Tres años y medio de cárcel por apuñalar a un recluso en Zuera

   02-06-06

El tribunal también condena al Estado a indemnizar a la víctima

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a tres años y medio de prisión a Agustín López Monserrat, preso de primer grado que el 25 de mayo del 2004 apuñaló con un pincho carcelario a un recluso árabe cuando ambos estaban en el patio del módulo de aislamiento. La sentencia también condena a la Dirección de Instituciones Penitenciarias a indemnizar al herido con 3.000 euros como responsable civil subsidiario.

El tribunal desestima la calificación de tentativa de asesinato, que argumentaba la fiscala, por entender que no existió ánimo de matar, sino de lesionar, ya que las heridas incisas que sufrió la víctima eran superficiales y ni siquiera requirieron sutura. Las lesiones que presentaba en la cabeza eran graves, pero no mortales. Además, el agresor dejó de golpear a la víctima voluntariamente, antes de que los funcionarios irrumpieran en el patio.

López Monserrat, incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) y que ha protagonizado numerosos incidentes y agresiones graves desde que ingresó en prisión hace nueve años, declaró en el juicio que el enfrentamiento con la víctima se produjo después de que esta justificara el atentado del 11-M y a la organización terrorista Al Qaeda.

El preso también declaró en la vista que había ocultado los pinchos, fabricados con plástico duro, en sus genitales para que no fueran detectados por los funcionarios al cachearle, y que siempre salía armado al patio de la prisión para "conservar la jerarquía" frente a otros reclusos.

En la sentencia, el tribunal no acepta los argumentos del abogado del Estado contra el pago de indemnizaciones por parte de Instituciones Penitenciarias. Entiende que, debido a la peligrosidad de este preso, los funcionarios no debieron de limitarse a realizar un cacheo ordinario, sino integral y obligando al preso a que se desnudara.

En este sentido, recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre el deber de custodia que tiene la Administración sobre la integridad física de los reclusos mientras se encuentran en centros penitenciarios.

De esta manera, ya son tres las sentencias de la Audiencia de Zaragoza en las que se impone a Instituciones Penitenciarias el resarcimiento económico a las víctimas como responsable civil subsidiario, ya que la mayoría de los presos tienen acreditada su insolvencia.

López Monserrat, que está pendiente de juicio por un motín que protagonizó el pasado octubre en los juzgados de Zaragoza junto a otros dos presos, con intento de agresión a una jueza, verá aumentada su pena con la nueva condena.

Castigo extra

LA VOZ DE ASTURIAS  02-06-06

Un hombre denuncia que estuvo en prisión cuatro años y siete meses de más

Cuatro años, siete meses y 25 días. Si es mucho tiempo en una vida en libertad, ni que decir tiene cuando transcurre entre rejas.

Cuatro años, siete meses y 25 días es el tiempo que el preso José Ramón Fernández Pinedo, de 45 años, ha estado de más en prisión. Delincuente reincidente hasta una decena de veces, los juristas de la prisión no le explicaron que tenía derecho a beneficiarse de una acumulación de condenas que le acortaría sustancialmente la estancia en prisión.

Si se hubiera aplicado la métrica penitenciaria que, finalmente, le ha reconocido un tribunal, José Ramon, que entró en prisión en julio de 1992, debería haber salido en mayo del 2001. "Salí en diciembre del 2005", dice, abatido.

"Es muy grave", añade, contundente, José Ramón que, después de media vida dedicado a la delincuencia --"nunca delitos de sangre", dice-- ha rehecho su vida y trabaja de camarero. Su delito, repetido hasta casi una decena de veces, siempre era el mismo. Robo con intimidación. Su objetivo preferido, las salas de cine, donde acudía armado para hacerse con sus suculentas recaudaciones. Aunque también lo padecieron algunos restaurantes.

"La administración penitenciaria ha funcionado muy mal", dice el expresidiario que asegura que debía haber sido el jurista de la prisión el que le hubiera informado de la posibilidad de solicitar al juez la acumulación de condenas. De hecho, una abogada ya ha presentado una reclamación administrativa ante la consejería de Justicia en la que solicita una indemnización de 180.000 euros (30 millones de pesetas) para resarcir todos los perjuicios. Si no prospera, el afectado asegura que no dudará en acudir a los tribunales.

José Ramón rememora que fueron los funcionarios de la prisión los que, en comentarios de pasillo, le dijeron que probara la posibilidad de pedirle al juez la acumulación de condenas.

"Lo intenté y cuál fue mi sorpresa cuando el juez dijo que tenía derecho", explicaba, excitado, José Ramón. Pero el fallo judicial llegaba el 27 de diciembre del 2005, nada más y nada menos que cuando ya habían pasado cuatro años y siete meses. Inmediatamente, fue puesto en libertad. Una portavoz de la consejería de Justicia aseguró que la reclamación "no tiene ningún viso de prosperar".

En primer lugar, la Secretaría de Servicios Penitenciarios argumenta que la acumulación de condenas es un beneficio que ha de acordar "el juez o tribunal que ha dictado la última sentencia, bien de oficio, o bien a instancia del ministerio fiscal o del condenado".

