La población reclusa extranjera en España creció en 2006 un 9,4 por ciento, cuatro veces más que la española

   1/01/2007

La población reclusa extranjera en España creció en 2006 un 9,4 por ciento, cuatro veces más que la española La cifra total de reclusos en España ha crecido en casi 4.000 situándose ya por encima de los 64.000

La población reclusa en España creció en 2006 en 2.897 personas situándose a finales de diciembre en 64.066, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento respecto al año anterior, según informaron a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias. De entre los colectivos que más ha crecido en número durante los doce últimos meses se sitúa el de extranjeros, con un incremento del 9,4 por ciento frente al 2,2 de aumento de presos españoles.

A finales de diciembre de 2005, los extranjeros que cumplían condena en alguno de los 77 centros penitenciarios repartidos por España eran 18.343, por los 20.253 con los que se cierra este año, es decir, 1.910 más. La población reclusa extranjera supone ya un 30,8 por ciento de la total.

Los marroquíes continúan siendo el colectivo más amplio entre los presos extranjeros, con más de 4.000 internos, seguidos de los colombianos --por encima de los 2.000--. Sin embargo, en 2006 la población reclusa procedente de Rumanía creció hasta desplazar del tercer puesto a los argelinos. Mientras los primeros suman alrededor de 1.300, los argelinos se quedan en 1.099. Más alejados, se sitúan ecuatorianos y venezolanos, en quinto y sexto lugar, con 500 y 540, respectivamente.

De los más de 64.000 internos repartidos entre los 66 centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y los once de Cataluña, única comunidad autónoma con las competencias transferidas en esta materia, la mayor parte fueron juzgados y cumplen condena, 48.912, por los 15.154 que están en situación de preventivos, pendientes de comparecer ante un tribunal.

El incremento en casi 3.000 personas de la población reclusa durante todo 2006 se produjo a pesar de que desde septiembre se ha producido un tímido descenso en los centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Si en ese mes, las 66 cárceles sumaban alrededor de 55.400 internos, éstas han acabado el año con 55.084. En este ámbito en el que se exceptúa a Cataluña, por sexos, los hombres en prisión suman 45.301 y las mujeres 13.686.

REGÍMENES DE SEMILIBERTAD.
Para hacer frente a la superpoblación que viven las cárceles españolas, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha apostado en repetidas ocasiones por aplicar regímenes de semilibertad para algunos delitos, consciente de que la la construcción de once cárceles aprobada por el Gobierno en 2005 se perfila como una situación a largo plazo. Esos regímenes de semilibertad tienen para Gallizo dos objetivos: propiciar la reinserción del preso, evitando que vuelva a delinquir, y disminuir esa "sobrepoblación" que registran las cárceles españolas y que hacen que España tenga a 148 personas entre rejas por cada 100.000 habitantes.

En esta línea, la última reestructuración del Ministerio del Interior, llevada a cabo el pasado 8 de septiembre, incluyó la creación de una Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas. Su cometido son los liberados condicionales y las personas sometidas a penas alternativas y medidas de seguridad --caso de las pulseras con localizador--, así como la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y la pena de localización permanente.

Unos 25 presos durmieron en el suelo en Nochevieja

   3/01/2007

Varias redadas y detenciones en estos días fueron las culpables de este hecho

La sobreocupación del centro penitenciario Puerto II es una realidad que diariamente es denunciada por los sindicatos de prisiones pero que en este periodo se magnifica más, teniendo en cuenta las fechas navideñas donde los funcionarios se van de vacaciones y tienen que atender a los internos, que día tras día, van en aumento.
Pero la situación de ocupación del centro penitenciario de Puerto II obligó que en Nochevieja aproximadamente unos 25 presos de nuevo ingreso tuvieran que dormir en el suelo encima de un colchón, ante varias redadas que se han producido en estos días y que ha aumentando el número de internos de esta cárcel, pasando, el 1 de enero a tener 942 internos, cuando esta prisión tiene capacidad para cerca de 700.
Esta noticia era puesta de manifiesto por el sindicato de prisiones Acaip que volvía a denunciar la situación de este centro, que recientemente argumentaba para este periódico que el problema se había medio subsanado con el traslado de los presos de tercer grado al Centro de Inserción Social de Jerez, pero las redadas y detenciones de estos días de fiestas ha provocado de nuevo una sobreocupación que ha provocado que unos 25 internos tuvieran que dormir de nuevo en el suelo.
Desde la prisión se trabaja a marchas forzadas por buscar soluciones a este problema e intentan que estos internos estén el menor tiempo posible en estas condiciones, pero la masificación de todos los centros de Andalucía ocasiona que sea urgente la puesta en marcha del nuevo centro penitenciario Puerto III que aunque se espera su apertura a partir del mes de abril, todo apunta a que no abrirá sus puertas hasta el verano.

Denuncia del PP
El sindicato de prisiones ha querido aclarar, ante los datos aportados por el Gobierno de la Nación al Partido Popular, que las cifras de ocupación aportadas por éste son obsoletas, ya que estos datos se refieren a los cinco primeros del año y no al cómputo total que hay en la actualidad, donde alcanzan al menos unos cien presos más en este centro penitenciario.
La masificación de las cárceles sobre todo de las andaluzas es una realidad constante al igual que el aumento de la delincuencia, según dijo el senador popular, Jesús Mancha, en sus declaraciones, a lo que se une este sindicato que diariamente tiene que tratar con los delincuentes que son detenidos por los cuerpos de seguridad.

La población reclusa en Cantabria se sitúa en 574 personas

  4/01/2007

Es la tercera más baja del país por detrás de Navarra y La Rioja

La población reclusa de Cantabria se situó en 574 personas a finales de diciembre pasado, el 0,89% del total que ascendió a 63.991 internos, según datos del Ministerio de Justicia a los que tuvo acceso Europa Press.
Del total de reclusos en la comunidad autónoma, 481 tienen la calidad de penados, el 0,98% del total nacional, y el resto, 93, son presos preventivos, lo que supone el 0,61% del total de España.
Cantabria es la tercera comunidad autónoma tras Navarra (213) y La Rioja (386), con menor población reclusa de España, si bien las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tienen aún una menor población carcelaria: 292 y 251 presos respectivamente.
En el lado contrario, la comunidad autónoma con mayor población reclusa es Andalucía, con 13.721 internos, seguida de Cataluña, con 8.993, y Madrid, con 8.248 internos.

Dos de los 110 internos con permiso navideño no han vuelto a La Moraleja

   4/01/2007

Los reclusos del centro penitenciario de Dueñas, de nacionalidad extranjera, han sido reclamados ya por el juzgado por quebrantamiento de condena

Al menos dos de los 110 internos de la prisión de La Moraleja que disfrutan de permiso para pasar las fiestas navideñas en familia no han regresado a la prisión de Dueñas, según confirmaron ayer fuentes penitenciarias. Se trata de dos reclusos de nacionalidad extranjera y contra ellos se ha dictado una orden de búsqueda y captura por quebrantamiento de condena.

«Algunas veces vuelven al día siguiente de cumplirse el plazo, pero otras veces no vienen, entra dentro de lo normal», apuntaban ayer esas fuentes, que en todo caso confirmaban que el índice de quebrantamiento de condena es muy bajo en La Moraleja.

Una de las condiciones que deben cumplir los reclusos para disfrutar de estos permisos es encontrarse en segundo grado -o régimen ordinario, en el que pueden acceder a permisos- o en tercer grado -o régimen abierto, en el que los internos tienen libres los fines de semana, van a dormir a la cárcel o salen a trabajar-. Una vez solicitado el permiso por el recluso, la junta de tratamiento del centro penitenciario da o no su visto bueno, trasladándose en caso afirmativo esa solicitud al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Burgos, que entendía de los expedientes palentinos hasta la entrada en funcionamiento el pasado día 30 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la capital palentina.

Desde el día 20

En esta fiestas navideñas, un total de 110 reclusos de Dueñas disfrutan o han disfrutado de unos días junto a los suyos con motivo de la Navidad. Las salidas han empezado a producirse desde el 20 de diciembre y el regreso se prolonga como máximo una vez pasada la festividad de Reyes. La mayor parte de los internos que han flanqueado las verjas de la cárcel rumbo a su hogar son de origen extranjero, aunque en ocasiones tienen dificultades para obtener el permiso por falta de domicilio conocido o de documentación.

Aunque todavía no han vuelto todos, al menos dos internos han decidido arriesgarse y escapar de su internamiento, a pesar de que una vez detenidos -a veces hay dificultades, reconocen fuentes penitenciarias, porque, en el caso de los reclusos marroquíes, pasan a Francia o a su país- se enfrentan a una nueva causa penal por quebrantamiento de condena.

El Centro Penitenciario Provincial alcanza su ocupación óptima, con 251 internos a finales de 2006

   5/01/2007

Con esta cifra la Prisión se mueve en los parámetros para los que fue construida, registrando el mayor descenso en los últimos años.

La población reclusa de Melilla se ha situado en 251 internos en el Centro Provincial Penitenciario a finales del pasado mes de diciembre según datos del Ministerio de Justicia de los que se hace eco Terra Actualidad.

Con esta cifra la Prisión se mueve en los parámetros para los que fue construida, registrando el mayor descenso en los últimos años. Normalmente, la cifra de diciembre de 2006 se ha visto superada por regla general en un centenar de reclusos.

