Bilbao para un
tratamiento
concreto, con otros
especialistas
médicos, relacionado
con sus dolencias
tras las dos huelgas
de hambre que
mantuvo. Fueron 63
días entre agosto y
septiembre de 2006
en la primera; la
segunda se prolongó
entre el 7 de
noviembre y el 1 de
marzo de 2007,
cuando fue
trasladado al
hospital donostiarra
con un régimen de
prisión atenuada.
El régimen
interno en el
hospital que
mantiene ahora el
recluso etarra es
mucho más liviano.
No sólo tiene
libertad de
movimiento en el
propio centro
donostiarra, sino
que está autorizado
a dar paseos. Se ha
pasado del inicial
-"el interno goza de
libertad
deambulatoria en el
hospital donde se
encuentra ingresado
si su tratamiento
estrictamente médico
así lo aconseja"- de
la resolución
judicial primera, a
que De Juana tenga
autorización para
-"por prescripción
médica- realizar
paseos en las
inmediaciones del
hospital", según las
resoluciones a las
que ha tenido acceso
EL PAÍS.
El 3 de abril
pasado se ordenó
además a la
Ertzaintza, que
tiene obligación de
mantener la
"vigilancia en la
habitación" del
hospital cuando el
recluso no se
encuentra en ella,
que retirara el
candado que mantenía
sellada la ventana
de la misma. Además,
los agentes
mantienen un retén
las 24 horas del día
que controla las
visitas y las
personas que le
acompañan en sus
salidas.
Este régimen más
liviano ya se
pronosticaba de
alguna manera en la
resolución del
Juzgado Central de
Vigilancia
Penitenciaria del 1
de marzo. Se
afirmaba en ella que
"las graves razones
de salud antes
aducidas [las que
pusieron al borde de
la muerte a De
Juana, entre otras
los riesgos de
"fallo cardíaco",
los problemas de
médula ósea y su
gravedad en general]
y la consecuente
ausencia del riesgo
de fuga, determinan
que los controles de
seguridad
mencionados no
contemplen el
régimen de custodia
hospitalaria de un
penado por las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
ya que, en caso
contrario, se
hubiese determinado
una clasificación
penitenciaria
distinta de la
realizada" por la
Junta de Tratamiento
de la prisión donde
estaba recluido por
el juez central de
Vigilancia
Penitenciaria de la
Audiencia Nacional,
José Luis Castro.
El principal
sindicato de la
Ertzaintza, la
central
independiente Erne,
en una carta
remitida el 12 de
abril al
viceconsejero de
Seguridad, Mikel
Legarda, denunció:
"Hay que tomar
medidas de
autoprotección en
los servicios que se
prestan" de custodia
a De Juana, "donde
se ha producido una
irresponsable
reducción del número
de ertzainas
que se encargan de
este servicio".
Interior recordó
ayer que esas
condiciones las fija
Instituciones
Penitenciarias
|
El presunto terrorista islamista Djamel Merabet,
detenido durante la Operación Nova
, se encuentra en huelga de hambre desde el
pasado 1 de marzo, día en el que Ignacio de Juana
Chaos fue trasladado a un hospital del País Vasco,
según fuentes penitenciarias.
El delicado estado de salud en el que se encuentra
Merabet, que ya lleva 49 días en huelga de hambre,
obligó ayer a su traslado a la enfermería de la
prisión de Picassent. Actualmente otros tres
internos se niegan a comer en la penitenciaría
valenciana “por razones judiciales”, pero los
médicos que realizan el seguimiento médico no han
considerado necesario, por el momento, su traslado a
la enfermería.
En el escrito que Merabet trasladó al director de la
cárcel comunicando su decisión, el preso señala que
se encuentra en un estado de “total indefensión”
porque se le acusa de un delito que dice no haber
cometido.
Djamel Merabet es preso en situación preventiva
desde el 24 de octubre de 2004, cuando el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó contra él
prisión incondicional por tres delitos de
terrorismo.
Merabet, argelino de 44 años, fue uno de los 17
islamistas que el juez Garzón envió a prisión dentro
de la Operación Nova por
integrar una célula terrorista autodenominada
Mártires para Marruecos . Según
el auto del juez, Merabet era uno de los integrantes
del grupo que había decidido inmolarse en una acción
terrorista que pretendía volar la Audiencia Nacional
con un camión-bomba, entre otros objetivos.
