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Valencia.- El Gobierno confirma por escrito que el programa de
actos de la cárcel de Picassent no incluía striptease |
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4/10/09 |
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La programación recogía espectáculos de play back y la
actuación de una actriz de ''variedades'' |
El Gobierno central ha confirmado que la
programación para el día 2 de enero de 2009 en el
cárcel valenciana de Picassent no incluía un
'strip-tease', sino la actuación de una actriz que
interpretara un espectáculo tipo 'variedades', según
consta en una respuesta parlamentaria a la diputada
de Barcelona (GC-CiU), María Mercé Pigem Palmés,
consultada por Europa Press.
Así, según consta en el escrito, la programación
prevista el 2 de enero consistía en la actuación de
cuatro cantantes solistas, que iban a interpretar en
'play back' canciones de grupos solistas actuales;
además de la actuación de una actriz que interpretar
un espectáculo tipo 'variedades'.
Por ello, el Ejecutivo explica que los responsables
del centro penitenciario "ignoraban" el "verdadero
alcance" que realmente tuvo el número, es decir,
cuando se produjo un 'strip-tease' muy criticado por
sindicatos del establecimiento. No obstante,
aclararon que esta actuación fue gratuita, es decir,
que no se produjo contratación alguna. Sin embargo,
Daniela, la stripe, aseguró el día después de que
saltara la polémica que ''a mí nadie me dijo que
hiciera nada más light. Me contrararon para hacer un
striptease''
Aún así, con el fin de que no se repitieran
incidentes similares, se remitió en su día una
recomendación a los directores de los centros al
respecto, en el sentido de que se estudiara con
mayor diligencia el contenido de las actividades
dirigidas a los internos, y se valorara
adecuadamente la oportunidad de realizarlas.
Historia del strip-tease
El día 2 de enero tuvo lugar este espectáculo en el
Area Sociocultural de la Unidad de Cumplimiento de
Picassent, en el que intervino una 'stripper'. En el
transcurso del acto, al que asistieron internos de
los Módulos 8 y 10 de la unidad, la mujer
protagonizó algunos hechos "escandalosos", según
denunció en su día Acaip.
Tras enterarse, la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
pidió explicaciones al director del centro
penitenciario de Picassent (Valencia), Ramón Cánovas,
y éste se disculpó y matizó que no estaba previsto
la actuación de una 'stripper'. |
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4/10/09 |
| Instituciones Penitenciarias
contará el próximo año con 1.254 nuevos empleados. Sin
embargo, los sindicatos no están contentos. Representantes de
ACAIP y UGT acudieron a protestar
durante el acto de la festividad de la Merced el pasado día 24
mientras el titular de Interior hacía este anuncio. Argumentan
que la situación en las prisiones es insostenible por el
crecimiento “bestial” de la población reclusa que ya supera
los 76.500 presos, casi 3.000 más que a principios de año. |
Agresiones, altercados, motines e insalubridad son
sólo algunos de los efectos que provocan el
hacinamiento y la masificación que sufren las
cárceles españolas. Fuentes del sindicato Agrupación
de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (ACAIP)
han explicado a EL IMPARCIAL el porqué de su
descontento a pesar de que el ministro Rubalcaba
anunciase un incremento de 1.254 empleados para las
prisiones el próximo año.
“Si el 2 de enero de 2009 la población reclusa era
de 73.481 presos a día de hoy ya es de 76.647. El
incremento de los presos en España es bestial. Las
cárceles están masificadas y falta personal”. Al
ritmo que aumenta el número de personas
encarceladas, de las que 7 de cada 10 son
extranjeras, no es de extrañar que se incorpore más
personal. Sin embargo, estos empleados tendrán como
destino los nuevos centros que ahora están en fase
de construcción, como Mahon en Baleares o Norte I en
Iruña. Mientras, el resto de prisiones continúa
creciendo en número de encarcelados y siguen
contando con el mismo personal funcionario. Así se
dan situaciones como las de centros de reciente
construcción de Morón (Sevilla), Estremera (Madrid)
y Albocassser (Castellón) que con apenas un año de
vida ya tienen de media 1.500 presos, lo que
significa que no sólo están llenos sino que superan
con creces su capacidad.La cárcel
de Estremera, séptimo centro penitenciario en
Madrid, es un centro tipo, como el de Soto del Real.
En 1991, se puso en marcha un plan de renovación que
incluye un modelo tipo de cárcel. Estos centros son
idénticos en estructura y tienen capacidad para
1.008 celdas y en la actualidad acogen a 400 o 500
presos más de los que debiera. “La tasa de
hacinamiento de media en las prisiones españolas
supera en la mayoría de los casos el 200 por
ciento”, según han asegurado fuentes de ACAIP.
Mientras que los centros de Morón y Albocasser
cuentan con 1.214 celdas, por lo que superan también
el límite de su capacidad.
El hacinamiento y la Gripe A
Dejando a un lado las agresiones que sufren día a
día estos funcionarios y la falta de vigilancia de
las celdas por falta de personal, uno de los
problemas más graves que trae la masificación es la
incapacidad de hacer frente a una posible epidemia
de Gripe A. Desde ACAIP denuncian que “no hay celdas
suficientes para el aislamiento de enfermos, no hay
medios, ni ningún protocolo para hacer frente a un
contagio masivo en un centro penitenciario”.
¿No hay dinero?
Sin embargo, el motivo principal de las
reivindicaciones de los sindicatos y por el que el
pasado día 24 de septiembre protestaron durante el
acto de entrega de medallas al mérito penitenciario
que se conceden con motivo del día de a Merced, pasa
por “el incumplimiento de los compromisos que
alcanzaron con la Administración en 2005”.
A finales de marzo de 2005, los sindicatos
firmaron con el entonces ministro del Interior, José
Antonio Alonso, un pacto para mejorar las
condiciones de trabajo y las importantes carencias
de las instituciones penitenciarias. Uno de esos
compromisos era el de jubilación anticipada de los
funcionarios que ahora la Administración ha
suprimido del anteproyecto de Ley que regula este
pacto. La razón principal por la que se rompen estos
compromisos según Interior “es la falta de dinero.
Desde ACAIP somos conscientes de las dificultades
económicas que sufre el país y por eso estamos
dispuestos a adaptarnos a plazos largos, pero no
toleramos que no se cumpla el acuerdo de hace cuatro
años”.
Lo que más ha indignado a los funcionarios es que
Interior argumente que no hay dinero para sus
reivindicaciones y observen día tras día como se
derrocha el dinero de los españoles. Lo último, una
cena especial con langostinos y cochinillo que
ascendió a 7.000 euros para los presos de Picassent
con motivo del día de la Merced.
Sin embargo, este tipo de críticas se extienden
al resto de prisiones españolas. Fuentes de
ACAIP han
confirmado que en los nuevos centros se ha dotado
cada celda con un televisor LCD de entre 19 y 22
pulgadas lo que supone un desembolso de 300.000
euros por cada prisión. En la prisión de Valencia se
organizó una salida terapéutica con bicicletas, el
coste de cada una fue de 700 euros. Este tipo de
salidas son habituales y según denuncian desde el
sindicato se han realizado “visitas guiadas que
siempre terminan en un buen restaurante a costa del
erario público”.
“En Castellón, se han gastado 220.000 euros en un
campo de fútbol de hierba artificial, pista de padel
y de atletismo, instalaciones con las que también
está dotado el centro de Ocaña. Entendemos que hay
que tratar bien a los presos. Pero si desde Interior
nos dicen que hay que apretarse el cinturón y que
por eso no atienden nuestras reivindicaciones
creemos que este tipo de actuaciones son una
vergüenza y un insulto para los ciudadanos que no
pueden si quiera pagar el recibo de la luz”. |
La Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitencias
(ACAIP) ha pedido al Gobierno de la
nación la destitución del director de la cárcel de
Badajoz, Carmelo Charfolé, por su "nefasta" política
de personal y el incumplimiento de compromisos con
los sindicatos.
En un comunicado remitido a Efe,
ACAIP ha informado
de que pidió el relevo a Instituciones Penitencias
el pasado 21 de septiembre.
Esta organización ha criticado que el director
corrige "a su antojo" la distribución de servicios
que otros realizan, otorga puestos de trabajo que
perjudican a otros funcionarios, puntúa más a unos
más que a otros o toma decisiones "confusas".
A su juicio, las normas no son iguales para todos y
"la sensación de injusticia es palpable".
ACAIP ha
asegurado que no ha cumplido con los compromisos que
adquirió con los portavoces de los sindicatos de la
Junta de Personal de la Provincia de Badajoz de
rotación de servicios en el área de interior para
que todos los funcionarios hicieran las mismas
tareas y "acabar con el clientelismo de los puestos
de trabajo de menor carga física y sobre todo
psíquica".
También ha denunciado que no ha hecho nada para
mantener a siete funcionarios en prácticas a pesar
de la "asfixiante" falta de personal, y que prima el
tratamiento por encima de la seguridad aunque no hay
trabajadores suficientes para todas las actividades
programadas.
La "nefasta" clasificación de los internos, el
"penoso y escaso" mobiliario para los funcionarios y
los medios informáticos "antidiluvianos" son otras
de las quejas de esta organización, además de que ha
levantado un expediente injusto a un trabajador.
ACAIP ha
señalado que también cesó al subdirector de
Tratamiento sin previo aviso por "falta de
rendimiento". |
Son vigilados de forma permanente pero han logrado
saltarse los controles. Presos de ETA en Galicia han
establecido una red de enlaces en las propias
prisiones para sacar información al exterior y
comunicarse con la dirección de la banda. Y lo han
hecho a través de reclusos comunes.
Les basta con un puñado de euros. Eso les garantiza
que, en alguno de los permisos de salida de esos
internos, la correspondencia que a ellos les sería
requisada llega a su destino.
Los presos a los que recurren los terroristas no
preguntan por el contenido del sobre del que tienen
que deshacerse nada más salir del penal. Se limitan
a cumplir con el encargo de depositar el envío en un
buzón a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
Los presos etarras forman parte del Fichero de
Internos de Especial Seguimiento (FIES), una
categoría que implica controles extra, con llamadas
y correspondencia intervenidas, y que además no
permite la concesión de permisos carcelarios.
Los funcionarios vigilan con quién y para qué se
relacionan con otros reclusos y cada día pasan un
parte sobre su comportamiento a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.
Pero la masificación de los penales y la falta de
funcionarios, ha permitido a los terroristas zafarse
de esos controles en más de una ocasión.
Instituciones Penitenciarias tiene en el punto de
mira a presos etarras en Galicia, en concreto a
algunos de los que cumplen condena en el penal de
Teixeiro (A Coruña), donde sospecha que algunos
reclusos de la banda terrorista pagaron a otros
internos para contactar con el exterior.
Interior investiga
El Ministerio del Interior investiga si, tal y como
informan desde la cárcel coruñesa, miembros de ETA
del módulo 5 -donde coinciden con otros presos en
segundo grado-, así como en el de mujeres -donde
están internas tres etarras-, han intentado abrir
una vía de comunicación con la dirección de la banda
a través de reclusos comunes con los que tienen un
contacto diario.
Fuentes del centro penitenciario de Teixeiro han
confirmado que tienen la "seguridad" de que presos
terroristas, tanto etarras como yihadistas, están
cometiendo hechos "sumamente graves" burlando los
controles a los que están sometidos, tanto de su
correspondencia como de los 50 minutos de llamadas a
la semana a las que tienen derecho.
Su estrategia se basa en "ganarse la confianza" de
algunos reclusos en segundo grado que no tienen el
correo intervenido y a los que, por tanto, pueden
utilizar para sacar información al exterior y
comunicarse con la cúpula de ETA.
Se ganan la confianza de otros presos
"Recurren a presos enganchados a la droga o con
falta de recursos. Se aprovechan de la confianza que
se han ido ganando con el paso de los años,
pagándoles cafés, prestándoles dinero durante sus
permisos, para que en una de sus salidas les hagan
de mensajeros", apuntan desde el penal coruñés.
Funcionarios de prisiones denuncian que la mayoría
etarras presos llevan varios años internos en el
mismo centro penitenciario -algunos, como es el caso
de Alberto Plazaola Andua incluso desde que se
inauguró el penal de Teixeiro hace diez años-.
Una situación que, según advierten desde la cárcel
de A Coruña, repercute en el nivel de seguridad ya
que tras varios años en la misma prisión "pueden
constituir su propio club" y "utilizar" a otros
reclusos para "sacar información y ponerse en
contacto con la banda".
Pese a que la directora del penal de Teixeiro,
Silvia Alonso, es conocedora de esta "situación
extrema", funcionarios de la prisión denuncian que
hasta el momento "no ha hecho nada" por "paliar"
esta falta de control a los reclusos clasificados
como FIES.
Este "descontrol" -según advierten fuentes
sindicales- tiene su origen en la masificación del
penal, con capacidad para 1.080 presos pero que en
la actualidad ronda los 1.800, y en la falta de
funcionarios, con un ratio de tan sólo uno para
vigilar un módulo de 140 reclusos. |
Prisiones trabaja desde hace meses en la creación de
grupos especiales de funcionarios para evitar que
los reclusos burlen los controles internos de cada
penal. En el punto de mira están los reclusos de ETA
y los yihadistas. El temor a que los condenados por
terrorismo intenten comunicarse con el exterior o
traten de reorganizarse entre rejas ha hecho saltar
las alarmas en el Ministerio del Interior. Con el
objetivo de cerrar cualquier vía de comunicación que
los reclusos más peligroso pretendan establecer con
el exterior, como ya ha ocurrido en la prisión
coruñesa de Teixeiro donde presos etarras han
utilizado a reclusos comunes para contactar con la
dirección de la banda, Interior ha formado a un
grupo de funcionarios en cada cárcel para reforzar
el control sobre el entorno de ETA y del terrorismo
yihadista.
El refuerzo de la vigilancia a los condenados por
terrorismo no será su única misión. Estos nuevos
grupos de intervención, que ya han empezado a actuar
en prácticamente todos los penales del país a
excepción del de Teixeiro, también tendrán que
impulsar una red de confidentes en torno a los
presos etarras e islamistas. “Los funcionarios ya
tienen infiltrados entre los presos comunes. Con
este nuevo grupo se trata de potenciar esta red y al
mismo tiempo crear una a nivel de bandas. Pero eso
es más complicado y requiere más tiempo”, apuntan
desde la prisión de Teixeiro.
En este sentido, los sindicatos de prisiones
celebran la creación de este grupo especial de
funcionarios porque, según aseguran, permitirá
“ganarse la confianza” de otros reclusos para que
les informen del comportamiento de cada uno de los
internos en su módulo.
