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Uno de cada tres presos de Gipuzkoa cumple pena fuera de la
cárcel |
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02/01/2010 |
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El 96,5% de los reos acepta los sistemas telemáticos de
control. 27 reclusos de Martutene duermen en sus domicilios
controlados con pulseras, tobilleras o mediante llamadas de
teléfono |
 La
condena de privación de libertad hace tiempo que
no es sinónimo de clausura entre cuatro paredes.
En las prisiones, cada vez son más habituales
las situaciones más abiertas que «tratan de
favorecer el regreso de los reclusos a la
sociedad en las mejores condiciones, para que no
vuelvan a cometer delitos». Son presos que, una
vez cumplida parte de su condena, acceden a
regímenes que les permiten dormir en casa o en
un centro distinto al penitenciario, controlados
con un dispositivo a distancia (en el caso del
tercer grado) o disfrutar de libertad
condicional.
A día de hoy, uno de cada tres reclusos de la
cárcel de Martutene cumple su condena de
privación de libertad pernoctando fuera de la
prisión. En esta tendencia a los regímenes más
abiertos puede tener su peso, en el caso de
Martutene, la superpoblación de reclusos, sobre
todo en el caso de preventivos (pendientes de
juicio). A la espera de que se construya la
nueva cárcel en Zubieta, Martutene tiene el
dudoso honor de ser una de las prisiones más
saturadas del Estado.
Pulseras y tobilleras
En total, en Martutene 265 reclusos cumplen pena
de privación de libertad en régimen cerrado -
primer y segundo grado-, 113 lo hacen en tercer
grado, y 98 en libertad condicional. En tercer
grado, como regla general, los reclusos pueden
salir durante el día para trabajar o seguir un
tratamiento y, por la noche, regresan a una
sección abierta de la cárcel o a un centro de
inserción. «En general, en el tercer grado se
clasifica a aquellos internos que han cumplido
parte de su condena, están en un proceso
avanzado de reinserción, su evolución es buena,
y ya han disfrutado de días de permiso sin
ningún tipo de problemas», explican desde
Instituciones Penitenciarias.
La mitad de los reclusos en tercer grado de
Gipuzkoa pernoctan fuera de prisión. De ellos,
27 presos viven fuera de la cárcel y duermen en
sus casas. Eso sí, controlados con un
dispositivo telemático, una pulsera o tobillera,
que llevan consigo las 24 horas del día y que
está conectada a un módem. Al recluso se le fija
un horario de estancia en su domicilio y el
sistema controla cuándo entra y sale de su casa.
«No es un GPS que vigile sus movimientos. Sólo
controla la obligación de estar en su domicilio
en un horario concreto», añaden desde
Instituciones Penitenciarias.
Según Arrats, la asociación de atención integral
a presos y ex presos en Gipuzkoa, el 96,5% de
los condenados se muestra partidario del método
«a pesar de suponer una injerencia en su vida
personal y familiar por la visibilidad de las
pulseras».
Llamadas telefónicas
Dentro del tercer grado existe un grupo de 14
presos que duerme en su casa y, en lugar de
estar controlados con pulseras y tobilleras,
debido a su «horario de trabajo o por motivos de
salud», dan parte de su situación mediante
llamadas telefónicas. «Algunos tienen que llamar
diariamente a la prisión de lunes a viernes o
deben acudir a la prisión cada semana o
quincenalmente», explican fuentes de la cárcel.
También hay terceros grados que pernoctan en
centros de rehabilitación. En concreto, dos
están en un centro de Agipad, y 14 en Proyecto
Hombre. A ellos se les controla con entrevistas
periódicas. Además, 14 jóvenes también de tercer
grado viven y duermen fuera de la cárcel en la
unidad independiente que gestiona la Fundación
Ametzagaña. «Es un centro pedagógico en donde se
acoge a jóvenes hasta 28 años y que tiene un
convenio con Instituciones Penitenciarias. Cada
uno tiene un programa individualizado de
formación».
El resto de internos de tercer grado pueden
disfrutar de 48 días de permiso al año en
períodos máximos de siete días y también pueden
salir de permiso durante los fines de semana.
Tras el tercer grado, cuando se han cumplido las
tres cuartas partes de la condena -existen
excepciones-, el juez de vigilancia
penitenciaria puede aprobar la libertad
condicional. Los reclusos en esta situación ya
no pernoctan en la cárcel aunque siguen estando
sujetos a un control.
Para los presos que siguen en régimen cerrado,
no todo son paredes y muros. A determinados
reclusos de segundo grado se les aplica el
artículo 100.2 del reglamento penitenciario que
les permite salir de prisión para realizar
actividades laborales, terapias... «Se destina a
presos con buena evolución o condenas largas. Es
algo así como un puente entre el segundo y el
tercer grado», explican desde Martutene. En los
casos en los que la evolución es negativa, se
clasifica al preso en primer grado, el antiguo
aislamiento. Este régimen es cada vez «más raro»
y se reduce a «personas que tienen delitos muy
graves».

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02/01/2010 |
| El Tribunal Supremo (TS)
considera que el Gobierno vasco del anterior lehendakari, Juan
José Ibarretxe, incurrió en un "exceso" en el ejercicio de sus
competencias en materia penitenciaria al conceder unas ayudas
a los familiares de presos vascos para sufragar las visitas a
los internos que cumplen condena fuera de Euskadi. |
En una sentencia en la que rechaza el recurso
presentado por el Gobierno de Ibarretxe contra la
resolución del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco (TSJPV) que anuló en 2005 las
subvenciones del Ejecutivo autonómico para financiar
estas visitas, el Supremo apoya la decisión del
actual lehendakari socialista Patxi López, que
retiró de los presupuestos la partida económica para
ayudas a familiares de presos de ETA.
La deslegitimación del terrorismo
El Gobierno de Patxi López tomó la decisión
de eliminar tales ayudas como parte de su política
de deslegitimación del terrorismo, un ambicioso
proyecto en el que se incluye, además, la
eliminación de las Udalbiltza, "embajadas vascas en
el exterior", la retirada de símbolos proetarras o
la prohibición de manifestaciones que tengan como
objetivo enaltecer las acciones de ETA y su entorno.
Las razones del Supremo
El Supremo alega en su sentencia que, pese
a que el Estatuto de Autonomía vasco otorga la
competencia en materia penitenciaria al Gobierno
autonómico, ese ejercicio está condicionado por las
trasferencias en materia penitenciaria, pendientes
de aprobación. El Alto Tribunal admite que el País
Vasco tiene competencias para conceder ayudas de
asistencia social, pero que esas subvenciones deben
destinarse únicamente a los familiares de los
internos de los centros vascos, "pues la
territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio
de la competencia".
También recuerda que el Tribunal vasco ya descartó
la hipótesis de enmarcar dichas ayudas dentro del
ámbito de la política social y no penitenciaria
porque el propio preámbulo de la orden anulada
declaraba que se hace en ejercicio del título del
Estatuto referido a la "organización, régimen y
funcionamiento de instituciones penitenciarias y de
reinserción social". |
El sindicato Acaip
afirma que los trabajadores del Centro Penitenciario
de Albolote (Granada) han pasado un 2009 "difícil
debido a la falta de personal", lo que ha propiciado
que "se sucedan los incidentes violentos entre
presos" y los episodios relacionados con "el abuso
de drogas". Según los datos recopilados por la
delegación sindical en Granada, y facilitados a
Europa Press, en el último trimestre de 2009 se
produjeron casi 50 incidentes con reclusos. Un total
de 17 estuvieron relacionados con drogas y entre
ellos se encuentra la muerte de tres personas por el
supuesto abuso de estas sustancias. Asimismo, otros
tres presos tuvieron que ser trasladados en el mes
de diciembre a un centro sanitario por consumir
estupefacientes y dos de ellos, según las fuentes,
aún no han regresado a prisión.
El resto de percances contabilizados en el último
trimestre del pasado año son episodios violentos
que, en algunas ocasiones, se saldaron con presos y
funcionarios lesionados.
Acaip calcula
que al menos seis trabajadores de la prisión han
sufrido "contusiones" al tratar de separar a presos
que se estaban peleando o a raíz de una agresión
directa al funcionario, como le sucedió el pasado 21
al jefe de Servicios, que fue agredido por un
interno al que le abrió la celda porque pensaba "que
se iba a autolesionar".
El sindicato asegura que el recluso se le "abalanzó"
y le cogió por el cuello", teniendo que ser
socorrido por sus compañeros, que "evitaron el
estrangulamiento".
De hecho, gran parte de los incidentes tuvieron
lugar en los meses de verano, cuando el calor y la
situación de "hacinamiento" en el que, según el
sindicato, se han encontrado los presos originaron
un clima de "tensión y agresividad".
Acaip afirma que es la falta de personal lo que
favorece el "descontrol en todos los ámbitos" y por
ello ha reclamado que se refuerce la plantilla.
"Estos hechos son gravísimos y suceden ante la
preocupante pasividad a la que lamentablemente nos
tiene acostumbrados Instituciones Penitenciarias",
añadió el sindicato, que instó a la Administración a
atender las reivindicaciones del colectivo de
trabajadores de la prisión granadina. |
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Dos 'mártires' en Puerto 3 |
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3/01/2010 |
| El líder de la célula que quiso
volar la Audiencia vive su 'Gran Hermano' en la cárcel
gaditana, aislado como su lugarteniente; son dos de los presos
que Al Qaeda reclama |
 "Que
vaya a Gran Hermano", le espetó al juez
Garzón, tras recriminar al magistrado su "gusto"
por la fama y la televisión, Mohamed Achraf, el
cabecilla de la célula islamista que quería volar
el edificio de la Audiencia Nacional.
Paradojas de la vida, Achraf ha terminado sometido
a su particular Gran Hermano en Puerto 3.
El líder del autodenominado grupo Mártires por
Marruecos es uno de los FIES-3 BA que está en la
actualidad recluido en la cárcel que Interior
reserva para los terroristas más incombustibles,
la nueva macro cárcel gaditana, emplazada en el
término de El Puerto de Santa María.
Unas siglas que significan Fichero de Internos de
Especial Seguimiento de Bandas Armadas, que es la
clasificación penitenciaria que se aplica a todos
los pertenecientes a grupos terroristas, y
aquellos encarcelados por vinculación con dichos
grupos.
Las comparaciones ya se sabe que acostumbran a ser
odiosas . Y en este caso, parece ser así. "Son
como los etarras, no dan problemas aquí.
Tranquilos en prisión, hijos de puta en la calle".
Quien así habla de los presos islamistas es un
funcionario de la macro cárcel gaditana que deja
bien claro que con estos internos siguen a
rajatabla las especiales directrices que Interior
tiene perfiladas para ellos.
No en vano es precisamente Achraf el que,
encarcelado en la prisión de Topas, prendió la
mecha integrista entre la población reclusa
musulmana, reclutando terroristas que conformaron
el grupo que, como él, estaba dispuesto a morir
por Alá.
Y lo hizo a través de cartas que, al rebufo de los
normales traslados penitenciarios, acabaron
repartiéndose por numerosas prisiones.
"He creado un nuevo grupo , están dispuestos a
morir por Alá en cualquier momento. Estamos
esperando a salir para empezar a trabajar
directamente. Es nuestro deber pensar y proyectar,
porque hombres hay, armas también", escribía
Achraf en una de las célebres misivas que fueron
apuntalando su grupúsculo de tendencia radical
salafista.
Por eso, a raíz de la operación Nova, que en
octubre de 2004 acabó con él y sus mártires,
Instituciones Penitenciarias ha extremado los
controles, dispersándolos como a los etarras.
En la actualidad, además de Achraf, está recluido
en Puerto 3 su considerado lugarteniente en la
prisión de Almería cuando el líder reclutó desde
Topas a los mártires, Diadie Kamara. En la cárcel
de Acebuche, cumpliendo condena por infracción a
al Ley de Extranjería, estaba Kamara cuando Achraf
lo embarcó en su plan suicida contra la Audiencia.
Fue igualmente apresado en el transcurso de la
Operación Nova que comandó el juez Garzón.
Ellos son, a día de hoy, los dos únicos reclusos
islamistas que de modo oficial están presos entre
barrotes en El Puerto, en la macrocárcel (ya no
hay ninguno ni en Puerto 1 ni en Puerto 2).
El secuestro de los tres cooperantes españoles en
Mauritania por parte de Al Qaeda, que reclama la
liberación de sus presos, los ha puesto de nuevo
en el ojo del huracán informativo.
Atrás han quedado los tiempos en los que Achraf,
mientras cumplía condena en la cárcel salmantina,
se erigió en el emir de un grupo de presos comunes
de origen magrebí, a los que adoctrinaba en la
práctica de la yihad para emprender la guerra
santa mediante ataques violentos con el objetivo
de imponer la ley universal islámica.
Tras ser extraditado desde Suiza, donde se
encontraba cuando su célula cayó, le organizaron
para él solito un Gran Hermano, en los
últimos tiempos, en Puerto 3. Ocupa una de las
celdas del módulo 15 de aislamiento, y vive
permanentemente vigilado, a través de un circuito
interno de televisión, y con las comunicaciones
intervenidas. Se acabaron las misivas de uno de
los renglones más torcidos de Alá.
Sigue fiel a sus creencias, a Dios rogando y con
el mazo dando, rezando varias veces al día. Ahora
mira a la Meca desde El Puerto, la mayor parte del
día recluido en la celda, sin contacto con otros
presos. Con un régimen especial de comidas, como
todos los musulmanes, en el que está prohibido el
jalufo, los alimentos provenientes del
cerdo. Y cuando sale al patio, lo que sólo puede
hacer durante dos o tres horas al día, lo hace
solo o como mucho con otro preso. Como para el
resto de FIES 3 BA, para él no hay actividades
comunes. Sí puede practicar deporte, en un pequeño
gimnasio al que sí le dejan acceder, y también,
cuando corresponde, ir a una sala en la que puede
leer y practicar juegos de mesa.
El personal de prisión mantiene mucho las
distancias. No cruzan palabra ni con él ni con su
antiguo lugarteniente. Más comparaciones odiosas.
"Como a los etarras, no se les da charla", resume
un trabajador de la cárcel.
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 Se
trata de Iñaki Rekarte, Valentín Lasarte, Esteban
Murillo, Jorge Uruñuela y Andoni Muñoz. Los presos
de ETA anuncian además en el comunicado encierros
y huelgas de hambre para denunciar la política
penitenciaria y para exigir la liberación de los
presos enfermos o que ya han cumplido condena.
En un anexo del comunicado, el colectivo de presos
señala que cinco presos 'se han situado fuera de
la disciplina y el respaldo del colectivo' y por
lo tanto a partir de ahora 'hablarán y ejercerán a
título personal' y no en nombre del colectivo al
que han dejado de pertenecer.
Algunos de los expulsados han dejado en algún
momento translucir sus opiniones disidentes con la
estrategia de ETA o se han situado al margen de
las consignas de los presos.
Es el caso de Valentín Lasarte y de Iñaki
Rekarte, ambos presos en Villabona, y de quienes
se sabe que en los últimos tiempos trabajan en el
economato de la prisión lo que supone romper la
disciplina interna del colectivo que prohíbe
participar de estas actividades.
Aunque sus disidencias no han sido públicas,
Valentín Lasarte, condenado en otros crímenes por
el asesinato de Gregorio Ordóñez, fue crítico con
la acción de ETA en la que fue asesinado el
empresario Ignacio Uria, según diversos medios.
Por su parte, Iñaki Rekarte, condenado a más de
200 años por asesinar a tres personas en un
atentado con coche bomba en Santander en 1992, no
ha participado en otras acciones organizadas por
el colectivo de presos de ETA para denunciar la
situación de las cárceles.
Esteban Murillo fue detenido en 2008 acusado de
participar en actos de kale borroka. Anteriormente
había sido acusado de pertenecer al 'comando
Nafarroa' y puesto en libertad en 2002 tras ser
absuelto de un delito de colaboración en el
asesinato de un policía.
Andoni Muñoz está condenado a más de 60 años de
cárcel por pertenencia al 'comando Lanbroa' de ETA
y colocación de explosivos y Jorge Uruñuela, preso
en Dueñas, Palencia, cumple una condena de 16 años
por acciones de kale borroka.
Otros expulsados por el denominado Colectivo de
presos de ETA, integrado por unos 700 reclusos
encarcelados en España y Francia, han sido los
históricos de la organización armada como José
Luis Álvarez Santacristina (Txelis), Kepa Pikabea,
Carmen Gisasola y José Luis Urrusolo Sistiaga,
aunque en estos casos y previamente había sido la
propia ETA la que había decidido su expulsión,
siendo posterior la decisión del colectivo de
presos.
Además, todos ellos se habían significado
públicamente en contra de la estrategia armada de
ETA.
Precisamente, Urrosolo y Gisasola hicieron
llegar a varios medios de comunicación el pasado
26 de noviembre una carta que no fue publicada por
Gara en la que abogaban por el fin de la lucha
armada y aseguraban que 'en las cárceles son
muchos los presos que piensan como nosotros'.
Ambos, hacían un llamamiento a 'todos los que
permanecen callados' para que expongan sus
opiniones y 'para que no terminemos dejando a unos
pocos que sigan pidiendo más madera y calcinando
el propio tren'.
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--Apenas lleva unos días en el cargo. ¿Cuáles son
sus objetivos en esta nueva etapa?
--Sobre todo, insistir en la tarea que se estaba
llevando a cabo con el anterior director, Manuel
Becerril, que logró dar un impulso importante al
centro y que creó un clima bastante bueno tanto a
nivel de los internos como laboral. Se trata de
aplicar una línea continuista y de mejorar lo que
sea susceptible de mejora. Además, queremos dar un
empujón a la implantación de programas a nivel de
salud mental y de intervención y tratamiento con los
internos. En este sentido, el área de formación
sigue siendo un factor muy importante.
--¿Cuál ha sido su trayectoria hasta el
momento?
--Llevo en el centro penitenciario de Daroca
desde su apertura, hace casi 25 años. Fui
subdirector de seguridad, después pasé a ocupar el
cargo de subdirector de régimen y ahora, tras el
nombramiento de Becerril como delegado territorial
para cárceles de Aragón, Rioja y Navarra, se me ha
designado director y espero seguir contribuyendo al
desarrollo progresivo de este centro penitenciario.
--¿Cuántos presos alberga actualmente el
centro penitenciario de Daroca?
--Daroca acoge en la actualidad 541 internos,
estamos dentro de la capacidad del recinto y, por
cierto, sin rastro por el momento de la gripe A. El
virus no ha afectado a ningún interno.
--¿Cuáles son las principales necesidades de
la prisión?
--Se han llevado a cabo ya numerosas reformas en
la infraestructura y ahora tenemos que completar
alguna pendiente, como la reforma integral de la
cocina o la pavimentación de suelo de zonas de
intermódulos y de uso tanto de internos como de
personal.
--El centro está a punto de cumplir 25 años de
vida. ¿Es necesario realizar algún cambio o
adaptación?
--Nada más allá que lo que ya se ha llevado a
cabo y que ha proporcionado mejoras en el
acondicionamiento de módulos, informática o
calefacción.
--¿Cómo valora la importancia del área de
formación de centro?
--Estamos orgullosos. Desde hace más de cinco
años se llevan realizando una serie de actividades y
talleres destinados a integrar al interno, mejorar
su nivel de formación y otorgarle herramientas de
cara a su futura inserción exterior. Se han llevado
a cabo talleres de dibujo, escritura, poesía, una
escuela de ajedrez, áula de música, un canal de
televisión interno La oca loca tv,
conferencias...También se imparte educación reglada
y los cursos de Formación profesional ocupacional.
Para ellos esa formación funciona como un incentivo
para la reinserción y les ayuda a soportar mejor las
condenas, que, en algún caso, son largas.