Cantabria es la tercera comunidad autónoma tras Navarra (213) y La Rioja (386), con menor población reclusa de España, si bien la Ciudad Autónoma de Ceuta tienen aún una menor población carcelaria, 292 internos.

La comunidad autónoma con mayor población reclusa es Andalucía, con 13.721 internos, seguida de Cataluña, con 8.993, y Madrid, con 8.248 internos.

El juez Del Olmo interroga hoy a tres de los detenidos en la operación 'Sello II'

  5/01/2007

El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo toma hoy declaración a tres de los cinco detenidos por la Policía en el marco de la operación 'Sello II' por su supuesta colaboración con los autores materiales de los atentados de marzo de 2004 en Madrid.

Está previsto que Del Olmo regrese hoy tras sus vacaciones navideñas, y que ante él serán conducidos los tres arrestados en Cataluña: Zohaib Khadiri, detenido en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona); Djilali Boussiri en Reus (Tarragona) y Nasreddine Ben Laid Amri en Vidreres, detenido en Tarragona.

Los otros dos implicados en una supuesta organización de apoyo al terrorismo islamista, son Samir Tahtah, actualmente preso en el penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) y Kamal Ahbar, encarcelado en la prisión de Teixeiro (La Coruña). Su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 podría retratarse hasta la semana próxima ya que, al encontrarse ya en prisión por otros motivos, la regularización de su situación procesal no es tan urgente, según fuentes judiciales.

Las detenciones y los registros practicados por la Policía fueron coordinados desde la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno, quien se encuentra de guardia esta semana. El asunto pasa a Del Olmo, que es el juez que venía supervisando las investigaciones sobre los implicados.

Tanto Tahtah como Ahbar, detenidos en operaciones anteriores contra el terrorismo islámico, se encuentran en régimen de aislamiento, de manera que están sometidos a un control muy directo por parte de los funcionarios de prisiones. Incluso sus salidas al patio, están reglamentadas, de manera que pueden salir muy pocas horas y se relacionan con muy pocas personas.

AYUDA A HUIDOS

La Policía cree que Tahtah, Ahbar, Khadiri y Ben Laid Amri podrían haber colaborado en la huida de dos de los presuntos implicados en los atentados del 11 de marzo en Madrid: Mohamed Belhadj y Mohamed Afala.

Belhadj fue supuestamente alquiló el piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron varios de los miembros del comando islamista que llevó a cabo los atentados y de Afalah se piensa que se inmoló en un atentado terrorista en Irak en mayo de 2005. Ambos huyeron en un coche a Barcelona tras la inmolación en Leganés de siete de los presuntos terroristas que perpetraron el 11-M.

Boussiri, por su parte, servía de enlace con el argelino Daoud Ouhnane, a quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional también incluye en el grupo presuntamente responsable de los atentados contra los cuatro trenes de Cercanías.

Las huellas de Ouhnane aparecieron en la bolsa de plástico donde los terroristas dejaron siete detonadores dentro de la furgoneta hallada en Alcalá de Henares la mañana del 11 de marzo.

En los registros de los domicilios de los cinco detenidos la Policía se ha incautado de documentación falsa (certificados de trabajo), dinero en efectivo, resguardos de llamadas telefónicas a Afganistán y recibos bancarios de envíos de dinero, tres ordenadores y una agenda PDA.

El marroquí Samir Tahtah había sido arrestado en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet a medianos de junio de 2005 pasado en el marco de la operación 'Tigris' contra una red de envío de 'muyaidines' a Irak. Se le consideraba el máximo responsable de esta red y al parecer coordinaba las comunicaciones con los responsables de la red en el extranjero y el posterior envío de 'muyaidines' al país árabe.

La operación 'Sello II' también guarda relación con otra denominada 'Sello' y desarrollada paralelamente a 'Tigris'. En la 'Sello' la Policía detuvo a cinco presuntos islamistas que podrían estar relacionados con el 11-M y sirvió para conocer que Afalah habría participado en una acción suicida en Irak entre el 12 y el 19 de mayo.

Asimismo, 'Sello II' está vinculada con la operación 'Camaleón' desarrollada en enero de 2006 contra una célula asentaba en Madrid, pero con ramificaciones en Barcelona que reclutaba, adoctrinaba y enviaba a islamistas radicales a Irak desde España o colaborando en su tránsito hacia el país del Golfo Pérsico, procedentes del norte de África.

Cataluña: Justícia introduce pruebas físicas para ser funcionario de prisiones

  6/01/2007

• Fuentes sindicales consideran que el trasfondo de este requisito es limitar el acceso de mujeres   • El personal femenino de Catalunya es el único de España que vigila directamente a los reclusos

Acceder a una plaza de funcionario de prisiones en Catalunya será más difícil que hasta ahora. Los candidatos no solo necesitarán hincar más los codos --Estatut, nuevo reglamento penitenciario, psicología y sociología--, sino también estar en buena forma, porque la principal novedad pasa por la obligación de superar pruebas físicas.
La primera convocatoria con los nuevos requisitos es de 309 plazas y las pruebas de selección, a las que se presentarán 1.700 candidatos, empezarán el lunes. Los ejercicios físicos se realizarán en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat.
Mientras la Conselleria de Justícia apunta que quiere funcionarios en buena forma para afrontar situaciones de emergencia, fuentes sindicales sostienen que el último objetivo de las pruebas físicas es limitar el acceso de las mujeres a un cuerpo de funcionarios que se feminiza por momentos. Ese es un argumento que el director general de Recursos y Régimen Penitenciario, Miquel Trepat, niega rotundamente: "Sé que se está haciendo esta interpretación, pero no es así porque este planteamiento sería, sencillamente, ilegal".
Catalunya, la única comunidad con competencias en prisiones, tiene actualmente 3.600 funcionarios, de los que el 36% son mujeres. Hay diferencias bastante sustanciales con respecto al cuerpo de funcionarios de prisiones del resto de España. Por ejemplo, la Administración central, que no requiere pruebas físicas a sus funcionarios, distingue entre la escala masculina y femenina, lo que supone que las mujeres no trabajan en vigilancia directa en las cárceles de hombres.

MÁS EXIGENCIA
En Catalunya, no hay diferencia por razón de sexo y un altísimo porcentaje de mujeres funcionarias --77%-- vigilan directamente a los reclusos, con los obstá-
culos y peligros que eso supone en determinadas situaciones. Por ese motivo, fuentes sindicales consideran que el trasfondo de las pruebas físicas no es otro que una criba del funcionariado femenino.
El director general explicó que las pruebas de acceso han cambiado porque es necesario garantizar una "exigencia superior". Hasta ahora, el personal entraba al módulo de la prisión con una entrevista y un curso de una semana. "Hay que acabar con este sistema que, durante un tiempo, fue válido en situaciones de urgencia", explicó Trepat, para añadir: "Ahora queremos equipos más preparados".

REGISTROS Y CONDUCCIONES
Trepat justificó la decisión de incorporar pruebas físicas para que el personal esté preparado para hacer frente a cualquier eventualidad dentro de la cárcel. Entre otros ejemplos, el director general cita situaciones especialmente complejas dentro de la cárcel como los momentos en que los reclusos se ponen nerviosos dentro de las galerías, los registros difíciles y las conducciones conflictivas.

Los 320 presos que se hacinan en Martutene duplican la capacidad de acogida de la prisión

   8/01/2007

La vida en la cárcel no debe de ser fácil. Menos aún si se trata del penal de Martutene, una de las instalaciones penitenciarias más hacinadas de España. En la actualidad, 320 internos duermen cada noche en el recinto, cuando éste tiene capacidad para no más de 150 plazas.

Las cifras bailan en función de la fuente consultada, pero revelan por sí solas un problema que afecta al 92 por ciento de los penales del Estado. Según un informe del sindicato Acaip, sólo cinco cárceles españolas de las 66 existentes no están saturadas. En total hay 55.000 presos en 32.000 plazas.

El estado de la cárcel guipuzcoana es tan precario que Mercedes Gallizo, la directora de Instituciones Penitenciarias -un departamento que depende del Ministerio del Interior-, tuvo 'ganas de cerrarla' nada más conocerla en junio del 2004. De su visita se obtuvo el compromiso de trasladar el penal lo antes posible a un nuevo pabellón en Zubieta, que tendrá más plazas y mejores equipamientos, pero no hay todavía una fecha concreta.

Han pasado dos años desde entonces y las cosas 'no han cambiado nada. Es más, lo único que ha ocurrido es que la población reclusa ha aumentado muchísimo', dice Luis Miguel Medina, capellán de la cárcel desde hace seis años. A finales de 2005, Martutene acogía a 287 presos -267 hombres y 20 mujeres-. Las cifras se elevaban a 340 presos a fecha de 22 de diciembre de 2006, según el sindicato de prisiones, lo que supone más de dos presos por celda. Hay fuentes que aseguran que hay aposentos con cuatro reclusos 'donde apenas tienen sitio'.

Medina entra todos los días en Martu y tiene un contacto directo con los presos. Conocía personalmente a Abdel, el joven saharaui que se suicidó en el penal el pasado 16 de diciembre. Su muerte le 'afectó mucho' y desde entonces el ambiente en prisión 'ha empeorado'. El sacerdote habla alto y claro, aunque admite que se guarda 'muchas cosas. No es que no quiera decirlas, es que no debo decirlas por prudencia. Pero lo que no se deben callar son las injusticias'.

