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03-09-06
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La medida se aplica en Jaén II desde hace años, pero
se quiere así aliviar la masificación en la prisión,
que tenía esta semana la cifra récord de 752 internos
entre sus muros Se negocia además el traslado de
reclusos a sus países de origen donde cumplirán penas
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La Dirección General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior ha emitido una orden a todas las
prisiones españolas, entre ella Jaén II, para impulsar que
presos en tercer grado no tengan siquiera que pisar la
cárcel, sino que cumplan sus condenas en sus propias casas
controlados con un dispositivo electrónico (una pulsera que
transmite señales a un módem en la casa del recluso que está
conectado con la prisión). La directora general de
Instituciones Penitenciarias asegura que se trata de
alcanzar «la óptima adecuación entre la efectividad de la
ejecución penal y el logro de la progresiva y plena
inserción del penado en la sociedad», aunque los sindicatos
penitenciarios consultados apuntan que lo que se intenta es
sacar a internos de entre los muros para paliar la ya casi
insoportable masificación de las prisiones. En Jaén, la
semana pasada se alcanzó la cifra récord de 752 internos,
cuando la capacidad máxima de la penitenciaría es de 400.
La medida de las pulseras con módem se viene aplicando en
Jaén desde hace ya al menos cuatro años, según confirman los
sindicatos Acaip y CSIF. El número de internos que se
benefician de este sistema actualmente ronda la docena.
Prueba de que se quiere impulsar este procedimiento es que
recientemente se ha doblado el número de funcionarios que se
encargan del control de estos penados en Jaén: de dos a
cuatro.
En el mismo sentido, fuentes consultadas por Europa Press en
el mundo penitenciario explican que en la actualidad, sólo
el 12 por ciento de los penados están cumpliendo la condena
en régimen abierto (con salidas diarias y noches en la
cárcel o sólo con fines de semana libres, además de una
minoría que lleva la pulsera). El objetivo es lograr que un
25 por ciento de los penados pueda cumplir en régimen
abierto. Esta, afirman los consultados, es la media de los
países del entorno, aunque hay casos como el británico en
los que alcanza hasta el 50% de penados en régimen abierto.
¿Quién se beneficia?
Hasta ahora, explican en Acaip, se
beneficiaban de la pulsera internos con un trabajo en el
exterior, seleccionados de entre reclusos que habían
alcanzado el tercer grado y que han demostrado capacidad
para disfrutar de esta responsabilidad. Los «supuestos
laborales» siguen siendo prioritarios según la nueva orden
de Instituciones Penitenciarias, «teniendo en cuenta la
importancia que para los internos tiene la incorporación al
mundo laboral».
Pero además se extiende la medida a madres con hijos siempre
que una vez valorada la situación de cada caso se constate
que no existen «otras alternativas preferibles para los
intereses del menor».
También pueden acoger a la medida los reclusos que estén en
convalecencia médica. El objetivo es «permitir al penado en
tercer grado la recuperación en su domicilio de una
enfermedad o intervención quirúrgica siempre que la misma no
pueda llevarse a cabo con las mismas garantías en el
establecimiento de destino». Este tercer supuesto tiene
«carácter transitorio» y no se aplicará a los casos de
ingreso hospitalario común ni, en general, a los de
enfermedad grave e incurable, «para los que existen otras
alternativas legales».
Sacar a los
extranjeros
Mandar a casa a reclusos en tercer grado no es la
única medida que intenta Interior para aliviar las
prisiones. También se ha anunciado que reclusos nacidos
fuera de España podrían acabar de cumplir sus condenas en
sus países de origen. Para ello se negociarán convenios y
ayudas a los sistemas penitenciarios receptores. El primer
país en mostrar interés por la medida ha sido Ecuador.
La prisión provincial Jaén II tiene una tasa de población
reclusa extranjera que según los últimos informes sindicales
ronda el 12%. La cifra es sensiblemente inferior a la media
nacional y su incremento mucho más lento que el de la
población reclusa total, lo que indica que el incremento de
la delincuencia en Jaén no cabe atribuirlo a la inmigración.
Magrebíes, colombianos y ciudadanos del Este de Europa son
los colectivos más numerosos entre los extranjeros
encarcelados.
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03-09-06
El
número de presos en tercer grado controlado por
pulsera o tobillera telemática, dispositivos que
permiten tenerlos permanentemente localizados
mientras estén fuera de la cárcel, se sitúa ya en
618, lo que supone un aumento del 29,8 por ciento
con respecto al año anterior, informaron a Europa
Press fuentes penitenciarias. Desde principios
de año y hasta el 23 de agosto pasado, Instituciones
Penitenciarias instaló estos dispositivos a 618 nuevos
reclusos, frente a los 476 que se habían beneficiado de enero
a agosto de 2005.
En total y desde que este sistema de control de los
presos que duermen fuera de la cárcel se introdujo en España
en el año 2000 son 2.771 los internos que han pasado por el
programa. Salvo excepciones, los internos controlados vía
telemática deben pasar un control presencial cada quince días.
Si a las nuevas instalaciones de estos dispositivos
realizadas en lo que va de 2006 se suma el número de reclusos
que a la entrada del año ya llevaba la pulsera o tobillera (el
tiempo medio durante el que el preso lleva estos aparatos es
de casi ocho meses), el aumento en agosto de este año con
respecto al mismo mes de 2005 es del 44 por ciento.
Al tiempo que en lo que va de 2006 se instalaron más
pulseras y tobilleras que en el mismo periodo de 2005, las
bajas de este sistema también experimentaron un aumento desde
enero de este año. En concreto, ha habido un 21,5 por ciento
más de bajas.
IMPULSO DEL REGIMEN ABIERTO
Lo cierto es que el número de presos que duermen fuera
de casa con pulseras o tobilleras abrochadas a su cuerpo ha
ido creciendo paulatinamente desde 2003. Si a finales de ese
año había 351 dispositivos instalados, a finales de 2004
fueron 417 y en 2005, 580, si bien el número total de nuevas
instalaciones realizadas durante todo el año pasado fue de
728.
La Dirección General de Prisiones dictó recientemente
una nueva instrucción con el fin de flexibilizar y ampliar la
posibilidad de cumplir penas de cárcel en régimen abierto. La
citada instrucción se aplicará a los penados en tercer grado a
los que se pueda aplicar el artículo 86.4 del Reglamento
Penitenciario por el que el interno queda eximido de pernoctar
en la prisión.
Además deberán cumplir otros requisitos, como tener una
valoración positiva en las diferentes evaluaciones y un
pronóstico favorable de reinserción social.
Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press
explicaron que en la actualidad sólo el 21 por ciento de los
penados está cumpliendo la condena en régimen abierto. El
objetivo es alcanzar el 25 por ciento, la media de los países
del entorno, según afirman los consultados, aunque hay casos
como el británico en los que alcanza hasta el 50 por ciento. |
04-09-06
Que
en la prisión de Córdoba no cabe ni un alfiler es algo harto
conocido. El centro penitenciario supera en 750 el número de
plazas, por lo que sobrepasa en un 75 por ciento su
capacidad. Una de las posibles soluciones a esta situación
de hacinamiento es la que ha presentado la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, consistente en poner en
marcha, a partir de este mes, un plan dirigido a promover
que los inmigrantes cumplan las condenas impuestas en España
en sus países de origen.