Pero, a renglón seguido, la inspectora de Justicia que ha revisado el tema asegura que "el centro penitenciario habitualmente los asesora y orienta sobre la posibilidad de obtener del juzgado o tribunal este beneficio, previo estudio del expediente judicial por el jurista".

El informe de la inspectora, sin embargo, va más allá. Asegura que desde la prisión determinaron que no merecía el beneficio de la acumulación de penas.

Víctimas valencianas de ETA recurrirán la liberación de presos

   02-06-06

Advierten que denunciarán «incluso» al Gobierno de Zapatero

La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, entidad a la que pertenece la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunitat Valenciana (Avtcv), hizo público ayer un comunicado en el que advierte que tomará medidas legales «incluso» contra el Gobierno si se producen excarcelaciones de terroristas condenados a prisión por el Código Penal del 95 que les obliga al cumplimiento íntegro de penas, con un máximo de 30 años, «sin beneficios penitenciarios de ningún tipo, sin excusas y sin subterfugios de dudosa legalidad».

«Si se llegara al hipotético caso de una excarcelación exponen en el texto, los equipos jurídicos de la federación iniciarían cualquier acción jurídica para perseguir el presunto delito cometido, incluso si ese presunto delito fuera cometido por el propio Gobierno español. La ley es de obligado cumplimento para todos».
Además de la Avtcv, componen esta federación las asociaciones autonómicas de Andalucía, Cataluña y Galicia, que han redactado este comunicado ante algunas manifestaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre cuál será el contenido de la negociación con ETA: que deponga las armas y se disuelva y el futuro de sus presos.
Sobre este tercer aspecto, estas asociaciones manifiestan que durante muchos años han tenido que «soportar, aguantar, acatar y obedecer» un Código Penal aprobado en 1973 y que hasta la reforma de 1995 obligaba a la excarcelación de terroristas incluso con penas milenarias. «Las víctimas hemos tenido que soportar esa situación, legal, pero al mismo tiempo no proporcional al daño causado, sin hacer ningún tipo de acto susceptible de ser relacionado con actos de rencor o de venganza. A las víctimas de los atentados entre 1973 y 1995 no se nos puede pedir más», aseguran.
Por ello, exigen del Gobierno una aclaración de que esa negociación sobre el futuro de los integrantes de ETA no significa «excarcelación alguna antes del tiempo previsto en el nuevo Código Penal».
Además, estas asociaciones interpretan que esa expresión del presidente del Gobierno incluye la «utilización de recursos económicos destinados al bienestar» de los terroristas. Por ello, añaden que sería incomprensible que se solucionase los problemas de los terroristas antes que los de las víctimas. «Esta circunstancia ha sido práctica común», denuncian.

Superpoblación penitenciaria

   04-06-06

A pesar del hacinamiento en las dos principales cárceles gallegas, A Lama y Teixeiro se encuentran en una de las mejores situaciones de los centros españoles ·· En el penal coruñés hay 1.367 internos para 1.008 celdas y en el pontevedrés, 1.464 en el mismo número de calabozos

La muerte el miércoles 24 de mayo de un preso en la prisión coruñesa de Teixeiro ha vuelto a reabrir el debate sobre la población penitenciaria en Galicia. Sin embargo, a pesar de las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los reclusos españoles en absolutamente todas las prisiones, los directores de las cárceles de Teixeiro y la pontevedresa de A Lama, Antonio Vázquez Prado y José Antonio Gómez Novoa, respectivamente, aseguran que en la actualidad la convivencia en las instituciones penitenciarias de Galicia es buena y que los hechos de agresiones entre los internos son puramente puntuales y aislados.

La población reclusa en la comunidad autónoma era a 19 de mayo de este año, según la actualización semanal de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 4.212 internos, de los que 3.583 son penados y 629 preventivos.

Según el estudio realizado por la Asociación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en España, "la tasa de hacinamiento de internos a 5 de mayo de 2006 alcanza el 169,60 por ciento de ocupación, al existir 54.140 internos dependientes del Ministerio del Interior para las 31.922 plazas o celdas funcionales distribuidas en los 66 centros penitenciarios".

En esa cifra no aparecen los 8.789 reos que hay en Cataluña, ya que esta comunidad autónoma tiene transferidas las competencias en esta materia. Si se suman éstos, la población reclusa total de España es de 62.929 a 5 de mayo, lo que supone un incremento sobre el 31 de diciembre de 2005 del 3,07 por ciento tras el aumento numérico de 1.875 presos en estos cinco meses.