Los confidentes, tal y como admiten desde Teixeiro,
tendrán su recompensa. “Para enterarte de lo que
ocurre en un módulo de 140 presos vigilado por un
solo funcionario, hay que ganarse la confianza de
algunos reclusos. Es lógico que si se están jugando
el cuello, tengan alguna recompensa”, reconocen
desde el centro penitenciario de A Coruña. Entre los
beneficios carcelarios que los funcionarios conceden
a los reclusos que colaboran, está la concesión de
alguna comunicación extra con sus familiares o la
agilización de los trámites en la concesión de un
permiso de salida.
En el caso de Teixeiro, el grupo de funcionarios ya
ha sido creado hace seis meses, sin embargo todavía
no ha empezado a actuar. Fuentes sindicales de la
cárcel de A Coruña se preguntan los motivos por los
que la dirección del centro todavía no ha habilitado
un local para que empiecen a trabajar, ni les ha
facilitado ordenadores ni línea telefónica con la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
La previsión era que el nuevo equipo, integrado por
tres funcionarios y un jefe de servicio, empezase a
crear esa red de confidentes antes del verano. Pero
con las vacaciones y los turnos de descanso de por
medio, su misión quedó aplazada a septiembre. Pero
aún hoy, el grupo de intervención impulsado por
Interior en los penales con más reclusos etarras no
está operativo en Teixeiro, aunque sí en A Lama.
Investigación
Meses antes de que Interior decidiese organizar
estos grupos de intervención, el departamento que
dirige Alfredo Pérez Rubalcaba abría una
investigación por los supuestos pagos de presos de
ETA en Teixeiro a reclusos comunes para contactar
con la dirección de la banda. Funcionarios de la
cárcel de Curtis sospechan que etarras del módulo 5
–en el que coinciden con presos de segundo grado–,
así del de mujeres –donde están internas tres
etarras–, han intentado abrir una vía de
comunicación con los jefes de la banda a través de
reclusos comunes con los que tienen contacto diario.
Al parecer, un grupo de presos etarras se habría
“ganado la confianza” de algunos reclusos en segundo
grado que no tienen el correo intervenido pagándoles
pequeñas cantidades de dinero para que actuasen como
correos con el exterior. |
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Los funcionarios del centro penitenciario de Jaén
continúan con su particular ‘lucha’ contra la
inseguridad en las instalaciones. Después de que se
hayan producido varias agresiones en los últimos
meses, piden a la dirección que se extremen las
precauciones y se tomen medidas ante sucesos como el
del pasado jueves, en el que un interno, con
problemas mentales, agredió a un trabajador. Tanto
Acaip, sindicato
mayoritario, como CSIF coinciden en que es
“inadmisible” que sigan sufriendo estas situaciones.
El delegado de Acaip en
Jaén, Pablo Viedma, cree que se trata de un problema
“preocupante”, aunque también reconoce que Jaén se
encuentra entre las prisiones con menor índice de
agresividad en toda Andalucía. La falta de personal
es la principal causa que achaca el representante
sindical, por lo que ha reclamado “una reunión
urgente” con la dirección de la prisión para tratar
la falta de personal.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios, CSIF, va más lejos y critica que la
dirección ha cometido una “negligencia” puesto que
“pone en peligro, una vez más, la seguridad de los
funcionarios”. Así, el delegado de CSIF en el
centro, Miguel Ángel Rojas, advierte de que esta
última agresión ha acarreado una “gran indignación
de todos los trabajadores de la prisión”.
Dos agresiones
La agresión del pasado jueves, en la que el interno
dio una paliza a uno de los funcionarios después de
que éste le pidiera que dejara de fumar en una zona
prohibida, supone la segunda de los tres últimos
meses en el centro penitenciario. Según explica
Pablo Viedma, de Acaip,
en junio también se produjo otro suceso similar,
producido por una pelea entre internos. A pesar de
que se han dado en un espacio corto de tiempo,
alerta de que Jaén se encuentra en un “momento
tranquilo”. |
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El sindicato de prisiones
Acaip exigió ayer la paralización de los
traslados de presos al Centro Penitenciario de
Topas desde cárceles que registren casos de gripe
A, como el caso del recluso llegado el pasado
miércoles al penal salmantino desde la prisión
Tenerife II, donde más de 70 internos permanecen
aislados por sufrir los efectos del virus H1N1. El
preso permanecía ayer hospitalizado y aislado en
un módulo destinado al ingreso de convictos del
Hospital Clínico Universitario de la capital, en
observación, sin fiebre y con una evolución de sus
síntomas favorable, según informaron fuentes del
Complejo Asistencial.
C. Sanz No obstante, los
funcionarios abogan por no correr riesgos
innecesarios y evitar los traslados de convictos
que puedan desencadenar una epidemia en Topas. El
varón, natural de las Islas Canarias, llegó al
aeropuerto de Matacán en un avión junto a
aproximadamente 70 presos desde el penal Tenerife
II, y una vez en Topas, fue internado en el módulo
número 1, destinado a los presos preventivos. Al
día siguiente sus síntomas hicieron sospechar al
personal sanitario de Topas de que se tratase de
un contagio por gripe A, además de que el recluso
presentara factores de riesgo, como detallaron
desde Instituciones Penitenciarias. De esta forma,
se decidió el traslado del interno al Complejo
Asistencial donde recibe tratamiento para combatir
el virus y donde se realizaron análisis destinados
a afianzar el diagnóstico de gripe A. Mientras
tanto, Instituciones Penitenciarias confirmó a
este diario la existencia de dos casos sospechosos
más en Topas, en dos reclusos internados en
diferentes módulos del penal y a la espera de
confirmación por parte de los facultativos, al
tiempo que apuntó que para que se considere como
un brote de infección por el virus H1N1 tienen que
darse tres casos en un mismo módulo de la prisión
y entonces se realizan las pruebas necesarias para
confirmar que se trata de un contagio por el virus
pernicioso. Estos presos con síntomas de contagio
permanecen aislados en sus celdas recibiendo el
protocolo sanitario para casos de gripe A marcado
para los centros penitenciarios, al igual que los
internos que sufren síntomas de catarro o gripe
estacional como medida de precaución. De esta
forma, los facultativos diariamente toman las
constantes vitales, realizan la prueba de fiebre y
demás pruebas para verificar el estado de salud de
los internos. El personal sanitario y los
funcionarios del Centro Penitenciario de Topas
también se acogieron a los protocolos de actuación
ante casos de gripe A, utilizando mascarillas y
extremando las medidas higiénicas necesarias para
evitar el contagio del virus H1N1.
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El preso Aquilino M. y su pareja sentimental Soraya
J.G, acusados de intentar introducir droga en el
Centro Penitenciario de Valladolid durante un 'vis a
vis', negaron que las sustancias intervenidas fueran
de su propiedad. Así lo manifestaron durante el
juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial de
Valladolid por lo hechos ocurridos el 26 de agosto
de 2006, cuando sobre una mesa de la sala donde se
producía un encuentro entre la pareja se hallaron
dos trozos de hachís, una papelina de heroína con un
peso de 0,13 gramos y una pastilla de Trankimazin
(alprazolam). Posteriormente, en un cacheo sometido
a Soraya J.G. se incautó a ésta una bolsa con 100
pastillas iguales a la de la mesa.
El acusado, que actualmente se encuentra en
prisión, explicó, en declaraciones recogida por
Europa Press, que es imposible que él hubiera
introducido las sustancias en la sala porque se
encontraba en un módulo de aislamiento y se le
practicaban cacheos "rigurosos" al entrar, incluso
completamente desnudo, y había "mucho control".
Aquilino M. indicó además que no podía traficar
al estar aislado por una sanción interna de la
prisión y aseguró que ni siquiera pudo ver las
citadas sustancias. Durante su declaración, también
explicó que fue consumidor de cuatro pastillas
diarias de Trankimazin.
Por su parte, la pareja del acusado, que se negó
a declarar, sí añadió al final de la vista que esa
bolsa en la que se encontraron cien pastillas estaba
en el lugar cuando ellos entraron para mantener la
'comunicación'.
ALGO "RARO" SOBRE LA MESA
Durante la vista, el funcionario de prisiones que
ese día se encontraba como jefe de servicio explicó
que uno de sus compañeros encargado del "rastrillo"
observó a través de una ventana de la citada sala
que había "algo raro" que pudiera ser una papelina o
hachís en una de las mesas en la que se encontraba
Aquilino M.
Ante esta situación, el jefe de servicio entró en
esta sala y suspendió la comunicación, pidió al
preso que saliera del lugar, cogió lo que había
sobre la mesa, una "bolsita pequeña", "alguna
pastilla" y dos trozos de hachís, y pidió a una
funcionaria que cacheara a la pareja sentimental del
interno.
Posteriormente, explicó, la funcionaria autora
del cacheo le hizo entrega del centenar de pastillas
que encontró en una bolsa que llevaba Soraya J.G.
El funcionario explicó que las personas que
entran a la prisión para mantener un 'vis a vis'
pasan por un sistema de seguridad que incluye un
arco detector de metales y cuando salen no se
someten a un control, mientras que a los internos se
les revisa más cuando salen de "comunicar" porque
"se da por hecho" que cuando entran en la sala no
llevan objetos.
Tanto el jefe de servicio en aquella jornada como
otros funcionarios coincidieron al rechazar la
posibilidad de que las sustancias pertenecieran a
otra pareja que en ese momento participaba en la
misma sala en otro encuentro similar, ya que se
encontraba en otra mesa a cierta distancia.
Por su parte, la funcionaria que registró a
Soraya J.G. explicó que halló las pastillas de
Trankimazin en una bolsa que portaba la acusada,
junto a cosas de uso personal.
El Ministerio Fiscal solicitó, por un delito
contra la salud pública en grado de tentativa, la
pena más dura, siete años de privación de libertad,
para Aquilino M, al que aplica la agravante de
reincidencia, al contar en su haber con varias
condenas por delitos contra la salud pública,
resistencia a agentes de la autoridad y robo con
violencia e intimidación, mientras que para ella
interesó una condena de cuatro años y siete meses.
Además, la petición del fiscal incluye una multa de
900 euros para cada uno de ellos.
La acusación pública considera que no hay dudas
de que las pastillas fueran suyas, al igual que el
resto de las sustancias que se encontraban sobre la
mesa de la sala donde mantenían la "comunicación", y
tampoco sobre el hecho de que fuera la compañera
sentimental del preso la que las introdujo en la
prisión.
POSIBILIDAD REAL DE QUE ENTRARA LA DROGA
En cuanto a la posibilidad de que Aquilino M.
pudiera intentar venderlas en la cárcel, explicó que
hay presos que eluden los controles que se les
realizan tras el 'vis a vis' mediante la
introducción de objetos en cavidades corporales como
la boca. Así, cree que hubo "posibilidad real" de
introducirlas y de intentar distribuirlas.
Sin embargo, la defensa de Aquilino M. pidió la
absolución de su patrocinado al entender que no hay
pruebas concluyentes de que las sustancias fueran
suyas ni testigos que tuvieran contacto con ellas.
Tampoco considera que hay motivos para la condena
por una "tentativa" de traficar porque deberían de
darse otras circunstancias como la posesión de
objetos para tal fin o que las sustancias ya
estuvieran preparadas para ello.
Además, el abogado descartó que su fin fuera la
venta, dado el escaso valor de las sustancias, diez
euros en el caso de la heroína y cinco del hachís,
aunque algo mayor en el caso del Trankimazin, que
recordó que el acusado ha tomado en otras ocasiones
en una cantidad tal que las cien dosis que se
incautaron no habrían durado ni un mes.
Por ello, la defensa explicó que se abre la
posibilidad de que las pastillas hubieran estado
sobre la mesa y, en caso de duda, invocó el
principio 'in dubio pro reo'.
Por su parte, la abogada de Soraya J.G. hizo
suyas las conclusiones de su colega y pidió también
la absolución de su defendida al considerar que no
había quedado probado hecho delictivo alguno.
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Un total de nueve internos del centro penitenciario
de Huelva permanecen aislados en el módulo de
enfermería de la prisión por presentar síntomas del
virus H1N1 y ser posibles casos de gripe A.
Así lo explicaron a Europa Press fuentes
penitenciarias, que precisaron que por el momento
permanecerán aislados en el citado módulo para
prevenir un contagio masivo al resto de los
internos, en el caso de que padecieran el virus.
Por su parte, la prisión provincial onubense ha
informado desde el pasado mes de agosto a todos los
reclusos sobre las medidas de prevención "que deben
tener en cuenta" para evitar posibles contagios de
gripe A en el centro.
Así, los 1.600 internos cuentan con "un folleto
informativo" en el que se explican las formas de
contagio del virus H1N1 y otras medidas de
prevención.
Además de ello, el centro ha distribuido carteles en
los tablones de anuncios "destinados a los
funcionarios, con el objetivo de que todos dispongan
de la información necesaria". |
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Un
módulo sólo para menores que acaba siendo invadido
por condenados adultos, contraviniendo la
legislación penal. Un ala de rehabilitación de
drogodependientes en el que se coloca a los presos
nuevos, que "vienen con sus vicios encima".
Apenas cinco funcionarios para hacer, en un día,
200 movimientos de presos. Un grado de ocupación
superior al 145%, y subiendo. Centenares de celdas
concebidas para un solo preso, pero ocupadas por
dos, "y tememos que se pueda llegar en breve a un
tercer camastro, si esto sigue así". Un
hacinamiento "brutal", soportado por una plantilla
exigua: "En estas condiciones, nadie quiere venir
a trabajar aquí. No sabemos qué hacer con los
presos, los metemos donde podemos".
No es el panorama carcelario de ninguna
república bananera. Así están las prisiones de la
Comunidad, denuncia el sindicato Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip). Y "lo que viene será
peor", explican, por la creciente penalización de
la vida pública, que ya alcanza incluso al Código
de la Circulación.
El problema de base: en los penales
españoles, en 2000, había 45.000 presos. Hoy son
más de 76.000, y subiendo. Un ejemplo
palpable, según Acaip, es Soto del Real: se
construyó para 1.008 internos. "Hoy, rara vez baja
de 1.900". Y así.
Una situación que es extiende en España
El panorama no es privativo de Madrid. Las
cárceles españolas están al 165% de su capacidad,
calculan los expertos, e incluso la murciana de
Sangonera alcanza la cifra del 225%. La de
Estremera, inaugurada hace apenas un año, tiene ya
entre 1.600 y 1.700 presos.
La cárcel de Aranjuez, por ejemplo, "está al
187%", asegura Acaip. "Estremera se abrió hace un
año y ya está a rebosar. Y la falta de personal es
acuciante. Nadie quiere trabajar en semejantes
condiciones, así que los funcionarios van
desfilando. Cuando les da tiempo a aprenderse el
programa informático, ya se van. Así, un
funcionario en prácticas soltó por error a un
preso de Estremera y tuvieron que volver a
detenerlo. Esta situación conlleva peligros y
problemas, pero no sólo para los que trabajamos
allí, sino para la sociedad», dicen en Acaip.