--¿En qué medida ha influido el centro
penitenciario en la vida y economía de Daroca?
--Creo que ha ejercido una influencia muy
positiva e importante. Así nos lo hacen saber a
todos los niveles. El centro ha contribuido al
asentamiento de la población y en ingresos. La
aportación ha sido positiva. |
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 Dos
funcionarios de la prisión de Córdoba resultaron
heridos leves cuando intentaban reducir a un preso
islamista que estaba causando destrozos en su
celda y dando golpes tras haberle comunicado
previamente que se le iba a cambiar de ubicación.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron
ayer que los hechos tuvieron lugar la mañana del
31 de diciembre. El agresor, Z. K., está internado
en el centro cordobés con carácter preventivo
acusado de colaboración con banda armada y
terrorismo islamista.
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Un recluso islamista que se encuentra internado en
régimen de prisión preventiva en la cárcel de
Córdoba insultó, amenazó y atacó el pasado 31 de
diciembre a dos funcionarios cuando se disponían a
trasladarle de celda en el módulo de aislamiento.
Según fuentes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, el interno, de
nacionalidad marroquí, "tuvo una reacción
sorprendente y desproporcionada", cuando poco
después del mediodía comenzó a hacer añicos sus
pertenencias y a destrozar todo cuanto había en el
cubículo. "Fue una cosa rara, extraña; sorprendió la
reacción".El hombre, Z. K., está en la cárcel
desde 2007 acusado de colaboración con banda armada
y terrorismo islamista y presuntamente relacionado
con los autores de los atentados del 11-M. Durante
el incidente, comenzó también a insultar y a
amenazar de muerte a los funcionarios, según el
sindicato de prisiones CSI-CSIF. Después hizo frente
a un grupo de trabajadores del centro con un cristal
en una mano y un objeto punzante en la otra.
Dos de esos trabajadores sufrieron heridas leves
de las que tuvieron que ser atendidos en la
enfermería. Y uno de ellos llegó, según el sindicato
CSIF, a ser atendido en un centro sanitario. Allí se
le practicó una radiografía maxilofacial y recibió
el alta con la prescripción de reposo domiciliario.
71 islamistas esperan juicio o cumplen condena en
las cárceles españolas. 12 de ellos son los autores
y cómplices de los atentados de Madrid, pero el
resto permanece en la cárcel por sus actividades de
proselitismo y financiación de organizaciones
yihadistas. Según el sindicato
Acaip, la cárcel de
Córdoba está preparada para acoger 1.008 internos,
pero soporta una media de 1.500.
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 Los
740 presos de ETA en las cárceles españolas y
francesas ya han comenzado a recibir el
calendario de movilizaciones para la campaña de
«lucha en las prisiones» con la que la banda
terrorista quiere frenar las crecientes
disensiones internas y afianzar la cohesión.
Aunque el colectivo de presos de la banda (EPPK)
pretende que estas movilizaciones relancen la
figura de los reclusos en el exterior de las
prisiones, lo cierto es que el debut de esta
campaña es mucho menos potente de lo que
esperaba Ia administración penitenciaria: la
primera fase de esta ofensiva mediática, que en
principio debería comenzar mañana, es una
avalancha de cartas, formularios, comunicaciones
e instancias de los presos dirigidas al director
de la prisión, a la dirección de Instituciones
Penitenciarias y al Ministerio del Interior,
entre otros. Las misivas tendrán como argumentos
reclamar el fin de la dispersión de los presos,
el acercamiento a cárceles del País Vasco y la
inmediata excarcelación de internos terroristas
enfermos o a los que se les ha prolongado el
encarcelamiento por la aplicación de la
'doctrina Parot'.
Según responsables de la lucha antiterrorista,
ETA no se ha atrevido a comenzar con la medida
de mayor presión de sus presos, la huelga de
hambre, consciente de que hay un número
creciente de internos, sobre todos los más
veteranos y críticos, que podrían negarse a
seguir el ayuno. Las instrucciones de EPPK son
posponer hasta dentro de un mes el inicio de
esas huelgas, que en todo caso serán muy
limitadas. Serán ayunos rotativos, por espacio
máximo de una semana, e incluso cabría la
posibilidad de que los internos más débiles
puedan alimentarse con comida en sus celdas
procedentes del economato.
Encierros
La próxima semana, tras la campaña postal, el
EPPK ha propuesto la más conocida y habitual
medida de presión de los presos: el 'txapeo', o
sea, negarse a disfrutar de sus horas de patio y
permanecer toda la jornada en sus celdas,
incluso comer allí. La tercera semana la
protesta pasará por la negativa a tener
comunicaciones telefónicas.
Los responsables penitenciarios no se atreven a
cuantificar cuál será el seguimiento de esta
campaña del EPPK, cuyo verdadero objetivo es
afianzar la cohesión interna del denominado
'frente de makos', dañada en los últimos meses
por la política de dispersión y acercamientos
selectivos de presos por parte del Ministerio
del Interior. Estos movimientos han provocado
que en las dos prisiones donde se concentra la
disidencia (Zuera, en Zaragoza, y Villabona, en
Asturias) se haya afianzado un grupo de críticos
de cerca de medio centenar de internos, cuya
influencia ya afecta a otros presos acercados a
cárceles del País Vasco y provincias limítrofes.
La inquietud en ETA es creciente, hasta el punto
de que el pasado lunes el EPPK confirmó la
expulsión de cinco de sus activistas, entre
ellos Valentín Lasarte, icono de la facción de
la banda más violenta. Tres de ellos habían
gozado estas Navidades de permisos
penitenciarios, algo expresamente prohibido por
la cúpula de la organización terrorista.
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El próximo febrero se cumplen cuatro años de la
sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, más
conocida como 'doctrina Parot'. La aplicación de
este fallo -que implica que la reducción de pena por
beneficios penitenciarios se aplica al total de las
condenas impuestas, y no al máximo legal de 30 ó 40
años, según el Código Penal en vigor- ha retrasado
ya la inmediata excarcelación de 36 presos de ETA
con largos historiales terroristas y amenaza con
dejar en prisión los próximos años a otro centenar
largo de reclusos.
La aplicación de la 'doctrina Parot', cuatro años
después, empieza a pasar factura al frente
carcelario de ETA, y así se reconoce en documentos
internos de la propia organización que han sido
incautados por las fuerzas de seguridad. De hecho,
uno de los puntos centrales de la campaña de
movilización anunciada esta semana por el llamado
colectivo de presos de ETA (EPPK), además de la
habitual exigencia del fin de la dispersión, es la
reclamación de la liberación de los reclusos que
«han cumplido la condena» y que siguen entre rejas
por la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Críticos
Según mandos de la lucha antiterrorista, varios de
los 36 presos ya afectados por la 'doctrina Parot' y
otro «nutrido grupo» de activistas que saben que su
excarcelación se va a retrasar están en el epicentro
del debate interno generado en las cárceles sobre la
continuidad de la lucha armada y que ETA quiere
cortar de raíz con esta campaña de movilizaciones,
que incluye huelgas de hambre y encierros en las
celdas, con el objetivo último de frenar un más que
posible cisma en el también denominado 'frente de
makos'.
Cuatro de estos terroristas afectados por la
'doctrina Parot' han sido llevados a las cárceles de
Zuera, en Zaragoza, y Villabona, en Asturias, los
dos centros donde el Ministerio del Interior
concentra a los disidentes y críticos de la banda.
Se trata de Luis María Azkargorta, Fernando de Luis,
José Félix Zabarte y Pedro Odriozola. Otros dos han
sido trasladados a cárceles del País Vasco y tres
más se encuentran en centros penitenciarios de
Logroño y Burgos, a escasos kilómetros de sus
residencias familiares.
Según las estadísticas penitenciarias, los presos
afectados hasta ahora por la 'doctrina Parot' han
visto alargadas sus condenas una media de diez años,
si bien hay reclusos con extensiones de penas
bastante mayores. Son los casos de Pedro Etxeberria,
condenado por el asesinato del 'ertzaina' Juan José
Pacheco, quien ha visto cómo la fecha de su
excarcelación se retrasaba 13 años, de septiembre de
2006 a 2019, o de Inmaculada Noble, ex novia de
Iñaki de Juana Chaos y miembro del más sangriento
comando Madrid de ETA, que contaba con abandonar la
cárcel en marzo de 2008 y no lo hará hasta 2021.
También se encuentran en esta situación Domingo
Troitiño, responsable del comando 'Barcelona' que
voló Hipercor y condenado a más de 900 años de
cárcel. Está recluido en la prisión de Lugo y sin la
'doctrina Parot' debía haber salido libre en 2006,
pero no lo hará hasta mucho más tarde, en 2017. |
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Un recluso de la prisión de Can Fita de Ibiza se
escapó la madrugada del sábado al domingo de la
enfermería del centro penitenciario y agredió a dos
funcionarios, según ha podido saber este diario. No
es la primera vez que sucede un hecho similar con
este interno, ya que hace tres meses protagonizó un
suceso de las mismas características.
A. M., magrebí de alrededor de 30 años de edad, está
en prisión debido a un asunto relacionado con el
tráfico de drogas, y también es consumidor,
información no confirmada oficialmente. El sábado
tomó algún tipo de sustancia estupefaciente, que
habría obtenido de alguna de las visitas recibidas
el fin de semana, según fuentes próximas a la
investigación. El recluso estaba muy nervioso, por
lo que los funcionarios decidieron llevarlo a la
enfermería.
Una médico y una auxiliar técnico sanitaria (ATS) se
desplazaron hasta el centro penitenciario para
atenderle. Sólo había un jefe de servicio y un
funcionario en el interior de la prisión, que cuenta
en la actualidad con cerca de 140 internos, según
diversas fuentes.
A. M. se escapó de la enfermería, sin que las dos
sanitarias pudieran hacer nada para evitarlo. Los
dos funcionarios salieron a su paso, pero tampoco
pudieron detenerle, ya que el recluso posee una
extraordinaria fuerza física. El interno les golpeó
y los trabajadores tuvieron que recibir atención
médica posteriormente, uno por lesiones en una
pierna y el otro en la espalda.
Rompió cinco ventanas
Pero A. M. no se limitó sólo a las agresiones
físicas, sino que también destrozó cinco ventanas a
puñetazos. A continuación salió corriendo hacia el
centro de la prisión y se subió a unos barrotes,
siempre según la versión no oficial. Finalmente se
desplomó y pudo ser reducido. Le inmovilizaron por
delante, ya que no se le pueden poner las esposas en
la espalda debido a su gran musculatura.
Los dos funcionarios avisaron a su compañera del
módulo de mujeres para que vigilase la puerta de
entrada a la cárcel, de modo que el compañero que
estaba haciendo esa función pudiese ayudarles y ser
tres hombres para reducir a A. M., en el caso de que
despertase de su desmayo.
La Guardia Civil tiene siempre un destacamento en el
exterior del centro penitenciario. Los agentes de la
Benemérita también fueron avisados, al igual que una
ambulancia. Entre los tres funcionarios, los
guardias civiles y los sanitarios subieron al
recluso a una camilla y le ataron con unas cuerdas.
En ese momento A. M. despertó y rompió las ataduras
con un movimiento de hombros. Comenzó a correr, con
las esposas puestas. Los agentes de la Benemérita
consiguieron reducirlo de nuevo y el recluso fue
introducido otra vez en la ambulancia. La Guardia
Civil tiene constancia de lo sucedido pero no se
pronuncia, por tratarse de «un asunto interno».
La versión transmitida desde la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias es diferente: sobre las
23,30 horas del sábado el compañero de celda de A.
M. avisó al médico de la prisión, puesto que este
último se encontraba mal. Cuando lo llevaron a la
enfermería «reaccionó violentamente», pero
Instituciones Penitenciarias no tiene constancia de
que agrediese a funcionarios o de que rompiese
alguna ventana, aunque sí de que se subió a una de
ellas. De lo sucedido después, remiten a la Guardia
Civil y al Ib-Salut.
Cuando la ambulancia llegó al hospital de Can Misses
y los médicos iban a atender a A. M., éste se
despertó de nuevo y trató de agredir a los guardias
civiles, a los sanitarios y a los vigilantes de
seguridad del servicio de urgencias. No consiguió su
objetivo, aunque sí profirió bastantes insultos,
según confirmaron ayer desde el Ib-Salut. En el
hospital no rompió nada.
Entre los agentes del Instituto Armado y los
vigilantes de seguridad consiguieron reducirlo de
nuevo, y los médicos lo sedaron y pudieron por fin
atenderle.
El recluso fue devuelto al centro penitenciario el
domingo sobre las doce del mediodía. Se le aplicó un
castigo que consiste en una restricción de sus
movimientos en la prisión, según informan desde
Instituciones Penitenciarias. |
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Las secciones sindicales en la cárcel de Teixeiro de
Acaip-USO, CC.OO.,
CIG, CSIF y UGT censuran un incremento del control y
las amenazas sobre los empleados por parte de
Instituciones Penitenciarias, a raíz del encierro de
los representantes de los trabajadores en el
despacho de la directora.Los
sindicatos relatan en un comunicado que desde el 5
de enero dos inspectores de Instituciones
Penitenciarias «se han hecho cargo de la prisión, y
su primera medida es amenazar con un expediente
disciplinario a los compañeros que se encuentran de
baja por enfermedad».
Aparte de esto, se quejan de que
los nuevos encargados de Teixeiro ejercen «una
presión enorme sobre los compañeros que están
trabajando», a quienes «obligan a realizar servicios
de más de 24 horas y les exigen que firmen un
documento en el que se les notifica que tienen la
obligación de entrar nuevamente de servicio tras
unas horas de descanso».
Los sindicatos denunciantes
critican que Instituciones Penitenciarias «no fuera
tan solícita» para «salvaguardar la seguridad» de
sus empleados «al permitir el 19 de diciembre que
familiares de etarras y radicales independentistas
insultaran e intentaran agredir a los funcionarios
que entraban y salían del centro sin que la Guardia
Civil interviniera».
«Esto hecho», relatan los
sindicatos, «y la consiguiente campaña de acoso
desde el mundo radical ha pasado factura a muchos
trabajadores, que han tenido que dejar de trabajar
como consecuencia del estrés acumulado».
Una situación que, afirman, ha
empeorado en los últimos días por «las duras
condiciones meteorológicas y el hecho de que durante
varios días, internos y funcionarios no dispusiesen
ni de calefacción ni de agua sanitaria», lo que ha
derivado en «un incremento importante en el número
de trabajadores que no han podido acudir a su puesto
de trabajo por enfermedad».
Ante esto, la respuesta de
Instituciones Penitenciarias ha sido «intentar dar
un escarmiento ejemplarizante» cuando este ente es
el responsable, según los sindicatos denunciantes,
del «colapso en el que prácticamente ha entrado
nuestro sistema penitenciario». |
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«Muy grave». Con esas palabras calificaron fuentes
de Instituciones Penitenciarias, organismo
dependiente del Ministerio del Interior, el hecho de
que, entre el pasado martes y miércoles, un total de
65 funcionarios de la cárcel de Teixeiro, en el
concello coruñés de Curtis, no se presentaran en su
puesto de trabajo. Al parecer, tal y como cuentan
fuentes del personal, esta es una medida de presión
del funcionariado para protestar por la falta de
plantilla en la penitenciaría, el caos que ello
provoca y el incumplimiento de los acuerdos
adoptados en el 2004 en relación al régimen laboral.
Pero, para Instituciones Penitenciarias, el
absentismo laboral no es la fórmula para llegar a un
acuerdo. Por ello, han abierto un expediente
disciplinario a cada uno de los 65 funcionarios
implicados.La amonestación no es la
única medida que han adoptado desde el Gobierno
central para controlar la supuesta huelga encubierta
y evitar que esta alcance mayores consecuencias. El
martes enviaron al penal coruñés a un inspector y un
adjunto de la Subdirección General de Inspección
Penitenciaria para investigar las razones del
absentismo y para velar por el correcto
funcionamiento de la prisión, tal y como añadieron
fuentes de Instituciones Penitenciarias. «La
penitenciaría continúa bajo la gestión de la
directora y lo que hace el inspector y el adjunto es
comprobar qué es lo que está ocurriendo»,
comentaron.
La falta de personal, provocada por
las bajas, también ha obligado a reforzar los
servicios con trabajadores de otros departamentos y
a doblar turnos para poder atender todos los
pabellones de la cárcel. Al cierre de esta edición,
todavía se desconocían cuántos funcionarios se
habían ausentado ayer.
En la cárcel de Teixeiro trabajan
en torno a unos 500 funcionarios, de los que unos
300 están en lo que se conoce como régimen interior.
Estos últimos son los que tienen una relación
directa con los reclusos al estar en lo que se
conoce como vigilancia.
Negociación
Ayer, los representantes de los
agentes sociales, Acaip-USO,
CC.?OO., CIG, CSIF y UGT, negociaban con la
Administración el arreglo del conflicto. A última
hora de la tarde, al no obtener una respuesta,
remitieron un comunicado en el que arremetían contra
la penitenciaría. Achacaban el incremento de los
controles sobre el trabajo de los funcionarios a una
especie de represalia por el encierro que en
noviembre llevaron a cabo los agentes sociales en el
despacho de la directora de la prisión. En este
sentido, denuncian que están realizando turnos de
veinticuatro horas y se ven obligados a volver al
trabajo únicamente unas horas después de rematar |
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Huelga en la cárcel
de Teixeiro |
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08/01/2010 |
| El penal coruñés lleva tres
días con el 70% de funcionarios de baja. Prisiones los amenaza
con un expediente disciplinario y los sindicatos denuncian la
"deficiente gestión" del equipo directivo |
Sólo
13 de los 50 funcionarios que ayer tenían que ir a
trabajar al penal de Teixeiro lo hicieron. El
resto están de baja médica desde hace tres días.
Una situación que ha obligado al traslado de dos
inspectores de Madrid al penal para tratar de
poner fin a esta huelga encubierta. El motivo de
la protesta tiene su origen en la intención de
Prisiones de aplicar el lápiz óptico en las
cárceles para controlar las guardias de los
funcionarios. Pero esta no es la única razón. Los
trabajadores denuncian la "deficiente gestión" de
la dirección del penal
R. PRIETO | A CORUÑA Bajo mínimos. La
prisión de Teixeiro lleva ya tres días con tan
solo el 30% de funcionarios dedicados a la
vigilancia de los reclusos. El resto están de baja
médica. De los 50 funcionarios de interior que
ayer tenían que ir a trabajar al penal coruñés,
sólo lo hicieron 13. Entre ellos tuvieron que
repartirse las guardias del día para atender a los
más de 1.500 reclusos que cumplen condena en la
cárcel de Curtis. Los sindicatos reconocen que se
trata de una huelga encubierta por la "deficiente"
gestión del equipo directivo del penal y el
"endurecimiento" de las condiciones de trabajo de
la plantilla y de las medidas de control de los
funcionarios desde el encierro que mantuvieron el
mes pasado los delegados sindicales en el despacho
de la directora, Silvia Alonso. Esta protesta ha
obligado a doblar los turnos a los funcionarios
que no secundaron la protesta y que además ha
provocado la suspensión de las vacaciones y días
libres de toda la plantilla.
Para intentar suplir este déficit de personal, la
dirección del centro ha encomendado tareas de
interior a funcionarios de la categoría V-2
-dedicados a centralita, controles de puertas o
rastrillos-. Incluso ha ordenado al personal de
oficina que se presente para cubrir los turnos de
los funcionarios de interior de baja.