Galicia

En tan sólo 14 días, entre los datos de Acaip del 5 de mayo y los del Gobierno, de 19 de mayo, la población penitenciaria gallega ha aumentado en 24 internos, ya que el sindicato contabilizó 4.188, e Instituciones Penitenciarias 4.212 dos semanas después. A pesar de que los centros de Teixeiro y A Lama tienen una tasa de hacinamiento del 135,62 por ciento y del 145,24 por ciento, respectivamente, (es decir en el penal de Curtis hay 1.367 reclusos para 1.008 celdas y en Pontevedra 1.464 para los mismos aposentos), las dos prisiones gallegas se encuentran entre las menos masificadas de España, ya que la tasa de sobrepoblación llega a alcanzar el 324,56 por ciento en la cárcel de Santander entre las prisiones de menos de mil presos, o el 177,48 por ciento del penal madrileño de Soto del Real para una cárcel con las mismas celdas que las dos gallegas más grandes. Aún así, en estos cinco meses de 2006, la población penitenciaria en Teixeiro y A Lama se redujo, ya que entre diciembre y mayo en la primera descendió en 17 y en la segunda, en ocho.

Curiosamente, entre 2004 y 2005, el número de internos en las prisiones gallegas bajó en 284, mientras que entre 2005 y este año, esa cifra se incrementó en 34. Ésta es una tendencia ascendente, según reconocieron los directores de las dos principales instituciones penitenciarias de Galicia.

Interior busca empresas privadas para las condenas a trabajos sociales por maltrato

   04-06-06

Dos de cada tres penas sustitutivas de prisión impuestas a maltratadores no se cumplen por la falta de colaboración de algunos ayuntamientos de la provincia

La falta de colaboración de algunos ayuntamientos de la provincia está impidiendo que se cumplan la mayoría de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad impuestas a maltratadores. Instituciones Penitenciarias busca empresas privadas para evitar que los condenados queden sin castigo. Los jueces de la provincia han impuesto en los últimos meses 900 sentencias de trabajos sociales por todo tipo de delitos de las que sólo se han ejecutado 310.

La reforma del Código Penal de octubre de 2004 introdujo los trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa al ingreso en prisión. El fin que perseguía el Código Penal con la potenciación de las medidas alternativas era que no quedaran sin ningún tipo de castigo los delincuentes que lograban la suspensión de la condena. La mayoría de los condenados a penas de menos de dos años de prisión consigue la suspensión de la pena. El problema es que tampoco se están cumpliendo las penas alternativas.

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, es el organismo que debe poner los medios para que las condenas se ejecuten. Instituciones Penitenciarias ha comprobado esta misma semana que tiene 600 condenas de trabajos en beneficio de la comunidad pendientes de cumplimiento, lo que supone un 70% de total. Un alto cargo de Interior acaba de reunirse con el presidente de la Audiencia, Vicente Magro para desbloquear el problema.

Los magistrados pueden obligar a los condenados a reparar los daños causados o a realizar labores de apoyo a la víctima. Aquí surge el principal escollo porque algunos ayuntamientos no están dispuestos a ofrecer trabajos a maltratadores por la alarma social que conlleva su delito. Las condenas de trabajos en beneficio de la comunidad tampoco se pueden imponer sin permiso del acusado, pero pocos lo rechazan porque evitan ingresar en prisión.

Magro considera que «es una burla para las víctimas de malos tratos que las condenas queden sin cumplir. No lo vamos a consentir. La búsqueda de empresas privadas para que los condenados realicen los trabajos en beneficio de la comunidad es una buena iniciativa que ya se ha puesto en marcha en Madrid». Vicente Magro precisó que «van a ser empresas que cumplan fines sociales». El presidente de la Audiencia insistió en que «yo personalmente prefiero que los maltratadores sean condenados a prisión, pero no nos podemos tapar los ojos ya que los jueces sí están imponiendo esta alternativa».

La Audiencia ha impulsado una oficina penitenciaria que controlará la ejecución de las condenas por malos tratos y con la que pretende evitar que las penas a trabajos comunitarios sigan sin cumplirse. Vicente Magro confía en que la oficina empiece a funcionar en los juzgados de Benalúa antes del verano. La oficina también actuará en los casos graves, alertando a las víctimas cuando sus agresores salgan de permiso de prisión o hayan cumplido la condena.

La reapertura de la prisión provincial, a la que podrían derivarse internos de Topas

   04-06-06

Los letrados zamoranos que deseen defender a inmigrantes deberán pasar un curso de especialización en derecho de extranjería para garantizar la defensa