Y por eso habla. Se remite a una entrevista que concedió a este periódico en noviembre de 2005. 'Puedes coger cualquier declaración. Las cosas no han cambiado nada', afirma resignado. Entonces, denunciaba las carencias del edificio y la falta de implicación en la sociedad para lograr la reinserción de los presos. 'La cárcel es parte de la sociedad. Hay gente que cuando pasa por delante gira la cabeza. Pero los presos son seres humanos, aunque hayan cometido un delito'. El capellán confía en las segundas oportunidades. 'Responden cuando hay amor, respeto y confianza. Han hecho mal, cierto, pero tienen la posibilidad de cambiar'.

'Los resultados son mínimos', apunta por su parte el responsable de ELA prisiones, Javier del Moral. 'Hay programas de reinserción con grandes profesionales que trabajan con verdadero interés. Pero luego chocan contra la realidad, que es la que es'. La cárcel de Martutene fue construida en 1948 y desde entonces ha sido reformada en varias ocasiones, aunque nunca de forma integral, lo que ha provocado que a día de hoy 'las carencias sean de todo tipo', afirma un trabajador de la prisión que prefiere mantener el anonimato. La lista es larga: 'celdas pequeñas con hasta cinco presos, algunas sin ducha ni calefacción, ventanas que cierran mal, una humedad terrible, pocos espacios para las actividades, malas condiciones de la enfermería y escasos recursos humanos'.

Porque, además de los problemas estructurales, los empleados de la prisión denuncian que las cargas laborales se han disparado desde hace un par de años, tras aumentar considerablemente el número de reclusos. Los tres trabajadores sociales del recinto, por ejemplo, atienden a los más de trescientos presos internos y a otros doscientos en situación de libertad condicional, a lo que hay que añadir los servicios a los familiares y la labor administrativa. 'Insuficiente a todas luces', añade. Según ELA, que también denuncia la escasez de recursos personales y materiales, en la prisión trabajan tres médicos, otras tantas enfermeras y un auxiliar. Hay también tres trabajadoras sociales, un psicólogo, otro contratado temporalmente, varios educadores, juristas y maestros. Además, unas cien personas, la mayor parte de asociaciones y voluntarios, tienen autorizado el acceso a un recinto que destaca 'por su carácter abierto'. 'Dentro de todo lo malo -dice el empleado de la prisión-, es una cárcel muy abierta al exterior. Hay muchos testigos de lo que pasa dentro. Si lo quisieran ocultar, cerrarían las puertas como hacen en otras instalaciones penitenciarias'.

El jesuita Txema Auzmendi es una de las personas que permanecen fuera del penal. En Loiola Etxea, el proyecto que dirige desde el año 2000, atienden a los presos sin recursos que salen de la cárcel y se encuentran 'sin salida'. Son como una gran familia de unos quince miembros que tapa 'el agujero social' para la reinserción de los ex presos, un camino difícil que ellos quieren allanar. 'Sin un apoyo o sin un acompañamiento fuera de la cárcel es muy difícil que se rehabiliten', cuenta Auzmendi, que recibió en 2004 el premio de los Derechos Humanos de la Diputación por su labor en defensa de las personas en riesgo de exclusión. 'La reinserción es muy difícil, porque muchos están tocados, enfermos, con graves daños psicológicos por el consumo de drogas', explica Auzmendi, quien asegura que otro de los obstáculos es el rechazo social y la falta de recursos al otro lado de las rejas. 'El tema está muy verde. Si coincide además con que el preso es inmigrante, se complica mucho más. Cuando salen lo primero que sienten es un respiro enorme de libertad, pero el sentimiento se mezcla con el pánico de no tener ningún apoyo fuera'.

Los trabajadores del penal tampoco son optimistas en este sentido. 'La reinserción es posible, pero muy difícil. Es gente que sale con un gran deterioro, debido a años de consumo de todo tipo de sustancias. Muchos son inmigrantes, con poco arraigo, y que no tienen nada al salir'.

'¿Reinserción? Ahora mismo la cárcel no está cumpliendo con esta función, y si no lo hace, pierde su sentido originario, la de penar a los delincuentes y la de reorientarlos', dice el capellán. 'Cuando entré -hace seis años- lo que esperaba encontrar es vida, pero la vida en Martutene es muy frágil y hay que cuidarla'. Ahora Medina confía en que esta información 'no sea sólo un titular', que la denuncia pública de 'las penosas condiciones' del penal sirva para 'remover conciencias' y conseguir resultados.
 

La muerte entre rejas

    8/01/2007

Los suicidios son la primera causa de muerte no natural en las prisiones, donde cada vez hay más enfermos mentales

SAN SEBASTIÁN. DV. La muerte de Abdel Karim El Ddah ha vuelto a sembrar la alarma en la prisión de Martutene. El joven saharaui se quitó la vida el pasado 16 de diciembre en su celda, afectado «por una importante alteración psíquica que le llevó a autolesionarse en varias ocasiones», según la versión de SOS Racismo y de la asociación Salhaketa. Los responsables penitenciarios han sido preguntados al respecto pero no respondieron a la invitación antes de publicarse el reportaje.

El caso de Abdel es la historia de una muerte anunciada, dicen estas asociaciones, que cifran en 22 las personas muertas por circunstancias no naturales en los dos últimos años en las prisiones de Euskadi y Navarra, incluidos los residentes en la CAV internos en otros penales del Estado.

La mortalidad en las cárceles preocupa también a Instituciones Penitenciarias. Su directora, Mercedes Gallizo, encargó un informe al respecto al poco tiempo de tomar posesión de su cargo en 2004. Los resultados son obvios. Después de las muertes naturales, los suicidios se han convertido ya en la primera causa de defunción en los centros, por encima de las peleas y de las sobredosis de droga. Entre las causas, los técnicos penitenciarios apuntan a la reforma legislativa de 2003, que obliga a un «cumplimiento de las penas mucho más severo, con la implantación de periodos de seguridad, alargamiento del tiempo efectivo de cumplimiento y dificultad de beneficios penitenciarios». A este cóctel hay que añadirle la creciente población reclusa con graves problemas mentales.

«Es un problema que se da en todos los centros penitenciarios y que refleja una situación que también existe en el resto de la sociedad, con cada vez más patologías mentales. Si esto, encima, ocurre en unas instalaciones en condiciones mínimas, acaba sin solución», explican desde el sindicato de prisiones Acaip.

Los colectivos consultados aseguran que el penal de Martutene no está preparado para atender a este tipo de presos. Según estas fuentes, el psiquiatra pasa consulta «una vez a la semana o cada quince días» y acude en casos de emergencia.

«Una vergüenza»

«Los suicidios en prisión son una auténtica vergüenza», añade Luis Miguel Medina, capellán de la cárcel, quien confirma que «las enfermedades mentales, la mayoría derivadas del consumo de drogas, están aumentando. Claro que se podrían evitar algunos suicidios, pero con un programa de prevención eficaz».

Desde ELA también se muestran preocupados ante esta «realidad sangrante» y reclaman «centros más pequeños y humanizados, para poder dar una atención más individualizada», así como unidades psiquiátricas «con todas las garantías del mundo». «A un enfermo psiquiátrico, que está cumpliendo una pena, le tiene que atender un psiquiatra y en Martutene no hay uno de continuo», prosigue Javier del Moral, del citado sindicato. Recuerda que la cárcel «es consecuencia de múltiples fracasos sociales»; por eso pide mayor implicación de las instituciones y de la sociedad para apostar por políticas preventivas, ya que, a su juicio, la mayoría de los delitos son consecuencia de problemas de drogadicción. Los trabajadores confirman que los suicidios de los presos «preocupan, y mucho. Tienen que estar mejor atendidos».

El acusado del doble crimen de Osuna aparece ahorcado en su celda de Sevilla II con un cinturón

   8/01/2007

El parricida estuvo sometido al protocolo de prevención de suicidio durante su primer mes en la cárcel

El acusado del doble homicidio de Osuna apareció muerto el pasado sábado en el centro penitenciario Sevilla II, donde ingresó en septiembre acusado del doble asesinato de su mujer y su hija embarazada de pocos meses, después de que se ahorcara con un cinturón aprovechando que se quedó solo en la celda.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, el hombre de 58 años, que responde a las iniciales F.L.M., fue encontrado por un funcionario de la prisión sobre las 19.00 horas cuando acudió a abrir las celdas para que regresaran los reclusos después de la cena.

En teoría todas debían estar vacías, pero el presunto parricida apareció ahorcado con un cinturón y colgando de la litera. Las mismas fuentes explicaron que el compañero "no había notado la ausencia", por lo que creen que fuera muy probable que el fallecido se escondiera bajo la cama para que creyeran que no estaba.

F.L.M. no había intentado en ningún momento, ni presentaba una conducta tendente al suicidio, pese a que intentara quitarse la vida después de los hechos. No obstante, durante su primer mes de ingreso sí estuvo sometido al protocolo de prevención de suicidios, según las fuentes antes citadas, por el tipo de delito cometido, ya que cuando se trata de asesinatos de familiares, "el autor suele recapacitar y darse cuenta de la importancia de los hechos que ha cometido".

Después de un mes el fallecido fue llevado a una celda con compañero, ya que durante este tiempo no presentó ningún síntoma detector de riesgo.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.00 horas del pasado 27 de agosto cuando el presunto asesino, albañil de profesión y sobre el que ya pesaba una orden de alejamiento, se presentó en el domicilio de su esposa --de la que estaba separado-- con una escopeta y disparó a su esposa, de 52 años, y a su hija, de 33, cuatro tiros con dicha arma.