En la cárcel cordobesa hay 1.748 internos y el 10 por ciento
son extranjeros (176). De ellos, 164 son hombres y las 12
restantes, mujeres. Fuentes sindicales indicaron que,
aproximadamente, unos 50 son de nacionalidad marroquí,
seguidos por los colombianos (algo más de 25). El resto,
proceden de origen diverso.
Entre las medidas que se están estudiando destacan las
posibles ayudas a las naciones receptoras para que mejoren
sus sistemas penitenciarios, algo que la Agrupación de
Cuerpos de la Administración e Instituciones Penitenciarias
(ACAIP) no ve con buenos ojo, ya que considera que
«habría que estudiar el dinero que se destina del
presupuesto con que cuenta Interior. Además, aunque se ponga
en marcha esta medida, está claro que el problema de la
saturación del centro penitenciario no se resolverá de este
modo. No podemos olvidar que, en las cárceles españolas,
ingresan semanalmente unos 100 presos y, aunque se están
construyendo nuevos recintos, no tendrán capacidad
suficiente como para acoger a tanto recluso», indicaron.
Otra de las posibles disposiciones que se podría poner en
marcha sería ofrecer una mayor información a los internos
sobre la posibilidad de ser repatriados, con el fin de que
lo puedan solicitar al juez.
Igualmente, se pretenden agilizar los trámites para que se
tarde menos en conceder los traslados y completar los
acuerdos con los países de origen.
Según apuntó a ABC el presidente de la Audiencia cordobesa,
Eduardo Baena, estos acuerdos para que los reclusos cumplan
sus penas en sus lugares de nacimiento «podrían ser muy
positivos para los centros penitenciarios, para aliviarlos
de su saturación, pero, en todo caso, habría que comprobar
los convenios existentes y ver las especificidades de cada
uno», apuntó.
Órdenes de expulsión
Baena puntualizó que «una cosa son estos acuerdos para el
cumplimiento de la pena y otra muy diferente son las órdenes
de expulsión, sustitutivas de penas inferiores a seis años
de prisión».
Las expulsiones llevan aparejadas una prohibición de
regresar a España por un periodo que puede oscilar entre 3 y
10 años desde que se decreta la medida. A su vez, dicha
imposición se extiende a todos los países que han suscrito
la Convención de Schengen sobre la supresión de fronteras
entre los Estados miembros de la UE: Francia, Alemania,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Italia y Grecia.
«Se trata de una baza que aprovechan las mafias para
delinquir, ya que si, por ejemplo, envían a una persona a
nuestro país para traficar con droga (siempre que el delito
que cometan no esté penado con más de 6 años), si detienen a
la persona en cuestión, su condena puede ser la expulsión
(exenta de cualquier medida privativa de libertad) y las
mafias, en todo caso, pueden enviar a otros miembros de su
red para seguir delinquiendo», dijo Baena
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04-09-06
A
lo largo del presente año 2006 un total de diez
condenados por faltas de Málaga han podido utilizar
el sistema de identificación de voz mediante el
teléfono para evitar el contacto directo con el
sistema penitenciario, y uno más está pendiente de
su instalación que se realizará en el mes de
octubre, según informaron a este periódico fuentes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
Este sistema telemático está recién implantado en
España y es la primera vez que se pone en
funcionamiento en Málaga como medio de control de la
pena de localización permanente que sustituye a lo
que era antes el arresto de fin de semana.
Con el identificador de voz, el condenado por faltas
puede estar controlado en cualquier momento sin
necesidad de que entre en contacto con el sistema
penitenciario ni con los cuerpos y fuerzas de
seguridad. Las ventajas que ofrece la tecnología
pasan por un mejor aprovechamiento de los recursos
policiales, que pueden dedicarse a otras funciones
distintas a las del control de presos, al tiempo que
se evita que los individuos sean estigmatizados o se
institucionalicen.
El Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, establece
las circunstancias de ejecución de las penas de
trabajos en beneficio de la comunidad y de
localización permanente, de determinadas medidas de
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución
de las penas privativas de libertad. La fiabilidad
de este control telemático es de casi un 99 por
ciento, según confirmaron a este periódico fuentes
de Instituciones Penitenciarias.
Los arrestos de fin de semana han sido eliminados
del ordenamiento jurídico español al considerar que
no se cumplían los objetivos marcados. Con la
reforma del Código Penal, los condenados a esta pena
han podido sustituir esta medida por otras
alternativas, como el trabajo en beneficio de la
comunidad, la multa o la localización permanente. La
verificación de voz es sólo una de las medidas de
control telemático posibles para controlar a los
presos que no tienen que estar internos. Otro
ejemplo es el de las pulseras electrónicas aplicadas
a condenados que cumplen el tercer grado.
El Código Penal de 1995 introdujo en el ordenamiento
jurídico español dos nuevas penas (arrestos de fin
de semana y trabajos en beneficio de la comunidad),
que fueron desarrolladas reglamentariamente, en
cuanto a las circunstancias de su ejecución por la
Administración Penitenciaria, por un Real Decreto de
26 de abril de 1996. No obstante, la reforma del
Código Penal llevada a cabo en 2003 suprimió la pena
de arresto de fin de semana y creó la pena de
localización permanente.
Según fuentes consultadas por este periódico, cada
vez son más comunes las sentencias que castigan con
penas de localización permanente. Además, cabe
reseñar la apuesta realizada desde Instituciones
Penitenciarias en favor de la ampliación del régimen
abierto o de tercer grado, que no sólo permite
aliviar el peso poblacional de las prisiones, sino
que favorece la inserción social del preso, fin
último del sistema penitenciario español.
Este año ha sido suscrito un contrato con la empresa
de tecnología israelí ELMO TECH, de 7,609 millones
de euros para la dotación de equipos técnicos que
permitan la aplicación de medios telemáticos a los
internos clasificados en tercer grado. La evolución
de la aplicación de medios telemáticos para
controlar a los internos ha ido creciendo desde que
en 2003 se aplicó a 910 presos hasta llegar a los
1.352 en el primer semestre de 2006.
Faltas penadas con la localización permanente
- El que golpeare o maltratare de obra a otro sin
causarle lesión o que ésta no se considere delito.
- Cuando se encontrara abandonado a un menor de edad
o a un incapaz y no lo presenten a la autoridad o a
su familia o no le presten, en su caso, el auxilio
que las circunstancias requieran.
- Los que cometan hurto, si el valor de lo hurtado
no excediera de los 400 euros.
- Los que cometan estafa, apropiación indebida, o
defraudación de electricidad, gas, agua u otro
elemento, energía o fluido, o en equipos terminales
de telecomunicación, en cuantía no superior a 400
euros.
- Los que abandonaren jeringuillas u otros
instrumentos peligrosos de modo o con circunstancias
que pudieran causar daño a las personas o contagiar
enfermedades, o en lugares frecuentados por menores.
Alternativas
Aumenta el uso de las pulseras en el tercer grado
En sólo un año se ha pasado en málaga de las treinta
pulseras o tobilleras de seguimiento telemático de
presos en tercer grado penitenciario a las cuarenta
y ocho que hay instaladas en la actualidad, según
pudo saber este periódico. En la provincia
malagueña, desde su implantación en febrero del año
2002, un total de 138 condenados se han visto
beneficiados por este dispositivo que hace posible
que los presos ya no tengan que ir a dormir a la
prisión ya que, bien la pulsera o la tobillera,
permiten tener localizado al interno durante las
horas en las que debe estar en su domicilio. De esta
forma, el sistema facilita la reinserción social del
preso que sólo deberá acudir a la prisión cada
quince días, aunque dependerá de las características
propias de cada sujeto. El tiempo medio en el que se
utiliza este sistema se sitúa entre los cinco meses
y medio y los seis meses como paso previo a la
libertad. |
04-09-06
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El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será
de un mes a contar desde mañana, 5 de septiembre, y
los desplazamientos subvencionables serán los
efectuados en el año 2005, para lo cual se destinará
un total máximo de 204.000 euros.