El incremento de procedimientos judiciales que afectan a inmigrantes está exigiendo no sólo una mayor preparación de los abogados en materia de derecho de extranjería sino una especialización que, en el caso de Zamora, ha llevado al Colegio de Abogados a crear un turno de oficio especial, adealntó su decano, Ignacio Esbec.
La iniciativa obedece a que esta normativa «tiene determinadas particularidades porque se imponen sanciones que se pueden recurrir en el mismo momento en que se acuerdan y a veces es preciso reaccionar de inmediato para defender al cliente», puntualizó Esbec, ya que no sólo hay infracciones relacionadas con la comisión de delitos.
Los letrados que deseen acceder a ese turno especial de Extranjería «tendrán obligatoriamente que pasar un curso de formación específico, que se iniciará el 20 de junio» con una jornada sobre derecho de extranjería, impartida por un abogado experto y en la que se abordarán el procedimiento sancionador de extranjería y los principales aspectos del nuevo Reglamento, explicó Esbec.
La proliferación de asuntos de extranjería es tal que en provincias limítrofes hay abogados que sólo trabajan en esos casos, que en ocasiones requieren «una respuesta inmediata, recurrir en el mismo momento en que se abre un expediente administrativo, por ejemplo», para defender al cliente. «Es preciso estar muy atentos para que cuando llegue el momento, los profesionales estén preparados», apostilló el decano. La reapertura de la prisión provincial, a la que podrían derivarse internos de Topas, dada la saturación de este centro, podría provocar un aumento de la demanda de abogados por extranjeros, que suman buena parte de la población reclusa.
El decano del Colegio añade que la puesta en marcha de este turno especial demuestra «lo sensibles que somos los abogados en estas cuestiones, siempre del lado de los más desfavorecidos» para garantizar el derecho de defensa y asistencia jurídica y evitar la indefensión de cualquier ciudadano, dijo.
Para subrayar esa labor, Esbec mencionó la reciente concesión del Premio Extraordinario de la Ley a la Abogacía española, recogidos por el presidente del Consejo General de la Abogacía de España, Carlos Carnicer, de manos del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

Las obras de ampliación de la cárcel de Tahíche comenzarán a mediados de junio

   04-06-06

La empresa COMSA, adjudicataria de la obra, iniciará la ampliación del Centro Penitenciario de Tahíche en menos de dos semanas. Así lo ha anunciado el director insular, Marcial Martín, que ha explicado que el comienzo de los trabajos sólo está a expensas de que un equipo de técnicos se desplace desde Madrid para supervisar el inicio de la obra. Se prevé que las obras estarán concluidas dentro de dos años, para el verano de 2008. Con estos trabajos, que costarán algo más de 17 millones de euros, se pretende terminar con “la histórica e insoportable masificación en la que se encuentra el actual Centro”.

Desde la Dirección Insular del Gobierno se cree que esta obra de remodelación es muy necesaria, ya que posibilitará, entre otros aspectos, acabar con el hacinamiento de reclusos y que los internos de la isla que se encuentren cumpliendo penas en otras prisiones, puedan trasladarse a Lanzarote. Para la mejora se emplearán terrenos adyacentes a la prisión, y en el tramo final del proyecto se contempla el derribo de parte de las actuales instalaciones, incluida la puerta principal del recinto, lugar donde su levantará una amplia zona deportiva para los internos.

Con la ampliación, la cárcel contará con dos módulos diferenciados con capacidad para unos 300 internos. Y es que este centro penitenciario ocupa, actualmente, el onceavo puesto en el ranking de las prisiones más hacinadas de España, según un informe de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP. Según estos datos, la cárcel lanzaroteña mantiene en sus dependencias a más del doble de presos de los que debería tener, ya que, en las 79 celdas de las que dispone, cumplen sus penas un total de 173 presos. Es decir, que este centro penitenciario muestra una tasa de hacinamiento de casi el 218%

Las movilizaciones de sanitarios continúan en las prisiones españolas

   05-06-06

LA ADMINISTRACIÓN NO RECONOCE A LA COORDINADORA Para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias las reivindicaciones de los sanitarios que han llevado a cabo huelgas de hambre y encierros durante más de una semana llegan justo cuando comienzan a cumplirse algunas peticiones históricas. La Administración no reconoce a la coordinadora como interlocutor válido

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias no reconoce a la Coordinadora de Sanitarios Penitenciarios como interlocutor de este colectivo profesional ante la Administración. Fuentes de la dirección general han asegurado, en declaraciones a GACETA MÉDICA, que cualquier negociación que afecte a los profesionales se ha de llevar a cabo con los representantes legítimos de los trabajadores, en este caso los sindicatos, a través de una mesa de negociación.

A lo largo de toda la semana y hasta este martes médicos y enfermeras de instituciones penitenciarias han llevado a cabo huelgas de hambre y encierros en buena parte de las cárceles españolas, solicitando que se cumplan las sentencias favorables al colectivo respecto a guardias y horarios. En concreto, según la coordinadora se han producido encierros en el 95 por ciento de los centros españoles y huelga de hambre en 18.

Los sanitarios protestan también por el retraso en la integración de este colectivo en los sistemas de salud públicos, ya que, a excepción de Cataluña, continúan dependiendo del Ministerio del Interior, incumpliendo la Ley de Cohesión que establece un plazo máximo para este proceso de 18 meses después de su aprobación en mayo de 2003.

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se ha puntualizado que las movilizaciones convocadas durante esta última semana no están siendo seguidas ni en todos los centros penitenciarios ni por todos los trabajadores.