Acto seguido, el agresor abandonó la vivienda familiar y se refugió en el domicilio donde residía desde su separación, en el que intentó quitarse la vida con la misma escopeta, esta vez, disparándose en la cara. Fue entonces cuando varios agentes de la Guardia Civil, que lo perseguían para detenerlo, entraron en la casa e intentaron evitar el propósito del presunto parricida, aunque no lo consiguieron, ya que se produjo varias heridas en la cara, por las que precisó de hospitalización.

La masificación de Topas aumenta aún más la violencia entre los reos

   11/01/2007

La situación. La saturación sitúa a la prisión al límite, con una plaza para cada dos internos. La pasada semana, un interno de Topas era evacuado de urgencia al Hospital tras sufrir una puñalada en la espalda, a la altura del riñón, asestada por otro recluso; el motivo, una simple deuda. Mientras tanto, hace tan sólo dos días, una presa era aislada después de mantener un enfrentamiento con otra interna

Éstos son sólo dos de una larga lista de altercados, un suma y sigue casi diario que ha levantado una vez más las iras de los funcionarios hartos de un clima violento en gran medida provocado por la masificación que desde hace años, pero ahora más que nunca, vive el penal.

Y es que el número de internos dependientes del centro penitenciario salmantino se sitúa ya en 1.742, una cifra superada ampliamente en determinadas ocasiones en que se alcanzaron los 1.800 presos, pese a que las plazas funcionales continúan siendo 1.008.

De esta manera, según denuncia el sindicato penitenciario Acaip –Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias–, la ocupación del penal ha llegado a situarse en el 188,89% en algunos departamentos.

Pero el asunto se enturbia aún más si tenemos en cuenta el número de funcionarios que trabajan en el centro: apenas medio millar –unos 470–. Así las cosas, la población de Topas está integrada por una media de 3,7 reclusos por cada trabajador.

En fin, la situación actual, «algo nunca visto» de acuerdo con las declaraciones de los representantes sindicales del penal, ha llevado a Acaip a solicitar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del centro, es decir, un aumento del 30% en el número de trabajadores.

El porcentaje pretende alcanzar una cifra acorde entre el número de funcionarios y de presos que ayude a soportar la «asfixiante masificación que viene soportando el centro desde hace más de dos años por el desproporcionado aumento de los reclusos», señala el sindicato.

Casi el 90% son extranjeros
Entre el 80 y el 90% de los reclusos que en la actualidad integran el centro penitenciario son extranjeros, una cifra que no para de crecer debido en gran manera a los continuos traslados procedentes de las cárceles canarias con reclusos que principalmente proceden de Marruecos.

La cada vez más constante llegada de este tipo de internos preocupa igualmente al sindicato que explica las dificultades añadidas para los funcionarios para comprender a presos procedentes de un sinfín de nacionalidades.

Casi el 90% son extranjeros
Por último, señala el sindicato, de igual manera cada día son más frecuentes los traslados de internos procedentes de otros centros penitenciarios del país a la prisión salmantina. ¿La razón? La masificación en la que en la actualidad se ven sumidos la inmensa mayoría, por no decir todos, los penales españoles. Una ocupación que de no remediarse en breve tendrá ya difícil solución, alerta el sindicato penitenciario

Una nave del penal de El Dueso se reformará para acoger un salón de actos

   12-10-07

El centro dispondrá de nueva cocina y espacio para enfermería e internos enfermos

El Centro Penitenciario El Dueso contará con un salón de actos. Así lo anunció ayer su director, Carlos Fonfría, quien indicó que una de las tres naves que acogían los talleres de este penal se reformará para darle esa utilidad cultural y social.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, ha convocado el concurso para llevar a cabo este proyecto, cuya primera fase cuenta con un presupuesto de licitación de 280.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

En un principio se ejecutarán los trabajos de acondicionamiento de la estructura de este espacio, que cuenta con unas dimensiones que sobrepasan los 800 metros cuadrados y, en una segunda fase, se le dotará de butacas, escenario y otras necesidades para convertirlo en salón de actos.

La nave que se acondicionará forma parte de un conjunto de tres instalaciones que se construyeron hace cien años, con la puesta en marcha del Centro Penitenciario, y que acogieron los talleres de mecánica, carpintería y metálica.

«De hecho, se encontraban en mal estado y los talleres se traspasaron a una nave nueva que se inauguró en abril de 2005 y que también acoge los vestuarios», explicó ayer el director del penal, Carlos Fonfría.

Dos naves

Otro de los objetivos es rehabilitar las otras dos naves para darlas utilidad, una iniciativa que se llevará a cabo en los próximos años, en el momento en que se cuente con presupuesto.

Las ofertas para acometer esta actuación se pueden presentar hasta el día 9 de febrero y la apertura de las plicas se llevará a cabo el día 27 del mismo mes, según consta en el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Los trabajos de reforma del departamento 2 continúan, según indicó Fonfría. La enfermería y las celdas para los internos enfermos se ubicarán en la planta baja, la primera y la segunda, mientras que un ala de este mismo edificio albergará las celdas para otros reclusos.

Por este motivo, las 44 celdas que acogían a 3, 4, 5 y hasta 6 internos, pasarán a ser individuales y dobles. Asimismo, se cambiará la cocina, que podría empezar a funcionar a finales de febrero.

El porcentaje de ocupación en Topas roza el 200% en algunos módulos

   13-01-07

Acaip denuncia que la ratio de reclusos por trabajador es excesiva en todas las áreas El sindicato cifra en 1.800 el número de internos en la prisión

El porcentaje de ocupación en Topas supera el 100% en prácticamente los 14 módulos del centro penitenciario y en algunos de ellos llaga hasta el 188,89%, según datos del sindicato Acaip, que denuncia la saturación en esta prisión y la insuficiencia de trabajadores en todas las áreas.

Así, en la información remitida por el sindicato se explica que en el área de vigilancia el número de internos que atiende cada trabajador es de una media de 82,35, cuando la cifra que debería atender es de 47,44.

El sindicato aclara que las cifras se han hallado con el 100% de los efectivos trabajando, algo que en la práctica no se da nunca, ya que se debe de tener en cuenta que al trabajar a turnos de mañana, tarde y noche, los 365 días del año, hay siempre un porcentaje de trabajadores disfrutando las vacaciones o los días festivos que le corresponden, algo debe de hacerse de forma escalonada. Asimismo, hay que tener en cuenta las posibles bajas por enfermedad que puedan producirse.

Dentro de esta área está la figura del Jefe de Servicios, «una de las piedras angulares de la institución», ya que son los encargados de cuidar de la disciplina general del Establecimiento, debiendo conocer personalmente a todos los internos y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el buen orden del establecimiento. También trabajan a turnos de mañana, tarde y noche, durante los 365 días del año. Acaip destaca que, curiosamente, el número de efectivos en este puesto suele ser parecido para un centro con 200 reclusos que para otro, como Topas, con aproximadamente mil ochocientos: suele haber uno o dos diarios para todo el centro.

Doble función

Una situación similar se da en el área de tratamiento, donde se desarrollan las funciones de estudiar la información penal, procesal y penitenciaria de cada interno; la de redactar los informes que solicitadas por las autoridades judiciales, el ministerio fiscal y el centro directivo, así como a los propios internos sobre su situación penal, además de asesorarles en los recursos que planteen, estudiar la personalidad de estos y emitir los correspondientes informes que sirven para su posterior clasificación penitenciaria. De forma paralela realizan terapias y técnicas de modificación de aptitudes a través de diferentes programas, practican la observación directa de los internos recopilando la mayor información posible mediante esta, entrevistas personales, etcétera.

Burocracia

Acaip pone de manifiesto que la labor de este departamento tiene dos vertientes, la que debería desarrollarse mediante una relación directa con los reclusos y otra que tiene que ver con la elaboración de sus expedientes y posterior clasificación a través de los diferentes órganos colegiados, en los que se encuentran todos estos profesionales, como lo es la Junta de Tratamiento; pues bien, Acaip advierte de que la actual saturación del centro puede dar lugar a que una de las dos facetas no quede suficientemente atendida. «La burocracia ocupa demasiado tiempo y termina por resentirse el necesario contacto directo con los propios reclusos, sin que los profesionales puedan hacer nada por evitarlo», afirman.

Este problema existe igualmente en el área sanitaria donde a las consultas diarias y urgencias que se atienden diariamente, se suman los programas que se llevan a cabo para el control de determinadas enfermedades o hábitos de consumo de drogas. Asimismo, los trabajadores de esta sección han de gestionar los expedientes de todos los pacientes ingresados en enfermería y del resto de reclusos del centro, ya que cada uno tiene su propio expediente. También son los responsables de velar por la higiene de todo el centro.

En este departamento la ratio de internos atendidos por cada trabajador es en lo que se refiere a médicos de 159, cuando debería ser de 91; en el caso de ATS, les corresponden 134 internos por trabajador, cuando deberían ser 191; a los educadores les corresponden 109 internos por trabajador, cuando deberían ser 63. Juristas y psicólogos han de atender 291 internos por profesional, cuando deberían corresponder 168 reclusos por trabajador.

El sindicato Acaip describe el mismo tipo de problemas en el área mixta y en oficinas.

En este ultimo departamento cada trabajador lleva el doble de expedientes del que el correspondería si se atendieran las necesidades de personal del centro, explican, para denunciar que debido a esta saturación se dan muchas quejas de familiares de reclusos a los que no siempre se puede atender de forma adecuada, particularmente en cuanto a comunicaciones.

