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3/08/06
| Advierte que la
situación puede ser una "bomba de relojería" porque
ahora se expulsan entre 1.600 y 1.800 extranjeros al año
por delitos |
El Presidente nacional de la Agrupación de
Cuerpos de la Administración e Instituciones
Penitenciarias (ACAIP), José Ramón López Santamaría,
expresó hoy su preocupación ante la reforma del
Código Penal que deja en manos del juez si el
inmigrante en situación irregular que ha delinquido
es expulsado o cumple su pena en España.
"Creemos que ante la presión social de aumentar la
seguridad en la calle los jueces aplicarán la
condena para su cumplimiento en las cárceles
españolas. Esto incrementará las cifras de presos y
de gasto público", afirmó en declaraciones en Onda
Cero recogidas por Europa Press.
Para el presidente sindical está medida "no tiene
sentido" dada la saturación de las cárceles
españolas. "La expulsión automática de irregulares
que se enfrentaban a penas menores suponía que
anualmente entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran
expulsados y cumplían condena en sus países de
origen", agregó.
"La inseguridad civil hace que se produzcan
continúas reformas penales que alargan las condenas
y suprimen beneficios penitenciarios a los presos,
lo que provoca que el sistema penitenciario cada vez
crezca más y sea más mantenido en el tiempo sin una
salida de personas como las de hace 8 o 9 años",
explicó.
SITUACIÓN CRÍTICA
Según Santamaría, las cárceles españolas se
encuentran en una "situación crítica" puesto que,
argumentó, "a este ritmo de crecimiento en pocos
meses podemos alcanzar los 700.000 presos, una cifra
disparatada para la población de este país". Apuntó
que a día de hoy, hay casi 64.000 internos en el
sistema penitenciario español, lo que implica que
España sea el primer país en el ratio presos por
cada 100.000 habitantes. "Esto no había ocurrido
nunca y esta provocando una quiebra del sistema
penitenciario", sentenció.
Indicó que la Administración Central excluida
Cataluña cuenta con 31.600 plazas en las cárceles
españolas, lo que supone un porcentaje de
hacinamiento cercano al 180 por ciento. "Dentro de
muy poco tiempo estaremos al límite del sistema
porque ya existe un número muy importante de centros
modernos, denominados 'centros tipos', donde no
puede haber más de 2 internos por celda, en estos
centros no se pueden tener más población reclusa de
la que ya hay, que ya supera los 1.800-1.900
internos, una cifra que para un único centro
penitenciario supone un peligro potencial", agregó.
Hasta la inauguración de la nueva cárcel Puerto 3 en
Cádiz en aproximadamente un año, el presidente de
Acaip opinó que en este tiempo las cárceles
"pueden ser una bomba de relojería porque no se
están tomando medidas para parar la situación".
En este sentido, el presidente del sindicato afirmó
que "la inexistencia de un espacio vital para los
reclusos se convierte en un aumento de tensión y
conflictividad, lo que supone que en cualquier
momento puede surgir un conflicto interno".
INMIGRANTES: UN TERCIO DEL TOTAL DE POBLACIÓN
RECLUSA
Según los datos ofrecidos por Santamaría, los
inmigrantes representan la tercera parte de la
población reclusa, es decir 19.100 internos
extranjeros. "Una cifra que se ha ido incrementando
de forma exponencial en los últimos 5 años, en el
2000 apenas existían 7.000 internos extranjeros, y
la tendencia es que seguirá incrementándose la
cifra", añadió.
"Tiene su explicación en que los censos (que sitúan
la población inmigrante en un 9 por ciento) no
contemplan una población extranjera ilegal muy
importante y, porque actualmente a muchos
extranjeros sin papeles y sin arraigo en España se
les detiene por la presunta comisión de un delito e
ingresan en prisión sin que se les aplique ningún
tipo de libertad provisional hasta el juicio, como
ocurriría a un nacional", explicó.
En otro orden de cosas, apuntó que la transferencia
a Cataluña de competencias penitenciarias es
"profundamente insolidaria" porque la Administración
Central asume toda la carga de los presos más
peligrosos, incluidos islamistas y terroristas.
"Cataluña no tiene ninguno de estos presos, están
todos en la Administración Central del Estado",
concluyó. |
3/08/06
| DENUNCIA DE LOS
FUNCIONARIOS DE PRISIONES |
Palma
tendrá una cárcel específica para mujeres reclusas
con hijos, un proyecto pionero que también se pondrá
en marcha en otras ciudades españolas.
Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de
Palma firmaron ayer un protocolo por el cual la
Corporación local cederá dos solares en el polígono
de Levante que albergarán un centro de reinserción
para presos de tercer grado y una unidad para madres
reclusas con hijos.
La unidad para madres reclusas con hijos «no va a
ser un centro tradicional», dijo ayer la directoral
general de Prisiones, Mercedes Gallizo, sino que su
distribución y organización estará diseñada para que
«pueda vivir un niño sin ningún tipo de sufrimiento»
y, aunque tendrá «medidas de seguridad, vigilancia y
control», «no va a ser una cárcel», detalló. Esta
infraestructura, que se complementará con proyectos
de integración, tendrá capacidad para 15 reclusas
con hijos. |
3/08/06
El objetivo es que los niños estén en las mejores
condiciones |
La
cárcel de Valencia junto con la de Baleares,
Canarias, Madrid y Andalucía serán las primeras en
albergar una cárcel habilitada específicamente para
las madres con niños pequeños. De esta manera se
pretende prevenir a los pequeños del ambiente que se
vive en otros módulos de la cárcel y que no es el
mejor para su desarrollo. Esta cárcel tendrá una
capacidad para quince reclusas para garantizar que
sus hijos unas condiciones de vida «más
convenientes» y «adecuadas» durante los tres
primeros años de su infancia que pasen en el centro
penitenciario, según afirmó ayer Mercedes Gallizo,
directora general de Instituciones Parlamentarias en
Palma.
Baleares será un de las primeras comunidades en
albergar este módulo específico tras haberse firmado
ayer un protocolo patrimonial y urbanístico mediante
el cual el Ayuntamiento de Palma cederá al
Ministerio de Interior dos solares para dicho
centro. De este modo, en estos terrenos se
construirá la cárcel para madres y el Centro de
Inserción Social (CIS) para aquellos reclusos que
cumplan condena de tercer grado, por lo que se les
permite gozar de permisos penitenciarios para poder
salir de la cárcel.
Con estas prisiones, según apuntó Gallizo, se
pretende garantizar unas condiciones «más adecuadas
y agradables» para los niños ya que actualmente las
nueve reclusas que hay en Palma y tienen hijos con
ellas están ubicadas en módulos que «no son muy
recomendables para ellos». Además la directora
general apuntó que aunque el actual espacio «está
bastante adecuado a los niños no deja de ser una
cárcel y el trauma está en el momento de volver a la
celda para irse a dormir». |
3/08/06
Un
nuevo convenio con el Estado, e n
este caso con Instituciones Penitenciarias, permite
al Ayuntamiento de Segovia recuperar el 85% de la
parcela que alberga las instalaciones de la antigua
cárcel, hacerse con la propiedad del penal que el
arquitecto Odriozola construyó a finales del siglo
XIX y favorecer la construcción de veinte viviendas
cuya venta servirá para financiar la rehabilitación
del inmueble, el cual irá perfectamente encajado en
el nuevo barrio que en los próximos años surgirá en
los alrededores de la plaza de toros.
Ayuntamiento y Gobierno escenificaron la firma del
acuerdo en el que han venido trabajando desde enero.
Los veinticinco presos que aún cumplen sus penas en
la vieja cárcel de partido en régimen abierto serán
trasladados a la prisión de Perogordo, donde
próximamente se levantará un nuevo módulo especial
con 50 plazas para este tipo de internos, según
explicó el subdelegado del Gobierno, Juan Luis
Gordo.