Para mediar en el conflicto y tratar de llegar a
un acuerdo con los sindicatos, la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias ordenó el
traslado de dos inspectores al penal coruñés. Su
primera medida, según denunciaron ayer las
secciones sindicales de
Acaip, CCOO, CIG, CSIF y UGT en
Teixeiro, fue la de "amenazar" con un expediente
disciplinario a los funcionarios de baja, además
de "obligar a los compañeros que están trabajando
a realizar servicios de 24 horas y exigirles que
firmen un documento en el que se les notifica que
tienen obligación de entrar nuevamente de servicio
tras unas horas de descanso.
Aunque los representantes del departamento que
dirige Mercedes Gallizo viajaron a Teixeiro para
atender las quejas de los funcionarios por la
orden de implantar el lápiz óptico en las
prisiones españolas para hacer un seguimiento de
cada guardia, fuentes sindicales aseguran que eso
tan sólo es la "gota que colma el vaso".
"La protesta no es sólo por el lápiz óptico. Es
por todos los problemas que arrastra el penal
desde la llegada del nuevo equipo directivo",
señalan desde el penal de Teixeiro. Entre los
problemas que citan los funcionarios destacan
tres: la falta de personal -una situación que
afecta a todos los penales de España y que en el
caso de Curtis se traduce en un funcionario por
cada 140 reclusos-, el impago de la nocturnidad y
al productividad a los funcionarios durante los
últimos tres años y el "deficiente" tratamiento a
los reclusos. Según denuncian los sindicatos,
desde que llegó la nueva directiva, con Silvia
Alonso al frente, no hay ofertas de empleo para
los presos en el penal, los permisos acumulan
retrasos de hasta tres meses y las comunicaciones
extraordinarias se deniegan. "Los presos no tienen
alicientes y empiezan a estar hartos. Esto les
lleva a preguntarse si vale de alto tener una
buena conducta entre rejas o colaborar con los
funcionarios", denuncian desde el centro
penitenciario de A Coruña. A modo de ejemplo,
ponen el caso de un recluso al que el pasado 26 de
noviembre le fue concedido un permiso para
disfrutar de las vacaciones de Navidad con la
familia, y sin embargo este preso no salió del
penal hasta el pasado 30 de diciembre.
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El nuevo año ha empezado con dificultades en el
Centro Penitenciario de Alcolea. En sólo cuatro
días, dos presos han resultado heridos de gravedad
como consecuencia de sendas peleas que se produjeron
el lunes y a primera hora de ayer. La primera
agresión tuvo lugar durante el desayuno, cuando dos
internos del módulo 9 -uno de los más problemáticos
del centro- se enzarzaron en una disputa.
En el transcurso de la discusión, uno de los
reclusos utilizó un objeto punzante para agredirle
al otro en la cabeza, que permanece ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
Universitario Reina Sofía con pronóstico grave. Un
funcionario que se dio cuenta de lo sucedido avisó
al médico del centro, que lo atendió y decidió su
traslado al centro hospitalario.
El interno responsable de la agresión, considerado
peligrosos por su alta conflicitividad, fue aislado
tras el suceso y propuesto para primer grado, lo que
supone una situación de mayor control. Según
ACAIP el interno ya
pasó por el primer grado y, al parecer, fue
sorprendido con sustancias estupefacientes.
La segunda agresión se produjo ayer por la mañana.
Las fuentes consultadas detallaron que el suceso
tuvo lugar en el módulo 14, otro de los considerados
problemáticos, cuando los internos se encontraban en
el patio. Dos de ellos, que intentaban saldar
cuentas, se enzarzaron en una discusión que culminó
con uno de ellos con heridas de gravedad en la cara.
En el módulo 14 conviven medio centenar de internos
considerados peligrosos y otra veintena que
solicitan aislamiento de manera voluntaria.
Para ACAIP estos
dos últimos episodios violentos ponen en entredicho
la seguridad existente en el interior del recinto
penitenciario y las dificultades del trabajo diario
de los funcionarios, sobre todo tras la agresión
protagonizada por un preso islamista el pasado 31 de
diciembre por la mañana. El interno, vinculado con
los atentados terroristas del 11-M, llegó a coger un
cristal en una mano y un objeto punzante en la otra,
armas improvisadas con las que amenazó a los
trabajadores que lo vigilaban.
Los dos uniformados resultaron lesionados a pesar de
que entraron en la celda del interno con las
protecciones reglamentarias, entre ellas un casco.
Los dos fueron asistidos en la enfermería del centro
y uno de ellos, posteriormente, fue atendido en un
hospital con carácter de urgencia con una contusión
en el rostro. |
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Los seis delegados de personal de otras tantas
centrales sindicales con representación en el centro
penitenciario de Monterroso (Lugo) mantuvieron este
viernes un encierro para expresar su apoyo a los 65
funcionarios de la cárcel coruñesa de Teixeiro que
no acudieron a trabajar el martes y el miércoles y
que fueron expedientados por el Ministerio de
Interior. Uno de los representantes sindicales,
José Luis Rivas, explicó que el encierro lo
iniciaron a las 8.00 horas para concluir sobre las
15.00 horas en la sala de juntas del centro.
Previamente, se reunieron con el director del
centro, Víctor Fraga, quien no les puso ningún
impedimento para realizar este acto de protesta.
Así, pretendían denunciar, como sus compañeros de
Teixeiro, han visto "como se han ido endureciendo
sus condiciones de trabajo y como han ido en aumento
la presión desmesurada ejercida por parte de la
secretaria general de Instituciones Penitenciarias
sobre ellos, en represalia por las declaraciones
realizadas en noviembre cuando mantuvieron un
encierro".
De manera conjunta, CSIF,
Acaip-USO, CIG,
UGT, CC.OO. y APFP, explicaron que en el encierro de
sus compañeros de Teixeiro "se denunció el alarmante
empeoramiento de sus condiciones de trabajo en ese
centro en concreto, y en todos los demás en
general".
DETERIORO
"Además de mostrar nuestro apoyo a estos
funcionarios, queremos denunciar el gravísimo
deterioro que estamos sufriendo día a día en
nuestras condiciones laborales, pudiendo llegar en
algunos centros a extremos insoportables",
protestaron.
Asimismo, los delegados sindicales encerrados
en Monterroso indicaron que "día a día va en aumento
el número de internos, las prisiones se están
masificando de una manera exagerada, se mantiene el
mismo número de funcionarios para el doble de
internos y se va perdiendo autoridad del funcionario
dentro de las prisiones".
Denunciaron, asimismo, que aumenta, "de forma
alarmante las agresiones a los funcionarios". Esto
conlleva, según añadieron, "a una desmotivación
generalizada de las plantillas de los centros
penitenciarios".
"Y mientras tanto, nuestra secretaria general,
en una actitud totalmente irresponsable destierra
totalmente el diálogo social, y la negociación con
sus trabajadores, limitándose a seguir una política
de improvisación e imposiciones", sentenciaron.
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Instituciones Penitenciarias ha logrado poner fin a
la huelga encubierta iniciada esta semana por los
funcionarios de interior de Teixeiro. Los delegados
sindicales reunidos ayer con los dos inspectores que
Prisiones envió al penal coruñés para mediar en el
conflicto han decidido dar un "voto de confianza" a
la Administración por la "responsabilidad" que exige
la situación y han decidido poner fin a la protesta
secundada por el 70% de la plantilla de interior.
Ante las protestas por la "caótica" situación en
Teixeiro derivada de la falta de personal, los dos
representantes de Prisiones dieron el visto bueno a
los planteamientos de los sindicatos: el déficit de
funcionarios se tratará de subsanar con personal en
prácticas y el impago de la nocturnidad y la
productividad se llevará a una reunión el día 12 en
Madrid, según informaron ayer fuentes sindicales.
Pero los expedientes disciplinarios abiertos a los
funcionarios que esta semana no acudieron a trabajar
alegando razones de salud -más de 150 de los 240
trabajadores que vigilan a los 1.500 reclusos que
cumplen condena en el penal coruñés- sigue su curso.
Los funcionarios expedientados, que todavía no han
recibido notificación oficial alguna, dan por hecho
el archivo de la sanción por estar "justificada" su
baja médica.
En tan sólo dos días, según confirmó ayer
Instituciones Penitenciarias, fueron tramitados 65
expedientes disciplinarios a funcionarios de
Teixeiro por absentismo laboral. Desde el
departamento que dirige Mercedes Gallizo,
advirtieron a los trabajadores implicados en esta
huelga encubierta de que estos hechos son "graves" y
de que "hay otras maneras de plantear las
reivindicaciones sin tener que abandonar el puesto
de trabajo". Una vez tramitados los expedientes
disciplinarios, Prisiones tratará de determinar en
qué casos está justificada la falta al puesto de
trabajo, ya que algunos funcionarios no pudieron
acudir ayer a trabajar por complicaciones del
tráfico en las carreteras gallegas como consecuencia
del temporal de nieve.
"La apertura de expedientes es una estrategia que
sólo tiene afán intimidatorio. En una plantilla con
gente joven puede hacer mella, pero no en nuestro
caso", advirtieron fuentes sindicales. Trabajadores
de Teixeiro reconocieron que la mayoría de la
plantilla de interior del penal ha decidido no
acudir a trabajar como medida de presión por la
"deficiente gestión" del equipo directivo de la
cárcel y el "endurecimiento" de las condiciones de
trabajo del personal y de las medidas de control a
los funcionarios desde el encierro que los delegados
sindicales mantuvieron el pasado mes de noviembre en
el despacho de la directora, Silvia Alonso, por la
"caótica" situación del centro.
El déficit de personal en la prisión de Teixeiro ha
obligado a la dirección del centro penitenciario a
suspender las vacaciones y días de descanso de toda
la plantilla. Incluso, funcionarios de la categoría
V-2, dedicados a centralita o controles de puerta,
han sido llamados para hacer tareas de vigilancia en
los módulos de presos y el personal de oficina ha
tenido que presentarse para cubrir los turnos de los
funcionarios de baja.
Esta situación, según denunciaron las secciones
sindicales de Acaip,
Comisiones Obreras, CIG, CSIF y UGT en Teixeiro ha
provocado que los funcionarios que no están de baja
tengan que hacer servicios de más de 24 horas y
doblar turnos.
Pero con el acuerdo alcanzado in extremis ayer por
la tarde, los sindicatos dan por hecho que a partir
del lunes la situación tenderá a normalizarse en la
prisión de Curtis y los funcionarios irán
reincorporándose a su trabajo.
Los funcionarios de la cárcel de Teixeiro
protagonistas de la huelga iniciada el martes
recibieron ayer muestras de apoyo de compañeros de
la cárcel de Monterroso. Los seis delegados de
personal de otras tantas centrales sindicales con
representación en el penal lucense se encerraron
ayer para manifestar su respaldo a los 65
funcionarios expedientados del centro penitenciario
de Curtis. |
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 Funcionarios
de la prisión de Villabona vieron ayer alterado
su horario de trabajo y los familiares de los
internos no pudieron realizar las visitas
programadas con normalidad a causa de la nieve,
ya que el acceso a la cárcel asturiana quedó
totalmente bloqueado hasta las once de la
mañana.
Los trabajadores que realizaron el turno de
noche tuvieron que prorrogar su jornada hasta
que les llegó el relevo. Las condiciones
atmosféricas afectaron también al servicio de
comedor y algunos funcionarios tuvieron que
recurrir al rancho de los internos para
alimentarse, , según informaron fuentes
sindicales.
La Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias
acusó a la dirección del centro de «falta de
previsión».
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|
 La
nariz de Bartolo no descansa. Es juez
inapelable. Contra su veredicto no cabe recurso:
si Bartolo dice que te duches, a la ducha. Si
dice que te cambies de ropa, te cambias. Sin
rechistar. Bartolo cuida de que los noventa
presos de su módulo huelan como personas. No a
humanidad. Uno de los compromisos para estar en
ése módulo es la higiene. Todos los presos se
duchan todos los días. Todos los presos se
cambian de calzoncillos todos los días. Son las
normas. Es la vida uno de los módulos de respeto
de la prisión Jaén II. Un lugar sin drogas, sin
voces, sin peleas, sin motes. Un módulo que
reluce. Por fuera, porque la limpieza en todos
los rincones es impecable. Y también por dentro:
la mirada de los presos tiene el brillo de la de
los hombres que, hasta cierto punto, son dueños
de su vida.
Los propios presos se autogestionan. Limpian,
decoran, reparten la comida. Las puertas de las
celdas están siempre abiertas. Sólo se cierran
de noche. Pero no se recuerdan robos.
Antonio lleva en prisión nueve años y tiene aún
once más de condena por delante. Asesinato. Fue
uno de los condenados por el Crimen de la
Movida. Entró en la cárcel con veinte años. Ha
pasado ya entre rejas un tercio de su vida
prácticamente. Desde hace dos años está en el
módulo 7, el primero que abrió en Jaén con este
sistema. «Aquí no tienes que estar
constantemente mirando a tu espalda», asegura.
Mientras tanto, Bartolo sigue su ronda. «Tienes
que estar siempre pendiente. Aunque también hay
gente que me echa una mano y me dice 'Bartolo,
que fulanito va por ahí echando un pestazo que
no veas'. Yo se lo digo, se lava o se cambia».
En el módulo 7 el aspecto de los presos es
impecable. «Si estuviéramos en otro módulo
tendría que llamarla la atención a todo el
mundo», ríe Bartolo. Los presos del módulo 7
difícilmente pueden disimular el orgullo que
sienten al contemplar dónde viven. Cómo viven.
Sobre todo cuando se acuerdan de dónde vivían.
De cómo vivían. Ni una colilla, ni un papel, ni
un escupitajo en suelo, que brilla después de
que una cuadrilla de internos haya limpiado.
Nadie se sienta en cuclillas sobre una lata,
porque no hay nadie ocioso.
Jesús Sánchez, educador y coordinador de los
módulos abiertos, tiene que recurrir a la
memoria de un grupo de internos veteranos para
recordar algún caso de reincidencia en los dos
años de existencia del módulo de respeto. Sólo
recuerdan uno. «Ni siquiera es significativo,
porque se trata de alguien que no tenía nada
fuera. Tenía muchas papeletas para volver a
caer», explican. El dato es significativo. Según
datos del sindicato
Acaip, entre el 75 y el 85% de los
presos de la cárcel de Jaén son reincidentes. En
el módulo de respeto, de momento, sólo un caso.
«El objetivo es mejorar la calidad de vida y que
la cárcel, en sí misma, no sea un castigo
añadido a la pena de privación de libertad. Sólo
se pide el mínimo exigible en la calle, aunque
comparado con lo que hay en el centro puede ser
superlativo. Es cierto que puede ayudar a la
gente a trabajar sobre las causas que lo
llevaron a prisión. Pero ese no es el objetivo.
Aunque sí, puede hacer que no vuelvan a caer
porque adquieren hábitos que los ayudan fuera»,
asegura el director de la cárcel, Manuel
Martínez.
Los presos se reúnen todos los domingos.
Asamblea. Ellos deciden cómo resolver
determinados problemas. «Todo lo que ellos
puedan resolver con autogestión se respeta»,
insiste Jesús Sánchez. Ellos mismos se han
dotado de 354 normas. Normas muy concretas. La
última: detectaron que a la hora de comer había
mucho ruido en la sala. Acordaron que todos iban
a hablar bajo. A la una y media noventa personas
se sientan a comer (calamares en salsa,
salchichas y fruta). Como si fuera una
convención de nórdicos. En todas las mesas se
conversaba. Pero apenas si se escuchaba un
murmullo, un runrún sin una voz más alta que
otra.
Antonio es el presidente de la asamblea del 7.
«Como el alcalde del módulo», explica Sánchez.
Hasta ser la persona respetada por sus
compañeros que es hoy, ha pasado mucho en la
cárcel. Hasta madurarlo. «Los primeros cinco
años le das muchas vueltas. Piensas: qué hago yo
aquí, si yo estaba allí pero no hice nada. Luego
recapacitas. Tengo que estar aquí. Punto. Lo
asumes».
De aquel Antonio de veinte años que se vio
envuelto en un crimen queda poco ya. Ya ha
sacado primero de Derecho, con algún
sobresaliente. No se le da mal. Buena parte de
los recursos que salen del módulo 7 destinados
al juez de Vigilancia Penitenciaria los hace él.
Ya le llegan incluso desde otros módulos para
que se los haga. Se levanta a las cinco y media
para hacer pan. No para en todo el día. Uno de
los compromisos de los que solicitan entrar en
el módulo es no tener ni un minuto de ocio al
día. Los presos tienen agendas maratonianas:
clases, talleres, trabajos dentro y fuera de la
clase, estudios (18 de noventa están estudiando
acceso a la Universidad o alguna carrera),
deporte y otras actividades.
Disciplina
La disciplina se mantiene con un sistema
sencillo: al que hace algo mal se le pone un
negativo. Si la ha liado gorda, tres negativos
del tirón. Nueve negativos en un trimestre son
expulsión inmediata. Una pelea es expulsión
inmediata. Un positivo en un control de drogas
(son constantes y aleatorios) es expulsión
inmediata. Antonio repite un pensamiento común a
todos los presos que han probado a vivir en un
módulo de respeto: «Día a día hago todo lo
posible para que no me lleven a otro».
En el módulo 7 ya todo va como la seda. Dos años
hacen que el mecanismo esté bien engrasado. «Al
principio fue difícil. Los internos no querían
someterse a más reglas. Nadie lo entendía. Pero
pudimos formar un grupo de gente y comenzar.
Quedaron encantados», recuerda Jesús Sánchez. En
el 7 hay presos primarios (que cumplen su
primera condena).
Los más duros
Desde abril pasado, el 3 también es un módulo de
respeto. Una apuesta más arriesgada. Casi la
totalidad de los presos allí son reincidentes.
Basta echar un vistazo a sus ropas, sus miradas,
sus tatuajes, sus gestos, para advertir que se
trata de gente muy curtida en las prisiones. La
tensión en el ambiente allí es mayor. «·Aún hay
mucho trabajo. Ellos se implican, pero tienes
que estar muy pendiente», dice Andrés. Es el
funcionario de prisiones más veterano de la
cárcel. Está en el oficio desde 1971 y ha visto
de todo en su carrera.
Las miradas de los funcionarios se van hacia el
interno que vigila la cola de la comida. En el
módulo 7 hace tiempo que ya no necesitan esta
figura. En el 3 aún es precisa. El aspecto del
controlador revela una larga vida carcelaria. El
rostro está cuajado de tatuajes «Cuando nos
pidió ingresar aquí no nos lo creíamos. Una
bomba de relojería, un tío que la puede liar en
cualquier momento. Pero está respondiendo» dicen
los responsables del módulo. Y se lo comentan a
él. Se ríe. «Se harta uno de andar por ahí
liándola. Aquí estoy bien», asegura.
José Manuel es el presidente de la asamblea de
internos del módulo 3. Él también aterrizó allí
tras una traqueteada vida penitenciaria por el
norte y por macroprisiones como El Puerto. «Los
que venimos de otros sitios y llevamos muchos
años somos los que más valoramos esto. No hay
comparación cómo se vive en estos módulos. Así
que nos acoplamos mejor». Él lleva once años
preso. «Seis del tirón», precisa. En su mirada
clara se atisba una llama de ilusión por lo que
está haciendo. «Hay mucho trabajo por hacer.
Pero está colaborando todo el mundo».
Actualmente son módulos de respeto el 7, el 3
(ambos con noventa internos) y el 9 (con algo
más de 30, presos de corta estancia por delitos
de tráfico o quebrantamientos). Otro módulo es
una Unidad de Tratamiento y hay otro que es una
antesala a éste. La idea es que en 2012 haya
cinco módulos de respeto o tratamiento, y dos
más para presos que no se adaptan «más que a
vivir como viven ahora». Sin respeto. Otros
quisieron ser un poco más libres.