La Administración ha mostrado su sorpresa por estas reclamaciones, que llegan justo en un momento en el que, tal y como apuntan, se han satisfecho algunas demandas planteadas por los sanitarios hace casi una década. Las mismas fuentes han argumentado que el precio por hora de guardia localizada, por ejemplo, se ha multiplicado por 300 en algunos casos. Asimismo, ha explicado que se abonan los desplazamientos al centro y que las guardias se compensan con días de libranza. En la misma línea —apuntan— el proyecto de presupuestos de 2007 incluye una subida de la hora de guardia presencial que ronda el 127 por ciento para los médicos y cerca de un 77 por ciento para el personal de enfermería.

Según ha declarado a GM, la Administración está abierta a escuchar cualquier demanda de los trabajadores, pero siempre a través de los cauces que están establecidos.

Respecto a la integración de los profesionales sanitarios en el sistema público, las mismas fuentes han explicado que se han llevado a cabo reuniones con las administraciones autonómicas para plantear este asunto y se ha asegurado que se tratará de agilizar este proceso.

Desde la Coordinadora de Sanitarios Penitenciarios se advierte de que las movilizaciones continuarán hasta el martes próximo, fecha en la que se llevará a cabo una nueva reunión de la Administración con los sindicatos, a la que los miembros de la coordinadora que también realizan funciones de representación sindical llevarán de nuevo la problemática denunciada la pasada semana por este colectivo. La dirección general reitera que se trata de reuniones ordinarias en las que la coordinadora como tal carece de representación.

Por su parte, Antonio Pérez, portavoz de la Coordinadora de Sanitarios Penitenciarios, ha denunciado la falta de sensibilidad de la Administración durante la primera reunión que han mantenido representantes sindicales con la dirección general después del comienzo de las movilizaciones, un encuentro en el que se ha planteado esta situación.

Pérez ha afirmado: "No parecen mostrar mucho interés en arreglar nuestros problemas". El portavoz considera que la Administración se ha sorprendido por la falta de costumbre a que se proteste.

La coordinadora ha asegurado que las movilizaciones proseguirán al menos hasta la reunión que la dirección general y los sindicatos realizarán este martes, donde esperan que se pueda plantear una solución a las reclamaciones de los sanitarios de prisiones.

Presos de Puerto 2 duermen en colchones tirados en el suelo

   05-06-06

Este fin de semana, la masificación ha llegado hasta tal punto que varios presos han pedido al juez un 'habeas corpus' para denunciar la situación

Cádiz. La estampa de los colchones tirados en el suelo, más propia de la que se creía felizmente superada leyenda negra del Penal portuense, resucita en Puerto 2. La prisión de preventivos de El Puerto vuelve a registrar un nuevo overbooking, al albergar a más de 850 presos. Las instalaciones, construidas con capacidad para 650 presos, se ven de este modo obligadas por enésima vez a estirarse para poder dar cabida a la cada vez más creciente población reclusa.

Este elevado índice de hacinamiento fue denunciada ayer públicamente por el sindicato ACAIP (Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias), mayoritario en la prisión portuense. Según denunciaron a este diario desde el sindicato, debido a la masificación que se sufre en la cárcel, desde hace aproximadamente un mes son una media de 15 internos los que se ven obligados a dormir en un colchón en el suelo por la falta de camas. La situación, sin embargo, se agravó este pasado jueves, cuando la llegada de las habituales conducciones de los fines de semana duplicó el número de presos afectados.

La situación ha llegado a ser tan tensa durante este fin de semana que cuatro de los internos afectados solicitaron un habeas corpus , una suerte de requerimiento de urgencia para denunciar al juez el asunto.

La saturación es tal que es preciso proceder a acomodar celdas con capacidad para dos internos, para tres. Y de qué manera: tirando al suelo un colchón en el único sitio que hay libre, delante del inodoro que comparten los internos en tan reducido espacio.

Hasta ahora, lo habitual es que en Puerto 2, tras la reforma integral llevada a cabo, se intentase no sobrepasar de los 750 presos, para tener un colchón de un centenar de camas para poder atender los "tránsitos", las llegadas que se producen a finales de semana de presos de otras cárceles para acudir a juicios pendientes u otras contingencias.

En la prisión, así las cosas. Denuncian la "tercermundista" situación que están padeciendo, mientras cruzan los dedos para que no haya redadas que colapsen aún más Puerto 2.

Los funcionarios de prisiones, atónitos ante el “muro de silencio” creado por Mercedes Gallizo sobre movimientos de presos de ETA

   06-06-06

El sector profesional de funcionarios de Prisiones se encuentra “desconcertado” por la falta de información que padecen, desde la dirección de la Institución, en relación con la evolución de las negociaciones abiertas en el denominado “proceso de paz Vasco”.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los trabajadores de las prisiones en nuestro país se encuentran ayunos de noticias sobre los posibles movimientos carcelarios que podrían derivar de las conversaciones con el entorno abertzale, a raíz del “alto el fuego permanente” comunicado por la banda terrorista ETA.

Los funcionarios hacen memoria y comprenden que, en un marco de negociaciones de cara a un cese de actividades de la banda terrorista, el primer punto en negociación siempre ha sido el asunto de los presos: su reagrupamiento, acercamiento, y medidas de reinserción. Por este motivo, los funcionarios han requerido información en numerosas ocasiones al Ministerio de Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la dirección general de Instituciones Penitenciarias, a cuyo frente se sitúa Mercedes Gallizo.