El Ayuntamiento recobrará la titularidad de la
parcela de la avenida de Juan Carlos I, edificio de
Odriozola incluido. |
3/08/06
Los
funcionarios de prisiones temen un incremento
desmesurado en el número de reclusos tras la reforma
del Código Penal que proyecta el Gobierno. De ser
aprobado en el Congreso, el nuevo texto legal
permitirá a los tribunales que juzguen a extranjeros
irregulares por la comisión de delitos menores -los
castigados con penas inferiores a seis años- decidir
entre la expulsión o el ingreso en prisión.
Los trabajadores de las cárceles sospechan que la
reforma provocará más condenas y, por tanto, centros
de reclusión aún más a rebosar. El presidente del
sindicato de funcionarios de prisiones (ACAIP),
José Ramón López Santamaría, expresó ayer la
preocupación del sector por las consecuencias que
puede tener ese proyecto, ahora en manos del Consejo
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado
para su estudio.
Presión social
«Creemos que, ante la presión social para que
aumente la seguridad en la calle, los jueces
aplicarán la condena para su cumplimiento en
cárceles españolas, y eso incrementarás las cifras
de presos y el gasto público», alegó el
representante sindical. ACAIP considera esta
iniciativa un sinsentido por la «saturación» que, a
su parecer, padece ya el sistema penitenciario.
Según las cifras que maneja el sindicato, la
expulsión automática de irregulares que se
enfrentaban a penas menores suponía que, cada año,
entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran echados de
forma automática y tenían que cumplir sus condenas
en sus países de origen. Si esas medidas dejan de
aplicarse, las prisiones españolas tendrán que
absorberlos a todos.
Los funcionarios consideran que la inseguridad
ciudadana motiva continuas reformas penales, que
casi siempre endurecen las condenas contra los
delincuentes y suprimen beneficios penitenciarios.
Eso «provoca que el sistema penitenciario cada vez
crezca más», recalcó López Santamaría en Onda Cero.
El presidente de ACAIP denunció que «la situación
penitenciaria ahora mismo es crítica». |
3/08/06
| Los dos presos fueron
trasladados a un departamento especial del centro
penitenciario |
La
dirección de la cárcel de Sangonera, en Murcia,
informó hoy de que la pasada madrugada se abortó el
intento de fuga de dos internos del citado centro
penitenciario.
Los hechos ocurrieron, según las mismas fuentes,
sobre las 3,30 horas cuando los funcionarios del
servicio de vigilancia del centro penitenciario
detectaron y abortaron el intento de fuga.
Los dos internos realizaron un agujero en su celda y
subieron a los tejados, momento en el que fueron
localizados por los servicios de vigilancia, que los
redujeron sin tener que utilizar la fuerza, indicó
la dirección en un comunicado.
Los dos presos fueron trasladados a un departamento
especial del centro penitenciario, informaron las
mismas fuentes |
04-08-06
El
15 por ciento de los reclusos andaluces no pueden cumplir
su pena dentro de la comunidad, por lo que a la privación
de libertad se une como castigo extra el desarraigo y el
alejamiento de su familia. En Andalucía además no hay
ayudas para que las familias puedan visitar a los presos
encarcelados lejos, según denunció ayer la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía.
El hacinamiento en las cárceles andaluzas, al 173 % de su
capacidad, según datos del sindicato de prisiones ACAIP,
es la causa de que «se imcumpla el principio básico de
arraigo a la hora de ubicar a un preso en una cárcel». Así
lo expusieron ayer en rueda de prensa en Cádiz, el
presidente de Pro Derechos Humanos en Andalucía, Rafael
Lara y el abogado de esta ONG, Javier Zamorano.
La mayor tasa de presos de la UE
Rafael Lara destacó que España tiene la tasa más elevada
de población reclusa de la Unión Europea , con más de
63.000 presos para sólo 31.000 plazas de prisión. Esto
supone unos niveles de ocupación que rozan el 180 por cien
y que dan lugar a «numerosas violaciones de los derechos
humanos», una de las cuales es el desarraigo de los presos
que no pueden cumplir condena en su provincia de origen ni
en su comunidad. Los responsables de la ONG destacaron que
«debido a la masificación de las cárceles es imposible
aplicar el principio de arraigo, cuando este debe ser el
primer criterio para decidir a qué centro se envia a una
persona». Según datos de Derechos Humanos, en España
14.431 presos cumplen la pena fuera de sus comunidades de
origen» y en el caso concreto de Andalucía es «el 15 por
ciento de la población reclusa la que cumple fuera». A
este hecho se añade el que «las familias de los reclusos
andaluces no cuentan con ningún tipo de ayudas para ir a
visitarlos cuando se les destina a prisiones alejadas».
Rafael Lara, denunció también el «alarmante» incremento de
la población reclusa en España, donde actualmente existen
más de 63.000 presos. Según dijo se trata de la tasa «más
elevada de la Unión Europea, con 146 encarcelados por cada
100.000 habitantes, seis más que en Reino Unido o
Portugal».
En este sentido aseveró que el Plan Estatal de Creación y
Amortización de Prisiones «es ineficaz» ya que prevé la
construcción de once centros penitenciarios para 2012,
(dos de ellos en Andalucía, Morón y El Puerto III) pero
para entonces «la cifra de reclusos se habrá incrementado
en 41.000 internos, más del doble del número de plazas
prometidas», que cifró en unas 20.000. A modo de ejemplo
aludió a la macroprisión Puerto III, en construcción, que
con el ritmo de crecimiento actual, «en sólo cien días
desbordará su capacidad para 1.700 reclusos» lo que, a su
juicio, demuestra la «incapacidad del sistema para dar
solución al hacinamiento de internos» entre otras razones
porque el crecimiento de la población reclusa está
disparado: desde 1990 ahora se ha duplicado el número de
reclusos.
Asimismo, según datos de sindicato de prisiones ACAIP,
el aumento de la población reclusa en Andalucía en el año
2005 supuso el 36 por ciento del nacional y otro dato a
destacar es el enorme incremento que está teniendo el
porcentaje de extranjeros en las cárceles andaluzas: desde
el año 2000 ahora ha sido de un 126,33 por ciento. Otro
dato alarmante que aporta este sindicato es que sólo en
los tres primeros meses de este año 2006 la población
reclusa española se incrementó en 1.337 presos, los
suficientes para llenar una carcel entera.
El fin de la reinserción
Esta masificación de las cárceles supone el «fin de la
reinserción», según destacó el abogado y asesor jurídico
de APDH-A, Javier Zamorano, quien añadió que la conclusión
de todas estas circustancias es que «personas que deberían
estar siendo tratadas de sus enfermedades (un gran
porcentaje de los presos padece trastornos mentales y
toxicomanías) a fin de eliminar de su personalidad el
factor que las sitúa en la delincuencia se encuentran como
alternativa a su resocialización con cáreles masificadas,
donde la mayoría de las veces se obvia su patología,
cuando no son enviados lejos de su familia y entorno lo
que hace más difícil si cabe esa resocialización».