La célula nace en 2001
Mártires por Marruecos fue
creada por Mohamed Achraf –que fue detenido en
Suiza– en la cárcel de Topas entre finales de
2001 y principios de 2002. La célula fue detectada
en noviembre de 2003 por la Policía, que descubrió
cómo el “núcleo de reclutamiento” se centraba en
personas que cumplían condena por delitos comunes y
a la que los líderes pretendían reclutar como una
forma de “purificar” sus acciones pasadas.
Este es el caso de Djamel Merabet, quien ha
ingresado en prisión al menos 12 veces desde 1984,
siempre por delitos comunes, la mayor parte contra
la propiedad. El espacio de tiempo más prolongado
que ha permanecido entre rejas es el que comprende
desde 2000 a 2004. Este último año abandonó la
cárcel, supuestamente ya integrado en el grupo
islamista, y regresó en octubre, acusado de
terrorismo.
Su situación de preventivo ha obligado a
Instituciones Penitenciarias a dirigirse a la
Audiencia Nacional, de la que depende, para
solicitar permiso de traslado a un centro
hospitalario en el caso de que los médicos lo
consideren necesario, así como para que sea
alimentado de forma forzosa, a lo que el Alto
Tribunal ya ha respondido afirmativamente. Al
parecer, el preso ingiere líquidos, pero ha perdido
bastante peso.
Una treintena de presos comunes alegaron la
concesión de la prisión atenuada para De Juana como
motivo para iniciar huelgas de hambre que, en muchos
casos, abandonaron a los pocos días |
1
¿Qué es la prisión
atenuada?
Se trata de una
modalidad, conocida
también como arresto
domiciliario, que
permite que un interno
con determinados
requisitos pueda cumplir
condena fuera del centro
penitenciario, bien sea
en un hospital o en su
domicilio.
2 ¿Por qué se le pudo
aplicar a De Juana?
Porque su condena por
amenazas terroristas (el
etarra ya había
extinguido la anterior,
por 25 asesinatos) ya
era firme. Desde ese
momento, era un preso
clasificable y
dependiente, por tanto,
de Instituciones
Penitenciarias. La Junta
de Tratamiento de la
cárcel de Aranjuez, de
la que dependía en ese
momento el terrorista,
le clasificó en segundo
grado y propuso su
prisión atenuada «por
razones humanitarias».
3 ¿Qué artículos la
regulan?
El artículo 505.2 de la
Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece que
«los jueces podrán
acordar la prisión
atenuada cuando por
razón de enfermedad del
inculpado el
internamiento entrañe
grave riesgo para su
salud». Por su parte, el
100.2 del Reglamento
Penitenciario establece
que con el fin de «hacer
el sistema de
clasificación de los
internos más flexible,
el Equipo Técnico podrá
proponer a la Junta de
Tratamiento que,
respecto de cada penado,
se adopte un modelo de
ejecución en el que
puedan combinarse
aspectos característicos
de cada uno de los
mencionados grados
(primero, segundo y
tercero) (...). En el
caso de De Juana se le
ha clasificado en un
régimen que mezcla el
segundo y tercer grado.
4 ¿Por qué se aplicó a
De Juana?
La Junta de Tratamiento
de la prisión de
Aranjuez fundamentó esta
flexibilización en
«razones sanitarias
derivadas del estado de
salud en el que el
interno se encuentra»
como consecuencia de una
huelga de hambre.
5 ¿Se podía hacer
evitado esta concesión?
La última palabra la
tenía el juez Central de
Vigilancia
Penitenciaria, aunque la
función jurisdiccional
quedaba reducida a
constatar el
cumplimiento de la
legalidad vigente. El
juez del «caso De Juana»
entendió que se habían
observado todos los
requisitos y
presupuestos necesarios
para aplicar esa
flexibilización.
6 ¿Qué condiciones debe
cumplir el etarra?
Mientras permanezca en
el hospital está
controlado a diario por
los servicios médicos
del centro, que
periódicamente emiten
informes a Instituciones
Penitenciarias. Cuando
sea dado de alta
permanecerá en su
domicilio «con el
horario que se determine
con seguimiento
telemático continuado».