"En Aranjuez, por ejemplo, hemos tenido
10 agresiones en 10 meses. Los reclusos
ven la situación que hay, en la que están, y es
una olla a presión. Un funcionario de Aranjuez,
por ejemplo, estuvo varios meses de baja desde
julio de 2008 porque un preso le destrozó la
rodilla". Sigue otro responsable de la central
sindical: "Al estar los módulos completamente
llenos, ya no se mira el perfil del preso para de
alguna manera favorecer su reinserción, que es la
razón de ser de las prisiones, además del
castigo".
'Los ponemos donde podemos'
"Los ponemos donde podemos, sencillamente. Son
camas calientes sin más, el único criterio que
seguimos para situarles es el del hueco libre",
explican. Dicen que fue el ex ministro Antoni
Asunción el que "en los 90 quiso cerrar las
macroprisiones tipo Carabanchel, que tenía
entonces 2.000 reclusos y nos parecía una
barbaridad. Ahora todo está a rebosar, de nuevo".
El panorama no es muy distinto, aseguran,
en Soto del Real, que tiene 1.900 ingresos de
media, siempre según Acaip. En el caso de
ingresos son cinco funcionarios para gestionar 200
presos al día.
Cuentan en Acaip que junto al módulo 14, el de
Proyecto Hombre, un ala "distinta a las demás
porque sus ocupantes son toxicómanos en proceso de
rehabilitación", se suele colocar a presos de
nuevo ingreso, "que llegan como llegan, fumando y
con droga". Hay días que ingresan en ese modulo
hasta 38 nuevos reclusos. Todo "por la saturación,
obviamente".
"En este módulo los presos no pueden tener
televisión, las paredes son de distinto color...
Hay una serie de especificidades para favorecer la
reinserción de los drogodependientes, pero eso
queda desvirtuado al meter a los otros. Llegan
fumando, o con droga, o...".
Falta de funcionarios
Dicen también, por ejemplo, que en el módulo
cinco, para 100 presos reincidentes y
problemáticos, que provocan "peleas continuas",
sólo hay un funcionario. "Antes del verano, un
compañero terminó con varios dedos rotos por un
interno que se le escondió en la celda y no se
dejaba ver, como están obligados a hacer. En la
reducción el funcionario terminó con varios dedos
rotos. Un jefe de servicio terminó, en otra
refriega, con una costilla rota, después de una
agresión en aislamiento".
Meco es la prisión en la que, como se refería
al principio del artículo, se mezclan adultos y
menores en el módulo dedicado exclusivamente a
estos últimos. "Se les suele colocar a entre 15 y
20 presos de nuevo ingreso por ahí".
Instituciones Penitenciarias lo niega.
Más: "En Valdemoro, por ejemplo, hasta hace
nada había unos 60 presos en tercer grado que se
pasaban el día tirados en un patio de 40 metros.
En realidad podían salir, pero no lo hacían porque
no tienen cómo abandonar la prisión, no hay
transporte hasta el pueblo".
Prosiguen en Acaip: "Y, además, hoy en Madrid,
hay 10.000 condenados por delitos que no conllevan
prisión, como por ejemplo algunos relacionados con
la circulación. En el caso de reincidir, que
algunos lo harán, seis meses de cárcel...
La situación es potencialmente catastrófica.
Mientras no pase nada, a nadie le importa.
Pero si pasa algo...".
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La excesiva ocupación de las prisiones gallegas
unida a una plantilla de funcionarios que no ha
crecido en los últimos años en la misma proporción
ha empezado a repercutir en el funcionamiento
interno de estos centros. Según denuncian los
sindicatos gallegos de prisiones, los peores
augurios del fiscal Carlos Varela ya se están
cumpliendo y el deterioro de las condiciones en las
que viven los reclusos se ha hecho más que evidente
en los últimos meses. En el caso del penal coruñés
de Teixeiro, la sobrecarga de internos impide
clasificarlos adecuadamente, por lo que presos
violentos y peligrosos conviven mezclados con
reclusos que cumplen condenas cortas y por delitos
menores, una situación poco deseable y que según el
sindicato Acaip
se ha traducido en un aumento de la conflictividad
carcelaria. La separación sólo sigue siendo efectiva
en los casos más delicados, es decir, para
garantizar el aislamiento de presos etarras,
terroristas islámicos o violadores. La masificación
también hace imposible que todos los internos que
dan el perfil puedan acceder a talleres
ocupacionales, una actividad que en opinión de
asistentes sociales y psicólogos resulta fundamental
para lograr la reinserción del recluso pero a la
que, en la práctica, se recurre menos de lo deseable
debido tanto a la insuficiencia de plazas como a la
lentitud con la que avanza el proceso de selección.
Todo esto se ve agravado por la carencia de personal
que hace que por cada funcionario de Teixeiro y A
Lama haya 140 internos. Mucho trabajo y poca gente,
un binomio que provoca retrasos de hasta tres meses
en la tramitación de permisos o revisiones de
condenas debido a un colapso administrativo que hace
imposible dar salida a todas las demandas con más
agilidad. |
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La saturación de las cárceles gallegas empieza a
alcanzar niveles insostenibles. Sólo el año pasado
la población penitenciaria en la comunidad se
incrementó un 12,4% mientras que el número de
reclusos casi se triplicó en lo que llevamos de
década, alcanzando la cifra récord de 4.800 a
finales de 2008. El alza se cebó especialmente con
las prisiones de A Lama y Teixeiro, que llevan años
funcionando por encima de su capacidad y a las que
siguen llegando nuevos reclusos. Ante semejantes
cifras, la Fiscalía gallega ha dado un paso al
frente para exigir al Gobierno medidas inmediatas
que eviten el colapso de los penales gallegos,
emplazándole a reducir la cifra actual de reclusos
o, por lo menos, suspender los cada vez más
frecuentes traslados a Galicia.
A finales del año 2008, la cárcel de Teixeiro
albergaba a un total de 1.771 internos y la de A
Lama a 1.661. Sin embargo, como recuerda el fiscal
superior de Galicia en su última memoria, ambos
centros fueron diseñados para acoger, como máximo, a
1.008 reclusos. Se trata de una ocupación excesiva
ya que, como se recoge en la memoria, cuando una
prisión de este tamaño supera los 1.500 reclusos, se
considera que tiene un "alto riesgo de generar
problemas de toda índole". Rebasado ya ese límite,
la preocupación del fiscal Carlos Varela va más allá
y su objetivo pasa por evitar un incremento a medio
plazo que podría llegar a poner en peligro a los
propios prisioneros. "Los 2.000 internos a los que
se llegará previsiblemente en 2009 serán una
frontera poco recomendable desde todos los niveles:
burocráticos, de seguridad y de calidad de vida de
los internos", argumenta.
Para intentar evitar que la saturación alcance esta
dimensión, Varela concluye haciendo un llamamiento
explícito a los responsables de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior, departamento del que, recuerda, depende
"en exclusiva" el reparto de la población reclusa
por todo el país. "Deberían reconsiderar la
distribución excesiva de reclusos en Galicia,
evitando su incremento, por lo menos, y tratando de
reducirla si fuera posible", argumenta.
Aunque Carlos Varela ha sido la primera voz oficial
que ha alertado sobre la saturación de los penales
gallegos, desde hace meses los sindicatos de
prisiones advierten de las consecuencias
imprevisibles que tendrá el continuo trasvase de
presos de otros puntos del país hacia Galicia. Esta
situación, motivada por el incremento de la
criminalidad debido a la crisis en regiones con un
sistema penitenciario ya muy saturado, amenaza con
alterar gravemente el día a día de los penales de
Galicia, una comunidad cuyos niveles de delincuencia
se sitúan 20 puntos por debajo de la media nacional.
El propio fiscal superior de Galicia constata esta
contradicción en su memoria, resaltando que "el
incremento de los internos en los centros gallegos
deriva de una distribución general" de reclusos por
todo el país que, sin embargo, "no supone que
aumentase la criminalidad en la autonomía gallega en
los porcentajes expuestos, sino que simplemente ésta
acoge a un mayor número de reclusos procedentes de
todas las regiones". |
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El Ministerio del Interior calcula que para el año
2012 se dispondrá de unas 9.000 plazas para presos
en Centros de Inserción Social, en los que se
alberga a internos en régimen abierto o a punto de
alcanzar la libertad. Así lo aseguró este
martes el ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que destacó el "fuerte impulso
reinsertador" que se ha dado en los últimos años al
sistema penitenciario, y que consideró "muy
necesario".
Rubalcaba realizó estas aseveraciones durante
la inauguración del Centro de Inserción Social (CIS)
'José Hierro' de Santander, ubicado en el polígono
industrial de Candina, cuya puesta en marcha supone
el fin de la antigua Prisión Provincial de la calle
Alta.
Este centro, del que es responsable la
santanderina Alejandra Piedra, cuenta con 50
habitaciones dobles más una adaptada para personas
con movilidad reducida, y tiene además talleres
productivos y ocupacionales, cocina, lavandería,
biblioteca, zona deportiva y zona de atención
sanitaria, junto a un espacio destinado a
comunicaciones con familiares y abogados.
Al acto asistieron el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta Dolores
Gorostiaga; el alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, junto a diputados regionales y autoridades
como el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC), César Tolosa, o responsables de
las instituciones policiales en la región.
Asimismo, acudieron el delegado de Gobierno en
Cantabria, Agustín Ibáñez; la secretaria general de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior, Mercedes Gallizo; el presidente de SIEP
(la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios), Ángel Martínez, junto
a Joaquín Hierro, hijo del poeta José Hierro, con el
que se ha denominado a este centro.
Pérez Rubalcaba se refirió al que fuera premio
Cervantes y academico de la Lengua, que estuvo preso
durante cuatro años tras la Guerra Civil por
pertenecer a una organización de ayuda a presos
políticos, y que escribió algunos de sus poemas
estando en prisión.
Para el ministro, este centro representa la
"esperanza y la libertad" que se encuentran en las
obras de Hierro, ya que sus internos tendrán la
"libertad cada vez más cerca" y la "esperanza de no
perderla".
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, aseveró que con este centro se eliminará la
"lacra" de la calle Alta, con un "edificio obsoleto
e indigno para estos tiempos", y confió en que el
nombre de José Hierro "estimule" a los internos para
"servir a la sociedad como hombres de provecho".
El jefe del Ejecutivo cántabro ensalzó al
ministro del Interior, nacido en la región, en la
localidad de Solares, y le definió como un
"referente en la política nacional desde hace muchos
lustros".
El ministro enfatizó que este tipo de centros
suponen la "clave" para cumplir la función de
reinserción, y explicó que el Código Penal de 1995
es, al contrario de lo que se cree, "muy duro", lo
que ha llevado a la ampliación de prisiones, la
apertura de nuevas, su mejora o la creación de los
Centros de Inserción Social.
La responsable de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, enmarcó la
apertura de este centro en el "empeño" del Gobierno
en crear "espacios de dignidad", con los que se
pretende "favorecer" el retorno de los presos s a la
sociedad, para lo que pidió el apoyo de todas las
instituciones y colectivos, a los que instó a "no
castigar doblemente" a los internos a su salida.
Por su parte, el presidente de la sociedad
estatal SIEP, Ángel Martínez, valoró que el centro
servirá para mejorar el entorno del polígono
industrial de Candina en que se encuentra, cuyas
instalaciones se ven "dignificadas", y reiteró que
el edificio cumple con las condiciones de
sostenibilidad y ahorro energético.
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL
El CIS de Santander cuenta con 50 habitaciones
dobles más una adaptada para personas con movilidad
reducida, y tiene además talleres productivos y
ocupacionales, cocina, lavandería, biblioteca, zona
deportiva y zona de atención sanitaria, junto a un
espacio destinado a comunicaciones con familiares y
abogados.
También cuenta con un área para los servicios
sociales penitenciarios, que se encargan del
cumplimiento de las penas alternativas y del
seguimiento de los liberados condicionales.
Este centro lleva el nombre del poeta José
Hierro, hijo adoptivo de Cantabria, premio Cervantes
en 1998 y académico de la Lengua que, al finalizar
la Guerra Civil, fue detenido y procesado por
pertenecer a una organización de ayuda a los presos
políticos. José Hierro, fallecido en 2002, escribió
algunos de sus poemas desde prisión. |
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La
secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, indicó ayer en
Salamanca que la prisión de Zamora sigue estando
en la previsión de construcción de nuevos
centros, pero la tramitación depende de la
ampliación del Plan de Amortización y Creación
de Centros, que tendrá que ser aprobado por el
Consejo de Ministros y cuya conclusión se
contempla para el 2012, de manera que no sería
hasta ese año cuando podrían empezar a
construirse las edificaciones.
Actualmente hay varias cárceles en construcción
e insistió en que la Administración
penitenciaria ha incluido la prioridad de
edificar un nuevo centro en Zamora. La previsión
actual, declaró Gallizo, es «incluirla en esa
ampliación», aunque reconoció que «habrá que ver
las previsiones del Gobierno y de Hacienda para
futuros presupuestos».
Según la información recogida por Europa Press,
la secretaria general destacó el «gran esfuerzo»
del Gobierno de la nación por reducir la
masificación de reclusos en las cárceles
españolas. En este sentido, reconoció que ha
influido positivamente para reducir el número de
presos que, debido a la situación financiera, el
número de ciudadanos en el país no crece tanto
como en años precedentes.
También resaltó el interés del Estado por
ampliar la plantilla de funcionarios de
prisiones. En este sentido, apuntó que la mitad
de todos los puestos ofertados por el Gobierno
de la nación en entidades públicas para el 2009
ha sido para cubrir las necesidades de las
instalaciones penitenciarias del país.
Funcionarios
Aún así, aseguró que el Gobierno seguirá
trabajando en este sentido de dotar de más
personal, incluso, parte de él, destinado
específicamente a los centros de inserción,
porque «todavía las plantillas son escasas».
Así lo indicó Gallizo instantes antes de
participar en la inauguración de las jornadas
'Cárcel espejo de la sociedad', que se celebran
este fin de semana en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca.
Mientras, representantes del sindicato de
funcionarios de prisiones
Acaip, se
reunían con el diputado nacional del PSOE por
Zamora Jesús Cuadrado, para expresar su
«inquietud» por el retraso volver a insistir en
que se inicien cuanto antes los trámites para
que se construya un centro penitenciario tipo en
Zamora. Acaip
considera que el tiempo de las promesas ya ha
cumplido y que se tiene que modificar ya el
actual plan «con la inclusión obligada del
centro para Zamora, tal y como ha anunciado el
Ministerio del Interior», indicó el
representante de Acaip,
José Manuel Salvador, que también el pasado día
12 mantuvo una entrevista con Mercedes Gallizo.