Fuentes consultadas por ECD en este colectivo afirman que cuando los representantes sindicales han interrogado a Mercedes Gallizo por estos temas, la respuesta ha sido siempre la misma: “esto son temas políticos”. Gallizo lo único que les pide es “tranquilidad”. Una y otra vez. Ni el Ministerio de Interior ni la dirección General de Instituciones Penitenciarias han informado de los movimientos previstos de cara a la negociación.

“Es muy duro para los trabajadores de las cárceles –explican los afectados- tener que enterarse por mítines como el del presidente Zapatero en Bilbao, o a través de las declaraciones a la prensa de los dirigentes socialistas, de la posible deriva de las acciones del Ejecutivo en este sentido”. Les duele en concreto el aislamiento a que, según ellos, les tienen sometido Gallizo, que ni siquiera se pone en contacto con ellos cuando salta a la opinión pública alguna información de calado sobre esta materia.

Los últimos y “discretos” acercamientos de siete presos de ETA a provincias más cercanas del País Vasco lo han tenido que conocer los funcionarios a través del colectivo de familiares de presos de ETA, Etxerat, ya que la información global de estos movimientos les era desconocida. Del mismo modo, les inquietan las extradiciones practicadas en las últimas fechas de etarras que cumplían condena en Francia, como la de Julia Moreno Macuso “Bombi”, ya que desconocen el sentido de estos movimientos.

También ha podido saber este confidencial que el “muro de silencio” sobre la negociación, impuesto desde el Ministerio de Interior, afecta incluso a los directores de la Prisiones, no sólo a los funcionarios. Como ya informó El Confidencial Digital, los funcionarios no ven de qué modo se podría llevar a cabo el reagrupamiento o acercamiento a provincias limítrofes con el País Vasco de los cerca de 500 miembros de la banda encarcelados en diversas circunstancias en cárceles españolas, además de los cerca de 150 en igual situación en presidios de Francia.

Reabre asaltos en España debate sobre vinculación inmigración-delitos

LA VANGUARDIA (MÉJICO)   06-06-06

La ola de asaltos a residencias cometidos por delincuentes extranjeros ha reabierto el debate sobre si el aumento del número de inmigrantes que llegan a España está directamente relacionado con un mayor índice de delincuencia.

La revista española Tiempo destacó en su edición de este lunes que aunque todos los partidos se manejan con suma prudencia, en ocasiones no dudan en utilizar este fenómeno como arma arrojadiza en el debate político.

Por ejemplo, la semana pasada, el secretario general del opositor derechista Partido Popular (PP), Angel Acebes, acusó al gobierno socialista de haber convertido las fronteras españolas "en un coladero".

Indicó que la sociedad debe saber que cada vez hay más bandas que vienen a delinquir, y aunque se cuidó de separar a estos grupos organizados de los inmigrantes, unos y otros están indisolublemente relacionados por su condición de extranjeros.

El semanario Tiempo subrayó que esa vinculación ha ido calando en la sociedad española, para la que la inmigración es ya el segundo problema que más le preocupa, por debajo tan sólo del desempleo.

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, puntualizó por su parte que el debate inmigración-delincuencia es falso y que el 99 por ciento de los inmigrantes que entran a España lo hace en busca de trabajo.

"Sólo una mínima parte delinque, y lo suele hacer porque no tiene medios para subsistir. Hay que distinguir entre esta delincuencia y la protagonizada por grupos organizados, que no entran en España con los flujos migratorios", añadió.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior afirman que uno de cada tres reclusos es extranjero y entre el 2000 y 2005 su número ha aumentado 135.6 por ciento.

Sólo en el último año ingresaron en prisión mil 679 personas, y ocho de cada diez eran extranjeros, según datos de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario.

Por nacionalidades, actualmente, el mayor número de reclusos son marroquíes, seguido de colombianos, rumanos y argelinos.

El jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía, Angel Galán, expuso que aunque el número de delitos ha disminuido en España, un porcentaje más amplio los cometen extranjeros.

"La emigración ha hecho que ahora tengamos una delincuencia diferente y mucho más violenta que la nacional, pero es un fenómeno generalizado en toda Europa que comenzamos a detectar hace diez años", añadió.

Galán sostuvo que la razón de esta nueva delincuencia hay que buscarla en la mayor riqueza de los países de destino y en sus leyes, con más garantías que las del lugar de origen.

Denuncian que presos de la cárcel de Ceuta tienen que dormir en el suelo a causa de la masificación

   06-06-06

DUCHAS Y ASEOS TAMPOCO REÚNEN LAS CONDICIONES

El Sindicato de Prisiones (ACAIP) de Ceuta ha denunciado que los presos se ven obligados a dormir en el suelo en la penitenciaría de la ciudad debido a la masificación del penal, que también provoca que las duchas y los aseos no reúnan las condiciones mínimas de higiene.