Por estos motivos, Derechos Humanos propone, que «en lugar
de crear macroprisiones se invierta en centros de
rehabilitación de toxicómanos o de resocialización» que
«disminuirían la población reclusa». En este sentido,
Rafael Lara destacó que sólo en Andalucía hay 13.749
reclusos en la actualidad, de los cuales 3.091 están en
prisión preventiva y 9.545 en calidad de penados. Una
situación que el presidente de la APDH-A calificó de
«estrepitoso fracaso social» originada por la aplicación
de políticas penitenciarias, de drogas y de prisión
preventiva «erróneas» por lo que abogó por una «reforma»
de los códigos Civil y Penitenciario.
|
04-08-06
Prisiones modifica el fichero de presos peligrosos
para incluir a reclusos comunes que puedan radicalizarse
o captar terroristas
|
Las
cárceles reúnen en un espacio reducido a lo peor de
cada casa. Y dentro de ese colectivo de casi 64.000
personas que están hoy en España, existe un
subgrupo, de lo malo lo peor, que requiere un
control especial por su peligrosidad u otros
motivos. Ésos a los que este mismo año se les han
requisado 628 armas caseras. Son los incluidos en el
llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento
(FIES). La Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha modificado la composición de ese
catálogo, para eliminar del mismo categorías de
presos inexistentes y "desfasadas", como los
insumisos, y para incluir otras nuevas. La mayor
novedad es la inclusión de aquellos presos "que sin
estar procesados o condenados por terrorismo
islamista, destaquen por su fanatismo radical, por
su afinidad al ideario terrorista y por liderar o
integrar grupos de presión o captación en el centro
penitenciario". El FIES nació en 1996 rodeado de
críticas y aguijoneado de recursos de presos contra su
legalidad. Sin embargo, dentro de los penales los funcionarios
siempre reclamaron información precisa sobre sus internos "de
alta peligrosidad, en atención a la gravedad de su historial
delictivo o a su trayectoria penitenciaria". En esa categoría,
en los primeros años del fichero, entraron los remanentes de
la llamada Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), de
carácter anarquista, organizadores de los grandes motines de
los años 70 y 80.
Las categorías iniciales de preso que conformaban el FIES
han quedado en muchos casos obsoletas, por lo que la directora
de prisiones, Mercedes Gallizo, ordenó su actualización,
teniendo en cuenta "la experiencia acumulada en estos años, la
evolución de la criminalidad en nuestro país", así como para
adaptarla a la jurisprudencia "sobre la falta de claridad de
algunos apartados" y la "anulación de algunos conceptos".
Dos categorías se han caído del FIES: la de
narcotraficantes y la de insumisos. Los primeros han sido
incluidos en el concepto más amplio de delincuencia
organizada, "más acorde con su verdadero contenido y con el
concepto de esta forma diferenciada de criminalidad",
caracterizada por "su especial peligrosidad". En esta
categoría entra también el subgrupo eliminado de internos
"vinculados a delincuencia común de carácter internacional".
En el caso de los insumisos, se elimina porque el delito ya no
existe.
El fichero se divide ahora en cinco apartados: el FIES uno,
destinado a presos sometidos a control directo por su
peligrosidad y por inducir motines y altercados; el dos,
destinado a delincuencia organizada; el tercero, apropiado
para miembros y colaboradores de bandas armadas y elementos
terroristas; el cuarto, previsto para proteger a los
funcionarios policiales y de prisiones condenados, que
requieren ser protegidos de los otros presos, y el quinto,
algo más heterogéneo, destinado a reclusos "de características
especiales".
Este apartado es el que incluye a los presos no condenados
por terrorismo islámico que se han revelado en prisión como un
nido de proselitismo. La Operación Nova, desarrollada por el
juez Baltasar Garzón tras el 11-M, reveló cómo un grupo de
fanáticos, la mayoría condenados por drogas, se habían
convertido en un imán de atracción de musulmanes, la mayoría
pobres y sin apoyo social, a los que acababan convirtiendo al
radicalismo salafista.
La posible captación intramuros de candidatos a terrorista,
dentro de lo peor de cada casa, se considera uno de los
mayores riesgos que los presos corren en prisión. Jamal
Ahmidan, El Chino, uno de los supuestos autores del
11-M que se suicidó en Leganés, se radicalizó en una cárcel
marroquí donde fue internado por un asesinato sin tintes
terroristas. Sólo una pequeña parte de los presos implicados
en los planes para volar la Audiencia Nacional desbaratados en
la Operación Nova estaba condenado por terrorismo. El resto,
por lesiones o drogas, e incluso uno por matar un amigo en
Almería tras comer juntos. |
04-08-06
Los
funcionarios lo tienen claro. La situación ahora
mismo es muy crítica. Tanto que la califican como de
"bomba de relojería", que no se desactivará hasta
que abra sus puertas la macrocárcel de Puerto 3.
Y lo peor es que creen que la masificación puede ir en aumento
tras la reforma del Código Penal. Desde la Agrupación de
Cuerpos de la Administración e Instituciones Penitenciarias (ACAIP),
el sindicato mayoritario en las cárceles gaditanas (y también
en España), tal como acaba de hacer el presidente nacional,
han expresado también a este periódico su preocupación al
dejar dicha reforma en manos del juez la decisión de si el
inmigrante en situación irregular que ha delinquido es
expulsado del país o bien cumple su pena en España.
Y a priori vaticinan que pesará la segunda decisión, la de
que los jueces apliquen la condena para su cumplimiento en
cárceles españolas, por la presión social de aumentar la
seguridad que existe en la sociedad.
Hasta ahora, la expulsión automática de irregulares que se
enfrentaban a penas menores suponía anualmente que entre 1.600
y 1.800 extranjeros eran expulsados y cumplían condena en sus
países de origen.
Además, desde el sindicato de Prisiones no dejan de llamar
la atención sobre el progresivo endurecimiento que ha habido
de las penas como causante igualmente de este grave
hacinamiento que se sufre en las prisiones. "Ahora, acusan a
uno de malos tratos y es enviado a la cárcel. Y también el que
ha hecho una conducción temeraria. Cada vez hay más presos y
mientras las leyes no cambian, no hay más remedio que seguir
haciéndolas".
En España, los inmigrantes representan la tercera parte de
la población reclusa, es decir, unos 19.100 internos
extranjeros. Una cifra que se ha ido incrementando de forma
exponencial en los últimos cinco años, ya que en el 2000
apenas existían 7.000 internos extranjeros. En las cárceles
gaditanas, estos porcentajes son inferiores. Tanto en Puerto 1
como n Puerto 2 se calcula que los presos extranjeros suponen
un 20 por ciento del total, porcentaje que sube en diez puntos
(hasta situarse en el 30 por ciento) en el caso de la cárcel
de Algeciras, Botafuegos, por la cercanía del Estrecho. |
04-08-06
Puerto
3, la macrocárcel de 1.700 plazas efectivas que se
construye a unos seis kilómetros del antiguo penal
para dar respuesta al hacinamiento que padece la
población reclusa en Puerto 2, quedará repleta en
menos de cien días después de su apertura. Con esta
previsión, representantes de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), denunciaron
ayer en Cádiz la insostenible situación que, a su
juicio, se vive en las prisiones españolas,
andaluzas y también gaditanas. Los datos que aporta
la Apdha sobre la masificación de la población
reclusa en la provincia de Cádiz vienen a coincidir,
básicamente, con los de Agrupación de Cuerpos de la
Administración e Instituciones Penitenciarias (ACAIP),
el sindicato mayoritario de funcionarios de
prisiones, que cifra en un 220,24 por ciento el
hacinamiento en el centro penitenciario de
preventivos Puerto 2 y en un 64,2 por ciento el del
centro de cumplimiento de Puerto 1.
Un portavoz de la central sindical corroboró también ayer a
este periódico la previsión de la Apdha de pronto hacinamiento
para la nueva macrocárcel de Puerto 3, que podría abrir –más
bien cerrar– sus puertas la primavera del año que viene. Según
las últimas cifras absolutas que maneja ACAIP, Puerto 1
dispone de capacidad para 247 personas, pero soportan una
presión de 384. La situación en Puerto 2 resulta todavía más
alarmante: 718 internos para una previsión de 326, panorama
que empeora el hecho de que reclusos del Centro de Reinserción
Social de Jerez, para presos en tercer grado, tengan que
pernoctar a veces en la prisió portuense. Son datos de julio
de 2005. Javier Zamorano, asesor jurídico en asuntos
penitenciarios de la Apdha actualizó y redondeó los números:
900 reclusos en un lugar pensado para 500. Las cifras no son
mejores en la cárcel algecireña de Botafuegos, que soporta,
según el sindicato de funcionarios, una tasa de hacinamiento
del 156,75 por ciento, con 1.580 reclusos en un centro
penitenciario pensado para 1.008.