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Compromiso, sí, pero no será inmediato. El refuerzo
de personal que ha prometido Instituciones
Penitenciarias a los funcionarios de Teixeiro para
poner fin a la huelga encubierta secundada por el
70% de la plantilla de interior -encargada de la
vigilancia de los reclusos- no llegará, al menos,
hasta el próximo mes de marzo. Aunque las
reclamaciones de los trabajadores del penal de
Curtis pasaban por un aumento de funcionarios de
carrera, finalmente tendrán que conformarse con
personal en prácticas. Y es que la nueva promoción,
que saldrá el próximo día 18, necesita un periodo de
formación que retrasará durante más de un mes su
incorporación a los distintos centros
penitenciarios.
Este principio de acuerdo, que recoge también las
reclamaciones sobre la mejora de las instalaciones
de agua y calefacción del centro penitenciario y
deja el impago de la nocturnidad y la productividad
durante los últimos tres años para una reunión en
Madrid el próximo día 12, ha permitido poner fin a
la huelga encubierta que protagonizó esta semana la
mayoría de los funcionarios de interior de Teixeiro
-más de 150 de los 240-.
Delegados sindicales que el viernes se reunieron con
los dos inspectores que Instituciones Penitenciarias
envió de Madrid para mediar en el conflicto
confirmaron ayer que a partir de mañana los
funcionarios de baja médica irán incorporándose a
sus puestos de trabajo, permitiendo así la vuelta a
la normalidad en el interior de la cárcel, en la que
cumplen condena más de 1.500 reclusos.
La protesta de los funcionarios, que cuestionan la
"deficiente gestión" del equipo directivo del penal
y que incluso se plantean pedir la dimisión de la
directora, Silvia Alonso, comenzó el pasado martes.
El absentismo laboral, que dejó a la cárcel con tan
sólo el 30% del personal de interior operativo,
obligó a a los funcionarios que no secundaron la
protesta a doblar los turnos de trabajo y a hacer
servicios de más de 24 horas.
Esta situación llevó a la dirección del centro
penitenciario a suspender las vacaciones y días de
descanso de los trabajadores e incluso a ordenar
tareas de interior a funcionarios dedicados a
centralita y controles de puertas.
Fin de la huelga
Los funcionarios de Teixeiro dan por hecho que
Prisiones no reforzará estos días la plantilla con
ningún trabajador en prácticas de otros penales
gallegos. "Se tirará con el personal que ahora está
trabajando hasta que a lo largo de la próxima semana
se incorporen los que están de baja", aseguran.
En vistas al refuerzo previsto para marzo, los
sindicatos esperan que de las poco más de mil plazas
convocadas la oferta para Teixeiro no se quede en
las 15 que le otorgan cada año. "Eso sería
insuficiente. Es lo que recibe en cada
convocatoria", advierten fuentes sindicales que
además reclaman que se mantengan durante el periodo
de prácticas, ahora de 18 meses, y no los trasladen
a los pocos días o semanas a otras prisiones. De la
quincena de funcionarios en prácticas asignados el
año pasado al penal de Teixeiro, en la actualidad
tan sólo trabajan un par de ellos. |
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| AGENCIA EFE
10/01/2010 |
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El sindicato ACAIP
ha denunciado hoy, en un comunicado, que desde final
de diciembre los "trabajadores de los centros
penitenciarios" están siendo "objeto de amenazas por
parte del entorno de la organización terrorista
ETA", por lo que han pedido al Ministerio un
refuerzo de la seguridad en las cárceles.En un
comunicado fechado en Topas, localidad salmantina en
la que se ubica la cárcel del mismo nombre, el
sindicato ha explicado que algunas de esas
"amenazas" se "han visto reflejadas en diferentes
medios de comunicación y han sido trasladadas a los
diferentes responsables ministeriales".
Ello, "tras el aviso del Ministerio del Interior
de que la organización terrorista "planeaba un
atentado espectacular y que barajaban que dicho
atentado podía consistir en el secuestro de alguna
persona de algún sector significado".
Según ACAIP,
"la Institución Penitenciaria y sus trabajadores
estamos siendo objeto del acoso sistemático a los
medios afines a dicha organización y nos encontramos
en su punto de mira tras el anuncio de una campaña
de protestas en las cárceles".
Por ello, según el comunicado, "desde
ACAIP hemos pedido
al Ministerio que refuerce la seguridad en los
centros penitenciarios", con indicaciones de
aquellos que son, a su juicio, "excesivamente
vulnerables a sufrir un posible atentado". |
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 Un
módulo sólo para menores que acaba siendo invadido
por condenados adultos, contraviniendo la
legislación penal. Un ala de rehabilitación de
drogodependientes en el que se coloca a los presos
nuevos, que "vienen con sus vicios encima".
Apenas cinco funcionarios para hacer, en un día,
200 movimientos de presos. Un grado de ocupación
superior al 145%, y subiendo. Centenares de celdas
concebidas para un solo preso, pero ocupadas por
dos, "y tememos que se pueda llegar en breve a un
tercer camastro, si esto sigue así". Un
hacinamiento "brutal", soportado por una plantilla
exigua: "En estas condiciones, nadie quiere venir
a trabajar aquí. No sabemos qué hacer con los
presos, los metemos donde podemos".
No es el panorama carcelario de ninguna
república bananera. Así están las prisiones de la
Comunidad, denuncia el sindicato Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip).
Y "lo que viene será peor", explican, por la
creciente penalización de la vida pública, que ya
alcanza incluso al Código de la Circulación.
El problema de base: en los penales
españoles, en 2000, había 45.000 presos. Hoy son
más de 76.000, y subiendo. Un ejemplo
palpable, según Acaip,
es Soto del Real: se construyó para 1.008
internos. "Hoy, rara vez baja de 1.900". Y así.
Una situación que es extiende en España
El panorama no es privativo de Madrid. Las
cárceles españolas están al 165% de su capacidad,
calculan los expertos, e incluso la murciana de
Sangonera alcanza la cifra del 225%. La de
Estremera, inaugurada hace apenas un año, tiene ya
entre 1.600 y 1.700 presos.
La cárcel de Aranjuez, por ejemplo, "está al
187%", asegura Acaip.
"Estremera se abrió hace un año y ya está a
rebosar. Y la falta de personal es acuciante.
Nadie quiere trabajar en semejantes condiciones,
así que los funcionarios van desfilando. Cuando
les da tiempo a aprenderse el programa
informático, ya se van. Así, un funcionario en
prácticas soltó por error a un preso de Estremera
y tuvieron que volver a detenerlo. Esta situación
conlleva peligros y problemas, pero no sólo para
los que trabajamos allí, sino para la sociedad»,
dicen en Acaip.
"En Aranjuez, por ejemplo, hemos tenido
10 agresiones en 10 meses. Los reclusos
ven la situación que hay, en la que están, y es
una olla a presión. Un funcionario de Aranjuez,
por ejemplo, estuvo varios meses de baja desde
julio de 2008 porque un preso le destrozó la
rodilla". Sigue otro responsable de la central
sindical: "Al estar los módulos completamente
llenos, ya no se mira el perfil del preso para de
alguna manera favorecer su reinserción, que es la
razón de ser de las prisiones, además del
castigo".
'Los ponemos donde podemos'
"Los ponemos donde podemos, sencillamente. Son
camas calientes sin más, el único criterio que
seguimos para situarles es el del hueco libre",
explican. Dicen que fue el ex ministro Antoni
Asunción el que "en los 90 quiso cerrar las
macroprisiones tipo Carabanchel, que tenía
entonces 2.000 reclusos y nos parecía una
barbaridad. Ahora todo está a rebosar, de nuevo".
El panorama no es muy distinto, aseguran,
en Soto del Real, que tiene 1.900 ingresos de
media, siempre según
Acaip. En el caso
de ingresos son cinco funcionarios para gestionar
200 presos al día.
Cuentan en Acaip que junto al módulo 14, el de
Proyecto Hombre, un ala "distinta a las demás
porque sus ocupantes son toxicómanos en proceso de
rehabilitación", se suele colocar a presos de
nuevo ingreso, "que llegan como llegan, fumando y
con droga". Hay días que ingresan en ese modulo
hasta 38 nuevos reclusos. Todo "por la saturación,
obviamente".
"En este módulo los presos no pueden tener
televisión, las paredes son de distinto color...
Hay una serie de especificidades para favorecer la
reinserción de los drogodependientes, pero eso
queda desvirtuado al meter a los otros. Llegan
fumando, o con droga, o...".
Falta de funcionarios
Dicen también, por ejemplo, que en el módulo
cinco, para 100 presos reincidentes y
problemáticos, que provocan "peleas continuas",
sólo hay un funcionario. "Antes del verano, un
compañero terminó con varios dedos rotos por un
interno que se le escondió en la celda y no se
dejaba ver, como están obligados a hacer. En la
reducción el funcionario terminó con varios dedos
rotos. Un jefe de servicio terminó, en otra
refriega, con una costilla rota, después de una
agresión en aislamiento".
Meco es la prisión en la que, como se refería
al principio del artículo, se mezclan adultos y
menores en el módulo dedicado exclusivamente a
estos últimos. "Se les suele colocar a entre 15 y
20 presos de nuevo ingreso por ahí".
Instituciones Penitenciarias lo niega.
Más: "En Valdemoro, por ejemplo, hasta hace
nada había unos 60 presos en tercer grado que se
pasaban el día tirados en un patio de 40 metros.
En realidad podían salir, pero no lo hacían porque
no tienen cómo abandonar la prisión, no hay
transporte hasta el pueblo".
Prosiguen en Acaip: "Y, además, hoy en Madrid,
hay 10.000 condenados por delitos que no conllevan
prisión, como por ejemplo algunos relacionados con
la circulación. En el caso de reincidir, que
algunos lo harán, seis meses de cárcel...
La situación es potencialmente catastrófica.
Mientras no pase nada, a nadie le importa.
Pero si pasa algo...".
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11/01/10 |
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Denuncian que
son objeto de «seguimiento» por parte de los funcionarios
para medir su «adhesión a la banda». |
Los presos de ETA amenazaban, en el comunicado hecho
público el pasado martes, a los directores de las
cárceles de Martutene, en San Sebastián, y de
Nanclares de la Oca, en Álava, tal y como publicó
ayer LA RAZÓN en su última edición. «Consideramos
denunciable lo que está sucediendo en las cárceles
de Euskal Herria. En la prisión de Martutene, la
dirección del centro les ha ofrecido a dos
compañeros el arrepentimiento, exigiéndoles que
cumplan la condiciones (condena pública, la garantía
del abono de los daños, la colaboración) o
amenazándoles de que serían llevados fuera de Euskal
Herria. Ha sucedido en octubre. Lo mismo en
Langraitz (Nanclares). Tras preguntar si eran del
colectivo y respondiendo afirmativamente, algunos
compañeros han sido trasladados», afirman.
«¿Es posible que eso suceda en las prisiones de
Euskal Herria? –agrega el comunicado– ¿Quiénes son
estos dos directores para hacer tales chantajes?». Y
para redondear la amenaza, el «colectivo» de presos
etarras recuerda que estas dos personas «a diario
salen y entran de estas cárceles».
A los reclusos terroristas les molesta que, según
ellos, se haya organizado «un seguimiento puntual»
de los presos por parte de funcionarios-mensajeros
«con el objetivo de calibrar nuestras opiniones y
posturas. Preguntando si mantenemos la adhesión al
colectivo, sugiriendo que nos quieren hacer favores,
diciendo, sin vergüenza, que la apuesta para ir a
Euskal Herria se halla abierta».
El comunicado adelantaba algo de lo que ocurrió
ayer, cuando el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi,
negó, a través de «Gara», que fuera suya una carta
que se la había atribuido y en la que se hacía una
condena de las actividades terroristas.
Curiosamente, el desmentido se ha producido tras
conocerse el contenido del duro comunicado del
«colectivo» en el que no abre ninguna puerta al
rechazo de los atentados.
Los internos de la banda aprovechan para atacar a la
Prensa. «El papel de los medios de comunicación
también está siendo notorio, manipulando las
palabras y actitudes de los presos, dando un eco
mediático y justificando los movimientos a
posteriori. Inspeccionando las palabras o las cartas
de los presos, manipulándolas, adecuándolas, para
construir noticias intoxicadoras».
«Ayuda mediática plena»
«No desechamos –agregan los reclusos de la
organización criminal– la posibilidad de que por
parte del enemigo se produzcan movimientos de más
calado. Con la ayuda mediática plena, pueden tener
la tentación de hacer traslados masivos. Para,
sirviéndose de los ex-presos que se hallan fuera del
colectivo, reforzar la política del arrepentimiento.
Y de la misma forma, para influir, de manera
perversa, en la situación política general».
La dispersión en los distintos centros
penitenciarios de España y Francia es lo que más
daño hace al «colectivo», ya que el mantenimiento de
la disciplina interna, aunque se observe por el
miedo a represalias, sobre todo contra sus
familiares, se hace más complicada. Por ello, atacan
a los políticos del PSOE y el PP que mantienen la
unidad de acción antiterrorista. «Quieren,
reivindicando la licitud y legalidad de la
dispersión, ocultar sus responsabilidades políticas.
Generar, con la caza de imágenes y con los ruines
registros, contradicciones. Por otro lado, nos
quieren aislar de la sociedad. Para hacer lo que
quieran en las cárceles y para facilitar cualquier
movimiento, han ampliado el campo de impunidad»,
afirman.
Marlaska prohíbe
una cena proetarra
El juez de instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande-Marlaska, prohibió ayer
la celebración de una cena que iba a realizarse por
la noche en la localidad navarra de Leiza en
solidaridad con los presos de ETA, al entender que
supondría un «claro homenaje al conjunto de presos
de la organización terrorista». Marlaska tomó esta
decisión tras recibir una comunicación de la Guardia
Civil que apuntaba que detrás de la convocatoria del
acto estaban las asociaciones ilegalizadas Gestoras
Pro-Amnistía y Askatasuna. |
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Más de 5.000 murcianos condenados a trabajos
comunitarios por delitos relacionados con
infracciones a la Ley de Seguridad Vial -exceso de
alcohol o velocidad y conducción sin carnet, la
mayoría- están en lista de espera para poder cumplir
estas penas alternativas a la cárcel, según ha
podido saber LA OPINIÓN, y muchas prescribirán por
la falta de plazas para cumplirlas en la Región. El
número de penados por estos delitos se ha disparado
en los dos años que lleva aplicándose la reforma del
Código Penal en materia de tráfico, por lo que la
secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias
ha emprendido una campaña de captación de socios
-ayuntamientos, asociaciones y ONG- para ampliar el
número de plazas ofertadas para realizar estos
trabajos.
Según datos de Instituciones Penitenciarias, 3.298
personas han cumplido ya penas de este tipo en la
Región y otras 2.431 estaban cumpliéndolas a 31 de
diciembre de 2009. Otras 5.000, según otras fuentes
consultadas, estarían pendientes de la asignación de
plaza, un proceso que puede alargarse meses e
incluso años, ya que hay condenas que no prescriben
hasta pasados los cinco años.
Las entidades que ofrecen plaza de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad tienen fijado en el
convenio con Instituciones Penitenciarias el número
de penados que reciben y los seleccionan si su
perfil se ajusta a la actividad que desempeña la
institución. Los trámites no suelen durar más de
tres meses, aunque la falta de Trabajadores Sociales
en este área para tramitar los expedientes está
demorando el proceso hasta el punto de que más de
5.000 murcianos están esperando su turno. |
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Alrededor de 720 presos de las cárceles de Zuera y
Daroca solicitan anualmente algún tipo de asistencia
psiquiátrica. Según los datos que tiene el
Ministerio de Justicia del año 2008, fueron 520
internos de la prisión de Zuera (con una población
reclusa de aproximadamente 2.000 internos) y 196 en
la de Daroca. Estas consultas son atendidas por un
psiquiatra del Servicio Aragonés de Salud junto a
otros ocho profesionales, que son psicólogos,
educadores y psiquiatras.
A pesar de este dato, tan solo un 4% de los
presos recibe asistencia psiquiátrica de forma
continuada en cada uno de los dos centros
penitenciarios. En ambos casos existe un plan de
atención especial e integral para enfermos mentales,
y acude un psiquiatra cada diez días. Además, hay 70
internos que reciben un protocolo permanente de
prevención de suicidios. Sin embargo, y pese a todos
estos datos, Zuera ostenta el triste récord de
reclusos fallecidos en las celdas españolas. Desde
su inauguración, en el 2001, han fallecido más de 30
presos.
DELITO Y PATOLOGÍA
Hasta agosto del 2009, las dos cárceles zaragozanas
albergaban a 16 personas sometidas a medidas
excepcionales de seguridad por la aplicación de una
eximente incompleta, es decir, eran personas presas
con patologías psiquiátricas que les había inducido
a cometer delitos por los que estaban recluídos.
Junto a los programas de atención integral para
reclusos con enfermedades mentales, Instituciones
Penitenciarias ha puesto en marcha otros planes para
intentar ofrecer una mejor calidad de vida
asistencial a la población presa en Aragón. Así, se
atiende a una media anual de 93 internos
drogodependientes a los que, junto a Cruz Roja,
Proyecto Hombre, Comunidad El Frago y Pastoral
Penitenciario se les intenta ayudar para que superen
su adicción.
Otros planes tienen menos éxito de participación,
aunque se prestan también. Es el caso de un programa
que en colaboración con FEAPS, atiende a tres
reclusos al año con discapacidad intelectual.
Asimismo, se presta asistencia especial a 15
internos que así lo han querido voluntariamente. De
hecho, todos estos planes se caracterizan por ser en
su mayoría voluntarios.
El programa que tiene menos aceptación es uno
específico contra la violencia de género. Se han
realizado dos cursos pero en las dos ediciones solo
ha habido siete reclusos interesados en participar,
a pesar de que hay más presos por estos delitos. |
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Instituciones Penitenciarias no pasará por alto el
"absentismo" del 70% de los funcionarios de interior
en la cárcel de Teixeiro. Para ello, un tribunal
médico valorará desde hoy las bajas que presentaron
la semana pasada más de 150 de los 240 trabajadores
que vigilan los 1.500 reclusos que cumplen condena
en el penal coruñés. La previsión era que los
médicos encargados de la evaluación del personal de
baja llegasen ayer a Teixeiro, pero las nevadas en
Barajas retrasaron hasta hoy el inicio de sus
valoraciones.
Los trabajadores del centro penitenciario de Curtis
cuestionan la "legalidad" de la decisión de
Prisiones y la atribuyen a una "caza de brujas" ya
que tan sólo un día después de que los delegados
sindicales llegasen a un principio con los dos
inspectores enviados desde Madrid para mediar en la
presunta huelga encubierta empezaron a llegar
telegramas que los citaban para un tribunal médico.
Con el acuerdo alcanzado el viernes por la tarde
-compromiso de aumentar el número de funcionarios en
prácticas para el penal coruñés en la convocatoria
de este año, mejora en las instalaciones de agua y
calefacción y revisión de los pluses de
productividad y nocturnidad-, los sindicatos daban
por hecho que la situación de déficit de personal
tendería a normalizarse a lo largo de esta semana.
Sus previsiones, al menos para ayer, se cumplieron.
Una veintena de funcionarios de baja se
reincorporaron a su puesto de trabajo. Pero la
vuelta del resto se presenta "complicada", según
advierten fuentes sindicales. "La decisión de
nombrar un tribunal médico, lo único que hace es
agravar la situación. Habrá que esperar a ver qué
ocurre mañana (por hoy)", reconocieron ayer
trabajadores de Teixeiro.
Expedientes abiertos
Con la constitución de este tribunal médico
-convocado por la Delegación del Gobierno, según
apuntaron desde Instituciones Penitenciarias-, el
departamento que dirige Mercedes Gallizo pretende
que cada funcionario que no acudió a su puesto de
trabajo en los últimos días "justifique" esa falta.