«En junio ya tenían la intención de sacar el
plan, pero creemos que por motivos económicos no
ha salido», resumió el portavoz de la mayoría de
los funcionarios de Topas (Salamanca).
Ni siquiera se ha decidido la ubicación, después
de que hayan pasado años desde que técnicos de
Siep inspeccionaran unos terrenos junto a la
N-122. Tampoco hay respuesta a la propuesta de
que el centro se ubique en suelo del antiguo
campo de tiro de las Chanas, que Defensa podría
ceder al Ministerio para edificar la nueva
prisión.
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Según
ha podido saber El Confidencial
Digital, esta misma semana la
subdirectora de Seguridad del
penal ha sido cesada de su puesto
de trabajo por “desavenencias
irreconciliables” con su superior.
Las fuentes consultadas explican que el motivo
principal de su desencuentro es que el máximo
responsable de la prisión ha decidido establecer
algunos programas de tratamiento
(cursos específicos para que el interno se
reinserte en la sociedad) en el módulo de
aislamiento, a lo que la subdirectora
cesada se negó en rotundo.
Concretamente, explican que la máxima
responsable de la seguridad de la prisión no era
partidaria de que los internos en aislamiento,
aquellos con ‘condenas ruina’
(las más graves en el argot penitenciario)
pudieran tener acceso a estos cursos. Su argumento
fue que los reclusos tendrían acceso a materiales
que podrían poner en riesgo la seguridad
de funcionarios y trabajadores.
ECD ha podido
conocer, además, que hace unas semanas, la
subdirectora de Tratamiento (la encargada
de organizar dichos talleres) de El Puerto III
dimitió hace unos meses por
motivos muy similares.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias
precisan que todos los internos de España
tienen derecho a tener un tratamiento y a
recibir estos talleres de trabajo. En el caso de
los internos en régimen de aislamiento, los cursos
están adaptados a las características del recluso.
Expertos penitenciarios advierten, no obstante,
que la política de reinserción
tiene un problema: el preso va ganando poco a poco
terreno en su estatus. Y esto podría derivar con
el tiempo en graves conflictos
penitenciarios como los vividos en España
a principios de los noventa.
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip)
presentó ayer en el juzgado de guardia una denuncia
contra Instituciones Penitenciarias y contra la
dirección del centro penitenciario de Morón de la
Frontera por "coaccionar la libertad sindical" de su
delegado en este centro.
En un comunicado remitido a este periódico, este
sindicato informó del expediente abierto a uno de
sus miembros por el artículo publicado en prensa
sobre el desalojo de un módulo de la prisión por
peligro de derrumbe de parte de un techo, ocurrido
el día 8 de septiembre.
Acaip denuncia que el
delegado expedientado solicitó la presencia de un
abogado y la dirección del centro se la negó.
Además, la dirección le indicó que tenía obligación
de declarar o "atenerse al perjuicio que hubiera
lugar", al tiempo que no facilitó copia de lo
declarado. "Este y otros hechos que a nuestro
parecer son un ataque directo a nuestro delegado son
los que denunciamos ante el juzgado de guardia",
expone el comunicado de Acaip.
Este sindicato pone de manifiesto también que hay al
menos dos funcionarios que han denunciado al
director de la prisión de Morón por mobbing y se
encuentran de baja psicológica. |
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27/10/09 |
| El interno del Centro
Penitenciario de Segovia que se encontraba ingresado en el
Hospital General de esta ciudad desde ayer, a causa de un
golpe en una pelea en la que al parecer estaban implicados
otros dos presos, ha muerto esta mañana. |
El interno del Centro Penitenciario de Segovia que
se encontraba ingresado en el Hospital General de
esta ciudad desde ayer, a causa de un golpe en una
pelea en la que al parecer estaban implicados otros
dos presos, ha muerto esta mañana, han informado a
eladelantado.com fuentes de la Subdelegación del
Gobierno.
Los primeros indicios sobre el suceso hacen suponer
que el fallecido trató de mediar en una discusión
entre otros dos internos, todos ellos de
nacionalidad española, sufrió un golpe y cayó al
suelo, resultando herido muy grave.
La pelea entre dos internos se inició ayer sobre las
9,40 horas, según los únicos datos facilitados por
la Subdelegación del Gobierno de Segovia, sin que el
Centro Penitenciario haya facilitado ninguna
información al respecto.
Las fuentes de la Subdelegación del Gobierno han
asegurado que la situación en el interior del Centro
Penitenciario es de "normalidad absoluta" |
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Los sindicatos con representación en el Centro
Penitenciario de Villabona se concentrarán mañana en
la puerta principal de la prisión asturiana para
protestar por la supresión, el próximo 1 de
noviembre, de una de las líneas de transporte que
prestan servicio a los funcionarios de la cárcel.
Posteriormente, la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip-USO),
Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones
(APFP), Comisiones Obreras (CC.OO), Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) y Unión
General de Trabajadores (UGT), celebrarán una
asamblea en el polideportivo del Centro.
Este servicio se instauró en el Plan de Amortización
de Centros para cubrir los desplazamientos de los
trabajadores desde las antiguas prisiones situadas
en el centro de las ciudades a los nuevos complejos
penitenciarios más alejados.
Según los sindicatos, Villabona será el único centro
en toda España donde se produzcan estos recortes ya
que incluso las prisiones inauguradas durante este
año 2009 tienen ya establecido este servicio.
Por ello, los sindicatos de prisiones acusan a la
Dirección del Centro de "esconderse" detrás de su
"habitual opacidad" y de ser incapaz de explicar los
motivos reales de la supresión de líneas. "Se ha
negado a entregar a los representantes sindicales la
documentación solicitada y seguimos desconociendo
las variaciones sufridas por el presupuesto de
licitación del transporte al centro penitenciario",
sostienen.
Los sindicatos consideran "impresentable" que los
recortes presupuestarios se produzcan siempre en las
prestaciones a los trabajadores "mientras los altos
cargos, la libre designación, los asesores y los
festejos con medallas aumentan de forma
desproporcionada".
"No hay dinero para el transporte ni para paliar la
gravísima falta de personal pero en las prisiones de
toda España se destinan partidas cada vez más
desorbitadas para campos de hierba artificial,
pistas de atletismo, campos de fútbol 7, pistas de
padel, bicicletas estáticas y excursiones
terapéuticas", sostienen los sindicatos.
Y añadieron que la Dirección rechazó las propuestas
sindicales de aplazar la entrada en vigor de las
nuevas líneas y reformar el pliego de prescripciones
técnicas, cerrando así todo tipo de negociación con
los trabajadores. |
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La Comisión Permanente de la Junta de Personal de
funcionarios de la Administración General del Estado
en la provincia de Zaragoza está trabajando en un
escrito que enviará al Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) con el objetivo de
conocer al detalle los datos del complemento de
productividad de todos los empleados públicos en la
provincia.
Fuentes sindicales informaron a Europa Press de que
este órgano de los representantes de los
funcionarios se reunió en la mañana de hoy y acordó
elaborar este escrito, que se aprobará en la reunión
que la Permanente celebrará el penúltimo miércoles
del próximo mes de noviembre, dentro de la
estrategia jurídica y de acción que están preparando
los representantes sindicales de los funcionarios en
toda España.
Las organizaciones sindicales critican el hecho de
que, tras la aprobación del nuevo Estatuto Básico de
la Función Pública, hace dos años, la Abogacía del
Estado elaboró un informe según el cual no es
posible informar a las Juntas de Personal y las
organizaciones sindicales sobre los datos laborales
de los empleados públicos, incluyendo a los cargos
de designación directa, que siempre tienen este
complemento. El argumento es que la Ley de
Protección de Datos lo impide.
El dirigente de UGT y presidente de la Junta de
Personal, Antonio Barco, explicó que la
Administración General del Estado "no es partidaria
de dar" estos datos y comentó que "en las altas
esferas" todos los cargos tienen este complemento de
productividad que, en algunos casos, alcanza cifras
"sustanciosas", de unos 1.000 euros. Otros
funcionarios tienen complementos de poco más de 100
euros, apuntó.
Barco dijo que este complemento se concede "de
manera aleatoria" y opinó que el dato no se hace
público para "que no genere malestares" entre
funcionarios, aunque también aludió a las
restricciones de la Ley de Protección de Datos.
Desde la asociación profesional de funcionarios de
prisiones ACAIP
indicaron que "lo que se está haciendo es ocultar
los datos" y consideró "chocante" que desde el
Ministerio de Administraciones Públicas se intente
"que no se sepa lo que al final se cobra".
ACAIP considera
este hecho "escandaloso".
El portavoz de CSIF Eliseo Pérez lamentó que, desde
Administraciones Públicas, "quieren meter en el
mismo saco" a los funcionarios de a pie cuyos
salarios "son habas contadas" con "los mandos", todo
"para que no sepamos" los pormenores del pago del
complemento de productividad. |
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Morón.- Desastres
entre rejas |
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26/10/09 |
| El centro penitenciario de
Morón de la Frontera ha sufrido apagones, goteras,
inundaciones, ataques de internos a funcionarios y derrumbes
desde que llegaran los primeros reclusos en septiembre de 2008 |
Apagones, goteras, inundaciones, derrumbes, ataques
de presos a funcionarios y conatos de motín. Todo
esto ha sucedido en la cárcel de Morón de la
Frontera en el año largo que lleva en
funcionamiento. Lo que se inauguró como una de las
prisiones más modernas de España parece, un año
después, más bien una cárcel construida con
demasiadas prisas y que se puso en marcha con una
plantilla de funcionarios bastante corta. Fruto de
ello es el rosario de incidentes que se han
registrado desde septiembre de 2008, cuando
comenzaron a llegar los primeros internos.
El episodio más grave fue un conato de motín
registrado en agosto, después de que varios apagones
dejaran la cárcel sin luz. El sistema de seguridad
de la prisión se activa mediante un control
eléctrico, por lo que hubo funcionarios que quedaron
atrapados en módulos junto a presos. El intenso
calor motivó que los reclusos comenzaran a arrojar
objetos por las ventanas de las celdas y que algún
trabajador tuviera que esquivarlos para evitar
resultar herido. En las celdas de la prisión no
existe aire acondicionado pero los internos sí
tienen derecho a adquirir ventiladores para poder
mitigar el fuerte calor, sobre todo durante las
noches de verano.
La cárcel cuenta con unos generadores que, en
teoría, garantizarían la luz durante al menos dos
días en caso de apagones prolongados. Sin embargo,
los generadores fallan por un defecto en la
construcción y apenas duran diez minutos.
Igualmente, fuentes próximas a la prisión apuntaron
a este periódico que la dirección general de
Instituciones Penitenciarias no dispone de los
recursos económicos suficientes para llenar los
tanques de combustible que activan los generadores.
Los problemas se multiplican cuando llueve. El
pasado 14 de septiembre se inundaron varias
dependencias de la cárcel, como el pasillo de
entrada a los módulos 5-6 y 7-8, el búnker del 5-6,
la lavandería, la cocina, la enfermería y, sobre
todo en la oficina de comunicaciones exteriores,
cuyo techo llegó a abombarse por la cantidad de agua
que retenía.
Las inundaciones volvieron a repetirse el pasado
martes, cuando las intensas precipitaciones caídas
sobre la provincia de Sevilla anegaron de nuevo
parte de la prisión. Cuando esto ocurre, son los
internos quienes se encargan de achicar agua
barriendo el suelo con cepillos. En una ocasión, los
presos tuvieron que recoger el agua acumulada en los
patios y zonas comunes de la cárcel porque al día
siguiente estaba prevista una visita de la directora
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo. Fuentes penitenciarias explicaron a este
periódico que hay zonas por las que no se puede
transitar cada vez que llueve, que hay goteras en
las cubiertas y que los desagües no funcionan de
manera correcta, por lo que se forman grandes balsas
en el suelo.
Los apagones y las inundaciones no son los únicos
problemas de la cárcel de Morón, que también ha
sufrido desprendimientos y derrumbes. Parte de un
techo de cristal de una entreplanta se vino abajo el
pasado mes de septiembre y los funcionarios tuvieron
que acotar la zona para evitar que nadie se cayera
al pasar por allí. Como no tenían nada a mano para
delimitar un perímetro, utilizaron sillas.
A todos estos problemas estructurales se le une la
falta de personal. Los sindicatos CSI.F y
Acaip consideran
que faltan entre 80 y 100 funcionarios para cubrir
las necesidades de la prisión. Está prevista la
llegada de nuevos trabajadores en los próximos meses
con futuros traslados, pero este refuerzo no será
tal en la práctica porque casi 80 interinos cesarán
en marzo. Estos empleados dejarán su trabajo en la
prisión al no haber dinero suficiente para
contratarlos en los presupuestos destinados a
Instituciones Penitenciarias, según fuentes
sindicales.
Un porcentaje importante de la plantilla tiene
previsto además pedir su traslado en los próximos
meses por discrepancias con la dirección del centro.
Dos funcionarios han presentado denuncias por
mobbing contra el director de la prisión, José
Vidal, y se encuentran actualmente de baja
psicológica. Además, la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip)
llevó esta semana al juzgado de guardia el
expediente abierto a su delegado sindical por
informar en un comunicado de prensa de las
deficiencias de la prisión. El trabajador tuvo que
declarar el pasado jueves ante la dirección del
centro e incluso solicitó la presencia de un abogado
en esa declaración, una petición que fue denegada. |
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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
considera que el centro penitenciario de Botafuegos
no se encuentra aún “en el punto máximo de
ocupación” porque las celdas tienen capacidad para
dos personas.
Según el razonamiento del titular de esta cartera
ministerial, el recinto, con 1.190 celdas, puede
albergar entre sus muros a más de los 1.714 reclusos
que tenía a fecha del pasado 5 de junio.
Pérez Rubalcaba aportó esta información con motivo
de una respuesta parlamentaria ante el Congreso de
los Diputados. Con estos datos en la mano, el
ministro descarta que pueda hablarse de hacinamiento
en este centro penitenciario.
Además, el titular de la cartera de Interior aseveró
que el centro cuenta “con las dependencias comunes
suficientes” para los 1.714 internos que estaban
ingresados en el centro a fecha de 5 de junio.
En otra iniciativa parlamentaria, el Ministerio del
Interior hizo referencia a los supuestos problemas
de clasificación de los internos en este centro
penitenciario, y por ello Pérez Rubalcaba asegura
que la puesta en marcha del nuevo Centro de
Inserción Social (CIS) de Botafuegos los acabará
solucionando.
Pérez Rubalcaba aclaró que los internos que salen
diariamente a trabajar se encuentran en el
Departamento de Ingresos, con lo que “no tienen
contacto habitual” con otros reclusos y con los que
no salen a trabajar en un módulo terapéutico., en
respuesta a una denuncia presentada recientemente
por el sindicato Acaip.
