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Martes, 28 de febrero de 2006
|
Acaip
Valencia denunció hoy en un comunicado que el pasado
viernes día 24 de febrero un interno del Módulo 4 de la
Unidad de Preventivos de la cárcel de Picassent
(Valencia) portador del SIDA mordió a un funcionario de
prisiones e intentó morder a otro. |
Según
el sindicato, el recluso 'protagonizó un incidente
en el que amenazó de muerte, insultó gravemente, y
propinó empujones, patadas y puñetazos contra los
funcionarios de servicio que trataban de calmarle,
mientras ofrecía una gran resistencia activa'.
En un momento del altercado, según
las mismas fuentes, 'el interno propinó un mordisco
a uno de los funcionarios que se encontraba presente
en los hechos, ocasionándole una herida de la cual
brotaba sangre'. Asimismo, señalaron 'otro compañero
sufrió lesiones en una de sus manos, que,
posiblemente, le incapaciten durante algunos días
para la prestación del servicio'.
Además, denunciaron que este mismo
interno ayer lunes 'cuando se le estaba tomando
declaración sobre los hechos protagonizados, se
abalanzó sobre otro funcionario con la intención
también de morderle, aunque, por suerte, éste pudo
esquivarle'.
El interno 'aparte de otras muchas
enfermedades, es portador del virus del SIDA, por lo
que el funcionario que resultó mordido está teniendo
que realizarse multitud de pruebas para descartar
que haya podido sufrir un contagio, así como ha de
tomar en las próximas semanas gran número de
pastillas antirretrovirales, las cuales tienen un
gran número de efectos secundarios, y le
imposibilitarán para llevar a cabo su trabajo',
aseguraron fuentes de Acaip.
Las mismas fuentes señalaron que
'este hecho, unido a los acaecidos hace algunas
semanas en varias prisiones andaluzas, pone de
manifiesto el fracaso de la actual política
penitenciaria del Gobierno, lo que unido a la enorme
saturación que presentan las prisiones está
convirtiendo a éstas en auténticas 'bombas de
relojería''.
Según el sindicato, 'los internos
se están dando cuenta de que pueden protagonizar
todos los incidentes que quieran, y que no va a
suceder nada. En la mayoría de los casos, a estos
internos ni siquiera se les aplica un régimen de
vida más restrictivo'.
Los funcionarios de prisiones se
encuentran, aseguraron, 'por un lado desbordados
ante la situación de los centros, y, por otro,
impotentes al ver como somos objeto no solo de
insultos graves, amenazas, sino también de
agresiones, y que los internos quedan impunes'. |
| El último informe
del sindicato Acaip apunta que el 75,19% de los presos
está en 28 de los 66 centros de Interior |
SILVIA
TUBIO/CÁDIZ
Misma situación e idénticos problemas en la
provincia de Cádiz. Éste es el análisis que se
extrae del último informe elaborado por el sindicato
de funcionarios de prisiones Acaip, en el que se
hace un nuevo balance de las cárceles españolas al
cierre del pasado año.
Los tres centros penitenciarios registraron al
término del mes de diciembre niveles muy similares
de hacinamiento, con unas tasas casi iguales con
respecto al anterior balance realizado por este
mismo sindicato en julio de 2005.
Botafuegos, en Algeciras, es la cárcel gaditana que
concentra un mayor número de presos en la provincia,
ya que también es la que dispone de un mayor número
de plazas funcionales. El 31 de diciembre de 2005 en
el centro algecireño había 1.576 presos, aunque el
número de plazas es para 1.008 personas. Fuentes de
Acaip volvieron a denunciar como ningún preso, salvo
en Puerto I, dispone de una celda individual, pese a
que ese es un principio que se incluye en el
Reglamento Penitenciario, y en el que se alude al
diseño de las cárceles que deben disponer de
estancias individuales para los internos.
En Botafuegos la tasa de hacinamiento se cerró en
2005 en 156,3%, sólo unas décimas menos que la que
computó Acaip en julio: 156.75%.
Evolución positiva
Tanto en Puerto II y Puerto I, el número de presos
se mantiene, aunque miembros de la sección sindical
de Acaip en Puerto II reconocen que se ha mejorado
la situación con respecto a años anteriores, en
donde el colapso se convirtió en un auténtico
peligro para el equilibrio de la convivencia en unas
instalaciones con tanto riesgo. Pese a esa evolución
positiva, estas mismas fuentes explicaron que en la
prisión de Puerto II había más de 700 presos detrás
de sus rejas, pese a que sus plazas funcionales son
326. En Puerto I, el nivel de hacinamiento no existe
ya que al ser un centro para presos peligrosos que
están sometidos al primer grado, deben estar
confinados en celdas individuales. En el caso de
Puerto II, ese número de presos elevan la tasa de
hacinamiento por encima del 200% como ocurría en
julio de 2005, cuando se situó en 220,24%.
Para la provincia, la situación penitenciaria tiene
su solución en la apertura de Puerto III, que hará
de Cádiz la tercera zona española en población
reclusa tras las dos primeras capitales del país:
Barcelona y Madrid.
El sindicato de prisiones volvió a incidir en su
informe en los graves problemas de saturación que
hay en los centros penitenciarios y arrojó un nuevo
dato preocupante: el 75,19% de los presos en España
se encuentra recluido en 28 de las 66 cárceles que
dependen del Ministerio del Interior.
17.525 presos más
La saturación es la consecuencia primera del
incremento paulatino que ha tenido la población
reclusa en los últimos años. El informe de Acaip
estima en un 40% el aumento porcentual que ha
experimentado el número de presos en España, desde
el 1 de enero de 2000 al 17 de febrero de 2006,
gracias al ingreso de 17.525 personas más.
Pero además de más presos, Acaip recuerda que el
perfil del recluso se está complicando con la
entrada fuerte de numerosos extranjeros y de
terroristas de distintas bandas armadas. Una prueba
de este riesgo está en los presos islamistas
retenidos que estaban fundando células pese a estar
privados de libertad.
|
EL PERFIL DEL RECLUSO |
|
Sexo: Nueve de cada diez internos son hombres.
Situación legal: El 77,67% de los reclusos está
condenado a penas de prisión y el 22,33% está en periodo
preventivo en España.
Tramos de edad: 18-20 años (1,35%), 21-25 (12,95%),
26-30 (21,47%), 31-40 (37,94%), 41-60 (24,23%).
Tipología delictiva: Los delitos más comunes que han
llevado a la población reclusa a estar entre rejas son
aquellos que van contra el patrimonio y el orden
socioeconómico como robos y estafa (47,36%),
narcotráfico (27,82%), contra la libertad sexual
(5,44%), homicidios (4,72%) y lesiones (4,33%).
Presos extranjeros: Suponen el 30,49% del total.
Habitualidad penal: El 58% es reincidente y el 42% es la
primera vez que ingresa en prisión.
Terroristas: El informe apunta a más de 550 terroristas
de distintas bandas armadas ingresados en prisión, de
ellos 521 pertenecen a ETA. |
|
01/03/2006
| Está siendo tratado
con antirretrovirales para evitar el contagio |
José
Parrilla, Valencia El sindicato de prisiones Acaip ha
denunciado una nueva agresión en el establecimiento
penitenciario de Picassent, donde un interno portador del
virus del sida ha mordido a un funcionario. Al parecer, el
trabajador está siendo sometido a todo tipo de pruebas y en
las próximas semanas deberá tomar antirretrovirales para no
contraer la enfermedad.
Todo ocurrió el pasado viernes, 24
de febrero, a las siete y media de la tarde, en el módulo 4
del Centro de Preventivos. Según acaip, el interno se enfrentó
a los funcionarios con insultos, amenazas, empujones, patadas
y puñetazos. Es más, en un momento de la pelea mordió a uno de
los funcionarios ocasionándole una herida con sangre. Otro
compañero, añade el sindicato, sufrió lesiones en una mano que
«posiblemente le incapaciten durante algunos días para la
prestación del servicio».
El agresor, además de otras muchas
enfermedades, es portador del virus del sida, por lo que el
funcionario que sufrió el mordisco «está teniendo que
realizarse multitud de pruebas para descartar que haya podido
sufrir un contagio». También «debe tomar en las próximas
semanas gran número de pastillas antirretrovirales,
medicamentos que tienen muchos efectos secundarios que le
impedirán hacer su trabajo con normalidad».
Según Acaip, este mismo interno
también intentó el pasado lunes, 27 de febrero, morder a otro
funcionario que le estaba tomando declaración, aunque en esta
ocasión no consiguió su objetivo.
Para el sindicato, estas
agresiones «ponen de manifiesto el fracaso de la actual
política del Gobierno, lo que unido a la enorme saturación de
las prisiones está convirtiendo a estos establecimientos en
auténticas bombas de relojería».
A su entender, «los internos se
están dando cuenta de que pueden protagonizar todos los
incidentes que quieran sin que suceda nada», pues «en la
mayoría de los casos a estos internos ni siquiera se les
aplica un régimen de vida más restrictivo». «Estos son los
principios que inspiran la política penitenciaria del actual
equipo de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, principios que se irradian a los diferentes
centros», añade el sindicato.
A modo de balance final, Acaip
asegura que «los funcionarios de prisiones están, por un lado,
desbordados ante la situación de los centros y, por otro,
impotentes al ver cómo somos objeto no sólo de insultos y
amenazas sino también de agresiones, mientras que los internos
quedan impunes». |
28/02/2006
| La
prisión de Fontcalent ha recibido, junto a otros dos
centros penitenciarios españoles -Pamplona y El Duero-,
un galardón de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), por las buenas prácticas de salud que se
realizan. Estos datos hacen compensar las estadísticas
sobre saturación de presos en la cárcel alicantina, la
quinta con un índice de hacinamiento más elevado entre
las prisiones con mayor capacidad, mientras que Alicante
II, ocupa la undécima posición en esta nada noble
clasificación. |
Los
trabajos premiados tanto en Alicante como en los
otros dos centros penitenciarios galardonados
-Pamplona y El Duero- se centran en mejorar la
atención a pacientes con virus de sida y de
hepatitis, reducción de daños y del riesgo de
infección del VIH, y promoción de la salud por medio
de la educación medioambiental.
Datos negativos
Un estudio estatal, dado a conocer por el sindicato
Acaip, muestra que Alicante Cumplimiento (Fontcalent)
sobresale como la quinta con un índice de
hacinamiento más elevado entre las prisiones con
mayor capacidad, mientras que Alicante II (Villena)
ocupa la undécima posición en esta nada noble
clasificación.
Acaip, organización sindical con mayor
representación en el ámbito penitenciario, advierte
de que en el caso de Fontcalent la tasa alcanza el
197,68%, según los datos recopilados con fecha del
pasado 31 de diciembre. Ese día, el centro albergaba
939 internos, mientras que sus celdas suman 475, de
acuerdo con la información recopilada por los
autores del trabajo.
En el caso de Fontcalent, el exceso de ocupación se
ve agravado por el deterioro de las instalaciones,
según indican los funcionarios, quienes se muestran
partidarios de demoler el complejo para levantar uno
nuevo o rehabilitarlo por completo.