«Las salidas del mismo
para asistir a
consultas, ingreso
hospitalario o
actividades terapeúticas
deberán ser previamente
autorizadas» por la
prisión de Martutene, de
la que ha pasado a
depender el etarra.
Conforme evolucione su
estado de salud se
podrán imponer otras
medidas de control y
seguridad.
7 ¿Es reversible esta
situación penitenciaria?
Sí, si incumple las
medidas de control y
seguridad que se le
impongan cuando reciba
el alta hospitalaria. Al
realizarse su control
por medios telemáticos,
la presencia de la
Policía no resultaría
necesaria si no es «para
protegerle».
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Dos presos que compartían celda intentan escapar de la cárcel |
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21/04/2007 |
| Dos presos que compartían celda
en el Centro Penitenciario de Badajoz fueron sorprendidos la
madrugada de ayer cuando se disponían a escalar el último muro
de seguridad, un intento de fuga que pudo ser frustrado
gracias a la actuación de los funcionarios que se encargan de
proteger este recinto carcelario |
La Delegación del Gobierno en Extremadura explicó, a
través de una nota de prensa remitida desde la
Jefatura Superior de Policía de Extremadura, que el
intento de fuga se produjo 20 minutos después de la
medianoche. «Los medios electrónicos y personales
con que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía en el
servicio de seguridad exterior de la prisión
detectaron a dos individuos que trataban de alcanzar
el muro del centro penitenciario», explica la nota.
El comunicado indica que, «de inmediato, se activó
la alarma y los policías de diversos servicios,
tanto en el interior de la prisión como en el
exterior, se movilizaron y alcanzaron a los
individuos que trataban de ganar el muro en el patio
interior o zona denominada 'paseo de ronda'».
También se desplazaron diversas dotaciones del
Cuerpo Nacional de Policía al perímetro exterior de
la prisión, a las carreteras cercanas y a los puntos
sensibles previamente establecidos, por si el
intento de fuga contaba con algún tipo de apoyo
externo.
Aunque la información oficial no aporta más
detalles, fuentes conocedoras de lo ocurrido
explicaron que los dos internos que intentaban la
fuga lograron salir de la celda en la que
descansaban tras abrir un hueco en los barrotes de
la ventana, que mira hacia el exterior. Las mismas
fuentes aseguran que la ventana de la celda por la
que salieron los presos es cuadrada y mide unos 90
centímetros de base.
Todo hace suponer que se valieron de la pata de una
mesa y de unos pantalones para hacer palanca en las
barras de protección, acción que les habría
resultado más fácil por estar dos internos dentro de
la misma celda, algo habitual debido al número de
reclusos que se encuentran en prisión.
El hueco que abrieron era pequeño, pero suficiente
para permitirle escapar al exterior, donde tuvieron
que superar distintos obstáculos, entre ellos las
concertinas con cuchillas y pinchos colocadas para
evitar posibles fugas. En esa fase llegaron primero
a una zona común, luego escalaron a un tejado y,
desde ahí, saltaron al 'paseo de ronda'.
Una de las fuentes consultadas por este diario
explicó que el funcionario de prisiones que se
encontraba a esas horas de guardia escuchó un ruido,
posiblemente provocado por la pata de la mesa que
los reclusos emplearon para hacer palanca, por lo
que decidió hacer una ronda por la planta superior,
donde se encuentran las celdas.
Esa misma fuente afirmó que el funcionario se dio
cuenta de que faltaban los internos, por lo que
avisó tanto al personal de prisiones como al cuerpo
de guardia del Cuerpo Nacional de Policía para que
les buscaran.
La otra versión, coincidente con la nota oficial,
indica que fue uno de los agentes que se encontraban
en las garitas quien escuchó un ruido de chapa
cuando los reclusos se disponían a escalar el portón
por el que acceden los vehículos al 'paseo de
ronda'.
En cualquier caso, el aviso fue dado con rapidez y
los agentes de la Policía que se encuentran en el
exterior de la prisión penetraron en el 'paseo de
ronda' y localizaron a los presos cuando se
disponían a escalar la pared que separa la cárcel
del exterior.
Minutos después de producirse el intento de fuga se
puso en marcha una investigación para intentar
determinar el lugar por el que habían escapado los
presos para corregir posibles errores en el sistema
de seguridad y evitar que este tipo de situaciones
puedan repetirse.