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El
Departamento vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social
concederá ayudas de entre 20 y 600 euros para subvencionar
los desplazamientos de familiares para visitar a personas
penadas o en prisión preventiva, dependiendo de la ubicación
del centro penitenciario, según el Decreto que publica hoy
la Consejería que dirige Joseba Azkarraga en el Boletín
Oficial del País Vasco.
La finalidad de este programa de ayudas consiste en paliar
económicamente la situación de necesidad en que se pueden
encontrar las familias vascas con familiares penadas o en
prisión preventiva por la carencia de recursos suficientes
para sufragar los costes de los desplazamientos para visitar
a sus familiares y por el coste de los mismos.
En el Decreto, el Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social precisa que estas ayudas se destinarán en
exclusiva a sufragar los gastos de desplazamiento
ocasionados por las visitas realizadas hasta el centro
penitenciario por familiares de las personas penadas o en
prisión preventiva, que se hayan efectuado en el ejercicio
económico anterior a aquél en el que se efectúe la
convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para el
año 2006 será de un mes a contar desde mañana, 5 de
septiembre, y los desplazamientos subvencionables serán los
efectuados en el año 2005, para lo cual se destinará un
total máximo de 204.000 euros.
Beneficiarios
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, el cónyuge
o persona ligada por análoga relación de afectividad, los
hijos e hijas, los progenitores y los hermanos y hermanas.
Los desplazamientos deberán ser realizados por las personas
beneficiarias y sólo podrá haber un beneficiario por cada
persona penada o en prisión preventiva. En el caso de que
concurran dos o más personas integradas en el mismo orden
preferente, se considerará únicamente a la persona de mayor
edad.
Sólo podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas
personas cuyos ingresos anuales no superen el triple del
salario mínimo interprofesional y que estén empadronadas en
la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad al uno
de enero del ejercicio económico anterior a la
correspondiente convocatoria de las ayudas.
Las cantidades variarán en función de la ubicación del
centro penitenciario. Así, se concederá una ayuda de 20
euros por visita realizada cuando la prisión esté situada en
la Comunidad Autónoma del País Vasco (cuando sean diferentes
la provincia donde se encuentra el Centro Penitenciario y la
provincia en la que resida la persona beneficiaria),
Santander, Logroño, Burgos, Navarra y Departamentos
franceses limítrofes con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Por otro lado, se otorgarán 60 euros por visita realizada
cuando la prisión esté en Palencia, Soria, Valladolid,
Oviedo, Huesca, Zaragoza, Segovia, León, Zamora, Madrid,
Salamanca, Guadalajara, vila y Departamentos franceses
distantes menos de 500 kilómetros desde Biriatou.
Además, se otorgarán 100 euros por cada visita cuando las
cárceles se ubiquen en Lleida, Toledo, Teruel, Lugo,
Tarragona, Cuenca, Ciudad Real, Cáceres, Orense, Castellón,
Barcelona, Valencia, Coruña, Albacete y Badajoz.
Las visitas realizadas a prisiones en Pontevedra, Girona,
Jaén, Córdoba, Murcia, Alicante, Granada, Sevilla, Huelva,
Málaga, Almería y Cádiz se subvencionarán con 200 euros y
las que se realicen en cárceles de Ceuta, Melilla, Islas
Canarias, Islas Baleares, Departamentos franceses no
incluidos en otros módulos, Andorra, Portugal y Marruecos
con 400 euros. Por último, se concederán 600 euros por
visita realizada cuando la cárcel esté en otros países.
Número máximo
El número máximo de visitas subvencionables, con
independencia de la ubicación de las cárceles, será de seis
por beneficiario y las solicitudes se presentarán, mediante
instancia normalizada, en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, o en la
Dirección de Familia del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de una fotocopia del
Documento Nacional de Identidad -DNI-, documento
acreditativo del parentesco o relación de la persona presa
con la solicitante que justifique el derecho e
identificación de la persona presa a la que se han efectuado
las visitas, así como del centro penitenciario en que se
hallaba internada durante las mismas.
También se deberán aportar certificados de empadronamiento,
de la persona presa y de la solicitante, en cualquier
municipio integrado en el territorio de la Comunidad
Autónoma Vasca, así como la última declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF- de la persona
solicitante.
Además, los solicitantes tendrán que presentar certificado
expedido por la Dirección del centro penitenciario que
señale el número de visitas efectuadas por el beneficiario
en el ejercicio económico objeto de subvención.
Plazo
El plazo de presentación de dichas solicitudes será de un
mes a contar desde mañana, día 5 de septiembre.
Las ayudas concedidas se harán efectivas en un pago único,
tras la aceptación de la ayuda y el Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social podrá realizar las
acciones de inspección y control necesarias para garantizar
el cumplimiento de las finalidades perseguidas por este
Decreto.
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05-09-06
| Instituciones
Penitenciarias también quiere que se beneficien de la
medida presos que están convalecientes Los elegidos
llevarán una pulsera que permite localizarlos |
La
penitenciaria granadina de Albolote estrenó en 2001
un novedoso sistema que permitía que determinados
presos cumpliesen condena en casa, pero sin dejar de
estar vigilados. Una especie de 'ojo electrónico' se
encargaría de ello. De forma experimental, la
dirección de la cárcel seleccionó a cuatro internos
de Albolote, tres mujeres y un hombre, para probar
con ellos en sistema.
Los cuatro reclusos que participaron en aquel ensayo
estaban en tercer grado: es decir, que sólo debían
ir a prisión para dormir. Gracias a unas pulseras
electrónicas que permitían su localización, los
cuatro elegidos dejaron de pernoctar entre rejas
para hacerlo en sus casas. Por la noche, durante
ocho horas, tenían que permanecer en sus domicilios.
La pulsera les delataría si no cumplían (el
dispositivo transmite señales a un módem colocado en
la residencia del reo que, a su vez está conectado a
la prisión).
Cinco años después de aquella experiencia pionera
-que también se llevó a cabo en otros presidios
españoles-, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias quiere ampliar el número de 'reclusos
a distancia'. Dicha institución, dependiente del
Ministerio de Interior, ha remitido una orden a
todas las prisiones españolas para que se esfuercen
en extender el sistema a más internos.
Actualmente, en el centro penitenciario de Albolote
sólo hay 16 personas -trece hombres y tres mujeres-
controlados mediante localizadores electrónicos,
según informó el director de la cárcel, Nahum
Álvarez, que explicó que la instrucción de
Instituciones Penitenciarias es muy reciente -«llegó
hace menos de una semana»- y todavía no han tenido
tiempo de seleccionar reclusos para incluirlos en el
programa. La criba será muy rigurosa. Además, sólo
se podrán beneficiar de la medida aquellos presos
que no tengan delitos graves y cuya peligrosidad sea
prácticamente nula (quedan excluidos terroristas,
violadores, asesinos, grandes 'narcos' y
reincidentes).