Este presidio se sitúa en un plano comparable, por
cantidad de reclusos y celdas disponibles, con
instituciones carcelarias como Madrid II (Alcalá
Meco), Almería o Murcia |
| La Comunidad de Madrid
incorporará el uso de la videoconferencia en los
juzgados e instituciones penitenciarias de la región,
además de potenciar la instalación en 300 salas de
vistas de un sistema integral de grabación y
reproducción que permitirá seguir el proceso a través de
la Red. |
01/03/2006,
Redacción
El anuncio efectuado por el vicepresidente segundo y
consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid, Alfredo Prada, especifica que el objetivo
final de estas acciones es el de mejorar los medios
materiales de que disponen los juzgados y tribunales
de esta región, agilizando además su funcionamiento
y reduciendo costes a partir del uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).
Para ello, entre otras medidas, está previsto la
instalación de un sistema integral de grabación y
reproducción en vídeo y audio, el cual se integrará
con los sistemas de videoconferencia. A través del
Sistema de Gestión Procesal estas grabaciones podrán
ser visualizadas a través de Internet mediante
certificación digital. |
| INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS COMENZÓ AYER A EVALUAR EL NÚMERO DE
INTERNOS A LOS QUE AFECTARÁ LA NUEVA DOCTRINA DEL
SUPREMO. LA POBLACIÓN CARCELARIA EN ESPAÑA ES DE 61.798
PRESOS |
CÓDIGO
DEL 73
De esos internos, 2.208 hombres y 131 mujeres fueron
condenados por el anterior Código Penal.
DELITOS
De esa población, los hombres han sido sentenciados
por 586 asesinatos u homicidios. Y por 749 delitos
contra la propiedad. Por su parte, las mujeres han
sido castigadas por atentar 29 veces contra las
personas y en 34 ocasiones por delitos contra la
propiedad. Además, 200 hombres cumplen penas por
delitos sexuales.
ETARRAS
Fuentes de la Audiencia Nacional han adelantado que
el cambio doctrinal afectará este año a unos 10
etarras. Durante el 2006 estaba previsto excarcelar
a 47 miembros o colaboradores de ETA. De ellos, ya
han sido excarcelados 16. De los 31 restantes, sólo
10 han sido condenados por el Código de 1973.
LOS NOMBRES
El nuevo cálculo afectará a etarras como Francisco
Múgica, Pakito, y Santiago Arrospide, Santi Potros.
También podrá afectar a Domingo Troitiño. |
01/03/2006
Los
trabajos premiados constituyen estrategias de
referencia en los siguientes campos: mejora de la
atención a pacientes de VIH y VHC, reducción de
daños y del riesgo de infección, y promoción de la
salud por medio de la educación medioambiental.
28 de febrero de 2006. La Directora General de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, la
Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Carmen Moya, el Director General de Salud
Pública, Manuel Oñorbe, y la Secretaria del Plan
Nacional sobre el Sida, Lourdes Chamorro, han
entregado esta mañana los premios europeos a las
buenas prácticas de salud en las prisiones a los
centros penitenciarios de Fontcalent (Alicante),
Pamplona (Navarra) y El Dueso (Santoña, Cantabria).
Otorgados por la Organización Mundial de la Salud,
estos premios tienen como objetivo la
identificación, el reconocimiento y la difusión de
los mejores programas y políticas en materia de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad
en instituciones penitenciarias de los estados
miembros. Los tres proyectos españoles premiados
constituyen estrategias de referencia en sus
respectivos campos en el ámbito de la sanidad
penitenciaria.
En 1995 la OMS puso en marcha el proyecto de Salud
en las Prisiones (HIPP) con el fin de promocionar la
salud en la comunidad penitenciaria, de acuerdo con
el espíritu de la Carta de Ottawa. Este proyecto
viene impulsando desde entonces el intercambio de
información y buenas prácticas de salud, la
elaboración de recomendaciones y la difusión de la
experiencia acumulada a lo largo de los años. En
esta línea, se acordó recientemente la creación de
un premio europeo bianual para destacar las buenas
prácticas de salud en las prisiones, en el ámbito de
la Oficina Regional para Europa de la OMS.
CATEGORÍAS Y PROYECTOS PREMIADOS
El premio comprende tres categorías, a cada una de
las cuales cada país puede presentar una única
candidatura. El Ministerio de Sanidad y Consumo,
coordinador en nuestro país de esta convocatoria en
colaboración con la Subdirección General de Sanidad
Penitenciaria y la Revista Española de Sanidad
Penitenciaria, recibió 11 proyectos de las 77
instituciones penitenciarias españolas. Entre estos
proyectos se realizó una preselección y se decidió
enviar a la convocatoria las tres candidaturas que,
finalmente, resultaron premiadas.
En la evaluación de los proyectos se valoraron los
siguientes aspectos: la importancia del problema de
salud al que se refiere el trabajo, la correcta
planificación e implementación del mismo, la
evidencia de los resultados y el proceso de
evaluación, y la utilidad del trabajo de cara a su
aplicación en otros países del Proyecto de Salud en
Prisiones (HIPP) de la OMS. Junto a los proyectos
españoles han sido distinguidos en esta primera
edición del premio proyectos de Bélgica, Holanda,
Reino Unido y Rumania, países que también han
recibido tres galardones.
Los proyectos españoles premiados son los
siguientes:
Categoría 1: Ejemplo de buena práctica relacionado
con los servicios de salud ofrecidos a los internos.
- Proyecto premiado: «Protocolos de coordinación
entre servicios sanitarios penitenciarios y
hospitales de referencia. Infección VIH y VHC», del
centro penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Categoría 2: Ejemplo de buena práctica relacionado
con uno o varios de los siguientes servicios
ofrecidos a los internos: de prevención, de
educación en salud y de promoción de la salud.
- Proyecto premiado: «7 años del programa de
intercambio de jeringuillas en la prisión de
Pamplona», del centro penitenciario de Pamplona
(Navarra).
Categoría 3: Ejemplo de buena práctica que demuestre
la colaboración eficaz entre la prisión y la
comunidad exterior en el área de mejora de la salud.
- Proyecto premiado: «Promoción de la salud y
educación medioambiental en el entorno natural del
centro penitenciario de El Dueso», del centro
penitenciario de El Dueso (Santoña, Cantabria).
1.- CENTRO PENITENCIARIO DE FONTCALENT (ALICANTE):
MEJORAR LA ATENCIÓN A INTERNOS INFECTADOS POR VIH Y
VHC
El proyecto del centro penitenciario de Fontcalent
(Alicante) está orientado a mejorar la atención a
los internos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la
hepatitis C (VHC) mediante la elaboración de
protocolos de coordinación entre los servicios
sanitarios penitenciarios y los hospitales de
referencia. Con estos protocolos, consensuados entre
los especialistas hospitalarios y el equipo médico
del centro, se persigue la actuación en dos aspectos
fundamentales: la instauración del tratamiento y el
control del mismo en caso necesario, y el
seguimiento de los pacientes.
En las prisiones españolas, la prevalencia de VIH ha
sido históricamente muy elevada, ligada al alto
número de antecedentes de usuarios de drogas
intravenosas entre la población penitenciaria. En
2005, un 10% de la población reclusa tenía VIH. En
cuanto al porcentaje de pacientes internos
infectados por VHC, se estima que éste es de un 33%.
Además, un alto porcentaje (superior al 90%) de los
pacientes de VIH están coinfectados por el VHC, lo
que dificulta, entre otras cosas, el beneficio del
tratamiento terapéutico.
La implantación de los protocolos de coordinación en
el centro de Fontcalent ha contribuido de forma
notable a mejorar la atención de los pacientes por
VIH y/o VHC en varios aspectos:
Aumento del número de pacientes que se realizan
pruebas previas (biopsia hepática, sobre todo) y que
se acogen a tratamiento.
Mejora de la comunicación, interrelación, y
colaboración con el servicio hospitalario
correspondiente.
Fomento de las publicaciones y de la investigación
en este medio.
Mayor eficacia y disminución de costes al reducirse
el número de traslados y el número de pruebas
repetidas.
Dado que la población penitenciaria afectada por
estas infecciones presenta similares características
en toda España, el proyecto, respaldado por la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, ha
servido de modelo para su implantación posterior en
otros centros del país.
2.- CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA: INTERCAMBIO DE
JERINGUILLAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN
El proyecto del centro penitenciario de Pamplona
(Navarra) consiste en valorar el impacto en el
centro del programa de intercambio de jeringuillas (PIJ),
después de siete años de funcionamiento. Este
programa se dirige a los usuarios de drogas por vía
intravenosa, que suponen un 35% del total de
internos del centro.
En síntesis, el PIJ ofrece a los usuarios el
intercambio de jeringuillas de una forma
personalizada y contempla la posibilidad de
intervenciones sanitarias, si fuera necesario.
La evaluación del programa ha permitido confirmar
que no se han producido incidentes reseñables, ni
con los usuarios ni con los trabajadores del centro,
durante los siete años de funcionamiento. Además, la
evaluación presenta las siguientes conclusiones:
Queda probada la eficacia del programa en la
prevención de infecciones transmitidas por sangre en
usuarios de drogas inyectadas.
El PIJ no ha provocado aumento del consumo de droga,
ha hecho desaparecer el uso de jeringas ilegales, ha
evitado que las jeringuillas se desechen
inadecuadamente y no ha fomentado el uso de drogas
inyectadas.
Además, ha facilitado la derivación de los usuarios
de drogas por vía intravenosa a otros programas de
tratamiento.
Por otro lado, no se ha documentado ningún caso de
seroconversión frente al VIH y VHC durante este
tiempo. El seguimiento permanente del programa, así
como la opinión de los usuarios y del personal
trabajador del centro, se consideran los factores
clave para el éxito del mismo.
3.- CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO: LA EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL COMO INSTRUMENTO HACIA UNA VIDA
SALUDABLE
El proyecto del centro penitenciario de El Dueso va
dirigido a despertar el interés de los internos y a
concienciarlos sobre el cuidado medioambiental y su
incidencia en la salud. En este caso, se ha
aprovechado el entorno privilegiado del centro como
instrumento de educación en la adopción de hábitos
de vida más saludables.
El proyecto se divide en dos líneas de actuación
complementarias:
El programa NACAR (Naturaleza y Cárcel), orientado a
la educación medioambiental de los internos. Con el
apoyo de SEO/BirdLife, de la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña y Noja (RNMSN) y de los
trabajadores del centro, los internos aprenden a
conocer y respetar la naturaleza mediante paseos
ornitológicos, talleres educativos, jornadas
medioambientales, conferencias y todo tipo de
iniciativas relacionadas con su entorno natural.
El programa «Efecto Dominó», dirigido a la
modificación de hábitos de salud en los reclusos. Se
realiza a través de un grupo de agentes de salud.
Estos agentes, seleccionados y formados entre los
propios internos, se ocupan de transmitir a los
demás hábitos saludables por medio de talleres
formativos, elaboración y difusión de artículos y
noticias, y fórmulas de interacción con la
naturaleza, beneficiosas para la salud.