Centro de extranjeros
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) quiso
ayer salir al paso de la respuesta parlamentaria
efectuada por el Gobierno a la pregunta formulada
por diputado nacional del Partido Popular José
Ignacio Landaluce, sobre el futuro del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE). Los
sindicalistas criticaron que el Ministerio del
Interior comentase que el CIE “se encuentra en
condiciones adecuadas”.
Ante “estas palabras”, afirmaba el SUP, “sólo
podemos pensar que desde el Ministerio del Interior
o no se enteran o no quieren enterarse”, o bien que
“quienes les informan desde Algeciras no cuentan la
verdad”.
El SUP recordó las denuncias que han efectuado
“distintas formaciones políticas, asociaciones, el
Defensor del Pueblo, la propia Fiscalía de
Extranjería y otros”. En lo que se refiere al SUP,
la última de estas críticas la hicieron ante el
Consejo de la Policía, el pasado 15 de septiembre. |
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Cerca de 23.400 presos, entre preventivos y penados,
que cumplen condena en las cárceles dependientes de
la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias --todo el territorio nacional menos
Cataluña-- son extranjeros, según explica el
Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a la
que tuvo acceso Europa Press. Actualmente, la
población reclusa se sitúa en torno a 65.900
personas por lo que los extranjeros representan un
35 por ciento.
En concreto, el Ejecutivo detalla que "a fecha
26 de abril había un total de 23.403 internos
extranjeros (preventivos y penados) en los Centros
dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, de los cuales 6.515
han tenido más de un ingreso en prisión".
Asimismo, en el ámbito de los penados,
aquellos internos que cumplen condena en prisión, la
misma respuesta parlamentaria indica que la cifra
creció en 2.721 presos en un año. "En el mes de
abril de 2008 el número de penados extranjeros
cumpliendo condena en los Centros Penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias era de 12.866, cifra
que se ha elevado a 15.587 un año después", dice el
Ejecutivo.
En cuanto a la actividad delictiva por las que
se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo
condena los internos extranjeros, "entendiendo que
algunos cumplen condena por más de un delito, el
sistema tenía recogidos un total de 38.513 delitos
en los reclusos aludidos".
PRINCIPALES DELITOS
A partir de ahí, la distribución más
significativa de estos delitos precisa que un 31 por
ciento de los casos se deben a delitos contra la
salud (drogas), los delitos contra el patrimonio
abarcan un 25 por ciento del total, mientras que por
debajo, el 15 por ciento lo representan los delitos
contra las personas.
Estas explicaciones del Gobierno fechadas el
pasado 8 de octubre responden a la pregunta que en
este sentido le formuló el diputado del PP Sixto
González García. |
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Apenas
lleva cuatro meses en la dirección de la cárcel de
Almería ya tiene entre el millar de presos, aunque
sea de forma preventiva, al alcalde y al
interventor de El Ejido, el segundo ayuntamiento
más importante de la provincia. Todavía no ha
tenido la ocasión de conocerlos personalmente,
aunque tiene claro que "ya habrá tiempo si
permanecen en prisión" porque cree que el contacto
directo es una de las experiencias más útiles para
un profesional penitenciario.
- ¿Cómo es el día a día de todos los detenidos en
la trama de Elsur?
- Las normas de régimen interior de los centros
penitenciarios son de aplicación a todos los
internos en general, independientemente del tipo
de delito cometido. Por lo tanto, los internos
preventivos (los que se encuentran a espera de la
resolución de un procedimiento judicial) inician
su jornada a las 07:30 horas procediendo a
continuación a realizar su aseo personal y el de
su dormitorio. A continuación acceden a las
dependencias comunes de su departamento y, tras el
desayuno, comienza el horario de actividades y
asistencia médica para quienes lo necesitan. Cada
interno tiene su propio programa individualizado
de intervención y acude a participar en sus
actividades programadas: escuela, talleres, área
deportiva u ocupacional, etc. Seguidamente se
procede al reparto de la comida a las 13:15 horas
y a continuación tienen un tiempo de descanso
hasta las 16:30 horas, accediendo nuevamente a las
zonas comunes para continuar con la realización de
actividades o paseo los que han concluido con las
suyas. Finalmente, a las 18:30 horas se reparte la
cena y posteriormente pasan a sus dormitorios.
-¿Tienen estos detenidos algún contacto directo
con el exterior?
- Por supuesto. Los reclusos no están excluidos de
la sociedad, sino que continúan formando parte de
la misma, incluso como miembros activos. Por lo
tanto, la legislación penitenciaria contempla una
muy variada gama de posibilidades de contactos del
interno con el mundo exterior. Así, pueden enviar
o recibir cuantas cartas deseen, recibir paquetes
del exterior con ropa, libros y otros objetos
autorizados, enviar paquetes también, realizar
hasta diez llamadas telefónicas a la semana de
cinco minutos de duración cada una de ellas,
recibir a sus familiares y amigos todas las
semanas, y, por supuesto, continuar desarrollando
todos los procedimientos judiciales o
administrativos que tuvieran iniciados a su
ingreso o emprender nuevos procedimientos. Para
los reclusos preventivos, la visita de su abogado
resulta de especial importancia ya que la adecuada
preparación técnica del procedimiento penal por el
que se encuentran ingresados en prisión, la
defensa de sus intereses procesales, constituye un
elemento de especial importancia para los
internos, además de ser un derecho expresamente
reconocido por la legislación penitenciaria a los
reclusos y constituir todos estos contactos un
elemento fundamental para el logro de la
reinserción social de los reclusos.
- ¿Hay alguna orden para que tengan una mayor
protección y/o preservación de la intimidad?
- La legislación penitenciaria, y, por supuesto,
nuestra Constitución, es muy clara al respecto.
Todos los reclusos tienen expresamente reconocido
el derecho a que por la Administración
Penitenciaria se preserve su dignidad, así como su
intimidad y a que su condición de recluso sea
reservada frente a terceras personas. Por lo
tanto, la prisión debe velar por la rigurosa
protección de este derecho de los reclusos. Uno de
los deberes más importantes del Centro
Penitenciario es velar por la vida, la integridad
física y la salud de los internos.
- ¿Se han integrado con el resto de presos los
detenidos de la trama de Elsur? ¿Tienen algún
privilegio?
- Llevan poco tiempo y no hemos detectado ninguna
incidencia negativa en su adaptación. Están juntos
y eso les sirve de apoyo. El Centro Penitenciario
pretende, en todo caso, crear el clima de
convivencia adecuado para el logro de los
objetivos de favorecer la buena marcha y el éxito
de las actividades programadas. Todo ello para
conseguir las circunstancias ambientales propicias
para la recuperación social de los reclusos. Por
lo tanto, las normas de convivencia del Centro
Penitenciario están basadas en el respeto mutuo y
de convivencia pacífica entre internos. En cuanto
a posibles privilegios o trato especial a internos
nuestra actuación debe ser respetuosa con el
principio constitucional de igualdad y no
discriminación. No se realizan, pues, distinciones
entre internos que no sean las motivadas por su
situación procesal (los preventivos, por los que
se interesa se encuentran amparados por el
principio de presunción de inocencia), por su
estado de salud, sexo o edad.
- ¿Ha mantenido alguna reunión con estos
detenidos?
- Una de las experiencias más útiles para un
profesional penitenciario es la de conocer
personalmente al mayor número de internos posible
y a sus familiares y percibir directamente de
ellos sus problemas, inquietudes, intereses, etc.
El contacto directo con los internos ofrece un
punto de vista valioso para la mejor gestión de
nuestra labor. Son muchos los internos alojados en
el Centro y ya habrá tiempo de conocerles si
permanecen en prisión.
- ¿Podría hacerme una radiografía de la prisión
que encontró cuando llegó hace unos meses?
- El Acebuche es una prisión veterana, con una
tradición y prestigio importante en el ámbito
penitenciario general. Y es así gracias a su
plantilla experimentada, experta y muy
profesional, lo que nos permite desarrollar en una
acción de conjunto la actividad penitenciaria.
Este elemento fue uno de los alicientes que me
animó el plantearme el reto de dirigir la prisión.
En estos momentos estoy en condiciones de decir
que he podido confirmar esta circunstancia y es el
mayor activo con que contamos. Por otra parte, los
reclusos del Centro Penitenciario son personas muy
participativas en cuantas iniciativas tendentes al
logro de la reinserción social se les ofertan, y
esto también resulta un elemento positivo para el
logro de nuestros objetivos. Es una prisión muy
dinámica con excelentes profesionales.
En cuanto al elemento estructural, el Centro fue
inaugurado en el año 1986 y, como es lógico, los
edificios con cierta edad hay que reformarlos
periódicamente y poco a poco vamos realizando
reformas para mejorar su estructura. No obstante,
cumple plenamente los fines para los que está
prevista. Dentro de estas reformas estamos
pendientes de inaugurar un nuevo módulo destinado
a las internas, se están reformando las cubiertas
de todo el Centro, se ha construido un magnífico
campo deportivo y zonas ajardinadas, un nuevo
edificio de oficinas y una cafetería para los
profesionales penitenciarios y otra para los
visitantes. En estos momentos estamos
reestructurando otro módulo que permita mejorar la
distribución de los internos.
- ¿Es necesaria otra prisión?
- Si no me equivoco está aprobada la construcción
de un nuevo centro penitenciario en la provincia
de Málaga que vendría a satisfacer las necesidades
de ocupación penitenciaria de Andalucía Oriental.
Pero lo que sí hecho en falta es la construcción
de un Centro de Inserción Social en Almería. Todas
las provincias andaluzas a excepción de Almería y
Jaén ya cuentan con uno de estos establecimientos
de reinserción y estimo que a nuestra provincia se
le debe dotar de uno de ellos. Estos centros no
son prisiones convencionales ni por su estructura
física ni por las peculiaridades de las personas
que alberga. Se trata de internos que se
encuentran en el último periodo de su condena, en
régimen abierto, y en una fase muy avanzada de su
proceso de reinserción social. Los internos que
son destinados a estos centros se encuentran
realizando prácticamente vida en régimen de
libertad y en un ambiente normalizado y la
experiencia del resto de provincias demuestra que
están dando un buen resultado y, por lo tanto,
estimo que los reclusos almerienses deben recibir
esta oferta reinsertadora. Así, tengo noticias
ciertas de que por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias se tiene programada
la construcción de un Centro de estas
características en Almería. Se trata de un centro
con características especiales destinado, como he
indicado, a albergar a internos clasificados en
tercer grado de tratamiento y, además, al control
y seguimiento de las penas alternativas a la
prisión.
La Administración Penitenciaria está realizando un
enorme esfuerzo por favorecer el cumplimiento de
las penas de prisión en un ámbito más integrador
desde un punto de vista social y en lo que
llevamos de legislatura creo que se han construido
ya veintidós Centro de Inserción Social. La
construcción de este nuevo centro en Almería
reducirá notablemente la ocupación de El Acebuche.
De cualquier forma, la solución al problema de la
delincuencia no reside en la inagotable
construcción de nuevas prisiones sino en la mayor
aplicación de las medidas alternativas a la
prisión y el internamiento de los delincuentes que
hayan atentado contra los bienes jurídicos más
graves y, de esta forma, centrar los esfuerzos
reeducadores en ellos.
- Hace unas semanas conocíamos el intento
frustrado de fuga de un preso y el año pasado otro
recluso, conocido como 'Spiderman', logró escapar.
¿Cuáles son las posibilidades reales de fuga?
- Actualmente las condiciones de seguridad del
Centro son adecuadas para el logro de los fines de
custodia. El elemento personal en la seguridad es
muy importante y así se evidenció con el intento
de fuga al que se ha referido. Los protocolos de
actuación funcionaron y la eficaz actuación de los
funcionarios evitó la fuga. Sin embargo, en el
ámbito de la seguridad, permanentemente estamos
revisando los procedimientos de actuación ya que
las circunstancias cambian y reforzamos
continuamente las condiciones de seguridad.
- ¿Existen clanes o bandas que dificulten la
convivencia en la cárcel?
- En absoluto. Esa imagen obedece más a los
modelos transmitidos por determinado modelo de
cine sensacionalista. Uno de los objetivos
importantes de la prisión es la creación de un
clima adecuado de convivencia, lo que resulta
incompatible con la presencia de bandas o grupos
de extorsión. El nivel de convivencia en la
prisión de Almería, y me consta que en todas las
prisiones españolas, es bueno y se evidencia con
el alto nivel de participación en las actividades
y la ausencia de conflictos internos, a excepción
de algún conflicto individual entre algunos
internos, provocado más bien por la convivencia
forzada de personas.
- Si le pregunto por los sindicatos...
- La acción sindical en cualquier ámbito
profesional es muy importante y constituyen un
elemento enriquecedor para el logro de los
objetivos profesionales.
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El
número total de delitos inscritos aumentó en
España un 17,1% en 2008 con respecto al año
anterior, mientras que la cifra de inscritos en el
Registro Central de Penados también experimentó un
crecimiento del 21,9% el año pasado, según los
datos de la Estadística de Condenados elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La encuesta realizada por el INE ha indicado que
durante el año 2008 se inscribieron un total de
250.201 delitos cometidos, un 17,1% más que en el
año anterior y que la ratio de delitos por 1.000
habitantes fue de 5,42, frente a 4,73 de 2007.
Atendiendo a su tipología, los que tuvieron mayor
incidencia fueron los delitos contra la seguridad
vial (44,1% del total), los delitos de lesiones
(13,4%o), los robos (9,5%), los atentados contra
la autoridad (4,6%) y los quebrantamientos de
condena (4,1%).
Respecto al año 2007, el INE ha destacado el
incremento de la incidencia de los delitos contra
la seguridad vial que pasaron del 26,7% del total
en 2007 al 44,1% en 2008, mientras que disminuye
los delitos de lesiones, que se redujeron del
18,2% al 13,4%. Además, el número de delitos por
condenado fue de 1,27 frente al 1,33 registrado en
2007. Por sexo, esta relación fue mayor en los
varones (1,28) que en las mujeres (1,18), de
manera similar al año anterior (1,34 de los
hombres frente a 1,25 de las mujeres). Del total
de delitos cometidos, el 94,5% lo fueron en grado
de consumación y el 4,5% en grado de tentativa. En
el 1,0% no consta el grado.
Aumenta el número de penados
En cuanto al número de inscritos en el Registro
Central de Penados en 2008, la encuesta detalla
que la cifra alcanzó los 196.143 casos, según las
sentencias firmes dictadas ese año y comunicadas
al mismo, lo que supone el 21,9% más que el año
anterior. A partir de ahí, se especifica que del
total de condenados, el 91,3% fueron varones y el
8,7% mujeres.