A cada uno de los más de 150 funcionarios que desde
el martes pasado no acuden a su puesto de trabajo,
Prisiones les ha abierto un expediente disciplinario
por falta grave. Instituciones Penitenciarias dará
carpetazo a los expedientes de los trabajadores que
justifiquen ante ese tribunal su baja médica. El
resto seguirá su curso. Entre las posibles sanciones
figura la retirada del servicio. |
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Los sindicatos CSIF y Acaip
criticaron hoy que la dirección del Centro
Penitenciario de Albolote (Granada) tenga previsto
clausurar uno de los módulos de mujeres --el de
madres presas-- para destinarlo a hombres con
problemas mentales, de modo que ambos colectivos
"estarán mezclados en una misma sala".
Fuentes de Acaip
informaron a Europa Press de que en la actualidad,
los dos módulos de mujeres cuentan con espacios
comunes, por lo que las mujeres estarán en contacto
con hombres con problemas psíquicos --como
maltratadores o violadores--, lo que a su juicio
generará tensiones entre las presas, algunas
víctimas de estos delitos.
La dirección del centro trasladó esta propuesta a
los trabajadores el pasado 18 de diciembre a tenor
del nuevo centro para mujeres presas que se ha
abierto en Sevilla, donde previsiblemente serán
derivadas las de Granada.
"El director nos ha dicho que no hay ninguna
decisión tomada pero estamos preocupados", añadieron
las fuentes sindicales, que proponen que este módulo
pase a ser de los llamados 'de respeto'.
Aquí se ubicarían todas las internas que tienen un
comportamiento excepcional y serviría de acicate
para todas aquellas presas que están enfrente, en
vez de ubicar a presos que sólo les van a traer a
las reclusas y a las funcionarias "problemas de todo
tipo", añadió el sindicato CSIF. |
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La SIEP ofrece cinco millones en contrapestación por la nueva
cárcel de Soria |
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12/01/10 |
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El equipo de gobierno ha presentado a la
oposición en la Comisión de Urbanismo el acuerdo alcazado con
la SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios) por el que se compromete a invertir por valor
de cuatro millones de euros, más otro más que será entregado
en efectivo. |
La SIEP ofrece al Ayuntamiento de Soria un convenio
por el que se compromete a realizar obras por valor
de cuatro millones de euros, más otro en efectivo
que recibirían las arcas municipales, para compensar
la construcción de la futura cárcel en los terrenos
de la Laguna. Las inversiones se centrarían en
realizar medidas urbanísticas para evitar el impacto
en el monte público Valonsadero, mejorar el pasillo
verde, en infraestructuras del Barrio de las Casas (
pavimentaciones de viales, reforma de la pista
polideportiva, entre otras), y sobre todo la
ejecución de un colector para llevar las aguas
sucias al de la ciudad que serviría también para el
desarrollo de los suelos urbanísticos que rodean la
cárcel, así como el compromiso de colaborar en
ampliar la planta depuradora. Con respecto a los
actuales suelos donde se ubica la cárcel, la Siep se
compromete a "colaborar" en la cesión de los mismos
al ayuntamiento, mientras este se compromete
"ayudar" a localizar el terreno idóneo para ubicar
el futuro centro de reinserción y "facilitar y
agilizar" su construcción. Por su parte el
ayuntamiento de Soria se compromete a dotar de agua
potable a la cárcel.
Los miembros de la oposición se han preocupado por
saber si este convenio debe ser ratificado en pleno,
por lo que el equipo de gobierno debería buscar el
apoyo en PP o en Ides, o si por el contrario puede
ser aprobado por la Comisión de Gobierno. Para
despejar esta duda se ha solicitado un informe a los
técnicos municipales. |
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 La
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
ayer que desde finales de diciembre los
"trabajadores de los centros penitenciarios" están
siendo "objeto de amenazas por parte del entorno
de la organización terrorista ETA", por lo que
reclamaron al Ministerio del Interior un refuerzo
de la seguridad en las cárceles.
El sindicato insistió en que "la institución
penitenciaria y sus trabajadores estamos siendo
objeto del acoso sistemático a los medios afines a
dicha organización y nos encontramos en su punto
de mira tras el anuncio de una campaña de
protestas en las cárceles".
Los funcionarios del Centro Penitenciario de
Alcolea son algunos de los que han empezado a
sufrir el acoso del entorno de la organización
terrorista. El primer fin de semana de diciembre,
por ejemplo, los presos de ETA que cumplen condena
en Córdoba protagonizaron un encierro como
protesta después de que a varios familiares que se
negaron a ser cacheados no se les permitiera
acceder a un vis a vis.
La situación se repitió en otros centros de
Granada, Málaga, Alicante, Badajoz o Soria, donde
los familiares también se negaron a ser sometidos
a registros antes de entrevistarse con los
terroristas.
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La cárcel de Teixeiro trata de recuperar la
normalidad después de una semana con más de 150
funcionarios del interior de baja médica. El 40% de
los trabajadores afectados ya se reincorporaron a su
puesto de trabajo, según aseguraron ayer desde el
penal coruñés. Para evaluar las causas de estas
bajas, un tribunal médico enviado por Instituciones
Penitenciarias comenzó a atender las primeras
citaciones a funcionarios de baja. Su evaluación,
según aseguraron desde Prisiones, será determinante
sobre los expedientes disciplinarios abiertos al 70%
de los trabajadores que vigilan a los reclusos por
huelga encubierta.
El departamento que dirige Mercedes Gallizo dará
carpetazo a los expedientes de los funcionarios que
"justifiquen" el motivo de su falta al trabajo. A
los que el tribunal médico no considere acreditado
el motivo de su ausencia, Instituciones continuará
con el trámite del expediente disciplinario, que
podría acarrear la retirada del servicio.
El goteo de bajas en Teixeiro arrancó el pasado
martes día 5. En los sucesivos días, se sumaron
nuevas faltas al puesto de trabajo. En total, más de
150 de los funcionarios de interior, según cálculos
de los sindicatos. La práctica totalidad, -añaden-
por razones psicológicas. "Hay muchos cuadros de
ansiedad, depresión, estrés... La deficiente gestión
de la dirección del centro ya está bordeando el
límite" denunciaron ayer funcionarios del penal
coruñés.
Esta situación provocó el traslado de dos
inspectores de Instituciones Penitenciarias a
Teixeiro para mediar en el conflicto. Tras llegar el
viernes a un principio de acuerdo para poner fin al
al "absentismo" en la prisión, llegaron las
citaciones para que un tribunal médico dictaminase
si la falta al trabajo obedecía a cuestiones de
salud. De lo contrario, la orden es la de
incorporación inmediata al puesto. |
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 Pese
a que escapar de una prisión es una misión con
escasas posibilidades de éxito, los presos
siguen tratando de alcanzar la libertad a través
de una fuga. Antonio S. S. protagonizó en la
medianoche del pasado viernes, el último intento
de huida de Picassent.
El interno, que se encuentra preventivo -todavía
no ha sido juzgado- es un viejo conocido de la
Policía valenciana. En mayo de 2008, el joven,
ahora sólo tiene 27 años, mató a su suegro de un
disparo en la calle Vicenta Salcedo, en el
barrio de la Cruz Cubierta.
«O vuelves conmigo o mato a tu padre», le dijo a
su ex pareja, que había decidido romper con él
tras una relación más que conflictiva. Ella
colgó el teléfono. Y él se dirigió a la vivienda
de la familia, donde disparó al patriarca del
clan. Previamente, había apuntado a una niña de
ocho años para que le dijera dónde se escondía
la víctima. Aparte de este crimen, el acusado
tiene numerosas cuentas pendientes con la
Justicia, desde casos de violencia de género a
agresiones a menores.
Precisamente por este motivo, Antonio había sido
trasladado a Picassent desde el Puerto de Santa
María, una de las prisiones de España con mayor
número de reclusos problemáticos. Y una vez en
la cárcel valenciana pensó en escapar antes que
presentarse ante el juez.
Pero el intento de huida se quedó en eso, en un
intento, según confirmaron a LAS PROVINCIAS
fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Uno de los funcionarios que estaba a cargo del
módulo 11, que alberga a presos 'peligrosos',
observó a través de las cámaras de seguridad la
maniobra del interno. El preso había logrado
doblar los barrotes de la celda para que su
cuerpo saliera sin problemas. Se trata de una
táctica habitual en los intentos de fuga que se
producen desde la misma celda. Por ejemplo, en
el de la pareja de presos que escaparon de la
prisión de Castellón el pasado verano y que
posteriormente fueron capturados. También ellos
lograron abrir hueco entre los barrotes.
Un objeto metálico
Desde Prisiones tratan con mucha cautela estos
asuntos a la hora de explicar cómo consiguió el
interno forzarlos. «Con un objeto metálico»,
apuntan sin querer dar más detalles que pongan
en peligro la seguridad de la prisión. Esta
información podría ser útil a presos que piensan
en idear una fuga.
Cuando los funcionarios entraron en la celda, el
preso ya se disponía a descolgarse ayudado de
una cuerda que había confeccionado anudando
varias sábanas, en un proceso similar a cuando
se hace una trenza en el pelo. Otra técnica
habitual en las prisiones. No es la primera vez
que se detectan estos instrumentos durante los
registros de las celdas.
El último de estos hallazgos se produjo
recientemente en la cárcel de Picassent cuando
Vladimir, juzgado por matar a su ex novia, la
madre y un primo del joven, tenía en su poder
una cuerda de más de nueve metros, confeccionada
de la misma forma. La llevaba oculta en un cojín
que utilizaba como almohada. También este joven
preparaba su huida.
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ETA ha vuelto a poner a los funcionarios de los
centros penitenciarios en su diana. “Nos sentimos
claramente amenazados, les hemos dicho a todos los
compañeros que tengan mucho cuidado”, señalan
fuentes del sindicato de prisiones Acaip mayoritario
en Topas. Las llamadas a la precaución surgen ante
el malestar generado en el entorno abertzale por las
nuevas medidas de seguridad dictadas desde la
dirección de Instituciones Penitenciarias. “Desde
finales del mes de diciembre, estamos siendo objeto
de un acoso sistemático en los medios afines a ETA y
nos encontramos en su punto de mira tras el anuncio
de una campaña de protestas en las cárceles”,
confirman trabajadores de la prisión salmantina. De
esta manera, el diario Gara ha denunciado en las
últimas semanas la pérdida de decenas de vis a vis
entre presos etarras y familiares debido a las
nuevas consignas de seguridad ordenadas desde el
Ministerio de Interior. Entre los afectados se
encuentra, según este rotativo abertzale, el interno
Patxi Aristi, que cumple en Topas una condena de
treinta años por pertenencia a banda armada. Los
funcionarios deben efectuar a todas aquellas
personas que visiten a los presos de ETA cacheos,
algo que no se realizaba antes con tanto celo.
Los controles manuales surgen después de que
Instituciones Penitenciarias haya descubierto que en
algunas cárceles los etarras contaban con elementos
prohibidos que habían llegado a sus manos en los vis
a vis. Según explican los funcionarios de Topas, con
los cacheos Interior pretende evitar este
intercambio de objetos que pasan por los arcos de
seguridad sin ser detectados. Sin embargo, esta
mayor vigilancia ha despertado una gran indignación
en el mundo de ETA.
Campaña “muy fuerte”
“Las amenazas están siendo muy fuertes”, confirman
desde la cárcel salmantina, más incluso que en
anteriores campañas, como la que arrancó hace cuatro
años con la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos.
Entonces, desde el Gobierno informaron a los
funcionarios de las advertencias de ETA, algo que
echan ahora de menos. “Pese a que esta campaña es
más fuerte, no hemos recibido avisos de
Instituciones Penitenciarias. Da la impresión de que
no existimos”, denuncian fuentes sindicales. La
nueva campaña abertzale de intimidación a los
funcionarios ha servido, además, para reactivar la
exigencia al Gobierno de dotar a la cárcel de Topas
de un acceso directo hasta la A-66 (Autovía de la
Ruta de la Plata). En la actualidad, los
trabajadores del penal se desplazan hasta la prisión
por una casi desierta carretera N-630, lo que les
hace más vulnerables a sufrir una acción terrorista.
No obstante, los 16 reclusos que alberga Topas no
están, de momento, mostrando una actitud muy
beligerante. Sus protestas se están limitando a
“colgar carteles en sus celdas y en el patio” contra
su situación penal ya que se consideran “presos
políticos”.
El trato hacia los etarras no dista, además, en
exceso del que tienen los internos comunes, salvo
una excepción:duermen en celdas individuales en uno
de los centros penitenciarios españoles con más
habitaciones dobladas. Por lo demás, tienen derecho
a comunicaciones telefónicas y por carta, visitas de
familiares y entre dos y tres vis a vis mensuales. |
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Más
presos de la banda terrorista ETA han presentado
escritos en los centros penitenciarios en los que
comunican su desvinculación de la organización
terrorista, según informaron a Europa Press fuentes
penitenciarias. El hecho se ha producido a lo
largo la pasada semana, precisamente cuando ETA, a
través del denominado EPPK, tiene convocadas un
conjunto de protestas con el fin de dar la impresión
de fortaleza y cohesión del colectivo de presos y
romper el debate abierto en la izquierda abertzale
tras la Declaración de Alsasua. Las citadas fuentes
no precisaron, sin embargo, ni el número ni la
identidad de estos reclusos.
Precisamente y por romper la disciplina de la
banda, ETA ha expulsado en las últimas semanas a
cinco miembros. Primero lo hizo con Valentín
Lasarte, que fue eliminado de las listas del
colectivo de presos de la banda. Éste había aceptado
un puesto de trabajo en el economato del centro
penitenciario. Lasarte, responsable de los
asesinatos de Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica,
cumple condena en Villabona (Asturias), a donde fue
trasladado en el marco de la política de
acercamientos del Ministerio del Interior.
Recientemente, la organización terrorista
también ha expulsado a los etarras Iñaki Rekarte,
Esteban Murillo, Andoni Muñoz y Jorge Urruñuela por
"haberse situado fuera de la disciplina y el
respaldo del colectivo", por lo que "a partir de
ahora hablarán y ejercerán a título personal", según
informó la semana pasada el Colectivo de Presos de
ETA (EPPK), por medio de un comunicado publicado por
el diario 'Gara', en el que además confirman la
expulsión del también terrorista Valentín Lasarte.
SEGUIMIENTO PROTESTAS EN LAS
CÁRCELES
En ese mismo comunicado, el EPPK, totalmente
dependiente de la banda terrorista, anuncia el
inicio inminente de una campaña de "lucha" en las
prisiones para denunciar el aumento de la
"represión". Sin embargo, fuentes de diversos
centros penitenciarios dijeron a Europa Press que no
se está produciendo un seguimiento al cien por cien
de las protestas, que incluyen encierros en la celda
sin salir al patio, los llamados "chapeos";
avalancha burocrática de comunicaciones y escritos
trasladando los presos su malestar a los directores
de prisiones, el juez de vigilancia penitenciaria,
la secretaria de Estado de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, o incluso el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba;
renunciar a su derecho de comunicarse
telefónicamente con el exterior y el ayuno.
De hecho, informaciones obtenidas en distintos
centros penitenciarios estiman que más de un 20 por
ciento de los internos de la banda terrorista no ha
secundado ninguna de estas protestas, es decir, que
unos 150 presos se han descolgado de la orden de
ETA.
Según esas fuentes, el resto del colectivo sí
está llevando a cabo alguna de las protestas, pero
estas mismas fuentes precisan que no están siguiendo
a rajatabla las órdenes de la banda. Es decir, que
"acomodan" las diferentes formas de protesta a lo
que les va bien.
En este sentido, las fuentes consultados
explican que da la impresión de que hay presos que
quieren hacer ver que cumplen las directrices, pero
realmente no acatan todas o lo hacen de forma
relajada. Así, señalan que algunos sí han presentado
escritos de protesta contra la dispersión de los
presos o por lo que consideran duras condiciones
carcelarias.
Pero sí siguen saliendo al patio en lugar de
"chapearse" en la celda y continúan realizando
llamadas al exterior. En concreto, internos de las
cárceles de Algeciras, Puerto I y Granada, tres de
los centros en los que hay etarras considerados de
los más 'duros', sí se han comunicado por teléfono
con familiares y amigos.
El hecho más relevante de estos días, según
las fuentes consultadas por Europa Press, es la
decisión adoptada esta misma semana por más internos
de presentar instancias en los centros
penitenciarios manifestando su desvinculación de la
banda terrorista ETA. Justo la petición contraria
que había hecho la banda, que con el anuncio de
protestas en las prisiones, quería provocar un
cierre de filas en el colectivo.
COMUNICADO ETA
De hecho, fuentes conocedoras de las
opiniones de los presos etarras en las cárceles
aseguran que algunos de estos reclusos no han dado
el paso de desvincularse de ETA, a la espera del
comunicado de la banda terrorista conocido en el día
de hoy, ya que confiaban en que la organización se
desvinculase de la lucha armada. Sin embargo,
consideran que ese comunicado supone echar un jarro
de agua fría sobre las expectativas que había entre
algunos presos etarras, ya que aunque ETA, con
muchos matices, dice apoyar la estrategia de la
Declaración de Alsasua, confirma su decisión de
mantener su estrategia terrorista, reclama un papel
negociador con el Estado y reivindica su voluntad de
seguir tutelando y dirigiendo la estrategia de la
izquierda abertzale.
Fuentes penitenciarias estiman que un alto
porcentaje de presos, sobre todo los que llevan más
años cumpliendo condena, son conscientes de la
decadencia de la banda y apostarían por otro tipo
de salida. De ahí que consideren una pérdida de
tiempo la nueva imposición de la banda terrorista
para que organicen protestas en las prisiones. Sin
embargo no se atreven a manifestarlo. Por el
contrario, hay un porcentaje de reclusos jóvenes, la
mayoría de ellos cumpliendo penas cortas por actos
de 'kale borroka', que son los más combativos y
abiertos a seguir las directrices de la banda
terrorista. |
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Los empleados
de prisiones se plantan |
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18/01/10 |
| Están hartos del desprecio de
sus superiores, de que no se renueve el material de seguridad
y de la falta de medios materiales y efectivos humanos". |
Empleados de prisiones de Las Palmas de Gran Canaria
protestaron este lunes por la "extremadamente
delicada situación" de los centros penitenciarios
españoles y, en especial, del de la capital isleña,
donde critican la falta de inversiones necesarias y
el hacinamiento, con una concentración.
Promovida por el sindicato de trabajadores de
prisiones Acaip
con motivo de la inauguración en la capital de un
curso para nuevos funcionarios en prácticas de
Instituciones Penitenciarias a la que se anunció la
asistencia de diversas autoridades, la concentración
se convocó como una protesta que se produjo de forma
simultánea en otras once ciudades del país, explica
en una nota la organización.
Denunciar "el grado de degradación existente en el
medio penitenciario español y los continuos
incumplimientos de la Administración Penitenciaria
para con los empleados públicos" fue el objetivo de
la iniciativa, especialmente justificada en el caso
de la prisión de Las Palmas de Gran Canaria, el
centro del Salto del Negro, según argumentan desde
Acaip.
Sindicato que cuestiona, en especial, la política de
infraestructuras, que, según asegura, se caracteriza
por hechos como que "se inauguran centros sin estar
terminados, se hacen reformas que a las pocas
semanas hay que volver a reformar, porque se han
hecho rematadamente mal, con el sobrecoste que ello
supone".
"Y, en otros casos, como el de Las Palmas, a pesar
de las muchas deficiencias que padece, las
inversiones necesarias no llegan durante años", se
apostilla en su comunicado.