Entre los resultados positivos del desarrollo del
proyecto figuran la colaboración activa de los
internos en estudios científicos, su contribución a
programas y acciones de repoblación de todo tipo de
especies, el incremento de la conciencia
medioambiental, su mayor implicación en las tareas
de cuidado del entorno y la modificación paulatina
de sus hábitos hacia un estilo de vida más
saludable. |
2/03/2006
|
La medida, que supondría una
inversión millonaria sólo 10 años después de la apertura
del centro, llega tras el caso de legionelosis detectado
el pasado enero en un recluso |
huelva.
El departamento de Instituciones Penitenciarias,
dependiente del Ministerio de Interior, baraja la
posiblidad de renovar todo el sistema de conducción
de agua de la macrocárcel onubense como medida
preventiva para evitar que se produzcan casos de
legionelosis, después de que el pasado enero se
detectara el contagio de un recluso del centro que
tuvo que ser ingresado en el Hospital Infanta Elena
de Huelva.
De momento, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, según fuentes del mismo
departamento, ha comenzado un estudio sobre las
características y la situación de la red de tuberías
de la prisión, que acoge a una población reclusa de
unas 1.600 personas en estos momentos, para
determinar las actuaciones que deberían llevarse a
cabo y cuando comenzarán las obras que se concreten.
La renovación de las conducciones de agua de la
macrocárcel supondría una inversión multimillonaria
a menos de 10 años de su inauguración (comenzó a
funcionar en agosto de 1996). En algún centro de
alta seguridad similar al de Huelva, como es el caso
de Zuera (Zaragoza) la directora general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya
ha anunciado una inversión de 1,8 millones de euros
para la sustitución del actual sistema de conducción
por uno nuevo, precisamente después de un brote de
legionelosis a comienzos de enero, que se cobró la
vida de uno de los 3 internos afectados.
En la planificación de la centro penitenciario de
Huelva, como el de Zuera (inaugurados antes de la
entrada en vigor de la nueva ley contra la legionela)
no se tuvieron en cuenta todas las medidas para
contrarrestar el problema de la legionela. Aparte
del material de las tuberías, el sistema no permite
a los internos regular la temperatura del agua en
las duchas, distribuidas en 14 módulos (más 3 de
servicios) y con un total de 1.008 celdas, de forma
que el agua sale del aljibe principal a 60 grados de
temperatura y llega a los módulos a distintas
temperaturas, en función de la distancia que les
separe del aljibe, a través de una única tubería.
Para corregir esta situación, la solución pasaría
por ampliar el número de aljibes, uno por cada
unidad (dos módulos), y realizar una nueva red de
tuberías, de forma que existan una para agua
caliente y otra para agua fría y que los propios
internos regulen la temperarura.
Cuando el pasado enero se confirmó el caso de
legionelosis en un recluso que cumple condena en el
centro onubense, se tomaron a tiempo todas las
medidas sanitarias. Instituciones Penitenciarias
reforzó, con carácter preventivo, los controles en
las instalaciones y conducciones de agua de en
macrocárcel para evitar que volviera a producirse un
nuevo caso de legionelosis. De hechos, las medidas
adoptadas han tenido efecto y hasta el momento no se
han declarado más casos en la población reclusa.
El departamento que dirige Gallizo activó entonces
el protocolo previsto para estos casos y notificó la
situación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que
revisó las intalaciones de la prisión onubense.
En sus revisiones, los técnicos encontraron un sólo
foco precisamente en la salida de agua de la celda
que ocupaba el recluso que fue contagiado, en el
módulo 8.
De forma inmediata tras la declaración de este caso,
la Administración sanitaria ordenó que se aplicara
el tratamiento previsto para la desinfección de las
tuberías , mediante hipercloración del agua.
Las últimas muestras de agua que el personal técnico
tomó tanto en el módulo en el que se produjo el
contagio como en otros puntos de la prisión onubense
indicaron que las instalaciones ya se encontraban
limpias. En los análisis que se realizaron en las
semanas siguientes a la detección del caso participó
una empresa especializada, para garantizar la
efectividad del tratamiento.
El tratamiento se aplicó a la totalidad de las
conducciones de agua de la cárcel y, desde entonces,
también se reforzaron los controles, reduciéndose la
periodicidad de los análisis para evitar que se
repita la situación en una prisión que está
masificada.
Ahora, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias tiene en sus manos el paquete de
medidas que, según los técnicos, deben ponerse en
marcha para minimizar los riesgos de casos o brotes
de legionela, que supondrían la renovación del
sistema.
Según los expertos, ciertos tipos de instalaciones y
aparatos, como son los acumuladores de agua
caliente, pueden convertirse en reservorios para la
proliferación y diseminación de la bacteria de la
legionela.
El interno al que se le detectó legionelosis
evolucionó de forma favorable y regresó poco después
a la prisión, después de recibir el alta
hospitalaria. Desde Instituciones Penitenciarias se
considera que este contagio es un caso aislado y sin
precedentes
|
2/02/2006
La
Audiencia Nacional aplicará de inmediato a los 184
presos etarras condenados con el Código Penal de
1973 la doctrina para el cálculo de los beneficios
penitenciarios que el Tribunal Supremo diseñó el
martes pasado en la sentencia del 'caso Parot',
según confirmaron ayer fuentes judiciales.
El objetivo del tribunal, que en los próximos días
transmitirá las órdenes correspondientes a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
es conseguir que ninguno de los 184 terroristas
salga antes de haber cumplido de forma efectiva la
totalidad de sus penas, con un límite máximo de
estancia en prisión 30 años.
La revisión de la forma de cumplimiento de estas
condenas tendrá como resultado que ningún etarra
histórico con penas múltiples por delitos graves
-condiciones que cumple buena parte de los 184
reclusos citados- saldrá de la cárcel antes de pasar
30 años en una celda, como le ocurrirá al propio
Henri Parot, ex jefe del 'comando itinerante' de ETA
y condenado a más de 4.500 años de prisión por más
de 150 asesinatos consumados o intentados.
Hasta ahora, estos terroristas condenados por
múltiples delitos cometidos antes de 1995 salían de
la cárcel, con su condena agotada, tras cumplir de
forma efectiva sólo entre 18 y 20 años de prisión,
debido a lo que el Supremo ha considerado una
errónea aplicación de las redenciones de penas
contempladas en el código de 1973, derogadas por la
ley penal de 1995. La revisión masiva y urgente de
condenas llegará a tiempo de impedir que salgan de
prisión quince históricos. |
2/02/2006
| La
directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, anunció hoy que el Gobierno
desarrollará un plan general de integración para presos
extranjeros con el fin de evitar que los centros
penitenciarios se conviertan 'en lugares de
desesperación o caldos de cultivo para la violencia'. |
Durante
una conferencia titulada 'La interculturalidad en
medios difíciles: las prisiones', celebrada en el
Ateneo de Madrid, Gallizo reconoció que ha aumentado
el número de extranjeros en los centros
penitenciarios, pero insistió en que no se debe
relacionar a los inmigrantes con la delincuencia, ya
que se trataría de una identificación 'falsa y
xenófoba'.
El plan de integración, adelantó Gallizo, buscará
reducir el aislamiento de los presos extranjeros
informándoles sobre sus derechos y las normas de los
centros, ofreciéndoles una formación integral y
facilitándoles aquellas prácticas religiosas que
respeten los valores exigidos en una democracia.
Sobre los presos extranjeros dijo que en su mayoría
han sido encarcelados por tráfico de drogas y robo y
que proceden sobre todo de Marruecos (unos 4.000),
seguido de Colombia (casi 2.000), Argelia, Rumanía y
Ecuador (que rondan el millar). |
02-03-06
| La
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirigirá una
instrucción a los directores de la prisiones para que
apliquen a todos los etarras que estaba previsto que
fueran excarcelados en 2006 el nuevo sistema de
redenciones de pena que ha acordado el Tribunal Supremo
(TS) en el caso del etarra Henri Parot. |
El
pasado 20 de febrero, el Supremo decidió que Parot
cumpliera íntegramente la pena máxima de 30 años de
cárcel que establece el Código Penal de 1973, al
acordar que las redenciones se le apliquen
sucesivamente sobre sus múltiples condenas
individuales y no sobre la pena acumulada de 30
años.
Ante esta resolución y tras
notificarse ayer la sentencia en la que el TS motiva
esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional tiene previsto reclamar ahora a las
prisiones que vuelvan a calcular las redenciones de
los presos por terrorismo a la luz de la nueva
doctrina del alto tribunal, informaron fuentes
jurídicas.
Cuando realicen estos nuevos
cálculos, según las fuentes, las direcciones de las
respectivas prisiones presentarán las nuevas
propuestas de liquidación de pena para estos presos
a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo
que se estima se producirá con rapidez, ya que las
prisiones disponen de un programa informático
especifico para estos cálculos que se harán
ordenando la condenas de mayor a menor gravedad .
El presidente de la Sala de lo
Penal, Javier Gómez Bermúdez, que será quien reciba
para su coordinación todas estas nuevas propuestas
de liquidación de condena de los terroristas que
iban a ser excarcelados este año, ha facilitado una
copia de la sentencia del Supremo a todos los
magistrados de la Sala de lo Penal y mañana tratará
con ellos este asunto en el Pleno que celebran todos
los jueves.
Este mes, el día 29, estaba
prevista una de estas excarcelaciones, la del etarra
José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, condenado, entre
otras causas, por el asesinato de un policía.
Ya en junio hubieran quedado en
libertad Domingo Troitiño Arranz, 'Txomin',
integrante del 'comando Barcelona' que atentó en
1987 contra el Hipercor, y Jose Antonio López Ruiz,
'Kubati', condenado, entre otros atentados, por el
asesinato de la etarra María Dolores Catarain 'Yoyes',
a quien la dirección de ETA ordenó matar tras
haberse acogido a medidas de reinserción.
Sin embargo, con el nuevo sistema
de aplicación de redenciones que ha establecido el
Supremo todas estas excarcelaciones no se producirán
hasta que los presos por terrorismo, tanto de ETA
como de otras organizaciones como los GRAPO, tengan
30 años de cumplimiento efectivo en prisión. |
2/02/2006
| El
portavoz del PNV en la Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados, Emilio Olabarría, ha presentado dos
preguntas al Gobierno en el Congreso, en las que
requiere explicaciones esclarecedoras sobre la muerte
del preso de ETA Igor Angulo, quien se suicidó el pasado
lunes en la cárcel de Cuenca |
En
concreto, Olabarría quiere que la directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
detalle las circunstancias en las que se produjo la
muerte.
Además, emplaza al Gobierno a
aclarar si 'se habían aplicado al recluso los
mecanismos indicados por el protocolo para la
prevención de suicidios' |
2/02/2006
| El acuerdo alcanzado
entre Ayuntamiento y Gobierno permitirá el
desmantelamiento de la prisión de Cruz de Humilladero
para la construcción de la nueva instalación en una
parcela de 11.000 metros cuadrados |
El
Nuevo Centro de Inserción Social para los reclusos
en régimen abierto, que suplirá a la antigua prisión
provincial de la barriada de Cruz de Humilladero de
Málaga, se construirá en el Polígono del Guadalhorce,
después del acuerdo alcanzado entre Instituciones
Penitenciarias y el Ayuntamiento.