Ya en mayo del pasado año un juzgado de Badajoz
condenó a dos meses y un mes de cárcel a dos jóvenes
de 19 y 20 años que se intentaron fugar de la cárcel
utilizando el mismo sistema: rompieron la mesa de la
celda y con una de las patas arrancaron el marco de
la ventana y realizaron un agujero por debajo del
marco con la intención de escapar por él. En el
momento que los sorprendieron los funcionarios
tenían preparada una manta anudada para escapar,
pero no pudieron utilizarla porque fueron
descubiertos. La vigilancia del Centro Penitenciario
de Badajoz es compartida en la actualidad por los
funcionarios de prisiones y los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía.
Los primeros son responsables de la seguridad dentro
de los módulos y en el resto de dependencias
interiores, mientras que la Policía asume el control
de la puerta de acceso al recinto penitenciario y
del muro exterior de la cárcel, que es el que se
sitúa en la parte exterior del foso. Para realizar
este cometido, los policías cuentan con siete
garitas de vigilancia, aunque lo habitual es que
solo algunas de ellas estén ocupadas debido a la
escasez de agentes destinados a la prisión, tal y
como ocurría ayer. |
|
CÁDIZ. Los tres centros penitenciarios de la
provincia -Puerto I y II en El Puerto de Santa María
y Botafuegos en Algeciras- alcanzaron en diciembre
del pasado año un total de 2.943 personas de
población reclusa, según una respuesta parlamentaria
al diputado nacional del PP por Cádiz Jesús Mancha a
la que tuvo acceso Europa Press.
Las prisiones gaditanas registraron el pasado año un
aumento significativo, en 334 reclusos, con respecto
al año anterior, cuando había 2.609 reos, ya que el
aumento registrado de 2004, cuando había 2.576 reos,
a 2005, fue de 33 personas.
Botafuegos es, de los tres centros, el que más
población tiene desde 2004, registrando un aumento
significativo de 2005 a 2006, tal como en el cómputo
total. Así de los 1.560 presos de 2004, se pasó a
los 1.576 de 2005 y a los 1.752 del pasado año.
Teóricamente, Botafuegos fue concebida para 1.500
presos como máximo.
En cuanto Puerto II, experimentó un crecimiento de
la población penitenciaria de 2004 a 2005 en 30
personas -de 727 a 757-, cifra que se elevó hasta
los 944 -187 más con respecto a hace dos años- el
pasado año.
En Puerto I, por contra, se ha ido perdiendo
población desde 2004, de manera que de los 289
presos contabilizados en diciembre de ese año, se
pasó a los 276 de 2005 y a los 247 del pasado año.
Precisamente en El Puerto de Santa María, donde se
ubican Puerto I y II, se ejecutan las obras de una
nueva macrocárcel, Puerto III, cuyas obras
comenzaron en 2005 y estaban previstas que
terminaran el pasado marzo, según anunció el pasado
mes de octubre la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en una visita,
aunque todavía no se ha abierto este centro, que se
levantará sobre una parcela de 300.000 metros
cuadrados y una superficie total edificada de 89.085
metros cuadrados.
Tiene una capacidad total de 1.214 celdas, de las
que 1.008 son nominales y 206, complementarias,
distribuidas en módulos residenciales -1.008
celdas-, uno de aislamiento, con otras setenta, de
ingresos, salidas y tránsito, que cuenta con 72, y
uno de enfermería con un total de 64 camas. |
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23/04/2007 |
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Los tres centros penitenciarios de la provincia,
Puerto I y II en El Puerto de Santa María y
Botafuegos en Algeciras alcanzaron en diciembre del
pasado año un total de 2.943 personas de población
reclusa, según una respuesta parlamentaria al
diputado nacional del PP por Cádiz Jesús Mancha a la
que tuvo acceso Europa Press.
Las prisiones gaditanas registraron el pasado año un
aumento significativo, en 334 reclusos, con respecto
al año anterior, cuando había 2.609 reos, ya que el
aumento registrado de 2004 -cuando había 2.576 reos-
a 2005, fue de 33 personas.
Botafuegos es de los tres centros el que más
población tiene desde 2004, registrando un aumento
significativo de 2005 a 2006, tal como en el cómputo
total. Así de los 1.560 presos de 2004, se pasó a
los 1.576 de 2005 y a los 1.752 del pasado año.