La novedad con respecto a lo que había, señaló
Álvarez, es que Instituciones Penitenciarias ya no
sólo se fija en que el interno esté en tercer grado
para permitirle acceder a la pulsera electrónica.
Así, señala a las reclusas que cumplen condena con
sus hijos pequeños como potenciales beneficiarias
del programa, independientemente de su catalogación
penitenciaria. «De lo que se trata es de velar por
el interés superior del menor», señaló Álvarez.
Quirófano
Tras la instrucción del Ministerio de
Interior, también podrán aspirar a la 'condena
electrónica' los reclusos que estén convalecientes.
El objetivo es «permitir al penado la recuperación
en su domicilio de una enfermedad o intervención
quirúrgica siempre que la misma no pueda llevarse a
cabo con las mismas garantías en el establecimiento
de destino».
Este tercer supuesto tiene «carácter transitorio» y
no se aplicará a los casos de ingreso hospitalario
común ni, en general, a los de enfermedad grave e
incurable, «para los que existen otras alternativas
legales».
Contra la masificación
Instituciones Penitenciarias asegura que su
objetivo no es otro que alcanzar «la óptima
adecuación entre la efectividad de la ejecución
penal y el logro de la progresiva y plena inserción
del penado en la sociedad». Sin embargo, fuentes
sindicales consultadas por IDEAL opinan que lo que
se pretende es excarcelar internos para paliar la
masificación de los presidios. En Albolote hay ahora
1.700, cien menos que hace unos meses. |
05-09-06
| ALERTA DE LA SITUACIÓN
CAÓTICA DEL CENTRO Afirma que dos funcionarios se
encargan de custodiar y vigilar a más de 170 presos |
La
sección sindical de Acaip en la prisión de
Castelló denunció ayer que el centro penitenciario
de la carretera de l'Alcora sobrepasa
en más de un 58% su capacidad. Según detalla una
nota de prensa remitida a los medios de
comunicación, la prisión está dotada con 425 plazas,
aunque actualmente hay más de 675. De éstos, unos
520 internos se reparten en tres módulos, con una
media de 170 reclusos.
La mencionada fuente añadió que hay celdas ocupadas
por ocho internos, con lo que el hacinamiento es
total y sin que exista «ningún grado de intimidad
para los ocupantes de las mismas. Incluso en el
departamento de enfermería existe una celda ocupada
por ocho enfermos de las más diversas
características».
Asimismo, Acaip ha denunciado que mientras se
ha producido un aumento «excesivo y alarmante de
internos» faltan medios, tanto materiales como
humanos, «que impiden atender dicho crecimiento con
las suficientes garantías de seguridad, tanto para
los internos como para los propios trabajadores del
centro».
Por ese motivo, el referido sindicato ha alertado de
que «la situación es una auténtica bomba de
relojería que puede estallar en cualquier momento
debido, tanto a la falta de seguridad que se produce
en estos módulos donde dos funcionarios se encargan
de custodiar y vigilar a más de 170 internos, como a
la falta de higiene producida por un hacinamiento
continuo que causa muchísima tensión entre los
internos por falta de espacio»
Como consecuencia, en opinión de Acaip, los
funcionarios no pueden llevar a cabo una labor
preventiva para evitar posibles agresiones. Pero si
la situación actual es mala todavía puede empeorar
durante el invierno «ya que como consecuencia de la
falta de luz solar, se produce el cierre de los
patios con mayor antelación que en verano,
concentrándose los 170 internos durante más tiempo
en muy pocos metros cuadrados. Esto sin contar que
al ritmo que aumenta la población penitenciaria nos
podemos encontrar dentro de unos meses con
departamentos que alberguen más de 190 internos».
El referido sindicato responsabiliza de esta
situación al director del centro, Antonio Carretero,
«cuyo freno a esta situación al borde del caos es
prácticamente nulo, permitiendo un aumento
aproximado de 80-90 internos durante los últimos
meses, agravándose la situación con la pérdida, en
la última semana de agosto, de tres funcionarios por
traslado a otro centro».
Ante esta situación, el denunciante considera que es
necesaria acelerar la apertura de cuatro centros
penitenciarios actualmente en construcción así como
dotarlos de una adecuada oferta de empleo público,
«ya que actualmente hay una carencia importante en
todos los centros del territorio nacional».
Las fuentes consultadas en Instituciones
Penitenciarias aplazaron hasta hoy ofrecer datos
sobre la capacidad del centro de la carretera de
l'Alcora y la situación actual. |
5/09/06
La
Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)
aseguró ayer que "la seguridad y la vigilancia" de
la que se dispone en el Centro Penitenciario de
Alcolea, situado en las inmediaciones de dicha
barriada periférica de Córdoba capital, "es
insuficiente y deficitaria". La AUGC explicó que,
como recientemente han denunciado las organizaciones
sindicales de los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, la prisión de Córdoba sufre una
considerable masificación, con más 1.700 internos,
que es un número muy superior al que realmente
debería albergar. Pese a ello, "la unidad de la
Guardia Civil que se encarga de la vigilancia y
seguridad de este centro dispone de una plantilla
insuficiente, lo cual se agrava aún más porque los
efectivos existentes son utilizados en cometidos
ajenos a sus funciones, resintiéndose gravemente la
seguridad de dicho centro", afirma el colectivo.
Según la AUGC, "se han llegado a producir
situaciones muy preocupantes, como es el hecho de
que tan sólo cuatro agentes hayan atendido las
labores de vigilancia y seguridad en un turno de
ocho horas, número a todas luces insuficiente para
atender cualquier incidencia, tanto interior como
exterior, incumpliéndose gravemente el Plan de
Seguridad".
La principal razón de esta situación, según la AUGC,
"es que los agentes destinados en la Unidad de
Seguridad del Centro Penitenciario (USCP) son
utilizados para paliar el déficit de plantilla. Todo
ello, además, "origina un lógico malestar y
desmotivación entre los afectados, ya que no reciben
ningún tipo de compensación por estos servicios, y
dicha situación se viene repitiendo cada vez con
mayor frecuencia en los últimos meses". |
05-09-06
| El
gobierno catalán ha aprobado hoy el reglamento que
regulará el sistema penitenciario de Cataluña y que
introduce, como principales novedades, la necesidad de
adecuar arquitectónicamente las cárceles de mujeres,
hasta ahora copias de un sistema masculino que 'no es el
adaptado' a sus necesidades. |
Con
la aprobación de este reglamento, Cataluña, que es
la única comunidad que tiene asumidas las
competencias en materia de servicios penitenciarios
desde 1984, se convierte así en la única CCAA con un
marco jurídico propio que establece la estructura
orgánica y funcional de sus cárceles, así como la
organización y el funcionamiento del resto de
servicios de ejecución penal.
El conseller de Justicia, Josep
Maria Vallés, ha explicado en la rueda de prensa
posterior al Consell Executiu que la normativa
diseña las bases del nuevo modelo de intervención
penitenciaria para las mujeres.
Regula, por ejemplo, aspectos como
la estructura de estas prisiones, que han de ser
diferentes a las de los hombres; la asignación del
personal de estos centros; las actuaciones
especializadas de tratamiento; la separación entre
mujeres adultas y jóvenes o la creación de unidades
de madres y extrapenitenciarias.
'Los centros de mujeres siguen
ordenados arquitectónicamente siguiendo el modelo
masculino y la experiencia demuestra que no es el
adaptado a la condición de las mujeres privadas de
libertad', ha señalado el conseller.