El convenio entre ambas administraciones supone el
desmantelamiento de la antigua cárcel para la
construcción de la nueva instalación en una parcela
de 11.000 metros cuadrados en el Polígono del
Guadalhorce, según informó hoy el grupo municipal
socialista en un comunicado.
Las obras del nuevo centro comenzarán cuando se
firme el acuerdo, que ya se ha cerrado, y cuenta con
un presupuesto de seis millones de euros y un plazo
de ejecución de dos años, aunque en los Presupuestos
Generales del Estado de 2006 hay una partida de 1,76
millones de euros para esta actuación.
Respecto al uso de los terrenos de la antigua cárcel
provincial-en total, 15.000 metros cuadrados-, la
secretaria general del PSOE en Málaga, Marisa
Bustinduy, pidió que se destinen a equipamiento
social y cultural para Cruz de Humilladero, "porque
es un distrito con muchas necesidades de
infraestructuras, muy masificado y muy castigado".
La dirigente socialista criticó al alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, por no haber resuelto
el traslado de la vieja prisión "con anterioridad",
un hecho que justificó por "la indecisión del
alcalde a la hora de poner el terreno necesario para
construir el nuevo centro".
La nueva instalación albergará a los 200 reclusos en
régimen abierto que actualmente cumplen condena en
la antigua prisión de la capital. |
3/02/2006
PD
/ EFE).-
El proceso iniciado con Henri Parot no
termina en él. La sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional se ha reunido y ha respaldado sin ninguna
objeción jurídica el cambio de criterio que el
Tribunal Supremo ha adoptado al imponer al etarra
Henri Parot el cumplimiento efectivo de 30 años de
prisión, retrasando así su salida de prisión,
prevista para este año. Por ello, los
jueces de la Audiencia han acordado solicitar a
Instituciones Penitenciarias un listado completo de
los presos condenados por delitos de terrorismo con el
Código Penal de 1973 y cuya puesta en libertad está
prevista para este año para aplicar la nueva doctrina del
Supremo y retrasar así su puesta en libertad.
El Supremo decidió esta semana acumular en una sola pena de
30 años las 26 condenas de prisión que la Audiencia
Nacional impuso al etarra Henri Parot
por delitos cometidos entre 1978 y 1990 y que suman
4.799 años de cárcel. Sin embargo, estableció que las
redenciones y beneficios penitenciarios se apliquen pena por
pena, es decir, sobre cada una de las 26 condenas que tiene,
por separado, y no sobre el límite de 30 años de cumplimiento
máximo de prisión, como se hacía hasta ahora. Esta nueva
doctrina es aplicable a todos los condenados por el
Código de 1973.
Delitos que suman miles de años
Ahora, la Audiencia Nacional quiere que se
revisen los casos de todos aquellos etarras que fueron
condenados por dicho código y, más concretamente, aquellos
cuya excarcelación estaba prevista para este año, un total de
13 terroristas. Así, ha solicitado a Instituciones
Penitenciarias que, en cumplimiento de la
jurisprudencia del Supremo, vuelva a calcular las fechas de la
puesta en libertad de los terroristas que se encuentran en
prisión.
Una vez que las cárceles realicen los informes se los
enviarán al presidente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia , Javier Gómez Bermúdez, y los nuevos
cálculos podrán ser utilizados para otros efectos. En caso de
que el tribunal no pueda, en un caso determinado, tratar sobre
la excarcelación inminente de un preso con acumulación de
condena, la Sala instará a las prisiones a que no se produzca
su puesta en libertad hasta que haya cumplido 30 años de
cumplimiento efectivo de sus penas.
Además, cualquier delincuente condenado a más de 45 años o
bien que tenga más de tres condenas que pasen de esa cifra, se
verá afectado por la nueva doctrina sobre redenciones. Los
jueces estudian ya una lista de alrededor de 230 presos en la
que, además de terroristas, se incluye a narcotraficantes,
asesinos en serie y delincuentes económicos. Fuentes
penitenciarias aseguran que actualmente cumplen pena de cárcel
en aplicación del Código Penal de 1973 2339
personas, 2.208 hombres y 131 mujeres.
Trece condenados por delitos de terrorismo tenían previsto
obtener la libertad este año. Pero no será así. El primer
etarra que se verá afectado por esta nueva doctrina
jurisprudencial será José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta,
cuya excarcelación estaba prevista para el próximo 29 de marzo
y que ahora saldrá de prisión el 21 de marzo de 2018.
Bidaurreta, antiguo miembro del comando Araba,
fue detenido en 1988 y condenado a 37 años de prisión, entre
otros delitos, por el asesinato de un policía.
Henri Parrot, el precedente
La nueva política de redenciones penitenciarias afectará
también a otros etarras como Domingo Troitiño Arranz,
cuya excarcelación estaba prevista para el 5 de mayo de 2006,
y que no saldrá hasta 2017, después de cumplir 30 años de los
194 a que fue condenado por más de 900 delitos de sangre,
entre ellos, el atentado de Hipercor en
Barcelona en el que murieron 21 personas.
También deberá esperar hasta 2017 para estar en libertad el
etarra José Antonio López Ruiz Kubati,
asesino de la ex dirigente de ETA Dolores González
Catarain Yoyes y antiguo miembro del comando
Goyerri Costa, quien inicialmente iba a salir de la
cárcel en el próximo mes de julio tras cumplir sólo 19 años de
los 1.210 a que fue condenado.
Entre los 13 etarras que iban a salir este año de la
cárcel, condenados por el Código Penal
preconstitucional de 1973 y cuya excarcelación será retrasada,
también se encuentra Juan Francisco Gómez López,
quien tendrá que cumplir su pena hasta 2019 y no sólo hasta el
próximo mes de junio. Otros terroristas que también se verán
afectados son José Cándido Zubicaray y
Juan Aguirre Aguiriano, ambos condenados a 70
años y no estarán en libertad hasta 2011, en vez de estarlo en
el próximo mes de octubre. |
3/02/2006
PD
/ Agencias).-
Quien nace para martillo, del cielo le
llueven los clavos. Eleuterio Sánchez Rodríguez, más
conocido como `El Lute´ ha tenido que comparecer
ante la Audiencia Provincial de Huelva para
testificar por una denuncia interpuesta por su
esposa. Decir `Lute´ es
recordar, de un plumazo, una parte de la mitología de nuestro
país. Y es que tiene un largo historial delictivo a sus
espaldas. Tal y como
lo cuenta El Mundo:
"Un
mito en toda España. Robos de gallinas, atracos a joyerías,
condenas a muerte, dos espectaculares fugas de la cárcel y
97 causas que le suponían una pena de más de un millar de
años, que se desvaneció en 1981 con un indulto general a
todos los efectos. Eternamente perseguido por la Guardia
Civil y por la Justicia, precisamente ayer se las tuvo que
ver de nuevo con ambas en Huelva".
Eleuterio Sánchez negó cada una de las
palabras de su mujer, pero pasó toda la noche arrestado hasta
ayer por la mañana, cuando fue puesto a disposición judicial.
Ahora ha sido denunciado por su esposa por maltrato. Según
ha trascendido, la víctima se trasladó a un pueblo de
Sevilla para comer con unos amigos, pero
Eleuterio le siguió. Acto seguido, comenzaron a
discutir. Cuando la Guadia Civil se acercó, la esposa de
El Lute lo denunció por amenazas y lesiones,
y pidió "como medida de seguridad" que le impusieran
a su marido "una orden de alejamiento". |
3-02-06
El
preso portador del virus del sida que el pasado
viernes mordió a un funcionario de la cárcel de
Valencia escupió el pasado miércoles a una enfermera
del Hospital General que le estaba atendiendo en el
servicio de urgencias.
Según ha explicado la propia afectada, este interno
llegó al centro hospitalario a las 17,50 horas para
ser atendido en el servicio de psiquiatría. Cuando
ella procedió a sacarle sangre y cogerle una vía, el
recluso le escupió en la cara, lo que al margen de
la agresión en sí misma representa un peligro para
la mujer al ser portador del virus del sida. La
situación llegó a tal extremo que para terminar su
trabajo la Guardia Civil tuvo que taparle la cara al
agresor.
El funcionario que recibió el mordisco en la prisión
está siendo tratado con antirretrovirales para
evitar el contagio de la enfermedad y en el caso de
la enfermera se estudiaba la situación para
garantizar que no corre riesgos.
En cualquier caso, la mujer ha querido denunciar el
peligro que supone para los sanitarios del Hospital
General tratar constantemente con presos. |
3/02/2006
La doctrina del
Supremo para que 211 etarras estén más en prisión
perjudica a 800 reos comunes. La medida preocupa a
responsables de los centros penitenciarios porque
ocasiona más saturación
|
Un
polvorín. Las cárceles españolas se enfrentan a un
incremento de su población carcelaria de unos 1.000
reos, cifra que no incluye a Cataluña, que tiene
traspasada la competencia. Un millar es el número
aproximado de presos a los que afectará la nueva
doctrina del Tribunal Supremo para impedir que
reclusos de ETA condenados a decenas o incluso miles
de años salgan habiendo cumplido apenas 20. La
medida del alto tribunal tendrá consecuencias
también para muchos otros presos comunes.
El alto tribunal decidió que todos aquellos internos que
fueron condenados por varios delitos a más de 30 años por el
Código Penal de 1973 tendrán que cumplir en la mayor parte de
los casos esos 30 años, mientras que hasta ahora, mediante
redenciones por buen comportamiento u otras, lograban salir
transcurridos 18 o 20 años.
Fuentes penitenciarias han informado de que van a revisar
la situación de cerca de un millar de presos que fueron
condenados por el Código Penal de 1973 y que fueron
sentenciados a varias penas que superan los 30 años. Esas
fuentes han explicado que casi 800 de esos reos son
delincuentes comunes y, curiosamente, sólo 211 son etarras.
LOS DELITOS Entre esos presos comunes se incluyen desde los
condenados por atracos a los asesinos en serie y los
violadores múltiples. Pero el grueso son personas que
perpetraron delitos contra la propiedad, y que fueron
condenados a elevadas penas. Ese es el caso de J. M. E. P, que
fue castigado con 77 años de prisión por atracar varios bancos
y que ha cumplido 20 de reclusión. Con la decisión del
Supremo, deberá cumplir otros 10.
Esta situación ha provocado una honda preocupación en
fuentes penitenciarias, que señalan que ese incremento es
equiparable al número de internos que puede albergar un centro
penitenciario. En los próximos años, el Gobierno central tiene
previsto construir 15 cárceles con una capacidad, cada una, de
1.008 celdas.
El objetivo de Instituciones Penitenciarias era que en el
2012 cada preso tuviera su propia celda. La nueva situación
"retrasa bastante ese ideal", según fuentes penitenciarias. En
la actualidad, un módulo de 100 celdas aloja a 130 reclusos.
Pero esa situación va a empeorar ahora con la aplicación de
la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Cuando empezó a
aplicarse el actual Código Penal, que data de 1995, se
permitía a los presos elegir la norma que más les favorecía y
mayoritariamente escogieron el texto de 1973. "Pero ahora no
tienen opción", dicen esas fuentes.
El alto tribunal ha establecido que los beneficios
penitenciarios que permitía el Código de 1973 se deben
descontar sucesivamente de las distintas condenas, lo que
acaba perjudicándoles.