Los extranjeros prefieren las cárceles españolas

   15-01-07

Sólo 322 de los 20.253 reclusos foráneos de los centros penitenciarios secundan una campaña de Prisiones para que cumplan condena en sus países de origen ? Aumenta el hacinamiento y el nuevo Código Penal no es la solución, dicen los funcionarios

No es ningún secreto que el sistema penitenciario español lleva al borde del colapso muchos años y que cada día se acerca más al precipicio. Pero algo bueno debe de tener cuando casi ningún recluso extranjero quiere abandonarlo para regresar a su patria.
   El pasado mes de septiembre, Instituciones Penitenciarias puso en marcha una campaña de información entre los convictos no españoles para informarles de los distintos acuerdos internacionales que les permiten cumplir sus condenas en sus países de origen. Al más importante, el de Estrasburgo, están acogidos una gran cantidad de países. Otros, sin embargo, tienen regulada esta posibilidad mediante compromisos bilaterales.
   En el mes de octubre, había encerrados en las prisiones españolas 16.993 internos extranjeros. Al 61 por ciento les asiste el derecho de poder cumplir sus condenas en su país de origen por tener condenas en firme, pues los preventivos no pueden acogerse a la medida. Pero la campaña ha tenido un resultado muy discreto, rayano con el fracaso. A principios de diciembre, sólo 322 de estos presos habían solicitado acogerse a la medida, siete menos de los que lo hicieron en 2005, cuando sólo fueron autorizados 87 traslados. «Mal andarán las cosas aquí, pero no hay más que ver los informativos para entender por qué muchos prefieren quedarse. Los motines en algunas cárceles suramericanas son espectaculares y las condiciones son también «espectacularmente malas. Y tampoco hay que irse tan lejos para encontrar condiciones más que cuestionables», explican fuentes sindicales.
   Sistema saturado
   Lo cierto es que, además de ser un derecho que asiste a estos convictos, la campaña es otra más de las muchas iniciativas que desde Prisiones se están lanzando para intentar aliviar el hacinamiento que registran las prisiones españolas. Según datos del pasado mes de diciembre facilitados por Instituciones Penitenciarias, las cárceles españolas dependientes del Ministerio del Interior -todas, menos las de Cataluña- albergaban tras sus barrotes a 55.084 presos, mientras que el sistema penitenciario apenas si dispone de 33.000 plazas teóricas que son estiradas hasta casi lo imposible para no dejar a nadie fuera.
   En un solo año, la cantidad de presos ha aumentado en 2.218, suficientes para llenar dos centros tipo de 1.008 plazas cada uno. Pero, como reconocen desde Prisiones, «es imposible que el Estado, gobierne quien gobierne, pueda asumir el constante incremento de internos que se produce cada año. Por mucho que se construyan prisiones, es imposible sostener el sistema a este ritmo», advierten. En el mejor de los casos, un centro tipo tiene un plazo de ejecución mínimo de unos tres años, siempre y cuando, admiten fuentes del sector, «no surjan los típicos problemas de licitación de las obras o de construcción, pues una prisión es un proyecto muy complejo de ejecutar». Por no hablar, añaden otras fuentes, de su coste, que ronda los 60 millones de euros. Conseguir ese dinero no es fácil.
   Lo más preocupante para los consultados es que las últimas medidas legislativas aprobadas tienden a complicar aún más este ya de por sí complejo y saturado panorama. «Todas las modificaciones penales que se están haciendo implican penas de prisión incluso para los delitos que no son graves.
   Por eso, Mercedes Gallizo [directora de Instituciones Penitenciarias] está haciendo énfasis en la necesidad de sustituir éstas por otras alternativas como los trabajos en favor de la comunidad», explican desde Prisiones. En opinión de las fuentes consultadas, «meter en la cárcel a una persona porque no ha pagado una multa de tráfico o ha cometido un pequeño delito fiscal no es de recibo. El mes que un sospechoso de violencia de género vaya a estar en prisión no va a servir más que para retirarlo ese tiempo de la circulación y saturar con ello un poco más el sistema, además de sobrecargar los costes». Según este criterio, un trabajo en favor de la comunidad cumpliría mucho mejor con la doble finalidad de resarcir a la sociedad por el delito cometido, a través del trabajo hecho; y verse, de algún modo, privado de cierta libertad cuando tenga que realizarlo.
   Índice de presos
   De la extrema saturación que padece el sistema da cuenta un dato tan paradójico como demoledor. Pese a que la tasa de criminalidad española está veinte puntos por debajo de la de la UE -40,5 delitos por cada mil habitantes, frente a 70 de la media europea- , la tasa de reclusos por cada mil habitantes es de 140, la más alta de toda la Unión. «Es increíble que ya hayamos superado en este indicador a un país como Gran Bretaña, cuya tasa de criminalidad es de 105,4», se lamentan los consultados.
   En Prisiones tampoco ocultan que la marcha de extranjeros contribuiría a aliviar las arcas del Estado. Cada convicto le cuesta a Hacienda la nada despreciable cantidad de unos 17.300 euros anuales. Los 87 presos que el año pasado regresaron a sus países le ahorraron al erario público 1,5 millones de euros, es decir, 240 millones de las antiguas pesetas.

Patrimonio del Estado analizará 'todas' las peticiones sobre la cárcel de Carabanchel, pero Interior tendrá prioridad

   15-01-07

La Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, analizará 'todas' las peticiones sobre la antigua cárcel de Carabanchel, pero tendrá prioridad Interior, que hasta ahora era responsable del terreno a través de Instituciones Penitenciarias. Según informaron a Europa Press fuentes de Patrimonio tras conocer las intenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de convertir el penal en hospital, 'se estudiarán todas las peticiones', pero por el momento no se ha presentado ninguna solicitud. Patrimonio se muestra por el momento dispuesto a 'conjugar los intereses de unos y otros', siempre teniendo en cuenta que Interior 'tendrá mucho que decir'. Asimismo, fuentes de Instituciones Penitenciarias apuntaron que en estos momentos se está tramitando por vía administrativa la 'desafección para uso penitenciario' de la cárcel, con el objetivo de devolver al Estado esta propiedad de 173.000 metros cuadrados, valorada en unos 3.500 millones de euros. El importante valor de los terrenos será por tanto un escollo en los objetivos del Gobierno regional, puesto que el Ministerio del Interior debería primero cederlos voluntariamente. Además, el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con las competencias de Urbanismo, también tendrá su palabra, puesto que en 2003, bajo el mandato de José María Alvarez del Manzano, el Consistorio cerró un acuerdo con Interior para dedicar el 75% del solar a usos dotacionales y el 25% a viviendas.

Sea cual fuere el fin del solar, Patrimonio del Estado deberá regular la concesión y, según el acuerdo alcanzado con la administración adjudicataria, podría incluso proceder a la demolición de las ruinas del penal y preparación del terreno.

El diputado regional y senador Eduardo Cuenca, que ha pedido en varias ocasiones que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca sobre este asunto, considera que el PSOE 'ha ido girando su posición' desde que accedió al Gobierno central, en 2004, para rebajar el porcentaje de viviendas protegidas de la operación, que, a su juicio, no debería descender del 50% (lo que supondría unas 650 casas).

Cuenca advirtió del 'riesgo' de que los terrenos de la cárcel sean objeto de la especulación urbanística, al constituir 'una auténtica milla de oro situada junto a la Operación Campamento que no existe en otro punto de estos dos distritos'.

La cárcel de Carabanchel fue edificada entre 1940 y 1944 por el régimen franquista con el objetivo de encarcelar a sus opositores políticos y los propios presos fueron la mano de obra empleada para su construcción. Dejó de utilizarse en 1998 y en la actualidad se encuentra abandonada.

La cárcel registra mínimos históricos de ocupación pese a seguir masificada

   15-01-06

Aunque hubo momentos en que la cárcel de Melilla tuvo que atender a 500 internos y necesitó la ayuda de dos aviones militares para evacuar a parte de la población reclusa y derivarla a otros centros de la península, la prisión del Monte María Cristina registra en este mes de enero mínimos históricos de ocupación. Ocurrió el pasado viernes cuando, según el representante de Acaip, Florencio Merino, los funcionarios contabilizaron 250 internos, 11 de ellos mujeres.

Sin embargo, las poco más de 145 celdas de la cárcel local siguen siendo insuficientes para que se cumpla una ley que obliga a los centros a alojar a los internos individualmente. Esta 'masificación' tiene consecuencias muy negativas también para los funcionarios, que cuentan con mayores dificultades para atender a los presos y resolver cualquier problema que estos planteen.

Tampoco se han subsanado las deficiencias en materia de seguridad exterior, una función que compete al Cuerpo Nacional de Policía. En opinión de Acaip, ocho deberían ser los agentes que se ocuparan de un servicio que, en ocasiones, ha dispuesto de tan sólo cuatro o cinco efectivos para atender las cinco garitas del centro, el monitor y el puesto de guardia.

Y si el dispositivo que pone la policía a disposición de la cárcel es insuficiente, también lo es el cuerpo de funcionarios que trabaja en el centro. Según los datos que baraja el sindicato, y en función de los parámetros ideales de seguridad y atención, hasta 30 personas deberían incorporarse a la plantilla para que los ocho grupos en los que se divide el servicio desarrollaran su labor de forma desahogada y sin soportar las actuales cargas de trabajo.