Vallés ha subrayado que este nuevo
instrumento normativo persigue además fomentar la
participación social del sistema penitenciario
mediante la creación de una 'mesa cívica que ya
viene funcionando con carácter experimental'.
La asistencia sanitaria en las
cárceles catalanas también queda regulada en el
decreto, que establece que las medidas sanitarias
que se apliquen a los internos tendrán que ser
'equivalentes' a las dispensadas al conjunto de la
población.
Esta asistencia, según recoge el
texto, se realizará preferentemente por medio de la
red pública sanitaria, tanto en lo que respecta a la
atención primaria como a la especializada,
hospitalaria u otras prestaciones médico-sanitarias.
Sobre la asistencia especializada,
el reglamento indica que, con el objetivo de evitar
salidas de los internos, se tendrá que procurar que
todos los establecimientos penitenciarios dispongan
de consultas de las especialidades médicas con más
demanda. Además, los internos podrán solicitar a su
cargo los servicios médicos privados de
profesionales externos.
El reglamento dispone que los
consejos de dirección de los centros penitenciarios
deberán adecuar las normas de funcionamiento interno
a la nueva disposición en un plazo máximo de seis
meses.
Este reglamento es fruto del
trabajo que en los últimos tres años ha llevado a
cabo el departamento de Justicia a partir de un
documento de bases coordinado y redactado por el ex
fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. |
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
06-09-06
En
las aulas de seguridad vial de Francia, Holanda,
Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países
avanzados se conoce a España como el país del
"crimen folclórico". La expresión se hizo popular
entre los expertos al difundirse la primera
sentencia por la que Farruquito se libraba de pisar
la cárcel, pese a haber cometido un cúmulo de
tropelías que en cualquiera de esos países habría
comportado largas condenas.
En la actualidad, es casi imposible pisar la cárcel
por los denominados delitos contra la seguridad del
tráfico. Aunque teóricamente se establecen penas de
hasta dos años de prisión por el exceso de
velocidad, la conducción temeraria y el alcohol, la
norma da un amplio margen a la arbitrariedad de los
jueces y estos suelen dictar sus sentencias a la
baja.
Con la implantanción del carnet por puntos, la
incoherencia entre una blanda legislación penal y un
cuadro sancionador puesto al día se ha hecho más
evidente. Un conductor tiene hoy más probabilidades
de salir bien librado si su infracción se considera
un delito penal porque no sufrirá pérdida de puntos.
Para acabar con estas contradicciones, el Gobierno
ha puesto en marcha la reforma del Código Penal, que
prevé penas de cárcel por conducir sin carnet y
fija, entre otros, que será delito ir a más de 190
km/h en autopistas y a más de 100 km/h en ciudad. |
06-09-06
| El ingreso en la
cárcel lo decidirá la Audiencia tras celebrarse una
vista de cuatro días Uno de los cabecillas está en
paradero desconocido desde que se notificó la sentencia |
El
fiscal jefe ha solicitado que ingresen en prisión
siete de los diez condenados a penas de cárcel por
el motín de Fontcalent, a pesar de que la sentencia
todavía no es firme al haber sido recurrida ante el
Tribunal Supremo. La petición será planteada por el
Ministerio Público en una vista de cuatro días
celebrada en la Audiencia Provincial a partir del
próximo 18 de septiembre. Tras escuchar a las
partes, será la sección primera la que determine si
procede el internamiento en un centro penitenciario.
El coordinador del Ministerio Público en Alicante,
José Antonio Romero, ha solicitado el ingreso en
prisión provisional de Cortés Escobedo, Manuel
Pinteño, Juan José Garfia, Héctor Guillén, Vicente
Gómez Cortés, Francisco Sánchez García y Miguel
Aguado, todos ellos condenados a penas de entre 25 y
106 años de cárcel por su implicación en el motín de
Fontcalent.
Romero, responsable de ejercer la acusación en este
caso, señaló ayer que el pasado mes de mayo ya
solicitó el ingreso en prisión de los seis
condenados, a pesar de que la sentencia se había
recurrido ante el Tribunal Supremo y el fallo
judicial todavía no es firme.
Según Romero, aunque la sentencia no sea firme, la
ley permite que se cumpla la mitad de la condena
mientras el Alto Tribunal resuelve el recurso
presentado. De hecho, aunque todos los procesados ya
consumieron el plazo máximo de cuatro años de
prisión provisional permitido por la legislación, al
haberse producido un fallo judicial «el cómputo es
diferente», señaló el fiscal. Excepto Vicente Gómez
Cortés y Miguel Ángel Aguado, actualmente en
libertad, todos los demás están ingresados en un
centro penitenciario «por otros delitos que han
cometido».
Aunque el fiscal ha solicitado el ingreso en prisión
de los principales implicados en el motín de
Fontcalent, deberá de ser la sección primera de la
Audiencia la que decida si procede que los penados
empiecen a cumplir la sentencia. Para ello está
convocada una vista de cuatro días de duración que
empezará el próximo 18 de septiembre, en la cual
deberán de comparecer los afectados por el fallo
judicial.
Según el fiscal jefe, por ahora se ha podido citar a
cuatro de los seis condenados. Vicente Gómez Cortés,
considerado uno de los cabecillas de la revuelta,
está en paradero desconocido desde que se dictó la
sentencia a finales de marzo, por lo que se
encuentra en busca y captura. Al sexto condenado,
Miguel Aguado, se le comunicará personalmente la
necesidad de que comparezca en la sala de vistas, ya
que actualmente está en libertad.
El abogado de Cortés Escobedo, Enrique Botella,
señaló ayer que todavía no se le había notificado la
celebración de la vista y calificó de «absurda e
inoportuna» la petición del fiscal. «Excepto dos que
están en libertad, el resto de condenados están en
prisión por otros delitos. Por eso no tiene sentido
que se solicite el ingreso en la cárcel, a no ser
que la única finalidad sea para evitar que se les
concedan permisos», señaló el letrado.
Sentencia
La sentencia se hizo pública el pasado 31 de marzo.
En el fallo judicial, el tribunal condenaba a 525
años de prisión a diez procesados por su implicación
en el motín ocurrido en la prisión de Fontcalent en
noviembre de 1990. De los otros dos acusados, uno
fue absuelto y al otro tan sólo se le impuso una
multa por atentado.
De los diez condenados a penas de prisión, tres
fueron sentenciados a menos de cuatro años de
cárcel, por lo que se considera que ya han cumplido
el fallo judicial con el tiempo que pasaron en
prisión provisional mientras se instruía el caso.
En la sentencia, el tribunal encontraba probado que
Cortés Escobedo, Vicente Gómez y Juan José Garfia
fueron los cabecillas de la revuelta que comenzó el
12 de noviembre de 1990 en Fontcalent y que acabó
tres días después, tras retirarse la mayoría de los
internos a sus celdas.
De acuerdo con el fallo judicial, los amotinados
secuestraron a ocho funcionarios, asaltaron la
farmacia de la prisión y decidieron matar al interno
Chokry B. para presionar a las autoridades. Según
los magistrados, en el apuñalamiento participaron
Francisco Sánchez García, Miguel Aguado y Cortés
Escobedo. Sin embargo, no quedó acreditada la
intervención en el crimen de Vicente Gómez Cortés ,
en contra de lo mantenido por una sentencia anterior
que fue anulada por el Tribunal Supremo al
considerar que se habían vulnerado los derechos
fundamentales de los acusados al tener que declarar
por videoconferencia. |
6/09/06
| Esta es la denuncia
que hace el diputado nacional del PP de Cádiz, Aurelio
Sánchez, que critica la política de prisiones que está
llevando acabo el Gobierno del PSOE, al que acusa de no
haber convocado plazas para los funcionarios de Puerto
III. Asimismo, los populares insisten en la falta de
efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil |
El
dirigente popular, Aurelio Sánchez, asegura que “en
Puerto II hay 934 internos, cuando la capacidad es
de 788 y en Algeciras hay 1.635 internos, cuando la
capacidad es de 1.008”.