Fuentes penitenciarias han explicado que los internos
afectados se enfrentan a esta nueva situación con una "gran
angustia y ansiedad". La medida ha afectado sobre todo a los
que estaban a punto de salir y que procuraban tener buen
comportamiento para evitar problemas.
La Administración busca salidas a esta situación. En
principio, el recurso que le queda es otorgar el tercer grado
(que implica ir a la cárcel sólo a dormir), aunque esa
decisión es recurrible ante los jueces. Por ello, fuentes
judiciales confían en que alguno de los afectados recurra en
amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ese tribunal podría volver a imponer el criterio anterior,
que no había sido discutido hasta que se planteó la
excarcelación del etarra Henri Parot, que iba a ser liberado
tras haber pasado más de 20 años en prisión, aunque fue
condenado a casi 5.000 años de cárcel por 85 asesinatos.
Con la nueva doctrina sobre redenciones de pena se ha
evitado la salida de 16 etarras prevista para este año. La
Audiencia Nacional ha excarcelado ya a 19 personas durante el
2006. Dos de los reclusos habrían cumplido los 30 años de
prisión en el 2019, otros dos en el 2014 y el resto en los
próximos tres años.
FRENO Las excarcelaciones previstas de presos de ETA ha
quedado frenadas en seco. La medida afecta a etarras con
condenas milenarias , como Domingo Troitiño, Txomin
, autor del atentado contra Hipercor, que iba a salir el
20 de mayo, pero que estará preso hasta el 2017. Ese año
recuperará la libertad José Antonio López Ruiz, Kubati,
el asesino de la etarra reinsertada María Dolores González
Kataraín, Yoyes, que iba a dejar la cárcel en julio.
Otros 14 presos cumplirán sus previsiones y abandonarán la
cárcel este año al haber liquidado sus condenas. |
3/02/2006
| La Audiencia Nacional
pide a Instituciones Penitenciarias que vuelva a
calcular las redenciones de los reincidentes condenados
con el Código Penal de 1973 |
MADRID.
José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, condenado a más
de 100 años de cárcel y cuya excarcelación estaba
prevista para el 29 de marzo, será el primer etarra
al que se le aplique la sentencia del Tribunal
Supremo relativa a la acumulación de penas del
sanguinario Henri Parot.
La doctrina del alto tribunal, que obliga a aplicar
los beneficios penitenciarios previstos en el Código
Penal de 1973 sobre cada una de las condenas
impuestas, se traducirá en que Gaztañaga no
abandonará la prisión hasta 2018, doce años después
de lo previsto. Esta liquidación de condena es fruto
del nuevo recuento de los 16 años de redenciones de
los que se ha beneficiado este etarra, una cifra
similar a la de otros terroristas condenados con la
anterior legislación. Al igual que Gaztañaga, otros
doce (entre ellos Domingo Troitiño y «Kubati»)
tenían previsto abandonar la cárcel en los próximos
meses y ya no lo van a hacer.
Cumplimiento sucesivo
Fuentes jurídicas señalaron que la Audiencia
Nacional ha pedido a Instituciones Penitenciarias
que vuelva a calcular las redenciones de los
reincidentes condenados con el Código Penal de 1973,
pues la aplicación de la sentencia del Supremo,
«meridianamente clara», dicen, varía el cálculo
inicialmente realizado y, por tanto, las fechas de
los licenciamientos definitivos de las condenas de
estos presos, que tendrán que cumplirlas de forma
sucesiva, una después de otra.
Así, los 30 años se configuran no como una nueva
pena, sino como un límite máximo de cumplimiento.
Las redenciones se aplicarán sobre cada una de esas
condenas empezando por la más grave, de forma que
cuando el preso termine de cumplir la primera (sobre
la que se habrán descontado los beneficios
penitenciarios correspondientes) , se empezará con
la segunda y así sucesivamente. Las mismas fuentes
apuntan que la sentencia del alto tribunal no afecta
a las situaciones de libertad condicional, pues
aunque el preso sigue vinculado a la Justicia, esta
medida se acuerda en sentencia firme y no es
revisable.
|
3/02/2006
BARCELONA.
Un interno de la prisión Modelo de Barcelona fue
sorprendido ayer por la mañana con varias drogas que
presuntamente le había entregado un sacerdote
adscrito al centro penitenciario, camufladas en un
estuche de discos compactos.
Según informó el Departamento de Justicia en un
comunicado, el recluso declaró que la droga se la
había dado el religioso, mientras que éste admitió
que había entregado al interno un estuche con discos
compactos, pero que desconocía que en el interior
del mismo había sustancias estupefacientes.
La Secretaría de Servicios Penitenciarios ordenó
abrir un expediente informativo para averiguar la
manera en que se introdujo la droga en la prisión,
y, de momento, ha prohibido de forma inmediata la
entrada del sacerdote implicado en la cárcel Modelo.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, en
cualquier caso la entrada del estuche con discos
compactos se llevó a cabo vulnerando la normativa
que regula la introducción de objetos en los centros
penitenciarios.
La dirección de la cárcel Modelo de Barcelona ha
puesto en conocimiento del juzgado de guardia y de
la Policía la incautación de la droga, que está
siendo analizada para determinar con exactitud su
composición |
3/02/2005
El
preso de ETA Ricardo Sainz Olmos, de 41 años,
falleció esta mañana en el centro penitenciario
Madrid VI, en Aranjuez, a consecuencia de un
infarto, según informaron a Europa Press fuentes
penitenciarias. Sainz Olmos estaba en situación de
preventivo desde que la Ertzaintza lo detuvo, junto
a su novia Ana López Barrio, en su localidad natal,
Portugalete, en septiembre de 2003 por esconder en
su domicilio a un miembro del 'comando Vizcaya' de
ETA. Sainz Olmos compartía celda con otro
recluso de la organización terrorista al que avisó de que se
encontraba mal. Su compañero alertó a los funcionarios que lo
trasladaron a la enfermería, donde el equipo médico de la
prisión comprobó que sufría una parada cardiorrespiratira, por
lo que iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación.
También fue avisado el servicio de urgencias de la
Comunidad de Madrid, SUMMA. Una unidad móvil de este servicio
se trasladó a Madrid VI intentando reanimar también al preso
sin éxito, por lo que a las 10:50 horas se certificó su
muerte. El equipo médico de la prisión está compuesto por tres
médicos, cuatro asistentes técnicos sanitarios y dos
auxiliares, todos ellos presentes en las maniobras de
reanimación de Sainz Olmos.
El recluso había sido traladado a la consulta de
Cardiología del hospital madrileño Gregorio Marañón el pasado
12 de febrero, después de que hubiese comunicado al médico de
la prisión que sufría dolores en el pecho. El hospital ordenó
la práctica de un electrocardiograma que, según las fuentes
consultadas, no permitió detectar ninguna anormalidad.
|
3/03/2006
|
Con el 99% de las posibilidades.
|
Campos del Río se perfila como el municipio elegido por
Prisiones para albergar la segunda cárcel de la Región. Así
lo ha apuntado el delegado del Gobierno, Angel Gonzalez, en
la toma de posesión de los 27 nuevos agentes que se han
incorporado hoy a la plantilla de la Policía Nacional en
Murcia, Cartagena y Lorca.
Según el delegado del Gobierno, este emplazamiento se
perfila como el sitio idóneo según los estudios técnicos
|
3/03/2006
| Son José Ignacio
Gaztañaga Bidaurreta, que quedaría libre a fines de este
mes, y Domingo Troitiño Arranz,
'Txomin', que saldría en mayo |
La
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha
dirigido a Instituciones Penitenciarias para que
paralice las excarcelaciones de dos etarras cuya
salida de prisión era inminente y les aplique el
nuevo sistema de redenciones de pena que ha acordado
el Tribunal Supremo (TS) en el caso de Henri Parot.
Según fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha
pedido a Prisiones que vuelva a calcular las
redenciones de los presos etarras José Ignacio
Gaztañaga Bidaurreta, quien hubiera quedado en
libertad a finales de este mes y Domingo Troitiño
Arranz, Txomin, cuya excarcelación estaba prevista
para mayo. Gaztañaga fue condenado a 37 años por el
asesinato de un policía y a otros 68 años por la
colocación de un coche-bomba en Vitoria, entre otras
causas, mientras que Troitiño es uno de los
integrantes del "comando Barcelona" que atentó en
1987 contra el Hipercor.
La modificación en el sistema de redenciones se
produjo el pasado mes cuando el Supremo decidió que
Parot cumpliera íntegramente la pena máxima de 30
años de cárcel que establece el Código Penal de
1973, al acordar que las redenciones se le apliquen
sucesivamente sobre sus múltiples condenas
individuales y no sobre la pena acumulada de 30
años. Este nuevo sistema de redención de penas
afecta a cualquier delincuente en serie que haya
sido condenado con el Código Penal de 1973 y que
acumule tres o más condenas cuya suma aritmética sea
mayor que la pena más grave.
En la actualidad existen 230 personas condenadas por
la Audiencia Nacional con el Código Penal de 1973
por diversos delitos, de los que unos 180 son
etarras, y de éstos, estaba previsto que quince
quedaran en libertad en 2006. |
4/2/06
|
El Centro Penitenciario de Brieva
acoge actualmente a 253 internas, de las cuales 161 –el
63,64%- son extranjeras, según los datos ofrecidos por
el sindicato de prisiones Acaip.
|
La
prisión abulense es la tercera de España con mayor
porcentaje de población reclusa extranjera, sólo por
detrás de la cárcel palentina de La Moraleja-Dueñas,
con un 77,4% de internos extranjeros, y el centro
penitenciario de Monterroso, en Lugo, con un 65,7%
de población reclusa extranjera.
Según Acaip, la población reclusa extranjera
ha pasado de representar el 17,87% del total al
30,49 %, registrándose en los últimos cinco años un
incremento de presos extranjeros del 135,6% en el
conjunto del sistema penitenciario.
Así, afirman que ocho de cada diez nuevos reclusos
son extranjeros, mientras que uno de cada tres
presos que actualmente cumplen condena en las
cárceles españolas proceden de otros países. |
4/03/2006
EN CINCO AÑOS LA POBLACIÓN
RECLUSA EN CÁRCELES VALENCIANAS SE SITÚA POR ENCIMA DE
LA MEDIA NACIONAL
|
| Los
presos extranjeros aumentaron en la
Comunidad Valenciana un 226,9 por ciento
entre 2000 y 2005, por encima de la media nacional
que se sitúa en el 135 por ciento, según
informaron fuentes del sindicato de prisiones
Acaip, quienes señalaron que, según sus datos,
del total de presos en las cárceles valencianas un 24,83
por ciento son extranjeros. En el periodo
2000-2005 los extranjeros reclusos en las cárceles
españolas pasaron de 7.900 a 18.616, de manera
que en todo el país se registró un aumento de este tipo de
presos del 135 por ciento, indicaron las mismas fuentes.
|
|
5/03/2006
El ministerio ordena
aumentar los controles por la combinación
de presos vinculados con el crimen organizado y los
islamistas |
El
Ministerio del Interior ha instado a reforzar la
seguridad en las cárceles de la provincia ante el
incremento de reclusos peligrosos que se ha
registrado en los últimos años, según ha reconocido
el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo
popular del Congreso de los Diputados. A los presos
vinculados con el crimen organizado hay que añadir
ahora a los terroristas islamistas, lo que ha
obligado a estudiar medidas de todo tipo para evitar
situaciones de riesgo. Desde un aumento de los
cacheos y los controles, pasando por una mejora de
los detectores de la prisión, e incluso la
elaboración de nuevos criterios para el reparto de
reclusos en las prisiones, y la potenciación de los
efectivos encargados del traslado de reclusos a los
centros hospitalarios.