La tasa de condenados por 1.000 habitantes se
situó en 4,25 frente a la de 3,56 registrada en
2007. Por edad, se aprecia que el grupo de edad
más frecuente es el de 26-30 años para los hombres
(17,8% del total), mientras que para las mujeres
es el grupo de 21-25 años (19,0%). La edad media
de los condenados fue de 34,3 años (34,4 años en
los varones y 33,1 en las mujeres).
En cuanto a los mecanismos con los que se
responden a esas infracciones, la encuesta refleja
que las multas y los trabajos para la comunidad se
sitúan entre las penas más frecuentes. En
concreto, en el año 2008 se impusieron un total de
592.012 penas en sentencias firmes dictadas e
inscritas en el Registro, lo que supone un aumento
del 33,6 por ciento respecto al año 2007.
A partir de ahí, el INE ha explicado que el 54% de
las penas impuestas (tanto principales como
accesorias) fueron penas privativas de otros
derechos, el 23,6% fueron multas, el 22,1% fueron
penas privativas de libertad y el 0,3% expulsiones
del territorio nacional. Entre las penas
privativas de otros derechos, la más frecuente
fueron los trabajos en beneficio de la comunidad
(15,2% del total de penas). Entre las penas
privativas de libertad, la más frecuente fue la
pena de prisión (19,8 por ciento del total), según
este estudio.
Mayor número de condenados españoles
Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las
penas privativas de libertad fueron más frecuentes
entre los condenados extranjeros (23,8%) que entre
los españoles (21,4%). En particular, la pena de
prisión supuso el 21,2% del total de penas de los
extranjeros, frente al 19,3% de los españoles. La
mayoría de los condenados en 2008 fueron de
nacionalidad española (70,3% del total frente al
70,8 por ciento de 2007). Entre los extranjeros,
los americanos constituyeron la mayoría (38,7% del
total de extranjeros).
Esta encuesta también indica que del total de
condenados, el 80,2% lo fue por un sólo delito
(77,5% en el año anterior) y el 19,8% por más de
uno (22,5% en 2007). Entre los condenados por la
comisión de un sólo delito y atendiendo a la
tipología del mismo, el grupo más numeroso fue el
de condenados por delitos contra la seguridad vial
(48,3% del total), seguido del de condenados por
delito de lesiones (12,7%) y del de condenados por
robo (8,4%).
Atendiendo al lugar de condena firme, Andalucía
fue en 2008 la comunidad autónoma en la que se
inscribieron más condenados (21,3% del total). Por
detrás se situaron Cataluña (15,1%), Comunitat
Valenciana (11,8%) y Comunidad de Madrid (10,5%).
Cataluña fue la comunidad autónoma con más
condenados extranjeros (18,8% del total) seguida
de Andalucía (15,3%). Las ciudades autónomas de
Ceuta (23,39) y Melilla (10,46) registraron los
mayores valores de la tasa de condenados inscritos
por 1.000 habitantes. Por el contrario, Castilla y
León (2,66) y Castilla-La Mancha (2,98)
presentaron los más bajos.
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Más de 6.000 presos de las cárceles españolas son
víctimas del Sida -el 8 por ciento de los 76.000
reclusos de este país- y, de ellos, el 90 por ciento
sufre además Hepatitis C, han informado fuentes de
Instituciones Penitenciarias. Combatir las
patologías infecciosas entre aquellas personas
privadas de libertad es el objetivo principal de la
conferencia "Protección de la salud en prisiones: lo
que funciona en la prevención y control de las
principales enfermedades transmisibles" que reúne
hoy en Madrid a expertos de más de 65 países.
En este foro, organizado por Sanidad,
Instituciones Penitenciarias y la Oficina Regional
Europea de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se ha puesto de manifiesto el trabajo que ha
realizado España en los últimos diez años en este
campo, que ha permitido la progresiva reducción en
los internos del Sida y de la hepatitis C, entre
otras patologías.
De hecho, los datos demuestran que la prevalencia
del VIH en las instituciones penitenciarias
españolas ha pasado de un 28,4 por ciento en 1989 a
un 7,8 por ciento en 2008 -la prevalencia del VIH en
la población general en España es del 0,3 por
ciento-.
Además, desde 1996 hasta ahora los casos de sida
notificados en prisiones se han reducido más de un
90 por ciento, ha puntualizado la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, durante su intervención
en el acto inaugural de la conferencia.
En el caso de la tuberculosis el descenso también
ha sido apreciable, de una tasa de 13,7 casos por
cada 1.000 internos a sólo 2,4.
La disminución ha sido muy significativa en la
hepatitis C, donde se ha pasado de una prevalencia
del 48,6 por ciento en 1998 a un 27 por ciento el
año pasado.
Según la ministra, estos resultados se deben no
sólo a la introducción de la terapia antirretroviral
de alta eficacia para el VIH, sino también al amplio
desarrollo en España de los programas de reducción
de daños, basados en el intercambio de jeringuillas,
dispensación de metadona, reparto de preservativos,
diagnóstico precoz y asesoramiento, entre otros
factores.
A este respecto, en España se distribuyen
anualmente en las prisiones más de 20.000
jeringuillas.
En todos los países de la Región Europea de la
OMS las tasas de Sida son mayores entre los reclusos
-que suponen una población de alrededor de dos
millones de personas- que entre la población
general.
Lo mismo sucede con otras patologías como la
tuberculosis, que afecta entre 10 y 100 veces más a
los internos en prisiones que a los ciudadanos en
libertad.
Jiménez ha destacado que la conferencia
finalizará con un documento denominado Recomendación
de Madrid, en el que se recogerán una serie de
medidas para conseguir que las prisiones sean un
entorno donde se pueda mejorar la salud de los
internos, así como sus hábitos sanitarios para
reducir el riesgo de reincidencia.
Entre esas medidas se incluirían los programas de
reducción de daños, el desarrollo de iniciativas
para el tratamiento de infecciones transmisibles y
para los usuarios de drogas, la formación del
personal de prisiones en este ámbito y el apoyo a la
salud mental de los internos, entre otras acciones.
El secretario de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior, Antonio Camacho, ha
reconocido que la tarea es "compleja y difícil" pero
"imprescindible".
Camacho ha hecho hincapié en la "obligación" de
las Instituciones Penitenciarias de "asegurar a los
internos el mismo nivel de calidad asistencial en
prisión que el que pudieran recibir fuera de ella".
El trabajo desarrollado en España en la
protección de la salud en las prisiones se ha visto
reconocido este año por tres premios otorgados por
la OMS a otros tantos proyectos destinados a
implantar buenas prácticas de salud en los centros
penitenciarios.
Uno de ellos se exhibe en el Ministerio de
Sanidad, concretamente el del centro penitenciario
El Dueso (Cantabria), que consiste en una muestra
sobre cómo se han ido implementando a lo largo de
los años las terapias antirretrovirales |
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EXCLUSIVAS DE ANTENA 3
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2/11/09 |
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Esconden
los móviles y artilugios técnológicos de manera
sorprendente: dentro de una caja de
sardinas, de refresco o, incluso, dentro de un
libro agujereado. Y de ahí, al interior
de las prisiones. En las cárceles españolas lo más
cotizado ya no es la droga, sino los
teléfonos móviles, los cargadores
y todo tipo de aparatos tecnológicos.
Éstos terminan en el interior de las celdas,
gracias a los escondites que los familiares de los
presos utilizan para pasar la "mercancía". Los funcionarios
de prisiones denuncian la situación: la
saturación en nuestras cárceles provoca que no
puedan prestar toda la vigilancia necesaria a los
encuentros entre familiares y reclusos.
De ese modo, en el tiempo dedicado a esas visitas,
los familiares pueden "colar" la mercancía que
solicitan los presos. Para hacerlo, utilizan
métodos que, la mayoría de las veces, pasan
desapercibidos. ¿Quién diría que puede haber un
cargador de móvil en el interior de una
zapatilla de deporte, o en una lata de
refresco? Los funcionarios han logrado interceptar
cientos de estos artículos.
ACCESO REPORTAJE ANTENA 3
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La prisión de Castellón II --situada en Albocàsser--
ha registrado cinco robos denunciados, según una
respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta
del diputado nacional del PP por Castellón Miguel
Barrachina que, señaló el parlamentario, "aunque no
se especifican las fechas, se supone que se
produjeron después de inaugurarse y hasta que se
empezaron a incorporar al centro los reclusos".
En estos robos, según la respuesta
parlamentaria, se sustrajeron 11 videocámaras, una
pantalla táctil de las instalaciones de seguridad,
útiles, herramientas y diversa maquinaria, "en los
que participaron desde delincuentes sofisticados,
hasta algunos que se llevaron cable de las
instalaciones eléctricas", indicó el diputado
'popular' en rueda de prensa, quien añadió que tres
de las denuncias fueron interpuestas por la UTE que
construía la parte civil de la obra y otros dos por
la empresa que ejecutó las instalaciones de
seguridad.
Barrachina calificó esta situación de
"comedia" y dijo que sitúa a la provincia de
Castellón en una situación "tercermundista", "pues
--añadió-- es tan grave que se produzcan los robos y
que no se haya encontrado a sus presuntos autores,
como que se hayan ocultado por parte de la
Subdelegación del Gobierno y de la secretaria
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, que en una comparecencia en la Comisión de
Interior tan sólo reconoció que se había producido
un robo".
"Mintió Gallizo y mintió el subdelegado del
Gobierno, por lo que ambos debería marcharse",
señaló Barrachina, quien aclaró que "esto pone de
manifiesto que, al igual que han hecho desaparecer
estas cinco denuncias, la Subdelegación maquilla
anualmente todos los datos de delitos en la
provincia", pues -apuntó- "las cifras de descenso
que dan son falsas, ya que la Memoria de la Fiscalía
indica que en Castellón se cometen anualmente 61.000
delitos, y éstos han sufrido un aumento del 5,5 por
ciento en 2008".
Por otra parte, manifestó que Gallizo "también
engañó cuando dijo que la cárcel de Albocàsser
provocaría un descenso de la masificación de
Castellón I, pues en las 428 celdas de esta prisión
hay 790 reclusos, lo que hace que el hacinamiento
del centro sea del 190 por cien y se produzca una
situación de riesgo".
Al respecto, Barrachina afirmó que antes de
que se escapasen los dos últimos presos "ya le
comuniqué a Gallizo que la situación de Castellón I
era lamentable y que de las ocho garitas existentes
sólo estaban en funcionamiento dos o tres".
El PP presentará una enmienda a los PGE de un
millón de euros para paliar las carencias de
Castellón I, según anunció del diputado del PP,
"pues falta iluminación en los patios, no funcionan
algunos arcos detectores, la cámara de vigilancia es
en blanco y negro y no tiene zoom y las garitas
reformadas siguen sin utilizarse".
Así mismo, Barrachina explicó que el
hacinamiento en Castellón II es ya del 160 por cien,
"ya que hay 1.620 internos en las 1.008 celdas de
que dispone el centro". Según dijo, "en esta cárcel
la torre de control no funciona adecuadamente, el
cierre centralizado de las celdas presenta
disfunciones y algo más de la mitad de la plantilla
de trabajadores son interinos o personal en
prácticas".
Barrachina también criticó el "incumplimiento"
del Gobierno de crear un juzgado de vigilancia
penitenciaria en Albocàsser, "lo que ha provocado
que el juzgado de vigilancia de Castellón haya
pasado de 3.300 a 9.000 diligencias", dijo. Además,
denunció que "la unidad hospitalaria interna del
centro funciona muy deficientemente, por lo que hay
trasladar a muchos reclusos al hospital de
Castellón". |
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Clotilde
Berzosa, ex directora de El Acebuche, mantiene su
casa destinada a funcionarios de la prisión
almeriense, donde "acude los fines de semana a
tomar el sol en la playa con sus amigas", a pesar
de que al menos hay "una decena de trabajadores en
lista de espera para conseguir
una vivienda en el centro" y a que una orden
interna obliga a los directivos a dejar sus
pabellones una vez cesen en su puesto, ha
denunciado el sindicato
Acaip.Berzosa cesó en su
cargo como directora de El Acebuche el
pasado mes de junio, cuando fue destinada a
Granada para dirigir el Centro de Inserción
Social, creado en el lugar donde anteriormente se
ubicaba la prisión provincial, frente al antiguo
estadio de Los Cármenes.
Pese a ello, solicitó a Instituciones
Penitenciarias una prórroga para mantener el
pabellón destinado a cargos directivos de El
Acebuche, del que todavía dispone, a pesar de la
elevada demanda de funcionarios para hacerse con
una vivienda. Esta situación ha llevado a
Acaip a presentar
una queja ante la Secretaría de
Instituciones Penitenciarias.
Marcelino Menéndez, responsable del sindicato
mayoritario en la prisión almeriense, se muestra
indignado con la actitud de la ex directora:
"Aunque le hayan concedido la prórroga es
vergonzoso e inmoral que no haya dejado
la vivienda, sabiendo que otros muchos compañeros
con familias e hijos están aguardando que quede
una libre; como mínimo, es de una absoluta falta
de compañerismo", afirma.
De hecho, Menéndez apunta que el actual
director, Miguel Ángel de la Cruz, se está viendo
afectado porque no puede pasar a ocupar la casa de
Berzosa y se mantiene en otro pabellón que está
siendo habilitado, "lo que le ha impedido aún
instalarse adecuadamente, algo que no podrá hacer
porque su casa definitiva deberá ser la que deje
la ex directora".
Acaip
denuncia, además, que la orden interna
1472/2009 de 28 de mayo, que regula la cesión de
uso de viviendas para personal funcionario y
laboral, señala, en su punto segundo, que la causa
de extinción del uso y disfrute de las viviendas
vendrá determinada por el cese del trabajo que
posibilitó el acceso. Además, el apartado séptimo
dice expresamente que también será causa de
extinción de la cesión de los pabellones el cese
en el puesto directivo en el caso de viviendas
destinadas a este personal.
Menéndez lamenta también el trato de favor
hacia Berzosa, "si lo comparamos con otros
casos, como, por ejemplo, cuando se
obligó a la viuda de un funcionario a abandonar su
casa un mes después de la muerte de éste".
Diferentes raseros
La prisión de El Acebuche tiene, según
Acaip, más de
medio centenar de pabellones destinados a
funcionarios, todos ellos ocupados, lo que hace
que existan trabajadores del centro que pretenden
optar a uno de ellos desde hace cinco años.
"Si ella lo dejara, un funcionario podría ir a
vivir con su familia al pabellón que ahora ocupa
el actual director", dice Menéndez.
"Mientras tanto, ella sólo viene los fines de
semana a la playita con sus amigas, para disfrutar
de su dúplex, que cuenta con garaje, tres
habitaciones, aire acondicionado y piscina
comunitaria", añade.
La actual directora del Centro de Inserción
Social de Granada ha salido al paso de la queja de
Acaip
afirmando que "la justicia para los
sindicatos es partidista, puesto que algo
similar hicieron anteriores directores y no
denunciaron nada, quizás lo critican ahora porque
se trata de Clotilde Berzosa".