El sindicato, a través de su delegado en la ciudad, Guillermo González, ha denunciado "graves carencias" en el centro preventivo de Los Rosales donde conviven en la actualidad unos 250 internos cuando la cárcel está preparada únicamente para acoger a 160 preventivos.

Guillermo Molina aseguró que hay tres presos por cada celda, lo que obliga a uno de ellos a dormir en el suelo, y que el reparto de la comida se tenga que efectuar en dos turnos ante la imposibilidad de espacio físico.

Por otro lado, aludió a la falta de aseos ya que hay seis en el primer módulo para 90 internos y cuatro aseos en el segundo módulo para unos 30 menores.

ACAIP también destaca la falta de seguridad para los funcionarios de la prisión porque las puertas de las celdas son antiguas, "con lo que el funcionario cuando las abre no sabe qué o quién se va a encontrar".

El sindicato añade que el pasado año se intervinieron en la prisión unos 11 kilos de resina de hachís, por lo que se calcula que podrían haber entrado entre 20 o 30 kilos.

La agencia Efe requirió la versión del Centro Penitenciario de Los Rosales que de momento no ha sido facilitada.

Las cárceles españolas albergan ya a 44 integrantes de bandas latinas, que sufrieron 182 detenciones en 2005

   06-06-06

Instituciones Penitenciarias pide información a los jueces para no hacer coincidir en prisión a miembros de bandas rivales

Un total de 44 jóvenes detenidos por las Fuerzas de Seguridad por cometer delitos integrados en las denominadas bandas latinas se encuentran ya repartidos por una decena de cárceles dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias cumpliendo condena o en situación de preventivos. En 2005 fueron detenidos en toda España 182 integrantes de bandas como Latin Kings, Ñetas o Trinitarios, aunque muchos de ellos no pueden ingresar en prisión por no tener la edad penal suficiente, ya que aproximadamente el 40 por ciento son menores.

   Aunque son clasificados como presos comunes, el departamento que encabeza Mercedes Gallizo se ha tenido que enfrentar a la nueva problemática que supone la coincidencia de dos internos de esta bandas latinas rivales en una misma prisión, por lo que, según informaron a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, se ha solicitado información adicional a los jueces que permita conocer a qué grupo están adscritos y evitar así enfrentamientos violentos entre estos jóvenes en el interior de las cárceles.  Latinas: 14 y 25 años.

   A diferencia de otras bandas juveniles, los integrantes de estos grupos no fueron detenidos únicamente por enfrentamientos entre ellos sino también por delitos de amenazas, agresiones y coacciones para que otros jóvenes se integren en ellos. Asimismo abundan en sus historiales los delitos contra la propiedad con intimidación o violencia, según explicó hoy el subsecretario de Interior, Justo Zambrana, en su estreno ante la comisión del Congreso de los Diputados.  

OTRAS BANDAS JUVENILES, LOS 'SKINS'.

   Zambrana sumó en el apartado de bandas juveniles a los miembros de grupos de 'skin heads' (cabezas rapadas) de extrema derecha o extrema izquierda. En la respuesta al Grupo Popular, que se había interesado por esta cuestión, el subsecretario dijo que en total se habían detenido a 126 'skins' en 2005.

   El perfil del 'skin' es el de un joven residente en un núcleo urbano o su periferia, de entre 16 y 25, aunque "excepcionalmente", dijo Zambrana, puede ser incluso menor o mayor de estas edades. Las detenciones de estos jóvenes radicales se produce principalmente durante los enfrentamientos entre los ultraderechistas y los miembros de extrema izquierda con motivo, por ejemplo, de manifestaciones, o en los ataques a sedes de partidos políticos o instituciones.

   Pero esta violencia se extiende también al fútbol, donde las gradas de los fondos sur de los estadios albergan a una nutrida representación de 'cabezas rapadas'. Los grupos 'neonazis' también han sufrido detenciones por protagonizar agresiones de carácter racistas a inmigrantes.

   Actualmente, sólo dos cabezas rapadas cumplen condena en España, entre ellos Ricardo Guerra, el asesino de Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real Sociedad que fue apuñalado el 9 de diciembre de 1998 en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón por el citado miembro del grupo 'neonazi' Bastión.

Un alto funcionario de prisiones adjudica obras a una empresa con la que está vinculado

   06-06-06

El coordinador del plan de infraestructuras la recomendaba para realizar proyectos de reformas

¿Juez y parte? No tenía la última palabra. La adjudicación la firmaba su superior pero era él quien hacía la propuesta tras estudiar las diferentes ofertas de los proyectos para realizar remodelaciones en las cárceles.

El coordinador del área del plan de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias, José Francisco Vázquez Mallorquín, proponía para que se adjudicaran de forma directa la redacción de los proyectos y la dirección técnica de las obras que realiza Instituciones Penitenciarias a profesionales con los que comparte despacho.

El subdirector general de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba, daba el visto bueno a las propuestas de éste, otorgando la adjudicación a los profesionales con los que Vázquez Mallorquín comparte despacho e intereses, según empresas del sector.