Lo que si parece tener visos de solucionarse es el problema derivado de la cercanía de la prisión con los edificios cercanos. Aunque aún siguen arrojándose al patio, desde el exterior, bolas de hachís, cocaína y pastillas, la Dirección del Centro está a punto de solventarlo adoptando una serie de medidas que, por motivos de seguridad, no ha trascendido a la opinión pública. En cualquier caso, y al margen de que la propia ubicación de la cárcel dificulta el control de esos lanzamientos, Acaip confía en que, a lo largo de 2007, se ponga fin a este problema.

El Gobierno busca terrenos en Valencia para construir una nueva cárcel

    17/01/2007

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró hoy que la nueva cárcel que se proyecta en la Comunitat Valenciana estará en el entorno de la ciudad de Valencia, aunque su ubicación no está "todavía determinada".
Gallizo, tras firmar un convenio con el conseller de Sanidad y presidente del Consorcio Hospital General Universitario, Rafael Blasco, para mejorar la atención especializada de los internos de Picassent, indicó que "parece obvio" que este centro tiene que estar en la provincia de Valencia.
Así, manifestó que la empresa encargada de desarrollar las obras "está haciendo una primera prospección de posibles emplazamientos" y el encargo que se les ha realizado, añadió, "es que se ubique en el entorno de Valencia " porque "la mayor parte de la poblacion penada que tenemos es de esta provincia". Gallizo manifestó que existe sobreocupación en el centro penitenciario de Picassent, "y por lo tanto, nos interesa que podamos aliviar la situación de este centro".
No obstante, insistió en que "no hay una decisión sobre su ubicación", y recordó que su departamento ya se ha reunido con la conselleria de Justicia para exponerle sus criterios. "En el momento en que haya una decisión más aproximada de dónde podría ubicarse volveremos a hablar con el Gobierno de la Generalitat y con la Delegación del Gobierno", dijo.
La nueva cárcel será un centro tipo de 1.280 celdas, con 14 módulos residenciales, unidades de enfermería, ingresos y aislamiento, así como servicios comunes, entre los que figuran la zona socio cultural, comunicaciones, talleres productivos, cocina, panadería y lavandería, entre otros servicios.
Respecto a la cárcel de Albocsser (Castellón), Gallizo manifestó que su construcción se está desarrollando "con toda normalidad y con celebridad" y fijó como fecha de finalización de la obra el 20 de diciembre de 2007.
La directora general manifestó que existe "un problema importante de sobreocupación de nuestro sistema porque se ha incrementado la población reclusa de diez años a esta parte de una forma sustancial y no ha habido el mismo incremento en la construcción de infraestructuras".

El sindicato de funcionarios de prisiones denuncia que el Gobierno le esquiva

  18/01/2007

ACAIP QUERÍA EXPONER ANTE GALLIZO LOS PROBLEMAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, denunció este jueves que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, rehusó este miércoles reunirse con ellos en la visita que realizó al centro penitenciario de Picassent. Así, el sindicato aseguró que al saber el día anterior que Gallizo iba a visitar la cárcel, solicitó una reunión con la responsable "para exponerle varios de los problemas que afectan a los trabajadores de este Centro Penitenciario".

El PP critica la «excesiva masificación» en el centro Puerto II

     18/01/2007

El diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Cádiz, Aurelio Sánchez Ramos, criticó ayer la «excesiva masificación» de internos existentes en los centros penitenciarios de Andalucía, «especialmente en Puerto II», y manifestó que «el Gobierno socialista vuelve al hacinamiento de internos por celdas que ya fue eliminado por el PP». Sánchez Ramos manifestó que la política penitenciaria socialista «vuelve a permitir que haya tres internos por celdas en Puerto II, lo cual fue eliminado por el PP haciendo una remodelación a fondo de este centro y reduciendo de tres a dos las camas por celdas, lo que redujo de 1.200 a 750 internos la capacidad l del centro».

El diputado del PP manifestó que esa cantidad de 750 internos «se considera adecuada para el correcto desarrollo de la actividad cotidiana tanto de los internos como de los funcionarios».

Asimismo, indicó que esa remodelación «no ha servido para nada porque a día de hoy hay 973 internos según denuncia ACAIP, sindicato mayoritario de Instituciones Penitenciarias». En este sentido, indicó «la masificación llega a situaciones insoportables, ya que tanto el módulo de ingresos como la zona de aislamiento están saturados e incluso con colchones en el suelo para albergar el exceso de interno, por lo que inutiliza y desvirtúa la vida normal del centro».

Las anotaciones hacían referencia a la vida en prisión de algunos funcionarios y reos

   18-01-07

La comparecencia de Juan Antonio Roca se produce después de que el instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, remitiera al juzgado decano de Málaga unas diligencias previas que había decidido abrir en relación a las libretas intervenidas en prisión, al observar en ellas indicios de delito.

En los cuadernos que se le requisaron al ex asesor de urbanismo se recogían datos relativos a funcionarios e internos de la cárcel malagueña, así como referencias a las dependencias e instalaciones del centro, incluso «croquis o planos de la propia prisión de los que se ignora su finalidad», según el auto dictado por el magistrado.

Algunos reproches

Además, aparecieron anotaciones sobre los turnos de los funcionarios, sus datos y «determinadas incidencias ocurridas en la prisión con algunos reproches hacia determinados funcionarios del centro penitenciario». Los cuadernos fueron intervenidos cuando Roca iba a ser trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).

A raíz de la intervención de los cuadernos, Roca presentó una querella por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos contra el entonces director de la prisión del Alhaurín, Ángel Herbella, actual director de gabinete de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que fue admitida a trámite.

Por este motivo, se ha dirigido un exhorto a un juzgado de Madrid para que allí se tome declaración a Herbella, según detalló Álvarez en su comparecencia.

Un joven denuncia que el Estado le discrimina por ser diabético

   19/01/2007

Le rechazaron tras aprobar una oposición a Instituciones Penitenciarias

Alberto Rodríguez San Toro es un joven castellonense de 27 años que tras haber aprobado el pasado verano de 2006 los dos exámenes necesarios para las oposiciones a ayudante de Instituciones Penitenciarias se vio rechazado sólo por ser diabético.
El joven quiso dar a conocer ayer su historia, en la que le apoya la Asociación de Diabéticos Lledó de Castelló comenzando por su presidenta, Inmaculada Artero.
Rodríguez denunció ayer públicamente ante los medios de comunicación castellonenses que «no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo a nivel estatal en el tema de las oposiciones ya que si quieres acceder a un puesto de trabajo de la Administración y eres diabético no puedes». Y ello es así, agregó el afectado porque «hay un tribunal que dicta unas bases del concurso de oposiciones que están escritas y por lo tanto las tienes que acatar. Esto ocurre para acceder a plazas tanto de policía local, nacional como guardia civil o incluso de funcionario de Correos». Para Rodríguez sería lógico que no le dejaran trabajar, si como consecuencia de la diabetes, tuviera una disminución de la visión o le afectara en alguna función para su trabajo. Pero, dice, «esto no es así, estoy igual que otra persona para poder realizar un trabajo y no me dejan optar simplemente por ser diabético».
Tras los resultados de las pruebas de las oposiciones, celebradas en julio y septiembre de 2006, y después de realizar un estudio médico se le pidió un certificado del endocrino y a partir de ahí, conociendo que era diabético, vinieron todas las demoras y excusas para no cogerle. Por ello, y a pesar de quedar en el puesto 419 de los 600 aprobados que hubo a nivel de toda España, le rechazaron y presentó un recurso de alzada al que le contestaron el 21 de diciembre de 2006 alegando simplemente que en las bases se recogía que los diabéticos no entraban. Ahora, según explicó pedirá una reunión con el subdelegado del Gobierno en Castelló, Juan María Calles, para darle a conocer el asunto y «si hay que llegar hasta el presidente del Gobierno, llegaremos».
En esta cruzada está apoyado por el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Castelló , Enric Nomdedéu, que defiende su protesta al considerarla «lógica».

Rechazo sindical al hacinamiento de Puerto II

   20/01/2007

Denuncian la pasividad del equipo directivo de la prisión para hacer frente al problema

Representantes de sindicatos de prisiones se concentraron ayer a las puertas del centro penitenciario Puerto II con el único lema En contra de la masificación en Puerto II.
Esta manifestación fue secundada con éxito por la mayoría de asociaiones sindicales, entre las que se encontraban Acaip, UGT, CCOO, CSIF, USO, APFP y CSIF convocantes de la manifestación en repulsa de la “situación tercermundista” a la que se encuentran sometidos dado el elevado número de reclusos que se encuentran en dicha prisión.
Juan Carlos Sánchez, representante de ACAIP subraya el increíble “hacinamiento de Puerto II”, una importante masificación que se traduce en un progresivo aumento de internos . Respecto a este último dato, Sánchez recalca que durante la mañana de ayer eran 1006 los internos mientras que la capacidad que registra el centro es de 750 internos aproximadamente.
Unas cifras que demuestran que “no existe capacidad para albergar a más reclusos”, que tienen que desplazarse a dependencias que no están habilitadas para este uso”. Así, este descontrol puede verse un tanto sufragado los fines de semana gracias a lo que estos representantes denominan “cama caliente”, gracias a los presos que tienen permiso de fin de semana los restantes pueden ocupar sus catres durante este corto periodo de tiempo. El problema se repite la noche del domingo cuando se incorporan los verdareros propietarios de estas camas y los perjudicados tienen que volver a dormir en el suelo.
Siguiendo con el balance estadístico, los colectivos sindicales apuntan a que, actualmente, pueden ser tres los internos los que comparten una misma celda. Una aglomeración que ocasiona que muchos de los reclusos tengan que dormir poniendo colchones en los pasillos dejando ver las condiciones infrahumanas que atraviesan tanto el personal responsable del centro penitenciario como los reclusos del mismo.

escasez de plantilla
Otra de las denuncias de los convocantes es la escasez de personal, un problema que achaca al desinterés por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarios ya que “aumenta la delincuencia, aumentan lógicamente el número de delincuentes pero mantenemos la misma plantilla desde el año 2000”, tal y como declara otro de los miembros de Acaip sumados a la concentración de ayer viernes. Ahondando más en los datos, la media de funcionarios corresponde a tres por cada 168 internos aproximadamente. La otra cara de la moneda la ponen otros centros penitenciarios como Botafuegos o la cárcel de Huelva, donde no se excede el número permitido de internos.
Otro gran déficit para este colectivo es la ausencia de comunicación fluida con el equipo directivo, al que responsabiliza de una masificación que toca fondo desde antes de Navidades, por lo que “han de ser ellos los que solucionen este conflicto”, afirma otro miembro de Acaip.
Se espera que con la apertura de Puerto III, prevista para abril de 2007 podría aliviar la carga de internos de esta prisión, aunque no está claro.