En cuanto a la prisión de Puerto II, la segunda en
número de reclusos, experimentó un crecimiento de la
población penitenciaria de 2004 a 2005 en 30
personas -de 727 a 757-, cifra que se elevó hasta
los 944 --187 más con respecto a hace dos años-- el
pasado año.
En Puerto I, por contra, se ha ido perdiendo
población desde 2004, de manera que de los 289
presos contabilizados en diciembre de ese año, se
pasó a los 276 de 2005 y a los 247 del pasado año.
Precisamente en El Puerto de Santa María, donde se
ubican Puerto I y II, se ejecutan las obras de una
nueva macrocárcel, Puerto III, cuyas obras
comenzaron en 2005 y estaban previstas que
terminaran el pasado marzo, según anunció el pasado
octubre la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en una visita,
aunque aún no se ha abierto este centro que se
levantará sobre una parcela de 300.000 metros
cuadrados y una superficie total edificada de 89.085
metros cuadrados.
El futuro centro tiene una capacidad total de 1.214
celdas -1.008 nominales y 206 complementarias-
distribuidas en módulos residenciales -1.008
celdas-, uno de aislamiento -70-, de ingresos,
salidas y tránsito -72- y uno de enfermería con un
total de 64 camas. |
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Antonio G.R., el hombre de 39 años que fue detenido
el pasado miércoles acusado de intentar matar a
golpes a su mujer en Mataró (Barcelona), fue hallado
muerto ayer por la mañana en la enfermería del
centro penitenciario de la Modelo de Barcelona.
La Consellería de Justicia informó de que los
primeros indicios apuntaban a que el hombre, que se
encontraba en prisión preventiva por un delito de
homicidio en grado de tentativa, se suicidó
ahogándose con una bolsa de plástico.
La mujer agredida, Sonia G.T., de 37 años, continúa
ingresada en estado muy grave en la UCI del Hospital
Can Ruti de Badalona (Barcelona), debido a un
traumatismo craneoencefálico que hace temer por su
vida.
La brutal agresión se produjo el pasado miércoles,
hacia las nueve de la mañana, cuando Antonio G.R.
agredió presuntamente a su esposa en su casa
familiar, situada en la urbanización de Can
Vilardell de Mataró, en presencia de sus tres hijos,
de entre dos y ocho años.
Cuando los agentes de la policía local llegaron al
domicilio familiar, en la calle Del Llevant,
encontraron a la mujer inconsciente tendida en el
suelo en las escaleras de su casa y con fuertes
golpes en la cabeza.
Los agentes encontraron también al marido de la
mujer, del que no constaban antecedentes por
violencia doméstica, aunque éste aprovechó un
descuido y, con la excusa de que iba a buscar las
llaves de la casa, aprovechó para huir, si bien pudo
ser detenido poco después.
El juez, que ha decretado el secreto de sumario, ha
otorgado la custodia de los tres hijos del
matrimonio a la hermana de la víctima. |
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A pesar de lo aparatoso del suceso, no se
registraron heridos graves, aunque dos personas
tuvieron que ser trasladadas en ambulancia por
problemas respiratorios, informaron fuentes de los
bomberos.
Las puertas de los módulos 7 y 8 de esta prisión
quedaron bloqueadas a causa del fuego, y los
funcionarios tuvieron que abrirlas manualmente para
evacuar a los presos a los diferentes patios de la
prisión. En total, 140 celdas se vieron afectadas
por este fallo.
Los bomberos de Pontevedra tardaron treinta minutos
en llegar a A Lama, debido a la distancia desde la
capital de la provincia hasta este municipio, por lo
que tuvieron que ser los funcionarios quienes se
tuvieron que ocupar de sofocar el fuego en los
primeros minutos.
A consecuencia del humo, dos personas tuvieron que
ser evacuadas en ambulancia por problemas
respiratorios. El incendio, declarado sobre las doce
de la noche, logró ser controlado a las tres de la
mañana. |
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La reubicación de los 160 presos de los dos módulos
a los que da servicio las instalaciones eléctricas
de la cárcel de A Lama (Pontevedra) en la que la
pasada madrugada se declaró un incendio agravará la
sobreocupación de los otros módulos del penal, según
reconoció el director del centro, José Antonio
Gómez.