A lo largo de los dos últimos años, se ha venido
denunciando un incremento de las situaciones de
riesgo dentro de las dos prisiones de la provincia,
Fontcalent y Villena. En la cárcel de Fontcalent, la
Fiscalía detectó después del pasado verano un
aumento de los presos preventivos debido al
incremento de los delitos violentos, que pasaron de
325 a 485 en tres meses. Otro hecho de relevancia
fue la reyerta registrada entre un grupo de internos
rusos con otros de nacionalidad magrebí. Interior ha
atribuido este incidente a un problema derivado de
la convivencia entre ambos colectivos. Asimismo, a
lo largo del último año hasta cinco terroristas
islamistas han sido trasladados al módulo de máxima
seguridad del penal alicantino. Estas cifras suponen
que en este penal el número de islamistas
prácticamente igualan al de activistas de la
organización terrorista ETA. Por su parte, la
prisión de Villena ha estado encabezando las
estadísticas de hechos violentos. La tercera con
mayor número de incidentes, y la primera con mayor
número de armas punzantes intervenidas por los
funcionarios a los reclusos. A esto hay que añadir
que la población reclusa se incrementó en un 3,4% en
toda España hasta agosto de 2005. El sindicato
mayoritario de funcionarios de prisiones, Acaip,
ya alertó recientemente del crecimiento de un 47
por ciento de la población reclusa de la Comunidad
Valenciana durante los últimos cinco años. Este
sindicato también alertó ayer, a través de un
comunicado, que los presos extranjeros aumentaron en
la Comunidad un 226,9% entre 2000 y 2005, por encima
de la media nacional que se sitúa en el 135 por
ciento. Acaip, señala que, según sus datos,
del total de presos en las cárceles valencianas un
24,83% son extranjeros.Para este sindicato es
precisamente el incremento de la población reclusa,
el que justifica el incremento de los incidentes
violentos dentro de las prisiones. Si a esto se
añade, el carácter paramilitar que ofrecen algunos
de los reclusos por las nuevas generaciones de
delincuentes, se obtiene unos índices de muy alto
riesgo. En la citada respuesta parlamentaria, el
Gobierno señala que ha ordenado potenciar las
medidas de control y seguridad en torno a los grupos
vinculados al terrorismo islámico y al crimen
organizado. Entre esas medidas se incluyen la
observación, los registros, los cacheos, las
requisas y los controles internos por parte de los
funcionarios. Asimismo, el centro penitenciario de
Villena cuenta con un proyecto para la mejora de la
seguridad pasiva, así como la sustitución y el
refuerzo de los sistemas de seguridad electrónica.
Este plan se aplicó en otras diez prisiones de
España, incluyendo la de Villena. El Gobierno
reconoce el alto índice de objetos punzantes
intervenidos a la población reclusa en dicho centro,
aunque indica que las citadas armas fueron de
fabricación casera por los propios internos. |
5/03/2006
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Según ACAIP la población reclusa en el país ha
aumentando un 40% desde el año 2000
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Aunque el incremento en el número de presos en el Centro
Penitenciario melillense ha sido tan sólo de siete
personas en el último año, hasta llegar a la cifra de
323, el hecho de que la institución carcelaria local
sólo disponga de 146 celdas provoca que la tasa de
hacinamiento supere con creces el 200%, así lo denuncia
el sindicato Acaip en base a un estudio realizado
sobre las prisiones en el país. Instituciones
Penitenciarias no se ha pronunciado por el momento sobre
sus previsiones con respecto a Melilla.
Entre el 1 de enero del 2000 y el 17 de febrero de 2006,
la población reclusa española ha aumentando en 17.525
personas, hasta llegar a las 61.722, lo que representa
un incremento porcentual del 40%, según lo denuncia el
sindicato Acaip, que reitera que el sistema
penitenciario en España se encuentra saturado.
Entre los datos que aporta el sindicato se encuentran
los de Melilla, que entre los años 2000 al 2005, ha
visto incrementarse en siete el número de presos,
pasando de 316 a 323, y finalmente a 318 en lo que va de
año. Pero Melilla, al disponer sólo de 146 celdas, se
encuentra entre las primeras ciudades con mayor tasa de
hacinamiento, que supera el 200%. Ceuta encabeza el
ranking, puesto que cuenta con 80 celdas para 236
internos, lo que eleva su tasa de hacinamiento al 295%.
En cuanto al perfil del recluso en España, el 92% es
hombre. El 77% de la población reclusa está condenada a
penas de prisión y el 58% son reincidentes. El 61% tiene
edades comprendidas entre los 31 y los 60 años. Con
relación a la tipología delictiva, el 47,36% cumplen
penas por delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico. El 27% por atentados a la salud pública,
el 5% por atentados contra la libertad sexual, el 4% por
homicidios, y el 1% por casos de violencia doméstica.
Extranjeros
La población reclusa extranjera representa el 30,49% del
total de internos en España y se apunta que su cifra ha
aumentado un 135% en los cinco últimos años. Su número
es de 18.616. Por nacionalidades, los más numerosos a
nivel nacional son los procedentes de Marruecos (30,4%),
seguidos de colombianos, argelinos y rumanos. En
relación a la tipología delictiva, los marroquíes
cumplen condena por atentar contra los derechos de los
extranjeros, por robos violentos, por tráfico de hachís
y por delitos de agresión sexual. Especialmente
violentos son los internos argelinos, según el informe
de Acaip. Los colombianos están en prisión por tráfico
de cocaína y delitos contra el patrimonio, y los rumanos
por robos violentos en domicilios, por tráfico de
mujeres para la prostitución y por la falsificación de
tarjetas de crédito.
Por comunidades, Galicia con un 494% y Baleares con un
330% son las que han experimentado el mayor incremento
en el número de reclusos extranjeros. En Melilla, por el
contrario, se ha producido un descenso casi del 24 por
ciento en los últimos cinco años, pasando de 226 en el
año 2000 a 172 en 2005. El total de extranjeros en el
centro penitenciario de Melilla (172) supone por tanto
el 53% de la población reclusa en la ciudad (323).
Acaip considera que Instituciones Penitenciarias
no ataja estos problemas, en especial el hacinamiento y
el incremento de extranjeros con políticas activas. El
sindicato es partidario tanto de aumentar el número
celdas como de "abordar el problema de la población
reclusa extranjera ilegal y delictiva mediante la
expulsión" del territorio nacional, en aplicación de la
Ley de Extranjería.
Melilla Hoy está a la espera de conocer la versión de
Instituciones Penitenciarias, tal como se comprometió su
departamento de prensa, sobre estos aspectos y asuntos
que denuncia el sindicato Acaip y que afectan al
centro melillense.
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5/03/2006
| La población presa no
española crece un 226,9% en la Comunidad |
La
población reclusa de origen extra njero
que cumple condena en los centros penitenciarios
valencianos ha crecido un 226,9%, según indicó ayer
el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip. Ese
crecimiento se ha registrado entre los años 2000 y
2005. El número de reclusos foráneos en España
alcanza los 18.616.
Los presos extranjeros aumentaron en la Comunidad
Valenciana un 226,9 por ciento entre 2000 y 2005, por
encima de la media nacional, que se sitúa en el 135
por ciento, según informaron fuentes del sindicato de
prisiones Acaip, quienes señalaron que, según sus
datos, del total de presos en las cárceles valencianas
un 24,83 por ciento son extranjeros.
En el periodo 2000-2005 los extranjeros reclusos en
las cárceles españolas pasaron de 7.900 a 18.616, de
manera que en todo el país se registró un aumento de
este tipo de presos del 135 por ciento, indicaron las
mismas fuentes.
Galicia lideró ese aumento, con un 494 por ciento, y
por detrás se sitúan Baleares (330,4 por ciento);
Aragón (292,2 por ciento); Murcia (275,4 por ciento);
Valencia (226,9 por ciento); Extremadura (216,9 por
ciento); Navarra (188,2 por ciento); Castilla-La
Mancha (164,4 por ciento); Andalucía (138,6 por
ciento); y Cataluña (138,5 por ciento).
Asimismo, por debajo de la media nacional se
encuentran Castilla León (125,4 por ciento); La Rioja
(121 por ciento); Madrid (93,4 por ciento); Asturias
(76,8 por ciento); Canarias (61,7 por ciento); País
Vasco (47,9 por ciento); y Cantabria (7,5 por ciento).
Por su parte, en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla se experimentó un descenso de reclusos
extranjeros del 20,2 por ciento y el 23,9 por ciento,
respectivamente.
Porcentaje de extranjeros
Por otra parte, los datos de Acaip indican que
de los 61.054 reclusos que hay en prisiones españolas,
18.616 son extranjeros, lo que supone el 30,5 por
ciento del total. En este caso, por encima de la media
se sitúan Castilla León (55,45 por ciento); Melilla
(53,25 por ciento); Madrid (39,58 por ciento); Ceuta
(38,56 por ciento); Aragón (35,18%); Cataluña (34,22
por ciento); Murcia (31,94 por ciento); Galicia (31,49
por ciento); Baleares (30,61 por ciento)
De igual forma, por debajo de la media nacional se
encuentran País Vasco (27,34 por ciento); Comunidad
Valenciana (24,83 por ciento); La Rioja (23,2 por
ciento); Navarra (22,68 por ciento); Extremadura
(21,54 por ciento); Canarias (21,54 por ciento);
Andalucía (17,43 por ciento); Cantabria (11,46 por
ciento); y Asturias (10,74 por ciento).
En cuanto a las prisiones que concentran un mayor
número de extranjeros, a la cabeza en términos
absolutos y relativos se encuentra la de La
Moraleja-Dueñas, en Palencia, con 1.266 de 1.634, es
decir, un 77,48 por ciento de presos extranjeros,
según los datos de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).
Por detrás, en términos relativos, se sitúa la de
Monterroso (Lugo), con 284 extranjeros de 432 presos
en total, lo que supone un 65,74 por ciento. Le siguen
la de vila (63,64 por ciento); Topas (Salamanca)
(61,6%); Madrid III (57,64 por ciento); y Madrid V
(55,46 por ciento).
Por otro lado, los datos –que no incluyen en este caso
a Cataluña– señalan que los reclusos extranjeros más
numerosos son los procedentes de Marruecos, con un
total de 3.961 (25,11 por ciento), seguidos de los
colombianos (11,47 por ciento); argelinos (6,95 por
ciento); rumanos (6,74 por ciento); y ecuatorianos (3
por ciento).