La ex directora de El Acebuche mantiene que se
encuentra en comisión de servicio en
Granada y por ello solicitó una prórroga
para mantener la casa de la prisión almeriense,
hasta que encontrara una vivienda en Granada.
"Estoy en una situación transitoria", asegura.
Berzosa dice sentir "pena porque se mida con
distinto rasero" a los anteriores
directores respecto a ella misma.
Sin embargo, Acaip
niega que sus predecesores en el cargo mantuvieran
la casa: "Lo que ocurrió fue que el director cesó
como tal, pero siguió trabajando en la cárcel, por
eso siguió viviendo en la casa; es una situación
totalmente diferente y comprensible", aclara
Marcelino Menéndez, que afirma que Berzosa llegó a
intentar, cuando todavía dirigía El Acebuche,
conseguir una segunda vivienda y optó a ella "como
funcionaria", al margen de la que tenía como
directora. "Finalmente, por suerte, se la dieron a
otro compañero con familia e hijos", concluye
Menéndez.
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04/11/09 |
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Una
docena de delegados de personal del sindicato de
prisiones ACAIP
se han encerrado en la sede del Ministerio del
Interior en Madrid en protesta por la
"degradación" existente en el sistema
penitenciario y el "hacinamiento" que sufren las
cárceles españolas. Según han confirmado fuentes
del sindicato, los delegados de
ACAIP ha
aprovechado una reunión de la Junta de Personal de
Instituciones Penitenciarias que se ha celebrado
esta tarde en la sede ministerial para
encerrarse en una de las salas del edificio al
término de la sesión.
Los encerrados han hecho llegar un escrito al
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en
el que reclaman mejoras en las condiciones
laborales y un aumento de la plantilla
que compense el incremento sostenido de la
población reclusa en los últimos años.
Para mediar en el conflicto, ha acudido hasta
la sede del Ministerio del Interior el
director de Recursos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, quien se ha
reunido con los delegados sindicales por espacio
de dos horas.
El vicepresidente nacional de
ACAIP, Juan Ángel
Figueroa, ha advertido de que permanecerán
en la sede del ministerio el tiempo que sea
necesario para que se atiendan sus
peticiones, a pesar de que ya han recibido la
advertencia de que pueden ser desalojados si no
deponen su actitud.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias
han explicado que existe un canal de
diálogo permanente y continuo con los
representantes de los trabajadores y que en los
últimos cinco años se han atendido muchas de las
principales reivindicaciones sindicales.
Las mismas fuentes han recordado el importante
esfuerzo presupuestario desplegado desde 2004 para
la construcción de nuevas cárceles y la
incorporación de 5.400 nuevos funcionarios en
estos años.
No obstante, han reconocido que pueden
existir algunas reivindicaciones "razonables" que
ahora no pueden ser afrontadas debido a la actual
situación económica, lo que no impide que
se mantenga un diálogo franco y fluido con los
representantes de los trabajadores.
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En
el día de hoy, los Delegados de Personal de la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip-USO), se han
encerrado en la Calle Amador de los Ríos 7, sede del
Ministerio del Interior, en protesta por la
situación existente en las prisiones españolas.
Acaip, sindicato
mayoritario en Instituciones Penitenciarias con un
50% de la representación del personal funcionario,
ha iniciado un proceso de movilizaciones por el
grado de degradación existente en el medio
penitenciario español y los continuos
incumplimientos de la Administración Penitenciaria
para con los empleados públicos de nuestro Sector.
Los hechos que motivan esta situación son los
siguientes:
- La Administración Penitenciaria ha incumplido
el Acuerdo de 29 de marzo de 2.005 en aspectos tan
importantes como la Segunda Actividad del personal
en contacto directo con los internos, la
adecuación del organigrama de los centros
penitenciarios y la creación de nuevos puestos de
trabajo. En la actualidad el grueso del Cuerpo de
Ayudantes está integrado por 8.259 trabajadores,
que representan el 49,71% del global, con una edad
comprendida entre los 40 y los 50 años y otros
3.705 trabajadores, es decir el 22,30%, con una
edad superior a 50 años, teniendo muchos de ellos
20 años de servicio interior o más.
- Desde la firma del Acuerdo al 30 de octubre de
2009, el incremento de la población reclusa,
excluida Cataluña, se cifra en 14.062 internos, lo
que supone un incremento del 27% en escasos cuatro
años. Nos encontramos a la cabeza de Europa a
nivel cuantitativo y en la relación de presos por
10.000 habitantes, sin que se haya adoptado
decisión política alguna que permita paliar esta
situación, siendo nuestras tasas de hacinamiento
absolutamente insoportables.
- Centros Penitenciarios diseñados para 1.008
plazas albergan más de 1.800 internos y sin
embargo, los funcionarios que deben atenderlos
siguen siendo los mismos e incluso menos.
- Las carencias de personal son tan grandes que
las cargas de trabajo en los diferentes Centros
Penitenciarios impiden cumplir de forma adecuada
con los cometidos encomendados tanto en el ámbito
de seguridad como en el tratamiento de los
internos.
- La Administración Penitenciaria ha publicado
un documento denominado debate abierto para un
Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos
de Instituciones Penitenciarias, en el que se
falta al respecto a los trabajadores del Sector,
se intentan recortar derechos de los empleados
públicos y se guardan en el cajón los compromisos
adquiridos con las organizaciones sindicales.
- Los trabajadores penitenciarios han demostrado
sobradamente su profesionalidad y responsabilidad
para sacar adelante la situación penitenciaria más
crítica de nuestra historia y, en cambio, la
Administración Penitenciaria y el Ministerio del
Interior ni asumen sus compromisos ni dan muestras
de capacidad para solucionar esta gravísima
situación.
En Madrid a 4 de noviembre de 2.009 |
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Los delegados de personal del sindicato de prisiones
ACAIP se han
encerrado este miércoles en la sede del Ministerio
del Interior en Madrid en protesta por la
"degradación" existente en el sistema penitenciario
y el "hacinamiento" que sufren las cárceles
españolas.
Según han confirmado fuentes del sindicato, los
delegados de ACAIP ha aprovechado una reunión de la
Junta de Personal de Instituciones Penitenciarias
que se ha celebrado durante la tarde en la sede
ministerial para encerrarse en una de las
salas del edificio al término de la sesión.
Piden a Rubalcaba mejoras laborales y más personal
Los encerrados han hecho llegar un
escrito al ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, en el que reclaman mejoras en las
condiciones laborales y un aumento de la plantilla
que compense el incremento sostenido de la población
reclusa en los últimos años.
Para mediar en el conflicto, ha acudido hasta la
sede del Ministerio del Interior el director de
Recursos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, quien se ha reunido con los
delegados sindicales por espacio de dos horas.
El vicepresidente nacional de
ACAIP, Juan Ángel
Figueroa, ha advertido de que permanecerán en la
sede del ministerio el tiempo que sea necesario para
que se atiendan sus peticiones, a pesar de que
ya han recibido la advertencia de que pueden
ser desalojados si no deponen su actitud.
Instituciones Penitenciarias
reconoce reivindicaciones "razonables"
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han
explicado que existe un canal de diálogo
permanente y continuo con los representantes
de los trabajadores y que en los últimos cinco años
se han atendido muchas de las principales
reivindicaciones sindicales.
Las mismas fuentes han recordado el importante
esfuerzo presupuestario desplegado desde 2004 para
la construcción de nuevas cárceles y la
incorporación de 5.400 nuevos funcionarios en estos
años.
No obstante, han reconocido que pueden existir
algunas reivindicaciones "razonables" que ahora no
pueden ser afrontadas debido a la actual situación
económica, lo que no impide que se mantenga
un diálogo franco y fluido con los
representantes de los trabajadores. |
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La
Consejería de Sanidad comenzará a vacunar frente
al virus de la gripe A, el H1N1, el próximo el
lunes, 16 de noviembre, para lo que es necesario
que la población pida antes cita previa
en su centro de salud. La previsión es que la
campaña se prolongue durante aproximadamente un
mes, tiempo en el que la Consejería distribuirá
las 479.779 dosis que ha
adquirido para prestar este servicio a la
población diana, el 20% del total. Para ello, ha
invertido aproximadamente 17 millones de euros,
cifra pendiente de cerrar en función de la
evolución de la campaña y del propio virus. De
momento, no existe fecha para el grupo de
embarazadas, cuya vacuna es diferente a
la del resto de la poblaciónya que está pendiente
de que se autorice en España, aunque ya cuenta con
el visto bueno de las autoridades sanitarias de la
Unión Europea, según precisó el consejero del
ramo, Francisco Javier Álvarez Guisasola,
quien recordó que la vacunación es
"voluntaria, pero recomendable".
Gripe estacional
El inicio de la administración de la dosis
contra la gripe A –sólo se administrará una-,
coincide con la finalización de la campaña contra
la gripe estacional que, a falta
de que se conozcan los datos definitivamente, ha
experimentado una mayor demanda con respecto a
otros ejercicios. En concreto, en Castilla y León
concluyó el pasado 30 de octubre, con lo que se
cumplirá con los plazos establecidos para recibir
las dos vacunas con una separación de entre dos y
tres semanas.
El consejero insistió en que los grupos
de riesgo deben vacunarse, por el alto
índice de efectividad de la vacuna y los
beneficios que implica, entre ellos evitar
complicaciones de la enfermedad y disminuir sus
efectos en la población, sobre todo en los grupos
donde la patología puede ser potencialmente grave,
al tiempo que protege a los colectivos
cuya actividad es esencial para el normal
funcionamiento de la sociedad, tales como
trabajadores sociosanitarios y personas que
trabajan en servicios públicos, entre ellos,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
bomberos y servicios de Protección Civil,
trabajadores de
instituciones penitenciarias, etc.
Recomendaciones
Junto a los grupos anteriores, se recomienda la
vacunación a personas mayores de seis meses de
edad que por sus condiciones tengan riesgo
de complicaciones derivadas de la
infección por el virus. Entres ellas se encuentran
aquellas con enfermedades cardiovasculares
crónicas, respiratorias crónicas, diabéticos,
insuficiencia renal moderada o grave,
hemoglobinopatías y anemias moderadas, asplenia
(falta de bazo), y enfermad hepática crónica
avanzada.
Además, también deben vacunarse aquellas
personas con enfermedades neuromusculares graves;
pacientes con inmunosupresión; obesidad mórbida, y
niños y adolescentes menores de 18 años que
reciban tratamiento prolongado con ácido
acetilsalicílico, por la posibilidad de
desarrollar un síndrome de Reye.
La vacuna se dispensará en los
centros de atención a la tercera edad; en los
centros de salud o en los centros autorizados,
cuando se trate de entidades de seguro de
asistencia privada; así como en los centros
hospitalarios a enfermos cuyo ingreso coincida en
el tiempo con la campaña. Además, los trabajadores
incluidos entre la población diana la podrán
recibir en sus centros de trabajo o en los lugares
acordados por sus servicios de prevención de
riesgos laborales.
Distribución
Por lo que respecta a la distribución
provincial de las dosis, de las 479.779
que ha adquirido la Consejería un total de 31.821
se dispensarán, a priori, en la provincia de
Ávila; 78.954, en la de Burgos; 88.527, en la de
León; 39.939, en la de Palencia; 71.605, en la de
Salamanca, mientras que la provincia de Segovia
contará con 27.005; la de Soria, 21.961; la de
Valladolid, 79.690, y la de Zamora, 40.227.
Para ampliar esta información y resolver dudas,
la Consejería de Sanidad dispone de un servicio
telefónico gratuito, el 900 222 000. También
existe información disponible en el portal
sanitario de la Comunidad,
www.salud.jcyl.es. Además, en los próximos
días se pondrá en marcha una campaña
informativa en los medios de
comunicación, y se divulgará nueva información
entre los profesionales sanitarios.
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Un funcionario de la cárcel de Villena ha resultado
herido leve en una oreja después de que un peligroso
interno del Módulo de Aislamiento le lanzara un
puñetazo a la cara cuando lo cacheaba en el interior
de su celda. El preso, que tiene 30 años y es
multireincidente, se mostró muy alterado y agresivo
al reclamar una comunicación bis a bis con un
miembro de su familia que no estaba ni programada ni
prevista. El incidente obligó a intervenir a otros
tres funcionarios. Una vez reducido lo dejaron
esposado dentro de la celda hasta que se
tranquilizó. Posteriormente se le trasladó al
pabellón de Enfermería donde fue tratado de una
ligera contusión en el hombro causada por la fuerte
resistencia que ofreció en su enfrentamiento con los
trabajadores de Prisiones. El funcionario agredido
también necesitó asistencia médica. Presentaba una
contusión en el muslo y un hematoma en el pabellón
auricular izquierdo a donde fue a impactar el
puñetazo que logró esquivar parcialmente.
La Junta de Tratamiento Penitenciario estudiará
mañana este caso para valorar la posibilidad de
imponerle al preso un régimen mucho más restrictivo
de libertad dentro del primer grado al que se halla
sujeto desde que, a finales de junio, llegó a la
cárcel de Villena procedente del centro
penitenciario Puerto de Santa María de Cádiz. Esta
incidencia acaecida el lunes y calificada por la
dirección como "puntual y aislada" es la primera que
se produce desde hacía meses. El responsable de
Alicante II, Feliciano Crelgo, confirmó ayer estos
hechos y elogió la actuación de los funcionarios por
su "eficacia y rapidez". El interno suma nueve años
de condena por once causas diferentes y posee una
larga lista de sanciones por faltas disciplinarias
cometidas en el ámbito penitenciario. |
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Los delegados sindicales de la prisión provincial de
A Coruña en Teixeiro han iniciado un encierro como
medida de presión para exigir una mejoría de las
condiciones laborales y para estudiar futuras
iniciativas. Representantes de los sindicatos CSIF,
ACAIP, CIG, USO, CC.OO.
y UGT permanecen encerrados en el despacho de la
dirección del centro penitenciario de Teixeiro para
reivindicar el cumplimiento estricto de la relación
de puestos de trabajo y que se rebaje la actual
masificación del establecimiento penitenciario.
El hacinamiento viene derivado de que el centro
tiene una capacidad para 1.008 internos y sin
embargo alberga en estos momentos a 1.800.
Juan Carlos Grande, del sindicato
mayoritario de los centros penitenciarios en
Galicia, CSIF, explicó a EFE que el encierro de hoy
es una manera de llamar la atención a la opinión
pública sobre «una situación que venimos denunciando
desde hace tiempo y que dista mucho de la versión
oficial».
Indicó que hasta la fecha se habían
buscado «otras vías para evitar la confrontación» en
la búsqueda de una solución pero «hemos llegado a un
punto en el que no vamos a aguantar más», ya que
«nos consta que hay instrucciones concretas a los
directores de los centros de que apliquen la
filosofía de la mano dura».