En declaraciones , el director de la prisión
descartó la posibilidad de que se solucione esta
jornada el problema de suministro eléctrico y de los
elementos de seguridad que afectan a los dos
módulos.
De este modo, a la hora de dormir en otros módulos,
donde había un interno por celda habrá dos ahora,
pero Gómez puntualizó que durante el día los 160
presos de las 144 celdas que tienen que ser
reubicados realizarán sus actividades en sus
respectivas galerías.
Así, los internos reubicados en otras partes de las
instalaciones penitenciarias realizarán ‘vida
normal’ en los módulos afectados, el número 7
--denominado 'de respeto' o 'convivencia'--, y el 8
--'libre de drogas'--, en los que el sistema
hidráulico que abre y cierra las puertas está dañado
como consecuencia del incendio.
Asimismo, el director del penal informó de que
mañana se desplazarán técnicos de Instituciones
Penitenciarias desde Madrid a la cárcel de A Lama
para determinar el alcance de los daños.
ACTUACION
El foco fue localizado después de que la pasada
medianoche saltase la alarma de incendios por un
fuego declarado en la planta técnica, donde se
ubican las instalaciones eléctricas, de aire y
otras, que da servicio a los módulos 7 y 8. Al lugar
acudieron con mascarillas y extintores funcionarios
de la cárcel y alertaron a Bomberos y Urxencias
Sanitarias 061.
Según indicó hoy el sargento jefe del cuerpo de
bomberos de Pontevedra, Francisco Lage, sobre las
0.30 horas la centralita del parque recibió a través
del 112 Emerxencias Galicia un aviso en el que
comunicaron que ‘una celda del penal de A Lama
estaba ardiendo’.
‘Sobre esta información inicial los bomberos
hicieron un primer cálculo de probabilidades en
tiempo real de cómo podría quedar la celda cuando
llegaran los efectivos, teniendo en cuenta que A
Lama está a 26 kilómetros de la capital’, explicó
Francisco Lage, por lo que requirieron al 112 que,
sí había algún tipo de vehículo contra incendios más
próximo, se desplazase hasta allí, por lo que una
motobomba forestal acudió al lugar.
Los bomberos llegaron al penal en unos 35 minutos y,
según explicó el sargento jefe, ‘los funcionarios de
la prisión rectificaron la información inicial, ya
que no era una celda la que ardía, sino la planta
técnica’. ‘Fueron los propios funcionarios del penal
quienes sofocaron las llamas con los dispositivos
contra incendios del centro’, precisó.
La planta técnica, aparte del módulo del servicio de
vigilancia que hay cada dos galerías, es la que
dispone del sistema hidráulico que abre y cierra las
puertas y donde están los cuadros eléctricos y
sistemas de ventilación del aire acondicionado.
La preocupación de los bomberos fue entonces la
presencia de humo en las dos galerías que confluyen
en la parte técnica, la 7 y la 8, cada una de ellas
compuesta por 72 celdas. Al entrar en las galerías,
explicó Francisco Lage, ‘se observó que había gran
cantidad de humo y entonces procedieron a abrir las
celdas una por una y evacuaron a los internos hacia
un punto seguro’.
El sargento jefe detalló que con el equipo de
excarcelación, la unidad de bomberos rescató en
primer lugar las dos primeras celdas, dado que los
dos internos no respondían a los avisos. Estos
presos se encontraban ‘algo mareados’, por lo que se
les llevó ‘a una unidad de asistencia y no hizo
falta su traslado’. ‘Unas puertas se abrieron solas
y otras no, 60 fueron forzadas con los equipos de
excarcelación, ayudados en todo momento por la
vigilancia de los funcionarios del centro’, señaló
Francisco Lage.
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Según las cifras que aportó Gallizo ante la comisión
de Interior de la Cámara alta, a fecha del pasado 30
de marzo el numero de internos clasificados en
tercer grado era de 5.609, un 15,8 por ciento del
total de la población reclusa, lo que significa que
el 27 por ciento de las resoluciones clasificatorias
lo son en ese grado.
Este dato pone de manifiesto, a juicio de Gallizo,
'el esfuerzo por hacer del Medio Abierto un elemento
fundamental en la aplicación de una política basada
en la reeducación y reinserción social, y en un
instrumento eficaz para evitar la reincidencia'.