EL MUNDO ha podido comprobar que Vázquez Mallorquín tiene relación directa con al menos un despacho profesional de arquitectos que ha resultado beneficiado con numerosos contratos para la redacción de proyectos penitenciarios.

No se trata de proyectos para la construcción de los nuevos centros.De estas obras se encarga la sociedad Siepsa. En el caso de Vázquez Mallorquín se trata de obras de remodelación de los centros ya existentes.

Vázquez Mallorquín comparte un estudio con César Herrero Salazar, quien durante los últimos meses ha resultado adjudicatario de varios proyectos de remodelación en diferentes centros penitenciarios.

En concreto, ambos forman parte de un despacho denominado L-3 Estudio de Arquitectura. Y así figura en el buzón de la empresa, en un conocido barrio de Madrid.

Según explicaron fuentes de empresas que trabajan con la Administración penitenciaria, el coordinador del área del Plan de Infraestructuras también mantiene contactos muy estrechos con otros despachos profesionales. Pero en ningún caso figura en organigrama alguno junto a otros profesionales de la arquitectura, cuyas ofertas también han resultado seleccionadas en adjudicaciones de Instituciones Penitenciarias.

Según denuncian empresas del sector relacionadas con la Administración penitenciaria, Vázquez Mallorquín realizaba la propuesta de los despachos profesionales con sus ofertas para la adjudicación y el subdirector general de servicios, Javier Ramos, daba el visto bueno a dichas propuestas, otorgando los contratos a despachos profesionales con los que comparten intereses.

Según explicaron estas fuentes del sector, Vázquez Mallorquín no tiene ninguna relación con los grandes contratos para la construcción de centros.

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se asegura que el despacho en el que trabaja César Herrero, con el que tiene relaciones Vázquez Mallorquín, ha resultado adjudicatario de las redacciones de proyectos y de direcciones de obra en varios centros penitenciarios en 2003, 2004 y 2005. Según la versión oficial, estas adjudicaciones no eran de una gran cuantía. Cifraban algunas de las redacciones de proyectos llevadas a cabo por este despacho profesional en cerca de 12.000 euros. De esta cuantía han sido varias las adjudicaciones a dicho despacho durante los tres últimos años.

Asimismo, estas fuentes señalaron que, tras consultarle, Vázquez Mallorquín ha negado mantener cualquier tipo de relación con despachos de los adjudicatarios de las obras de remodelación en los diferentes centros penitenciarios, incluido el despacho de César Herrero Salazar, L-3 Estudio de Arquitectura, en cuyo buzón también figura el nombre de José Francisco Vázquez Mallorquín.

Según explicó un portavoz oficial de Instituciones Penitenciarias, la mayoría de las obras en las que ha resultado adjudicado el despacho en el que participa Vázquez Mallorquín fueron realizadas en centros penitenciarios de Valencia, Alicante y Murcia.

Este portavoz también explicó que durante 2006, el estudio del que forma parte Vázquez Mallorquín no ha resultado adjudicatario aún de ninguna obra en los recintos penitenciarios.

Prisiones investiga si hay irregularidad en adjudicación de obras

   06-06-06

El subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, aseguró hoy que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha ordenado que se abra una investigación para esclarecer si hay alguna irregularidad en la adjudicación de obras en las cárceles.

Así lo anunció Zambrana durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que fue preguntado por el diputado popular Carlos Casimiro Salvador sobre los procedimientos de contratación seguidos por el Gobierno durante 2004 y 2005 y, en concreto, por la información que publica hoy el diario 'El Mundo', según la cual 'un alto funcionario de Prisiones adjudica obras a una empresa con la que está vinculado'.

Zambrana aseguró que la investigación se realizará 'con todo el rigor, si es que hay fundamento', y advirtió al diputado popular de que no sólo su grupo tiene interés en el asunto, sino también el Gobierno, ya que, le recordó, ese 'alto funcionario' fue 'libremente designado' por el anterior Ejecutivo y el actual no lo ha cambiado.

'Tenemos interés, por una parte y por otra, en el caso de que hubiera alguna irregularidad, que está por ver', comentó el subsecretario, quien hizo hincapié en que si hay algo que sea necesario corregir se hará 'con toda la exactitud y toda la Justicia'.

La voluntad del Gobierno es de 'transparencia absoluta' y de aplicar con 'todo rigor' las normas en vigor, avanzó Zambrana, quien explicó durante su intervención los diferentes tipos de contratos rubricados por Prisiones en 2004 (779) y en 2005 (900), una documentación que ofreció al PP, desde cuyas filas le reprocharon no haber ofrecido esta información antes.

Carlos Casimiro Salvador mostró sus dudas sobre la voluntad de transparencia del Gobierno ya que, en referencia a la información publicada, 'algunas noticias no van en la dirección de que todo es correcto'.

'Esto lo vamos a controlar en serio; no nos gusta nada lo que estamos viendo', concluyó el diputado del PP.