Lejos de mejorar, el incremento va in crescendo a un ritmo
vertiginoso. ACAIP ha contabilizado que sólo entre el 1
de enero y el 17 de marzo de este año, la población reclusa
creció en 1.337 personas, cifra que equivale al número de
"celdas funcionales" de un nuevo centro penitenciario y un
incremento de casi el 80 por ciento respecto al total de
presos en 2005.
"Al ritmo alarmante que sigue creciendo la población
reclusa al final del primer semestre de 2006, Puerto 3, con
una capacidad efectiva para 1.700 reclusos, se llenaría en
cien días", remachó Rafael Lara, presidente de la Apdha.
España tiene una población reclusa superior de 63.000 presos y
la tasa más alta de toda la Unión Europea, con 146 presos por
cada 100.000 habitantes, por encima del Reino Unido y
Portugal.
A juicio de Lara, la situación resulta todavía más
sangrante porque sigue siendo el de los drogodependientes, el
sector social mayoritario entre rejas "a causa de una política
coercitiva equivocada". Otro grupo en alza es el de los
extranjeros. El 40 por ciento de los presos preventivos en
España lo son. Por otro lado, el 15 por ciento de la población
reclusa andaluza (14.400 personas) cumple condena fuera de la
comunidad autónoma. Lara atribuye toda esta situación al
"incumplimiento del principio constitucional del arraigo" y al
recurso "excesivo a la prisión preventiva por parte de los
jueces, en contra, incluso de la presunción de inocencia".
Todo esto deriva, a su entender, "de las modificaciones
legales introducidas por el PP y ratificadas por el PSOE y a
"un endurecimiento generalizado del sistema de penas que pone
muchas dificultades para que las personas puedan beneficiarse
de la posibilidad de cumplir penas fuera de prisión o de
medidas alternativas".
"Pese a las promesas y a la filosofía que dice inspirar la
política penitenciaria de este Gobierno, la respuesta no es
otra que un Plan de Construcción de Presidios que contempla el
levantamiento de más macrocárceles", añadió Lara.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios prevé para 2012 once nuevos grandes centros de
reclusión en España. Cuatro están ya en construcción, dos de
ellos en Andalucía, el de El Puerto y otro en Morón. Según el
asesor jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía, Javier Zamorano, estas nuevas macrocárceles
acogerán a unos 41.000 internos "más del doble de las plazas
que hay hoy en las existentes". |
NOTICIAS DE GIPUZKOA
05-08-06
|
instituciones
penitenciarias descarta que la muerte del
joven de 27 años sea fruto de un suicidio |
Un
preso ormaiztegiarra de 27 años apareció muerto el
pasado jueves en la prisión de Martutene, por causas
que a última hora de ayer se desconocían. El
portavoz de la asociación Salhaketa, Cesar Manzanos, indicó a
este periódico que aún no habían recibido ninguna notificación
oficial del trágico suceso, si bien mostró su preocupación por
la "oscuridad" con la que los responsables de las cárceles
suelen tratar este tipo de muertes.
Sin embargo, fuentes de la Dirección de Instituciones
Penitenciarias confirmaron este suceso y aseguraron que "no
existe ningún indicio que apunte a que se pueda tratar de un
suicidio", por lo que están investigando las circunstancias
del deceso, en declaraciones realizadas en la publicación
digital del diario Berria .
a la hora del
recuento El joven preso de Ormaiztegi de 27 años
fallecido, J.C., se encontraba cumpliendo una pena de cuatro
años por robo y agresión. Según recogió la página web
Berria.info , la Dirección de Instituciones Penitenciarias
informó de que fue en la mañana del jueves cuando se
percataron de que el joven ormaiztegiarra había fallecido.
Al parecer, fue en el momento en el que los funcionarios
procedían al recuento matinal de los presos, hacia las 8.00
horas, cuando se dieron cuenta de que faltaba un reo. Cuando
lo encontraron sobre su cama, J.C. ya había fallecido. Los
otros dos presos que compartían celda con él manifestaron no
haberse percatado de nada. Desde la Dirección de Instituciones
Penitenciarias aseguraron que ya se han iniciado las
investigaciones pertinentes. |
06-08-06
El número de internos en las
cárceles españolas ascendía a 63.806 a finales del mes
de julio, y casi la mitad de ellos se encuentran en
prisiones de Andalucía, Cataluña y Madrid.
|
Según
los últimos datos del Ministerio del Interior, el 92
por ciento son hombres (58.786, frente a 5.020
mujeres) y de esta población reclusa, 49.366 presos
están cumpliendo condena, mientras que el resto
-14.440- son internos preventivos.
Andalucía, Cataluña y Madrid son
las comunidades autónomas que concentran a un mayor
número de presos en sus cárceles, con una población
reclusa cifrada en 13.749, 8.949 y 8.153,
respectivamente.
Tras ellas, se sitúan Castilla y
León, con 6.963 reclusos, Comunidad Valenciana
(5.984), Galicia (4.239), Canarias (3.000) y Aragón
(2.509).
En el extremo opuesto, aparecen
los centros penitenciarios de Navarra (217), Ceuta
(263), Melilla (301) y La Rioja (384).
La cifra va en aumento
Respecto a la evolución de la
media de población reclusa, desde 1990 la cifra de
internos casi se ha duplicado, ya que en ese año era
de 33.035.
Las prisiones dependientes de la
Administración General del Estado, excluida Cataluña
por tener las competencias, están a casi el 171 por
ciento de su capacidad, según el último informe del
sindicato ACAIP, que destaca que los centros
penitenciarios con mayor tasa de hacinamiento son
los de Ceuta -con un 343 por ciento-, Santander -con
un 333-, Martutene (San Sebastián), con un 295 y
Murcia, con un 280 por ciento. |
06-08-06
| Las cárceles de
Castilla y León acogen a 6.963 presos, algo más del 10
por ciento del total de la población reclusa en España.
El número de internos en las cárceles españolas ascendía
a 63.806 a finales del mes de julio y casi la mitad de
ellos se encuentran en prisiones de Andalucía, Cataluña
y Madrid, mientras que Navarra -con 217 pre sos- es la
Comunidad que tiene menos población reclusa. |
Según
los últimos datos del Ministerio del Interior, el 92
por ciento de los reclusos que se encuentran en las
cárceles españolas son hombres -58.786, frente a
5.020 mujeres- y, de esta población reclusa, 49.366
presos están cumpliendo condena, mientras que el
resto -14.440 internos- son preventivos.
Andalucía, Cataluña y
Madrid son las comunidades autónomas que concentran a un
mayor número de presos en sus cárceles, con una población
reclusa cifrada en 13.749 internos, 8.949 presos y 8.153
reclusos, respectivamente. Tras ellas se sitúan Castilla y
León, con 6.963 reclusos; la Comunidad Valenciana, con 5.984
presos; Galicia, con 4.239; Canarias, con 3.000, y Aragón,
con 2.509.
En el extremo opuesto
aparecen los centros penitenciarios de Navarra -con 217
reclusos-, Ceuta -con 263-, Melilla -con 301- y La Rioja
-con 384-.
Respecto a la evolución
de la media de población reclusa, desde 1990 la cifra de
internos casi se ha duplicado, ya que en ese año era de
33.035 internos.
Las prisiones
dependientes de la Administración General del Estado,
excluida Cataluña -por tener las competencias-, están a casi
el 171 por ciento de su capacidad, según el último informe
del sindicato ACAIP, que destaca que los centros
penitenciarios con mayor tasa de hacinamiento son los de
Ceuta -con un 343 por ciento-, Santander -con un 333 por
ciento-, Martutene (San Sebastián), con un 295 por ciento, y
Murcia, con un 280 por ciento. |
06-08-06
Un total de 618 presos
están recluidos en el penal de El Dueso, en Santoña, y
en la Prisión Provincial de Santander, 542 de ellos
cumpliendo condena y 76 a la espera de juicio, según
datos del Ministerio del Interior, que dirige Alfredo
Pérez Rubalcaba.