Este estado de saturación es una constante en todo
el país debido al notable incremento que ha
experimentado la población reclusa en los últimos
años. Aurelio Sánchez se remite a las cifras y
recuerda que “mientras que en 1990 había 33.068
presos, en 2006 la cifra se ha alzado hasta los
64.415. Sólo en el periodo de enero a junio de este
año, la cuantía de reclusos ha aumentado en 2.361
presos en toda España”.
El diputado del PP culpa al ejecutivo del PSOE de
“no hacer nada que no hubiera estado previsto por el
PP”, refiriéndose con esto a las tareas de
remodelación de Puerto II, el inicio de las obras de
construcción de Puerto III, la edificación de la
cárcel de Algeciras y el proyecto de creación de
tres Centros de Inserción Social, que se llevaron a
cabo “con el PP el centro de Jerez, mientras que de
los de Cádiz y Algeciras no se sabe nada con el
PSOE”.
En lo que se refiere a Puerto III, Sánchez Ramos
apunta, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de
Cádiz, que “aunque las obras avanzan a buen ritmo y
se espera que concluyan en la primavera de 2007, el
Gobierno no ha convocado plazas para dotar de
funcionarios a este centro, ya que sólo se han
convocado para toda España 650 plazas y este centro
necesita cerca de 500 funcionarios”.
GUARDIA CIVIL
Otro cuerpo de funcionarios que se suma a la
denuncia de la falta de efectivos es la Guardia
Civil, ya que según asegura Sánchez Ramos “desde que
Gobierna el PSOE la cifra de guardias civiles no se
ha visto incrementada y si se comentaba que faltaban
500 policías, éstos siguen faltando”.
En el caso de los medios marítimos, la situación ha
empeorado, debido a que esta falta de personal se ha
visto agravada al cederse dos embarcaciones de
Algeciras a Ceuta y una desde Cádiz a Senegal.
POLICÍA NACIONAL
Los policías tampoco se libran de esta situación, a
juicio de los populares. En Andalucía faltan entre
1.000 y 1.500 profesionales, de los cuáles nuestra
provincia requiere unos 174 policías más, o estos
eran los datos de un catálogo que se hizo hace más
de diez años.
Por poblaciones, el déficit se cifra en: 44 policías
en Cádiz, 44 en Algeciras, 5 en Tarifa, 27 en Jerez,
50 en El Puerto de Santa María y 4 en Sanlúcar.
En este contexto de escasez de funcionarios, Sánchez
Ramos exige al Gobierno una explicación sobre “cómo
piensa cubrir el déficit que tiene la provincia de
Cádiz en materia de seguridad”.
|
07/09/2006
| Fue condenado a 86
años de prisión en marzo tras los incidentes en el penal |
Agentes
de la Comisaría de Gandia han detenido a Vicente
Gómez Cortés, vecino de Oliva, que fue condenado a
86 años de prisión el pasado mes de marzo tras la
repetición del juicio por el motín de Fontcalent. La
Audiencia Provincial de Alacant dictó una orden de
detención contra él ya que se encontraba en paradero
desconocido tras dictarse la sentencia.
Gómez Cortés era uno de los acusados que se
encontraba en libertad al no haber una sentencia
firme por estos hechos. De todas maneras, su ingreso
en prisión no era inmediato ya que la sentencia no
se iba a ejecutar hasta que el Tribunal Supremo
resuelva el recurso presentado por el nuevo juicio.
Si permanece o no en prisión será valorado por los
magistrados de la Audiencia, en función de las
circunstancias en las que se encuentre.
Vicente Gómez había sido detenido hace sólo un mes
también por la Policía Nacional gandiense acusado de
diversos robos en vehículos y tras emitirse la orden
de búsqueda y captura se procedió a buscarlo en la
barriada de Santa Anna, donde fue detenido por los
agentes y puesto a disposición judicial.
Gómez Cortés fue condenado por ocho delitos de
detención ilegal, quebrantamiento de condena,
atentado y robo a la pena de 86 años de prisión tras
los incidentes ocurridos en el penal alicantino en
el año 1990, y era uno de los acusados para los que
se pedían las penas más elevadas. En este nuevo
proceso, fue absuelto del delito de asesinato de un
preso argelino por falta de pruebas. De los 86 años
de prisión, el límite de cumplimiento es de 30 años. |
07/09/2006
| Ignacio Javier Bilbao
Goikoetxea "Basur" ha sido juzgado por otras amenazas
terroristas al juez Baltasar Garzón |
El
etarra Ignacio Javier Bilbao Goikoetxea ha amenazado
hoy violentamente con "pegar siete tiros" y
"arrancar la piel a tiras" al presidente del
tribunal que lo ha juzgado por amenazas terroristas
al juez Baltasar Garzón y ha insistido en que
continuará en la lucha armada hasta que muera o le
maten.
Bilbao Goikoetxea, que ha vuelto a amenazar a Garzón
mientras éste testificaba en la vista oral, ha
tenido que ser reducido por varios policías mientras
insultaba a gritos al presidente del tribunal,
Alfonso Guevara, y pegaba patadas a los cristales de
la cámara blindada.
El fiscal Jesús Santos, que ha pedido que se
dedujera testimonio de lo ocurrido por un delito de
amenazas, ha reducido su petición de pena de 12 años
y siete meses a dos años de prisión por coherencia
con una sentencia anterior de la misma sala y por
proporcionalidad de la pena.
Santos considera probados los hechos y ha señalado
que el acusado había vuelto a reiterar hoy sus
amenazas contra Garzón además de recordar que Bilbao
es un militante activo de una organización
terrorista que tiene capacidad para desarrollar
actos violentos contra las personas a partir de
informaciones que pueden salir de los centros
penitenciarios.
El fiscal ha calificado de "patética" y "ridícula"
la actitud del acusado, quien ha gritado en varias
ocasiones que creía en la lucha armada "como única
solución" y que seguiría en ella hasta conseguir que
Euskadi fuera "libre".
Larga lista de insultos
Bilbao Goikoetxea ha sido juzgado hoy por las
amenazas terroristas que profirió contra Garzón en
el despacho del magistrado en la Audiencia Nacional
el 8 de mayo de 2003. "Fascista", "enano mental",
"cabrón", "borracho", "parásito" y "cerdo" han sido
algunos de los insultos que el etarra ha dirigido
continuamente contra el presidente del tribunal, que
ordenó a los policías que le esposaran y redujeran
por las violentas patadas que daba contra el cristal
blindado.
Entre tres y cuatro agentes han mantenido sujeto al
etarra y de cara a la pared durante las
intervenciones del fiscal, Jesús Santos, y la
declaración de Garzón como testigo, durante las que
no ha cejado en su actitud. "Pienso cumplir lo que
te dije, cabrón"; "no me olvido de ti, fascista",
"estate seguro de que te voy a dar en la cabeza", le
ha espetado también a Garzón mientras el magistrado
relataba al tribunal lo sucedido en su despacho en
2003.