Acaip, que
recalca que "es el sindicato mayoritario en
Instituciones Penitenciarias, con un 50% de la
representación del personal funcionario", y afirma
que, pese a ello, ha sido rechazado en la mesa de
negociación de sus condiciones, critica que ello
deriva en unas "tasas de hacinamiento absolutamente
insoportables" en cárceles como la del Salto del
Negro.
Algo que se produce cuando, "mientras tanto, el
número de funcionarios se mantiene, o incluso en
algunos centros disminuye", coyuntura en la cual el
sindicato afirma que "los funcionarios de prisiones
no pueden garantizar su integridad física, ni la de
los internos a su cargo".
"En resumen, los funcionarios de prisiones están
hartos de la situación, del desprecio de muchos de
sus superiores, de la degradación diaria de los
centros, de que no se renueve el material de
seguridad, del derroche en programas inútiles de
entretenimiento de los internos, de la falta de
medios materiales y efectivos humanos", finaliza el
escrito de Acaip. |
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Funcionarios de prisiones convocados por el
sindicato Acaip
se concentraron hoy en Valencia para protestar por
la "mala" situación en los centros de la Comunitat.
Así, lamentaron el trato de la Administración
penitenciaria hacia estos empleados públicos, ya
que, "en lugar de apoyarles y reconocer que su
trabajo es muy duro, encima les desprecia y
prácticamente les trata como a delincuentes".
Así lo explicó el delegado de
Acaip en Valencia,
Alberto Téllez, en declaraciones a los medios de
comunicación, durante la protesta que se celebró a
las puertas de la Fundación Universidad Empresa
Adeit, donde el delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, inauguró el
curso para funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.
El representante de
Acaip criticó que el número de internos
"se ha duplicado", aunque los funcionarios son
"prácticamente los mismos". En este sentido, censuró
que "a algunos como el delegado y el subdelegado en
Valencia, Luis Felipe Martínez, --que también acudió
a la inauguración del curso-- no les importa esta
problemática de Instituciones Penitenciarias".
En relación a las declaraciones de Peralta en
las que dijo hoy que la protesta era por un
conflicto entre sindicatos, Téllez manifestó que "el
delegado demuestra que no tiene ni idea de lo que
pasa en prisiones". Al respecto, subrayó que "no se
trata de un conflicto entre sindicatos, sino entre
sindicatos y administración penitenciaria".
Para el representante de
Acaip, los
funcionarios están "totalmente desamparados" ya que,
"cada vez se gastan más dinero en programas
absurdos, mientras que en incorporación de personal,
o simplemente en reparaciones de los centros, nunca
hay presupuesto", lamentó.
"Los funcionarios estamos hartos de no poder
garantizar nuestra seguridad y tampoco la de los
internos. Ha llegado un momento en que la situación
es insostenible y por eso estamos en este proceso de
denuncia", reprochó Téllez.
Asimismo, criticó que el incumplimiento del
acuerdo de 2005 supone el desarrollo de nuevos
centros penitenciarios y la "falta de medios total y
absoluta" en la cárcel de Picassent (Valencia). En
ese centro, hay un departamento de enfermería con
150 internos, y muchos de ellos tienen impedimentos
físicos. Sin embargo, "no hay ni un ascensor para
que bajen los tres pisos y tienen que cargarlos el
resto de internos", lamentó.
Por estos motivos, el representante de
Acaip, anunció que
el sindicato continuará con más actos de protesta.
NO HAY TRADUCTORES
Lo mismo ocurre con los traductores, puesto
que "no se cubren las plazas" de los que dejan el
puesto. "Para una situación tan terrible como el
terrorismo islamista no hay traductores de árabe",
apuntó el dirigente sindical.
De este modo, la concentración se ha producido
simultáneamente en las 11 ciudades donde se ha
desarrollado el curso inicial de formación de los
nuevos funcionarios que se incorporan, en A Coruña,
Alcalá de Henares (Madrid), Granada, Las Palmas de
Gran Canaria, León, Málaga, Puerto de Santa María
(Cádiz), Salamanca, Sevilla, y Zaragoza, además de
Valencia.
En la protesta de esta ciudad, los
funcionarios concentrados llevaban camisetas en las
que se podía leer 'Se busca por engañar a sus
trabajadores', junto con la fotografía de la máxima
responsable de las prisiones españolas, Mercedes
Gallizo. También portaban una pancarta con el lema 'Gallizo,
menos demagogia. Cumple el pacto de 2005'.
En un comunicado,
Acaip recordó que es el sindicato
"mayoritario" en Instituciones Penitenciarias con un
50 por ciento de la representación del personal
funcionario. Sin embargo, la Administración "se
niega a reconocer la presencia de este sindicato en
la mesa de negociación de las condiciones de trabajo
de los funcionarios de prisiones", lamentó la
organización. |
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 Funcionarios
de prisiones convocados por el sindicato
Acaip se
concentraron hoy a las puertas de la Fundación
Universidad Empresa Adeit para protestar por la
"mala" situación en los centros de la Comunitat.
Así, lamentaron el trato de la Administración
penitenciaria hacia estos empleados públicos, ya
que, "en lugar de apoyarles y reconocer que su
trabajo es muy duro, encima les desprecia y
prácticamente les trata como a delincuentes".
Así lo explicó el delegado de
Acaip en
Valencia, Alberto Téllez, en declaraciones a los
medios de comunicación, durante la protesta que se
celebró a las puertas de la Fundación Universidad
Empresa Adeit, donde el delegado del Gobierno en
la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, inauguró
el curso para funcionarios del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias.
El representante de Acaip
criticó que el número de internos "se ha
duplicado", aunque los funcionarios son
"prácticamente los mismos". En este sentido,
censuró que "a algunos como el delegado y el
subdelegado en Valencia, Luis Felipe Martínez,
-que también acudió a la inauguración del curso-
no les importa esta problemática de Instituciones
Penitenciarias".
Según Acaip,
los máximos responsables de las prisiones
españolas se muestran incapaces de defender ante
los distintos organismos ministeriales los
incrementos de plantilla que ellos mismos en
privado reconocen como necesarios. Mientras se
crean nuevos puestos de trabajo de forma ilegal,
no contemplados en ningún catálogo de puestos de
trabajo.
Además, cada día se producen más amenazas y
agresiones a trabajadores penitenciarios y entre
los internos. "Es indignante ver cómo cuando un
trabajador es agredido por un interno, sus jefes,
en lugar de apoyarle, lo zanjan todo como 'eso va
en el sueldo', Pero que nosotros sepamos a nadie
le pagan porque le partan la cara, o le abran la
cabeza", afirman las mismas fuentes.
En relación a las declaraciones de Peralta en las
que dijo hoy que la protesta era por un conflicto
entre sindicatos, Téllez manifestó que "el
delegado demuestra que no tiene ni idea de lo que
pasa en prisiones". Al respecto, subrayó que "no
se trata de un conflicto entre sindicatos, sino
entre sindicatos y administración penitenciaria".
Para el representante de
Acaip, los funcionarios están
"totalmente desamparados" ya que, "cada vez se
gastan más dinero en programas absurdos, mientras
que en incorporación de personal, o simplemente en
reparaciones de los centros, nunca hay
presupuesto", lamentó.
"Los funcionarios estamos hartos de no poder
garantizar nuestra seguridad y tampoco la de los
internos. Ha llegado un momento en que la
situación es insostenible y por eso estamos en
este proceso de denuncia", reprochó Téllez.
Asimismo, criticó que el incumplimiento del
acuerdo de 2005 supone el desarrollo de nuevos
centros penitenciarios y la "falta de medios total
y absoluta" en la cárcel de Picassent (Valencia).
En ese centro, hay un departamento de enfermería
con 150 internos, y muchos de ellos tienen
impedimentos físicos. Sin embargo, "no hay ni un
ascensor para que bajen los tres pisos y tienen
que cargarlos el resto de internos", lamentó.
Por estos motivos, el representante de
Acaip, anunció
que el sindicato continuará con más actos de
protesta.
NO HAY TRADUCTORES
Lo mismo ocurre con los traductores, puesto que
"no se cubren las plazas" de los que dejan el
puesto. "Para una situación tan terrible como el
terrorismo islamista no hay traductores de árabe",
apuntó el dirigente sindical.
De este modo, la concentración se ha producido
simultáneamente en las 11 ciudades donde se ha
desarrollado el curso inicial de formación de los
nuevos funcionarios que se incorporan, en A
Coruña, Alcalá de Henares (Madrid), Granada, Las
Palmas de Gran Canaria, León, Málaga, Puerto de
Santa María (Cádiz), Salamanca, Sevilla, y
Zaragoza, además de Valencia.
En la protesta de esta ciudad, los funcionarios
concentrados llevaban camisetas en las que se
podía leer 'Se busca por engañar a sus
trabajadores', junto con la fotografía de la
máxima responsable de las prisiones españolas,
Mercedes Gallizo. También portaban una pancarta
con el lema 'Gallizo, menos demagogia. Cumple el
pacto de 2005'.
En un comunicado, Acaip
recordó que es el sindicato "mayoritario"
en Instituciones Penitenciarias con un 50 por
ciento de la representación del personal
funcionario. Sin embargo, la Administración "se
niega a reconocer la presencia de este sindicato
en la mesa de negociación de las condiciones de
trabajo de los funcionarios de prisiones", lamentó
la organización.
Según Acaip,
los máximos responsables de las prisiones
españolas se muestran incapaces de defender ante
los distintos organismos ministeriales los
incrementos de plantilla que ellos mismos en
privado reconocen como necesarios. Mientras se
crean nuevos puestos de trabajo de forma ilegal,
no contemplados en ningún catálogo de puestos de
trabajo.
Además, cada día se producen más amenazas y
agresiones a trabajadores penitenciarios y entre
los internos. "Es indignante ver como cuando un
trabajador es agredido por un interno, sus jefes,
en lugar de apoyarle, lo zanjan todo como 'eso va
en el sueldo', Pero que nosotros sepamos a nadie
le pagan porque le partan la cara, o le abran la
cabeza", afirman las mismas fuentes.
ADAPTAR LOS CENTROS PENITENCIARIOS
En su intervención durante la inauguración de los
cursos, el delegado del Gobierno manifestó que los
funcionarios de prisiones responden a la
"necesidad de seguridad" que pide la sociedad,
mientras que los centros "garantizan la seguridad
de los presos, pero también de los empleados que
trabajan allí", resaltó.
Asimismo, hizo hincapié en que a partir de ahora
van a tener que "hacer frente a nuevas
dificultades en sus tareas", al tener que trabajar
con personas que han infringido la ley. El
tratamiento penitenciario "pretende recuperar a
esas personas", recordó el delegado.
En este sentido, apuntó que la administración es
"consciente" del papel que desarrollan estos
empleados y por ello, trabajan en "adaptar los
centros penitenciarios" para los 25.000
funcionarios al servicio de Instituciones
Penitenciarias.
Peralta también se refirió al debate que suscita
la apertura de algún nuevo centro penitenciario y
consideró que, en esos casos, la sociedad
"manipula sentimientos y razones". Frente a ello,
abogó por "apelar a la razón" y pedir la opinión a
quienes viven cerca de alguna instalación de este
tipo.
A su juicio, la ubicación de un nuevo centro
penitenciario produce beneficios para la
localidad, como "inversiones importantes", ya que
el presupuesto de la construcción asciende a 100
millones de euros. También se traduce, según dijo,
en la llegada de gente joven que se incorpora a la
plantilla del centro y la presencia permanente de
la Guardia Civil.
El delegado hizo hincapié en el "esfuerzo" que
realiza la sociedad por dotar "adecuadamente a la
administración penitenciaria". De este modo, a
través de nuevos centros, más financiación, e
instrumentos de la sociedad como la creación de
empleo o el reparto de la riqueza, confió en
"poder reducir el número de delincuentes".
Por su parte, De la Rúa animó a los nuevos
funcionarios a recordar "todos los días la ilusión
y la trascendencia de su trabajo" y les pidió que
"no caigan en la rutina", puesto que van a
desarrollar su labor profesional "con un material
impresionante, el humano".
El subdirector de Personal de Instituciones
Penitenciarias reclamó a los nuevos funcionarios
una actitud "activa y positiva", además de
"rectitud y honestidad en su comportamiento", con
el fin de "dar seguridad al estado y a la
sociedad". Añadió que una de sus principales
misiones es "transformar a personas para que no
recaigan en el delito" y para ello, contarán con
dos instrumentos, "su propio modelo de conducta, y
el diálogo".
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 La
sección sindical de
Acaip (Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de II. PP) del
Centro Penitenciario de Albolote,
sindicato mayoritario en el sector de prisiones,
organizó un acto de protesta de los delegados
sindicales, con motivo de la
Presentación del curso de Formación de los
Funcionaros del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, para dar a
conocer a la opinión pública la situación de
precariedad en la que se encuentran en el centro
penitenciario en materia de personal, y para
pedir a la administración penitenciaria "que
adjudique a la prisión los suficientes
funcionarios en prácticas como para paliar esta
situación tan asfixiante", según un comunicado
del propio sindicato.
Durante 2009 han padecido esta realidad, aunque
los problemas empeoraron con motivo de la
apertura del Centro de Inserción Social de
Granada, según afirma la sección sindical. Dicho
centro se abrió con una dotación de personal
totalmente insuficiente para sus necesidades; de
tal forma que, inmediatamente se tuvo que crear
comisiones de servicios para poder cubrir todos
los puestos necesarios para su normal
funcionamiento.
Según Acaip,
todas estas Comisiones de Servicios salieron de
los Funcionarios y Personal Laboral del centro
de Albolote, con lo cual se ven en la situación
de cubrir los puestos de trabajo de un Centro
para dejar a otro desmantelado.
"Las consecuencias de esta falta de personal
tiene un reflejo directo en el normal
funcionamiento de la prisión y está afectando a
los trabajadores, ya que en muchas ocasiones se
padece una sobrecarga de trabajo difícil de
asumir", continúan. La sección sindical de
Acaip en la
prisión de Albolote exige públicamente que la
administración se comprometa a suplir con los
funcionarios en prácticas, que ahora empieza su
periodo de formación en Granada, tanto las plaza
vacantes que hay en el Centro como las
deficiencias que tenemos en la relación de
puestos de trabajo del centro penitenciario de
Albolote, y que la propia secretaria general
reconoció con motivo de su visita a las
instalaciones.
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Comunicado de Acaip
(Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias)
En el día de ayer delegados y representantes del
Sindicato Acaip han convocado un acto de protesta
por la extremadamente delicada situación que se vive
en las prisiones españolas en general, y en
particular en las de la Comunidad Andaluza
Dicho acto se ha producido coincidiendo con la
inauguración del Curso inicial de formación de los
nuevos funcionarios en prácticas de Instituciones
Penitenciarias. A dicha inauguración estaba prevista
la asistencia de diversas personalidades:
responsables del Centro penitenciario y del CIS, de
la Delegación del Gobierno y algún alto cargo de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Esa protesta se ha producido simultáneamente en las
11 ciudades donde se va a desarrollar el curso
inicial de formación de los nuevos funcionarios que
se incorporan: A Coruña, Alcalá de Henares (Madrid),
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Málaga,
Puerto de Santa María (Cádiz), Salamanca, Sevilla,
Valencia y Zaragoza.
Los concentrados trataron de transmitir la esas
personalidades la grave problemática existente en
los distintos centros penitenciarios, sin que a
éstos pareciera preocuparles lo más mínimo cuáles
eran esos problemas.
En Málaga, se han repartido a autoridades y nuevos
funcionarios un folleto en el que se explican las
razones de la movilización de
Acaip a nivel
nacional y un cartel en lel que se podía leer “Se
busca” (y una foto de Mercedes Gallizo, máxima
responsable de las prisiones españolas,) por engañar
a sus trabadores”
Acaip ha
iniciado un proceso de movilizaciones por el grado
de degradación existente en el medio penitenciario
español y los continuos incumplimientos de la
Administración Penitenciaria para con los empleados
públicos de nuestro Sector. Así delegados y
representantes de este Sindicato se encerraron en el
mes de Noviembre en el Ministerio del Interior en
Madrid y posteriormente se concentraron ante la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Acaip es el
sindicato mayoritario en Instituciones
Penitenciarias con un 50% de la representación del
personal funcionario, sin embargo, pese a esa
mayoría aplastante en el ámbito penitenciario, la
Administración se niega a reconocer la presencia de
este Sindicato en la mesa de negociación de las
condiciones de trabajo de los funcionarios de
prisiones.
Algunos de los hechos que han llevado a esta
situación son los siguientes:
La Administración Penitenciaria ha incumplido el
Acuerdo de 29 de marzo de 2.005 en aspectos tan
importantes como la Segunda Actividad del personal
en contacto directo con los internos (no es de
recibo que funcionarios con 65 años, sigan
trabajando con internos de 18 o 20 años), la
adecuación del organigrama de los centros
penitenciarios y la creación de nuevos puestos de
trabajo, que permitan un funcionamiento más racional
de los Centros Penitenciarios (hay que tener en
cuenta que el actual modelo organizativo data del
año 1981).
Desde marzo del 2005 al 31 de diciembre de 2009, el
incremento de la población reclusa, excluida
Cataluña, se cifra en más de 14.000 internos, lo que
supone un incremento del 27% en poco más de cuatro
años. Nos encontramos a la cabeza de Europa a nivel
cuantitativo y en la relación de presos por 10.000
habitantes, sin que se haya adoptado decisión
política alguna que permita paliar esta situación,
siendo nuestras tasas de hacinamiento absolutamente
insoportables.
Mientras tanto el número de funcionarios se
mantiene, o incluso en algunos centros disminuye.
LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES NO PUEDEN GARANTIZAR
SU INTEGRIDAD FÍSICA, NI LA DE LOS INTERNOS A SU
CARGO.
Simultáneamente asistimos a una incapacidad política
de los máximos responsables de prisiones, que se
muestran incapaces de defender ante los distintos
organismos ministeriales los incrementos de
plantilla que ellos mismos en privado reconocen como
necesarios. Mientras se crean nuevos puestos de
trabajo de forma ilegal, no contemplados en ningún
catálogo de puestos de trabajo.
Los incidentes regimentales en las prisiones se
disparan. Cada día se producen más amenazas y
agresiones a trabajadores penitenciarios y entre los
internos. Es indignante ver como cuando un
trabajador es agredido por un interno, sus jefes, en
lugar de apoyarle, lo zanjan todo como “eso va en el
sueldo”, que nosotros sepamos a nadie le pagan
porque le partan la cara, o le abran la cabeza.
Mientras se recorta salvajemente en gastos
necesarios como por ejemplo en el mantenimiento de
los centros, que supone que alguno de ellos se caiga
literalmente a trozos, se producen auténticos
despilfarros de dinero instalando televisores de
plasma en todas y cada una de las celdas de los
centros de nueva construcción, comprando bicicletas
de montaña de más de 750 euros para que los internos
de algún centro hagan “salidas terapéuticas”,
salidas de internos a balnearios o a cenas en
restaurantes típicos, o disparando el número de
altos cargos y asesores “a dedo”, se encargan
costosísimos aparatos de última generación que a los
pocos meses ya no funcionan, y que nadie se preocupa
en arreglar.
La improvisación y la chapuza es la tónica dominante
en todas y cada una de las actuaciones de la
Secretaría General de II.PP. Se inauguran centros
sin estar terminados, se hacen reformas que a las
pocas semanas hay que volver a reformar, porque se
han hecho rematadamente mal, con el sobrecoste que
ello supone.
Se impone, en contra del criterio de todos los
profesionales de la Institución, una unificación de
escalas que obliga a los funcionarios/as a trabajar
en módulos con internos de distinto sexo, con los
problemas que ello puede conllevar no solo en caso
de incidentes regimentales, sino en el
funcionamiento diario de las prisiones, dificultando
todavía más la gestión de personal diaria en los
centros penitenciarios.