Además un informe del sindicato de funcionarios ACAIP
señala a la Prisión Provincial de Santander como la
segunda cárcel con mayor índice de hacinamiento de todo
el Estado ya que su número de reclusos triplica su
capacidad oficial. |
El número de internos en las cárceles españolas
ascendía a 63.806 a finales del mes de julio, y casi
la mitad de ellos se encuentra en prisiones de
Andalucía, Cataluña y Madrid.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior,
el 92 por ciento son hombres (58.786, frente a 5.020
mujeres), y de esta población reclusa, 49.366 presos
están cumpliendo condena, mientras el resto (14.440)
son internos preventivos.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades
autónomas españolas que concentran a un mayor número
de presos en sus cárceles, con una población reclusa
cifrada en 13.749, 8.949 y 8.153 presos,
respectivamente.
Tras ellas se sitúan Castilla y León, con 6.963
reclusos, la Comunidad Valenciana (5.984), Galicia
(4.239), Canarias (3.000) y Aragón (2.509). En el
extremo opuesto aparecen los centros penitenciarios
de Navarra (217), Ceuta (263), Melilla (301) y La
Rioja (384).
Respecto a la evolución de la media de población
reclusa, desde 1990 la cifra de internos casi se ha
duplicado ya que ese año era de 33.035.
Las prisiones dependientes de la Administración
General del Estado, excluida Cataluña por tener las
competencias, están a casi el 171 por ciento de su
capacidad, según el último informe del sindicato
ACAIP, que destaca que los centros
penitenciarios con mayor tasa de hacinamiento son
los de Ceuta, con un 343 por ciento; Santander, con
un 333; Martutene (San Sebastián), con un 295; y
Murcia, con un 280 por ciento |
06-08-06
El
número de internos en las distintas cárceles españolas
ascendía a 63.806 a finales del mes de julio, y casi la
mitad de ellos se encuentran en prisiones de tres
Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, el
92 por ciento de los reclusos son hombres (58.786,
frente a 5.020 mujeres) y de esta población reclusa,
49.366 presos están cumpliendo en la actualidad condena,
mientras que el resto -14.440- son internos preventivos.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades
autónomas que concentran a un mayor número de presos en
sus cárceles, con una población reclusa cifrada en
13.749, 8.949 y 8.153, respectivamente.
Tras ellas, se sitúan Castilla y León, con 6.963
reclusos, Comunidad Valenciana (5.984), Galicia (4.239),
Canarias (3.000) y Aragón (2.509).
En el extremo opuesto, aparecen los centros
penitenciarios de Navarra (217), Ceuta (263), Melilla
(301) y La Rioja (384).
Cifras alarmantes
Los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior son
especialmente alarmantes si se atiende a la evolución de
la ocupación de las cárceles españolas en los tres
últimos lustros.Desde 1990 la cifra de internos casi se
ha duplicado, ya que en ese año era de 33.035.
Las prisiones dependientes de la Administración General
del Estado, excluida Cataluña por tener las
competencias, están a casi el 171 por ciento de su
capacidad, según el último informe del sindicato
Acaip, que destaca que los centros penitenciarios
con mayor tasa de hacinamiento son los de Ceuta -con un
343 por ciento-, Santander -con un 333-, Martutene (San
Sebastián), con un 295 y Murcia, con un 280 por ciento.
|
06-08-06
El
número de internos en las cárceles españolas
ascendía a 63.806 a finales del mes de julio y, casi
la mitad de ellos, se encuentran en prisiones de
Andalucía, Cataluña y Madrid.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades
autónomas que concentran a un mayor número de presos
en sus cárceles, con una población reclusa cifrada
en 13.749, 8.949 y 8.153, respectivamente.
Tras ellas, se sitúan Castilla y León, con 6.963
reclusos y la Comunitat Valenciana con 5.984, entre
otras. En el extremo opuesto, aparecen los centros
penitenciarios de Navarra (217), Ceuta (263) y
Melilla (301). |
06-08-06
El
Tribunal Supremo establece en una sentencia que
unifica doctrina en Vigilancia Penitenciaria que la
condición de haber cumplido la mitad de la pena
impuesta, cuando sea superior a los 5 años de
cárcel, para acceder al tercer grado no es
retroactiva, es decir, que no se puede aplicar a los
condenados con anterioridad a la reforma del Código
Penal del PP de julio de 2003, que estableció esa
premisa.
El alto tribunal, que se pronuncia en relación con una
denegación del tercer grado de la Audiencia Nacional,
explica que no se puede aplicar esta normativa por hechos
anteriores a la entrada en vigor de la reforma, porque es
más perjudicial que la ley existente en el momento de la
comisión del delito concernido y no ser posible "una
interpretación extensiva en contra del reo".
En este sentido, declara no ajustada a derecho la
decisión de la Audiencia Nacional de denegar un tercer grado
al aplicar extensivamente la disposición transitoria de la
reforma, prevista para los artículos 90 y 93 del Código
Penal, al 36. Dicha disposición establecía que "será
aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas
materias" desde su entrada en vigor, "con independencia del
momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha
de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo
pena".
Al preso que ha recurrido ante el Supremo la decisión de
la Audiencia Nacional se le denegó el tercer grado porque no
había cumplido la mitad de la pena impuesta, había sido
condenado por hechos similares en Francia y no disponía de
un puesto de trabajo seguro.
COMPETENCIA DEL CONSTITUCIONAL
El recurso alegaba que la reforma de julio de 2003 del
Codigo Penal en materia penitenciaria infringe los artículos
9 y 25 de la Constitución, porque vulnera el principio de
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables al reo.
El Supremo admite "el profundo calado de la denuncia que
se efectúa, pues viene a equivaler denunciar la
inconstitucionalidad de la disposición transitoria" que
incluía la reforma, pero afirma que corresponde "al
Constitucional, en exclusiva, la competencia de depurar el
ordenamiento jurídico de aquellas normas que no están
acordadas en la Constitución y correspondiendo a la
jurisdicción ordinaria, la más concreta función de, si es
posible, acomodar la interpretación de la norma penal a las
exigencias constitucionales".
Como esta cuestión "sobrepasa y desborda los concretos
límites y ámbito del recurso de unificación de doctrina en
materia de vigilancia penitenciaria", el alto tribunal lo
desestima, y estima el siguiente, relativo a la aplicación
de la citada disposición transitoria.
LA NACIONAL, IGUAL QUE LAS PROVINCIALES
Tras recordar que la Audiencia Nacional "está equiparada
a una Audiencia Provincial, sólo que con competencia
objetiva especializada y ámbito territorial estatal", sin
ser superior, pasa a revisar los autos de las Audiencias de
Madrid, Cádiz, Zaragoza, Barcelona y Vizcaya, que no
aplicaron la obligación de haber cumplido la mitad de la
pena impuesta para conceder el tercer grado a los condenados
con anterioridad a la reforma.
La Audiencia de Madrid consideró que aplicar con
posterioridad a su entrada en vigor esta condición supone,
"de un lado, imputar al legislador el uso de vías oblicuas
en materia como el derecho sancionador que se rige por el
principio de lex certa, y de otro, concluir que esa vía
oblicua es la forma de disimulo de lo que supondría una
retroactividad nada inocua de una norma desfavorable y de
contenido material genuinamente penal".
El Supremo entiende que la interpretación correcta de la
disposición transitoria que establece tal condición es la de
las Audiencias Provinciales, y la no ajustada a derecho es
la de la Audiencia Nacional, por lo que anula la resolución
recurrida y ordena a su Sección Cuarta de lo Penal a dictar
otra resolución "ajustada a la doctrina que aquí ha quedado
fijada". Informó Europa Press. |
06-08-06
Se
tratará de un centro que albergará a menorquines en
régimen de tercer grado que cumplen condena fuera de
la Isla para facilitar la reinserción y el apoyo
familiar.