En este punto, criticó que la
directora de la prisión de Teixeiro, Silvia Alonso,
«se limita a cumplir a ciegas» las instrucciones que
recibe de Instituciones Penitenciarias y que «carece
de voluntad de diálogo» con los representantes
sindicales de los trabajadores.
Las críticas de las fuerzas
sindicales también apuntan a la secretaria general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a
quien tildan de «mentirosa compulsiva que conducirá
el sistema penitenciario a la quiebra absoluta».
Juan Carlos Grande precisó que los
problemas que denuncian no son exclusivos de la
prisión de Teixeiro y que de hecho están en contacto
con representantes sindicales de otros centros de la
Comunidad y de España para estudiar posibles
movilizaciones. |
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La Agrupación de Cuerpos de Administración de
Instituciones Penitenciarias
(ACAIP) anunció hoy la convocatoria de
movilizaciones "sorpresa" para denunciar la
masificación en el centro penitenciario de Teixeiro
(A Coruña) y reclamar más medios materiales y
humanos.
En declaraciones a Europa Press, Pedro Vázquez,
delegado de ACAIP,
aseguró que al encierro secundado ayer por
representantes sindicales de esta organización, UGT,
CC.OO, CIG y CSIF, seguirán otras protestas "hasta
que Instituciones Penitenciarias atienda nuestras
demandas", aseguró.
Al respecto, señaló que se tratará de "acciones
sorpresa" que no darán a conocer hasta el último
momento "para que la Administración no pueda tomar
medidas y evitar que se hagan", señaló.
Los sindicatos denuncian que el centro carece del
personal necesario debido al incremento de la
población reclusa en los últimos años. Sostienen
también que la prisión cuenta con más de 1.800
reclusos cuando fue diseñado para albergar unos mil
y denuncian que ha habido un recorte de plantilla y
de las partidas presupuestarias para mejorar la
seguridad. |
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El
sindicato mayoritario de prisiones,
Acaip, ha lamentado
que la prisión de Puerto 3 sea la única de la
provincia en cuyo equipo directivo no haya ni una
sola mujer. Desde Acaip
se exige a la administración que se haga cumplir
la Ley de Igualdad en Puerto 3, lo mismo que se
cumple en el resto de centros que dependen de la
administración.
Hasta la llegada del nuevo director de la cárcel,
Juan Carlos Carrillo, había dos mujeres en el
equipo directivo y ninguna de las dos sigue en el
mismo (una dimitió y otra fue destituida) siendo
sustituidas por hombres. El sindicato se pregunta
por qué no se ha nombrado a ninguna mujer en
alguno de los cinco cargos que componen el equipo
directivo y se pregunta qué pensarán de este
asunto la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la
secretaria general de Instituciones
penitenciarias, Mercedes Gallizo, exigiendo que se
haga cumplir la ley en este asunto.
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El
sindicato de prisiones
Acaip ha denunciado ante la Fiscalía de
Málaga y la Inspección de Trabajo al
administrador de la prisión provincial de
Alhaurín de la Torre por adquirir un lote de
desinfectante de manos para prevenir la gripe A
que está caducado desde 2005. Los funcionarios
lo consideran una tomadura de pelo y solicitan
al Ministerio Fiscal que, además de investigar
un posible delito contra la salud de los
trabajadores, indague cómo y porqué se han
comprado productos sanitarios con una
«efectividad nula».
«No sabemos quién ha engañado a quién, pero lo
que está claro es que han mandado una partida
caducada», explicaron desde
Acaip, que solicitó
la intermediación de la Fiscalía porque «el
pedido no lo realizaron los servicios sanitarios
de la prisión, como suele ser habitual. Estamos
ante una tomadura de pelo total y hay que ver
cómo se han comprado los desinfectantes porque
algo huele raro».
Las citadas fuentes manifestaron que hace unos
tres meses meses se instalaron en algunos
módulos de la prisión dosificadores para la
desinfección de manos a fin de prevenir un
posible contagio de la gripe A N1H1.
Personal de riesgo
Esta circunstancia ya supuso un primer
enfrentamiento entre los funcionarios y la
dirección, ya que los primeros consideraban que
el gel preventivo debía estar disponible en
todas las instalaciones, «porque el contacto con
los presos a través de los cacheos es continuo».
La reclamación fue atendida, pero en los últimos
días descubrieron que el desinfectante caducó en
2005, por lo que su efectividad resulta nula.
Se debe tener en cuenta que los funcionarios de
prisiones están considerados personal de riesgo
por el Ministerio de Sanidad, manifestaron desde
Acaip, que
precisaron que hasta finales de mes no
comenzaran a ser vacunados. Una medida que
consideran que también tiene que ser extensible
a los reos «porque aquí hay gente con hepatitis,
tuberculosis o sida».
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Internos que cumplen condena en régimen de tercer
grado en la prisión de Ibiza han presentado una
queja para denunciar «las condiciones» en las que
viven y la falta de recursos para realizar
actividades formativas y de inserción laboral.
En el centro penitenciario de Can Fita hay
actualmente catorce personas en régimen abierto,
según fuentes de la secretaría general de
instituciones penitenciarias, que precisaron que
prácticamente la mitad de ellas trabajan fuera de la
cárcel y sólo van a dormir, aunque los internos
dicen que sólo tienen empleo tres.
En el escrito remitido a la juez de vigilancia
penitenciaria, los internos critican que el espacio
que disponen para vivir es «pequeño» para las
personas que lo ocupan, que sólo tienen un baño –una
ducha y dos tazas de váter–, que el comedor es para
seis personas –por lo que dicen que deben comer en
las habitaciones– y que los dormitorios, que deben
compartir a veces «entre tres y cuatro», son muy
reducidos.
«Es cierto que la zona dedicada a presos de régimen
abierto es pequeña y se tiene el espacio que se
tiene», indicaron desde instituciones
penitenciarias, al tiempo que añadieron que en el
último año se llevó a cabo una reforma «completa»
que incluyó «cuartos de baños nuevos, la creación de
una sala de estar que no existía y el alicatado» de
las dependencias. «Pusieron baldosas que quitaron
sitio a las habitaciones y cambiaron un sanitario»,
apuntó un preso respecto a esa reforma.
«No hacen nada por la reinserción»
Según los internos, carecen de opciones para
realizar actividades físicas o culturales y tampoco
realizan acciones encaminadas a la inserción social
y laboral. «No hacen nada por la reinserción. Entre
el segundo grado y la libertad provisional hay un
limbo. En la cárcel debería haber acciones sociales
y formativas pero de todo esto no hacen nada»,
comentaron los presos al respecto. «Yo hablé con un
trabajador social para hacer un voluntariado pero no
me dan nada», indicó uno de ellos.
A este respecto, desde la secretaría general de
Instituciones Penitenciarias indicaron que el
trabajo de orientación y reinserción se lleva a cabo
sobre todo cuando están en segundo grado. «En los
Centros de Inserción Social sí se pueden hacer este
tipo de programas de seguimiento y acompañamiento»,
indicaron y recordaron que en el caso de Ibiza, se
trata de una sección abierta «pequeña» y con sólo
«seis o siete presos sin trabajo», por lo que ese
trabajo de formación «se hace más cuando están en
segundo grado».
En el escrito, los internos apuntaron que tampoco
les dan facilidades para salir a buscar trabajo,
pues deben solicitar la salida del centro con al
menos 48 horas de antelación y el tiempo que les
conceden es, a su juicio, «insuficiente». «En el
centro no se promueve la inserción laboral y social,
ya que estamos todas las tardes sin realizar ninguna
tarea, no se nos da opción a nada. En cambio en
otros centros permiten salir diariamente para llevar
a cabo dicha reinserción», sostienen.
Otras de las quejas principales de los internos es
el hecho de tener que realizar «de forma
obligatoria» bajo pena de «sanción disciplinaria»,
según ellos, labores de auxiliar de puerta
consistentes en descargar camiones de alimentos,
tirar escombros de obras internas, cargar
materiales, tirar la basura de la cárcel y limpiar
los locutorios y la entrada. Todo ello sin
remuneración y pese a que, según indicaron, hay «un
interno y un monitor que cobran por este trabajo».
Al parecer, según Instituciones Penitenciarias, al
clasificar un interno como de tercer grado, éste
firma un compromiso de colaboración en tareas
auxiliares como las citadas anteriormente. «Lo hacen
aquéllos que no tienen trabajo, porque tampoco van a
estar todo el día desocupados», afirmaron. Los
presos reconocieron dicho acuerdo, pero sostuvieron
que no se trata de una colaboración sino de una
obligación. |
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Acaip
Melilla participará con siete representantes en
la concentración que tendrá lugar el día 24
frente a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, una movilización con la que
pretende el sindicato tanto reclamar el
cumplimiento del pacto de 2005 como evitar el
recorte de derechos anunciado por el Gobierno.
La organización sostiene que, lejos de hacer
efectivo el acuerdo alcanzado con José Antonio
Alonso como ministro del Interior, el Ejecutivo
amenaza con recortar también el complemento
específico de los empleados públicos o con ligar
la productividad a valores subjetivos.
El sindicato lamenta que los funcionarios de
prisiones mantengan aún el nivel mínimo 18, el
más bajo de todo el ministerio. También
denuncian el hecho de que, en el caso de
Melilla, la Relación de Puestos de Trabajo siga
siendo insuficiente para cubrir las demandas de
la prisión. Los delegados sindicales acusan al
director del centro de negarse a aumentar una
plantilla que cuenta con unos 180 empleados para
atender a una población reclusa que supera en un
180 por ciento su capacidad.
Otra de las reivindicaciones de
Acaip pasa por
regular la segunda actividad como una etapa más
en la carrera profesional para que el
funcionario haga valer su experiencia sin ver
muy mermados los ingresos. En este sentido, la
organización insiste en la necesidad de que la
productividad no esté ligada únicamente a
criterios subjetivos.
Por lo que respecta al organigrama de puestos de
trabajo, los delegados sindicales aseguran que
la carrera administrativa es «lamentable» porque
permite que un funcionario abandone el cuerpo
con el mismo nivel con el que entró.
Melilla
Los representantes de
Acaip en Melilla afirman que todas
las reivindicaciones del sindicato tienen en la
ciudad una incidencia mayor, si cabe, porque el
director del centro «ha agotado su ciclo». Aun
reconociendo que ha impulsado «algunas mejoras»,
los delegados le culpan de haber frenado
proyectos como el de la nueva prisión. La
organización está convencida de que otro
responsable daría un nuevo impulso a una
institución necesitada de cambios.
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El Parlamento vasco rechazó hoy una iniciativa de
PNV y EA en la que exigían al Gobierno vasco que se
reclame la transferencia en materia de instituciones
penitenciarias y al Gobierno central el cumplimiento
del Estatuto con la citada transferencia.
El Parlamento aprobó una enmienda a la
totalidad presentada por el PSE a la proposición no
de ley formulada por EA con los votos del grupo
proponente (PSE) y del PP, y el rechazo del resto de
la Cámara (PNV, Aralar, EA, EB y UPyD).
El acuerdo hace referencia al acuerdo
parlamentario alcanzado el pasado mes de junio en el
que se instaba al Gobierno vasco a negociar con el
Gobierno central las materias con medios pendientes
de transferencia para "completar el desarrollo del
Estatuto de Gernika".
La iniciativa de PNV y EA, por su parte, fue
rechazada con el voto negativo de PSE, PP y UPyD, y
el apoyo de los proponentes, Aralar y Ezker Batua.
El parlamentario de EA, Jesus Mari Larrazabal,
explicó que el ministro de Política Territorial,
Manuel Chaves, negó en el Congreso de los Diputados
la transferencia de la competencia de política
penitenciaria y afirmó que el Gobierno central niega
esta transferencia por considerar que "está en juego
la seguridad del Estado".
En este sentido, explicó que durante la
campaña electoral Patxi López anunció que exigiría
esta competencia, "mientras que la consejera de
Justicia, Idoia Mendia, afirmó recientemente que el
Gobierno vasco no tiene intención de exigir la
transferencia de instituciones penitenciarias".
"INTERESES DE MADRID"
La parlamentaria del PNV Garbiñe Saez, acusó
al Gobierno vasco de "dirigirse con los intereses de
Madrid en lugar de velar por los intereses de
Euskadi" y aclaró que la iniciativa de EA "habla de
los presos que están en centros penitenciarios de
Euskadi y no de los presos de ETA".
Al respecto, señaló que la transferencia que
se solicita hace referencia a la organización,
régimen y funcionamiento de las instalaciones y
centros penitenciarios. "No tiene sentido que
justifiquen la no transferencia porque concierne la
seguridad del Estado", concluyó.
Desde el PSE, Txarli Prieto, consideró que el
desarrollo del Estatuto es una política global, por
lo que este debate no es necesario, ya que el pasado
18 de junio el Parlamento instó al Gobierno a que
negocie todas las transferencias pendientes. Por
ello, pidió "tranquilidad, calma y no acelerar el
proceso troceando las cosas".
Prieto insistió en que el Gobierno vasco y PSE
no renuncian a ninguna competencia, sino que están
en la negociación del traspaso de las competencias y
por ello solicitó la retirada de la iniciativa de
EA.
"ULTIMA PRIORIDAD"
El parlamentario del PP, Leopoldo Barreda,
recordó que sobre esta materia se ha debatido en
anteriores ocasiones y que ya existe un mandato de
la Cámara al Gobierno de carácter general para
negociar las transferencias. Además, recordó que,
cuando Juan José Ibarretxe fue vicelehendakari en
1997, la transferencia de las prisiones era "la
última de las prioridades" y que "en ningún caso
estaría por delante de la formación y el empleo".
El parlamentario de Aralar, Mikel Basabe,
agradeció la iniciativa de EA y aclaró que no se
debate la política penitenciaria, sino la
competencia. Además, señaló que en todas las
legislaturas se han aprobado acuerdos parlamentarios
para cumplir el Estatuto, y que no se ha logrado
este objetivo.
Desde EB, Mikel Arana, criticó las palabras
del PSE y denunció que al negar la transferencia
"actúan en contra de la sociedad y atentan contra el
Estatuto" y se dirigió al PSE para pedirles que "si
hay partes del Estatuto que no les gustan, lo digan
para dejarnos de engaños, discusiones y cinismos".
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro,
criticó que la enmienda de EA plantea el
acercamiento a Euskadi de los presos vascos
pertenecientes a ETA, "lo que demuestra que tenemos
mayor respeto a quienes ejercen mayor presión a la
democracia y aquellos a quienes tenemos más miedo".
Asimismo, presentó una enmienda a la totalidad, que
fue rechazada, en la que mostraba el apoyo expreso a
la política penitenciaria del Gobierno central como
parte de la política antiterrorista. |
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