La responsable de Instituciones Penitenciarias
recordó que en la última década se produjo un
aumento importante de la población reclusa mientras
que el porcentaje de presos en régimen abierto se
mantuvo en torno al doce o trece ciento, e incluso
en 2004 se redujo hasta un diez por ciento sin que
esas cifras se correspondieran con un incremento de
la delincuencia.
Gallizo achacó esa desproporción a una cultura de
'negación de las políticas basadas en la reinserción
y reeducación' que alejó a España de los países
europeos (donde el porcentaje de internos en tercer
grado es del 25 por ciento) y del espíritu
constitucional.
La directora general se mostró satisfecha con el
nuevo impulso que se ha dado al régimen abierto y,
como medidas concretas, señaló que se ha propuesto
conseguir que los Centros de Inserción Social (CIS)
'no sean meros dormitorios a los que el penado acude
al final del día, sino que sean espacios de
tratamiento e intervención'.
Instituciones Penitenciarias pretende también
modernizar los sistemas de seguimiento y emprender
programas de apoyo y asesoramiento para familiares
de acogida de presos.
Gallizo defendió la efectividad del medio telemático
gracias al cual el preso cumple la pena de privación
de libertad en su domicilio.
'Se trata de una forma de cumplimiento que permite
al interno atender a sus demandas personales y
laborales en igualdad de condiciones que el resto de
los ciudadanos' con la única limitación de portar un
sistema de control telemático, añadió.
A fecha del pasado 30 de marzo, el número de
personas a las que se ha aplicado este programa ha
sido de 3.635, de las que 1.211 portaban una pulsera
telemática.
Solo uno de ellos intentó alterar el funcionamiento
del sistema, dato que, para Gallizo, avala la
eficacia del programa.
Afirmó que 'es una forma segura, rigurosa, y
rentable de responder a la exigencia legal', ya que
permite localizar al interno, quien a su vez puede
atender sus demandas personales y laborales no
generando costes al Estado.
En cuanto a las penas y medidas alternativas a la
prisión, Gallizó recordó que en el año 2006 se
dictaron mas de nueve mil sentencias de trabajo en
beneficio de la comunidad, por lo que la
Administración Penitenciaria esta realizando el
esfuerzo inversor necesario para dar una respuesta
adecuada a la nueva exigencia legal.
Actualmente se ofertan más de cinco mil plazas para
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de
la comunidad, incluidas las que ofrece la propia
Administración Penitenciaria.
Se ha aumentado el personal de servicios sociales
penitenciarios y centros de inserción y se pretende
poner en marcha al menos un programa de intervención
por cada modalidad de pena, especialmente en casos
de violencia de género.
En este sentido, se ha previsto un programa
especifico de intervención en cada centro que
existan presos por delitos de malos tratos y
agresión social. |
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El juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José
Luis Castro, solicitó hoy a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que le informe sobre
las razones por las que autorizó al preso de ETA
José Ignacio De Juana Chaos a abandonar el Hospital
Donostia de San Sebastián los pasados días 10 y 17,
con el fin de comprobar si las salidas se ciñeron a
razones sanitarias. De existir una "extralimitación"
por parte del preso, el juez puede dejar sin efecto
el auto por el que dio el visto bueno a su actual
situación penitenciaria, informaron fuentes
jurídicas.
En una providencia dictada hoy, el juez pide
informes por escrito a las autoridades
penitenciarias con el fin de conocer si las salidas
del preso pueden incardinarse en el "plan de
ejecución" acordado para De Juana el pasado 1 de
marzo, cuando le fue concedido el traslado desde el
Hospital Doce de Octubre de Madrid -donde se
mantenía en huelga de hambre-, al Hospital de
Donostia.
Según este plan, que Castro avaló mediante un auto
el pasado 1 de marzo, De Juana sólo puede abandonar
el hospital por razones médicas, siempre que en el
centro en el que se encuentra no existan los
servicios sanitarios que él precise.
A LA ÓPTICA Y A VER A UN DOCTOR
Por lo que se refiere a las salidas realizadas, el
Juzgado de Vigilancia ya ha sido informado de que la
del día 10 fue concedida para visitar una óptica,
mientras que la del día 17 obedeció al interés del
preso por visitar a un doctor concreto en su
consulta de la localidad guipuzcoana de Hernani.