Esto es lo que establece el Convenio que firmaron el
día 2 por la tarde el Obispado de Menorca y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Una medida temporal hasta que el futuro centro
penitenciario de Menorca, anunciado por el Gobierno
en el año 2005, sea una realidad.
En septiembre los menorquines en régimen abierto,
condena en la que el preso puede disfrutar de una
libertad vigilada, podrán cumplirla en Menorca. En
la actualidad hay 78 menorquines que cumplen el
tercer grado fuera de la Isla.
El centro dependiente tendrá una capacidad máxima
para diez personas. El Gobierno subvencionará los
gastos de manutención y los gastos generales irán a
cargo del Obispado que coordinará el centro mediante
sus voluntarios.
Mercedes Gallizo es Directora General de
Instituciones Penitenciarias.
El Gobierno tendrá listo el proyecto del futuro
centro penitenciario en menos de un año. Mercedes
Gallizo manifestaba no tener constancia de su
ubicación. |
07-08-06
El número de internos en las distintas cárceles
españolas ascendía a 63.806 a finales del mes de
julio, y casi la mitad de ellos se encuentran en
prisiones de tres Comunidades Autónomas: Andalucía,
Cataluña y Madrid. Los datos ofrecidos por el
Ministerio de Interior son especialmente alarmantes
si se atiende a la evolución de la ocupación de las
cárceles españolas en los tres últimos lustros.
Desde 1990 la cifra de internos casi se ha
duplicado, ya que en ese año era de 33.035.
Las cifras son escalofriantes. El 73 % de los
delincuentes que en 2005 ingresaron en cárceles
españolas son extranjeros, según ha señalado la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
La mayoría procede del Magreb y de países
sudamericanos.
El incremento de la población reclusa durante los
últimos cinco años (38 %), ha desbordado el sistema.
Las prisiones dependientes de la Administración
General del Estado, excluida Cataluña por tener las
competencias, están a casi el 171 % de su capacidad,
según el último informe del sindicato Acaip,
que destaca que los centros penitenciarios con mayor
tasa de hacinamiento son los de Ceuta -con un 343
%-, Santander -con un 333-, Martutene (San
Sebastián), con un 295 y Murcia, con un 280 %.
En efecto, España se ha convertido ya en el país con
mayor población reclusa de Europa, por delante de
Francia, Alemania o Italia, y el ratio de presos por
cada 100.000 habitantes, situado en 125, tan sólo es
superado por Gran Bretaña. La directora de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha
atribuido en reiteradas ocasiones este cambio de la
población reclusa al endurecimiento de las penas que
introdujo la reforma del Código Penal impulsada por
el anterior Gobierno del PP, sin embargo la
legislación francesa o italiana son aún más duras. A
lo que se debe añadir la entrada en vigor de los
juicios rápidos.
El factor fundamental, que no se menciona por el
gobierno, y que ha sido decisivo para alcanzar estos
preocupantes datos estadísticos ha sido la
inmigración. En los últimos cinco años, la población
reclusa extranjera ha crecido un 156 %. Las cárceles
son una torre de Babel. Hay personas de 190 países.
Los funcionarios tienen problemas de comunicación
con ellos y, junto al hacinamiento, esta situación
genera tensiones. «Cada nacionalidad crea su propio
grupo de poder y se enfrentan entre sí para ganar
fuerza», relata José Ramón López portavoz del
sindicato de funcionarios de prisiones Acaip.
Criticas a la política de inmigración
El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino
Rivero, censuró al Gobierno por no prestar
suficiente atención a la situación del archipiélago
ante la constante llegada de inmigrantes y dijo que
los canarios están «cansados de palabras» y que
hacen falta hechos para atajar el fenómeno
migratorio.
Rivero destacó que el Gobierno de Zapatero se está
equivocando «claramente» en el control de la
inmigración y afirmó que se está demostrando la
«falta de peso político» del Ejecutivo español por
su incapacidad para generar la conciencia necesaria
en la UE. Lamentó que todavía no se haya puesto en
marcha el operativo de la Agencia Europea de
Protección de Fronteras (Frontex) y que incluso sin
haber comenzado, se hable de que terminará en cuatro
o cinco semanas.
Rivero solicitó al Gobierno una reunión con las
Comunidades Autónomas para acordar que los menores
puedan ser distribuidos por el territorio nacional.
CC presentará una propuesta para reformar de nuevo
la Ley de Extranjería en esta vertiente. Recordemos
que en los últimos años la legislación de
extranjería ha sido objeto de múltiples reformas,
sin que ninguna de ellas haya servido para atajar el
problema de la inmigración, en buena parte debido
precisamente a la permisividad de la normativa
española. |
07-08-06
| En solamente ocho
años, la población penitenciaria de Galicia ha pasado de
los 2.105 que había en 1998 a los 4.329 que hay en la
actualidad ·· En lo que va de año, el número de reclusos
se ha incrementado en un 150% sobre el aumento que se
produjo a lo largo de todo 2005 |
Ni
tan siquiera hace una década, en el año 1998 había
en las prisiones gallegas una población
penitenciaria de 2.105 internos, mientras que a
fecha de 28 de julio, según los datos de
Instituciones Penitenciarias, la cifra se había ya
más que duplicado, con un total de 4.239 reclusos.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que también el
número de celdas funcionales aumentó de forma notable con
la puesta en marcha en 1998 de los nuevos macrocentros de
Teixeiro, en A Coruña, que sustituyó a la vieja cárcel, y el
de A Lama, en Pontevedra, que venía a suplir el pequeño
penal de Vigo.
Esas dos prisiones fueron creadas para albergar un total
de 1.008 presos cada una de ellas, pero la realidad es mucho
más dura, ya que la de A Lama a mediados de junio contaba
con una población de 1.497 reclusos, un 148,5 por ciento más
de la capacidad para la que fue diseñada, y la de Teixeiro,
con 1.370, un 136 por ciento de más.
Según el sindicato mayoritario de los funcionarios de
prisiones españoles, Acaip, desde el 1 de enero al 23
de junio de este año la población reclusa española ha
aumentado en 2.528 personas, lo que equivale al número de
celdas funcionales de dos y medio centros penitenciarios
nuevos (1.008 en cada uno, como Teixeiro y A Lama).
Aumento nacional
Este aumento que denuncia Acaip ha supuesto, en
tan sólo 174 días, un incremento del 151 por ciento (2.528
más) del total de reclusos que se produjo durante todo el
año pasado en las prisiones españolas.
Con esta importante subida, el total de la población
penitenciaria española se sitúa en 63.806 internos, de los
que 49.366 son penados y 14.440 son presos preventivos.
Asimismo, de la cifra total, 58.786 son hombres (92,1 por
ciento) y 5.020, mujeres (7,9 por ciento).
Desde el año de referencia, 1998, el número de penados en
Galicia ha aumentado de forma constante, excepto en el
período entre 2004 y 2005, cuando la población penitenciaria
descendió en 248 presos.
Pero si el análisis se retrae hasta 1990, entonces el
número de reclusos en la comunidad autónoma era de tan sólo
1.711, cifra que aumentó hasta los 2.145 de 1993, para
después generarse una tendencia descendente hasta el año
1997, período en el que comenzó la imparable escalada hacia
la superpoblación.
LAS CLAVES
Trayectorias de A Lama y Teixeiro
Al final del año de su puesta en funcionamiento,
1998, las prisiones de A Lama y Teixeiro contaban con
532 y 550 presos, respectivamente. Pero ya en 2003 ambos
macrocentros comenzaron a tener más población de la que
debían según su diseño. En ese año llegaron más de 300
nuevos presos a Teixeiro y más de 500 a A Lama.