Los trabajadores penitenciarios han demostrado
sobradamente su profesionalidad y responsabilidad
para sacar adelante la situación penitenciaria más
crítica de nuestra historia y, en cambio, la
Administración Penitenciaria y el Ministerio del
Interior ni asumen sus compromisos ni dan muestras
de capacidad para solucionar esta gravísima
situación.
LOS TRABAJADORES ESTÁN INDIGNADOS DE QUE CADA VEZ
QUE TIENEN OCASIÓN LOS DIRIGENTES DE II.PP.
CUESTIONEN SU TRABAJO, SU PROFESIONALIDAD Y SU BUEN
HACER. NO SOLO NO RECIBEN APOYO EN SU DURA LABOR,
SINO QUE ADEMÁS SE LES TRATA CASI COMO DELINCUENTES,
como han hecho hace pocos días con los compañeros
del centro de Teixeiro (La Coruña)
En resumen, los funcionarios de prisiones están
hartos de la situación, del desprecio de muchos de
sus superiores, de la degradación diaria de los
centros, de que no se renueve el material de
seguridad, del derroche en programas inútiles de
“entretenimiento” de los internos, de la falta de
medios materiales y efectivos humanos. |
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Los reclusos de la prisión de Albocàsser (Castellón
II) están sufriendo estos días cortes intermitentes
de agua debido a una avería en el sistema de
fontanería del centro penitenciario. Según los
familiares de algunos internos, los cortes se llevan
produciendo desde hace más de una semana, después de
que el centro registrara una avería debido a las
bajas temperaturas que sufrió la comarca. Al
parecer, la avería se produjo en alguna tubería y en
el aljibe de la prisión. Según indicaron, los
reclusos han sufrido desde, aproximadamente, el día
10, cortes que les impiden el normal uso de los
servicios y sanitarios de las celdas. Fuentes de
Instituciones Penitenciarias precisaron ayer la
existencia de averías "que ya se está reparando" e
indicaron que los cortes ni afectaron a todo el
centro ni se realizan durante todo el día. Éstos se
producen, tal como indicaron, durante los trabajos
de reparación de los desperfectos. Las mismas
fuentes admitieron que el día más complicado fue el
domingo pasado. |
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Ya está bastante mal Topas como para recibir más
presos. Siempre nos toca a nosotros”, valora José
Manuel Salvador, delegado provincial del sindicato
mayoritario Acaip,
sobre el traslado de 72 reclusos desde el centro
penitenciario de Tenerife II, en El Rosario, hasta
Salamanca. La nueva cunda, como se conoce en el
mundo carcelario a los traslados masivos de presos,
arribará hasta Topas en las próximas horas. El
movimiento se produce debido a las obras que se
están ejecutando en este penal canario, según
informa el diario La Opinión de Tenerife, pero no
resulta nada extraordinario en Salamanca. Desde que
el centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza,
dejará de hacerlo, Topas se ha convertido en los
últimos años en el principal destino de las cundas,
en especial desde las cárceles del archipiélago
canario, “donde no caben más presos”, pero también
desde otras partes del país, como El Puerto de
Santa María, en Cádiz. “Nos vienen entre una y dos
conducciones de presos de estas características cada
mes”, explica el delegado provincial de
Acaip. La cunda de
El Rosario no supone incluso una de las más
numerosas de las que ha asumido Salamanca.
La llegada de los presos significa, además, un
importante aumento del “papeleo para colocarlos” y
una prueba para la seguridad del centro
penitenciario al desconocer, en un primer momento,
los funcionarios las características de los nuevos
internos, “de los que se quedan bastantes”. Los
representantes de Acaip
en la prisión salmantina han solicitado a
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
que libere a Topas de esta mayor carga de trabajo,
pero “no nos han hecho ni caso”, admite Salvador.
Las quejas de los funcionarios se basan en la
sobreocupación que padece la cárcel y a que, a
diferencia de otros penales que podrían asumir la
recepción de conducciones de internos, el personal
tiene que hacerse cargo también de la atención de
los CIS (Centro de Inserción Social) de Salamanca y
Zamora. “Pero siempre llegan hasta aquí”, lamenta el
responsable de Acaip.
La cunda aterrizará en Salamanca en una semana en la
que los empleados de la prisión ya han efectuado una
nueva protesta en la calle sobre la “degradación”
que existe en la cárcel coincidiendo con el inicio
de los cursos de los funcionarios en prácticas.
LA PRISIÓN DE SALAMANCA EN CIFRAS
CAPACIDAD: La prisión de Topas, que en noviembre
cumplió catorce años, cuenta con 1.008 celdas
distribuidas en catorce módulos.
OCUPACIÓN: Topas es la cárcel con más presos de
Castilla y León, por delante de Palencia y León. En
diciembre, contaba con 1.813 reclusos.
EXTRANJEROS: Una de las marcas principales de Topas
es su multiculturalidad. Los presos más numerosos
son los marroquíes. |
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21/01/10 |
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La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip) denunció
hoy en un comunicado que uno de los internos
implicados en el motín que tuvo lugar en el módulo
11 del E.P. Valencia el 27 de noviembre de 2007 ha
sido trasladado a la prisión de Albocàser
(Castellón), donde coincide con el funcionario al
que mantuvo secuestrado durante más de 12 horas.
Según recuerda el sindicato, "aquel día, éste
y otros tres internos, hirieron y mantuvieron
secuestrados a tres funcionarios durante más de 12
horas, a los que causaron heridas en algunos casos
de bastante gravedad, que han tardado bastante
tiempo en curar, además del daño psicológico que
tardarán tiempo en superar".
Al día siguiente, explicó
Acaip, el recluso
fue trasladado al Centro de Villena (Alicante),
donde permaneció pocos días, a la espera de ser
trasladado a la prisión de Teixeiro (La Coruña).
Cuando iba a ser conducido al furgón de la Guardia
Civil, intentó agredir al funcionario que se
disponía a tomarle las huellas.
En el Centro de Teixeiro permaneció desde
diciembre del año 2007 hasta octubre del 2009,
"donde protagonizó numerosos incidentes, varias
peleas con internos, y se le requisaron varios
'pinchos', indicó la agrupación, la cual añadió que,
sin embargo, "como premio a esos hechos se le dio un
trato de favor por alguno de los entonces
responsables de la cárcel coruñesa, permitiéndole
acumular comunicaciones de un mes para otro -algo
que normalmente no se autoriza-, o permitiéndole la
comunicación vis a vis cuando se encontraba
cumpliendo sanción de aislamiento por los numerosos
altercados protagonizados".
En septiembre del año 2009, --continuó
Acaip-- desde la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
"ya se intentó su traslado al centro de Albocàsser,
donde trabaja uno de los funcionarios a los que
mantuvo secuestrado durante más de 12 horas y varios
otros que en la época del secuestro de Picassent
trabajaban en este centro, y que, precisamente,
habían pedido traslado para olvidar ese desagradable
incidente".
"La actuación de la Dirección del Centro de
Albocàsser y del Sindicato
Acaip impidió ese traslado, llegando
finalmente al centro de Zuera (Zaragoza), a cuya
llegada se descubrió que llevaba escondido un
'pincho' dentro de una radio", señaló la
agrupación".
Sin embargo, --continuó-- "en diciembre del
2009, a traición, desde Instituciones Penitenciarias
se ordena de nuevo el traslado del interno al centro
de Albocàsser desde Zuera, pero, además, haciendo
escala en Picassent, alojándose en el mismo módulo
donde había protagonizado uno de los hechos más
graves de la historia penitenciaria española, todo
ello con nocturnidad y alevosía, sin avisar ni
siquiera a la Dirección de Picassent".
En Picassent estuvo solamente un día, "donde
amenazó de muerte a varios funcionarios, intentó
agredirlos, teniendo que ser reducido y esposado",
apuntó Acaip,
que, además, lamentó que "desde su llegada a
Albocàsser, el pasado mes de diciembre del 2009, no
ha dejado de protagonizar incidentes, y se le ha
llegado a encontrar en un cacheo de la celda una
barra de hierro de grandes dimensiones".
El sindicato informó de que en la prisión de
Albocàsser el interno coincide con el funcionario al
que mantuvo secuestrado en Picassent y que, en su
momento, pidió traslado para intentar superar las
graves secuelas psíquicas que le dejó el haber sido
víctima de estos hechos".
"La Administración penitenciaria está haciendo
gala de una falta de tacto y sensibilidad enormes,
la plantilla de Albocàsser está indignada ante estos
hechos, que consideran como una provocación, y
muchos trabajadores piensan que parece como si se
estuviera haciendo a propósito, buscando hacer daño,
hacer que este trabajador y todos los que vivieron
aquellos duros momentos vuelvan a recordar los
hechos", apuntó.
El sindicato indicó que la población interna
de Albocàsser "es la que mayor grado de reincidencia
presenta de todas las prisiones de la Comunidad
Valenciana, lo que pone de manifiesto que se trata
de internos especialmente conflictivos". De hecho,
--aclaró-- "además de este interno también está en
ese centro de Albocàsser otro que protagonizó un
motín en Teixeiro (La Coruña) en julio del 2006 y un
secuestro de funcionarios en Zuera (Zaragoza) en
septiembre del 2007". |
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La secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha autorizado este
nombramiento, según ha informado la delegación del
Gobierno en Navarra en un comunicado.
Beatriz Gil, nacida en Barakaldo (Vizcaya) en 1973,
es licenciada en Derecho por la Universidad del País
Vasco y funcionaria del cuerpo técnico de
Instituciones Penitenciarias desde 2004.
Empezó su carrera profesional como jurista en el
centro penitenciario de Pamplona y más tarde ejerció
en el de Las Palmas de Gran Canaria. Desde 2005,
ocupaba el cargo de subdirectora de Tratamiento en
el centro navarro.
Gil sustituye en la dirección a Antonio García
Enciso quien fue subdirector de régimen de 1985 a
1992 y, director desde esa fecha hasta hoy.
A partir de ahora, García Enciso se incorpora a los
Servicios Sociales penitenciarios para impulsar el
cumplimiento de las penas y medidas alternativas,
uno de los mayores retos que actualmente tiene
planteada la Administración Penitenciaria, según ha
subrayado la citada fuente |
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 Tiene
trastornos psiquiátricos y no debería estar en la
prisión de Alhaurín de la Torre sino en un centro
penitenciario específico. Ese es al menos el
criterio del sindicato
Acaip que ayer denunció que un interno
intentó agredir sexualmente a una profesora y
atacó a dos funcionarios, a unos de los cuales le
ocasionó lesiones en una muñeca. El preso ya
protagonizó en el pasado otros intentos de
agresión sexual contra algunos compañeros. El
martes, K. T., oriundo de Mali, atacó a la
profesora del módulo 9 en el que está privado de
libertad.
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La secretaria provincial del PP de Granada, Luisa
García Chamorro, ha lamentado "las condiciones de
saturación" que soporta el centro penitenciario de
Albolote y asegura en un comunicado enviado a
nuestra redacción que "los funcionarios de prisiones
que se manifestaron hace pocos días para reivindicar
mejoras en sus condiciones laborales, cuentan con
todo el apoyo del PP para exigir al Gobierno que
adjudique a la prisión granadina los funcionarios
que sean necesarios, para que puedan realizar su
labor con las condiciones de seguridad suficientes",
según comunicado enviado a nuestra redacción.
Chamorro asegura que “es inconcebible que la
apertura de un Centro de Inserción Social, que se
supone iba a mejorar las condiciones del centro
penitenciario y las de los propios presos, haya sido
en lugar de un desahogo, un calvario por la mala
gestión del Gobierno socialista, que ha desvestido
un santo para vestir otro, ya que desde que se abrió
el centro, no ha contado con una dotación de
personal suficiente, y los mismos funcionarios de la
cárcel se han visto obligados a compartirse para
realizar su trabajo”.
Para la secretaria provincial del PP granadino todo
es “una consecuencia directa de esta decisión
socialista de dividir a los funcionarios entre los
dos centros, tiene como consecuencia la falta de
seguridad en la cárcel, tal y como se ha puesto de
manifiesto con las últimas muertes que se han
producido en la prisión. La cárcel necesita de más
personal y de más control para que estos incidentes
no se repitan”, asegura en el comunicado.
De tal manera, Chamorro ha pedido al Gobierno que
"dote a la cárcel del personal necesario, que no
permitan que, por falta de espacio, los presos que
deberían de cumplir sus condenas íntegramente en la
prisión, pasen a este nuevo centro y que hagan del
Centro de Albolote una prisión segura para
funcionarios y presos".
Por último, García Chamorro asegura en el comunicado
que “lo que ha hecho el Gobierno no es más que una
chapuza que muestra una falta de respeto
impresionante hacia los trabajadores que están
desdoblándose en sus funciones para realizar todo el
trabajo, hacia los presos que, por la falta de
espacio en Albolote son trasladados de un lugar a
otro y, también hacia los vecinos del Centro de
Inserción Social, que están viendo unas escenas más
que desagradables desde sus casas”. |
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La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias confirmó ayer la existencia de la
denuncia adelantada por FARO DE VIGO presentada por
un recluso de la prisión de A Lama quien asegura que
fue objeto de una violación por parte de su
compañero de celda. Fuentes de este mismo organismo,
dependiente del Ministerio del Interior, indicaron
que ya está abierta una investigación en el propio
centro para intentar aclarar lo sucedido.
Poco más trascendió por los cauces oficiales de lo
sucedido en la tarde del pasado martes en A Lama. No
obstante, fuentes internas del penal confirmaron,
tal y como publicaba ayer este periódico, que los
hechos se produjeron a la hora de la siesta y unas
horas después el recluso que supuestamente sufrió la
agresión sexual denunció lo sucedido a los
funcionarios del penal.
Cuando un trabajador de la prisión acudió a
interrogar al sospechoso acerca de lo sucedido, el
supuesto agresor se enfrentó a él y lo intentó
agredir con un "pincho" de fabricación propia. No
obstante, no logró su objetivo ya que fue reducido
entre varios compañeros del funcionario.
Por su parte, la víctima de la supuesta violación
fue trasladada al Hospital Montecelo de Pontevedra
en donde los médicos realizaron una exploración cuyo
resultado se adjuntó a la denuncia, regresando
posteriormente a la prisión de A Lama. La víctima es
un joven originario de Vigo de 24 años de edad, M.
D. V.; quien ingresó en el centro penitenciario el
pasado diciembre y que compartía celda con su
supuesto agresor desde hacía una semana. Por su
parte, el preso sospechoso de haberlo agredido
sexualmente responde a las iniciales F. B. y es de
origen argelino, aunque su domicilio figura en
Barcelona. Tiene 26 años de edad.
En principio la relación de los dos internos era
buena e incluso ambos comenzaron a compartir celda a
petición propia ya que F. B. habría puesto bajo su
protección a la supuesta víctima, quien al parecer
era objeto de acoso por otros presos por algún
asunto de deudas. De hecho, en el relato que realizó
en su denuncia el joven vigués dijo que detectó
ciertas actitudes demasiado cariñosas por parte de
su compañero pero que atribuyó a muestras de amistad
y que no pensó que podrían derivar en un ataque
sexual como el que dice que sufrió.
Preso conflictivo
Diversas fuentes confirmaron ayer que el supuesto
autor de los hechos continuaba en aislamiento y que
se trata de un preso bastante conflictivo que cuenta
ya en su historial con varios partes de incidencias
por encontronazos con otros reclusos o los propios
funcionarios.
Lo habitual en estos casos es que la prisión elabore
un informe que después será trasladado al juzgado y
es previsible que con posterioridad la autoridad
judicial cite a declarar a los dos implicados en
este asunto.
Desde distintos sindicatos, como fue el caso ayer de
Acaip, aseguran que la "población reclusa exagerada"
que soporta la prisión de A Lama provoca que
"frecuentemente se produzcan agresiones entre presos
o a funcionarios, que es lo habitual, o incluso
situaciones más graves como puede ser ésta". |
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 El
sindicato de funcionarios de prisiones
Acaip ha alertado
este viernes de que durante los días 19, 20 y 21
de enero el centro penitenciario de Morón de la
Frontera sufrió una serie de "hechos lamentables"
que incluyen un conato de motín, intentos de
agresión a funcionarios y agresiones y puñaladas
entre internos, según un comunicado. El día 14
de enero, según el sindicato, en el módulo tres,
el interno L.M.E.S., presuntamente agredó al
interno J.J.J.M con un objeto punzante en
la cara y en las piernas produciéndole
lesiones, por lo que el interno fue aislado "para
evitar que repita la agresión", pero aunque este
interno "es habitual en este tipo de hechos, no se
le aplicó ninguna medida especial para evitarlos".
Ya en el módulo cuatro, este interno, el día
19, "es de nuevo aislado por
intentar agredir a un funcionario". Estos hechos,
desencadenaron "el resto de graves sucesos, en los
que los mandos de incidencias brillaron por su
ausencia, siendo solucionados por los funcionarios
de guardia y el jefe de servicios". Así, el día 20
de enero, los internos G.C y V.S intentaron
"amotinarse incitando al resto de internos a
secundarles en la sala del módulo,
rompiendo las sillas, mesas, ventanas,
etc".
Una vez rotas las mesas, según la
Acaip, "cogieron las patas de las
mismas, con las que destrozaron el módulo,
cristales etc. amenazando a los funcionarios con
las barras de hierro llamándoles 'hijos de puta' y
diciéndoles que los iban a matar al tiempo que les
arrojaban las sillas contra los cristales de la
cabina de funcionarios".
El día 21, y, casi simultáneamente,
sobre las 19.30 y el módulo 4, "se inició otro
amotinamiento de los internos F.J.S.R , S.S.L. y
R.L.R., los cuales rompieron la mesa de ping-pong
y, con las patas de la mismas y las
bandejas metálicas de la comida,
destrozaron todo lo que pillan a su paso".
Aprovechando que todos los funcionarios posibles
se encontraban en el módulo cuatro, el interno
A.R.A en el módulo tres comenzó "a agredir a
cabezazos al interno I.S.".
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 «Los
penados son distribuidos en función de los
criterios que establecen las autoridades
penitenciarias, si ha sido llevado es porque así
se ha considerado pertinente. No tengo nada más
que añadir». De esta forma respondía ayer el
subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio
Lorenzo, tras ser preguntado por el traslado de
este preso al centro penitenciario donde trabaja
el funcionario al que secuestró durante doce
horas.
Estas declaraciones las hizo antes de saber
que Instituciones daba marcha atrás y anunciaba
que reubicaría de nuevo al interno.
Tras el anuncio de IIPP, el subdelegado sostuvo
que el traslado a Castellón II era «congruente
con los criterios generales establecidos por la
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para la distribución y
tratamiento de todos los internos» y matizó que
«en atención a las especiales circunstancias del
caso, la secretaria general de Instituciones
Penitenciarias ha atendido la petición de la
directora del Centro Penitenciario Castellón II
para que el mencionado interno sea trasladado a
otro centro penitenciario». La directora ya
avisó de la situación en septiembre del año
pasado.
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 Pedro
Antonio Mesa, el preso traslado a la prisión de
Albocàsser, Castellón II, donde trabaja el
funcionario al que mantuvo secuestrado durante
doce horas en un motín en Picassent volverá a
cambiar de prisión. Instituciones Penitenciarias
(IIPP) anunció ayer que el recluso «se va a
trasladar próximamente», ya que «la directora
del centro nos ha comunicado la situación y ya
había solicitado el traslado del interno».