Volvió a pedir permiso para ir a ver al mismo doctor
tres días más tarde, si bien en esta ocasión la
autorización no fue concedida por la Subdirección
General de Sanidad Penitenciaria, que es la que
había dado el visto bueno a las dos anteriores,
según las mismas fuentes.
A pesar de esta información preliminar, el juez de
Vigilancia ha solicitado más datos para valorar la
oportunidad de estas salidas y ha requerido además a
Instituciones penitenciarias "para que en lo
sucesivo comunique a este juzgado con carácter
previo las salidas que le sean autorizadas al
interno así como el desarrollo de éstas una vez
finalizadas".
Según las mismas fuentes, no le corresponde al juez
la concesión de estos permisos, sino al Ministerio
del Interior, que debe comunicárselos al magistrado
para que éste pueda llevar a cabo el control
jurisdiccional del caso.
En su providencia de hoy, el magistrado afirma que
es a él a quien corresponde el control
jurisdiccional de la legalidad de las resoluciones
emanadas de la Administración Penitenciaria, "sin
que dicho control suponga sustitución o usurpación
de funciones propias de la Administración actuante".
En el caso de que el juez valorara que existe una
extralimitación, podría aplicar medidas correctoras
del acuerdo alcanzado en su día por Instituciones
Penitenciarias, que pueden ir desde el
apercibimiento hasta dejar sin efecto el auto que
avaló el traslado de Madrid a San Sebastián, según
las mismas fuentes.
FUTURO DE DE JUANA
Sobre el futuro de De Juana, se contemplan distintos
escenarios. En el caso de que obtuviera el alta
hospitalaria -es decir, que se considere que no es
necesario que continúe en el hospital, pese a
necesitar aún tratamiento médico-, el preso deberá
permanecer en su domicilio bajo seguimiento
telemático, y sólo podrá salir del mismo para acudir
a consultas al hospital o para realizar actividades
terapéuticas.
El control telemático podrá realizarse mediante la
colocación de una pulsera o bien a través del
teléfono, colocando en el aparato de su domicilio un
dispositivo que realiza una serie de llamadas al día
que De Juana deberá contestar.
Otra cosa es que el preso obtuviera el alta médica,
al considerar los doctores que ya ha superado su
precario estado de salud. En este caso, según las
fuentes consultadas por Europa Press, Instituciones
Penitenciarias tiene la "obligación legal" de
reconsiderar la situación del preso, lo que podría
suponer desde la aplicación del tercer grado
penitenciario -sólo ir a prisión a dormir- hasta su
traslado de nuevo a prisión en segundo grado.
En todo caso, si llega el próximo 1 de septiembre
sin que la situación médica de De Juana haya
cambiado deberá reconsiderarse igualmente su
situación, al haber transcurrido seis meses desde
que le fue aplicado el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario.
Este artículo establece que "con el fin de hacer el
sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá
proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de
cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el
que puedan combinarse aspectos característicos de
cada uno de los grados, siempre y cuando dicha
medida se fundamente en un programa específico de
tratamiento que de otra forma no pueda ser
ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la
ulterior aprobación del Juez de Vigilancia
correspondiente, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad".
PERMISOS PARA PASEAR
Sobre la posibilidad de que De Juana pudiera obtener
permisos no relacionados con su situación médica,
como pudieran ser para pasear, fuentes jurídicas
señalaron que este preso podría solicitarlos como
cualquier otro interno en segundo grado, otra cosa
es que la autoridades se lo concedieran. Hasta el
momento, el terrorista no ha realizado ninguna
petición en este sentido.
De Juana cumple tres años de prisión por un delito
de amenazas no terroristas por el que fue condenado
por el Tribunal Supremo, que rebajó notablemente la
condena a doce años y siete meses de prisión que le
había impuesto la Audiencia Nacional por la
publicación en el diario "Gara" de dos artículos que
este tribunal consideró que contenían amenazas de
carácter terrorista.
El etarra comenzó una huelga de hambre en protesta
por su procesamiento por estos hechos, que se
produjo cuando estaba a punto de salir de prisión
tras cumplir 18 años de cárcel como responsable de
25 asesinatos terroristas. |
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