Bonxe y Pereiro de Aguiar, la de cal
Las dos únicas prisiones gallegas en las que ha
descendido el número de internos desde 1997 son la
lucense de Bonxe, que ha pasado de los 443 de entonces a
los 399 actuales, y la ourensana de Pereiro de Aguiar,
al pasar los 485 internos de aquel año a los 463 con que
cuenta hoy en día esta prisión.
La cifra nacional, a punto de doblarse
La cifra de reclusos de las prisiones españolas está
a punto de duplicarse si se toma como referencia inicial
el año 1990. Entonces había un total de 33.058 penados y
hoy en día esta cifra ha aumentado hasta más de los
63.000. Con apenas 3.000 internos más, el número de
reclusos españoles se habrá incrementado un doscientos
por ciento en sólo 16 años .
|
07-08-06
|
Principado e Interior firman un
convenio para «mejorar las prestaciones de salud de la
población reclusa» |
Médicos
especialistas atenderán a los presos dentro de la
cárcel de Villabona para evitar así los continuos
traslados de los reclusos a los centros
hospitalarios, en virtud a un convenio firmado por
el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Rafael
Sariego. El convenio, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» (BOE), está ya en vigor y se
prolongará hasta que se realice la transferencia de
los servicios sanitarios dependientes de
Instituciones Penitenciarias al Principado, para su
plena integración en el Sespa.
La medida pretende «mejorar las prestaciones de
salud de la población reclusa», según se refleja en
el propio documento. De este modo se anula además
cualquier riesgo de fuga por parte de los internos,
que en ocasiones se inventan dolencias para poder
salir de la cárcel o aprovechan las consultas
médicas para intentar zafarse de los agentes que los
custodian. Por otro lado, el convenio permite
liberar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado de los permanentes traslados de reclusos a
los centros hospitalarios, lo que les aparta de
otras funciones (como seguridad ciudadana) durante
el tiempo que dure la custodia.
Cuadro de especialidades
Este acuerdo supone un gran cambio en la política de
salud de Villabona. La prisión cuenta con un equipo
sanitario las 24 horas del día, aunque se trata de
profesionales generalistas (doctores y ATS) que,
como un médico de cabecera convencional, derivan a
los pacientes que lo precisan a los correspondientes
especialistas. A partir de ahora, la situación será
la misma, aunque serán los facultativos los que se
trasladarán al centro penitenciario, según el
siguiente calendario: medicina interna, cuatro horas
a la semana; digestivo, cuatro horas cada quince
días; traumatología, cuatro horas a la semana;
ginecología, cuatro horas al mes; psiquiatría, ocho
horas a la semana, y radiología, ocho horas a la
semana. Para las urgencias se mantendrán los
traslados a los hospitales.
El convenio, además de estas consultas, incluye la
creación de un área de diagnóstico radiológico y
protección radiológica, por lo que el equipo de
radiodiagnóstico de Villabona pasará a depender del
hospital. Para ello, técnicos especialistas en
radiodiagnóstico (TER) se desplazarán también a
Villabona.
El acuerdo, para el que se creará una comisión de
seguimiento y evaluación, incluye la aportación de
33.700 euros por parte de Instituciones
Penitenciarias. El Principado podrá facturar a la
cárcel asturiana 6.000 euros anuales por cada médico
especialista que se desplace al centro cuatro horas
a la semana y 2.600 euros anuales por cada TER que
acuda con ese mismo horario. Este dinero, subraya el
convenio, «se abonará exclusivamente a la Consejería
por la aportación de sus medios personales» y «en
ningún caso» tendrá el carácter de «contraprestación
por servicios laborales». |
08-08-06
La Directora General de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se ha reunido con
representantes de la Asociación de ex Presos
Sociales y con la Presidenta de la Federación
Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales. Durante
el encuentro, el Presidente de la Asociación,
Antonio Ruiz, ha solicitado que los expedientes
penitenciarios de los homosexuales que estuvieron
presos en virtud de la Ley de Peligrosidad Social
sean trasladados desde los centros penitenciarios al
Archivo Histórico. Asimismo han solicitado que se
ponga una placa en el antiguo Centro Penitenciario
de Huelva donde cumplieron condena gran parte de los
condenados por esa Ley.
En la reunión también se ha acordado estudiar la
posibilidad de ayudar en su proceso de reinserción a
personas homosexuales sin recursos que actualmente
cumplen condena.
Finalmente se ha tratado de la situación de las
transexuales que en estos momentos se encuentran en
prisión, tema que se abordará más en profundidad en
una próxima reunión con la Federación Estatal de
Gays, Lesbianas y Transexuales |
08-08-06
| El centro
penitenciario supera por vez primera los 400 internos
mientras ACAIP y UGT denuncian que no hay celdas para
todas las mujeres |
El
hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent
lleva una semana sin psiquiatras porque de los dos
que hay uno está de vacaciones y el otro pidió la
baja el pasado 2 de agosto, según denunciaron ayer a
este diario fuentes de los sindicatos ACAIP y
UGT. Esta falta de especialistas se ha producido en
el momento de mayor ocupación del psiquiátrico, que
ayer tenía a 403 internos, una cifra nunca alcanzada
hasta ahora, según los sindicatos, quienes exigen
una solución urgente porque un hospital
penitenciario no puede funcionar sin personal
especializado.
La falta de psiquiatras ha sido suplida por la
dirección del centro con la contratación de un
especialista que pasa dos horas de consulta dos días
a la semana para atender los casos urgentes, pero
esa no es la solución a juicio de ACAIP y
UGT. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
psiquiátrico de Fontcalent contempla una plantilla
de cinco psiquiatras para 250 internos y en teoría
sólo hay dos titulares y casi el doble de pacientes.
El hacinamiento en el psiquiátrico ha alcanzado unos
índices preocupantes, hasta el punto de que el
departamento de mujeres tiene capacidad para un
máximo de 30 internas y había 33 y tres más que
llegaron ayer al hospital. Los sindicatos indicaron
que no había celdas disponibles para las tres nuevas
internas y al no poder compartirlas con otras
pacientes desconocían la solución que iba a adoptar
la dirección del centro. Además denunciaron que una
sola funcionaria se encarga de todas las internas.
Las labores de vigilancia también se han complicado
aún más con la sobreocupación y en el caso del
módulo dos, donde están ingresados los internos con
enfermedades psiquiátricas más graves, sólo hay
ahora un funcionario para controlar a 130 personas,
según la denuncia sindical.
Según ACAIP, cuatro auxiliares se encargan de
repartir a diario la medicación pautada a los
internos, aunque aseguran que hay pacientes que ni
siquiera toman nada porque no han pasado por la
consulta del psiquiatra. |
08-08-06
Los
funcionarios de prisiones temen un incremento
desmesurado en el número de reclusos tras la reforma
del Código Penal. De ser aprobado, el nuevo texto
legal permitirá a los tribunales que juzguen a
extranjeros 'irregulares' por la comisión de delitos
menores decidir entre la expulsión o el ingreso en
prisión. Los trabajadores de las cárceles sospechan
que la reforma provocará más condenas y, por tanto,
centros de reclusión aún más a rebosar.
El presidente del sindicato de funcionarios de
prisiones (ACAIP) considera esta iniciativa
un sinsentido por la «saturación» que padece el
sistema penitenciario. Según las cifras que maneja
el sindicato, la expulsión automática de irregulares
que se enfrentaban a penas menores suponía que, cada
año, entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran echados y
tenían que cumplir sus condenas en sus países. Los
funcionarios consideran que la inseguridad ciudadana
motiva continuas reformas penales que endurecen las
condenas.