En aquella ocasión, durante una declaración
indagatoria para comunicarle su procesamiento por
pertenencia al "complejo Donosti", Bilbao derribó
una cruz de Caravaca que allí tenía el juez, rompió
los folios del auto y se los lanzó.
Numerosas amenazas
Esta vez no era la primera en la que el etarra
amenazaba a Garzón ya que lo había hecho
anteriormente el 17 de marzo de 2003 cuando le
apuntó con su mano simulando a la pistola e hizo el
gesto de disparar, hechos por los que fue condenado
en marzo del pasado año a dos años de prisión.
Precisamente durante ese juicio, Bilbao hizo el
mismo gesto de disparar apuntando con la mano al
tribunal.
Otros magistrados de la Audiencia Nacional han sido
objeto también de amenazas similares por parte de
Bilbao como Fernando Andreu y Teresa Palacios.
Asimismo, simuló también disparar con el dedo al
presidente de la Sala que le juzgó por el asesinato
en marzo de 2002 del concejal socialista de Orio
(Guipúzcoa), muerte por la que fue condenado a 45
años de prisión. |
8/09/2006
El
nuevo cuartel de Alboc sser, necesario debido a la
nueva cárcel que se está construyendo en esa
localidad, será "muy difícil" que esté finalizado a
tiempo de la puesta en marcha del centro
penitenciario que se ubicará en esa localidad,
prevista para finales del 2007. Así lo reconocieron
ayer el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles;
y el teniente coronel de la Guardia Civil, José
Manuel Díez Cubelos, quienes expresaron la
dificultad existente en la búsqueda de los terrenos
adecuados para la construcción del nuevo penal. El
subdelegado, incluso planteó la posibilidad de
buscar terrenos en otros municipios cercanos, si
bien expresó la confianza en que, finalmente, el
nuevo cuartel se encuentre, por necesidad e
idoneidad, en la misma localidad donde se ubicará la
nueva prisión.
No obstante, Calles resaltó la mejora de las
infraestructuras de la Guardia Civil en la
provincia, al destacar la construcción de seis
cuarteles, además del de Alboc sser, en las
localidades de Vilafamés, Morella, l´Alcora, Onda,
Montanejos y Almassora, así como la regeneración
integral en los de Segorbe, Atzeneta y la Vall
d´Uixó. En este sentido, destacó que este
saneamiento de las infraestructuras es posible
gracias al convenio suscrito por la Diputación
Provincial y la Dirección General de la Guardia
Civil, por el que aportan 240.000 y 340.000 euros
respectivamente, que supone "el mayor índice de
inversiones" de este tipo "en la historia de la
provincia".
Sin embargo, cabe recordar que arquitectos y
técnicos encargados de la revisión de los cuarteles
habían detectado aluminosis en, al menos, los
puestos de Oropesa y Sant Mateu, como ya publicó
este periódico. Se trata de un defectuoso sistema de
construcción que provoca la paulatina pérdida de
firmeza en las estructuras del edificio.
Tras la detección de esa alteración progresiva de
los hormigones causada por un cemento aluminoso
usado en las edificaciones españolas en los años 60,
el siguiente paso fue apuntalar las dependencias y
llevar a cabo el saneamiento de los citados
edificios. |
8/09/06 |
Un
total de 18 reclusos de cárceles dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias se
quitaron la vida de enero a agosto de este año, seis
menos que en el mismo periodo de 2005, informó hoy
el departamento dirigido por Mercedes Gallizo con
motivo de la celebración de una jornada de reflexión
sobre las conductas suicias en el medio
penitenciario.
En su transcurso, Gallizo reiteró la preocupación de
la Administración Penitenciaria por reducir el
número de muertes en prisión y prevenir las
conductas suicidas. Para ello, se han adoptado
diversas medidas para implicar a todos los
trabajadores penitenciarios en la detección de
síntomas de conducta autolítica. Así, se están
impartiendo cursos de formación desde hace un año a
funcionarios e internos de apoyo para reducir los
casos de muerte por suicidio.
Esta jornada, a la que asistirán casi 200
profesionales de los centros penitenciarios,
coincide con la celebración del Día Mundial de
Prevención del Suicidio que organiza la Organización
Mundial de la Salud. |
08-09-06
Al
igual que ocurría con Vicente Gómez Cortés, ya
detenido, otro de los amotinados en Fontcalent tiene
dictada una orden de busca y captura. Se trata de
Miguel Ángel Aguado Quilón, según informaron fuentes
próximas al caso.
El motín de Fontcalent resurge siete meses después
de la celebración del juicio. En abril, la Audiencia
Provincial de Alicante condenó a 526 años a 11 de
los 12 acusados de protagonizar una sublevación, en
noviembre de 1990, en la que fue asesinado un reo
argelino y retenidos varios funcionarios de
prisiones.
El juicio se repitió en noviembre de 2002, aunque el
Tribunal Supremo lo consideró nulo en 2005 porque se
había celebrado a través de video conferencia.
Según estimó el Supremo “resta derechos y garantías
de los procesados “, tal y como señaló el fallo. En
esta ocasión los imputados eran 19 y las penas para
los amotinados que ascendían a 763 años de cárcel. |
8/09/06
El
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
explicó hoy que la creación del Mando Unico para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene como
objetivo "mejorar la eficacia y la coordinación"
entre la Policía y la Guardia Civil que, según
destacó, seguirán con las mismas competencias y la
misma naturaleza. En este sentido, dejó claro que
seguirá habiendo dos cuerpos y que "el carácter
militar de la Guardia Civil no se va a tocar".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, el titular de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, hizo hincapié en que "coordinación en
trabajo policial es sinónimo de eficacia". "Tratamos
se de ser más eficaces en la lucha contra el crimen
organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal",
enfatizó, haciendo hincapié en este último asunto.
"Tratamos de que haya una sola cabeza al frente de
los dos grandes cuerpos de seguridad de nuestro país
para mejorar la coordinación, ser más eficaces y dar
mejor servicio a los ciudadanos", insistió. A
continuación, recalcó que con la creación del mando
único, "no se altera" ni la organización ni las
competencias de la Policía y la Guardia Civil.
SE REFUERZA LA PROFESIONALIDAD
El hasta ahora director general de Benemérita, Joan
Mesquida, ocupará la Dirección General de la Policía
y la Guardia Civil, en la que se refundirán las
direcciones generales de los dos cuerpos existentes
hasta ahora. Además, sus subdirectores adjuntos
operativos se convierten en directores adjuntos
operativos, integrados en el mando único. De esta
forma, según Pérez Rubalcaba, "se refuerza la
profesionalidad de los mandos" de ambos cuerpos y se
crea un "mando único a nivel de coordinación
política".
Pérez Rubalcaba incidió en que esta reestructuración
"de gran calado" no es "una novedad" porque, además
de estar prevista en el programa electoral del PSOE,
es el final de una tarea iniciada por su predecesor
en el cargo y actual ministro de Defensa, José
Antonio Alonso. Así, recordó que durante el mandato
de Alonso ya se crearon el Centro Nacional de
Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Comité
Ejecutivo del Mando Unico de las Fuerzas de
Seguridad (CEMU).
En este sentido, avanzó que también se han
introducido algunos cambios "aconsejados por la
experiencia" en estos dos órganos, pero que no
especificó. Eso sí, señaló que con el decreto
aprobado hoy ambos se integran en la estructura del
ministerio y pasan a depender directamente del
ministro.
UNIFICACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Además, este departamento se verá reforzado con dos
nuevos organismos: El Centro de Inteligencia contra
el Crimen Organizado (CICO) y el Gabinete de
Estudios de Seguridad Interior (GESI). Pérez
Rubalcaba detalló que el CICO, cuya creación ya
anunció en el Congreso, busca garantizar la
coordinación contra este tipo de delincuencia y,
sobre todo, "generar inteligencia compartida entre
los dos cuerpos" para realizar esta tarea. Respecto
al GESI, comentó que en el se refundirán todos las
áreas encargadas de elaborar estadísticas, para que
haya "una sola estadística en el ministerio".
Paralelamente, se ha creado una Dirección General de
Relaciones Internacionales y Extranjería, que
dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad, y
en la que se agruparán las unidades que, en
distintas áreas del ministerio se ocupaban de este
asunto. El objetivo es dar a este área "más nivel
nivel político" y conseguir que España esté "más
presente en todos los foros internacionales en los
que se habla de inmigración ilegal".
Como ejemplo, Pérez Rubalcaba explicó que el asesor
de su gabinete que se encargaba de las relaciones
internacionales pasa a ser director general. Por
debajo de esta figura se situará la coordinación de
los agregados del ministerio de las embajadas y
todos los órganos que se encargan de este asunto.
Para este puesto ha sido nombrado Arturo Avelló Díez
del Corral.
VÍCTIMAS E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
También se ha creado la Dirección General de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, que ocupará José Manuel
Rodríguez Uribes, y que aunará todas las unidades
que existen en la Administración para atender a este
colectivo.
La reestructuración del Ministerio del Interior se
completa con la adscripción a la Secretaría de
Estado de Seguridad de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, a la que se dota de
una nueva Subdirección General de Medio Abierto y
Medidas Alternativas.
El ministro destacó que esta modificación permite
que el secretario de Estado de Seguridad tenga bajo
su mando "los dos elementos de la política contra la
delincuencia, la persecución y, en su caso, el
encarcelamiento".
Por su parte, la Dirección General de
Infraestructuras y Material de Seguridad, encargada
de gestionar las inversiones, se traslada a la
Subsecretaría del Departamento.
Por último, los cambios han afectado también a la
Dirección General de Protección Civil en la que,
según el ministro, se potenciarán algunos aspectos y
que ocupará Francisco Javier Velázquez, en
sustitución de Celia Abenza. |
8/09/06
La
prisión de Villabona festejará el próximo día 22 la
festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona
de la institución, con la entrega de menciones
honoríficas a distintos funcionarios del centro. El
acto tendrá lugar tras la celebración de una misa en
el salón de actos del centro penitenciario.
La festividad de la patrona de La Merced congrega
cada año a autoridades civiles, militares y
religiosas de la comunidad autónoma. El año pasado,
tras una misa oficiada por el arzobispo de Oviedo,
Carlos Osoro, se distinguió a tres trabajadores de
la prisión con 25 años de servicio. Además, se hizo
una mención especial al funcionario F. B. G.,
distinguido por su valentía después de que el año
anterior salvara la vida a un interno del módulo de
aislamiento de la prisión de Madrid III, donde
estaba destinado y donde se había declarado un
incendio. El preso, explicaron entonces fuentes
penitenciarias, se había quedado atrapado entre las
llamas y el funcionario «entró a por él», sin
importarle el riesgo en que ponía su vida. Por su
parte, el director del centro penitenciario, José
Carlos Díez de la Varga, aprovechó el discurso que
pronunció durante la celebración para recordar que
«la cárcel es, o yo creo que debería ser, cosa de
todos, y no sólo de los trabajadores penitenciarios.
Son necesarias ayuda y colaboración».
Tras la misa, que comenzará a las doce de la mañana,
y las menciones honoríficas se servirá un vino
español en el mismo centro penitenciario. |
09-09-06
UNO
de los signos más extraños de nuestra época es que
nos gusta más recordar a la gente que hizo el mal
antes que a la gente que hizo el bien. Si pensamos
en nuestra guerra civil, por ejemplo, podemos citar
cientos de nombres de personajes históricos que
cometieron o que permitieron toda clase de
barbaridades, pero es dudoso que recordemos el
nombre de una sola persona que hizo cuanto estuvo en
su mano por evitar el sufrimiento ajeno. El
anarquista sevillano Melchor Rodríguez, que fue
delegado de prisiones en el Madrid sitiado del otoño
de 1936, es una de esas escasas personas que
lograron arrojar un poco de luz en medio de la
oscuridad de una guerra despiadada. Por supuesto que
hoy en día no se acuerda nadie de él, y así seguiría
siendo si el poeta Enrique Baltanás no lo hubiera
evocado en una de las entradas de su blog.
A mí me habló de Melchor Rodríguez uno de los
periodistas más valientes que conozco, el vasco
Santiago González, quien lleva mucho tiempo
enfrentándose a ETA desde sus columnas de El Correo
de Bilbao. Un día hablábamos de los peligros de
resucitar de forma partidista la Guerra Civil,
culpando a los políticos de ahora de los crímenes de
hace setenta años, cuando Santiago González mencionó
a Melchor Rodríguez, el anarquista que salvó la vida
de cientos de presos franquistas encerrados en la
Cárcel Modelo de Madrid. Yo no sabía nada de aquel
hombre, así que Santiago González me contó la
historia.
En noviembre de 1936, la aviación nacional bombardeó
Madrid. Un grupo de milicianos republicanos llegó a
la prisión y quiso llevarse a varios presos
franquistas para fusilarlos en señal de represalia
(por desgracia, aquellos fusilamientos eran una
práctica habitual en los dos bandos, sobre todo en
el franquista). Melchor Rodríguez, que acababa de
ser nombrado delegado especial de prisiones, se
opuso. Los milicianos –entre los que cabe imaginar a
algunas malas bestias como el etarra Iñaki Bilbao,
ése que le gritó a un juez que le iba a arrancar la
piel a tiras– se pusieron farrucos y lo amenazaron
con fusilarlo también a él. Pero Melchor Rodríguez
era un hombre valiente. Cogió una pistola, ordenó
que los guardias de la cárcel defendieran las celdas
y cerró el paso a los milicianos. Al ver la firmeza
de aquel hombre, los milicianos se fueron. Uno de
los presos que se salvó de ser fusilado fue el
escritor falangista Rafael Sánchez Mazas. En la
novela Soldados de Salamina, Javier Cercas se
inventó a un miliciano ficticio que le había salvado
la vida a Sánchez Mazas en un bosquecillo de Gerona.
Me pregunto si Javier Cercas ha oído hablar alguna
vez del personaje real que le salvó la vida a
Sánchez Mazas en la Cárcel Modelo de Madrid.
De Melchor Rodríguez se saben pocas cosas. Nació en
Sevilla en 1893, fue chapista, se fue a vivir a
Madrid y fue nombrado director de prisiones durante
la guerra. Es probable que no sintiera ningún
respeto por las ideas políticas de los presos
franquistas cuya vida salvó, poniendo en riesgo su
propia vida. Y es seguro que desde su propio bando
lo acusaron de ser un traidor o un quintacolumnista,
aunque a él le dio igual. A pesar de la muerte y de
la violencia que tuvo que ver a diario, él supo que
la vida de un hombre, de cualquier hombre, es
sagrada. |
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