Ley de Extranjería
Ante la situación de masificación que implica para las
prisiones españolas el incremento de presos
extranjeros, Acaip afirma que “el instrumento
más importante que tiene la Administración
penitenciaria y la sociedad para abordar el problema
de la población extranjera ilegal y delictiva es la
expulsión”.
Al respecto, recuerdan que tanto el Código Penal como
la Ley de Extranjería y su normativa de desarrollo
prevén la expulsión y el cumplimiento de las penas en
los países de origen de los reos cuando hayan sido
condenados por delitos con pena superior a un año.
Además, el sindicato de prisiones subraya que la Ley
de Extranjería establece la obligatoriedad de
presentar certificados de antecedentes penales para
conceder permisos de trabajo y residencia, por lo que
los extranjeros condenados, una vez cumplan su pena,
“están condenados a la marginalidad”, en la medida en
que no pueden obtener esos permisos.
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5/03/2006
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Las cárceles gallegas registraron entre los años 2000
y 2005 un incremento del 495 por ciento en el número de
presos extranjeros, lo que convierte a Galicia en la
comunidad con la mayor tasa de crecimiento de España,
cuya media se sitúa en un 135 por ciento, según informó
ayer el sindicato Acaip |
En
general, los reclusos extranjeros (1.308 personas)
representan el 31 por ciento del total de población
reclusa de Galicia conformada por 4.154
individuos, un punto por encima de la media
nacional.
El informe de Acaip destaca que el centro
penitenciario de Monterroso, en la provincia de
Lugo, es el segundo con mayor porcentaje de reclusos
extranjeros de todo el Estado, con un 65 por ciento
que sólo supera una prisión de Palencia.
A pesar del incremento continuo registrado en los
últimos cinco años, en 2005 la cifra de presos
internacionales descendió en la comunidad un 20 por
ciento, pasando de los 1.600 internos registrados en
2004 a los 1.308 actuales.
A nivel nacional, el informe del sindicato apunta
una tendencia general al crecimiento de la población
extranjera sobre el total de reclusos, ya que pasó
del 18 por ciento al 30 por ciento.
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5/03/2006
Los reclusos de otras
nacionalidades representan el 24,8% del total
|
Los
presos extranjeros aumentaron en la Comunidad
Valenciana un 226,9% entre 2000 y 2005, por encima
de la media nacional que se sitúa en el 135%, según
informaron fuentes del sindicato de prisiones
Acaip, quienes señalaron que, según sus datos,
del total de presos en las cárceles valencianas un
24,83% son extranjeros.
En el periodo 2000-2005 los extranjeros reclusos en
las cárceles españolas pasaron de 7.900 a 18.616, de
manera que en todo el país se registró un aumento de
este tipo de presos del 135 por ciento, indicaron
las mismas fuentes.
Galicia lideró ese aumento, con un 494%, y por
detrás se sitúan Baleares (330,4%); Aragón (292,2%);
Murcia (275,4%); Valencia (226,9%); Extremadura
(216,9%); Navarra (188,2%); Castilla-La Mancha
(164,4%); Andalucía (138,6%); y Cataluña (138,5%).
Asimismo, por debajo de la media nacional se
encuentran Castilla León (125,4%); La Rioja (121%);
Madrid (93,4%); Asturias (76,8%); Canarias (61,7%);
País Vasco (47,9%); y Cantabria (7,5%). Por su
parte, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
se experimentó un descenso de reclusos extranjeros
del 20,2%y el 23,9%, respectivamente.
Por otra parte, los datos de Acaip indican
que de los 61.054 reclusos que hay en prisiones
españolas, 18.616 son extranjeros, lo que supone el
30,5% del total. En este caso, por encima de la
media se sitúan Castilla León (55,45%); Melilla
(53,25%); Madrid (39,58%); Ceuta (38,56%); Aragón
(35,18%); Cataluña (34,22%); Murcia (31,94%);
Galicia (31,49%); Baleares (30,61%)
De igual forma, por debajo de la media nacional se
encuentran País Vasco (27,34%); Comunidad Valenciana
(24,8%); La Rioja (23,2%); Navarra (22,68%);
Extremadura (21,54%); Canarias (21,54%); Andalucía
(17,43%); Cantabria (11,46%); y Asturias (10,74%). |
5/03/2006
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Los presos extranjeros
aumentaron en la Comunidad Valenciana un 226,9
por ciento entre 2000 y 2005, por encima de la
media nacional que se sitúa en el 135
por ciento, según informaron fuentes del sindicato de
prisiones Acaip, quienes señalaron que,
según sus datos, del total de presos en las cárceles
valencianas un 24,83 por ciento son extranjeros. En el
periodo 2000-2005 los extranjeros reclusos en
las cárceles españolas pasaron de 7.900 a 18.616,
de manera que en todo el país se registró un aumento de
este tipo de presos del 135 por ciento, indicaron las
mismas fuentes. |
Galicia
lideró ese aumento, con un 494 por ciento, y por
detrás se sitúan Baleares (330,4 por ciento); Aragón
(292,2 por ciento); Murcia (275,4 por ciento);
Valencia (226,9 por ciento); Extremadura (216,9 por
ciento); Navarra (188,2 por ciento); Castilla-La
Mancha (164,4 por ciento); Andalucía (138,6 por
ciento); y Cataluña (138,5 por ciento).
Asimismo, por debajo de la media nacional se
encuentran Castilla León (125,4 por ciento); La
Rioja (121 por ciento); Madrid (93,4 por ciento);
Asturias (76,8 por ciento); Canarias (61,7 por
ciento); País Vasco (47,9 por ciento); y Cantabria
(7,5 por ciento). Por su parte, en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla se experimentó un
descenso de reclusos extranjeros del 20,2 por ciento
y el 23,9 por ciento, respectivamente.
Porcentaje
Por otra parte, los datos de Acaip indican
que de los 61.054 reclusos que hay en prisiones
españolas, 18.616 son extranjeros, lo que supone el
30,5 por ciento del total. En este caso, por encima
de la media se sitúan Castilla León (55,45 por
ciento); Melilla (53,25 por ciento); Madrid (39,58
por ciento); Ceuta (38,56 por ciento); Aragón
(35,18%); Cataluña (34,22 por ciento); Murcia (31,94
por ciento); Galicia (31,49 por ciento); Baleares
(30,61 por ciento)
De igual forma, por debajo de la media nacional se
encuentran País Vasco (27,34 por ciento); Comunidad
Valenciana (24,83 por ciento); La Rioja (23,2 por
ciento); Navarra (22,68 por ciento); Extremadura
(21,54 por ciento); Canarias (21,54 por ciento);
Andalucía (17,43 por ciento); Cantabria (11,46 por
ciento); y Asturias (10,74 por ciento).
En cuanto a las prisiones que concentran un mayor
número de extranjeros, a la cabeza en términos
absolutos y relativos se encuentra la de La
Moraleja-Dueñas, en Palencia, con 1.266 de 1.634, es
decir, un 77,48 por ciento de presos extranjeros.
Por detrás, en términos relativos, se sitúa la de
Monterroso (Lugo), con 284 extranjeros de 432 presos
en total, lo que supone un 65,74 por ciento. Le
siguen la de Ávila (63,64 por ciento); Topas
(Salamanca) (61,6%); Madrid III (57,64 por ciento);
y Madrid V (55,46 por ciento).
Por otro lado, los datos -que no incluyen en este
caso a Cataluña- señalan que los reclusos
extranjeros más numerosos son los procedentes de
Marruecos, con un total de 3.961 (25,11 por ciento),
seguidos de los colombianos (11,47 por ciento);
argelinos (6,95 por ciento); rumanos (6,74 por
ciento); y ecuatorianos (3 por ciento).
Expulsión
Ante la situación de masificación que implica para
las prisiones españolas el incremento de presos
extranjeros, Acaip afirma que "el instrumento
más importante que tiene la Administración
penitenciaria y la sociedad para abordar el problema
de la población extranjera ilegal y delictiva es la
expulsión".
Al respecto, recuerdan que tanto el Código Penal
como la Ley de Extranjería y su normativa de
desarrollo prevén la expulsión y el cumplimiento de
las penas en los países de origen de los reos cuando
hayan sido condenados por delitos con pena superior
a un año.
Además, subrayan que la Ley de Extranjería establece
la obligatoriedad de presentar certificados de
antecedentes penales para conceder permisos de
trabajo y residencia, por lo que los extranjeros
condenados, una vez cumplan su pena "están
condenados a la marginalidad", en la medida en que
no pueden obtener esos permisos.
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5/03/2006
Madrid-
La población reclusa española sigue creciendo sin
freno. Según los datos de que dispone el sindicato
Acaip, en los primeros 48 días del año, el
número de presos internados en las cárceles ha
aumentado en 668 -515 en las dependientes de
Interior y el resto en las de la Generalitat
catalana- respecto a los que había a 31 de diciembre
de 2005, lo que representa el 40 por ciento del
incremento que se registró en todo el año 2005, que
fue de 1.697 presos.
Tal porcentaje es similar al incremento total
registrado entre 2000 y 2006, años en los que la
población reclusa ha pasado de 45.104 presos a los
61.772 que había a 17 de febrero.
Tan extraordinario crecimiento no está tan
directamente relacionado con un notable aumento del
número de delincuentes, como pudiera pensarse. De
hecho, de los 39.770 presos encerrados por sentencia
firme a 1 de enero de 2006, el 58 por ciento eran
reincidentes, por sólo un 42 que lo eran nuevos. De
estos últimos, el 78,26 por ciento eran extranjeros.
Si un dato destaca en este periodo es el
crecimiento que ha tenido la población de sujetos
foráneos, que se ha incrementado en un 136 por
ciento y ha pasado de representar el 17,87 por
ciento del total de presos al 30,49 de la
actualidad, según refleja Acaip en su
informe. Con carácter general, el comportamiento de
estos 18.616 reclusos extranjeros no es conflictivo,
según reconoce la propia central. Sin embargo, «no
es menos cierto que existe un número importante de
ellos que forman parte de grupos organizados,
extremadamente violentos y potencialmente peligrosos
en prisión, e, incluso, en muchos casos, con
formación militar procedentes del este de Europa»,
añade el documento.
De este grupo destaca para Acaip el
«espectacular» crecimiento del número de reclusos
vinculados a organizaciones terroristas de origen
islamista. En 2002, no había ninguno en las cárceles
españolas. Sin embargo, a finales de diciembre del
pasado año su número superaba los 130.
Junto a ellos conviven otros 550 terroristas de
otras bandas, lo que ha contribuido, según el
sindicato, a empeorar el trabajo diario de los
funcionarios de prisiones |
5 de Marzo de 2006
| Las cárceles gallegas
registraron entre los años 2000 y 2005 un incremento del
495 por ciento en el número de presos extranjeros, lo
que convierte a Galicia en la comunidad con la mayor
tasa de crecimiento de España, cuya media se sitúa en un
135 por ciento, según informó ayer el sindicato Acaip. |
En
general, los reclusos extranjeros (1.308 personas)
representan el 31 por ciento del total de población
reclusa de Galicia conformada por 4.154 individuos,
un punto por encima de la media nacional.