Más efectivos en Puerto III

Durante el acto de presentación de los nuevos comisarios de Jerez y El Puerto-Puerto Real en Cádiz, el delegado de Gobierno de Andalucía, Juan José López Garzón, señaló respecto a la apertura del nuevo centro penitenciario Puerto III que desde hace unos tres meses ya había abordado este tema la necesidad de contar con más efectivos policiales con el subdelegado de Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo. De esta forma, la Dirección General de Policía-Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias tendrá en cuenta esta petición de cara a la próxima apertura de la nueva prisión de Puerto III.

Mercedes Gallizo: "La cárcel de Fuerteventura no tendrá más de 150 celdas"

20/01/2007

Fuerteventura/ La reunión celebrada entre las instituciones majoreras y la directora general de instituciones penitenciarias, y el director general de la SIEP se salda con el acuerdo de reducir en 50% las plazas previstas para la cárcel de Fuerteventura.

Mario Cabrera dijo que “hemos conseguido ratificar lo decidido en el acuerdo plenario de no iniciar en ningún momento las obras de este centro en Fuerteventura antes de que se ejecuten los proyectados en otras islas”

El salón de plenos del Cabildo de Fuerteventura acogió hoy la reunión mantenida por los representantes de Fuerteventura, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y los consejeros insulares Jesús de León, Juan Estárico y José Jorge Monserrat, además de los alcaldes de Puerto del Rosario, La Oliva y Pájara, Marcial Morales, Claudina Morales y Rafael Perdomo, con los representantes estatales Mercedes Gallizo y Juan José Azcona, respectivamente directora general de Instituciones Penitenciarias y director general de la SIEP (Sociedad Estatal de Instituciones y Equipamientos Penitenciarios.

El motivo de la reunión era exponer a ambos directores generales el acuerdo aprobado en el pleno del Cabildo de rechazar el proyecto de implantación de una macrocárcel en Fuerteventura -incluido en el proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2007- que prevé la creación en la Isla de un centro penitenciario con capacidad para entre 200 y 250 celdas y una partida presupuestaria de 56 millones de euros.

Mario Cabrera declaró después de la reunión que tanto Gallizo como Azcona habían aceptado las condiciones que les fueron expuestas, puesto que, dijo el presidente, “nunca estaremos dispuestos a aceptar una cárcel con características que no respondan a las necesidades de Fuertevenura” ya que, valoró, “el 90% de los reclusos de la Provincia son residentes de Gran Canaria, mientras que alrededor de los 100 presos que provienen de Fuerteventura y que están en centros de otras islas, una inmensa mayoría son patrones de pateras que han sido procesados en los últimos años”.

De este modo, Mercedes Gallizo se comprometió a ajustar el proyecto a un centro penitenciario de “150 celdas individuales y servicios complementarios”, y manifestó su intención de “desatascar el entendimiento sobre el tamaño y las características” de la cárcel.

Asimismo, el presidente del Cabildo quiso trasladar la confirmación dada por Gallizo de “no comenzar en ningún momento las obras de este centro –previstas inicialmente para el periodo 2007-2010- mientras no se ejecuten primero los centros proyectados en otras islas”, como es el caso de la cárcel proyectada en un principio en la Isleta y que Román Rodríguez ha conseguido paralizar para trasladarla a otro emplazamiento de Gran Canaria. Es por ello que los representantes majoreros presentes en la reunión han solicitado la paralización del expediente de la cárcel de Fuerteventura “hasta que se resuelvan los trámites de otros proyectos aprobados con anterioridad”, y también dijo Mario Cabrera, “las obras comenzarán antes de dos o tres años”.

Así, Cabrera destacó que de las dos fases de que constaba el proyecto “de ningún modo se ejecutará más de lo proyectado para la primera fase”, lo cual se traduce en cuatro módulos de 36 celdas para un total de 144, “alrededor del 50% de lo que se proponían hacer”. Por consiguiente, y derivado de esta reducción de las plazas, se ha visto también reducido el presupuesto a 20 millones de euros.

En relación al resto de requerimientos acordados en la reunión, el presidente declaró que “continuamos con los trámites administrativos para paralizar el expediente de una cárcel de grandes dimensiones y desde el Cabildo nos comprometemos a sentarnos siempre con todas las instituciones de la Isla antes de tomar nuevas decisiones”.

Por último, en relación al emplazamiento del centro penitenciario en cuestión, tanto Gallizo como Cabrera coincidieron en que, aunque falta por definir una ubicación concreta, Puerto del Rosario sigue siendo el municipio con más posibilidades de albergar el proyecto, algo con lo que “el alcalde ha mostrado su conformidad”, dijo el presidente.

El TSJPV desestima el recurso interpuesto por el Estado contra la UPV/EHU por la atención académica a presos

izaronews.com   20-01-07

El Protocolo para la Atención de las Personas Internas en Centros Penitenciarios, aprobado de forma unánime por el Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco, se ajusta a la legalidad y no transgrede la normativa estatal, según ha determinado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El objeto de la polémica vino determinado por la interposición, por parte de la Abogacía del Estado, de un recurso contencioso-administrativo contra la publicación en el boletín oficial correspondiente de dos normas aprobadas por la UPV/EHU: la Normativa de Gestión de Enseñanzas de Primer y Segundo Ciclos, y el Protocolo de Atención a las Personas Internas en Centros Penitenciarios.

Este protocolo fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Gobierno universitario (máximo organo de gobierno de la entidad) en octubre de 2004. El documento regula la posibilidad de proporcionar docencia a las personas internas en centros penitenciarios, en virtud de una minuciosa regulación de todos los aspectos concernientes al régimen académico y docente del alumnado preso, desde la matriculación o becas a las titulaciones que podrán cursar, los exámenes y su evaluación.

Esta normativa ha venido siendo utilizada por las distintas facultades y escuelas de la universidad para la impartición de docencia y la evaluación de internos en centros penitenciarios de fuera del Estado español, puesto que la Ley General Penitenciaria no permitía a la universidad vasca realizar esa actividad.

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia, la sala declara que la norma del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco no infringe la Ley General Penitenciaria, ni vulnera el derecho a la igualdad del resto de los alumnos, aspectos que habían sido esgrimidos en su recurso por el abogado del Estado. Así mismo, la sentencia declara que la Ley General Penitenciaria española se guía por el principio de territorialidad, y que no resulta aplicable, en consecuencia, a los internos de centros penitenciarios de otros países, reafirmando de ese modo el principio de autonomía universitaria.

Para el rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, esta resolución judicial tiene un enorme calado: “Los tribunales confirman que no cometimos ninguna ilegalidad aprobando el protocolo y que tampoco la cometemos proporcionando ahora docencia a los internos en centros de otros países”

“Pero, en mi opinión, -añade el rector- el verdadero sentido de la sentencia debe ir más allá del caso concreto: este Rectorado ha sido perseguido de forma implacable por un aspecto tan puntual como este de su trabajo, y la propia universidad, a lo largo de muy distintos periodos de gobierno, ha sido criticada y desprestigiada por la misma razón; y se han derramado toda clase de sospechas sobre la integridad profesional de muchos de nuestros docentes".

" Hace dos años demostramos, con datos objetivos que nadie quiso ni pudo rebatir, que cuando la UPV/EHU contaba con internos de centros del Estado español no hubo en sus evaluaciones académicas ningún trato de favor, pero ahora los mismos tribunales reconocen que ni siquiera en el plano administrativo nuestra reglamentación actual es criticable.

Todo ello supone, según el rector "un motivo de satisfacción personal, pero también una suerte de reparación moral al prestigio de nuestra institución académica y de su profesorado”.