El sindicato de prisiones
Acaip denunció
el jueves que IIPP había llevado «a traición» al
reo que lideró el motín de Picassent sin tener
en cuenta que en Albocàsser trabajaba el
funcionario que sufrió doce horas de secuestro y
que pidió el traslado de la cárcel valenciana
para poder olvidar lo ocurrido. En su denuncia,
el sindicato ya advertía que la directora del
centro castellonense, Ana Acosta, actuó en
septiembre del año pasado para evitar que Mesa
Reyes ingresara en Albocàsser. Instituciones
decidió llevarlo entonces a Zuera. Sin embargo,
en diciembre el recluso llegaba a Castellón II,
aún conociendo la oposición de la directora.
«La directora no lo quiere aquí y ya en su día
hizo lo que pudo para evitarlo», comentó ayer
uno de los representantes de
Acaip en
Albocàsser.
Finalmente, y tras la polémica suscitada,
Prisiones anunció ayer que el preso «será
trasladado próximamente». Según matizaron, este
interno «no tiene ningún contacto con el
funcionario porque el penado está en un módulo
de primer grado y el funcionario afectado en
otro módulo del centro alejado del anterior». No
obstante, uno de los trabajadores del centro
recordó ayer que «aunque estén en módulos
distintos en una cárcel siempre se dan casos de
traslados a enfermería u otras situaciones en
las que pueden coincidir».
Ahora, el interno volverá a cambiar de prisión.
Y ya van cuatro veces en pocos meses. Desde
octubre a diciembre del pasado año, Mesa Reyes
ha sido desplazado a tres centros penitenciarios
distintos y en todos los casos ha protagonizado
graves incidentes. De hecho en 2007, después del
motín de Picassent, intentó agredir a un guardia
civil que le llevaba al fugón para conducirle al
centro de Teixeiro, en Galicia, donde estuvo
hasta octubre de 2009.
Este mes IIPP lo desplazó de Galicia al centro
de Zuera, en Zaragoza. A su llegada los
vigilantes descubrieron que Mesa llevaba
escondido un pincho dentro de una radio.
En diciembre, salió de esta cárcel para su nuevo
destino: Albocàsser. Antes, pasó un día en el
centro penitenciario de Picassent y se alojó en
el mismo módulo en el que llevó a cabo su motín
y el secuestro de tres funcionarios. Aunque
estuvo poco tiempo fue suficiente para volver a
protagonizar un altercado: amenazó de muerte a
los vigilantes, intentó agredirlos y tuvo que
ser reducido y esposado por su actitud.
Barra de hierro en su
celda
Ya en Albocàsser ha vuelto a perpetrar
altercados. Tal y como denunció
Acaip, en uno de
los cacheos habituales encontraron en su celda
una barra de hierro de grandes dimensiones. En
los próximos días este preso volverá a ser
trasladado de nuevo.
Mesa Reyes ingresó por primera vez en prisión en
1998. Está cumpliendo condena de 17 años por,
entre otros, delitos de robo con violencia e
intimidación y además está preventivo por el
secuestro de noviembre de 2007. Ya en 2001, en
el centro de Daroza (Zaragoza) agredió con un
instrumento peligroso a otro intnerno y fue
condenado a dos años más. En 2002, en la cárcel
de El Dueso (Cantabria) asestó varias puñaladas
a otro interno con un pincho. Fue condenado a
otros cuatro años de cárcel.
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24/01/10 |
| La infractora llevaba más de 77
gramos de hachís ocultos en el bolsillo de su chaqueta. La
Guardia Civil la arresta |
 Ángeles
D. B., una mujer de 42 años y vecina de Roquetas
de Mar, ha sido detenida por agentes de la Guardia
Civil de Almería que prestan servicio en el Centro
Penitenciario Provincial acusada de un presunto
delito contra la salud pública.
Los agentes sorprendieron a la reseñada con 77,2
gramos de hachís que pretendía introducir en la
prisión El Acebuche, donde de está preso su hijo.
Según informaron fuentes de la Comandancia de
Almería, los agentes realizaron la detención a
requerimiento de los funcionarios de prisiones,
para que se personaran en las dependencias del
servicio de registro de paquetería y
comunicaciones, ya que durante la inspección de
una persona, que pretendía realizar una visita a
un interno, habían localizado una sustancia
extraña, que posiblemente era hachís, escondida en
el bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta.
De inmediato, los agentes se personaron en el
lugar, donde tras mantener una entrevista con la
reseñada y con los funcionarios, confirmaron que
la sustancia hallada era hachís. Identificaron a
la persona que intentaba cometer la irregularidad
y procedieron a su detención como autora de un
delito contra la salud pública.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil,
junto con la detenida y la droga intervenida,
fueron puestas a disposición del Juzgado de
Instrucción número 5 de Almería.
Los hechos se produjeron el pasado jueves día 14
de enero, cuando, sobre las 18:00 horas y en el
horario de visitas, Ángeles D. B., se acercó hasta
El Acebuche con la intención de mantener un
encuentro con su hijo y aprovechar la ocasión para
pasarle 77 gramos de hachís.
La peripecia se truncó gracias a la labor que
desempeñan los funcionarios, que realizan una
inspección a cada persona que visita a los
internos, además de a su documentación, a los
objetos que llevan a los familiares y a los que
ellos mismo portan como personales. Los registros
se realizan a la entrada al centro.
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Cuando ruge el 'chabolo' |
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24/01/10 |
| 'Celda 211' y 'Malamadre'. Dos
perlas del cine carcelario. Éxitos de taquilla, de crítica y
de realidad. Un guardia civil que quedó aislado en pleno motín
y un funcionario que ha vivido dos revueltas recuerdan sus
horas entre llamas, presos apuñalados y amenazas de muerte |
 Cuando
va a estallar un motín, lo sabes. Se percibe la
tensión. Se nota. Además de que los presos de
confianza te lo van diciendo. Pero cuando ves a
tu espalda a cientos de internos corriendo,
trepando por una cama hasta un butrón en el
techo y arrojando colchones ardiendo desde el
tejado no te queda otra que retirarte». Jesús,
funcionario de prisiones, un 'boqui' para los
internos, ha vivido dos revueltas carcelarias en
su ya dilatada carrera. Nanclares de Oca,
Carabanchel, San Sebastián, Alicante, antigua
cárcel Modelo de Valencia... Mucha madera
taleguera a sus espaldas. Pero nadie que haya
vivido un motín lo olvida. Ni las dos décadas
transcurridas desde que Laureano se quedó
aislado junto a otros tres guardias civiles en
medio de un levantamiento en Carabanchel han
borrado el miedo de su mente: «Se me pasó por la
cabeza que iba a morir. Nunca había temido por
mi vida».
'Celda 211' y los ojos de 'Malamadre' les han
devuelto al pasado. Porque la película española
del año (rodada en el antiguo penal celular de
Zamora) y el líder carcelario brutalmente
interpretado por Luis Tosar no sólo arrasan en
taquilla y con las 16 nominaciones para los Goya
del 14 de febrero. La cinta arrasa también en
realismo. Jesús y Laureano saben lo que es mirar
de cerca a un 'kie', el mandamás del 'trullo'. Y
el funcionario de prisiones y el guardia civil
corroboran con sus relatos a V que la película
de Daniel Monzón es cruda realidad.
Jesús es uno de los miles de 'gichos'
(funcionarios) que trabajan en las 70 cárceles
existentes en todo el territorio nacional,
atestadas con unos 76.500 reclusos. Más de un
millar por centro, lo que es sinónimo de
hacinamiento, inseguridad y imposibilidad de
control por parte de los funcionarios. Prisiones
como las de la Comunitat Valenciana, entre las
más sobrepobladas, han aumentado un 20% su
número de reclusos en el último año, según el
sindicato ACAIP-USO.
Y en medio de todo eso, como minas prestas a
explotar al mínimo vaivén de un mar embravecido,
medio centenar de presos FIES (incluidos en los
Ficheros de Internos de Especial Seguimiento),
la 'crème de la crème' en conflictividad. Los 'julais',
los tíos chungos. Aunque nada comparable con el
descontrol de vigilancia en los viejos presidios
españoles de la época de la transición. Con
gigantescos 'chabolos' (celdas) en los que
pernoctaban hasta 300 internos juntos.
Y ahí, un simple chasquido de dedos del 'kie'
desata la gresca.
'El Biri-Biri' y 'El
Chupi'
No pasaban de las seis de la tarde cuando Jesús
estaba en la enfermería de la cárcel alicantina
de Benalúa. Corría el año 77, con las prisiones
españolas convertidas en polvorines de presos
hastiados por sus pésimas condiciones de vida y
enfurecidos por que la amnistía a los reclusos
políticos no les abriera a ellos las mismas
puertas de la libertad. «Habíamos reforzado 15
días atrás la vigilancia en las comidas y las
cenas». Pero cuando el 'chabolo' ruge... Y
rugió. Centenares de presos, muchos 'empalmados'
(armados), treparon a los tejados en minutos
tras agujerear como mantequilla el entonces
débil techo de la prisión. 'El Tigre' fue el 'Malamadre'
de aquel motín. Vicente González Ferrandis, uno
de los tres cabecillas de la revuelta. «No
dudaban en rajar con pinchos a los reclusos que
se negaban a ir al tejado». La ley del más
fuerte. Subían hasta los 'cabos', los internos
de confianza que ayudaban en el día a día a los
funcionarios.
A Jesús y sus compañeros no les quedó otra que
picar espuelas y refugiarse en las 'garitas'
(oficinas). La cárcel era coto para los
presidiarios. Con la prisión convertida en una
ratonera, con muros perforados por los que los 'mendas'
pasaban de 'chabolo' en 'chabolo'. Liberados de
sus celdas con artes como las de 'El Biri-Biri'.
Un mago con los cerrojos. «Era capaz de abrir
las puertas por dentro con un muelle de la
cama». El fuego no tardó en apoderarse del
centro. «Caía de todo ardiendo al patio central
y lanzaban tejas a los civiles en la calle». La
tensión duró hasta la medianoche. Entonces
entraron los antidisturbios. «Repartieron lo que
no está escrito». Eran otros tiempos. Los
amotinados se rindieron. Aunque no sin antes 'chinarse'
al bajar del tejado: se cortaban entre ellos en
el cuerpo para así poder ser llevados a un
hospital y probar suerte con una fuga.
Jesús no tardó ni un año en verse inmerso en
otra algarada. Los convulsos 70. El epicentro de
la violencia fue en esta ocasión la cuarta
galería de la antigua cárcel Modelo de Valencia.
Los funcionarios sólo lograron aislar una de las
cuatro galerías. 400 presos treparon a la azotea
y destrozaron buena parte de la prisión.
«Estaban muy violentos». En todo motín, el
economato y la enfermería son siempre los
primeros objetivos de los reclusos. 'Manduca'
(comida), medicamentos con los que drogarse y
litronas. «Tomaban 'reinoles' (tranquilizantes)
con cerveza ('garimba') y se ponían como motos».
Los ajustes de cuentas por drogas y celos entre
internos medraron en el caldo de cultivo del
caos. 21 internos resultaron heridos en peleas
entre ellos. Pero en medio del terror siempre
hay héroes. Como 'El Chupi', uno de los presos
de confianza de la Modelo. Con medio centro en
llamas, dos bombonas de butano amenazaban con
estallar al pie de unas escaleras. «El Chupi
entró ahí y logró sacarlas. Se jugó la vida».
En los oídos de Laureano aún resuenan los
insultos y amenazas de muerte de 180 reclusos
desde los tejados de Carabanchel cuando se quedó
aislado junto a otros tres guardias civiles en
la contención de un motín en 1988. «Estaba a 10
metros de ellos. Me pasaron bloques del tejado
rozando. Doblaban las farolas como si fuera
chocolate». Los agentes, con subfusiles y armas
de guerra que no podían usar. Cosas del
reglamento. «¡Cuando salgamos de aquí te vamos a
matar!», escuchaba Laureano.
Pura tensión. Como la que retrata a la
perfección Celda 211. Los
funcionarios alaban su realismo. Aunque con
pegas. Califican de «imposible» que el
funcionario novato ('Calzones') quede atrapado
en el motín al acudir al centro un día antes de
empezar su servicio. «Eso nunca se hace. Y menos
sin uniforme». Y critican la escena en la que el
visceral carcelero interpretado por Antonio
Resines apalea a los familiares de los internos
a las puertas de la cárcel. «Con ellos siempre
tenemos un trato muy humano, porque no tienen
culpa de nada».
Funcionarios y guardias coinciden en algo.
Cuando el 'chabolo' ruge de verdad, mejor que no
te pille dentro. Como sentencia el rotundo 'Malamadre'
a 'Calzones': «Pase lo que pase, tú no sales
vivo de aquí».
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Así lo ha expresado el subdelegado de Gobierno en
León, quien rechaza la posibilidad inmediata de
abrir una segunda prisión en la provincia «en tanto
en cuanto haya zonas de la región como Zamora o
Soria que no tienen ni siquiera una primera»,
indica.
La nueva cárcel en Zamora es una reivindicación que
se arrastra desde hace años y los factores para su
implantación son varios. En primer lugar, existen
7.300 presos en las ocho cárceles de Castilla y
León, lo que hace que algunos centros tengan un
exceso de internos, como Topas, con 1.700. Además,
Las previsiones son que a nivel nacional aumente la
población penitenciaria debido al endurecimiento del
Código Penal, lo que hará necesaria la creación de
más plazas. |
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La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, aportó
ayer un nuevo dato sobre las negociaciones que
-según anunció el pasado 8 de enero- se están
desarrollando ya en Madrid para la transferencia
gradual de la competencia de Prisiones. Además del
traspaso del personal sanitario y educativo de los
centros penitenciarios, Mendia informó ayer de que
también está encima de la mesa la gestión de las
penas alternativas a prisión, es decir, las penas de
tercer grado, servicios a la comunidad o controles
telemáticos. Es más, confió en que "en breve", a lo
largo de 2010, el traspaso de la citada gestión sea
una realidad.La portavoz del Ejecutivo vasco, que
compareció ayer tras la reunión semanal del Consejo
de Gobierno, precisó que el objetivo es "gestionar
mejor este área" con el fin de garantizar la
reinserción los internos.
En estos momentos, hay 300 plazas que dependen de
Instituciones Penitenciarias para cumplir este tipo
de penas, y el objetivo del Ejecutivo autonómico es
cubrir un total de 700 en un año. El hecho de que
sólo existan 300 plazas provoca, según Mendia,
listas de espera y "atascos" para cumplir estas
penas. Esta situación hace que, por ejemplo,
personas con delitos de tráfico se mantengan en la
lista de penados, lo que impide, entre otras cosas,
adoptar niños o poder presentarse a unas
oposiciones.
En las próximas semanas, el Gobierno Vasco
habilitará 50 plazas más, a través de un convenio
con Instituciones Penitenciarias.
Para mejorar la reinserción de los presos y
optimizar recursos, Mendia indicó que las
viceconsejerías de Justicia y de Asuntos Sociales
están elaborando un plan que englobe un itinerario
completo, desde la formación de los reclusos, y el
tratamiento de drogodependencias en las prisiones,
hasta el seguimiento de los reclusos cuando
abandonen las cárceles.
Respecto a la negociación del traspaso del
personal sanitario y educativo, la consejera aseguró
que también está "muy avanzada" e insistió en que el
Gobierno López ha planteado la transferencia de
Prisiones, "no como el anterior, en un todo o nada",
sino progresivamente, "dando pasos por el bin de las
personas que están en las cárceles". |
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 Un
recluso prendió fuego a su colchón esta madrugada
cuando se encontraba ingresado en la enfermería
número 2 de la prisión de Málaga, "por lo que 26
internos tuvieron que ser desalojados a otras
dependencias", informaron este miércoles desde el
sindicato Acaip
a través de un comunicado. El interno, cuyas
iniciales corresponden a J.A.M. y padece
de trastornos psiquiátricos, fue
trasladado al Hospital Clínico de la capital donde
permaneció toda la mañana en observación, según
informaron a Europa Press fuentes de la prisión
provincial.
Estas fuentes señalaron que el presidiario
volvió esta tarde al centro penitenciario y se
encuentra en estado de normalidad, al tiempo que
agregaron que el resto de reclusos que tuvieron
que ser desalojados a otras dependencias
ya están en sus habitaciones.
Además, indicaron que no fueron necesarios
medios externos para la extinción del fuego, ya
que se valieron de los servicios que posee la
prisión.
Por su parte, Acaip,
que aseguró que se logró salvar la vida
del recluso "sólo" por la rápida
intervención de los funcionarios, que acudieron
ante las llamadas de auxilio de los internos, va a
solicitar una condecoración para los mismos.
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Tenerife I controla a 250 presos en tercer grado con la mitad
del personal |
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27/01/10 |
| CCOO y Acaip denuncian la
carencia de personal que sufre el nuevo Centro de Inserción
Social para reclusos Mercedes Pinto, puesto que de las 74
plazas que recoge la Relación de Puestos de Trabajo, sólo 42
están cubiertas. Además, la mayoría de trabajadores están
haciendo prácticas o en comisión de servicio. |
Las carencias de personal vuelven a hacerse patentes
en lo que al régimen penitenciario se refiere,
puesto que de las 74 plazas que se contemplan en la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro de
Inserción Social Mercedes Pinto de Santa Cruz de
Tenerife (antiguo Tenerife I) sólo 42 están
cubiertas.Para los sindicatos CCOO y
Acaip la situación
es "preocupante", puesto que "el trabajo se está
sacando adelante gracias al esfuerzo y buen hacer de
los trabajadores, que tienen una sobrecarga de
trabajo brutal", coinciden en decir los dirigentes
de ambas fuerzas sindicales.
En la actualidad existen 230 reclusos en tercer
grado, aunque la cifra varía frecuentemente,
superando los 250.
Hay que aclarar que estos 42 funcionarios no se
dedican en su totalidad a labores de vigilancia,
puesto que entre ellos hay psicólogos y auxiliares
que trabajan en la elaboración y seguimiento de los
itinerarios de inserción.
"La administración es la única que puede
permitirse abrir un centro de este tipo y hacerlo
con semejante merma", explica el dirigente de
Acaip, Jesús Sanz,
antes de señalar que "se trata de un problema de
fondos".
Según informa el portavoz de CCOO, Antonio
Rodríguez, "las instalaciones, inauguradas a
comienzos de octubre, son modélicas. Todo un ejemplo
a seguir, pero eso de nada vale si la Administración
central, como es el caso, no prevé el presupuesto
suficiente para la contratación de la plantilla".
En este sentido, Sanz alude a un segundo factor
que influye también en el funcionamiento eficaz del
CIS. "Cerca de la mitad de la plantilla está en
prácticas o en comisión de servicio y en breve
tendrán que ir a sus destinos definitivos".
Este es el caso de muchos de los trabajadores que
actualmente prestan servicio en el CIS Mercedes
Pinto y que están pendientes de su incorporación al
Centro Penitenciario de Lanzarote.
Cabe recordar que cuando un preso alcanza el
tercer grado entra en vigor de lleno el mandato
constitucional de la reeducación y reinserción
social de los reclusos.
Jurídicamente se entiende como una forma de
seguir cumpliendo condena, pero en situación de
libertad o semilibertad, otorgando el Estado su
confianza a quien ya está a punto de terminar su
condena y quiere volver a ser parte activa de la
misma.
Durante este tiempo la persona estará bajo
supervisión, que puede traducirse en que ha de ir a
dormir a la prisión todas las noches, o que debe
presentarse ante el juez cada tiempo o que incluso
que gozará de libertad controlada por una pulsera
que le imposibilita estar en determinadas zonas en
determinados horarios.
"Se trata de una labor importantísima que los
trabajadores deben hacer tanto en preparación para
la integración social como en el control de que todo
va según lo previsto", explica Jesús Sanz, antes de
sentenciar: "Por eso, con estos medios personales,
es imposible ofrecer ninguna garantía". |
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