El informe de Acaip destaca que el centro
penitenciario de Monterroso, en la provincia de
Lugo, es el segundo con mayor porcentaje de reclusos
extranjeros de todo el Estado, con un 65 por ciento
que sólo supera una prisión de Palencia.
A pesar del incremento continuo registrado en los
últimos cinco años, en 2005 la cifra de presos
internacionales descendió en la comunidad un 20 por
ciento, pasando de los 1.600 internos registrados en
2004 a los 1.308 actuales.
A nivel nacional, el informe del sindicato apunta
una tendencia general al crecimiento de la población
extranjera sobre el total de reclusos, ya que pasó
del 18 por ciento al 30 por ciento. |
05 de Marzo de 2006
La
Prisión de Albolote fue el centro penitenciario
andaluz con mayor número de reclusos en 2005, con
una media de internos de 1.662 -alcanzando la cifra
máxima en octubre con 1.729- y el tercero de los
centros gestionados por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
Así
se desprende del balance de gestión y datos
estadísticos del Centro Penitenciario de Albolote
correspondiente a 2005 elaborado por la Dirección
del recinto, en el que también se apunta que la
media de mujeres internas fue de 147, lo que
representa un 8,3 por ciento del total de internos,
una cifra que ha ido disminuyendo en relación a años
anteriores.
El 15 por ciento de los presos son preventivos
(esperan juicio), mientras que el resto son penados,
y todavía quedan 55 que están cumpliendo condena por
el Código de 1973, derogado en 1995, que se
benefician de las redenciones de penas por el
trabajo.
La población extranjera en Albolote sigue aumentando
y representa el 12 por ciento, muy por debajo del 30
por ciento nacional, la mayor parte de los cuales
con magrebíes, seguidos de latinoamericanos y
europeos.
En 2005, se ha casi duplicado la concesión de
libertades condicionales, pasando de 151 en 2.004 a
288 en 2005, la gran mayoría (90%), sujetas al
cumplimiento por parte de los liberados de
determinadas reglas de conductas (someterse a
tratamiento de deshabituación, no frecuentar
determinados lugares, alejamiento de víctima,
etcétera).
Aumentaron las penas y medidas alternativas, fruto
de las últimas modificaciones legislativas, cuya
ejecución corresponde a la Administración
Penitenciaria con la colaboración de otras
instituciones y ONG.
Así, 40 presos estaban sujetos a la pena de
localización permanente, 128 realizaron trabajos en
beneficio de la comunidad, 18 se sometieron a
medidas de seguridad no privativas de libertad y
otros 12 al control de medidas para suspensión de
condena.
Durante el 2005 se han producido seis muertes
naturales y ningún suicidio frente a las cinco
muertes naturales y tres suicidios del 2004.
También se ha reducido la conflictividad dentro del
centro penitenciario, como muestra que la aplicación
de medios coercitivos se practicó, en 2005, en 149
ocasiones frente a las 172 de 2004, mientras que se
aplicaron 39 limitaciones de los regímenes de los
presos frente a los 51 de 2004 y se impusieron 808
sanciones frente a las 1.175 del año anterior.
En el apartado de Programas de Tratamiento
Específicos desarrollados en el centro, el informe
destaca que recibieron tratamiento 14 inculpados en
delitos de violencia de género, 15 agresores
sexuales y 65 internos drogodependientes, entre
otros.
Por otro lado, el Centro Penitenciario concedió el
año pasado 2.178 permisos ordinarios (de más de tres
días y hasta siete) que disfrutaron 521 internos, de
los que 22 no regresaron en su momento y cuatro
siguen aún quebrantando la condena.
El resto de los que quebrantaron su condena se
presentó por su cuenta con posterioridad o fue
capturado por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Durante el 2005, se han realizado en la cárcel 99
salidas programadas (de varios internos durante unas
horas al día, acompañados por personal de la
prisión), de las que 30 fueron de madres con sus
hijos organizadas por la Pastoral Penitenciaria, dos
de las cuales fueron de varios días a la playa (Guadalmar
del Segura y Almuñécar).
Se organizaron, además, 21 salidas dentro del
Programa de Charlas en los Institutos de Granada, 11
de carácter cultural, 6 de senderismo, 15
terapéuticas (del módulo de Drogodependencias y
enfermos mentales) y 16 fueron actuaciones de
cantaores de flamenco fuera del centro. |

domingo, 05 de marzo de 2006
HUELVA.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía y el Ministerio de Interior, a
tenor de la reunión mantenida el pasado 21 de
febrero en Antequera (Málaga), acordaron la
constitución de comisiones técnicas que permitan la
intervención con presos toxicómanos en la comunidad
autónoma andaluza.
Se trata de mejorar el tratamiento a presos
toxicómanos en las mismas instalaciones carcelarias,
de manera que sea equiparable al que reciben otras
personas drogodependientes en el exterior de
prisión, de acuerdo con el convenio suscrito entre
Junta y Gobierno el pasado 14 de julio.
Según el director del Centro Penitenciario de
Huelva, Francisco Sanz, consiste en "un acuerdo
global que persigue trabajar con drogodependientes",
aunque en la provincia onubense "esto se viene
haciendo desde hace seis años".
Sin embargo, hasta la adopción de esta colaboración,
los tratamientos y terapias "tenían un carácter más
informal", mientras que las comisiones técnicas
propiciarán que las sesiones adquieran a partir de
ahora un carácter más obligatorio.
De esta manera, la intervención a internos
toxicómanos será fruto de la coordinación entre
todas las entidades y organizaciones que trabajan en
el ámbito de las toxicomanías, la Dirección General
de Drogodependencias y Adicciones y la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, que
permitirán un seguimiento más exhaustivo.
Concretamente, las funciones de este equipo de
expertos son determinar los programas a desarrollar
entre ambas instituciones y la composición de los
equipos multidisciplinares de intervención y
supervisar la ejecución de los programas.
Asimismo, deberán establecer el procedimiento de
derivación de internos drogodependientes en
tratamiento a recursos comunitarios, en los casos en
los que se les haya dado permiso, clasificados en
segundo o tercer grado y al ser puestos en libertad.
Por ello, la puesta en marcha de este nuevo
procedimiento permite un tratamiento global, como
antes se citaba, pero también integral, a través de
utilización productiva de diferentes recursos que
permitan que una intervención iniciada no se dé por
perdida, por ejemplo, cuando el interno tiene que
ser trasladado de centro.
En este sentido, Francisco Sanz explica que el
Programa de Unidad Terapéutica y Educativa que se
pondrá en marcha "ha gustado mucho a expertos". Así,
en el momento en que una persona ingresa en prisión,
sería un técnico quien hablara con ella para
explicarle la posibilidad de someterse a esta
intervención. Sobre todo, el tratamiento "va
destinado a los más jóvenes", apunta Sanz.
El preso firmaría, en caso de que acepte, un acuerdo
de carácter voluntario por el que estaría sujeto a
toda la demanda que se registre en este sentido.
Dispondría de unos horarios y unas actividades que
debe desempeñar, lo que viene a instaurar cierta
formalidad a los programas desarrollados en prisión
en relación a toxicómanos, que no tenían al respecto
obligación alguna.
Además, el director del Centro Penitenciario de
Huelva añade que, con anterioridad a este convenio
de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, "los
módulos atendían a una mezcla de gente", mientras
que ahora los esfuerzos se dirigen a ubicar en estas
sesiones "única y exclusivamente a personas con
problemas de drogodependencias".
Por otra parte, las Administraciones implicadas en
la ejecución de este acuerdo buscarán el análisis de
nuevas medidas encaminadas a la sensibilización del
personal de instituciones penitenciarias, así como
estimular su formación de cara a una mayor
implicación en el desarrollo de programas de
intervención en drogodependencias y el
establecimiento de canales de información y
protocolo de coordinación entre la red asistencial
de tratamiento a drogodependientes del Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones y los Equipos
Multidisciplinares de los centros penitenciarios.
Precisamente, el II Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones (2002-2007) apoya en sus líneas generales
el impulso en el desarrollo de programas sobre
drogodependencias en prisiones, en las que se
incluyen medidas destinadas a la mejora de la
calidad y cobertura de la atención sociosanitaria
que reciben los drogodependientes en centros
penitenciarios.
En cuanto a la prevención, tratamiento y
rehabilitación, el Ministerio de Interior, desde la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
planifica actividades que propicien la intervención
adecuada con los toxicómanos internos.
En definitiva, la cárcel de Huelva contará en los
próximos meses con un equipo multidisciplinar de
técnicos que aplicarán en prisión mecanismos
similares a los del exterior, dentro de un acuerdo
con el que se garantiza el mejor seguimiento a la
evolución del paciente en cuestión, que podrá elegir
voluntariamente someterse a un programa de
prevención y rehabilitación.El próximo día 15 de
marzo es la fecha fijada por el Centro Penitenciario
de Huelva para la constitución definitiva de la
comisión técnica que trabajará en el Centro
Penitenciario de Huelva con los internos
toxicómanos. Por ahora, se está pensando en el grupo
de profesionales que integrarán este equipo. El
comité técnico deberá estar integrado por el
director y subdirector de la cárcel, así como la
dirección del Centro Provincial de Drogodependencias
y los técnicos de ambas Administraciones, quienes
seguirán además la evolución de los internos
mediante la creación de comisiones de seguimiento.
El director del Centro Penitenciario de Huelva,
Francisco Sanz, señala que un modulo de
drogodependencias como el que se establecerá en
Huelva ya existe en la localidad de Villabona, en
Oviedo. Además, Sanz indicó la importancia de que se
formalicen los programas de tratamiento a
toxicómanos en las cárceles, a los que estos se
podrán acoger voluntariamente, pero deberán cumplir
a rajatabla. De hecho, cifras estimativas del
director indican que, en torno al 60 por ciento de
los reclusos, tienen alguna vinculación con las
drogas, mientras que actualmente se aplica metadona
a 466 presos, cantidad que aumentará en los próximos
meses a 500 reclusos. |
Sunday, Mar 05, 2006
LONDRES
- Una prisión de alta seguridad de Gran Bretaña ha
sido elogiada por inspectores por su bien provista
biblioteca, pero una solicitud de un asesino
convicto ha planteado un problema: libros sobre
magia.
Shaun Tuley, de 36 años, condenado por el asesinato
de una prostituta en el 2001, no podrá adquirir
manuales sobre magia, luego que las autoridades
determinaron que se trataba de libros inadecuados
para un preso, dijo el domingo el Servicio de
Prisiones de Gran Bretaña.
Tuley, acusado de estrangular a una mujer de 20 años
en el 2000, luego de pagarle 45 libras (unos 80
dólares) para tener relaciones sexuales, denunció la
prohibición en una carta a Inside Time, un periódico
financiado por organizaciones de caridad y que
circula en las cárceles británicas.
"Mi pasatiempo es la magia, que la he estado
practicando desde que era niño", escribió Tuley en
su carta al diario.
Tuley fue condenado a cadena perpetua y está
actualmente en la cárcel de Frankland, en el noreste
de Inglaterra.
Se ignora inicialmente si entre los manuales que
deseaba adquirir Tuley figuraba información sobre
cómo escapar de una prisión. Harry Houdini, uno de
los magos más grandes de todos los tiempos, era un
experto en ese tipo de fugas. |