Los presos extranjeros se disparan

   22/01/2007

El número de reclusos foráneos encerrados en las cárceles aumentó un 11% en 2006 y supera ya los 20.000 ? En el mismo periodo, los convictos nacionales apenas crecieron un 1,9%

Madrid- Hace ya varios años que el sistema penitenciario español está desbordado por los cuatro costados. Con poco más de 33.000 plazas y más de 55.000 internos encerrados tras sus barrotes -a los que hay que sumar los casi 9.000 de Cataluña, que tiene transferidas las competencias-, la tasa de hacinamiento supera el 200 por ciento en varios centros. De hecho, la tasa de reclusos es de 140 por cada mil habitantes, la más alta de toda la Unión Europea, pese a que el índice delincuencial español no es el primero. Y la llegada de cada vez más delincuentes extranjeros está empeorando aún más esta delicada situación.
Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas había encerrados en noviembre 20.586 presos extranjeros, 2.241 más que en diciembre de 2005, lo que representa un aumento del 10,8 por ciento. El dato tiene una gran relevancia porque la cifra de reclusos españoles sólo creció en el mismo periodo en 839 internos, un 1,9 por ciento, casi cinco veces menos, lo que otorga a este colectivo una importancia decisiva en el incremento de población reclusa que se está registrando en España en los últimos años.
Este importante desequilibrio entre uno y otro crecimiento tiene, según los expertos, un sencilla explicación: la prisión preventiva. Mientras que muchos ciudadanos españoles son puestos en libertad condicional a la espera de juicio, en el caso de los extranjeros la situación es bastante más compleja. A la gran mayoría, explican, se les aplica la prisión preventiva por el elevado riesgo de fuga que existe. «A cualquier español resulta relativamente fácil localizarle para juzgarle. Pero a muchos de los reclusos foráneos, que no tienen ningún tipo de arraigo en el país, porque no tienen vivienda fija, ni familia es muy complicado echarles el guante si los dejas en libertad condicional, por lo que el único medio que hay de evitarlo es decretar la prisión preventiva».
La medida garantiza la presencia de estos presuntos criminales en los juicios, pero tiene el pernicioso efecto de engordar cada día un poco más la cifra de reclusos encarcelados y de agravar la tasa de hacinamiento existente en las prisiones.
Instituciones Penitenciarias puso en marcha el pasado verano un programa de información para que todos aquellos presos extranjeros con condenas en firme supieran que tienen derecho a cumplir sus penas en sus países de origen. Sin embargo, la medida, encaminada a aliviar parte del hacinamiento que soportan los establecimientos penitenciarios, ha cosechado un sonoro fracaso, pues, como ya informó este periódico, sólo 322 de los más de 20.000 convictos extranjeros solicitaron acogerse a la medida.
Los marroquíes, los primeros
Así las cosas, la cantidad de presos foráneos no para de incrementarse de año en año y su peso porcentual es cada vez más acusado, pues ya representan el 32 por ciento del total de reclusos.
Por nacionalidades, son los marroquíes los que siguen ocupando el primer lugar en este dudoso ranking, con unos 4.000, seguidos de los colombianos, con algo más de la mitad. Los rumanos, por su parte, han desplazado en los últimos tiempos a los argelinos. Ahora mismo, hay en prisión unos 1.300, por poco más de 1.100 magrebíes. Estos últimos, sin embargo, siempre han sido considerados por los funcionarios de prisiones como uno de los colectivos más conflictivos. Ecuatorianos y venezolanos ocupan el quinto y el sexto lugar, respectivamente, con 500 y 400 encerrados cada uno.

La prisión de Mansilla acoge, por primera vez, un curso de prácticas para funcionarios de prisiones

   23-01-07

León, Sevilla, Zaragoza y Coruña acogerán este año, por primera vez, los cursos de prácticas de funcionarios de prisiones que hasta ahora se habían centralizado en Madrid. El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Alvarez, visitó hoy a los 150 nuevos funcionarios de prisiones que realizarán durante un mes un curso de prácticas en el centro penitenciario de León, ubicado en la localidad de Mansilla de las Mulas.

En su intervención ante los futuros funcionarios de prisiones, el subdelegado del Gobierno hizo hincapié en la importancia de considerar al sistema penitenciario 'no como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr la reinserción social'.

Una vez finalizado el curso, los funcionarios recibirán sus destinos en función del orden de méritos conseguidos, por lo que Alvarez recomendó a los alumnos que 'aprovechasen su tiempo de prácticas' en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, ya que, a su juicio, 'se trata de un centro del que pueden sacar muy buenas conclusiones e incorporar unas buenas experiencias prácticas'.

A la prisión de Mansilla se refirió Alvarez como 'referente nacional' por sus 'módulos de respeto, módulos terapéuticos, los trabajos remunerados en los talleres, la colaboración con las empresas leonesas y fundaciones y convenios firmados con el Ministerio de Cultura para la actualización de los archivos nacionales'.

Todas estas prácticas que se llevan a cabo en la prisión leonesa conllevan, según explicó Alvarez, que se consiga una 'paz social' en la prisión 'que es el principio básico para poder reinsertar y que permite, así, que la prisión cumpla su misión, que es ser un paso del recluso que no es merecedor de la libertad en ese momento pero que tiene que conseguir ese mérito para volver a la sociedad'.

En Mansilla, explicó el subdelegado a los alumnos, se observa una mejora de la calidad de vida de los internos, que están 'más motivados' y 'reducen la conflictividad', lo que a su vez conlleva un aumento de la satisfacción personal y profesional de sus trabajadores.

Archivan la causa contra Roca por los cuadernos intervenidos en prisión al no hallar indicios de un delito de amenazas

   23-01-07

El juez estima que las anotaciones y el contenido de los documentos incautados "no atentan contar la seguridad" del centro penitenciario

El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha archivado la causa contra el ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, por los cuadernos intervenidos en la prisión de Alhaurín de la Torre en octubre pasado al no hallar indicios de un delito de amenazas.
Según informaron fuentes judiciales, el juez ha acordado el sobreseimiento de la causa, ya que las anotaciones y el contenido de los cuadernos incautados "no atentan contra la seguridad" del centro penitenciario. El juzgado se adhiere de esta forma a la petición fiscal de archivar la denuncia, al no encontrar ninguna señal de delito en los escritos, donde se recogían datos relativos a los funcionarios e internos de la cárcel.
Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal y urbanística en Marbella, aseguró en su comparecencia como imputado el pasado 17 de enero que plasmaba sus "vivencias" como "entretenimiento" en los cuadernos que le fueron intervenidos. El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí mantuvo en su declaración que el contenido de los cuadernos no tenía "ninguna intención de amenazar a nadie" y que los horarios anotados no eran de los funcionarios porque "un preso no tiene conocimiento" de estos, sino que correspondían a los turnos de comedor, salida o recuento del interno, informó su abogado. Agregó que los dibujos y escritos que hizo en cuatro libretas eran por "entretenimiento, porque las horas son muy largas en prisión".
Su citación se produjo después de que el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, remitiera al Juzgado Decano de Málaga unas diligencias previas que había decidido abrir en relación a dichos cuadernos. Según el auto del magistrado, en los cuadernos se recogían datos relativos a funcionarios e internos de la cárcel malagueña, incluso "croquis o planos de la propia prisión de los que se ignora su finalidad".
A raíz de la intervención de los cuadernos, Roca presentó una querella por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos contra el entonces director de la prisión del Alhaurín, Ángel Herbella, actual director de gabinete de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que fue admitida a trámite

Saura estudia destinar 600 mossos que vigilan prisiones a patrullar calles

   23-01-07

El conseller de Interior, Joan Saura, estudia la posibilidad de que los 600 mossos d'esquadra destinados a la vigilancia exterior de las prisiones catalanas salgan a patrullar las calles y sean sustituidos en su cometido por un cuerpo auxiliar adscrito a la policía autonómica.

Según publica hoy 'La Vanguardia', el conseller Saura trasladó esta propuesta al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la reunión que mantuvieron el pasado día 4 y fue bien acogida por el ministro.

El secretario de Seguridad Pública, Joan Delort, ha confirmado a Efe que esta propuesta está en fase de estudio y ha explicado que el conseller, para paliar el déficit de más de medio millar de agentes que arrastra el cuerpo de la policía autonómica, ha encargado varios estudios a los mandos policiales para 'optimizar al máximo los recursos'.

La propuesta de destinar los mossos que vigilan las prisiones a 'tareas directamente relacionadas con la protección de las personas' es una de las 'diferentes opciones que se barajan', ha reconocido Delort, que ha apuntado que en otros países de Europa hay modelos en los que las tareas no propiamente policiales las lleva a cabo personal civil.

Optar por esta vía de crear un cuerpo de auxiliares de mossos no requeriría modificar ninguna ley estatal y sólo sería necesario introducir algún cambio en la ley de Mossos o elaborar una específica, según Delort.

Otras de las opciones serían encargar la seguridad de las prisiones a empresas de seguridad privada o crear una especie de funcionarios penitenciarios al estilo de los agentes rurales, aunque estos modelos deberían contar con una modificación de leyes estatales.

La Audiencia Nacional estudia conceder la libertad provisional a De Juana Chaos por su grave estado de salud

   23-01-07

Los informes del hospital aseguran que el etarra podría morir o padecer secuelas irreversibles a corto plazo si continúa con la huelga de hambre

La Audiencia Nacional estudia conceder la libertad provisional al etarra José Ignacio de Juana Chaos por su "grave estado de salud", según ha podido saber ELPAIS.com de fuentes jurídicas. El terrorista inició una huelga de hambre el 7 de noviembre en protesta de la condena de más de 12 años que le fue impuesta por amenazas a cinco responsables de prisiones. El lunes, el alto tribunal recibió un informe médico sobre su situación del Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde se encuentra ingresado. Según este informe, De Juana tiene un "alto riesgo de morir o padecer secuelas irreversibles a corto plazo", aunque tampoco puede descartarse "una muerte súbita".