El presidente de ACAIP denunció que el
sistema penitenciario cuenta sólo con «unas 30.000
plazas» y que «prácticamente están el doble de
personas de las que en teoría caben». «Las cárceles
españolas están en un porcentaje de hacinamiento
cercano al 180 por ciento» subrayó. Los inmigrantes
son, siempre según datos del sindicato,
aproximadamente un tercio del total de los presos. |
09-08-06
| Exigen la
incorporación de especialistas y funcionarios para
atender en el psiquiátrico a más de 400 internos |
Cuatro
sindicatos -CC OO, UGT, ACAIP y CSIF- y el
comité de empresa del hospital psiquiátrico
penitenciario de Fontcalent mostraron ayer su
«enérgica protesta» por la «insostenible» situación
que se vive en el centro por la falta de psiquiatras
y funcionarios y por las deficientes y obsoletas
instalaciones. Los denunciantes aseguran que la
escasez alarmante de profesionales genera más
conflictos en el centro y no existen medios
adecuados para afrontarlos. Por ello, hoy
presentarán un escrito ante la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y la Subdelegación del
Gobierno en Alicante para exigir la «incorporación
inmediata de una plantilla de psiquiatras conforme a
la ratio de pacientes del centro y de funcionarios
en prácticas que mitiguen, en parte, la falta de
efectivos». Además reclaman la contratación urgente
de auxiliares de enfermería y celadores para lograr
un óptimo funcionamiento del hospital y la
aplicación inmediata de la Ley 16/2003 de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud para que
integrar al personal de la sanidad penitenciaria.
Según señalan en el escrito los sindicatos y el
comité, la falta de especialistas afecta de lleno a
la atención psiquiátrica de los pacientes en un
momento en el que el hospital penitenciario tiene
una población de más de 400 internos, la más alta
hasta la fecha. El hecho de que no haya ningún
psiquiatra que cubra el servicio -el único
especialista de plantilla que había en agosto cogió
la baja hace una semana- se traduce «en una
inestabilidad en la patología de nuestros pacientes,
con un aumento de la agresividad que genera
conflictos, no sólo entre los propios pacientes sino
con los trabajadores», según la denuncia sindical.
Asimismo se quejan de la falta de personal de
vigilancia y asistencial y señalan que los
auxiliares de clínica y celadores están adscritos a
los módulos donde se desarrolla la vida diaria de
los pacientes y al estar en contacto directo con
ellos son «los receptores de toda la conflictividad
que se genera en este centro».
Los sindicatos aseguran en el escrito que los medios
que tiene el personal para afrontar un conflicto son
«prácticamente inexistentes». A su juicio hay «muy
poco personal y sin capacidad de actuación ante un
brote psicótico de un enfermo», por lo que se
sienten «desprotegidos a la hora de realizar
cualquier actuación tendente a disminuir o eliminar
la tensión».
Esta problemática se agudiza enormemente por el
constante incremento de los pacientes, que saturan
«los ya escasos servicios» que hay en el
psiquiátrico.
Por otro lado, los representantes de los
trabajadores también denuncian a Instituciones
Penitenciarias que el centro tiene una instalaciones
obsoletas y en este sentido exigen un cambio del
mobiliario y el acondicionamiento general del
psiquiátrico. Como ejemplo de la situación de las
infraestructuras señalan que en el departamento de
enfermería y agudos «no hay ventilación y las
ventanas de las habitaciones, debido a las
especiales características de los pacientes, deben
permanecer cerradas por su seguridad, por lo que el
calor es insoportable pues, evidentemente, no hay
aire acondicionado».
En cuanto al resto de los departamentos donde
desarrollan los internos su vida diaria, sindicatos
y comité de empresa afirman en su denuncia que «la
situación es igualmente lamentable y afecta a la
dignidad de cualquier ser humano». Según denuncian,
cualquier persona que viera el mobiliario de las
oficinas, despachos, vestuarios y resto de
dependencias del psiquiátrico comprobaría que «en
nada tenemos que envidiar a los de Guinea Bissau». |
09-08-06
Desde
el S.U.P. (Sindicato Unificado de Policía) y la
A.U.G.C. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
ambos mayoritarios en el Cuerpo Nacional de Policía
y la Guardia Civil, respectivamente, queremos
denunciar determinadas situaciones que se producen
frecuentemente con detenidos y presos en nuestra
Comunidad Autónoma.
En primer lugar, queremos denunciar el estupor y
malestar que en el colectivo policial producen las
decisiones en materia de política penitenciaria en
lo que respecta a la concesión de permisos a presos
para asistir a eventos de carácter familiar.
Así, el pasado día 20 de Junio se concedió permiso
extraordinario a un preso para asistir a un funeral
que se celebró en Gijón. Durante la ceremonia
religiosa uno de los asistentes intentó entregar un
objeto (al parecer podría tratarse de una sustancia
estupefaciente) al preso que estaba custodiado por
los agentes policiales, percatándose de ello uno de
los funcionarios policiales. En ese momento se
intentó proceder a la identificación de la persona
que había intentado hacer la entrega así como
decomisar el objeto en cuestión, no pudiéndose
realizar ninguna de las acciones reseñadas debido a
la conducta agresiva que numerosos asistentes al
funeral ejercieron contra los policías. Los policías
tuvieron que abandonar rápidamente el lugar para
evitar males mayores realizándose posteriormente las
correspondientes diligencias policiales.
De este suceso se dio cuenta a la Jefatura Superior
de Policía con el objeto de que se transmitiera a
las autoridades penitenciarias la peligrosidad y el
riesgo de fuga inherentes a este tipo de permisos.
Esta semana, de nuevo se ha recibido en la Comisaría
Local de Gijón una orden del Juez de Vigilancia
Penitenciaria para proceder al traslado y custodia
de un preso calificado como INTERNO PELIGROSO que
cumple condena hasta el año 2014 por detención
ilegal, tenencia ilícita de armas, atentado,
homicidio y robo con violencia, con motivo de su
boda, incluyéndose la ceremonia religiosa y el
banquete hasta las 02,00 de la madrugada. Esto ha
producido un considerable malestar y desasosiego
entre los funcionarios policiales que aun tienen en
su memoria lo reseñado más arriba y otros casos
recientes como el de otro interno que en un permiso
de este tipo se embriagó negándose posteriormente la
prisión a readmitirlo en tal estado. El tener que
custodiar a un preso en un banquete de boda supone
una situación de extrema tensión y riesgo para los
funcionarios policiales así como un evidente riesgo
de que afloren conductas injuriosas o agresivas
debido al consumo de alcohol por parte de conocidos
o familiares de la persona que esta siendo
custodiada.
Al parecer algunos no son conscientes del riesgo de fuga
inherente a cualquier tipo de traslado de presos o
detenidos, no entendiéndose como el Equipo Técnico de la
Prisión ha dictado informe favorable teniendo en cuenta la
peculiar trayectoria delictiva del interno.
Con respecto a otro tipo de traslados, los realizados a
Centros Hospitalarios, queremos señalar que también hemos
solicitado a la Jefatura Superior de Policía que reclame de
las autoridades sanitarias que se adopten las medidas
oportunas para que un detenido o preso no este 8 horas
custodiado por policías en un Hospital esperando la
preceptiva asistencia sanitaria, insistiendo en que en no
pocas ocasiones los detenidos o presos aprovechan sus
traslados a este tipo de centros para realizar intentos de
fuga que en ocasiones consuman con un evidente riesgo para
los funcionarios policiales y el personal que se encuentra
en el centro hospitalario. Al parecer, los responsables de
Sanidad aluden a ciertos protocolos de actuación para
impedir que estas situaciones que conllevan una elevada
inseguridad para todos puedan evitarse.
Desde el SUP y la AUGC, esperamos que no tenga que
producirse una desgracia para que, como siempre, se adopten
otras medidas más coherentes y racionales.
Asturias a 6 de agosto de 2006
Sindicato Unificado de Policía
Asociación Unificada de Guardias Civiles
Ejecutiva Federal de
Asturias Delegación de
Asturias
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